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Etiqueta: CIDH

CIDH da curso a petición contra estado costarricense por inadecuados procesos de elección de magistraturas

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

  • Demandantes reclaman proceso transparente de elección que garantice la independencia judicial

El pasado 09 de agosto del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tramite a la petición P-1923-19 (Enrique Napoleón Ulate Chacón y otros), y notificó a Costa Rica por la presunta violación de varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los procedimientos y requisitos (metodología) para el nombramiento de magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. Le otorgó al Estado costarricense un plazo de tres meses para dar respuesta a la petición.

Algunas de las personas peticionarias participaron en varias convocatorias abiertas por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) de la Asamblea Legislativa para llenar vacantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En este marco, se enfrentaron a procesos que no cumplen con las obligaciones internacionales a las que se comprometió Costa Rica, por ejemplo, se les excluyó de manera arbitraria, no hubo una evaluación objetiva de los atestados ni tampoco de la entrevista, las votaciones se realizaron de manera secreta y sin motivación alguna, irrespetándose también el principio de paridad de género.

Además, entre las personas peticionarias se encuentran ciudadanos y ciudadanas que cuestionaron las metodologías aprobadas por la CPEN ante la Sala Constitucional alegando que tienen el derecho de contar con tribunales idóneos que resuelvan sus conflictos apegados solo al Ordenamiento Jurídico, sin embargo, el órgano constitucional rechazó la acción interpuesta. En general, la jurisprudencia de dicha Sala ha sido consistente en dar a la Asamblea Legislativa un cheque en blanco para nombrar las magistraturas sin que se cumpla con los estándares internacionales, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica.

Sobre la petición, el señor Enrique Ulate Chacón manifestó: “Este paso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está orientado a consolidar y defender uno de los pilares básicos de cualquier régimen democrático de derecho: la independencia judicial. El Estado costarricense tiene un compromiso histórico, urgente e ineludible en este tema: modificar el sistema de nombramiento imperante por uno que resguarde los principios del Estado de Derecho y sea acorde a los estándares internacionales, esa es nuestra principal motivación”.

Información relevante sobre el caso:

¿Quiénes son las personas peticionarias (así se les llama a las demandantes)?

Nueve personas presentaron la petición: Enrique Ulate Chacón, Yerma Campos Calvo y J.Q.C, además los y las ciudadanas Walter Antillón Montealegre, Gabriela Arguedas Ramírez, Larissa Arroyo Navarrete, Alda Facio Montejo, Héctor Ferlini-Salazar, y Arnoldo Mora Rodríguez.

¿Cuáles son los derechos y obligaciones que han sido incumplidos por el Estado costarricense?

Deber de adoptar normas internas (artículo 2), garantías judiciales (artículo 8), derechos políticos (artículo 23), igualdad ante la ley (artículo 24) y tutela judicial efectiva (artículo 25), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Qué es lo que buscan las personas peticionarias?

Se pretende que la Comisión Interamericana y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordene al Estado costarricense adoptar medidas para reformar el sistema de elección de magistraturas de manera que se garantice la independencia judicial.

¿Qué sigue en el proceso?

Costa Rica tiene tres meses para rendir su informe ante la CIDH, posteriormente este órgano analizará si se cumplen todos los requisitos de admisibilidad y eventualmente emitirá un informe de fondo en el que determinará si el Estado de Costa Rica incumplió con sus obligaciones, además, dará recomendaciones al Estado. Si se incumplen, el caso será elevado ante la Corte IDH.

CIDH analizará situación de 60 personas beneficiarias de medidas cautelares en Nicaragua

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este viernes 24 de junio, a las 9:00 a.m. (hora de Nicaragua), 11:00 a.m. hora de Washington DC, tendrá lugar una Audiencia Pública en la cual las organizaciones solicitantes expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones de derechos humanos que sufren en Nicaragua las personas que se encuentran privadas de libertad por motivos políticos. La Audiencia se enfocará en 10 medidas cautelares otorgadas por la CIDH que cubren a un total de 60 personas, 44 de las cuales permanecen privadas de libertad.

Durante la audiencia se presentará información actualizada sobre los siguientes temas:

  • Condiciones de encarcelamiento que constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes
  • Estado de salud de las personas presas
  • Situación particular de las mujeres beneficiarias de medidas
  • Riesgos para familiares y personas encarceladas
  • Otros

La Audiencia se celebrará de manera virtual y podrá seguirse en directo, en idioma español, en las redes sociales de la CIDH. Invitamos a seguirla y a acompañar a las organizaciones utilizando las etiquetas
#SOSNicaragua y #CIDHAudiencias

La CIDH analizará la situación de derechos humanos y Estado de Derecho en El Salvador

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este jueves 23 de junio, a las 9:00 am (hora de El Salvador), 11:00 am hora de Washington DC, tendrá lugar una Audiencia Pública en la cual las organizaciones solicitantes expondrán sobre las violaciones de derechos humanos que se han documentado en El Salvador en el contexto del Régimen de Excepción.

