Como Marita Arce Soto y Diego Retana Solano, entonces estudiantes de Trabajo Social; como Dennis Solís, educador de secundaria; como Adrián Jaén España y Manuel Alberto Villalobos Arias, profesores universitarios, multitud de costarricenses marchamos el 8 de noviembre de 2012 en defensa de una de las instituciones públicas de mayor importancia de la historia reciente de Costa Rica: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Una institución pública creada en los años cuarenta, financiada por la mayoría de la población, que funciona por el principio de la solidaridad social y por la universalidad del servicio, para brindar acceso masivo a la atención de la salud pública y a la seguridad social.
Pero resulta que solo esas cinco personas fueron procesadas judicialmente, de los miles que allí se presentaron a manifestarse, ejerciendo su derecho a la libre expresión y en defensa del derecho a la salud pública. Inicialmente fueron detenidas unas 35 personas y después el Ministerio Público les levantó un juicio penal a cinco de ellas; juicio que se realizará del 3 al 6 de abril de 2017.
¿Por qué enjuiciar a manifestantes? Los derechos a la manifestación y a la libertad de expresión de los ciudadanos están garantizados por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política. Y hay una sentencia de la Sala Constitucional (2-03-020, del 14 de abril de 2000) que establece que ante un conflicto entre la libertad de expresión y la libertad de tránsito, prevalece el primero y que, en todo caso, la Policía no puede dispersar a los manifestantes “mediante maltrato físico y detenciones ilegítimas”.
Por eso manifestamos:
Los argumentos del Ministerio Publico no se sostienen en un régimen democrático. Sin duda las personas manifestantes estaban en situación de indefensión ante una policía con escudos antimotines, que los usaron para tratar de disolver la manifestación.
Nos preguntamos ¿qué buscaban con esa acción las autoridades policiales de la administración de la presidenta Laura Chinchilla? Sin duda buscaban dar una vez más una lección al pueblo costarricense: Que no protestemos, y que nos olvidemos de defender nuestros derechos, máxime si ponen en evidencia la corrupción o ineficiencia de quienes socaban las instituciones del pueblo, cuando gobiernan y administran bienes públicos y colocan por encima los intereses privados que se apropian de ellas.
¿Por qué defender la CCSS en 2012 y aún hoy en 2017?
En 2012, los y las manifestantes procedentes de diversos lugares del país como elOccidente del Valle Central, de Puntarenas y Guanacaste plantearon su protesta por el recorte al presupuesto de la institución, que se reflejaba en el deterioro de los servicios de salud en clínicas y hospitales, evidente en largas filas de espera para atenciones de servicios especializados, falta de especialistas en zonas fuera del Área Metropolitana, abandono de la función de promoción de salud y prevención de las enfermedades, entre otras deficiencias.
Es así como sistemáticamente se ha venido erosionando su eficiencia, la evasión en el pago de las cuotas patronales, incluida la del gobierno de la República, sin dejar de lado la entrega al sector privado de servicios muy rentables, en vez de adquirirlos con bienes propios.
Poco se ha resuelto de esas quejas del 2012, a pesar de un cambio de gobierno. Actualmente la situación se complejiza más y hoy nos preocupa a la ciudadanía la crisis del sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Como Movimiento Salud sin Paredes, de la zona de Occidente el Valle Central, confirmarnos el derecho de la ciudadanía de ser parte de sus instituciones públicas construidas a lo largo de la historia y nos manifestarnos en defensa de uno de los pilares de la democracia costarricense.
Por eso denunciamos la injusticia de un juicio penal contra ciudadanas y ciudadanos, cuyo único “delito” es ser parte de un pueblo que se movilizó en noviembre de 2012 para pedir que la CCSS no perdiera su eficacia en la calidad de la atención de salud.
¡La salud es un derecho del pueblo y su participación un deber!
Movimiento Salud Sin Paredes, Región Occidente
San Ramón de Alajuela, 29 de marzo de 2017.
Enviado a SURCOS por Movimiento Salud Sin Paredes.
Este viernes se inauguró en Nicoya el Colegio Humanístico Costarricense en el Campus Nicoya de la Universidad Nacional, con la participación de autoridades del gobierno, de la Universidad Nacional y el grupo de estudiantes que inicia sus estudios en este nuevo centro.
