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Etiqueta: clorotalonil

Firmado decreto que prohíbe uso de clorotalonil

· Costa Rica se une a otros 30 países que han prohibido este agro-veneno

· Decreto establece 6 meses para que se agoten las existencias del producto

El decreto N° 44280-S-MAG-MINAE fue firmado por el presidente de la República, fue emitido conjuntamente por Ministerio de Salud, MAG y MINAE y publicado este 30 de noviembre en La Gaceta.

El decreto asegura que “el Clorotalonil es un fungicida no sistémico que se utiliza principalmente en una amplia gama de cultivos, incluyendo hortalizas y frutas, es altamente persistente en el medio ambiente, lo que genera impactos negativos. En el suelo, su degradación depende de factores como la temperatura, el pH y la presencia de microorganismos, esto determina su capacidad para generar otras moléculas, conocidas como metabolitos, de importancia para la salud.

Asegura que es una molécula que “puede ser altamente tóxica para peces e invertebrados acuáticos cuando se aplica durante periodos de lluvia”. Además, que “crea preocupaciones significativas para la salud de los individuos ya que se encuentra categorizado en el grupo 2B como probable carcinógeno humano según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) y también presenta preocupaciones para la salud por su posibilidad de ser un perturbador endocrino y generar efectos en el desarrollo embrionario”.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) elaboró un informe dirigido a la Comisión Europea para prohibir el uso del Clorotalonil en todas sus formas, concluyó que había problemas críticos en cuanto a la contaminación ele las aguas subterráneas por los metabolitos del clorotalonil, se concluyó que, en todos los escenarios pertinentes para los usos propuestos, se prevé que los metabolitos estarán por encima del valor paramétrico de O, 1 µg/1.

Según dice el decreto 2020 la Unión Europea procedió con la prohibición del uso del Clorotalonil ya que puede presentar riesgos para la salud humana además ha identificado una serie de preocupaciones que incluyen la toxicidad de sus metabolitos y que la exposición crónica puede ser motivo de preocupación, especialmente para los grupos de población más vulnerables.

Álvaro Sagot abogado ambientalista que fue el abogado que ayudó a la comunidad aseguro “Me parece una gran victoria del sector ecologista que logró, a punta de gestiones administrativas y judiciales, demostrarles a los empresarios y al Poder Ejecutivo que hay que pensar en las generaciones futuras y la protección de bienes que son altamente frágiles y finitos.”

El decreto establece concretamente en su artículo 1 Se prohíbe el registro, la importación, la exportación, la fabricación, la formulación, el almacenamiento, la distribución, el transporte, el reempaque, y reenvase, la manipulación, la venta, la mezcla y el uso de materia prima o productos formulados que contengan el ingrediente activo CLOROTALONIL.

Mientas el artículo 4. establece “que Los Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería y de Ambiente y Energía en el marco de sus competencias, velarán por el cumplimiento de las disposiciones aquí establecidas”. Y el artículo 5 establece que en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo “se dará lugar a la aplicación de las medidas sanitarias especiales que señala la Ley General de Salud, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Protección Fitosanitaria, sin perjuicio del resto de sanciones establecidas en la legislación nacional”.

El único transitorio establece que “las personas físicas o jurídicas que importen, exporten, fabriquen, formulen, almacenen, distribuyan, transporten, reempaquen, reenvasen, manipulen, vendan, mezclen y usen plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo CLOROTALONIL, tendrán un plazo impostergable de seis meses en todo el territorio nacional contado a partir de la publicación de este Decreto Ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta para agotar sus existencias en el mercado nacional.

Vencido este plazo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministerio de Salud procederán a la cancelación de todos los registros que contengan este ingrediente activo.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Manifestación frente a Casa Presidencial entregará 75 mil firmas exigiendo la prohibición del clorotalonil en Costa Rica

  • Se puede seguir firmando en línea hasta el 6 de diciembre

Este próximo 6 de diciembre se cumple el plazo de 6 meses que la Sala Cuarta otorgó al gobierno costarricense para prohibir el Clorotalonil en el país, a pesar de esto, no se ha cumplido con dicha indicación. Por lo tanto, los grupos ambientales se manifestarán ese mismo día frente a Casa Presidencial, a partir de las 11 am, para hacer entrega de las firmas recolectadas en apoyo a la prohibición y demandar que se respete el derecho al agua de miles de costarricenses. Por el momento cuentan con 75 mil adhesiones, pero esperan que “más personas se unan en la defensa del agua”.