Durante la audiencia se presentará información actualizada sobre los siguientes temas:

  • Detenciones arbitrarias
  • Comunidades y poblaciones afectadas
  • Condiciones carcelarias
  • Personas fallecidas bajo tutela del Estado
  • Otros

En la audiencia participarán las organizaciones peticionarias: Aministía Internacional, Asociación Azul Originario (AZO), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Cristosal, Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Servicio Social Pasionista (SSPAS), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y la Organización de Mujeres Salvadoreñas para la Paz (ORMUSA),

La Audiencia se celebrará de manera virtual y podrá seguirse en directo, en idioma español, en las redes sociales de la CIDH. Invitamos a seguirla y a acompañar a las organizaciones utilizando las etiquetas

#ElSalvador #RégimenDeExcepción #CIDHAudiencia

Enlace a la página de Facebook: https://es-la.facebook.com/CIDH.OEA 

Enlace a la página de  twitter: https://twitter.com/CIDH?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Programa Voces y Política. Recuperaciones territoriales de los pueblos originarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este miércoles 25 de mayo de 2022 el programa Voces y Política Radio Universidad 96.7 FM abordó el tema “Recuperaciones territoriales de los pueblos originarios”, con la participación de Elí Ortiz Torres del Consejo Iriria  Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra); Heylin Figueroa Calderón del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa de Salitre; Felipe Vargas y Jeison Ríos Ríos, personas recuperadoras de China Kichá.

Las comunidades indígenas han resistido desde hace siglos en luchas por sus territorios ancestrales. Los pueblos originarios pasaron de tener un 100% del territorio, a tener reconocidos por ley un 6.4% del territorio nacional actual. En los 90s iniciaron las luchas por la autonomía de los pueblos indígenas, que años después desembocaron en procesos de recuperación territorial al norte y sur de Costa Rica. Sin embargo, la usurpación continua; siguen robando tierras a indígenas propietarios legalmente.

Por décadas, la inacción, la omisión y la impunidad han marcado la relación del Estado con los pueblos indígenas. La mayor evidencia es el incumplimiento de la ley indígena en temas de tierra, sobre todo en saneamiento territorial. Dos asesinatos, 17 líderes y lideresas amenazados de muerte, más de 86 incidentes de violencia solamente en 2020 evidencian la amenaza que enfrentan estos pueblos.

Esto causó que en 2015 (con reiteración en 2016) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenara al gobierno tomar medidas especiales para proteger de la violencia y las amenazas de ocupantes ilegales a los indígenas. Lamentablemente, este proceso se caracteriza por una impunidad histórica.

Los invitados de los pueblos originarios relatan cómo eran sus territorios antes de la recuperación y platican sobre su identidad y vínculo con sus tierras pese a los diferentes conflictos. Además, señalan la dificultad de todas las recuperaciones de territorio, la escasa información y el poco apoyo con el que cuentan los pueblos indígenas.

La recuperación de los territorios también conlleva un desarrollo en otras áreas relevantes del buen vivir, como temas sociales, de educación, y de salud. Cabe destacar que contar con sus tierras les ha permitido retomar tradiciones propias, preparación en labores únicas dentro de la cultura (por ejemplo, cantores), y enseñanza de su herencia indígena a los niños de la comunidad. No hay que olvidar que no solamente se trata de recuperación de tierra, sino recuperación de su identidad y cultura indígena.

El relato del recorrido de estas poblaciones a través de la voz de sus propios protagonistas caracterizó el programa de radio.

Puede ver la transmisión completa del programa en https://www.facebook.com/vocesypoliticaucr/videos/1418998398514173

Pronunciamiento sobre Norma Técnica del Aborto Terapéutico

Escrito en . Publicado en Derechos.