El Colegio Humanístico Costarricense, campus Nicoya, tiene su origen en el convenio firmado entre el Ministerio de Educación Pública y la Universidad Nacional, con el objetivo de ofrecer a la región una opción educativa de excelencia académica, caracterizada además por una formación humanista.
La Dirección está a cargo del Máster Luis Carlos Zúñiga Jiménez quien manifestó que hoy será el inicio de un proyecto muy exitoso y esperanzador para la provincia de Guanacaste: “esperamos consolidar al Colegio Humanístico Costarricense, Campus Nicoya, como esa institución educativa que marque la diferencia en la región, con principios filosóficos que promuevan el humanismo y que brinde una oferta educativa de calidad, basados en la excelencia académica y el desarrollo integral de nuestros estudiantes; creemos mucho en la excelencia académica para un desenvolvimiento en el mundo actual sin dejar de lado el enfoque humanista, que busca y promueve el estímulo de la capacidad crítico – analítica, creativa y racional del ser humano en relación con su realidad”, manifestó el Director Zuñiga Jiménez.
Para este docente que asume las riendas de este Centro de Secundaria, asumir dicho reto no es fácil, no obstante, manifestó que darán el máximo de esfuerzo para formar profesionales dotados de la sensibilidad propia del humanismo, a través del fortalecimiento de valores que estimulen su potencial académico, artístico, cultural y deportivo: “Tengo plena seguridad que nuestros estudiantes, asumirán esté reto y tomarán su rol protagónico dentro del desarrollo de la región y seremos un eje transformador del Sistema Educativo Nacional, pero sobretodo un semillero de agentes de cambio de la realidad guanacasteca y nacional”, concluyó el Director de esta institución educativa.
El perfil de los estudiantes de esta nueva institución les permitirá que se conviertan en agentes de cambio social, asumiendo liderazgos y comprometiéndose con el ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de la conciencia política. Todas estas potencialidades se desarrollan a partir de una propuesta curricular amplia, enriquecida y desafiante.
En el año 2017 se iniciaron labores con un grupo de 17 estudiantes provenientes de las comunidades de: Nandayure, Mansión, Hojancha, Nambí, Corralillo, Nicoya Centro, Santa Cruz y Jicaral de Puntarenas.
Estos estudiantes fueron seleccionados a través de un proceso cuidadoso a través del cual se identificaron sus fortalezas cognitivas, psicológicas y sociales como la base para iniciar el proceso educativo.
El cuerpo docente está constituido por profesionales de alta calidad, con amplia experiencia y con un perfil humanista que respalda la estructuración de una oferta educativa de calidad.
Esta historia apenas comienza y los proyectos se entretejen en la construcción de un camino que poco a poco acercará a cada estudiante, y a nuestra institución, a la excelencia que abre puertas y genera oportunidades.
Fotografía:
Eliécer Berrocal Sánchez
Oficina de Relaciones Públicas UNA
Enviado a SURCOS por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
En un mensaje enviado a SURCOS nos comparten las actividades de las cuales Territorios Seguros ha participado en las últimas semanas para seguir construyendo la democracia participativa en las diferentes comunidades.
A continuación su resumen de las actividades:
Nos reunimos con líderes del Territorio Indígena Bribri, donde vamos a iniciar la Construcción de Territorios Seguros.
En Tortuguero avanzamos decididamente y ya se identifican las primeras acciones a desarrollar.
Con la CONAMAJ, trabajamos en un Taller de Elaboración de Estrategia, como resultado de la última Actividad de Gala de Rendición de Cuentas.
También hemos estado en Guanacaste, donde los cantones de Nicoya, Santa Cruz y Liberia conocieron de nuestra metodología “La Dinámica de Los Triángulos», para tomar decisiones sobre su accionar.
Nos preparamos ahora para la XIV Actividad de Gala de Rendición de Cuentas y Medición de Impacto que celebraremos en el Salón Parroquial de Guápiles el próximo 31 de marzo desde las 8:00am. Hemos sostenido importantes reuniones con jerarcas y funcionarios, que desde ya garantizan un importante éxito.
También muchos Territorios en distintas partes del país avanzan en sus decisiones, fortaleciendo el accionar del conjunto del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.
Nos toca ahora a la ciudadanía, participar con responsabilidad y altura, demostrando la madurez adquirida en este proceso.
Texto e imágenes enviadas por Carlos Campos de Territorios Seguros.
