El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper) recordó a jerarcas de instituciones públicas que, según la resolución Nº 4190-E8-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a partir del 2 de octubre de 2025 y hasta el 1 de febrero de 2026, no podrán usar las plataformas institucionales para difundir mensajes que destaquen logros, atributos o su imagen.
La disposición adecúa la aplicación del Artículo 142 del Código Electoral a pronunciamientos de la CIDH y se extiende a medios de comunicación tradicionales y digitales, sin importar si son publicaciones pagadas o gratuitas.
El Colper subrayó que, aunque los equipos de comunicación deben acatar esta normativa, son los jerarcas quienes tienen la responsabilidad principal de garantizar su cumplimiento y canalizar consultas ante el TSE mediante el correo: secretariatse@tse.go.cr.
La información se extrajo de la charla “Límites y oportunidades en el uso de plataformas digitales durante la campaña”, impartida por el letrado Andrei Cambronero Torres, disponible en el canal de YouTube del Colper, disponible en este enlace: Charla virtual: Comunicación institucional y ética electoral
“Los periodistas no deben morir por su trabajo”. ¡Ciertamente! Ni los periodistas, ni los profesores, ni los albañiles, ni los choferes de Uber… ¡Nadie debe morir por su trabajo!, aunque a mucha gente le pasa.
Pienso, por ejemplo, en las maquilas donde miles de mujeres y niños mueren en dramáticas condiciones de trabajo, sentados horas y horas delante de máquinas de costura, sin tiempo siquiera para ir al baño, en países de Asia. Y también de América Latina.
Pero no se trata de la “muerte de periodistas por su trabajo”. ¡No! Se trata de otra cosa: del asesinato de centenares de periodistas en Gaza, en manos del ejército israelí.
La indignación creció cuando se conoció que el pasado domingo 10 de agosto el ejército israelí asesinó a un equipo de cinco periodistas de la cadena catarí Al Jazeera, entre ellos el reportero Anas Al-Sharif, de 28 años, padre de dos hijos, y a sus colegas, Mohammed Qreiqeh, y los cámaras, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.
Fueron asesinados en una tienda de periodistas, cerca de la entrada del hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza. Según el ejército israelí, dirigían una célula terrorista de Hamás. Aseguran que Al Sharif estaba implicado en la planificación de ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI. Que durante su ofensiva en la Franja de Gaza descubrieron documentos que los vinculaban a Hamás.
Cosas que, ciertamente, no hacían y sobre las que el ejército israelí no aportó evidencia alguna. No existen tales documentos.
PeroAl Sharif y sus colegas hacían algo mucho más grave. Mostraban lo que estaba ocurriendo en Gaza.
«No quieren que queden voces dentro de Gaza»
Una tragedia que otros colegas periodistas cuentan: “Desde octubre de 2023, cerca de 240 periodistas han muerto en Gaza. Las redacciones han sido destruidas, los hogares bombardeados, y la falta de electricidad, internet y equipos básicos de protección ha dejado a quienes siguen trabajando en un estado de vulnerabilidad absoluta”, dicen periodistas chilenos.
El asesinato de Anas al-Sharif y sus colegas generó indignación y temor. El día siguiente, Al Jazeera informaba que Israel mataba a otras 73 personas, mientras el Reino Unido, la UE y otros países, muchos de ellos cómplices de este genocidio, denuncian un sufrimiento «inimaginable» en Gaza. Los palestinos describían escenas “horribles” en el norte de Gaza, con el ejército israelí disparando contra personas desesperadas por conseguir algo de comida.
Según Reporteros sin Frontera (RSF), el objetivo es impedir toda divulgación de lo que está pasando, evitar la documentación de crímenes de guerra.
“Israel mantiene cerradas las puertas a la prensa extranjera independiente. Y ahora, poco después del ataque al equipo del Al Jazeera, anunciaron que permitirán solo visitas bajo acompañamiento militar, lo que busca garantizar un control estricto de la narrativa”.
Las cifras superan cualquier comparación reciente: más periodistas han muerto en Gaza que en conflictos de décadas como la Guerra de Vietnam o incluso la Segunda Guerra Mundial.
Solo hay que ver las imágenes. Están disponibles en los más diversos medios. Ver la cifra de muertos, de niños, mujeres, hombres asesinados. Miles y miles, con Gaza transformada, desde hace muchos años, en un verdadero gueto.
Los periodistas no deben morir por su trabajo
Imposible quedarse callado. Las voces de condena se extienden por el mundo. Lula, el presidente de Brasil, ha reiterado la denuncia del genocidio que Israel comete en Palestina, en Gaza y en Cisjordania.
Yo entonces publiqué en FB unas líneas. Me preguntaba si el Colegio de Periodistas –al que pertenezco desde hace más de 30 años– no debía decir algo. Me parecía que sí. Supe que se reunirían el martes 12 para acordar una declaración. La publicaron en el transcurso del día.
No podía creer lo que estaba leyendo. Ni una condena, ni un nombre, nunca la palabra asesinato, genocidio. ¡Nada! Solo periodistas muriendo por su trabajo. Tampoco era en Gaza. Era en México, en Honduras, en América Latina.
Después hablan de Gaza. Dicen que según el Comité para la Protección de Periodistas en 2024 murieron 124 periodistas (seguramente murieron muchos más. Esos fueron asesinados). Y que el 70% de esas muertes “se atribuyen a Israel, por la guerra en Gaza”. 242 periodistas “abatidos” desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2033.
Datos, datos. ¡Ninguna condena! América Latina mezclada con el escenario de Gaza. Como si fueran lo mismo, o parecido.