Montserrat Sagot: «Creo que la señora Ministra de Salud no está enterada, pero la implementación de la Norma Técnica del Aborto Terapéutico es el resultado de una demanda que presentó Aurora en contra del estado de Costa Rica frente a la CIDH por haberla torturado negándole un aborto terapéutico de un embarazo inviable. En ese sentido, la Norma Técnica fue desarrollada como resultado de ese proceso porque se demostró que Aurora había sido sometida a un trato sumamente dañino e injustificado al obligarla a llevar a término un embarazo en el que el feto no tenía pared abdominal y tenía todos los órganos expuestos. Si el gobierno sigue adelante con sus promesas hechas a la Conferencia Episcopal y a los evangélicos de revisar la Norma Técnica, no solo estaría incumpliendo los mandatos de la Corte Interamericana, lo cual sería terrible, sino que estaría poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres con embarazos inviables y le daría muchas oportunidades a los sectores más conservadores de avanzar en su agenda de retrocesos e imposiciones a las mujeres y a otros sectores».

Tomado del muro de Facebook de Montserrat Sagot.

Fuente: facebook.com

 

Compartido con SURCOS por Oscar Jara Holliday.

Resolución de Corte Interamericana pone en entredicho leyes anti huelgas en el continente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Trabajo.

Artículo publicado en Semanario Universidad

Por Daniela Muñoz Solano | danielavms@gmail.com

8 abril, 2022

La CorteIDH condenó al estado guatemalteco por despedir a 65 trabajadores del Organismo Judicial de ese país por participar en un movimiento de huelga que fue declarado ilegal. 

Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría poner freno a las legislaciones que pretenden restringir el derecho de huelga en distintos países, incluyendo Costa Rica.

El pasado 26 de enero de 2022 la mencionada Corte comunicó la sentencia en el caso «Extrabajadores del Organismo Judicial Vs. Guatemala» e informó que encontró al estado de ese país responsable internacionalmente «por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 65 personas extrabajadoras del Organismo Judicial de Guatemala despedidas por su supuesta participación en un movimiento de huelga que fue declarado ilegal».

La Corte IDH resolvió de manera unánime que ese Estado era culpable por la violación a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de los demandantes y también, acordó por mayoría (seis votos contra uno) condenar a Guatemala por violar el derecho a la huelga, la libertad de asociación, la libertad sindical, el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral.

La huelga de los trabajadores del Organismo Judicial se dio en 1996 y fue declarada ilegal por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, por lo que los participantes fueron despedidos. La Corte Interamericana resolvió que al «haber ejecutado los despidos como consecuencia directa de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, sin un procedimiento previo e individualizado, violentó el derecho al debido proceso de las víctimas». Además, al no establecer un procedimiento claro para que se impugnara la declaratoria de ilegalidad de la huelga, la Corte consideró que el estado violentó el derecho a la protección judicial.

El tribunal internacional indicó que «el criterio de legalidad de la huelga es un elemento central respecto de la posibilidad de ejercicio del derecho de huelga», por lo que las condiciones y requisitos que la legislación establezca para que una huelga se considere legal «no deben ser complicados al punto de producir que en la práctica resulte imposible una huelga legal».

«Si bien se pueden establecer condiciones para ejercer el derecho de huelga en el marco de la negociación colectiva, estas condiciones deben ser razonables y en ningún momento deben afectar el contenido esencial del derecho de huelga, o la autonomía de las organizaciones sindicales», indicó el Tribunal, que también señaló que la legislación del momento establecía «limitaciones arbitrarias» al derecho de huelga, a la libertad de asociación, a la libertad sindical y afectaba el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral.

Esta resolución, según representantes de organizaciones sindicales y especialistas en temas judiciales podrían poner en jaque las normativas que pretenden restringir las huelgas en la región, como es el caso de la Ley N° 9808 «para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos», mejor conocida como Ley Anti Huelgas.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) celebró la sentencia afirmando que «su afiliación puede estar segura» tras la resolución. «Anep se viene preparando para litigar en la Corte IDH por las violaciones de Derechos Humanos que vienen ocurriendo en el país. Será un precedente de gigantesco impacto político-social y económico», comunicó la organización.

En entrevista con UNIVERSIDAD, el secretario general de la organización, Albino Vargas, dijo que el sindicato en conjunto con el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos está preparando litigios sobre derechos humanos a nivel internacional. Entre otros temas, esperan llevar ante la corte violaciones al derecho de huelga, a la negociación colectiva, al salario mínimo (incluso en el sector privado) y violaciones a derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas que consideran, se dan con la aprobación de la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y la Ley marco de empleo público.

«Esto que resolvió la Corte en el caso de Guatemala es un anticipo de las vicisitudes que enfrentará el estado costarricense por emitir legislación violatoria de los derechos humanos consagrados en el sistema internacional», dijo el sindicalista.

Además recordó que en mayo del 2021 la misma corte emitió una opinión consultiva sobre la libertad sindical, el derecho de huelga y negociación colectiva (OC-27/21) que es de acatamiento obligatorio para el país, lo que sumado a la reciente sentencia, dice, «augura la muerte de la Ley Anti Huelgas».

