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Etiqueta: CGR

Mujeres solicitan a la CGR y a la Fiscalía General investigar hechos irregulares en el INAMU

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Carta abierta a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la República

La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, Colectivo Mujeres por Costa Rica, CEFEMINA, Alianza de Mujeres Costarricenses y ALAMUD (Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad) remitieron una carta abierta a la Contralora General de la República y al Fiscal General denunciando hechos de posible incumplimiento de deberes, mal uso y falta de supervisión de recursos públicos en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Lo anterior según los hallazgos de un Informe de Auditoría Interna del INAMU dado a conocer recientemente, a saber: Informe de la Auditoría Interna (AI) del INAMU (PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE URGENCIA NRO. 2024XE- 000001-0015800001) sobre el proyecto Puntos Violeta.

Denuncias

Las organizaciones de mujeres denuncian, entre otras cosas, que:

La violencia contra las mujeres ha alcanzado dimensiones nunca vista en Costa Rica. Entre los años 2022-2024, los femicidios de pareja aumentaron en más de un 100%. En lo que va del año 2025, se registran 18 femicidios. Poco menos que un femicidio por semana.

Mientras esto sucede, la entidad obligada por ley a promover las políticas públicas para la prevención de la VCM, el INAMU, desarrolló una “estrategia” (denominada Puntos Violeta) onerosa que no tiene ninguna relación ni impacto con la problemática, al tiempo que debilita los servicios institucionales ya existentes que continúan cargando con el grueso de la demanda de atención. Además de no cumplir con las obligaciones contravencionales y de la normativa nacional, esta “estrategia” – a partir del informe de la AI – parece presentar importantes vicios de legalidad y aparentes serias afectaciones a la hacienda pública.

Petitoria

Algunas de las peticiones hechas por las organizaciones de mujeres son las siguientes:

  • Apertura de un proceso administrativo directo e independiente de la AI del INAMU para Identificar las responsabilidades individuales, administrativas y políticas, derivadas de los hallazgos de este informe de AI del INAMU en relación con los procesos de contratación, las faltas de supervisión y seguimiento al buen uso de los recursos públicos vinculados con el proyecto de Puntos Violeta, incluyendo la renovación reiterada de las contrataciones sin evaluación de resultados, entre otros aspectos.

  • Llevar a cabo una investigación urgente en relación con los contratos de servicios profesionales en derecho para brindar servicios en los PV para verificar el tipo, cantidad y calidad de los servicios prestados, así como la relación costo-beneficio en función de los objetivos de la “estrategia” de PV.

  • Realizar una auditoría de la inversión del INAMU en materia de publicidad institucional en relación con esta “estrategia” desde el punto de vista de la racionalidad del gasto en relación con los resultados, así como otros elementos asociados a la administración de estos recursos incluyendo la pauta publicitaria.

  • Valorar la pertinencia y legalidad de la continuidad de los contratos vigentes, incluyendo la pertinencia y viabilidad de la rescisión de dichos contratos.

  • Estudiar la posible existencia del delito de enriquecimiento ilícito por parte de la empresa PSICOMED SA al amparo de estos contratos, así como la responsabilidad del INAMU como ente contratante.

  • Valorar lo señalado a la luz de la existencia de otras faltas administrativas o delitos contra la hacienda pública, ley de control interno, entre otros.

Puede leer la carta completa en este enlace.

Contraloría encuentra inconsistencias en metas indicadas por el Gobierno

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Contraloría General de la República (CGR) revela los resultados encontrados sobre la evaluación de la calidad de la información presentada sobre el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP), y vinculadas al Presupuesto de la República 2024. Este informe es parte del ejercicio de las labores ordinarias de fiscalización de la institución, así mismo se presenta en el marco para asegurar la transparencia en la rendición de cuentas.

El análisis sobre la calidad de la información reportada es un aspecto fundamental, ya que permite fortalecer tanto la gestión pública como el control institucional. Al disponer de datos precisos y bien documentados permite a la ciudadanía y a los entes responsables realizar un seguimiento efectivo del desarrollo nacional, promoviendo así un ambiente de mayor confianza a los procesos de toma de decisión públicas y responsabilidad gubernamental.

