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Etiqueta: China Kichá

La Iglesia Católica promueve la violencia contra pueblos indígenas – Pronunciamiento del Programa Pueblos Indígenas Agroecología y Buen Vivir – UNA

La Iglesia Católica promueve la violencia contra pueblos indígenas
Pronunciamiento del Programa Pueblos Indígenas Agroecología y Buen Vivir
UNIVERSIDAD NACIONAL, COSTA RICA

Dibujo de Olman Bolaños

Las declaraciones del Obispo Gabriel Enrique Montero Obispo de Pérez Zeledón y del sacerdote Luis Alberto Mena Presbítero de la Parroquia de Pejibaye en sesión pública ante el Consejo Municipal de Pérez Zeledón el 4 de mayo del 2021[1], son imprecisas, sin fundamento, faltan a la verdad y promueven el racismo y la violencia contra el pueblo Cabécar de China Kichá.

1) Las declaraciones de los clérigos son imprecisas y sin fundamento porque no aciertan en el diagnóstico del problema existente en China Kichá pues afirman que se trata de un conflicto por tierra entre indígenas. Al respecto manifestamos categóricamente que el conflicto ocurre por la invasión de personas no indígenas al territorio ancestral cabécar de China Kichá en las últimas décadas. NO se trata de un conflicto entre indígenas.

2) Las declaraciones de los eclesiásticos señalan como protagonistas del conflicto a “pequeños grupos” de indígenas sin legitimidad, o sin respaldo al interno de su propio pueblo. Lo cierto es que la aspiración por recuperar la tierra y el territorio invadido es un clamor general del pueblo cabécar de China Kichá que los clérigos NO ESCUCHAN a pesar de los años o siglos de presencia católica en Costa Rica.

3) Coincidimos en que se trata de un asunto de racismo, discriminación y violación de derechos fundamentales y humanos pero se falta a la verdad cuando se responsabiliza al mismo pueblo indígena que es y ha sido la víctima del despojo histórico de la tierra y del territorio.

4) Las afirmaciones sin fundamento de los sacerdotes responsabilizan al pueblo indígena por la: “perdida de la paz social y del buen vivir en nuestra comunidad”. Esa afirmación es fruto del desconocimiento del problema y evidencia una toma de posición en contra del pueblo Cabécar. Al pueblo costarricense queremos hacer saber que el malestar social se debe a la presencia invasores dentro del territorio indígena y que los cabécares han sido despojados de la tierra para sembrar, de las reservas de bosques que protegen los ríos y que son vitales en su cultura y buen vivir y que en su lugar, los campos los convirtieron en pastizales para el ganado y su papel se ve reducido a ser peones de fincas de los invasores dentro de su territorio.

5) La paz social y el buen vivir se afectó con el Decreto Ejecutivo N° 13570-G, emitido el 30 de abril de 1982, por el cual se “deroga la Reserva Indígena de China Kicha”. La avaricia de los invasores con la complicidad del Estado irresponsable le dio un golpe más al pueblo cabécar desde que inició la invasión colonial en el siglo XVII. El pueblo de China Kichá después de 19 años de protesta y de inseguridad con respecto a su territorio, logró en el año 2001 la emisión del Decreto Ejecutivo N» 29447-G en el que se reestableció el territorio, se redefinieron los límites, pero se les disminuyó el área a 1100 hectáreas. Además en ese periodo de 19 años la invasión aumentó hasta un 97% del territorio.

6) Las declaraciones aquí denunciadas promueven el racismo y la violencia y desconocen los alcances de la ley indígena publicada en el año 1977. Además, coinciden con la convocatoria a una “Caravana y Proclama Social” para el día Lunes 17 de mayo, desde San Antonio de Pérez Zeledón, hasta el territorio de China Kichá. Tanto las declaraciones en el Consejo Municipal como la “caravana” entendemos forman parte de campaña de odio racista, contra los pueblos indígenas, que se viene promocionando por las redes sociales por diferentes actores sociales dentro y fuera del cantón de Pérez Zeledón. Hacemos un llamado y una alerta a las autoridades a prohibir esa manifestación racista que podría exaltar los ánimos y convertirse en nuevas agresiones y nuevos atropellos a los pueblos indígenas.

