
Nicaragua y el anuncio electoral de Daniel Ortega: ¿soberanía y derecho de legítima defensa?
Álvaro Fernández González | Julio de 2026
Defender la soberanía frente a la amenaza externa es un derecho. Ninguna potencia debe imponer regímenes, sancionar pueblos o militarizar el continente.
El anuncio de Ortega sobre el muro legal electoral contra el golpismo debe interpretarse dentro de una coyuntura en la que la amenaza intervencionista estadounidense ha aumentado objetivamente.
El Corolario Trump a la Doctrina Monroe de 1823, el Escudo para las Américas, la operación militar contra Venezuela, la coerción energética sobre Cuba y la recientemente inaugurada campaña internacional contra el “terrorismo de extrema izquierda” forman una estructura de presión hemisférica real.
Negarla implicaría ignorar documentos oficiales, operaciones militares, sanciones y mecanismos de vigilancia ya puestos en marcha.
¿Se produce así una espiral: Estados Unidos amplía las nociones de terrorismo y amenaza compartida para justificar su primacía regional; el Gobierno nicaragüense amplía las nociones de golpismo y traición para justificar el cierre interno?
¿Cada polo utiliza los excesos del otro como prueba de la necesidad de sus propias medidas excepcionales?
¿Es posible defender inequívocamente la soberanía de Nicaragua frente a sanciones, operaciones encubiertas o agresiones extranjeras y, al mismo tiempo, sostener que la soberanía pertenece a la sociedad en su conjunto, no solamente al Gobierno?
¿Es posible garantizar que las elecciones ninguna potencia extranjera pueda capturarlas y que ningún poder interno pueda cancelarlas?
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