Para firmar se puede ingresar al enlace e incluir su nombre y su correo electrónico, es fácil y rápido. La plataforma es impulsada por la organización Ekō, una comunidad formada por más de 22 millones de personas de todo el mundo: “comprometidas con la tarea de frenar el creciente poder de las corporaciones. Queremos que las empresas, de las que somos compradores, trabajadores e inversionistas, respeten el medio ambiente y la democracia, y traten bien a sus empleados”.

El agroquímico pone en peligro la salud de más de 10 mil ciudadanos cartagineses. Como dice Jordan Vargas, vecino del lugar y defensor de agua de Cipreses de Oreamuno: “No queremos degradados agrotóxicos en el agua de las comunidades. Acompáñenos a exigir nuestro derecho Constitucional de agua sin venenos agrotóxicos.”

La petitoria también solicita a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley de Expediente 23783 sobre la regulación de plaguicidas altamente peligrosos y al Poder Ejecutivo, implementar las ocho recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil”, que incluye su prohibición del agroveneno. Según la solicitud, el agroquímico está prohibido en 32 países “pero en vez de sacarlo del mercado, compañías europeas como Syngenta nada más lo venden en países del sur global como Costa Rica”.

La petición está encarnada en Isabel Méndez García, vecina y lideresa en la defensa del agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago, un pueblo pequeño donde cuya agua está contaminada de moléculas degradadas del pesticida cancerígeno clorotalonil. Isabel, al igual que otros vecinos de la zona, están siendo afectados y continúan recibiendo agua en cisterna desde hace más de un año. Sin embargo, hay que recordar que los primeros análisis que dieron presencia de derivados de clorotalonil fueron a finales del 2021 (Se confirma contaminación con agroquímicos en el agua de Cipreses Cartago).

Unos días después se denunció que otra comunidad vecina Santa Rosa de Oreamuno también tiene sus nacientes contaminadas con derivados del mismo veneno afectando a miles de personas (Kioscos UCR, 24-3-23). Lo más grave que según un Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio pasado en la zonas vecinas de Cartago. Había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

El pasado 10 de noviembre ARESEP convocó a una Mesa de Trabajo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes. En este espacio se dio a conocer que el Decreto de prohibición del Clorotalonil está firmado por la ministra de Salud y está en la mesa del ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para pasar posteriormente al presidente de la República y que sea oficializado. También, se dio a conocer que otra ASADA en San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con derivados del Clorotalonil y finalmente se anunció la publicación del decreto N°44200 de fortalecimiento del Laboratorio Nacional del Agua (Ver más de resultados de reunión).

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Manifestación por el agua. Acción ecologista por el agua y la vida

Se le invita a participar el próximo 6 de diciembre a las 11 a.m. frente a la Casa Presidencial en la Manifestación por el Agua, ya que el 6 de diciembre se cumplen los 6 meses que la Sala Cuarta inicialmente le dio al Gobierno para prohibir el Clorotalonil en Costa Rica. Se cumplen 6 meses de haber ganado el recurso de amparo que desde las comunidades planteamos en defensa de nuestro derecho constitucional. 

No queremos degradados agrotóxicos del Clorotalonil en el agua de las comunidades.  Acompáñenos a exigir nuestro derecho constitucional de agua sin venenos agrotóxicos. 

Aún podemos llegar a las 80 mil firmas, solo ingrese al enlace y firme: https://actions.eko.org/a/costa-rica-prohibid-este-pesticida-cancerigeno

Diputado pide cuentas por contaminación de clorotalonil en agua de la ASADA de San Pablo de Oreamuno

  • Solicita información al AyA, Servicio Fitosanitario y Ministerio de Salud

El diputado Ariel Robles accionó ante la denuncia realizada por Frente Eco Cipreses sobre un nuevo caso de contaminación con clorotalonil del agua basada en la información revelada por Vladimir Mesén Montenegro de la oficina regional de Acueductos Rurales Cartago del AYA en una mesa de trabajo que ARESEP convocó para discutir la contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago.

El funcionario Mesén no quiso dar mayor detalle de las fuentes de agua comprometidas. Además, ante la pregunta de EcoCipreses de por qué no hacer público en la comunidad la información aseguró que “no estaban listos los reportes de laboratorio”.