Texto y fotos enviadas a SURCOS por Carlos Campos, de Territorios Seguros
El día de ayer y hoy ha sido sumamente activo para el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, exponemos el desarrollo de lo sucedido.
En la Escuela de Buenos Aires de Horquetas, la compañera Michell del Territorio Seguro Fénix ha asumido junto a las madres y padres de familia la tarea de hacer valer sus potestades, para que un maestro sea retirado de la institución. Ellos han hecho frente y por cuarto día tienen control del recinto.
El Director Regional del MEP, que no ha hecho su tarea ante las denuncias, prefirió solicitar la intervención de la policía.
A pesar de las amenazas y amedrentamientos que han hecho los funcionarios públicos para que abandonen la lucha, la ciudadanía se mantiene firme, en un ejemplo de empoderamiento y construcción de El Soberano.
La intervención de Carmen Granados y Luis Fernando Astorga desde el Ministerio de la Presidencia, es digna de reconocerse.
Aquí el debate es entre la transparencia y la rendición de cuentas que requiere El Soberano y la corrupción, la impunidad y el autoritarismo de algunos empleados públicos.
También los Territorios Seguros de Cocles y Puerto Viejo de Talamanca se llevaron la sorpresa de que a la Directora de la Escuela de Río Negro, gracias a su lucha, se le está iniciando un proceso por agresión a los niños, organizó el secuestro de la documentación de la institución, con el apoyo del presidente de la Junta y el guarda de la institución que tiene medidas cautelares para acercarse a la escuela.
El compañero Jesús Gallo procedió a apersonarse para realizar la denuncia con las pruebas suficientes y la Fiscal Adjunta rechazó el derecho de hacerlo.
Ahora evalúan las acciones a seguir para resolver las anomalías institucionales que están enfrentando.
El Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros sigue comprometido con el desarrollo del país a través de varias visitas realizadas a distintas localidades con la finalidad de transmitir las experiencias para la Construcción de Territorios Seguros, teniendo como herramienta a la ciudadanía que se construye y empodera de sí misma.
A continuación algunas de las visitas realizadas recientemente por este movimiento:
Territorios Seguros en Provenir y Palmitas II
Los Territorios Seguros de Porvenir y Palmitas II de la Rita de Pococí se reunieron la semana pasada con el fin de definir los pasos a seguir para retomar la instalación de la industria de pollo y huevo que distribuirá el producto a través del Programa de Abastecimiento Institucional.
Esta será la primera industria que se constituye desde El Soberano.
Territorios Seguros comprometidos en la búsqueda de soluciones para la educación
Madres de familia de la Escuela Buenos Aires de Horquetas se movilizaron a la espera declaración de las autoridades escolares y resultados del accionar institucional.
El pasado 24 de octubre se visitó la Escuela de Buenos Aires en Horquetas de Sarapiquí y la Escuela de Cocles de Puerto Viejo, Talamanca.
La principal preocupación de estas comunidades es la deficiencia en la educación con la que cuentan estos centros educativos y cómo encontrar una solución viable en conjunto con docentes y los cargos directivos.
Para tales efectos, la compañera Michell, del Territorio Seguro Fénix, se involucró para lograr que la ciudadanía participe en la toma de decisiones, así como instar al sistema educativo a que exponga el grado de impacto que ha tenido su trabajo en la educación de los y las estudiantes de estas escuelas.
Las madres de familia de la Escuela Buenos Aires de Horquetas, se movilizaron para hacer valer sus potestades constitucionales.
También participantes de los Territorios Seguros de Cocles y Puerto Viejo de Talamanca, se reunieron para elaborar los procedimientos que se requieren de parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), para que se les rindan cuentas sobre el accionar institucional y el impacto de la gestión realizada.
Se debe reconocer la responsable participación de los asesores del Ministerio de la Presidencia, Carmen Granados y Luis Fernando Astorga; ambos participaron activamente de la Actividad de Gala de Rendición de Cuentas.
Por la dignidad del pueblo costarricense, la que no tiene precio.
Porque la justicia y la verdad deben imperar antes que cualquier apariencia y falsa imagen.
Porque 69 hectáreas de la zona marítima terrestre, es decir, aproximadamente 150 metros desde marea alta hacia el continente a lo largo de 4,5 Km. paralelos a la costa (Zona Restringida), deben continuar perteneciendo a toda la humanidad y no sólo a un grupúsculo de personas.
