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Etiqueta: ciberseguridad

El Hondurasgate y la transformación de la presencia israelí en Centroamérica

Por Juan Carlos Cruz Barrientos
Comunicador social

En el programa La Base del 27 de julio último, el equipo de redacción analiza la nueva publicación exclusiva de audios del Hondurasgate, los cuales fueron sometidos a una auditoría forense independiente que revelan la penetración de Israel en América Latina con armas de espionaje, control y guerra sucia digital. En el programa interviene la periodista Valeria Duarte de Canal Red América Latina, quien participó en la investigación y que complementa investigaciones desarrolladas por organizaciones como Citizen Lab, Forbidden Stories, Artículo 19, Project Torogoz, Revista Raya y Señal Colombia.

Se trata de una nueva entrega de audios de la plataforma Honduras Gate que Diario Red América Latina y el medio de Estados Unidos Dropside que han vuelto a colocar sobre la mesa un tema que América Latina ha discutido de manera fragmentaria durante las últimas décadas: el papel desempeñado por Israel en la región y la transformación de los instrumentos mediante los cuales ejerce su influencia. El reciente programa La Base, titulado Espionaje israelí en América Latina, ofrece una oportunidad para abordar esa discusión desde una perspectiva histórica más amplia, evitando tanto las simplificaciones como las explicaciones conspirativas.

Para comprender el alcance de estas revelaciones es necesario retroceder varias décadas. La relación entre Israel y Centroamérica no comenzaron con Pegasus, la inteligencia artificial o las campañas digitales. Durante los años más intensos de la Guerra Fría, Israel desempeñó un papel relevante en la estrategia de seguridad de varios gobiernos centroamericanos, particularmente en Guatemala, El Salvador y Honduras. En un contexto marcado por la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el Estado israelí suministró armamento, entrenamiento militar, asesoría en inteligencia y tecnología de defensa a gobiernos que enfrentaban movimientos guerrilleros.

Diversos historiadores y especialistas en relaciones internacionales han documentado que esa cooperación adquirió especial importancia cuando la política exterior estadounidense encontró restricciones impuestas por el Congreso para continuar proporcionando asistencia militar directa a determinados gobiernos acusados de violaciones a los derechos humanos. En ese escenario, Israel se convirtió en un proveedor estratégico de armas, capacitación y asistencia técnica, actuando en numerosos casos dentro de una convergencia geopolítica con Washington, cuyo objetivo consistía en impedir el avance de organizaciones insurgentes en la región.

Aquella etapa dejó una huella profunda en la historia centroamericana. Sin embargo, el fin de los conflictos armados no significó el retiro de Israel. Lo que cambió fueron los instrumentos de su presencia.

Durante las décadas siguientes, la cooperación comenzó a orientarse hacia ámbitos como la agricultura de precisión, la gestión del agua, la salud pública, la innovación tecnológica, la investigación científica y la formación de recursos humanos. Paralelamente, crecieron las inversiones privadas, la participación de empresas israelíes en proyectos de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones, ciberseguridad, software, energías renovables y transformación digital. La presencia israelí dejó de estar asociada casi exclusivamente al ámbito militar para convertirse en un fenómeno mucho más amplio, donde convergen diplomacia, cooperación técnica, inversión privada, innovación, redes académicas y relaciones empresariales.

Precisamente esa transformación constituye uno de los aspectos más interesantes del análisis presentado por La Base. El programa sostiene que el Hondurasgate no debería interpretarse únicamente como un posible caso de espionaje político, sino como una manifestación de un cambio más profundo en las formas del poder internacional.

Los ejemplos que presenta son reveladores. En México, investigaciones de Citizen Lab y Artículo 19 documentaron el uso del software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, para intervenir teléfonos de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En Colombia, investigaciones de Revista Raya y Señal Colombia revelaron la presunta compra clandestina de Pegasus mediante el traslado de once millones de dólares en efectivo hacia Israel durante la administración de Iván Duque. En El Salvador, el Project Torogoz, elaborado por Citizen Lab, identificó infecciones con Pegasus en teléfonos pertenecientes a periodistas de El Faro, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo y otras organizaciones de la sociedad civil.