Al presidente ejecutivo del AYA Alejandro Guillén Guardia el legislador le preguntó: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado este instituto al respecto como ente rector para proteger la salud de los usuarios y la prestación del servicio de agua potable como derecho humano?, ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?

Mientras a la ministra de Salud Mary Denisse Munive Angermüller le indagó: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado este ministerio al respecto como ente obligado-artículos 267 y 268 de la Ley General de Salud, Ley 5395- a garantizar la calidad del agua potable?, ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?

Finalmente, a Nelson Morera Paniagua director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) le preguntó sobre: ¿Qué acciones inmediatas ha tomado el SFE al respecto como ente encargado -inciso e, artículo 2 de la Ley 7664- de regular el uso y manejo de sustancias químicas en procura de proteger la salud humana y el ambiente? ¿Ha iniciado las investigaciones correspondientes para confirmar o descartar la contaminación de las fuentes de agua potable de dicha ASADA?

Según EcoCipreses “hace meses se escuchaba el rumor en las comunidades de que San Pablo presentaba una contaminación similar que la registrada en Santa Rosa y Cipreses que reciben agua en cisternas desde hace un año. Esto es importante porque en teoría debería estar activándose un protocolo que implica girar las órdenes sanitarias de prohibición del agua para consumo humano, así como la preparación de la logística de suministro de agua en cisternas, sin embargo, aún se desconoce las gestiones formales del caso en San Pablo”.

En una Evaluación de la gestión de la ASADA de San Pablo, Santa Rosa, Oreamuno, realizada en 2016 por el Centro de Investigación en Protección Ambiental del ITEC, se aseguró que el acueducto abastece aproximadamente a 410 abonados con una población de alrededor 1800 habitantes y estaba conformado por las nacientes Birrís N°1, Birrís N°2, Sanabria Alto, Rosca Van Alto y Ulloa, tres de estas presentaban riesgos altos y dos intermedios donde uno de los parámetros evaluado era la “existencia de fuentes de contaminación alrededor del tanque (letrinas, animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial) (crítica)”.

Con esta tercer ASADA contaminada serían más de 12 mil personas afectadas aunque en los Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA que justificaron la prohibición de clorotalonil acogidos por la Sala Constitucional aseguran que habían alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

La Asada de San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con moléculas de Clorotalonil

Mesa de trabajo ARESEP.

El pasado 10 de noviembre, la ARESEP convocó al funcionario del AYA y de la oficina regional de Acueductos Rurales Cartago Vladimir Mesén Montenegro a una mesa de trabajo para discutir la contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago.

En dicha mesa participaron la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y la Defensoría de los Habitantes.

El funcionario Mesén no quiso dar mayor detalle de las fuentes de agua comprometidas. Además, ante la pregunta de EcoCipreses de por qué no hacer público en la comunidad la información aseguró que “no estaban listos los reportes de laboratorio”. Hace meses se escuchaba el rumor en las comunidades de San Pablo presentaba una contaminación similar que la registrada en Santa Rosa y Cipreses que reciben agua en cisternas desde hace un año. Esto es importante porque en teoría debería estar girando las órdenes sanitarias de prohibición del agua para consumo humano, así como la preparación de la logística de suministro de agua en cisternas, sin embargo, aún se desconoce las gestiones formales del caso en San Pablo.

En una Evaluación de la gestión de la ASADA de San Pablo, Santa Rosa, Oreamuno, realizada en 2016 por el Centro de Investigación en Protección Ambiental del ITEC, se aseguró que el acueducto abastece aproximadamente 410 abonados con una población de alrededor 1800 habitantes y estaba conformado por las nacientes Birrís N°1, Birrís N°2, Sanabria Alto, Rosca Van Alto y Ulloa, tres de estas presentaban riesgos altos y dos intermedios donde uno de los parámetros evaluado era la “existencia de fuentes de contaminación alrededor del tanque (letrinas, animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial) (crítica)”.

Con esta tercer ASADA contaminada serían más de 12 mil personas afectadas aun que en los Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA que justificaron la prohibición de clorotalonil acogidos por la Sala Constitucional aseguran que habían alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

La pregunta que surge es ¿Por qué no se han hecho análisis de agua de manera más expedita?, la respuesta es porque no hay capacidades para hacerlos y es gracias a esta lucha de Ecocipreses que podrán aumentar la realización de pruebas por que se le dio el empujón al decreto N° 44200-MINAE, publicado en La Gaceta el pasado 8 de noviembre, donde el Poder Ejecutivo declaró de conveniencia nacional la construcción del Nuevo Laboratorio Nacional de Aguas (LNA).