A la Junta Directiva del Colegio le parece que “Los periodistas no deben morir por su trabajo”. Y se unen a un llamado de urgencia para frenar la violencia.
¿Frenar la violencia? ¿O el genocidio? ¿O los asesinatos? Naturalmente, de todos los palestinos, pero, en este caso, de nuestros colegas periodistas.
Cubrí las guerras en Centroamérica en los años 80. Estaba en El Salvador cuando aparecieron asesinados cuatro periodistas de la televisión holandesa. Fue un gran escándalo. El presidente Napoleón Duarte se acercó el hotel donde nos alojábamos y nos preguntó qué queríamos que hiciera. Le dije que le dijera a su ejército que dejara de asesinar a los periodistas.
Hablé con un amigo, miembro de la junta directiva. Me dijo que quizás faltó contundencia, me pidió comprensión, aludió a la diversidad de criterios del medio, a lo heterogéneo que es.
Es cierto, es muy heterogéneo, pero le dije que no faltó contundencia. Faltó vergüenza, coraje, respeto por nuestra profesión, por los hechos… Es otra cosa. Me da tristeza, vergüenza, el comunicado del Colegio de Periodistas. No quiero ser cómplice de eso ni un minuto.
En México, casi dos periodistas mueren al mes, ya van 8 en lo que va del año. En Honduras han muerto dos y en toda América Latina suman 15, según cifras de Reporteros sin Fronteras y la Relatoría para Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
En el mundo, en 2024 murieron 124 periodistas según el Comité para la Protección de Periodistas, y el 70% se atribuyen a Israel por la guerra en Gaza. La Organización de Naciones Unidas estima en 242 la cifra de periodistas palestinos asesinados desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023. El pasado domingo 10 de agosto murieron 6 comunicadores, 5 de ellos de Al Jazeera, el primer canal de televisión del mundo árabe y uno de los más importantes del mundo.
¡Los periodistas no deben morir por causa de su trabajo!
El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica se une al llamado de urgencia para frenar la violencia, la destrucción y las muertes civiles en la guerra en Gaza y nos enfocamos, por nuestra naturaleza, en la muerte de periodistas.
Los países y las organizaciones multilaterales son los llamados a detener estas espirales de ataques a la libertad de prensa en el mundo. El Comité para la Protección de Periodistas asegura que hoy es el momento más peligroso para ejercer el periodismo. ¡Esta aseveración no podemos aceptarla en silencio!
Sin periodismo y periodistas independientes, acabamos con la democracia, y sin democracia quedamos en manos de autócratas que nunca velarán por el bienestar individual y común.
El II Foro sobre “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, permitió a lideres de diversos sectores que levantaran su voz en representación de la ciudadanía, hacer un llamado en aras del fortalecimiento del Sistema Nacional de Radio y Televisión-SINART y con ello darle su lugar a una comunicación pública solida e independiente.
SINART S.A es una institución con más de cuarenta y ocho años de labores en los medios de comunicación en Costa Rica; es la única institución del Estado que cuenta con un canal de televisión denominada Red Nacional de Televisión -Canal 13, una emisora radial, Radio Nacional 101.5 FM, una revista, “Contra Punto” y un medio digital, SINART Digital. Su programación a lo largo de casi cinco décadas ha estimulado a la audiencia con propuestas formativas, informativas, multiculturales, reflexivas y vivenciales. Las producciones independientes y la colaboración de diversas instituciones han creado un espacio único para experimentar e innovar.
No obstante, ante la campaña de desprestigio que ha rodeado al SINART en los últimos meses, donde se ha tratado de desnaturalizar aún más los objetivos que se esbozaban en los proyectos de creación de este medio de comunicación, diversos actores y sectores se han preocupado en recoger las opiniones, mensajes y realizar foros para reposicionar de manera sistemática que una institución de comunicación de servicio público como el SINART, es de interés social, de ahí que, en Costa Rica, es aquella libre, con independencia jurídica, cuyo cuerpo doctrinal y legal le permita actuar a favor de las audiencias.
En este sentido, la Comisión Técnica Pro SINART instaurada por la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva-COLPER y la Comisión Ciudadana por la Defensa del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), llevaron a cabo el jueves 31 de julio de 2025, el II Foro “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, donde se discutió la necesidad de un proyecto para actualizar la Ley 8346 (publicada en La Gaceta N° 44 de 4 de marzo de 2003 y sus reformas) con el fin de darle solidez económica e independencia. Una televisión, una radio, una prensa, de utilidad social, de servicio a toda la comunidad nacional, con amplio rango de libertad, libre de ataduras y de amarras ideológicas que le impidan cumplir una gama amplia de objetivos y de servir a una pluralidad de intereses.
Este II Foro tuvo se efectuó en el Salón de Exjefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa al cual asistieron la presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva-COLPER, Magister Yanancy Noguera Calderón, la vicepresidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, catedrático universitario, exdiputado y coordinador de la Comisión Ciudadana por la defensa del SINART, la Defensora de los Habitantes Máster Angie Cruickshank Lambert y el Máster Iván Porras Meléndez, director del Quince UCR de la Universidad de Costa Rica.
En la introducción de esta actividad la Máster María Auxiliadora Zúñiga Corea, coordinadora de la Comisión Técnica por el rescate del SINART y miembro (a) de la Junta Directiva del COLPER, señaló que el objetivo de dicho foro es reconocer la dimensión ética y técnica de la comunicación política y publica en la construcción de una ciudadanía informada, crítica y participativa: “Desde nuestro Colegio Profesional se requiere un modelo de gestión que garantice la independencia editorial, la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Radio y Televisión-SINART, bajo los principios de gobernanza transparente y participación ciudadana”. Zúñiga acotó que el compromiso ético de la comunicación pública implica asumir la responsabilidad de ofrecer contenidos de calidad, inclusivos, culturalmente diversos y libres de presiones partidarias o comerciales: “La propuesta para un nuevo SINART representa una oportunidad histórica para fortalecer el derecho a la comunicación y consolidar un sistema de medios públicos al servicio de la democracia costarricense”.
