Un comunicado de un grupo de docentes de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica expresa, mediante un comunicado, varias dudas acerca del Proyecto de Extinción de Dominio que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 19571. Entre otras conclusiones, señala que el proyecto: “pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal”.
El escrito, redactado por la profesora de esa maestría doctora Patricia Vargas González, señala en sus conclusiones:
“El proyecto de extinción de dominio que se tramita bajo el expediente N° 19.571 (en su texto actualizado al 8 de febrero de 2017), pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal. A pesar de las buenas intenciones, se trata de una iniciativa problemática pues conserva su carácter penal y este inconveniente no se supera con un simple cambio de etiquetas. Su característica principal es el ejercicio del poder de imperio del Estado, lo que en Costa Rica excluye, al menos en el plano del deber ser, cualquier pretensión de regularlas ignorando los principios, derechos y garantías que se prevén en el ámbito de lo punitivo.
No se desconocen las dificultades que enfrenta el Estado cada vez que debe demostrar el vínculo entre los bienes cuya incautación pretende y una determinada actividad delictiva. Sin embargo, en ningún caso la parte acusadora debe resultar exenta de su deber de demostrar la comisión de actividades criminales, sobre todo las que se han realizado durante largos periodos. Tampoco el responsable debe ser favorecido con no ser sancionado penalmente por cometer esas actividades delictivas, bajo el entendido de que solo experimentará la pérdida de su patrimonio.
En síntesis, la respuesta no debe implicar crear vías de recuperación de activos al margen del proceso penal, exentas de todos los derechos y garantías asociados a este. Al contrario, se deben hacer las reformas dentro de este proceso, dotando al Estado de las herramientas para acabar con las riquezas de la criminalidad y, a la vez, permitiendo que la ciudadanía que pueda ser afectada esté en plenas condiciones de ejercer sus derechos. Contrario a lo que se ha asumido por muchos, el procedimiento penal no un obstáculo para la recuperación de los bienes de la criminalidad, todo lo contrario, es un instrumento que podría usarse con ese propósito siempre y cuando sea remozado”.
El comunicado de respaldo al escrito de la docente Patricia Vargas González es suscrito en un comunicado por los profesores Dr. Francisco Castillo González (Profesor Emérito); Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Decano Facultad de Derecho; Dr. Erick Gatgens Gómez, Vicedecano Facultad de Derecho; Msc. José Manuel Arroyo Gutiérrez; Dr. Álvaro Burgos Mata; Dr. Gustavo Chan Mora; Msc. Rosaura Chinchilla Calderón; Msc. Rosaura García Aguilar; Dr. Javier Llobet Rodríguez; Dr. Roy Murillo Rodríguez; Dr. Manuel Salas Rojas; y Dr. Carlos Tiffer Sotomayor.
En el siguiente enlace puede conocer el documento completo del comunicado:
*Ilustración tomada de página oficial de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Información compartida con SURCOS por Nicolás Boeglin.
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