A estos antecedentes se suman las investigaciones internacionales sobre empresas privadas dedicadas a operaciones de influencia política. Facebook eliminó en 2019 cientos de cuentas vinculadas con Archimedes Group, una firma israelí acusada por la propia plataforma de desarrollar campañas coordinadas de manipulación política mediante perfiles falsos en distintos países. Poco después, la investigación internacional Story Killers, coordinada por Forbidden Stories, expuso las actividades del denominado «Equipo Jorge», encabezado por el exmilitar israelí Tal Hanan, quien aseguró ante periodistas infiltrados haber participado en operaciones de desinformación, hackeo y manipulación de procesos electorales mediante sofisticadas herramientas digitales. Hanan ha rechazado haber cometido actividades ilegales, pero el caso abrió un debate internacional sobre la existencia de un mercado privado dedicado a intervenir la conversación pública y los procesos democráticos.

La importancia del Hondurasgate radica precisamente en que invita a observar estos antecedentes como parte de un mismo proceso histórico. No solamente porque demuestra la existencia de una red regional de espionaje, sino porque plantea preguntas coherentes con fenómenos cuya existencia ya ha sido documentada en distintos países.

Lo verdaderamente novedoso no es la presencia israelí en América Latina, sino la transformación de sus herramientas. Si durante la Guerra Fría el eje de la cooperación estuvo constituido por armas, entrenamiento militar e inteligencia clásica, hoy el centro de gravedad parece desplazarse hacia la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la vigilancia electrónica, el análisis masivo de datos, las plataformas digitales y la comunicación estratégica.

Ese desplazamiento no significa que hayan desaparecido las formas tradicionales de cooperación en materia de seguridad. Significa, más bien, que el poder internacional incorpora nuevas dimensiones donde la información, los algoritmos y la infraestructura tecnológica adquieren una importancia comparable a la que anteriormente tuvieron los equipos militares o la asistencia logística.

Esta evolución también obliga a ampliar el objeto de análisis. Las relaciones entre Israel y Centroamérica ya no pueden estudiarse únicamente desde la diplomacia o la cooperación militar. Es necesario incorporar la dimensión económica, identificar las empresas israelíes que operan en la región, analizar los sectores donde concentran sus inversiones, estudiar el papel del capital israelí dentro de las economías centroamericanas y reconstruir las redes que articulan inversión privada, cooperación tecnológica, universidades, consultoras, cámaras empresariales y organismos estatales.

Desde esa perspectiva, el Hondurasgate deja de ser un episodio exclusivamente hondureño para convertirse en una oportunidad de investigación regional. Las preguntas relevantes ya no son únicamente quién espió a quién o qué tecnología se utilizó. También importa conocer cómo se adjudican los contratos de ciberseguridad, qué empresas participan en la transformación digital de los Estados, qué mecanismos supervisan el uso de tecnologías de vigilancia, qué consultoras intervienen en campañas de comunicación política y cómo interactúan estos actores con gobiernos, empresas y organismos internacionales.

La historia de la presencia israelí en Centroamérica puede leerse como la historia de la transformación de las formas del poder: de la cooperación militar propia de la Guerra Fría a la innovación tecnológica de la posguerra; de las armas a los datos; de la inteligencia convencional a los algoritmos; del fusil a la inteligencia artificial.

Comprender esa evolución constituye hoy uno de los grandes desafíos para el periodismo de investigación y para las ciencias sociales latinoamericanas. Solo mediante investigaciones rigurosas, sustentadas en documentos, registros públicos, datos verificables y contraste permanente de fuentes, será posible distinguir entre hechos, hipótesis y especulaciones, contribuyendo así a una comprensión más precisa de las nuevas formas de influencia que atraviesan la región.