La CGR estudió 18 metas, de las cuales 8 presentaron incumplimientos significativos. Estas metas se enfocan en sectores estratégicos como salud, educación, bienestar y medio ambiente, evidenciando la necesidad de robustecer los mecanismos de registro y verificación para garantizar una representación fiel del avance de las intervenciones públicas.

En el sector salud, el informe destaca inconsistencias alarmantes. Se encontró que la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), excluyó a 9,339 personas, en lista de espera para cirugía ambulatoria, en el proceso de estimación del indicador “plazo promedio de días de espera”. Está acción compromete la veracidad de los datos esenciales para evaluar la eficiencia en la atención médica. Igualmente se encontraron deficiencias en el desarrollo del proyecto del nuevo hospital en Limón.

En el ámbito educativo, se identificaron errores en el registro de egresados en programas de formación. Tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se duplicaron la cifra de egresados en los programas de formación en inglés, en tecnologías de información y en turismo, generando una sobreestimación que pone en entredicho la metodología empleada para contabilizar estos logros.

El sector de bienestar también mostró fallas en la información reportada. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contabilizó 13,504 beneficiarios más en la meta relacionada con la atención a familias, lo que revela deficiencias en los procesos de registro y una posible distorsión en la medición de los beneficios socialmente otorgados.

En cuanto al sector ambiental, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó irregularidades en la meta vinculada con la protección del recurso hídrico. La institución no presentó evidencia sobre cumplimiento de las estrategias de Nimboyores y Tiribí. Esta omisión afecta la evaluación del avance en la conservación de este recurso vital, subrayando la importancia de contar con datos precisos para gestionar adecuadamente las políticas ambientales.

Otro hallazgo relevante se relaciona con la educación, específicamente a la meta asociada con la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El informe indica que, ante MIDEPLAN, el MEP reportó un avance del 0% en esta meta, lo que sugiere una falta de progreso en una iniciativa educativa crucial orientada a ampliar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

El informe de la CGR pone de manifiesto serias inconsistencias en los registros, deficiencias metodológicas y ausencia de la documentación necesaria para una correcta rendición de cuentas del PNDIP. Estas deficiencias no solo debilitan la fiabilidad de la información, sino que además complican la toma de decisiones públicas y el seguimiento del desarrollo nacional.

Para obtener más información sobre los hallazgos encontrados, se puede acceder al siguiente enlace DFOE FIP IAC-00001-2025

SINTRAJAP hace un llamado a las diputaciones para atender la crisis en JAPDEVA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) emitió una carta dirigida hacia las diputaciones de la Asamblea Legislativa con el propósito de atender la crisis financiera y mediática que enfrenta la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA). En la petición igualmente la organización agradece la aprobación de las leyes: Ley No. 10.633, Ley No. 10.669 y Ley No. 10.726 (pendiente de publicación en el diario oficial La Gaceta).

Este cuerpo normativo se dio con el propósito de contener la crisis financiera en la institución. Por medio de la autorización para que las instituciones del estado perdonen las deudas a JAPDEVA, así como permitir la utilización de recursos correspondientes al fondo del canon de explotación y desarrollo regional para el reconocimiento de los aportes patronales acordados en la convención colectiva de 2002, y más recientemente, brindar la posibilidad de ajustar las tarifas portuarias todos los años.

SINTRAJAP, recalca que la institución históricamente ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la provincia de Limón, no solo como Autoridad Portuaria sino también asumiendo funciones de infraestructura y apoyo económico en ausencia de intervención gubernamental. Así mismo reconocen que recientemente existe un deterioro de su imagen pública de la institución. Agregado a lo anterior se presenta la crisis financiera producto del Plan Maestro Portuario en el 2008 y de la firma de contrato de concesión con APM Terminals Moín S.A en el 2012, reduciendo significativamente los ingresos de la institución.

Ante esta crisis, se implementó la Ley 9764 para transformar la estructura de JAPDEVA y garantizar la protección de sus trabajadores. Con base en esta ley, se logró obtener financiamiento de entidades estatales no financieras, permitiendo la liquidación de gran parte del personal y la continuidad de las operaciones portuarias.

Finalmente, la carta denuncia que la Contraloría General de la República confirmó que el contrato de concesión de APM Terminals Moín, presenta contradicciones con la legislación vigente. De acuerdo con este órgano auxiliar la aprobación de dicha concesión afecta la capacidad de JAPDEVA para cumplir su función de desarrollo regional que históricamente ha sido un pilar en la provincia de Limón.