«Esta Opinión Consultiva llegó en un momento importante porque es que la Sala renunció a la defensa de los derechos sociales que consagra la constitución y está alineada al poder económico y dominante, que es de corte neoliberal», agregó.

El sindicalista dijo que así como el país tuvo que incorporar, «en contra lo que querían el Ejecutivo, la Sala y la Asamblea Legislativa» el matrimonio igualitario y la fertilización in vitro a la legislación como consecuencia de decisiones de la CorteIDH, esperan que «pasen cosas semejantes en relación con derechos sindicales, salario mínimo, derecho a la huelga e incluso, en el caso de las condiciones en las pensiones».

Jorge Morales, jurista y ex secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), comentó que aunque las organizaciones del Poder Judicial aún no han realizado un análisis minucioso de la resolución, sí consideran que «llama poderosamente la atención pues sienta un importante precedente».

Además, recordó que durante la discusión de la mencionada ley, se emitieron informes por parte del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye; el Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clement Nyaletsossi Voule; y el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, señalando la incompatibilidad del texto con los tratados de Derechos Humanos de los que Costa Rica es firmante.

«Sin duda —dijo Morales— esta sentencia es un elemento importante que debe tomarse en cuenta. Las nuevas autoridades costarricenses deberían poner las barbas en remojo, viendo que las del vecino están ardiendo, esto debería ser motivo de alarma porque una condenatoria en cuanto a desprestigio, costos y demás sería peor incluso en términos fiscales, que la derogación o modificación de esas normativas que vulneran derechos», dijo.

 

Imagen ilustrativa.

Gabriel Pimenta: por el derecho a defender derechos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado de prensa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una audiencia pública los días 22 y 23 de marzo sobre el caso Gabriel Sales Pimenta vs Brasil. La audiencia comenzó a las 11:00 am de Brasilia y fue transmitida en vivo por las redes sociales de la Corte Interamericana.

Gabriel Sales Pimenta nació en Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, en noviembre de 1954. Hijo de Geraldo y Maria da Glória, tenía seis hermanos: Sérgio, Zé, Marcos, Rafael, André y Daniel. A lo largo de su vida estudiantil estuvo muy involucrado en los procesos políticos donde mostró mucho interés por los desafíos que planteaba el derecho a la tierra en el país. Se graduó en Derecho en la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF) y luego trabajó en la defensa de los derechos de los trabajadores rurales en el estado de Pará donde fue asesinado el 18 de julio de 1982, luego de recibir varias amenazas.

Los sospechosos de ser autores intelectuales y materiales del asesinato fueron identificados, pero nunca llevados al juicio. El proceso terminó con la prescripción de los principales imputados 24 años después del crimen, fruto de la indulgencia y connivencia del Estado, que incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Pastoral da Tierra (CPT) denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006 y, recientemente, el caso llegó a la Corte.

Aunque han pasado casi 40 años desde el asesinato de Gabriel, su caso ilustra un patrón de violaciones cometidas por el Estado brasileño contra los defensores de los derechos humanos, especialmente los que trabajan por el derecho de acceso a la tierra y al medio ambiente.

Según datos de la CPT, de 1980 a 2020, 115 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el estado de Pará. De ese total, sólo 26 de ellos tuvieron sus causas concluidas y sólo algunos de los responsables de los crímenes fueron juzgados.

La impunidad de estos crímenes alimenta la violencia en el campo y la persecución contra las personas defensoras que luchan por la justicia, la igualdad y la democracia. Brasil es el tercer país del mundo con mayor tasa de homicidios de defensores de derechos humanos según la organización Front Line Defenders y hasta la fecha no existe en el país un mecanismo efectivo para la prevención y protección de estas personas, ni datos oficiales sobre su ocurrencia.

El caso de Gabriel permite a la Corte Interamericana analizar el deber agravado del Estado brasileño de investigar, juzgar y, eventualmente, condenar a los responsables de crímenes contra defensores de derechos humanos en Brasil, así como la necesidad de adoptar medidas de debida diligencia en la persecución de estos delitos.

Asimismo, se discutió la falta de adopción por parte del Estado de medidas efectivas para atacar las causas estructurales de esta violencia, como es el derecho a la tierra. Igualmente, el caso garantizará el derecho a la verdad sobre lo sucedido a Gabriel y la responsabilidad del Estado por la denegación de justicia.