7) Instamos al Estado Costarricense para que cumpla la Constitución Política de la República en su artículo primero para que vivamos en armonía nuestra identidad de ser un país multi étnico y pluricultural y a la Iglesia Católica para que asuma el compromiso profético en favor de los pueblos indígenas y promueva la paz como fruto de la justicia social y cultural.

Heredia, 15 de mayo del 2021.

Curas, “indios” y usurpadores

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo

El pasado 4 de mayo 2 curas hablaron en ante el Concejo Municipal de Pérez Zeledón con el fin de apoyar que la Municipalidad medie “ante el Gobierno para que el actual conflicto, desatado a raíz de la recuperación de una finca en China Kichá, encuentre cuanto antes una justa solución”. Ya aquí tenemos la primera imprecisión insalvable basada en la ignorancia técnica injustificada, pues ése no es el origen del conflicto. Ese desliz se le podría justificar a un finlandés que llegó antier al país, pero nunca a alguien que se autodenomina “pastor”, y dice que por años su actitud ha sido “de total respeto y afecto por los varios grupos étnicos que habitan estas tierras”, según responden los clérigos a los y las recuperadores de Kelpego, Kono Ju, Sekero Kaska, Saka Duwe Senaglö y Yuwi Senaglö, mediante comunicado a la Coordinadora de lucha sur-sur.

Si la iglesia pretende, con honestidad, seriedad e imparcialidad, “que las autoridades tomen las decisiones correspondientes en el marco de la ley”, lo primero que deben hacer es conocer, apegarse y exigir que se cumplan las leyes. Antes de haber ido a la Municipalidad, debieron repasar la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley Indígena N° 6172 y su Reglamento, el Convenio internacional 169 de la Organización internacional de trabajo/OIT, la Ley N° 9593 Acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, las numerosas resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, los informes del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, la documentación de La Defensoría de los Habitantes, y cientos de documentos que dan cuenta de que “salvaguardar la justicia para todos los diferentes actores que este conflicto implica”, demanda reconocer, en primer lugar, los derechos de los pueblos originarios. Cuando los clérigos dicen que el conflicto fue “desatado a raíz de la recuperación de una finca en China Kichá”, están dando muestra de total ligereza e ignorancia, y si así pretenden aportar a la “búsqueda del diálogo entre todos y en favor de la justicia y la paz”, parece más bien que siguen los pasos de Lorenzo A. de Granda y Balbín, cuando dictaba sentencia de muerte por descuartizamiento y decapitación contra el Blu Presberu.

La historia de avasallamiento, desplazamientos y extermino de los pueblos indígenas originarios no se puede comprender sin y por la iglesia católica. No es extraño ni nuevo que la iglesia se alíe con quienes violentan los derechos de los más oprimidos, en este caso de la gente indígena, aunque su discurso vaya en otra dirección. Desgraciadamente esta posición clerical de emprenderla contra los pueblos originarios data de siglos, y por eso vale la pena desempolvar algunos legajos. El español Rodrigo Borja cuyo apellido cambió por Borgia para ser nombrado papa con el nombre Alejandro VI, “tuvo el cinismo de dividir a “América” y sus pueblos, que no le pertenecían, entre España y Portugal”. Ya como papa, Alejandro VI, “uno de los más corruptos en un tiempo de terrible corrupción”, escribió para los conquistadores varias bulas en las que decretaba que “como él era el dueño de todo el universo, como representante de Dios, se las daba a los españoles y portugueses” las riquezas, las tierras y sus habitantes que fueron convertidos en esclavos cristianizados o evangelizados (ver José de Souza Silva).

Los curas también pudieron haber leído, además de leyes y jurisprudencia, otros textos para comprender cómo es que se construyó históricamente, y sigue vigente, el despojo de los pueblos originarios. Así, sabrían (¡¡de repente lo saben!!) que en México la población (indígena) descendió de 21 millones en 1.500 a 1 millón en 1.600. En Perú de 6 millones a 1 entre 1.532 y 1.628. Que Latinoamérica en 1.492 estaba poblada por 70 millones de personas y en 1.620 el 95% había sido asesinada o muerto en los campos de cultivos, según narra Fernando Báez en “El saqueo cultural de América Latina” (2008); y hubiesen revisado los señores curas el clásico “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano.