Escuche el programa completo:

OMERCON exige acciones urgentes a CONASSIF y SUTEL ante «pandemia» de fraudes digitales

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) ha alzado la voz con preocupación ante la alarmante proliferación de fraudes digitales en Costa Rica, instando a la Comisión Nacional de Supervisión de Entidades Financieras (CONASSIF) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a tomar medidas inmediatas y efectivas. La organización, de carácter sin fines de lucro, ha remitido los oficios OM 040-2025 a CONASSIF y OM 041-2025 a SUTEL, ambos con fecha del 20 de agosto de 2025, para manifestar la gravedad de la situación.

Según OMERCON, Costa Rica sufre una escalada sostenida de estafas asociadas a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito, así como suplantaciones de identidad que derivan en el robo directo de los ahorros de la ciudadanía. Esta problemática, que ya alcanza proporciones de pandemia, está socavando la estabilidad económica de miles de personas, la paz de las personas y familias, y también la característica principal del sistema financiero: la confianza.

OMERCON considera inaceptable que algunas entidades financieras intenten deslindar toda responsabilidad, trasladando la culpa al consumidor, y critica una preocupante pasividad de los entes supervisores. Afirma que estos últimos priorizan la rentabilidad de las entidades sobre la protección de los consumidores financieros, dejándolos desamparados y expuestos a la revictimización.

El Observatorio cuestiona la falta de mecanismos inmediatos para rastrear y congelar fondos robados, la ausencia de investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y la carencia de sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados, campañas de phishing y transferencias inusuales. OMERCON califica estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.

La organización fundamenta su posición en el marco jurídico nacional, citando el artículo 35 de la Ley N° 7472 y la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Voto N° 655-2007). Esta normativa establece la responsabilidad civil objetiva, indicando que quien introduce una actividad riesgosa en la economía debe asumir las consecuencias del daño, sin necesidad de probar culpa. Bajo este principio, OMERCON sostiene que las entidades financieras, al manejar fondos del público y beneficiarse de ello, están obligadas a resarcir al consumidor afectado, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

Ante la inacción percibida, a pesar de múltiples denuncias en la prensa y ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), OMERCON resalta que Costa Rica carece de una ley específica para la defensa del consumidor financiero, a diferencia de otros países de la OCDE.

Las acciones concretas que OMERCON solicita a CONASSIF son:

  1. Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.

  2. Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.

  3. Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

  4. Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen, evitando que el consumidor afectado asuma toda la gestión judicial.

  5. Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.

  6. Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas, como se ha denunciado en foros legislativos.

Además, OMERCON subraya la necesidad de que CONASSIF integre a las empresas que brindan servicios de comunicación digital en esta lucha, citando ejemplos como la compra masiva de números telefónicos por organizaciones delincuenciales sin generar alertas, o la recepción de mensajes fraudulentos de rifas sin opción de escape. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, señalando que un oficio anterior (OM 029-2025, del 28 de marzo de 2025) sigue sin respuesta tras casi cinco meses.

Dirigiéndose a SUTEL, OMERCON enfatiza que, como ente regulador de las telecomunicaciones en Costa Rica, tiene por ley amplias responsabilidades y obligaciones para actuar de manera diligente, oportuna y con liderazgo para frenar esta crisis. Entre sus funciones se encuentra supervisar y regular el mercado de las telecomunicaciones para garantizar la competencia, proteger los derechos de los usuarios y asegurar la calidad de los servicios.

OMERCON critica que SUTEL y las empresas de telecomunicaciones y servicios digitales no implementen acciones responsables para defender al consumidor, dejándolos desamparados y revictimizados frente al delito masivo.

El Observatorio pregunta a SUTEL si ha implementado sistemas para bloquear enjambres de mensajes fraudulentos que inundan a los usuarios, si tiene mecanismos para rastrear y eliminar el phishing informático, si se realizan investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y si existen sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados o campañas de phishing. La organización considera estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.

Al igual que en su comunicación a CONASSIF, OMERCON invoca el principio de responsabilidad civil objetivaestablecido en el artículo 35 de la Ley N° 7472 y el Voto N° 655-2007 de la Sala Primera, que responsabiliza a quien introduce una actividad riesgosa por los daños que ocasione, sin necesidad de probar culpa.