De ser condenado, se espera que la Corte Interamericana determine que el Estado brasileño debe adoptar medidas tales como fortalecer el programa de protección de defensores de derechos humanos y establecer protocolos para la actuación diligente en estos casos, con el fin de prevenir estos crímenes y que casos como el de Gabriel Pimenta no se vuelvan a repetir.

Enlace para la audiencia:

https://www.facebook.com/CorteIDH/videos/383917843277714

 

Compartido con SURCOS por CEJIL.

Audiencia pública: “Situaciones de los derechos humanos en el contexto de impunidad en Nicaragua”

Escrito en . Publicado en Derechos.

#NicaraguaEnImpunidad

CIDH analizará situación de derechos humanos en el contexto de impunidad en Nicaragua y la necesidad de adoptar mecanismos extraordinarios de verificación y rendición de cuentas.

Este lunes 14 de marzo, a las 9:00 am (hora de Guatemala), 11:00 am hora de Washington DC, tendrá lugar una Audiencia Pública en la cual las organizaciones solicitantes expondrán la grave situación de derechos humanos que impera en Nicaragua en un contexto de impunidad.

Durante la audiencia se presentará información actualizada sobre los siguientes temas:

  • Graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018 y la impunidad en la que éstas permanecen.
  • Restricciones al derecho de las personas a votar y ser votadas que impide el ejercicio de la democracia y la ausencia de mecanismos para acceder a la justicia electoral.
  • Cooptación del sistema de administración de justicia.
  • Medidas legislativas que promueven la impunidad e impiden el escrutinio público. Necesidad de la adopción de mecanismos extraordinarios internacionales de verificación y rendición de cuentas.

En la audiencia participarán las organizaciones peticionarias Centro de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y Urnas Abiertas. El Estado está llamado a comparecer, sin embargo, no hay seguridad de que asista.

La Audiencia se celebrará de manera virtual y podrá seguirse en directo, en idioma español, en las redes sociales de la CIDH.

Invitamos a seguirla y a acompañar a las organizaciones utilizando las etiquetas #NicaraguaEnImpunidad, #SOSNicaragua y #MecanismoParaNicaragua

“Navidad en familia, libertad para las personas secuestradas políticas en Nicaragua” – carta a la CIDH

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

16 de diciembre del 2021

Señores y señoras
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington D.C.

Reciban un cordial y respetuoso saludo.

El objetivo de la presente es solicitar su apoyo a la campaña “Navidad en familia, libertad para las personas secuestradas políticas”, promovida por organizaciones sociales nicaragüenses y latinoamericana que hemos elevado la voz por los más de 160 opositores encarcelados por enfrentarse al régimen que gobierna actualmente en Nicaragua.

Una nueva ola de terror y secuestro se registra antes y después de las elecciones del 7 de noviembre del 2021 en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan con las detenciones arbitrarias, hostigamiento policiales y paramilitares, persecución y allanamientos contra las voces críticas de su gobierno, que demandan un cambio en el país centroamericano, así como gran cantidad de personas obligadas a exiliarse.

La defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, describió como una “cacería” las últimas acciones llevadas a cabo por el régimen contra opositores en Managua, la capital nicaragüense, y otras dentro del país centroamericano. “Hay una cacería en Managua, no solamente aquí en Managua (la capital), sino que también en los departamentos, nosotros tenemos casos que estamos siguiendo desde Chinandega, Estelí, Ocotal, Nueva Segovia, entonces esto es todo el país (…) Todos vivimos con la expectativa de que en cualquier momento a cualquiera pueden agarrar”, dijo Núñez en entrevista radial.

“La gente está manejando con temor (la situación), …con la expectativa de que si no denuncian… los pueden sacar… la denuncia pública es la única estrategia de defensa de derechos humanos que hay ahorita en Nicaragua, porque los recursos y los tribunales no funcionan, no hay a quién recurrir y si recurrís no te hacen caso”, reiteró la presidenta del CENIDH. El CENIDH registró 32 detenciones y allanamientos en las viviendas de opositores en el periodo del 5 al 8 de noviembre, algunos de ellos fueron liberados y otros tantos acusados en los tribunales del régimen donde se les abre “juicios revestidos de irregularidades”.

Según la presidenta del CENIDH se están desarrollando varios escenarios de represión en el país centroamericano, con relación a las personas presas políticas. Existe un grupo de presos políticos, detenidos a partir de la crisis sociopolítica de abril 2018, es decir antes del contexto electoral, que están en las cárceles del Sistema Penitenciario en condiciones que empeoran cada día debido a “limitaciones, obstáculos y humillaciones” a los que son sometidos, al igual que sus familiares.