La iglesia es, como bien sabemos, una institución con peso descomunal en la conformación de la visón de mundo o imaginario social, de la moral y de las prácticas que en teoría rigen la vida de al menos 1.300 millones de personas en el mundo (17 de cada 100/“cristianos” en total rondan el 33%). “Como maestra en la articulación entre saber y poder, la Iglesia (católica) participó de la colonización de varias formas, incluyendo su injusta contribución a la creación de la cultura del miedo que facilitó la dominación local: miedo del pecado, del infierno, del primitivismo, del salvajismo, de Dios y de sí mismos, institucionalizando formas de ser, sentir, pensar y hacer adaptadas a la conveniencia de los dominadores”, dice De Souza Silva. Quienes terminaron creyendo a fuerza de látigo, cadenas, torturas y esclavitud y quienes por aprendizaje forzado y hasta por voluntad respetan la iglesia y su planilla hasta el día de hoy, incluida mucha gente indígena, merecen que los que les representan hablen desde la justicia, las leyes y el respeto, pero sobre todo desde la responsabilidad y la ética.

Por las razones que sea, la negación de la historia, pasada y actual, no se justifica. Menos cuando proviene de voces, como la de los curas, que para mucha gente es infalible. ¿Cómo pretender que la población de Costa Rica respete la vida, los territorios y las culturas indígenas, si escucha discursos supuestamente neutrales, basados en la ignorancia y el irrespeto? En esa lidia los curas no están solos. Recordemos al expresidente Calderón Fournier (1990-1994) cuando dijo que “en nuestro país no hubo derramamiento de sangre, ni enfrentamiento con España. Curiosamente, en Costa Rica no había población aborigen. Este país se forma de inmigrantes que empiezan a llegar hace poco menos que quinientos años. Humildes campesinos españoles que vinieron a trabajar y a forjar una nación de paz” /[1].

La iglesia católica debería revisar el legado maravilloso de Helder Pessoa Câmera y los aportes inigualables para la justicia de Pedro Casaldáliga y Frey Betto. Debería buscar y hacer propios los diarios de Oscar Arnulfo Romero. ¿O acaso nadie lo recuerda al menos cada 24 de marzo, y lo olvidaron como lo olvidó Karol Wojtyla cuando supo que lo iban a asesinar y ni se inmutó? Deberían los curas volver la mirada a Leonardo Boff para poder hablar de justicia, de fusión entre pueblos indígenas y su común-unión con la Tierra que en Costa Rica y muchísimos otros países la mayoría de indígenas cuidan y defienden.

Los pueblos no necesitan una versión megalómana y manipuladora de “pastores” para que los “guarden”, “guíen” o “apacienten como el ganado, especialmente el de ovejas” (definición de la RAE). Los pastores son innecesarios cuando los pueblos son más independientes y libres. En todo caso la autoproclamación como “pastor” no es lo peor, si no el uso de una figura de poder social, como la de cura, para colocarse ante la tragedia de siglos que han vivido los pueblos originarios y que, evidentemente, los curas que hablaron desconocen u ocultan.

Muchas veces, a pesar de su nefasta historia en contra de la humanidad, y los pueblos originarios de América Latina en particular, buena parte de la iglesia católica se ha identificado con las causas de la justicia, como ocurre con la teología de la liberación, a la que la misma cúpula vaticana ha condenado y descalificado. Millones de seguidores del catolicismo son gente comprometida con la defensa de los derechos humanos de todo tipo, y en nada responsable de los ligámenes del alto clero con los círculos de poder. Ejemplos abundan pero recuérdese nada más el Tratado de Letrán de 1929 entre el Vaticano, bajo el mando de Pío XI, y el Gobierno fascista de Benitto Mussolini, o las relaciones entre la dictadura argentina y la iglesia de ese país (1973-1983).

