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Etiqueta: ciencias penales

UCR: Foro de Justicia alerta sobre el proceso de nombramiento de cuatro magistrados

Publicado el . Publicado en Derechos.

  • Maestría en Ciencias Penales de la UCR se suma a la alerta por preocupación en selección de cuatro puestos vacantes de la Corte Suprema de Justicia
UCR Foro de Justicia alerta sobre el proceso de nombramiento de cuatro magistrados
Plenario de Asamblea Legislativa Foto: Semanario Universidad.

El Foro de Justicia anuncia que sigue con gran preocupación el proceso de selección de los cuatro puestos vacantes de la Corte Suprema de Justicia, un órgano que desempeña un papel crucial en el sistema jurídico de este país.

El Foro de Justicia es un espacio de análisis y propuesta conformado por actores especializados. Actualmente este espacio está integrado por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Programa Estado de la Nación (Conare -PEN), la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y la Fundación Friedrich Ebert Costa Rica (FES).

La coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rosaura Chinchilla Calderón explicó que pese a los escándalos que en las últimas semanas envuelven al Poder Judicial, los procesos de selección y nombramiento de los puestos vacantes siguen su proceso en la Asamblea Legislativa sin que se conozcan los criterios.

El pasado 20 de noviembre, el Foro envió una carta a la Comisión Permanente de Nombramientos de la Asamblea Legislativa destacando los principales estándares internacionales que deberían ser considerados para este tipo de procesos. Entre estos estándares se incluye la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación; realizar la selección con base en el mérito y en las capacidades profesionales, para lo cual la evaluación de candidatos y candidatas se debe realizar a través de mecanismos objetivos; y la necesidad de llevar a cabo la elección respetando los principios de publicidad y transparencia. Asimismo, se propuso brindar asesoría técnica a esta Comisión. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta.

El Foro lamenta que estos nombramientos sigan realizándose sin metodologías de evaluación de atestados criterios claros, y objetivos de selección, lo cual irrespeta los estándares internacionales en la materia que indican la importancia de evitar injerencias indebidas y vinculaciones político-partidarias en el Poder Judicial. Sobre todo se extraña también un mayor espacio y promoción desde la Asamblea Legislativa de la participación y el escrutinio ciudadano durante la valoración de atestados.

El Foro señala que la Asamblea Legislativa tiene el deber y una oportunidad única para asegurar que el pueblo costarricense tenga magistrados y magistradas honorables, capaces, imparciales e independientes.

Respetuosa pero vehementemente, hacemos un llamado para que en el nombramiento de estas vacantes se tenga como objetivo el fortalecer la Corte Suprema para que esta contribuya a una sociedad con justicia para todos y todas.

DOCUMENTOS

Foro de Justicia se pronuncia sobre nombramiento de magistrados

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información UCR

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Docentes de Ciencias Penales de UCR se pronuncian sobre Extinción de Dominio

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Un comunicado de un grupo de docentes de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica expresa, mediante un comunicado, varias dudas acerca del Proyecto de Extinción de Dominio que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 19571. Entre otras conclusiones, señala que el proyecto: “pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal”.

El escrito, redactado por la profesora de esa maestría doctora Patricia Vargas González, señala en sus conclusiones:

“El proyecto de extinción de dominio que se tramita bajo el expediente N° 19.571 (en su texto actualizado al 8 de febrero de 2017), pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal. A pesar de las buenas intenciones, se trata de una iniciativa problemática pues conserva su carácter penal y este inconveniente no se supera con un simple cambio de etiquetas. Su característica principal es el ejercicio del poder de imperio del Estado, lo que en Costa Rica excluye, al menos en el plano del deber ser, cualquier pretensión de regularlas ignorando los principios, derechos y garantías que se prevén en el ámbito de lo punitivo.

No se desconocen las dificultades que enfrenta el Estado cada vez que debe demostrar el vínculo entre los bienes cuya incautación pretende y una determinada actividad delictiva. Sin embargo, en ningún caso la parte acusadora debe resultar exenta de su deber de demostrar la comisión de actividades criminales, sobre todo las que se han realizado durante largos periodos. Tampoco el responsable debe ser favorecido con no ser sancionado penalmente por cometer esas actividades delictivas, bajo el entendido de que solo experimentará la pérdida de su patrimonio.

En síntesis, la respuesta no debe implicar crear vías de recuperación de activos al margen del proceso penal, exentas de todos los derechos y garantías asociados a este. Al contrario, se deben hacer las reformas dentro de este proceso, dotando al Estado de las herramientas para acabar con las riquezas de la criminalidad y, a la vez, permitiendo que la ciudadanía que pueda ser afectada esté en plenas condiciones de ejercer sus derechos. Contrario a lo que se ha asumido por muchos, el procedimiento penal no un obstáculo para la recuperación de los bienes de la criminalidad, todo lo contrario, es un instrumento que podría usarse con ese propósito siempre y cuando sea remozado”.