La señora Zúñiga Corea, hizo referencia a la creación de la Comisión Técnica por el rescate del SINART, en constancia con la normativa vigente del COLPER (Ley 4420-Acuerdo JD 26 05 25-Sesion 28 01 2025) y agradeció el apoyo de las personas integrantes de esta comisión y colegiados al COLPER, señoras: Xiomara Cubero Marín, Elena Constela Martínez y señor Efraín Cavallini Acuña. Asimismo, agradeció el respaldo del Despacho de la Diputada Vanessa De Paul Castro Mora y destacó la participación e interés de un grupo de extrabajadores del SINART coordinado por el Fundador y Ex Director General del SINART Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, quienes en enero de 2025 conformaron la “Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART”, con el objetivo principal de elaborar una iniciativa de reforma a la Ley del SINART, para actualizarla y que cuente con un marco legal que le permita solidez económica e independencia: “ La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, considera que los medios públicos de comunicación son esenciales para el buen funcionamiento de una democracia y la integridad del sistema de información, asimismo, esta entidad (OCDE) recomienda que los gobiernos deben apoyar la existencia de medios públicos independientes y de alta calidad promoviendo la transparencia y diversidad en la propiedad de los medios y asegurando su viabilidad financiera”, acotó la comunicadora y coordinadora de la Comisión Técnica por el rescate del SINART.
La presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (COLPER), Magister. Yanancy Noguera Calderón expuso la preocupación de la Junta Directiva del COLPER ante un posible cierre técnico del SINART, sino se llevan a cabo acciones en el corto plazo para evitar que esto suceda e hizo referencia a tres dimensiones:
Comunicación Pública: la cual trasciende lo que el SINART podría hacer, es decir, se entiende como comunicación pública, cualquier estrategia que una institución o dependencia del Estado tenga para cumplir con los objetivos a las cuales está obligada por ley y que llegue a las audiencias y trate de alcanzar las expectativas de estos públicos, en este contexto, se ubica también al SINART como medio de comunicación dentro de una estrategia de comunicación más amplia.
Política de Estado: ¿Es deseable y posible una comunicación pública eficaz, ética y objetiva desde un medio de comunicación público?
Nuevo SINART
Su exposición enfatizó en la segunda dimensión sobre Política de Estado, de esta manera, hizo un repaso por experiencias de comunicación política en otros países que permita dejar por sentado que, si es posible un SINART dinámico, actualizado, sostenible y comprometido con la ciudadanía y que se pueda ubicar con claridad a esta institución dentro del paradigma mediático actual, establecer alianzas inteligentes, buscar soluciones para enfrentar a nuevos desafíos, como estrategia para fortalecerlo. De esta manera, proponer alternativas de desarrollo, acorde a las coyunturas actuales de carácter político como tecnológico, y desarrollar una agenda prospectiva a manera de proyecto de corto y mediano plazo, que incluye los cambios filosóficos, de gestión, jurídicos y administrativos.
La Presidenta del COLPER hizo un repaso por varias experiencias que han logrado llevar a cabo su función y mantenerse al aire después de muchos años de trabajar en la comunicación y estar al servicio de sus audiencias e indicó que el hecho de no presentar en su exposición marcas de medios latinoamericanos vigentes se debe a que en esta región estos medios públicos han venido a menos, dada esa visión fiscalista a la hora de plantear política de Estado ha secuestrado la posibilidad de que estas instituciones existan. Noguera mencionó algunas experiencias:
France. TV-Radiofrance
En esta organización francesa de medios públicos, cada uno de sus medios opera como un holding de 5 canales de televisión públicos y 5 emisoras de radio. Se financia mayoritariamente por el presupuesto asignado por el Estado y por concepto de publicidad. Hasta 2022 se financiaba con un impuesto a los hogares (redévance) de 138 euros al año.
En este momento es de cargo completo al presupuesto del Estado.
France Télévisions y Radio France son dos conglomerados de medios en un pais muy grande, con gran cantidad de medios adentro, con importante y variada programación temática y de cobertura de estos medios, los cuales en algunos casos se orientan a tópicos específicos, generando una pauta de programas muy amplia sobre: noticias, cultura, educación, entretenimiento, programación regional, historia, música, artes, mundo, infancia, ficción, ciencia, cocina, economía, libros y política.
Es claro que en Francia el sistema se ha sostenido, ha superado cambios, pero en la actualidad, sigue siendo un sistema robusto que juega un rol estratégico dentro de la sociedad francesa y convive con la cobertura de medios privados.
RAI-ITALIA:
11 emisoras de radio, 13, canales de televisión, centros de producción audiovisual, serviciosmultimedia, teledifusión y venta de publicidad entre otros campos. Se financia a través de un sistema mixto con impuestos directos, publicidad y venta de productos. De esta manera, se puede evidenciar que los medios de comunicación pública deben resguardar su principio fundamental y experimentar diversos intercambios para fortalecer su producción y programación de acuerdo a los intereses de la ciudadanía.
El estatuto de la RAI define claramente su condición de «servicio público de radiodifusión». Es una sociedad anónimacon 70 años de funcionamiento y pertenece al Ministerio de Economía y ha sobrevivido a continuas leyes y reformas que en ocasiones agrandaron la sombra de la manipulación política. La licencia de televisión (Canone Rai) que pagan las familias financia sus actividades. Es de 90 euros.