En el caso de Pérez Zeledón, los prelados exhumaron ignorancia técnica y un peligroso acercamiento a quienes realmente provocan el conflicto. Las tierras adjudicadas por ley a los pueblos originarios están en injusta disputa por el hecho de que los Gobiernos nunca han reconocido esos derechos; y a eso se suman las usurpaciones de no indígenas. Pedir justicia “justicia para todos los diferentes actores” es un simplismo sólo posible si se niegan los derechos de los indígenas. China Kichá es tan sólo una cruenta manifestación del conflicto. Quienes legalmente son usurpadores, es porque pretenden derechos sobre tierras que ellos mismos, las instituciones nacionales y el Estado, ya debieran reconocer como tierras indígenas y con eso terminar el conflicto. Así se evitarían más confrontación y ausencia de convivencia pacífica, más muertes que las de Sergio y Jerhy y más divisiones entre la gente indígena y entre ésta y la no indígena que los curas más bien fomentan con sus manifestaciones.

Y a modo de coda, ya que hemos escrito sobre leer para conocer y comprender, los 2 abates que hablaron pueden leer un maravilloso poema de Mario Benedetti (¡es un poeta uruguayo por aquello!) que se llama “Si dios fuera mujer”.

[1]Diario ABC (España), 23 de julio de 1992, p. 41. Citado en: UCR. Concejo institucional. (2017). Comisión Especial de Salitre. INFORME FINAL).

ACODEHU: no a la impunidad, no a la represión contra pueblos indígenas defensores y recuperadores de sus territorios

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

Comunicado 25 de marzo 2021.
San José, Costa Rica

NO A LA IMPUNIDAD, NO A LA REPRESIÓN CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS DEFENSORES Y RECUPERADORES DE SUS TERRITORIOS

Por el fortalecimiento del movimiento social en defensa de las comunidades y pueblos originarios recuperadores de sus tierras y territorios

Desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) manifestamos nuestra preocupación ante los hechos recientes de violencia contra el territorio recuperado Yuwi Senaglö, Cabecar, China Kichá.
Durante el día jueves 24 de marzo, 2021, mientras la comunidad Yuwi Senaglö sostenía reuniones con altos funcionarios del gobierno costarricense, tales como los viceministros de Vice-presidencia Eduardo Solano y de Seguridad Randall Otárola, bajo un supuesto diálogo, habitantes de la comunidad sufren de acoso y persecución por parte de la fuerza pública.
Después de retirarse del territorio dichas autoridades de gobierno, la fuerza pública atacó con gases lacrimógenos, uno detrás del salón comunal y el otro directamente en Yuwi Senaglö, durante la medianoche del día 24 de marzo, 2021.
Como organización de Derechos Humanos, la ACODEHU exige a la administración del señor Carlos Alvarado lo siguiente:
1. Garantizar que la fuerza pública y las autoridades pertinentes implementen verdaderos mecanismos para la protección y la seguridad de las comunidades indígenas; en lugar de aterrorizar a la niñez y a las familias con mecanismos de acoso, intimidación, persecución, represión, criminalización y judicialización contra los pueblos indígenas recuperadores de sus territorios.
2. Demostrar con acciones contundentes la voluntad política del gobierno del señor Carlos Andrés Alvarado Quesada de investigar, procesar y castigar a los responsables de las constantes violaciones de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Para ello, impedir que estos actos queden impunes, porque la impunidad niega la justicia para las víctimas, incrementando el escenario de tensión y sufrimiento que atenta contra la integridad física y emocional de las víctimas de esta violencia.
3. Cumplir con normativas, Tratados y Convenios establecidos a nivel nacional e internacional frente al compromiso y responsabilidades que tiene el Estado en este tema.
4. Investigar los actos de agresión de la fuerza pública durante la noche del martes 24 de marzo de 2021, contra las personas de la comunidad la comunidad Yuwi Senaglö de China Kichá.
Aclarar el porqué del uso de los gases lacrimógenos y los abusos de autoridad, los cuales han sido recurrentes por parte de los efectivos de la Fuerza Pública contra los pueblos indígenas; y en esta ocasión los ataques de agresión fueron contra dicha comunidad, quienes se han visto en la necesidad de defenderse y proteger sus territorios recuperados como acciones amparadas a los acuerdos internacionales y suscrito por el Estado Costarricense y por los tribunales nacionales.
5. Que los Ministerios de la Presidencia y Seguridad rindan un informe a la población de China Kichá, a la sociedad en general y a los organismos de Derechos Humanos sobre los hechos violentos, las personas responsables y las autoridades involucradas en dichas acciones.
La ACODEHU se suma al conjunto de voces y organizaciones quienes reafirmamos que el Estado costarricense continúa violando de manera sistemática los Derechos Humanos del pueblo Cabecar de China Kichá.
A la vez, responsabilizamos al Estado costarricense y al gobierno actual de los actos violentos que continúan vulnerabilizando los derechos humanos de los pueblos indígenas; en especial quienes recuperan en forma pacífica sus tierras y territorios que históricamente les pertenecen.
Existe una deuda histórica frente a la violencia contra los derechos humanos y la autonomía que los pueblos originarios defienden desde hace más de cinco siglos.