Porque ese territorio debe ser protegido y defendido y resguardado para el uso y disfrute de las presentes y futuras generaciones de humanos, de tortugas y toda la variedad de flora y fauna que allí se encuentra.
Luchamos bajo la cobertura, obligación y compromiso del Estado de Derecho vigente en nuestra Patria, que legítimamente nos ha concedido como patrimonio nacional nuestra zona marítima terrestre completa, sin segregaciones y sin restricciones, como aquella que pretende que la zona sólo corresponda a cincuenta metros hasta la pleamar (Zona Pública)
¿Dónde está el argumento jurídico que priva a los habitantes del derecho a la zona restringida?:
La lucha que llevamos adelante, se fundamenta en el Artículo 1 de la Ley ZonaMarítimo Terrestre Ley 6043. La cual expresa literalmente, lo siguiente:
Artículo 1º.- La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley.
La Ley de la zona marítima terrestre demanda de nosotros una ciudadanía activa, a la que le corresponde defender los espacios públicos para el disfrute del pueblo y no solamente de las personas que tienen poder político y económico.
La zona que defendemos incluye no solo playas sino también taludes, acantilados, riscos y plataformas que a simple vista no parecieran tener valor; sin embargo, estas tierras se valorizan por su riqueza ambiental tanto en fauna como en flora y por su belleza escénica y por su valor histórico, geográfico y económico.
Organizados en una asociación civil llamada Asociación por el Rescate de la Zona Marítima Terrestre (ARREZOMATE), un grupo de costarricenses hemos demandado al Estado costarricense y a las instituciones que les correspondía el resguardo del bien demanial. Lo anterior, argumentando incumplimiento de la Procuraduría General de la República y el Registro Nacional. Hemos presentado un Juicio Contencioso Administrativo, con el objetivo de que el Tribunal correspondiente anule las inscripciones de propiedad.
Por tanto:
Convocamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a defender lo que pertenece a toda la población.
Solicitamos a las instituciones de educación superior pública y privada que prioricen en sus investigaciones y debates en sus medios de comunicación este tema de interés nacional, el cual hasta ahora se ha mantenido aislado a nivel local.
Solicitamos a la Municipalidad de Liberia que asuma su responsabilidad política de defensa y se sume al esfuerzo de la sociedad civil organizada.
Exigimos a las instituciones estatales rectificar sus omisiones por su propia legitimidad.
Hacemos un llamado a los medios de comunicación local y alternativa a realizar investigación, publicar objetivamente sus hallazgos y generar un debate amplio y público.
Urge que accionemos todos nuestros recursos humanos, materiales, legales e institucionales para que, ante cualquier intento de actos abusivos, se interponga la justicia distributiva y la preocupación por el bien común dignos de una democracia real.
Manifestamos confianza en la instancia contencioso administrativa y en los abogados que nos representan para que nuestra zona marítima terrestre vuelva a su origen y continúe siendo un bien demanial del Estado.
Ciudadanía Activa:
Asociación ARREZOMATE Asociación Rescate de la ZMT (Zona Marítimo Terrestre)
Cuenta en BNCR a nombre de ARREZOMATE 100 – 01 – 015 – 006 964 – 8
Cédula Jurídica: 3 – 002 – 696 822
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de www.panoramio.com
Solicita a medios de comunicación abordar de forma integral problema de la seguridad ciudadana
Rocío Marín González,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
En los últimos años, Costa Rica ha experimentado un aumento vertiginoso y constante de la cantidad de privados de libertad por cien mil habitantes (foto archivo ODI).
Ante la inquietud que ha causado en el ámbito nacional el anuncio de algunas medidas para atacar el hacinamiento carcelario en el país, la Comisión de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), manifestó su apoyo a las políticas que efectúa el Ministerio de Justicia y Paz con ese objetivo.
En particular el pronunciamiento suscrito por el Dr. Javier Llobet Rodríguez, coordinador de la Maestría; el Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho; el Dr. Erick Gatgens Gómez, Vice-decano de la Facultad de Derecho; el Dr. Álvaro Burgos Mata, el Dr. Gustavo Chan Mora, la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón y el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, apoya el traslado de un número de privados de libertad con perfiles no violentos, que no pertenecen a grupos organizados ni están relacionados con delitos de homicidio, sexuales ni de violencia intrafamiliar, terrorismo o secuestro entre otros y cercanos a cumplir su condena, del sistema institucional al semi-institucional, sujetos a condiciones que, de incumplirse, generarán su retorno al sistema institucional.