El comunicado de respaldo al escrito de la docente Patricia Vargas González es suscrito en un comunicado por los profesores Dr. Francisco Castillo González (Profesor Emérito); Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Decano Facultad de Derecho; Dr. Erick Gatgens Gómez, Vicedecano Facultad de Derecho; Msc. José Manuel Arroyo Gutiérrez; Dr. Álvaro Burgos Mata; Dr. Gustavo Chan Mora; Msc. Rosaura Chinchilla Calderón; Msc. Rosaura García Aguilar; Dr. Javier Llobet Rodríguez; Dr. Roy Murillo Rodríguez; Dr. Manuel Salas Rojas; y Dr. Carlos Tiffer Sotomayor.

En el siguiente enlace puede conocer el documento completo del comunicado:

Extinción de dominio

 

*Ilustración tomada de página oficial de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Información compartida con SURCOS por Nicolás Boeglin.

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UCR alerta sobre graves riesgos del proyecto de ley 20.181 “Justicia pronta y cumplida”

Publicado el . Publicado en Derechos.

Gabriela Mayorga López,

Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

UCR alerta sobre graves riesgos del proyecto de ley 20
Los expertos de la UCR hacen un llamado a los legisladores y a la ciudadanía en general para reconocer que son loables las iniciativas que tiendan a disminuir los tiempos de decisión definitiva de los casos penales, siempre que estos no afecten el mandado constitucional de una justicia “pronta” pero también “cumplida”. En la fotografia el Centro de Adulto Joven en San Rafael de Alajuela, durante una peña cultural de “Apoyo a la Población Penal Juvenil”, 2013. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Sobre el proyecto de ley No. 20.181 “Justicia pronta y cumplida”, la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) alerta sobre los graves efectos que la aprobación de este proyecto puede tener en la administración de justicia penal en Costa Rica, inclusive en detrimento de las víctimas que dice proteger.

En una declaración firmada por el decano de la Facultad de Derecho, el Dr. Alfredo Chirino Sánchez; el vicedecano Dr. Erick Gatgens Gómez; el profesor Dr. Carlos Tiffer Sotomayor; el Dr. Javier Llobet Rodríguez, la MSc. Rosaura Chinchilla Calderón, el Dr. Gustavo Chan Mora y el Dr. Álvaro Burgos Mata; se especifican los vacíos del proyecto entre ellos:

  1. Que funcionarios públicos acusados que tengan fuero de protección, que requiere ser levantado por la Asamblea Legislativa, quedarían impunes porque el trámite de levantamiento de su inmunidad es más extenso que el tiempo límite que propone el texto.
  2. El texto sigue una línea distinta a la regulada por la Corte IDH sobre el tema del plazo razonable para los procesos penales y que estos no pueden finalizar privilegiando criterios formalistas (vencimiento de plazos) por sobre el contenido.
  3. Que los plazos rígidos y cortos fijados para la “etapa preparatoria” no contempla plazos establecidos por otras leyes (como la que regula la intervención telefónica) que son superiores a los seis meses que propone el proyecto, por lo que se tendría que finalizar el proceso sin haberse concluido la investigación.
  4. El texto presenta graves deficiencias en el uso de conceptos jurídico-procesales respecto de temas esenciales, presenta contradicciones y vacíos, todo lo cual es susceptible de generar caos en la interpretación.
  5. La fijación de plazos perentorios para la etapa de debate puede atentar contra el principio de independencia judicial en la medida en que es el Tribunal el que debe valorar si acepta gestiones de partes que pueden darse fuera de los tiempos cortos que prevé el proyecto.

Los expertos de la UCR hacen un llamado a los legisladores y a la ciudadanía en general para reconocer que son loables las iniciativas que tiendan a disminuir los tiempos de decisión definitiva de los casos penales, siempre que estos no afecten el mandado constitucional de una justicia “pronta” pero también “cumplida”. Un modelo de proceso penal en un Estado Democrático de Derecho, debe dar respuesta al doble problema de la eficiencia y la garantía, buscando el punto de equilibrio entre ambos intereses.

Así, sobre los plazos en los que se desarrolla un proceso, se debe tomar en cuenta, para determinar su razonabilidad: la complejidad del asunto, la actividad procesal de los interesados (que es casuística) y la conducta de las autoridades judiciales y no debe perderse de vista el tema infraestructural, de la mayor litigiosidad (marcado por un aumento en el número de denuncias) y del incremento de delitos que se hace en la misma Asamblea Legislativa, que debe atenderse con los mismos recursos.

El proyecto de ley 20.181 fue presentado por el diputado Mario Redondo Poveda del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Actualmente, está siendo analizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa y públicamente ha sido apoyado por el fiscal general de la República licenciado Jorge Chavarría, el Presidente de la Sala Tercera, Dr. Carlos Chinchilla, el magistrado Celso Gamboa y el ministro de seguridad Gustavo Mata.

 

Información de www.ucr.ac.cr, compartida con SURCOS por Rosaura Chinchilla Calderón.

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