ACODEHU
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta
Tatiana Otto Golobina
Secretaria

25 de marzo, 2021
www.acodehu-ddhh.org
derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

Resolución a favor de indígenas de Kono Ju les permitiría quedarse en sus tierras

SURCOS comparte la siguiente información enviada por Elides Rivera:

La resolución adjunta “que llegó ayer del caso de Kono Ju en China Kichá. El Juez aceptó el escrito que presentamos para modificar la medida cautelar de desalojo por pérdida de interés (buscaba proteger el ganado pero ya no había ganado), por lo que ya no tendrán que salir las personas indígenas de Kono Ju.

En la resolución se lee, POR TANTO:

“En mérito de lo expuesto se acoge la solicitud de modificación de medida cautelar. Al existir cambio de circunstancias se modifica la medida cautelar ordenada mediante voto número 288-F-2020 y en su lugar se ordena la siguiente medida cautelar: Se prohíbe a ADONAY SEGURA MORALES… introducir mejoras, accesiones y transformar más la naturaleza del inmueble… Todo bajo el entendido que en caso de desobediencia se les seguirá causa por el delito de desobediencia a la autoridad… Lic. Jean Carlos Céspedes Mora. – Juez(a).”

Comunicado Coordinadora de Lucha Sur Sur: ¡Celebrando la vida!

Comunicado: A pesar de la violencia y racismo en contra del Pueblo Cabécar de China Kichá, el domingo 7 de marzo de 2021 las y los recuperadores Cabécar conmemoraron colectivamente el 1 aniversario de resistencia ante la escalada de violencia de marzo del 2020.

Celebraron la recuperación de parte de su tierra-territorio mediante la lucha y el trabajo colectivo necesarios para construir un Pueblo con vida digna.

Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS felicitamos a las y los recuperadores del Pueblo Cabécar de China Chichá al sur de Costa Rica.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Comunicado a la Comunidad Nacional e Internacional ante la escalada de violencia contra el pueblo cabécar de China Kichá

La Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur (1) y la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe (2) manifiestan su preocupación por la limitada acción estatal en el abordaje de los episodios de violencia contra las personas cabécares recuperadoras de China Kichá.

El pueblo cabécar de China Kichá como otros territorios indígenas a los cuales pertenecemos¸ ha sufrido una violencia estructural mediante la cual se le ha privado del acceso a la tierra incluso antes de su constitución del territorio como tal.

Ante la inacción estatal para garantizar el acceso a un derecho tan fundamental dentro de las cosmovisiones originarias como la relación con Sä ªmi ishäkä; nuestra madre tierra; se han desarrollado procesos legítimos de recuperación de nuestros territorios, y por tanto, de elementos de los mismos como lo son nuestras tierras, nuestros idiomas, nuestras tradiciones, artes y formas de relacionados con la naturaleza.

En el ejercicio genuino de volver a nuestras tierras se han exacerbado diferentes manifestaciones de violencia, violencia psicológica, violencia simbólica, violencia física, violencia territorial, violencia jurídica y cultural, que incluso ha llevado a la hospitalización de compañeros y compañeras; y los dolorosos asesinatos de nuestros compañeros Sergio Rojas y Jerhy Rivera.