Contraloría General de la República señala débiles controles contra la corrupción en Consejo de Transporte Público

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría al Consejo de Transporte Público (CTP) sobre la implementación de acciones en el Sistema de Control Interno para la prevención de la corrupción en los procesos de regulación del servicio de transporte público, como el otorgamiento de concesiones y permisos.

En el sector transporte, la corrupción puede deteriorar la calidad del servicio, comprometer la seguridad de las personas usuarias y debilitar la confianza ciudadana. Por ello, resulta fundamental que el CTP implemente acciones de control eficaces.

Hallazgos principales

La auditoría encontró:

  • Limitadas acciones para fortalecer el control interno. Falta de definición de roles y responsabilidades para prevenir incompatibilidades y conflictos de interés.
  • Carencia de valoración de riesgos relacionados con temas de corrupción, fraude o conflictos de interés.
  • Inexistencia de un canal, procedimientos formales y mecanismos de confidencialidad para realizar la gestión de denuncias y protección de denunciantes ante posibles casos de corrupción a nivel institucional.
  • No se han definido lineamientos o políticas internas para prevenir actos de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés en procesos sustantivos.
  • No se cuenta con una definición de los sistemas informáticos críticos para su operación, y la información de la página web no está actualizada ni completa.

Recomendaciones

Para avanzar hacia una gestión pública íntegra, transparente, eficiente y orientada al interés público, la Contraloría dispone al Consejo de Transporte Público la adopción de medidas estratégicas orientadas a fortalecer las acciones de control con énfasis en la prevención de la corrupción. Esto incluye:

  • Incorporar de forma explícita el riesgo de corrupción, fraude y conflictos de interés como parte de la gestión institucional de riesgos, desarrollando procesos formales de identificación, evaluación y priorización, en función de la naturaleza y criticidad de los procesos del CTP.
  • Consolidar una cultura organizacional basada en la integridad mediante la capacitación continua y la apropiación del código de ética por parte de los actores relevantes.
  • Establecer un procedimiento y un canal transparente para la atención de denuncias de corrupción, con garantías de confidencialidad y protección a la persona denunciante.
  • Analizar la estructura organizativa con criterios de segregación de funciones e implementar un manual de cargos.
  • Fortalecer la transparencia mediante la formalización de los sistemas de información críticos y la revisión y actualización de lineamientos y procedimientos internos que derive en la actualización oportuna y periódica de la información del sitio web conforme a la normativa vigente.

Estas acciones permitirán al CTP transitar hacia un modelo de control preventivo que promueva la confianza ciudadana y el valor público en la regulación del transporte.

El informe completo puede descargarse desde este enlace.

Infraestructura prioritaria de salud presenta atrasos significativos

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La Contraloría General de la República emitió un comunicado a la Caja Costarricense de Seguro Social respecto del programa de mejoramiento de los servicios, infraestructura, y equipamiento de los centros de salud a su cargo, con el apoyo del fideicomiso suscrito con el Banco de Costa Rica. El objetivo de este programa es aumentar la capacidad instalada, mediante el desarrollo de 53 obras de infraestructura de salud, entre otras obras para el periodo 2017-2024. 

No obstante, desde que la falta de programas funcionales por parte de la CCSS le impidió al Fideicomiso dar órdenes de inicio a las primeras obras hasta 2019 se han presentado problemas. 

Se halló que la CCSS no estableció una estructura de gobernanza que le permitiera impulsar la planificación oportuna de los proyectos, la sostenibilidad de los recursos en el tiempo y la administración de los riesgos para el logro de los objetivos. Además, la junta directiva de la CCSS sin fundamento en estudios técnicos de costo-beneficio y de forma paralela a la gestión del fideicomiso, suspendió proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional, incluidos cerca de 50 proyectos de este programa, reanudando únicamente 30 de éstos en mayo 2023, y  durante la vigencia del plazo del contrato de fideicomiso (2017-2024) no se concretó la entrega de ninguna obra.

También el programa inició con imprecisiones en la estimación de los metros cuadrados de construcción, así como la omisión de los costos de adquisición de terrenos y el mantenimiento de las obras Se decidió ampliar el plazo del contrato por 7 años más, pero prevalece la indeterminación en cuanto al alcance del programa.