A finales de octubre Ecocipreses realizó la consulta al director del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora, sobre el estado en el que se encuentra el proceso de generar una mayor capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas para detectar los degradados de Clorotalonil que fue demandado por el fallo de la Sala Cuarta. A lo que responde que se contactó con diferentes oferentes de los equipos e insumos necesarios y se estudiaron aspectos como características técnicas basadas en los requerimientos del Laboratorio Nacional de Aguas y se obtuvieron cotizaciones de los diferentes requerimientos, así como el presupuesto que se estimó necesario. Posteriormente han realizado gestiones ante la dirección del AyA, “en busca del aval para realizar la licitación para la construcción del nuevo edificio del LNA, aprobado mediante un préstamo del BCIE por un monto de 11,25 millones de dólares, sin embargo, de momento no se cuenta con una respuesta positiva”.

El gobierno al inicio mostró resistencia a responder positivo, pero gracias a las gestiones de presión de este caso que demuestra la importancia para la salud pública, se logró la anuencia del gobierno. Entre las razones de la declaratoria el Ejecutivo reconoce que las instalaciones del actual laboratorio son limitadas en su crecimiento por la infraestructura con la que cuenta. Esta se ubica en Tres Ríos en una casa construida hace cerca de 100 años.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

ARESEP convoca mesa de trabajo sobre contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago

Después de más de un año de recibir agua en cisterna y estar pagando la misma tarifa por agua contaminada con metabolitos de clorotalonil ARESEP convocó el 10 de noviembre a la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes.

Según la convocatoria de ARESEP “en atención a la situación que vive el acueducto de la comunidad de Cipreses en Oreamuno de Cartago y debido a varias consultas realizadas a la Intendencia de Agua referentes a temas de calidad del agua y tarifas, aunado también al objetivo de armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos, es de interés realizar una mesa de trabajo para abordar desde un punto integral dicha situación”.

La Intendencia de Agua está solicitando al: “AyA su participación es requerida en calidad de ente rector y delegante del servicio de acueducto, donde es de interés contar con un representante de la Presidencia Ejecutiva, Orac Central Este y Laboratorio Nacional de Aguas, los cuales puedan ampliar la situación que se vive en la comunidad de Cipreses”.

También de la Asada Cipreses “se requiere de su presencia a fin de indique las acciones que han desarrollado para abarcar el manejo de la no conformidad asociada a la presencia de metabolitos de la molécula de Clorotalonil”.

Mientras aseguró que “en vista de las consultas realizadas por representantes de la organización Eco Cipreses, es de interés que participen en la mesa de trabajo a fin de que puedan manifestar las dudas y consultas referentes al manejo del caso en la comunidad de Cipreses”.

Por otra parte, ARESEP solicitó: “debido a su importancia en la búsqueda de soluciones al caso de Cipreses se extiende la invitación al Ministerio de Salud, ya que su presencia es de suma importancia para comprender la atención del tema, lo anterior debido a su rol como ente rector de la salud en el país”.

El pasado 06 de junio del 2023, la Sala Constitucional como respuesta al recurso de amparo presentado por Frente Ecocipreses solicita que se adopten y ejecuten las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil” emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, donde se explicita que: “Ante esta solicitud de prohibición de la molécula se recomienda iniciar un proceso de coordinación con la Dirección de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) y los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de redactar un decreto que lleve a una prohibición en el menor tiempo posible (…)”.

Pese a lo anterior el AYA ya solicitó una prórroga a la Sala Cuarta hasta el 2026 evidenciando la intención de heredar al siguiente gobierno el problema, el MAG ha dado mensajes contradictorios y el Ministerio de Salud guarda silencio. La Sala IV le dio tiempo al AYA hasta febrero de 2024 para resolver la situación.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Detalles de la mesa de trabajo convocada por ARESEP para el caso de clorotalonil en Cipreses

El decreto de prohibición del clorotalonil está firmado por la ministra de Salud y está en la mesa del presidente de la República para ser firmado.

Otra ASADA en San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con derivados del clorotalonil.