Las solicitudes concretas de OMERCON a SUTEL son:

  1. Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.

  2. Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.

  3. Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

  4. Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen.

  5. Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.

  6. Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas.

OMERCON reitera la importancia de que SUTEL no opere desde una lógica reactiva y pasiva ante esta pandemia. Destaca que SUTEL debe coordinar con CONASSIF, PRODHAB, redes sociales y otras entidades para encontrar una solución que alivie la crisis del fraude informático. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, sobre la problemática planteada en la carta.

Ambas comunicaciones fueron firmadas por Welmer Ramos González, como presidente, y Priscila Scott Zúñiga, como secretaria de OMERCON.

Comunicado de la Embajada de China en Costa Rica

La Embajada de la República Popular China en la República de Costa Rica ha tomado nota de los comentarios sobre China de la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Paula Bogantes, y del viceministro de Telecomunicaciones Hubert Vargas, durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa el 11 de octubre de 2023.

Como altos funcionarios del Gobierno de Costa Rica, la Sra. Paula Bogantes y el Sr. Hubert Vargas, haciendo caso omiso de los hechos básicos, lanzaron comentarios inadecuados sobre el sistema político de China y llamaron al país “un país con mayor riesgo en materia de ciberseguridad”. Estos comentarios afectan gravemente la confianza y las expectativas de las empresas chinas para realizar actividades económico-comerciales en Costa Rica y socavan el buen ímpetu de desarrollo de las relaciones bilaterales. Lamentamos mucho por sus comentarios y expresamos nuestra energética y vehemente oposición a sus acusaciones irresponsables e infundadas. Por medio del presente, aclaramos lo siguiente:

  1. La democracia es un valor común de toda la humanidad y un concepto importante en que el Gobierno y el pueblo chinos siempre hemos perseverado. China viene impulsando la construcción de la democracia de acuerdo con nuestras propias condiciones nacionales. Persistimos y promovemos la democracia popular en todo el proceso, en la que el pueblo ejerce efectivamente el poder del estado a través de las asambleas populares de diferentes niveles, evitando eficazmente el fenómeno de hacer numerosas promesas durante la campaña electoral y echarlas al suelo una vez se concluya el proceso electoral. En este sistema, 1400 millones de chinos han salido de la pobreza y el rezago, y gozan de amplios derechos y libertades, con lo que se ha explorado una nueva ruta para el desarrollo de la causa de la democracia de la humanidad.
  2. Siendo China otra víctima azotada de los ciberataques, las escuchas telefónicas y la vigilancia, rechazamos categóricamente y combatimos según la ley toda forma de ciberdelincuencia, y salvaguardamos firmemente la ciberseguridad. En 2020, China lanzó la Iniciativa Global para la Seguridad de Datos, con la que aboga por que las empresas cumplan estrictamente las leyes de los países donde operen, y se opone al uso indebido de la tecnología informática para realizar vigilancias a gran escala y la recopilación ilegal de información personal de ciudadanos de otros países. En contraste, ciertos países, abusando de su hegemonía tecnológica, realizan ciberataques, vigilancia y escuchas telefónicas sin distinción, e incluso a sus “aliados”.
  3. China apoya los esfuerzos de Costa Rica para salvaguardar la ciberseguridad. Sin embargo, el Convenio de Budapest es un convenio sobre la cooperación judicial en materia penal, cuyo objetivo es establecer un mecanismo de cooperación internacional para combatir la delincuencia. No aborda la cuestión de ciberseguridad, ni establece las presuntas normas de ciberseguridad. Cuesta entender que Costa Rica haya alegado este Convenio para regular el origen de los proveedores de 5G. En realidad, la mayoría de los países firmantes del Convenio de Budapest permiten y dan la bienvenida a la participación de empresas de telecomunicaciones chinas en la construcción de 5G en sus países.
  4. Las empresas de telecomunicaciones de China llevan años operando en América Latina y el Caribe, incluyendo Costa Rica. No solo que nunca han puesto en peligro la ciberseguridad local, sino que además han promovido notablemente el desarrollo de las telecomunicaciones en la región, dando facilitaciones al pueblo en general y creando considerables beneficios socioeconómicos. La presunta acusación de que China es “un país con mayor riesgo en materia de ciberseguridad” es totalmente absurda e infundada.
  5. Costa Rica es el único socio estratégico de China en Centroamérica. Durante los 16 años desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, las relaciones China-Costa Rica han logrado fructíferos resultados gracias a los esfuerzos de ambas partes, traducidos en beneficios para ambos pueblos. China es el segundo socio comercial de Costa Rica. Los productos que exporta Costa Rica a China se han aumentado de unas 10 variedades al inicio de las relaciones diplomáticas a más de 200 en la actualidad. Los proyectos con cooperación china como el Estadio Nacional, la Escuela Nacional de Policía y la Planta Potabilizadora Cañas-Bebedero se han convertido en proyectos emblemáticos de la amistad entre ambos países, y se están impulsando y abordando muchos otros proyectos de cooperación. Son amplias las perspectivas de cooperación.