Un segundo escenario lo conforman el grupo de personas presas políticas que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El nuevo Chipote”, en Managua, donde son sometidos a métodos de “tortura”, están recluidos/as de manera absolutamente ilegal sin ningún proceso judicial y sin que se le permita acceso a sus familias o abogados y un tercer grupo están bajo arresto domiciliar. “La situación en la que se encuentran es grave y aberrante en cualquier sistema jurídico, están presos indefinidamente y se dieron el lujo de poner en su expediente que se suspendía el juicio por fuerza mayor declarando prácticamente la detención indefinida”, según la Sra. Vilma Núñez.

Entre las personas detenidas destacamos la situación de la comandante sandinista y exministra de salud Dora María Téllez, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, la periodista Cristiana Chamorro, y el comandante guerrillero Hugo Torres. Varios integrantes de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco fueron detenidos de manera arbitraria, ilegal, violenta y sin una orden judicial que informe los motivos de sus detenciones, como ha sido los casos de Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez Meza, Lesther Alemán Alfaro, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri Chamorro y Michael Healy Lacayo, Alex Hernández, y Roger Reyes, Harry Chávez, Samantha Jirón entre otras. Han detenido personas con serios problemas de salud que no están siendo atendidos como es el caso de la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto Centeno, detenida el pasado 6 de noviembre.

Los familiares de los y las presas políticas han denunciado que se encuentran en condiciones carcelarias inhumanas y bajo tortura. Reciben pocos alimentos y de muy mala calidad, lo que ha generado que algunos de ellos hayan perdido hasta 40 libras de peso en un periodo de 3 meses. No se les permite hablar, están sometidos a un aislamiento prolongado o permanente en celdas de castigo, sin exposición a luz solar y sin condiciones mínimas de higiene. Tampoco tienen acceso a sábanas, frazadas y objetos de cuido personal o material de lectura. Además, se les someten a múltiples interrogatorios diariamente, con lo que se les tortura psicológicamente, se les humilla y les insinúan que están solos y han sido abandonados por sus familiares.

Esta situación ha deteriorado rápidamente la salud mental y física de los y las presas políticas, por lo que se teme que, de no tomarse medidas urgentes para cambiar estas condiciones, podrían sufrir secuelas físicas y emocionales permanentes, o morir en prisión.

En razón de lo anterior, nos dirigimos a ustedes para solicitar su intervención en esta grave situación y recurrir a todas las medidas y potestades con que cuenta la Comisión, para exigir respeto de los derechos humanos y la liberación efectiva de las personas detenidas, así como colocar en consideración una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno nicaragüense.

Sabemos de la sensibilidad social y compromiso de la Comisión y de la Corte Interamericana frente a estos abusos de poder y crímenes estatales y confiamos en contar con su colaboración en este proceso.

La presente comunicación se la hacemos llegar personas y organizaciones de diferentes países que nos encontramos angustiadas con esta situación y sabemos que poco se puede hacer al interior de un gobierno ilegítimo e ilegal como el de Ortega.