Se dio a conocer el decreto N°44200 de fortalecimiento del Laboratorio Nacional del Agua.

Todo esto fue anunciado por diferentes instituciones y funcionarios públicos presentes en la mesa de trabajo durante la mañana de este viernes 10 de noviembre.

Más detalles en el siguiente video:

A y A solicita prórroga hasta el 2026 para el cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional en el tema del clorotalonil en Cipreses de Cartago

  • Laboratorio Nacional de Aguas sigue sin tener la capacidad técnica para detectar degradados del clorotalonil en el agua potable, pese a existir gestiones por parte del AyA para robustecer dicho laboratorio aún no se cuenta con apoyo concreto de las altas autoridades de Gobierno.

  • Ministro de Agricultura y Ganadería acepta que deberá prohibirse el clorotalonil, pero no dice cuándo. Mientras tanto AyA sigue asumiendo costos de distribución de agua sin degradados del agrotóxico para miles de personas en la zona Norte de Cartago

El 14 de abril del 2023, el Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente y Energía y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emitieron el Informe Técnico Clorotalonil, que contiene las medidas y recomendaciones para solventar el problema de contaminación ocasionado por los metabolitos de ese plaguicida. A partir de esto, la Sala ordenó la adopción y ejecución de las medidas señaladas en el informe técnico para dentro de seis meses contados a partir de la notificación de tal resolución (plazo que comenzó a correr en agosto de 2023 y que estaría pronto a finalizar el 6 de diciembre). Ante esto Acueductos y Alcantarillados realizó una solicitud para aumentar el plazo otorgado para la ejecución de las labores que ordenó la Sala Constitucional.

También, la Sala había ordenado continuar con los muestreos específicos de metabolitos de Clorotalonil en las fuentes y sugirió que la investigación que se llevará a cabo en conjunto con el Ministerio de Salud, el Laboratorio Nacional de Aguas y el IRIET – UNA, y que debía consolidarse por parte del AyA a través de un convenio en tiempo, costos y recursos.

En una consulta de los vecinos realizó la consulta al Director del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora, sobre el estado en el que se encuentra el proceso de generar una mayor capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas para detectar los degradados de Clorotalonil, a lo que responde que se contactó con diferentes oferentes de los equipos e insumos necesarios y se estudiaron aspectos como características técnicas basadas en los requerimientos del Laboratorio Nacional de Aguas y se obtuvieron cotizaciones de los diferentes requerimientos así como el presupuesto que se estimó necesario. Posteriormente han realizado gestiones ante la dirección del AyA, “en busca del aval para realizar la licitación para la construcción del nuevo edificio del LNA, aprobado mediante un préstamo del BCIE por un monto de 11,25 millones de dólares, sin embargo, de momento no se cuenta con una respuesta positiva”.

Por otra parte, el 24 de agosto del 2023, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal, solicitó una adición y aclaración de la sentencia de la Sala Constitucional argumentando que la posición del MAG no tiene como fin último la prohibición del uso del clorotalonil, sino la búsqueda de opciones que controlen y reduzcan el uso de este, ya que el comentó que el “Informe Técnico Clorotalonil” no era preciso.

Sin embargo, el medio Central Noticias le realizó una pregunta al ministro, con respecto al procedimiento de prohibición del agroquímico a lo que él respondió: “Es lo que mandó a decir la Sala, digamos indistintamente de si el criterio técnico amerita la prohibición o no, eso no lo sabemos, la sala dijo que hay que prohibir y nosotros tenemos que acatar lo que la sala dice”, demostrando la contradicción del ministro y dejando en claro que hay dos discursos ante esta situación.

“Mientras se siga aplicando clorotalonil sobre las áreas de recarga acuífera la cuenta regresiva para que las nacientes se descontaminen no va a iniciar, es lamentable ver que en este Gobierno quieren postergar decisiones de tan singular importancia para la salud ambiental y de las personas” indicó Fabián Pacheco del Frente Ecologista de Cipreses, así mismo continúa diciendo: “Nuestra lucha también es por tener un Laboratorio Nacional de Aguas robusto, con capacidad técnica instalada, queremos tener un laboratorio con total capacidad de garantizar la calidad y pureza del agua para toda Costa Rica, nos merecemos lo mejor como país y no tener arrinconado un laboratorio de tan singular importancia como lo es el señalado