Se mencionan otros medios públicos como la Corporación Radiodifusora de Japón: independiente del gobierno de Japón, aunque el gobierno de turno nombra a los representantes del consejo ejecutivo; se financia a través de un impuesto directo.
– National Public Radio, de Estados Unidos: produce programas para una red nacional de más de mil estaciones de radio en los cincuenta estados y el Distrito de Columbia.
En el caso de la BBC (Inglaterra) se destaca que es una Carta Real que se tiene en el Reino Unido que reconoce su independencia editorial y establece sus obligaciones públicas. Se creó como el sistema base de gobernanza. Se describe como “servicio público de radio y televisión”. Su servicio de noticias es de clase mundial y cuenta con los estándares de ética periodística más estrictos en el mundo. Se financia mediante un impuesto a la televisión de casi 200 euros al año. También se venden programas, revistas y libros. Incluye 46 estaciones de radio y 10 canales de televisión y digitales; además, una serie de servicios informativos.
Este medio cuenta con los estándares de periodismo más estrictos del mundo.
La presidenta de la Junta Directiva del COLPER enfatizó que Costa Rica debe tener y sostener su medio de comunicación público, por ello, aprovechar la institucionalidad robusta con que cuenta el país y no permitir que el SINART en esta coyuntura de crisis se vea amenazada. Por ello, es perentorio señalar elementos importantes que se describen en el proyecto de ley del SINART, como son: “es un medio indispensable para el pais, dado que se evidencia su rol importante para la sociedad, debe ser un medio de comunicación que opere como una empresa pública y que brinde servicio de información a las audiencias, tener una fuente clara y segura de ingresos, contar de alguna tasación (impuesto) de la cual participen todas las familias, en el entendido, que serán beneficiadas con su programación diaria, independencia del gobierno de turno es esencial para resguardar su esencia y vocación de servicio público. Requerimos de una visión de Estado que resguarde como parte de la política pública una comunicación pública eficaz desde un medio de comunicación público e independiente”.
La Defensora de los Habitantes Máster Angie Cruickshank Lambert, abogada, consultora de la Organización de Estados Americanos-OEA, se refirió al papel que ha asumido la Defensoría de los Habitantes con respecto al SINART; en su calidad de garante del respeto al derecho a la información que tienen todos los habitantes en especial aquellos de poblaciones vulnerables, de ahí, que subrayó la importancia del acceso a la información pública, tal como se establece en las convenciones y leyes nacionales, donde se afirma que es un derecho fundamental para todas y todos los habitantes, el cual busca favorecer su participación en los asuntos públicos, así como monitorear las acciones del Estado en aras de transparentar la gestión pública: “ considerando nuestra posibilidad de emitir criterio sobre proyectos de ley, informarles que, en mayo del presente año, se remitió a la Comisión Permanente Especial Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, el criterio de la Defensoría de los Habitantes sobre el expediente No. 24.032 correspondiente al Proyecto de Ley Reforma de los artículos 7 inciso g y 19 inciso c y adición de artículo 19 bis de la Ley Orgánica del Sistema de Radio y Televisión Cultural N°8346 para brindar herramientas de actualización tecnológica (oficio N° 04527-2025-DHR del 04 de mayo 2025”.
Para la Defensora de los Habitantes el proyecto de ley mencionado antes pretende modernizar y dar sostenibilidad financiera al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), mediante el establecimiento de nuevas herramientas tecnológicas y de financiamiento para enfrentar los cambios sociales que ha traído la globalización y las nuevas tecnologías. Por ello, desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, se indicó que el mismo se alinea con los Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible ODS 5 y 9, promoviendo el acceso a la información y la equidad de género en el ámbito político: “Recordemos que el ODS 5 refiere a la Igualdad de Género, incluyendo la meta 5.5 de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles. Y la meta 5.B: busca mejorar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de las mujeres”.
De esta manera, Cruickshank señaló que el proyecto de ley establece que al menos un 3% de los fondos publicitarios estatales destinados a SINART deben usarse en la difusión de materiales y contenidos sobre violencia contra las mujeres en la política. Por ello, para la Defensoría de los Habitantes este es un paso importante para visibilizar y combatir la violencia de género en espacios políticos en el país. Y por su parte el ODS 9: Industria, Innovación e infraestructura, en su Meta 9.1: define el desarrollar infraestructura sostenible y resilientes para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Y la Meta 9.C: busca aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones: “Se recomendó a las diputaciones evaluar y fortalecer las vinculaciones de los ODS 4 (Educación de Calidad) y el ODS 17 (Alianzas para el Desarrollo), asegurando que el SINART además de recibir el financiamiento, cumpla con una función estratégica dentro del entorno de educación y comunicación para las personas habitantes”.
Angie Cruickshank Lambert enfatizó que, en el criterio emitido por la Defensoría, se identificaron desafíos en la estabilidad del presupuesto estatal, la eficiencia del gasto y la equidad en la competencia con otros medios de comunicación. La revisión de modelos internacionales de financiamiento permitió sugerir que una dependencia excesiva de la publicidad puede afectar la sostenibilidad a largo plazo, por lo que se recomendó evaluar alternativas como financiamiento directo o mixto. En este sentido, indicó que la inclusión de indicadores de desempeño y eficiencia del gasto permitiría asegurar que la inversión pública en el SINART sea transparente, efectiva y en beneficio directo de la ciudadanía: “Aunque el proyecto busca garantizar la sostenibilidad financiera del SINART, podría limitar la competencia y aumentar la carga presupuestaria de otras entidades públicas, sin perjuicio de que se podrían generar conflictos legales por restringir el libre mercado y crear condiciones desiguales para medios privados”.