En el marco de las celebraciones del Bicentenario promovidas por el gobierno actual deseamos llamar la atención que para los pueblos originarios de este país los beneficios de ser un país independiente aún son insuficientes, pues se nos siguen negando derechos vitales, para nuestros pueblos la colonización no ha terminado.

Como gestores y gestoras locales conocemos e identificamos las problemáticas de nuestros territorios, por lo cual promovemos y participamos en procesos para mejorar las condiciones dentro los mismos, reconociendo y asumiendo nuestro papel y responsabilidad, a la vez que sumamos acciones de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de otros territorios indígenas. Desde este lugar, demandamos al Estado el reconocimiento también de sus responsabilidades que ha dejado de atender, donde inclusive en algunos casos nos atrevemos a afirmar que actúa mediante sus instituciones y jurisdicción de manera parcializada en favor de grandes empresas y terratenientes.

El Plan – RTI presentado por el gobierno de entonces en el 2016 no ha devuelto hasta el momento una sola tierra a sus legítimos poseedores, siendo el mismo sólo una promesa sin cumplir de campaña electoral.

De manera particular, queremos llamar la atención sobre la escalada de manifestaciones de violencia que en los últimos tres días se ha perpetrado en China Kichá, de parte de usurpadores no indígenas, donde denunciamos que el actuar de la policía y del gobierno en general, así como el abordaje parcializado de los medios de información masiva (Teletica), quienes brindan un apoyo simbólico a los terratenientes, a la vez que les envalentona y propicia más violencia, poniendo en alto riesgo a las compañeras y compañeros que se encuentran en la defensa de sus legítimos derechos.

Exigimos al gobierno la intervención inmediata en China Kichá y en todos los territorios donde se susciten acciones de violencia de parte de usurpadores que atentan contra compañeras y compañeros de pueblos originarios que se encuentran en la defensa de sus legítimos derechos. Así como, la atención seria, pronta e integral de la privación de derechos fundamentales que viven a diario todos los pueblos originarios en Costa Rica.

Instamos a quienes apoyan la lucha de nuestros pueblos a compartir información veraz de lo que sucede en nuestros territorios con otras personas, no prestar oídos a la mal información de las empresas de comunicación.

¡¡Demandamos justicia en los casos aún impunes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera!!

¡¡Nos solidarizamos con el pueblo cabécar de China Kichá y todos los pueblos originarios que luchan por la defensa de sus derechos!!

  • La Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur se compone por personas gestoras y gestores de los Territorios: Boruca (brunca), Térraba (brorän), Yimba Cajc (brunca), China Kicha (cabécar), Salitre (bribri), Ujarrás (cabécar), Cabagra (bribri), Abrojo Montezuma (ngäbe), Conte Burica (ngäbe), Altos San Antonio (ngäbe), la Casona (ngäbe)
  • La Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe se compone personas gestoras y gestores de los territorios: Talamanca Cabecar (cabécar), Talamanca Bribri (bribri), Kekoldi (bribri), Tayni (cabécar), Bajo Chirripó (cabécar), Nairí Awari (cabécar), Alto Chirripó (cabécar), Comunidad Ngäbe de Sixaola (ngäbe), Comarca Ngäbe Buglé de Panamá (ngäbe – buglé), Comarca Naso Tjer Di de Panamá (naso), Territorio Bribri de Panamá (bribri), Comunidad Miskita de Pavas (miskito).

Firmas responsables:

Carlos Zúñiga Zúñiga, ced. 110200969
Coordinador de la Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe

Hugo Fernández González, ced. 602400769
Coordinador de la Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur, RIGELOPS

Indígenas del cantón de Buenos Aires tendrán sus olimpiadas especiales

Uriel Rojas

Se trata del Primer Torneo de Olimpiadas Especiales que se realizará este 12 de junio en Buenos Aires de Puntarenas y el cual convoca a 8 territorios indígenas de la zona, de los cuales, 6 están ubicados en el cantón bonaerense más Chinakichá y La Casona de Coto Brus.