En todo caso si le quieren dar largas a la solución del problema del Clorotalonil todos perdemos. pierde la salud ambiental y de la gente. Desde el Frente Eco Cipreses mantendremos una Campaña activa a nivel nacional e internacional hasta que se haga cumplir nuestro derecho constitucional” afirmó el Frente Ecologista de Cipreses de Cartago.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Ecofascismos a la tica

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

«El mundo se divide en dos categorías:
los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas».
El Bueno, el malo y el feo-1966

Si nos remitimos a la tradición mediática de Costa Rica, hablar de medio ambiente, ecosistemas o naturaleza es redundante, cómo separar esos términos cuando se ha catalogado como “Esencial Costa Rica” o “Paz con la naturaleza”. Detengámonos aquí un breve momento, nos hemos preguntado acaso ¿con quién ha hecho paz la naturaleza?

Un gobierno, que, ante la crisis ecológica, promueve la idea de la explotación de gas natural (y petróleo, la tentación es muy grande, en donde sale gas, “un poquito” más abajo sale petróleo), ¿cómo vamos a desperdiciar la riqueza del país? Recuerden que no somos pobres, estamos mal administrados.

La producción piñera que viene transformando el paisaje costarricense aplanando suelos y drenando humedales, pero también, llenando de agroquímicos los suelos y ríos, hasta el punto de rodear a cientos de poblaciones, que por las dudas a diario son fumigadas para asegurarse que el ser humano no sea nocivo a la plantación, sumado a esto, las agencias de cooperación internacional se alían a las empresas de este sector para promocionar internacionalmente y localmente el lavado verde de esta actividad.

Otro tanto de comunidades que viven y dependen de los ríos, ven el caudal de estos reducido a su mínima expresión, sus espacios de recreación y turismo local están desapareciendo, esto por el accionar de las empresas de minería no metálica, es decir, los tajos que pululan en todo el país, que según dicen es para asegurar buenas calles, pero que al día de hoy, estas comunidades siguen siendo de lastre casi tierra, y para empeorar, ahora sin turismo ni peces en sus ríos.

Otras comunidades, que a pesar de su vigilancia y denuncia sobre el uso de agrotóxicos que daña la salud humana, y que actualmente están envenenando las fuentes de agua, que a pesar de los fallos de la Sala Constitucional que les da la razón, son ninguneados.

También, si quieren verlo más de cerca en el área metropolitana, como a vista y complacencia de autoridades municipales y de la institucionalidad ambiental, se van “comiendo” los cerros de zonas protectoras en beneficio de actividades económicas, y a pesar de que las comunidades organizadas denuncian estas afectaciones y tendencias, la omisión siguen siendo la regla.

Ahora sí, ¿Qué hay de común en todo esto? La primera cuestión a pensar es una institucionalidad ausente, o más bien, un entramado que protege y promueve estos sistemas de producción y explotación en beneficio de ciertos sectores empresariales, que tienen como fin el despojo de los bienes comunes naturales, o mejor dicho, un Estado que ve con complacencia la mercantilización de la naturaleza, y desde su propias facultades promueven las medidas necesarias para su ejecución.

Podría sonar alarmista, pero sigamos el recorrido, la clase política dominante y los sectores empresariales de este país, se dieron la mano, el Acuerdo de Escazú no va, y para reconfortar el desasosiego del sector económico del país, se les dijo “El sector privado puede estar tranquilo”, ¿cómo perjudicaba el Acuerdo de Escazú? Acceso a la información, defensa del principio in dubio pro natura o protección a las personas defensoras del ambiente ¿Cómo estos principios pueden atentar contra el “desarrollo sostenible” del país verde?

Vemos a figuras políticas seguir defendiendo el uso de agrotóxicos, invitando a tomar agua con una concentración 1500 veces mayor de clorotalonil que la actual, por cierto, la actual según los estudios no es apta para consumo humano ¿a quién está invitando a tomar agua?, se nos olvidaba señalar, sabían que esta persona está vinculada a la producción de agroquímicos.

Sumado a esto, un gobierno que invita a mesas a trabajar en procurar de desobedecer las resoluciones judiciales que le ordenan prohibir el uso de clorotalonil, ya que no se trata de reducir o controlar, es prohibirlo.