Apreciamos altamente que las diputadas y los diputados de distintos partidos políticos integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa han persistido en una posición objetiva y justa y han hecho evaluaciones objetivas y positivas sobre las relaciones sino-costarricenses.

Estamos a la expectativa de que los distintos sectores de la sociedad costarricense no se dejen engañar por las maniobras políticas de unas pocas personas, y continúen haciendo esfuerzos conjuntos con la parte china para salvaguardar las relaciones bilaterales entre China y Costa Rica.

Fuente: http://cr.china-embassy.gov.cn/esp/ndle/202310/t20231013_11160320.htm

Compartido con SURCOS por Claudio Monge Pereira.

Cuba: Defenderse es Necesario

Lic. José A. Amesty R.
20-agosto-2021

Los EEUU no contentos con el bloqueo económico y la guerra mediática, entre muchos otros, utilizan ahora, contra Cuba, las tecnologías (las plataformas digitales), como armas de guerra no convencional, para continuar agrediendo a la mayor de las Antillas.

Por ejemplo, se han identificado y denunciado desde suelo norteamericano, transmisiones de estaciones de radio, promoviendo contenido desestabilizador, propiciando el desorden público y la violencia, noticias falsas, desinformación y tergiversando la verdad sobre Cuba heroica.

A su vez, monopolios informativos como Facebook, Youtube, Twitter y otros, han violado sus propias normas, permitiendo en sus plataformas, mensajes violentos y llenos de odio contra el país caribeño.

También, varias instituciones gubernamentales, recibieron recientemente ciberataques como, por ejemplo, el sitio de la Presidencia, al cual se le trató de negar el espacio digital, y lo mismo sucedió con medios de comunicación, como Granma y Cubadebate.

Al interior de Cuba, existen 60 sitios webs bloqueados para el país, vinculados con procesos de capacitación, formación profesional, comercio electrónico y hasta de comunicación interpersonal, a lo cual se le agrega la imposibilidad de importar tecnología, con más de un 10 por ciento de componente estadounidense.

En este mismo orden de ideas, los EEUU han auspiciado últimamente el acceso gratis de internet en el país, con la sola intención de manipular y controlar la desinformación, el incitar al odio y a la violencia, así como para buscar proveer a los cubanos de la oposición, un servicio paralelo de internet gratuito, violando la soberanía nacional y propiciando la subversión.

Para defenderse y blindarse, Cuba acaba de actualizar su marco jurídico en materia de telecomunicaciones, y entre los aspectos esenciales potencia el modelo de actuación ante incidentes de ciberseguridad, una cuestión que no es exclusiva hoy de la isla caribeña.

Recalcamos y puntualizamos que esta herramienta jurídica, es para el ciber acoso, las noticias falsas, bloqueos masivos de cuentas en redes sociales, pornografía, ciber terrorismo, ciber guerra y subversión social, entre otros.