A partir del abordaje en Derechos Humanos expuestos por la Defensora de los Habitantes, especialmente en cuanto a poblaciones vulnerables, se evidenció que desde la Defensoría se plantearon las siguientes recomendaciones con el fin de que las señoras y señores diputados las puedan tomar en consideración en el análisis del proyecto de ley en cuestión:
1.- Asegurar que la inversión beneficie a las personas habitantes: Es importante tener en consideración que los contenidos creados por el SINART tengan acceso libre y gratuito para las personas habitantes, sean en formato digital y plataformas accesibles. Además, contar con un espacio de repositorio público donde se documenten los programas, campañas y contenidos financiados por la pauta estatal.
2.- Crear indicadores de desempeño, evaluación y eficiencia del gasto: Es conveniente incluir en el proyecto de ley un apartado para realizar encuestas periódicas que midan la efectividad y receptividad de la información transmitida por el SINART, y si cumple con los objetivos de las instituciones públicas. Adicionalmente, se pueden establecer mecanismos de retroalimentación para que el SINART conozca las nuevas tendencias en el consumo del tipo de productos y servicios que genera, por parte de toda la ciudadanía. En este apartado, la Defensoría consideró que las y señores diputados pueden valorar incluir indicadores desempeño y eficiencia del gasto, con el fin de medir el impacto de la inversión publicitaria en el SINART, tales como el alcance de la audiencia sobre los contenidos, nivel de cumplimiento de los objetivos culturales y educativos, y otros. Se trata de asegurar que los fondos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente. Además, establecer un marco de rendición de cuentas y mejora continua que respalda el financiamiento estatal a medios públicos.
Por su parte el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, historiador, ex Catedrático de la UCR y la UNA, ex diputado, fundador, ex presidente ejecutivo del SINART y coordinador de la Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART, aprovechò el espacio para referirse al abandono que las últimas administraciones del gobierno han proliferado en perjuicio del SINART y sus medios y de la necesidad de dejar claro ante el país que el SINART no es un negocio, es una institución de servicio público, por consiguiente: “la ganancia de esta institución no es que cierre los estados financieros anuales con ganancias: que cierre en cero-bien. Que puede cerrarlo hasta con un pequeño déficit-también. ¡No seamos hipócritas!, porque la ganancia del SINART es el servicio. En ese sentido, ahí sí, los estados del SINART en los últimos 15 años ha sido cero o en rojo y eso hay que decirlo con toda sinceridad”.
Aguilar Bulgarelli, dijo que el SINART como institución de servicio ha sido deficiente, porque la ley creada en el 2003 tiene una serie de defectos que le ayudaron a consumir esta institución en la situación que hoy tiene: “sobre lo principios y objetivos que están establecidos en esa ley, està una organización pensada para que fuera manipulada políticamente, entonces, la manipulación política del SINART lo ha destruido”. Es por ello, que la Comisión Ciudadana por Defensa del SINART se abocó a cambiar aquellas cosas del proyecto de ley que no estaban favoreciendo el buen funcionamiento de la institución, agregó Aguilar, quien citó algunas propuestas para mejorar el proyecto de ley que se revisa en la corriente legislativa:
No se eliminó la condición de Sociedad Anónima, pero se le devuelve una condición que fue borrada de la ley y se afirma que el Sistema Nacional de Radio y Televisión -SINART, es una institución CULTURAL: “Se entiende que no es un negocio, el negocio es la cultura en el más amplio concepto de cultura, de cultura humanista. No se trata de que el ser humano se convierta en una máquina consumista, que es lo que buscan los regímenes políticos actuales, hablamos de que la personas se mantengan como un ser humano de libre pensamiento, de libre acción y de libre decisión”.
La naturaleza jurídica del SINART será entendida como una Sociedad Anónima cuyos miembros son elegidos por Colegios Profesionales, del Gobierno, pero el presidente ejecutivo y el gerente o director general ya no serán nombramiento ni del Consejo de Gobierno ni del presidente de la República, sino será una decisión del Consejo Ejecutivo del SINART.
El presidente ejecutivo del SINART asume las responsabilidades de la decisión de políticas del SINART y el director general la función administrativa o gerencial. De esta manera, dejar claramente diferenciada la definición de gobernanza con la gobernabilidad institucional: “La gobernabilidad es la función de gobierno para alcanzar un servicio eficiente a la sociedad de parte de las instituciones del Estado. No es el aspecto económico lo que le interesa a la gobernabilidad, sino la calidad del servicio que recibe la ciudadanía. La gobernanza es un término que se ido metiendo en la administración pública proveniente de las visiones gerenciales de la empresa privada derivadas del mercado, la globalización que ven en la gobernanza una finalidad de beneficio y de ganancia económica. En el servicio publico la gobernanza está supeditada a la gobernabilidad”.
El SINART debe tener libertad absoluta de decisión, de gobierno y administración, por ello, se establece que debe estar ajeno a toda influencia del control asfixiante del gobierno de turno y no ser únicamente portavoz del Poder Ejecutivo.
En cuanto al financiamiento se han introducido algunas cosas como quedar claro que el 10% de los presupuestos de publicidad de las instituciones autónomas y de gobierno serán asignados al SINART-no como un asunto obligatorio sino como obligación. Para ello, se establece que deben ser girados en tractos cada tres meses de tal manera que la Contraloría General de la República-CGR será la gran vigilante que eso se cumpla.