Llegados a esto, sólo nos queda invitarles a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en nuestra sociedad, estamos ante una sociedad política y económica dominante que está dispuesta a defender la explotación de los bienes naturales a pesar del daño socioambiental que está sucediendo a miles de personas, que por activa o pasiva se están envenenando o viendo destruida su forma de vida.

Cuando un sistema político-económico, gestiona el ambiente (no naturaleza) en función de construir esquemas de conservación cerrados, que prácticamente tienen función de atractivos turísticos, en dónde las personas tienen como máxima relación con este ambiente ser tour operador, estamos en presencia de otra cosa.

Esa “otra cosa” se llama ecofascismo, es decir la promoción ambiental para el disfrute de unos cuantos, y una gestión territorial generalizada en beneficio de los intereses económicos para desarrollar sus prácticas de acumulación de riqueza a partir del despojo, dominación y explotación, eso sí, garantizada por una estructura institucional formal-informal.

Asistimos a un país que construye una narrativa de ambiente que está dando forma a un tipo de “parque de atracciones”, sin embargo, una parte cada vez mayor de su población, está siendo despojado del derecho a un medio ambiente sano.

La naturaleza, los ecosistemas que están entrelazados, no son nodos que se conectan y se descontenta a gusto del portador, la presión que se está desarrollando por parte de todas estas actividades están erosionando y llevando al estrés a estos sistemas, es decir su capacidad de conservación-reproducción está siendo afectada, distorsionada y llegando al punto de imposibilitar su existencia. Estamos vivenciado el corte de estos tejidos que sostienen la vida.

Este despojo no se hace a la sombra, se hace a la vista y complacencia de un Estado que promociona estas actividades, ya un diputado de una legislación anterior lo decía claramente al respecto del entramado legal-institucional del país “Aquí necesitamos magistrados que tengan claro que, además de interpretar la Constitución, se debe provocar un clima de negocios que incentive el desarrollo económico…”

Ante declaraciones ecofascitas de Román Macaya defendiendo el clorotalonil

Nota enviada a SURCOS por Henry Picado

El político del Partido Acción Ciudadana, Román Macaya, defendió el uso del fungicida clorotalonil el pasado 16 de octubre en el marco de la celebración del día mundial de la alimentación de la Corporación Hortícola Nacional. El político aseguró que la contaminación del agua en Cartago: “Podría ser 1.500 veces más concentrado y ser agua potable.” (ver declaraciones min 59).

Bloqueverde le responde que “qué tan poco elegante para un vendedor de agrotóxicos de tan distinguida alcurnia como el señor Macaya mostrarse tan desesperado por vender sus venenos. Sus angurrientas declaraciones de que podemos consumir con tranquilidad agua con hasta 1500 veces más del agroquímico que usted vende rayan en la obscenidad de un discurso tan tóxico como el mencionado y cancerígeno clorotalonil. Le recordamos que el agua pura y potable es eso y no tiene por qué estar trayendo los contaminantes de su empresa ni la de ninguna otra empresa. Eso no se lo deseamos a nadie, incluidos ustedes los señores de la venta de agro venenos”.

El ex precandidato del PAC a la presidencia fue embajador de Costa Rica ante Estados Unidos y presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y es además empresario dedicado a la venta de agro venenos genéricos. El político aseguró que en Europa no se toman decisiones científicas, sino ideológicas, “al igual que muchos ambientalistas en Costa Rica”, y que por el contrario en Estados Unidos permitirían 1.500 veces más presencia de agroquímicos en el agua y se consideraría potable.

“Le recordamos a Macaya que las leyes no las hacemos nosotras y nosotros los ecologistas las hacen los políticos que cobran por esto, nuestra lucha es porque se apliquen y se cumplan las leyes como logramos que lo ordenara la Sala Cuarta con el caso del Clorotalonil en base a un Informe Técnico emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado”.

“Ante su discurso que es 1500 veces más tóxico que ningún otro que hallamos escuchado le recordamos: ARTICULO 273. De la Ley general de salud donde textualmente indica: Se prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de enfermedades. (Ley General de Salud N° 5395)” (el resaltado no es del original)

“No se vale desprestigiar a las instituciones públicas cuando no se está sirviendo y viviendo del poder, cuando no le conviene a sus negocios”, le responde Bloqueverde.

Nosotros y nosotras no somos lo radicales que debiéramos porque tenemos que trabajar honradamente para vivir y luchamos en nuestro tiempo libre por amor al planeta y la vida. Nos falta tiempo y recursos, ninguna persona trabaja por nosotras y nosotros. No vendemos o comerciamos con la salud o la vida de las personas.