Representantes de Olimpiadas Especiales se encuentran esta semana reunidos en estos territorios indígenas para definir su participación en este torneo.

Hasta el momento han confirmado su asistencia las comitivas de Cabagra, Salitre, La Casona de Coto Brus y Rey Curré.

El objetivo de este Primer Torneo es promover la Interacción y la Convivencia Social para las personas Con y Sin Discapacidad, estimulando la inclusión social a través del Deporte.

En este primer torneo regional se competirá en dos deportes: Uno de masas como es el fútbol y otro novedoso llamado bochas.

Esta iniciativa es organizada por la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y Olimpiadas Especiales.

Incendian nuevamente Kono Jú, recuperación cabécar en China Kichá

SURCOS comparte el siguiente comunicado de Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS

– El incendio inició en el playón del río El General en la recuperación cabécar de Kono Jú. Este es el segundo incendio en dos días consecutivos.

Jueves 4 de marzo. Aproximadamente a la 1:20 p.m. recuperadores y recuperadoras cabécares de Kono Jú identificaron un nuevo incendio en la recuperación. Esta vez el incendio inició en el playón del Río General, 2 kilómetros al sur del corral. Aún no ha sido controlado y el fuego se sigue extendiendo.

Los recuperadores reportan que un sujeto en actitud sospechosa fue visto dentro de la recuperación. El mismo fue interceptado por uno de los recuperadores, a quién dijo no haber visto nada y que sólo se encontraba pescando. El sujeto se llama Andrés Fernández Umaña, no pertenece al Pueblo Cabécar. participó en el ataque del 07 de marzo del 2020 y era peón de Gilberth Fernández; dueño de MUSOC y GAFESO, ex usurpador de la recuperación cabécar Sekeirö Kaska.

Este es el segundo incendio reportado. El primero fue el día de ayer alrededor de las 5 p.m. a 800 metros sur del salón comunal de Kono Jú. Al ser las 3 p.m. se han apersonado únicamente 2 oficiales de la Fuerza Pública. Los bomberos no se han hecho presentes, a pesar de que los y las recuperadoras reportaron el incidente a pocos minutos de ser identificado.

Desde la escalada de violencia en febrero-marzo del 2020, la Coordinadora de Lucha Sur Sur identificó a los incendios como formas de hostigamiento y violencia contra los Pueblos Originarios. Este mecanismo fue ampliamente utilizado el año pasado contra los y las recuperadoras de distintos Territorios.

Exigimos:

-A la Fuerza Pública realizar las diligencias necesarias sobre Andres Fernández Umaña, para establecer la responsabilidad o no de este sujeto en la provocación del incendio. Al ser las 4:20 p.m. el sujeto se encuentra en la junta del Río Jabonal y el General.

– Que el Estado garantice nuestra integridad física y territorial, además de nuestras vidas.

– Que el Estado tome todas las medidas necesarias para que estas acciones de violencia contra los y las recuperadoras cabécares y nuestro Territorio se detengan y los responsables sean judicializados. Es responsabilidad del Estado si en 2021 nos vemos en medio de una escalada de violencia como la del año anterior (2020)

Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Publicación en Facebook: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/252998419648897/

Desplazamientos forzados en Costa Rica: pueblos indígenas, usurpación blanca, Estado omiso

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Entre el 28 y 29 de junio de 2014, mientras la mitad del país se entregaba a la euforia de la celebración por el triunfo de su selección de futbol en el Mundial de Brasil, otro tipo de euforia revestida de ira y odio racista circundaba los territorios indígenas ubicados en el sur del país.

Decenas de finqueros, hombres, blancos, armados, la mayoría de ellos con considerables rastros de ingesta de alcohol, arremetieron contra caseríos y personas del territorio Bribri de Salitre, quemaron sus ranchos, les golpearon, amedrentaron y persiguieron hasta perderlos en las montañas.