Información compartida con SURCOS.

75 años de democracia constitucional en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

El jueves 7 de noviembre se realizará el foro: “75 años de democracia constitucional en Costa Rica”.

Esta actividad se desarrollará en el auditorio del Consejo Nacional de Rectores a las 10:00 am. Contará con la participación de: la Sra. Josette Altmann-Borbón, ex secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); el Sr. Oscar Aguilar Bulgarelli quién es historiador; la Sra. Gloria Navas Montero, actual diputada de la república, ex jueza laboral y penal y ex fiscala del Ministerio Público; y el Sr. Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista.

El foro será moderado por el Sr. Marvin Carvajal Pérez, quien es doctor en Derecho Constitucional y docente asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Para participar, confirmar asistencia al correo: vsolano@conare.ac.cr

Compartido con SURCOS por Érika Henchoz.

Sala Constitucional emite resolución completa sobre proyecto de Ley Jaguar en primera consulta

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Sala Constitucional ha declarado inconstitucional el proyecto de Ley Jaguar, que buscaba reformar algunos artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR). Según el fallo, las modificaciones propuestas afectan directamente las competencias constitucionales de la CGR, el cual juega un papel clave en nuestro sistema democrático, actuando como un contrapeso en la gestión de los recursos del Estado.

La Sala responde a la consulta previa solicitada por el TSE, confirmando la inconstitucionalidad de las normas consultadas, los artículos 2, 3, 4, y 5 del proyecto nro. 24.364 «Ley jaguar para el desarrollo de Costa Rica» que pretendían reformar los artículos 11, 12, 17 y 22 de la Ley Orgánica de la CGR, concluyendo que: “resultan inconstitucionales, por violación del marco constitucional de las competencias del órgano constitucional de control de la hacienda pública, la CGR representaba una violación al equilibrio constitucional que tiene la Contraloría.”

La resolución finaliza diciendo que:

“Por tanto:

Se evacua la consulta de constitucionalidad del proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo n.º 24.364, denominado «Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica», en el siguiente sentido:

a.-) Por mayoría, el artículo 2 resulta inconstitucional en su totalidad. Los magistrados Castillo Viquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y declaran inconstitucional la norma solo respecto de la supresión de la competencia de garantizar la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.

b.-) Por mayoría, el artículo 3 resulta inconstitucional, salvo respecto de los verbos «sustituir» y «abarcar», en el tanto la Contraloría General de la República no ejerce funciones de Administración activa. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente respecto del ejercicio del control de legalidad y eficiencia de los fondos públicos.

c.-) Por unanimidad, el artículo 4 resulta inconstitucional. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan razones diferentes.

d.-) Por mayoría, el artículo 5 resulta inconstitucional en su totalidad. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente a la medida cautelar de suspensión de la ejecución de actos y contratos directamente vinculados al manejo de los fondos públicos.

e-) Los magistrados Castillo Viquez, Rueda Leal y Salazar Alvarado consignan nota conjunta.

f.-) Los magistrados Castillo Viquez, Rueda Leal, Salazar Alvarado, Araya García y la magistrada Garro Vargas consignan notas separadas.

Notifíquese esta resolución al Tribunal Supremo de Elecciones.”

Para conocer en detalle la resolución, descargue el documento en el siguiente enlace:

exp. 24-017291-0007-CODescarga

Unión Sindical CCSS y del Frente Nacional de Lucha solicitan destitución de Marta Esquivel

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Las organizaciones de la Unión Sindical CCSS y del Frente Nacional de Lucha (FNL) señalaron este lunes 27 de mayo en conferencia de prensa, que denunciaron ante la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República a la Sra. Marta Esquivel Rodríguez en su condición de Presidenta Ejecutiva de la CCSS.

La denuncia se refiere a medidas adoptadas de manera ilegítima por un grupo de directivos, nombrados de forma irregular, en una sesión también no legítima. Estas medidas incluyen la apertura a alianzas públicas-privadas y el modelo de atención co-pago, con un presupuesto de 200 mil millones de colones. Solicitan investigaciones y la destitución de la Sra. Marta Esquivel.

Franz Tathenbach responsable de recorte en MINAE y de “anti-inversión” en materia de conservación

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

  • Contraloría General de la República señala tendencia de anti-inversión y desmantelamiento internacional

  • SINAC tendrá recortes en contratación de personal y el país dejará de pagar membresías en instancias climáticas internacionales

Comunicado Bloque Verde / FECON.