Una reciente investigación del Semanario Universidad arrojó que los datos del Área de Salud de Oreamuno, Pacayas y Tierra Blanca, muestran que, en la Zona Norte de Cartago, donde se hace un alto uso de plaguicidas, hay un aumento en la incidencia de cáncer, enfermedades cardiovasculares y tumores malignos ( Semanario Universidad, 31-5-23).

Sobre los nuevos reglamentos coincidimos con Macaya que el MAG nunca antes estuvo tan tomado por los intereses de las transnacionales del veneno – ni siquiera en la nefasta administración de Felipe Arauz del PAC – aseguraron: “es cierto que el ministro está pintado en la pared y son las transnacionales las que harán su agosto, pero no se trata de liberalizar el registro de agroquímicos por igual para que genéricos y transnacionales envenenen el planeta, se trata de que cumplan las leyes pues ya no tienen ni ética ni vergüenza para aumentar sus ventas a costa de la salud de las personas y los ecosistemas”.

Es claro que las administraciones del PAC beneficiaron a los vendedores genéricos de veneno como Macaya y el hermano del presidente Guillermo Solís y ahora se les volteo la tortilla. Esto fue señalado por medios de comunicación como: “La empresa del hermano del expresidente Luis Guillermo Solís es la compañía que más plaguicidas busca registrar amparado en uno de los polémicos decretos que promulgó la Administración anterior”(CRhoy, 1 marzo, 2019). También los medios aseguraron que “Nueva norma sobre importación y exportación afecta sólo a tres empresas, en una de ellas trabaja hermano del Presidente”(Semanario Universidad, 20-2-2017).

Siguiendo con las declaraciones de Macaya puede oírse que en su arenga eufóricamente ante muchos productores agrícola asegurándoles por el futuro de los productos genéricos que sus cultivos estaban en riesgo, porque con la entrada del nuevo reglamento desaparecerían cientos de moléculas genéricas, favoreciendo los productos de las multinacionales. “El nuevo reglamento es lo peor que le ha sucedido a este sector” aseguró y se mostró oposición con que se soliciten estudios de eficacia e impacto ambiental a las empresas que venden genéricos.

Lo que no dijo, como buen político, fue de dónde vienen estos últimos requisitos. No lo dijo porque es una herencia del PAC que nos metió en OCDE y ahora está instancia recomienda “eliminar las exenciones tributarias para productos agroquímicos; garantizar que todos los pesticidas se someten a una adecuada evaluación de riesgos ambientales” (OCDE, Evaluaciones del desempeño ambiental: Costa Rica 2023 pg 5) Cosa que el clorotalonil que tanto empeño pone su persona en defender precisamente incumple con la señalada normativa de la OCDE

Es decir, está tratando de poner a las personas agricultoras en nuestra contra cuando ahí tienen una sopa de sus logros y política de ingreso a ese organismo (en que ustedes los del PAC nos metieron) y que ahora los sentencia a desaparecer vía impuestos y evaluaciones de riesgo, que también fueron solicitadas desde 2004 por la Contraloría de la República, pero los señores del veneno han logrado muy hábilmente incumplir gracias a su poder político (Semanario Universidad, 22-9-22).

Finalmente, creemos que este tipo de declaraciones como ha sido el desprestigiar profesionales honestos y culpar a las Naciones Unidas, así como también culpar a una diputada de producir información técnica o proyectos de ley, al mismo tiempo que se le dice a los agricultores que se acabaran los venenos genéricos puede generar un clima de intolerancia y violencia del cual lo hacemos responsable a usted Señor Macaya por lo que pueda generar en nuestra integridad, esto pues entendemos la situación tan desesperante que pasan nuestros agricultores y que lleva a las personas hasta acabar con su propia vida por agobio y frustración(Semanario Universidad, 30-10-23). Además, le recordamos la lista de personas asesinada y todos los hechos de violencia que hemos sufrido como movimiento ambiental en los últimos 30 años (Alvarez, Casas y Pomareda, 2020).

Le decimos “que sus declaraciones son eco fascismo puro y duro, que reflexione y que tome agua sin veneno para pensar o hablar y que no ponga las ganancias propias sobre la vida y la salud ambiental de Costa Rica”.