El instrumento legal aprobado es el, Decreto-Ley No 35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico”. Esta resolución pretende garantizar, a través de la gestión de incidentes, la prevención, detección y respuesta oportuna ante posibles actividades enemigas, delictivas y nocivas que puedan ocurrir en el ciberespacio.

Los objetivos generales del presente Decreto-Ley son los siguientes: a) Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución; b) impulsar el uso de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a estas, en lo adelante telecomunicaciones/TIC, para contribuir al desarrollo político, económico y social del país; además de asegurar progresivamente la fiabilidad, la estabilidad y la seguridad de sus redes y servicios; c) fortalecer la soberanía en la utilización del espectro radioeléctrico en el territorio nacional; d) satisfacer las necesidades generales del Estado y el Gobierno y las relacionadas con la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil en materia de las telecomunicaciones/TIC y del uso del espectro radioeléctrico; e) promover el progreso armónico y ordenado de las redes y los servicios de telecomunicaciones/TIC en función del desarrollo de la informatización del país; f) garantizar el desarrollo y la convergencia tecnológica en el uso de las telecomunicaciones/TIC, así como priorizar la implementación de redes de banda ancha; g) proteger los intereses de los ciudadanos y asegurar el acceso a los servicios de telecomunicaciones/TIC y los derechos constitucionales; en particular el principio de igualdad, privacidad y secreto en las comunicaciones; h) promover y facilitar el uso de las telecomunicaciones/TIC y del espectro radioeléctrico para mejorar las condiciones de vida de la población; i) facilitar el trato adecuado a sus condiciones en el caso de las personas con necesidades especiales, de acuerdo con las características y disponibilidad de capacidad de cada tipo de servicio de telecomunicaciones/TIC; j) elevar la ciberseguridad para salvaguardar que el uso de los servicios de telecomunicaciones/TIC y del espectro radioeléctrico no atenten contra la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros; k) resguardar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones de servicio público en la explotación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones/TIC, así como de las obligaciones del servicio universal de estas; l) garantizar una utilización eficaz de los recursos limitados o escasos de telecomunicaciones/TIC; m) integrar la investigación, desarrollo e innovación en el sector para la evolución de las redes, los equipos, dispositivos, aparatos y servicios de telecomunicaciones/TIC y la gestión del espectro radioeléctrico; y n) preservar el desarrollo del capital humano asociado a la actividad.

Por supuesto, de inmediato EEUU, ha catalogado la Ley como un atentado contra los Derechos Humanos, pero es un modelo que opera en prácticamente todos los países: la lucha contra la desinformación y la ciberseguridad.

Y es que esas disposiciones no son nuevas en el mundo. Muchos países, organizaciones mundiales y regionales ya se habían referido al combate de la desinformación y la ciberguerra, como un aspecto fundamental en el trabajo de cualquier Estado.

Por ejemplo, la Unión Europea tiene su equivalente, desde 2018, denominada: el Plan de Acción contra la Desinformación.

Es más, en una resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 31 de diciembre de 2020, en cuanto a los avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de seguridad nacional, dicho ente señala que “los Estados tienen el deber y el derecho de combatir la difusión de noticias falsas”.

Igualmente, en el contexto de la pandemia de Covid-19, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicó un artículo en el cual llamaba a los gobiernos a adelantarse y liderar la lucha contra la información falsa, incendiaria y engañosa que amenaza con empeorar los graves efectos de la enfermedad.

En España, también existe un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, publicado desde octubre de 2019, y que identifica los organismos y autoridades que forman el sistema y marca el procedimiento de sus actuaciones para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta y evaluación de la desinformación.

Francia posee una ley para, “proteger la vida democrática de las fake news”, con especial atención a los procesos electorales, y mediante la cual se puede multar con más de 40 mil euros y hasta cárcel a quienes la infrinjan.