Los académicos hacen un llamado a la calma a la ciudadanía en general, y a los medios de comunicación en particular, para que efectúen un abordaje integral del problema de la seguridad ciudadana en el país.
Además, instan a las autoridades judiciales y policiales del país a que sean los primeros llamados a respetar el Estado de Derecho y los pronunciamientos de los tribunales y organismos internacionales a los que se ha adscrito el país, sin que se expongan criterios especulativos que generen alarma social.
Asimismo, al Poder Legislativo para que, dada la necesidad de un abordaje integral de esta temática, se privilegie la aprobación de normas que creen sanciones alternativas a la prisión para delitos no graves, se disminuyan los topes mínimos de las sanciones o se modifiquen los límites que privilegien la concesión de beneficios penitenciarios y se dote de recursos al sistema penitenciario para el cumplimiento de sus fines.
A continuación el pronunciamiento completo:
A LA COMUNIDAD NACIONAL
La Comisión de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR
TENIENDO EN CUENTA QUE:
1.- Las universidades públicas, en cuanto conciencia lúcida de un país, deben velar porque los pueblos tengan los insumos apropiados para la reflexión, análisis y toma de posición sobre los diversos tópicos de relevancia nacional y, en ese contexto, este Programa de Posgrado tiene la obligación ética de acompañar dicho proceso en los asuntos relacionados con su plan de estudios.
2.- Costa Rica es un país democrático respetuoso, por tradición y obligación internacional, del Estado de Derecho y, como parte de las obligaciones derivadas de esa condición, se encuentra el acatamiento de las normas de instrumentos internacionales suscritos por el país y de los pronunciamientos tanto de los organismos internacionales como de los tribunales internos de la nación, los cuales tienen, como propósito último, respetar la dignidad y los derechos inherentes a todos los seres humanos (artículo 1 de la Constitución Política y numerales 26-27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
3.- Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y las recomendaciones del Comité Europeo sobre los Problemas Criminales establecen que, cuando un centro penal cuenta con una ocupación superior al 20% de su capacidad, hay sobrepoblación crítica y se conceptualiza como un trato inhumano, cruel y degradante en la medida en que ese exceso de cupo lleva aparejada la violación de otros derechos humanos (a la salud, a la integridad física, etc.). En Costa Rica ese porcentaje es, a noviembre de 2015, de un 47%. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso contencioso por la violación a los derechos humanos en las cárceles costarricenses y contra el país se tramitan otras quejas por este mismo tema (cfr.: Informe 33/14, recomendación 3 en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12820FondoEs.pdf.)
4.- La Sala Constitucional, cuya jurisprudencia es vinculante para todas las autoridades y habitantes del país (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), ha ordenado, en diferentes oportunidades a lo largo del último quinquenio (vgr. votos N° 2009-1332, 2011-7361, N° 2012-2053, N° 2012-3294, N°1 2012-11765, N° 2013-12464, N° 2014-18911, N° 2015-8542, N° 2015-9450, N°2015-16435), la adopción inmediata de medidas para reducir el hacinamiento y congestión de los distintos centros penales, ante la flagrante violación de los derechos humanos que se vive en las cárceles por esa razón.
5.- Costa Rica, durante los últimos años, ha tenido un aumento vertiginoso y constante de la cantidad de privados de libertad por cien mil habitantes. En 1990 había 104 presos por cien mil habitantes, en 2009 la cifra asciende a 191 y en 2013 fue de 341. Eso ha convertido al nuestro en uno de los países con más presos por cien mil habitantes de Latinoamérica.
6.- El aumento de la cantidad de privados de libertad ha provocado un gran problema de hacinamiento carcelario que llegó este año al 52,2% y si bien ha descendido al 46,3% esto ha sido como consecuencia de las medidas del Ministerio de Justicia de reubicación de los detenidos no peligrosos.