Se plantea que el fondo de FONATEL haya un porcentaje que sea asignado para el SINART, lo cual se justifica porque el servicio que presta el SINART se ubica dentro de los objetivos que cumplen los fondos de FONATEL.
Se agrega al proyecto la venta de servicios, (venta de publicidad) tal y como lo hacen instituciones de comunicación pública en otros países (RAI-RTVE-BBC-FRANCE TV), lo cual permite ser competitivos y cumplir con las aspiraciones de las audiencias con programas de calidad.
El expresidente Ejecutivo del SINART fue enfático en mencionar que: “ El presidente de la República Rodrigo Chávez es el máximo responsable de hacer del SINART una maquinaria para generar ingresos para su propaganda política y la de sus jaguares lo que liquidan al SINART”. Por ello, para mejorar la situación actual de esta institución se debe mejorar la ley y eso es lo que se plantea en la propuesta de la Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART que él dirige, manifestó el Dr. Aguilar Bulgarelli.
Como parte del evento se llevó a cabo un conversatorio entre los expositores, conducido por el Lic. Iván Porras Meléndez, director de QUINCE UCR, al cual se sumó la vicepresidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, Diputada.
Al respecto, Porras en relación al tema del foro reflexionó sobre lo expuesto por Ignacio Ramonet, periodista español, catedrático de teoría de la comunicación establecido en Francia en su vista a Costa Rica hace varios años (Semana de la Comunicación COLPER), quien hizo un planteamiento de cómo se estaban configurando los medios de comunicación y la polarización entre medios públicos y privados (Medios Públicos, Guerras Mediáticas): “Existen países donde se da una cobertura mediática totalmente estatal dada su modalidad de dictaduras, caso de Corea de Norte, y por otro lado, la mayoría de los países del mundo cuentan con medios privados y se dan pocos ejemplos de medios de servicio público. En cambio, en el caso europeo se evidencia un ecosistema de convivencia de medios privados y los medios públicos, donde estos últimos habían llegado primero y ser protagonistas en la mesa de diálogo y que a partir de la lógica de servicio público a la ciudadanía fue que se construyó la lógica de medios al servicio de las audiencias con alta calidad. Costa Rica es de esos casos donde la televisión privada llegó primero y eso en cierta manera ha determinado el ecosistema de medios en nuestro país”.
El Director de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica-UCR, comentó que en nuestro país la lucha por un sistema público de servicio que se enfoque en la persona como un ciudadano de una democracia y no nada mas como un consumidor de información es fundamental: “Por ejemplo, en cuanto al financiamiento al día de hoy Radio Televisión Española-RTVE, señal que se puede apreciar en Latinoamérica en canales de cable, combina un porcentaje muy grande de su ingreso del erario público (Estado), otra parte viene de impuestos a operadores telefónicos y han buscado formas hibridas en la venta de contenidos, co- producciones e incluso en la venta de material de archivo. También existe la TV 2 de RTVE donde transmite arte, cultura, literatura, educación etc.”.
Por su parte la Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, Diputada comentó que el tema de educación es gran preocupación ante los nuevos paradigmas y le preocupa la situación negativa que enfrentan en Costa Rica temas como la educación, la salud y la seguridad ciudadana, tres ejes que han sostenido la democracia más sólida del continente los cuales se están resquebrajando y sin embargo, han sido uno de los aspectos mas atacados en los últimos tres años, dando golpes muy fuertes a este triangulo poniendo en peligro al país: “ en este contexto, los medios de comunicación cumplen una función esencial y por consiguiente, el ejercicio de una comunicación pública en el fortalecimiento de la democracia. Vemos un ataque muy rudo a todo el tema de la comunicación pública, pero también a la privada, es situación que requiere del análisis permanente y el entendimiento que la situación es compleja”.
El señor Iván Porras hizo un señalamiento muy general a algunos elementos expuestos en este conversatorio como son:
Una cosa es una comunicación política y otra es un medio de servicio público. Hay que diferencia un medio de servicio público de un medio gubernamental.
El lugar donde nació el SINART era un espacio de servicio público. Lograr esa independencia es un reto.
El paradigma del derecho a la información a partir del cual se busca como sociedad democrática brindar un espacio a las diferentes comunidades históricamente vulnerabilizadas. Es en la televisión y medios públicos donde muchas veces estas comunidades tienen un espacio, una voz, donde la tienen en la televisión comercial, porque no corresponden a lo que buscan las pautas o la publicidad.
En este momento lo más importante es fomentar una sociedad que construya desde y hacia la inteligencia, de esta manera, rescatar el concepto de CULTURA cuando se habla de medios de comunicación al servicio de la ciudadanía.
El II Foro sobre “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, realizado desde el Salón de Exjefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa, contó con el apopo del despacho de la Diputada Vanessa De Paul Castro Mora y se constituye en una actividad abierta para compartir insumos de gran relevancia en este proceso de diálogo, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento democrático donde se espera que la ley del SINART (Canal 13, Radio Nacional, Revista Contrapunto), sea aprobada por el Poder Legislativo y permita que la sociedad costarricense cuente con una comunicación pública, que lleve a la práctica los valores esenciales de verdad, honestidad, imparcialidad, independencia, respeto a los derechos ajenos y propios, así como el compromiso con: la democracia, la paz, la justicia, el pluralismo, la tolerancia, el respeto al ambiente, la calidad de vida, defender la verdad, actuar con integridad, equidad, buena fe y neutralidad, En fin, la búsqueda de la excelencia, luchar por la libertad de pensamiento y de expresión, asegurando la independencia como institución de servicio público y responder a las nuevas formas de percepción de los colectivos, en el ámbito de la ética, los valores socio culturales, y la responsabilidad de la ciudadanía.