Días después de estos hechos fui invitado a participar en la Sétima Misión de Observación Independiente del Observatorio de Derechos Humanos para la Autonomía indígena (ODHAIN), en mi condición de director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional en aquel periodo. Fuimos a observar y verificar nuevos actos de violencia y desplazamiento ocurridos solo una semana después del acontecimiento de junio. Conversamos, observamos, anotamos. Pudimos constatar en el campo las denuncias de los pobladores indígenas, pero ante todo sus temores, sus miedos fundados.

Se producía así un episodio más de una larga escalada, histórica, en que la legitimidad originaria por el derecho a la tierra y sus recursos ha sido recusada una y otra vez por la apropiación, la ocupación, el despojo y la violencia bajo la cual se escudan sectores de población no indígena para hacerse con sus territorios. La mayoría de estos eventos terminan con una expulsión violenta, inmediata y premeditada de las poblaciones indígenas, obligándolas a vivir fuera de los espacios que por ley ancestral les pertenece y sin que el Estado actúe de forma pertinente.

Es esta una dinámica no verbalizada en Costa Rica, como tantos hechos invisibilizados en su historia reciente, tales como las movilidades de población costarricense hacia el extranjero, las violencias contra poblaciones vulnerables y los desplazamientos forzados internos.

Hablar de desplazamientos forzados en una realidad como la costarricense, implica desmontar el mito sobre el cual se han construido discursos igualitarios y homogenizantes. Significa, reconocer la emergencia de un sujeto social con características particulares: des territorializado, despojado y obligado a dejar su lugar de origen y residencia. Al mismo tiempo, orienta miradas acerca de procesos que han experimentado otros países de la región centroamericana y cuyas manifestaciones vienen aumentando en Costa Rica.

Justamente violencia y despojo son dos rasgos distintivos que experimentan las poblaciones indígenas frecuentemente desalojadas de sus territorios. Por ello, entendemos la noción de desplazamiento forzado interno como una dinámica de movilidad causada por factores de expulsión y que merece ser discutida y reflexionada ampliamente en el contexto costarricense.

Por las constantes denuncias de riesgo y peligro que experimentan las poblaciones indígenas en Costa Rica, en particular las situaciones expuestas por los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, el Estado fue apercibido con una medida cautelar impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 en la que se le exhortaba a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de ambos pueblos.

Pese a esta consideración planteada por el organismo internacional, el Estado ha actuado con dilación, lentitud y poca capacidad de respuesta. Entre 2019 y 2020, dos dirigentes indígenas de los territorios fueron asesinados sin que hasta la fecha el sistema judicial haya actuado en consecuencia. En la actualidad, varios dirigentes y líderes indígenas siguen siendo amenazados sin que la institucionalidad judicial costarricense intervenga para su protección.

Desde el año 2020 y en plena coyuntura pandémica, el territorio cabécar de China Kichá ha sido sometido a la continuación de las tensiones producidas por la ocupación-usurpación de personas no indígenas y la recuperación legítima de sus pobladores. Nuevos actos de violencia física y agresiones a personas recuperadoras han sido documentados.

La problemática en este territorio está lejos de resolverse, pese a las acciones de incidencia impulsadas por personas dirigentes, personas recuperadoras y organizaciones sociales y académicas que acompañan a estas poblaciones. Al momento de escribir esta columna se conoció que al menos el Poder Ejecutivo, dadas las presiones de muchos actores involucrados, había emitido la declaratoria de vulnerabilidad social estipulada en la normativa, en el caso de un inminente desalojo en Yuwi Senaglö, perteneciente a este territorio.

Es preciso que la comunidad internacional se pregunte por los mitos que han sostenido la imagen del Estado costarricense como defensor de los derechos humanos. Es necesario cuestionar esta lógica de producción inversa de discurso que alimenta una forma de reconocer un Estado, pero no de profundizar en sus prácticas. De igual manera, es necesario que, en la región centroamericana, en particular en su región norte, se considere el hecho de que los desplazamientos forzados internos son una realidad incuestionable que abarca prácticamente toda la geografía centroamericana, incluyendo Costa Rica. Esta visibilización es urgente para avanzar hacia una restitución real y permanente de las definiciones ancestrales en materia de territorios y derechos, que asisten a nuestras poblaciones indígenas.