7.- El hacinamiento carcelario implica un grave quebranto a los derechos humanos, pues provoca problemas de salud, aumento de la violencia carcelaria y tiene efectos negativos para los que están privados de libertad y para el personal penitenciario. También tiene consecuencias para la comunidad en general, en cuanto opera en sentido totalmente contrario al afán resocializador, puesto que tiene un efecto criminógeno.
8.- La cantidad de privados de libertad existente en Costa Rica y su aumento constante, torna en insostenible, financieramente, pretender una solución al problema del hacinamiento carcelario con la creación de nuevas cárceles, como proponen algunos. Incluso, países con gran poder económico, como los Estados Unidos de América, se han visto en la necesidad de aplicar medidas de liberación de presos no peligrosos, ya que presupuestariamente no han podido seguir haciendo frente a la cantidad de presos existente.
9.- Está demostrado, a través de diversas investigaciones, que no existe ninguna correlación entre el aumento de la cantidad de privados de libertad y la disminución de la delincuencia violenta, aspecto que se ha corroborado en Costa Rica pues, pese a los incrementos punitivos y de los niveles de encierro que se han experimentado en las últimas décadas, no ha disminuido, sino aumentado, la cantidad de homicidios por 100,000 habitantes.
10.- El alto índice de sobrepoblación penitenciaria se debe, entre otras causas, a que, durante las últimas décadas, se ha privilegiado el uso del Derecho Penal como mecanismo “simbólico” para la “solución” de conflictos, desatendiendo el llamado a que este sea el último recurso a usarse cuando otras áreas del Derecho hayan fallado. Además, se ha utilizado la prisión como única sanción, a pesar de que, por ser las causas del delito múltiples, las formas de reprimirlo deben ser, también, variadas.
POR TANTO INSTA:
1.- A la ciudadanía en general a que mantenga la calma ante las diferentes medidas que se están adoptado en el país para atacar el problema del hacinamiento en las prisiones, pues esta no es una liberación masiva de detenidos sino un traslado de un nivel de mayor contención a uno de menor contención que siempre lleva aparejadas obligaciones del privado de libertad y la decisión no ha obedecido a criterios arbitrarios o antojadizos, sino que responde a estándares técnicos en virtud de los cuales se ha descartado de la medida a personas violentas o relacionadas con delitos cometidos a través de organizaciones y se privilegia a quienes están prontos a cumplir la sanción. Por ello, no hay bases objetivas para un pánico colectivo ni para difundir temores infundados.
2.- A los medios de comunicación colectiva a que efectúen un abordaje integral del problema de la seguridad ciudadana en el país, que incluya una perspectiva de derechos humanos y crítica sobre el uso excesivo de la cárcel como único recurso para responder a una variada gama de delitos de diferente naturaleza.
3.- A las autoridades judiciales y policiales del país a que sean los primeros llamados a respetar el Estado de Derecho y los pronunciamientos de los tribunales y organismos internacionales a los que se ha adscrito el país, sin que se expongan criterios especulativos que generen alarma social.
4.- Al Poder Legislativo a que, dada la necesidad de un abordaje integral de esta temática, se privilegie la aprobación de normas que creen sanciones alternativas a la prisión para delitos no graves, se disminuyan los topes mínimos de las sanciones o se modifiquen los límites que privilegien la concesión de beneficios penitenciarios, así como se dote de recursos al sistema penitenciario para el cumplimiento de sus fines.
Y ACUERDA:
Manifestar su apoyo a las políticas que efectúa el Ministerio de Justicia y Paz para atacar el problema del hacinamiento carcelario, entre ellas, la de trasladar a un número de privados de libertad con perfiles no violentos, que no pertenecen a grupos organizados ni están relacionados con delitos de homicidio, sexuales ni de violencia intrafamiliar, terrorismo o secuestro entre otros y cercanos a cumplir su condena, del sistema institucional al semi-institucional, sujetos a condiciones que, de incumplirse, generarán su retorno al sistema institucional.
Dado en San José de Costa Rica, a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince.
Prof. Dr. Javier Llobet Rodríguez
Coordinador de la Maestría
Prof. Dr. Alfredo Chirino Sánchez
Decano de la Facultad de Derecho
Prof. Dr. Erick Gatgens Gómez
Vice-decano de la Facultad de Derecho
Prof. Dr. Álvaro BurgosMata
Prof. Dr. Gustavo Chan Mora
Prof. M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón
Prof. Dr. Carlos Tiffer Sotomayor
Información tomada enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