En constancia firman,

CANOA Habitar Popular
Sandra Gallo Docente – Educadora Popular
Mercedes Mayol Lassalle Docente
Mabel Bianco Médica MPH epidemióloga
Marcela Browne Psicóloga social
AREPA Colectiva de artistas, Educadorxs Populares y Comunicadorxs Populares Bolivia
Oficina Jurídica para la Mujer ONG de defensa de DD.HH
Julieta Montaño Abogada defensora de DH.HH
CLADEM CLADEM
Marvis Misler Concejal
Marisol España Barrios Abogada
Instituto Camélia Processos de formação e assessoria Chile
Corporación ACCIÓN COLECTIVA EDUCACIÓN Y COMUNIDAD (ACEDUC) ONG
Soledad Rojas Ruiz Psicóloga
ONG Caleta Sur ONG
ONG Canelo de Nos ONG ambiental
Eduardo Piñones P. Profesor
Mercedes Cruz Díaz Socióloga Colombia
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación Incidencia por el Derecho a la Educación
Jorge Gómez Congresista
Marco Raúl Mejía Educador
Cátedra Paulo Freire Educación
Mauricio Archila Historiador
Jorge Diego Acosta Medico anestesiólogo, Presidente del comité de Ética del Colegio de Médicos
Luna Contreras Educadora y activista feminista
Bibiana Peñaranda Líder comunitaria
Camilo Álvarez López Educador
Consuelo Chaparro Educadora Popular
Alva Gordillo Comunicadora social
Beatriz Elena Bermúdez Comunicadora
Ignacio Holguín Docencia
Argelia Londoño Socióloga
Juan Bernal Educador
Ignacio Holguín Docencia
Beatriz del Castillo V. Socióloga
Mónica Castro Psico-orientadora
Corporación Mandala ONG
Andrea Pardo Comunicadora
Oriana Reyes
Jeisson Andres Olarte Cano Asistente administrativo
Lucía Agudelo MontoyaAA Actriz de teatro
Otto Guggenberger Ing. Mecánico
Jairo Angel Hotelero
Grupo de Educadores(as)Comunitarios(as) investigación Grupo de investigación Polifonias de la educación comunitaria y popular Costa Rica
Cep-Alforja ONG
Red de jóvenes sin Fronteras ONG
Foro de mujeres Afrodescendientes Maestra
Oscar Jara Sociólogo y educador popular
Héctor Ferlini-Salazar Comunicador
Vernor Muñoz Académico
Carlos Granados Geógrafo/profesor
Soili Buska Profesora UCR
Fabiola Bernal Socióloga y educadora popular
William Javier Ramírez Cerda Asesor PYME para proyectos productivos en resistencia.
Silvia Sánchez Psicóloga
Sandra Gallo Trabajadora Social. Docente
Carmen Espinoza Funcionaria ONG
Juan Carlos Cruz Comunicador social
Cristina Zeledón M. Consultora independiente en Derechos Humanos
Liliana Ramírez Economista
Patricia Orozco Administración
Lilliana Mdón Periodista
Lucía Cordero Miranda Profesora
Andrea Artavia Vargas Psicóloga
Mecnthild Bors Pensionada
Rebeca Esquivel Alvarado Estudiante UCR
Rainforest Language School Teacher
Susanna Breitenstein Traductora
Profesionales para la Ciudadanía ONG
Eugenia Solís Umaña Arquitecta 
Cristina Zeledón M. Consultora independiente DD.HH.
Edith Tamayo López Psicóloga
Nora González Chacón ( ACED ) Politóloga y abogada
María Trejos Montero Maestra
Eva Carazo Vargas Psicóloga social, comunicadora y educadora popular
Fabián Campos Chavarría Cuentacuentos, gestor cultural
Luis Diego Chinchilla Valverde Docente
Luis Radimir Almeida Gordones Ingeniero
Marìelos Salazar Cabezas Artesana
Inti Segura Gestor de cambio
Maria T. Ruiz-Hedstrom Trainer
Zaria Morales Herrera Estudiante de Agronomía
Carlos Solorzano Consultor independiente
Yasy Morales Chacón Historiadora y socióloga, docente de la Universidad de Costa Rica.
Eugenia Solis Umaña Arquitecta
Maricela Hinkelammert Palma Activista, defensora de DDHH
Elsa Kruse Bolaños Psicóloga
Francisco Quirós Estudiante
Juan Carlos Cruz Barrientos Comunicador social
Natalia Caro Bernal Socióloga
Klixman Soto Ulloa Trabajador Social Cuba
Marbelis González Mesa Educadora Popular Ecuador
INEPE Educación
Oscar Aguilar Soliz Educador Popular
Cecilia Viteri – Contrato Social por la Educación Ecuador Educadora
Nany Carrión Sarzosa
Josué Berrú Psicólogo
Cristina Vega Docente universitaria
Andrea Z. Rojas artista
María Jose Freire
Cecilia Viteri Educadora
Clara Merino Serrano Activista DDHH y organizaciones mujeres sectores populares
Erika Arteaga Cruz /People’s Health Movement ecosystem and health circle Médica
Lisset Coba Docente El Salvador
Ma. Beatriz Cobián Socióloga
Breny Massiel Herrera Guirola Periodista y Feminista, España
M. Gabriela Serra Frediani Presidenta del Consell Català de Foment de la Pau
Proyecto Amigo ONG
Belky Reyes Defensora de derechos humanos
Isaac Ruiz Sánchez Trabajador social
Gloria Díaz Economista Estados Unidos
Gina Patricia Heredia Román Docente
Elina Giovanna VelaSoto Antropóloga
Severo Cuba Maestro  Marmanillo
Tania Guilbert Trabajadora social
Rosa Sueiro Comunicación Guatemala
Blanca Dole Terapeuta/ Master Reiki
Ana Silvia Monzón Socióloga