Alarmante es la propuesta presupuestaria del gobierno de Rodrigo Chaves para el año que sigue. El ministro Franz Tatenbach es artífice y cómplice del desmantelamiento de la institucionalidad ambiental costarricense, el jerarca será recordado como el que le dio el tiro de gracias a las áreas de conservación.

Según al Contraloría General de la República en su informe DFOE-SOS-MTR-00004-2022 para el 2023 el presupuesto inicial del MINAE se reduce en ¢711,6 millones con respecto al periodo 2022. Las partidas de gasto que presentan las mayores disminuciones entre 2022 y 2023 son las de transferencias corrientes y bienes duraderos, con -26,0% y -4,3% respectivamente.

Es además llamativo y preocupante que el Proyecto de Ley de Presupuesto no contemple el pago de varias membresías tales como la de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNCMCC), Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Poniendo en riesgo nuevamente el poco liderazgo ambiental internacional que le puede quedar a este país.

Aunque la tendencia de des-inversión tiene ya varios años la CGR señala intención de “anti-inversión”. Las asignaciones presupuestarias para bienes duraderos en el MINAE presentan una reducción a nivel global por segundo año consecutivo del orden del 40% entre 2021 y 2022 y de 4,2% entre los años 2022 y 2023, lo que sugiere una tendencia anti inversión. La CGR señala que para 2023 se presenta un decrecimiento en bienes duraderos para 5 programas presupuestaros, siendo la Dirección de Aguas y FONAFIFO los que presentan mayores reducciones nominales. A su vez, para los casos de CONAGEBIO y Dirección de Aguas sucede por segundo año consecutivo. Asimismo, en tres de los programas presupuestarios no se incluyen recursos para “bienes duraderos” el Tribunal Ambiental Administrativo, Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y Regulación, Control y Fiscalización de Energía. Lo que reafirma la tendencia de des-inversión y desmantelamiento institucional llevada a cabo por Franz Tatenbach.

La CGR advierte que “las asignaciones presupuestarias para bienes duraderos en el MINAE presentan una reducción a nivel global por segundo año consecutivo, lo que sugiere una tendencia anti-inversión. Para 2023 decrece esta partida en 5 programas presupuestarios y en otros 3 no se incluye este gasto”.

Contraloría General de la República aprueba presupuesto extraordinario para la UCR

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Con estos recursos se ajusta lo establecido para el 2020

La CGR aprobó un presupuesto extraordinario por 48 789 millones de colones a la UCR.

La Contraloría General de la República (CGR) aprobó el primer presupuesto extraordinario presentado por la Universidad de Costa Rica. De esta manera, la Institución ya cuenta con los recursos correspondientes para ajustar lo establecido para el 2020.

El monto aprobado es de 48 789 millones de colones. Una parte de este se distribuirá entre las distintas instancias universitarias, para completar el monto original de cada partida presupuestaria definida para este año.

La UCR empezó el 2020 trabajando con el mismo presupuesto utilizado en el 2019. Tras la aprobación del presupuesto ordinario, se hizo un giro parcial de recursos a cada unidad o instancia académica, el cual ahora se completará con el dinero aprobado por la CGR.

Según explicó el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, otra gran parte de los recursos está destinada a proyectos de inversión y a pago de contratos que mantiene la UCR desde el periodo pasado. Asimismo, se dará continuidad a una serie de proyectos que ya estaban adjudicados pero que no han iniciado, pues ya se les puede dar contenido presupuestario.

“Esta es una muy buena noticia, pues nos permite honrar los compromisos de pago con proveedores y con proyectos que se venían desarrollando desde el año anterior”, señaló Araya.

Además, el Mag. Pablo Marín Salazar, jefe de la Oficina de Administración Financiera, explicó que la Institución está elaborando un segundo presupuesto extraordinario, que deberá ser aprobado primero por el Consejo Universitario y luego pasará a la CGR. En este caso, la partida principal es la que tiene que ver con el vínculo remunerado.

A finales del año pasado, la CGR archivó sin trámite el presupuesto ordinario del 2020 establecido para las universidades públicas. Por esta razón, la UCR inició el año con los mismos recursos asignados en el 2019.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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