El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) invita al foro “Comunicación pública como política de Estado: propuesta para el nuevo SINART”, que se realizará el jueves 31 de julio de 2025 a las 10 a.m.
La actividad será presencial en el Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República, en la Asamblea Legislativa. Además, contará con transmisión en vivo y está abierta al público general.
Participarán como panelistas la Mtr. Yanancy Noguera Calderón, presidenta del COLPER; la diputada Vanesa Castro Mora; la defensora de los habitantes, Lic. Angie Cruickshank; y el Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli, fundador y exdirector del SINART.
Tres profesionales de la comunicación fueron invitados para participar en las actividades especiales que se desarrollarán durante la Feria Internacional del Libro que arrancó el sábado 19 de julio, en el Centro Nacional de Convenciones en Belén de Heredia.
La primera intervención fue del periodista José Rodolfo Ibarra Bogarín, quien realizó un conversatorio sobre su libro “Solo a mi mamá: Crónica de una tragedia. La actividad fue el domingo 20 de julio.
Este libro, que estará a la venta en el estand C 43 del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (COLPER), es una crónica que relata los hechos vividos por el reportero, tras el cruel y fatídico atentado de La Penca ocurrido el 30 de mayo de 1984. En aquella oportunidad, fallecieron siete personas y alrededor 20 quedaron con heridas severas.
El relato, hecho en primera persona, detalla la experiencia del periodista que, tras sobrevivir de aquel atentado, se enfrenta a la difícil tarea de reconstruir los hechos, mientras lidia con sus propias heridas físicas y emocionales que dejó la explosión en el que vio sufrir y morir a sus colegas y amigos.
La segunda participación será de la periodista y productora audiovisual Marlene Ramírez Berrocal, quien tendrá en el estand del COLPER cinco de sus publicaciones y, en esta ocasión, ella nos leerá y comentará uno de sus relatos relacionados con las luchas, condiciones y situaciones que soportan las mujeres en el territorio nacional. La presentación de Ramírez Berrocal será el sábado 26 de julio a las 11 de la mañana en la sala Alajuela.
La tercera intervención será el domingo 27 de julio, cuando el periodista y escritor Juan Ramón Rojas Porras nos hable de su obra: Libros, autores y Lecturas. Este conversatorio se realizará a las 4 de la tarde en la sala Gabriel García Márquez.
Este libro lo empezó a escribir 10 años atrás como notas sueltas, sin embargo, tomó la decisión de compilarlas y publicarlas bajo el sello de Uruk. Dentro de ellas incluye una entrevista que le hizo al escritor costarricense José León Sánchez y tomó la decisión de incorporarla en el libro cuando se enteró de su muerte. Las publicaciones de Ibarra, Ramírez y Rojas estarán a la venta en el estand C43 que tendrá del COLPER en la citada Feria del Libro.
En este puesto, se aglutinarán 15 profesionales de la comunicación quienes también son escritores y quieren que los asistentes a esta actividad de tanta trascendencia para la cultura de país conozcan sus publicaciones.
Esta población agremiada al COLPER ha incursionado en la escritura de diversos géneros literarios: cuentos, crónicas, novelas, ensayos, relatos cortos, poesías, investigaciones periodísticas, textos académicos…
Habrá novelas policiacas, históricas, textos de denuncia, literatura infantil… de manera que se podrán satisfacer los gustos de los diferentes grupos de edad que asistan a este evento internacional. Si asiste a la Feria del libro no deje de visitar este puesto de profesionales de la comunicación.
El Colper enfatizó en que la reestructuración “deberá realizarse garantizando la independencia de los medios públicos, el cumplimiento de su Ley Orgánica, y en estricto apego de la normativa laboral que garantice el respeto de los derechos de las personas colaboradoras, así como también la transparencia en el manejo de los recursos estatales”, según se lee en el documento público.
“Los medios estatales juegan un papel crucial en la promoción del debate plural y la garantía del derecho a la información. Por lo anterior, cualquier reforma debe priorizar la autonomía del SINART y evitar los abusos que históricamente han comprometido su credibilidad”, expresaron desde el Colegio de Profesionales en Comunicación.
Además de solidarizarse con el personal que ha perdido su empleo debido a esta reestructuración y clamar por su derecho a ser informado del proceso que está viviendo, el Colper solicitó cuentas claras y transparencia con el uso de los fondos extraordinarios aprobados para el SINART: ₡600 millones para compra de equipos, ₡1.000 millones para la reestructuración y ₡350 millones destinados al pago de salarios y aguinaldos en 2024.
“Desde la Junta Directiva hicimos las consultas pertinentes a las autoridades del SINART y exhortamos a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) para que, a través de nuestra representante en el Consejo Ejecutivo, abogue porque el proceso de reestructuración cumpla lo establecido en la Ley General de Control Interno N.º 8292, la cual exige que cualquier modificación estructural en una institución pública esté debidamente justificada, con una evaluación técnica que considere los riesgos, la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos”, afirmó el Colper.
El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper) aplaude la aprobación de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública número 23.113 e insta a un cumplimiento efectivo a todas las entidades del Estado en Costa Rica.
Si bien la Constitución Política y los recurrentes votos de la Sala Constitucional resguardan el derecho de acceso a información, Costa Rica era uno de los pocos países en el hemisferio sin una ley específica con criterios claros para solicitar y recibir información pública.
Además de una ley, el Colper estima que es fundamental trabajar en una cultura que favorezca que toda la información de las instituciones del Estado se encuentre publicada en formatos abiertos y que cuando una persona solicita algo que no esté disponible en el sitio en Internet, siempre exista una anuencia de entrega bajo la convicción de que la información transparente favorece la democracia.