En América Latina, también existen varios ejemplos como Nodio, un Observatorio argentino de la desinformación y la violencia simbólica, en medios de prensa y plataformas digitales.

Asimismo, el Parlamento de Nicaragua, aprobó desde octubre de 2020, una ley contra los ciber delitos para hacer frente a crímenes cibernéticos, como el hackeo, robo de identidad o espionaje informático, pero también a aquellas personas que difundan información falsa.

Uruguay y Alemania, también tienen una ley similar, para regular y combatir dichos delitos.

Y aunque parezca increíble, aunque no es extraño, la misma Ley-Decreto 35, mencionada, ha sido atacada, con los mismos protagonistas, el mismo operador y los mismos objetivos desestabilizadores, de la siniestra etiqueta #SOSCuba. La maquinaria de ciberguerra contra Cuba, ha vuelto a lanzar este 17 de agosto, una operación en redes digitales, tratando de utilizar manipuladoramente el nuevo Decreto Ley, para la protección de la soberanía nacional y los derechos ciudadanos en el ciberespacio que acaba de emitir nuestro país.

La misma cuenta guía (@agusantonetti), que los días 9 y 10 de julio, lideró aquella campaña, la del Sr. Agustín Antonetti, de la Fundación Libertad de Argentina, encabeza la nueva manipulación. Seguida por otras que también participaron en la misma, están recibiendo miles de retuits con una etiqueta contra ese Decreto Ley, que solo pueden ser fruto del uso de bots (aplicaciones automatizadas para generar miles de repeticiones), con el objetivo de aparentar una protesta masiva contra la legislación y colocarla artificialmente como tendencia en las redes.

Como señalara el investigador español Julián Macías Tovar, al analizar los procesos en las redes que antecedieron a los sucesos del 11 de julio, “Antonetti ha sido un activo participante en las campañas de bulos y bots en redes sociales, contra los procesos de izquierda en América Latina, entre ellos contra el del boliviano Evo Morales y el mexicano Andrés Manuel López Obrador”.

En síntesis, Yohanka Rodríguez, coordinadora del Centro de Seguridad del Ciberespacio de Cuba, señaló que en la actualidad hay un aumento de ciberataques en el mundo, de allí la necesidad de compartir experiencias, coordinar acciones y combatir ese tema.

En ese sentido, Cuba ha hecho grandes esfuerzos para aumentar la seguridad, y fortalecer el ciberespacio nacional e integrar las capacidades existentes, para detectar y contrarrestar los eventos cibernéticos nocivos.

Reiteró que como han expresado sus máximos dirigentes, el gobierno cubano se opone enérgicamente al uso del ciberespacio, como polígono de guerra y como plataforma para la subversión política, y fue enfática al afirmar que Cuba jamás ejercerá de manera unilateral acciones de este tipo contra otros Estados.

Rodríguez reclamó la integración de los esfuerzos internacionales, que permitan el logro de un ciberespacio seguro y un marco jurídico que garantice enfrentar las ciberamenazas.

Es necesario presentar iniciativas que permitan contrarrestar estos peligros, puntualizó la especialista, que ve en la capacitación de los recursos humanos y en la elevación de la cultura de ciberseguridad en todos los ciudadanos, elementos fundamentales sobre este aspecto.

“Falta mucho por hacer, como la adopción de posiciones comunes y convertir al ciberespacio en un lugar seguro y fiable y que Internet sea un instrumento para la paz y no para la guerra”, señaló Yoanka Rodríguez.

Así mismo, la ministra cubana de Comunicaciones Mayra Arevich Marín, enfatizó que “apostamos por una sociedad digital justa, no para alimentar odio y subversión, sostenible y que aporte al desarrollo del país”, así como: “defender nuestro ciberespacio y tener una internet ética para nuestra población”.

Finalmente, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, no constituye una opción para las fuerzas de izquierda, sino un imperativo de primer orden, porque la construcción de un discurso es parte de la guerra simbólica, de los contenidos que contribuyen a disminuir la brecha digital que sufren nuestros países.