Karina Chalí Licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo Honduras
Asociación civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía, ONG
Karina Chalí Licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo
Gabriela Flores Chávez México
Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente, A.C. Educación popular
Samuel Zelaya castro, Comercio Internacional
Guadalupe Macias Pérez, Educadora popular
Mayra Aguilar Educadora
Juana Pro Trabajadora Social
Davina Guadalupe Ponce Martínez, Abogada
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, ONG
Karen Paola Mora Hernández, Psicóloga
Evangelina Flores Ceceña Abogada de DDHH de las Mujeres
Yolanda Prada Miranda Bibliotecaria
IMDEC Educación popular
Beatriz Gómez B Docente universitaria
María Luisa Cuenca Abogada
Centro de Estudios Ecuménicos A.C. Psicóloga
Colectivo del periódico El Zenzontle Periodismo Nicaragua
Articulación de Movimientos Sociales AMS
Adriana Salazar Jiménez – UPREZ Bibliotecaria
Yadira Rocha Gutiérrez Pedagoga
Silvio Gutiérrez Educador
Rosa Emilia Ruiz Ruiz, Licenciada en Educación.
Mayra Aguilar Educadora
Michel Agente de ventas, Panamá
Francisco Javier Torrez Bermúdez Politólogo
Maritza Aguilar Economista
Heriberto Valdés Artes Visuales
Gladys Miller Ramírez Trabajadora social
Dora Arosemena Trabajadora social
Haydée Méndez Abogada
Daniel Holness Biólogo
Siria Martínez Trabajadora Social Jiménez Perú
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ONG
Juana Camargo G. Docente
Nélida Céspedes Rosse,l Educadora
Jorge Osorio Sociólogo, Educador Popular
Diana Miloslavich Tupac Feminista escritora defensora
Cecilia Israel La Rosa Historiadora
Mariela Jara comunicadora
Mercedes Viera Cerna. Especialista derechos personas adultas mayores
CPM Micaela Bastidas, ONG
Nora Bonifaz Carmoma, Socióloga
Rocío Silva Santisteban, Escritora y activista de DD.HH
Movimiento Manuela Ramos, ONG
Alfonso Cotera Director Ejecutivo de la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético
Tomada De León Profesora universitaria
Asociación Amar C ONG
Raquel Reynoso Rosales, Trabajadora Social
Asociación Servicios Educativos Rurales, ONG
Ana Margot Espejo López, Pedagoga
Fuerza Ciudadana Organización política
Rosa Lía Chauca Docente y Consejera psicológica
Red para la infancia y la familia, facilitadores educación popular y acompañamiento psicosocial
Marivel Saldaña Independiente
Mercedes Neves Médica- cirujano
Natalia Iguiñiz Artista visual y docente
Karen Bernedo Curadora
Ismael Vega Antropólogo
Betty Zúñiga Arbulu Educadora
Félix Rojas Orellana Antropólogo Social
Jose Tavara Economista-Profesor Universitario
Lucy Muñoz Torres Psicóloga
Eva Machado Ortiz Comunicadora
Rocío Gutiérrez Rodríguez, Obstetra
Irma del Aguila Socióloga
Sofía Macher Socióloga
Felicita Lourdes Chávez Morey, Documentalista Digital
Elga Prado Vasquez Obstetra
Tulia García Leon Agrónoma
Luisa Zanabria Cuba Educadora
Patricia Legoas Consultora
Javier Azpur Vicepresidente Asociación Arariwa
Lidia Carrión Docente
Lita Vargas Educación de Adultos
Sofía Macher Batanero Presidenta de Caminos de la Memoria
Alexis Chevez Solis Periodista / comunicador
Gino Costa Ex Congresista y ex Ministro del Interior
Asociación Ecuménica de Cuyo, ONG
Gladys Vía Huerta Obstetra
Jennie Dador Tozzini Abogada
Rómulo Torres Economista
Madeleine Zúñiga Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, Educadora
Josefina HuamanANC, Socióloga
Ana Violeta Rojas Vargas, Gestora Cultural
Juan Acevedo Fernández de Paredes, historietista y profesor
Edda María Leyva Foley Jubilada
Doris Balvin Diaz Abogada
Manuel Iguiñiz Sociólogo, Portugal
Helena Zapata Informática, Puerto Rico
Viviana Cruz McDougall

Foto del header tomada de: Infobae

Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

¡Atención comunidad universitaria!

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto con la Relatoría Especial para los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA,) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) invitan a los Estados miembros de la OEA, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia y a organismos internacionales a enviar comentarios sobre los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria.

El documento final será un instrumento que servirá como marco de referencia para la aplicación de estándares interamericanos en derechos humanos, en leyes, en políticas, y en prácticas en materia de libertad académica.

Plazo: 12 de noviembre de 2021.

Mas información: https://bit.ly/3GJHFAM

Adjuntamos imagen oficial:

 

Enviado a SURCOS por Rosaura Chinchilla Calderón.