El Colper ha desarrollado varios cursos sobre legislación de derecho de información y expresión, en alianza con el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica, dirigido a profesionales en comunicación en oficinas públicas. Este tipo de iniciativas deben extenderse a más personas en las entidades del Estado con el fin de que se comprenda la relevancia y el impacto del acceso a información.
La Ley Marco de Acceso a la Información Pública número 23.113, impulsada por el diputado Alejandro Pacheco, recogió lo mejor de distintos proyectos de ley que se analizaron en el pasado, así como la posición y criterios de distintas organizaciones defensoras de los derechos de expresión e información, por tanto, es una iniciativa positiva que fortalece la libertad de prensa y el derecho en general de toda la ciudadanía.
El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) presentó un recurso de amparo en defensa de tres periodistas que recibieron ataques y descalificaciones en el ejercicio del periodismo durante las conferencias de prensa semanales realizadas en Casa Presidencial.
La acción es con el propósito de que la Sala Constitucional confirme la protección del trabajo de los profesionales en el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de información de la ciudadanía que se materializa con sus preguntas, las respuestas obtenidas, la información procesada y publicada en medios de comunicación.
El recurso de amparo se presentó el viernes 13 de setiembre, el cual se le dio curso el martes 17 de setiembre en el expediente No. 24-025545-0007-CO y se planteó contra Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República; Arnold Zamora, ministro de Comunicación y Enlace; Mauricio Batalla Otárola, ministro de Obras Públicas y Transporte y el director o encargado de la Unidad de Protección Presidencial (UPP), a favor de los periodistas Héctor Guzmán Suárez, David Chavarría Hernández y David Bolaños Acuña.
El recurso denuncia que los continuos ataques, insultos, maltratos, coerción de personas de seguridad así como el impedimento de preguntar y repreguntar, entre otros, son formas de autocensura y causan temor de parte de los periodistas en el desempeño de su trabajo.
En la conferencia de prensa del martes 30 de julio de 2024, Guzmán hizo una pregunta en torno a la decisión de la Sala Constitucional sobre la consulta legislativa de la denominada “Ley Jaguar” y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, indicó: “…Ahora bien, la interpretación que usted hace de que todos los artículos eran inconstitucionales no es correcta …” a lo que el periodista le dice que “no es mi interpretación” y trata de releer el comunicado de la Sala Constitucional sobre el tema. Posteriormente el presidente Chaves calla al periodista y termina su alocución golpeando la mesa.
Otra situación ocurrió el pasado 11 de setiembre cuando los periodistas Bolaños y Chavarría, de los medios Doble Check e Interferencia de la Universidad de Costa Rica, fueron rodeados por escoltas de la Unidad de Protección Presidencial (UPP), cuando intentaron hacer repreguntas a la ministra Fernández, y al presidente Chaves; además, el propio presidente impidió que hablaran en el micrófono junto con el Ministro de Información Zamora.
También hubo burlas por parte del presidente hacia Chavarría y al mismo tiempo el ministro de Obras Públicas se le acerca y le dice que respete la investidura del presidente, y acto seguido los rodearon en una clara acción de intimidación. Posteriormente, en otra pregunta que hace Bolaños, y al indicar a la ministra que no le contestó su pregunta, se le apaga el micrófono.
“El Colegio agremia a una importante cantidad de los profesionales que ejercen el periodismo de manera profesional y estamos en presencia de la defensa de intereses que atañen a la totalidad de los agremiados y al Colegio, por cuanto los hechos señalados contravienen normas constitucionales que protegen la libertad de expresión y el libre acceso a la información pública”.
La fundamentación legal del recurso incluye los artículos 28 y 29 de la Constitución Política, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Sentencia 2006-5977 de mayo de 2006 de la Sala Constitucional y la Resolución 12085–2023 de la Sala Constitucional en mayo del 2023.
Por otra parte, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación de Costa Rica reitera su compromiso por defender el ejercicio profesional de una prensa libre e independiente.
Organizaciones presentaron estudio nacional sobre violencia digital contra mujeres comunicadoras
Tipos de violencia digital que más sufren son: deslegitimación de su liderazgo, amenazas físicas y distribución no consensuada de imágenes íntimas
60% de comunicadoras encuestadas ha recibido algún tipo de violencia contra personas cercanas a ellas
El 39% de las comunicadoras se autocensuran como forma de protección ante las agresiones que sufren de forma digital, reveló la investigación titulada «Violencia digital contra mujeres en el ejercicio profesional de la comunicación», desarrollada por segundo año consecutivo por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“Es fundamental que el Colegio evidencie esta situación; pero al mismo tiempo estamos exigiendo una acción continua de distintas organizaciones y del Estado para luchar contra estas tendencias y que las mujeres comunicadoras nos sintamos seguras en los espacios digitales en los que nos desempeñamos”, expresó Yanancy Noguera, presidenta de la Junta Directiva del Colper.
“Estamos hablando de que ese silenciamiento y esa autocensura tienen impacto tanto en la libertad de prensa como en la capacidad que tenemos como ciudadanas de opinar y de construir opinión pública sobre diferentes temas”, manifestó la doctora Yanet Martínez, directora del CICOM UCR.
“Es un impacto individual a la salud mental de las mujeres, es también un impacto al ejercicio de la profesión de las mujeres y es un impacto social a las discusiones que estamos teniendo”, puntualizó Martínez, refiriéndose a la afectación que significa esto para el derecho a la información de toda la ciudadanía, al dejar de recibir opiniones, datos o comentarios sobre temas de actualidad nacional que pueden impactar su vida.
La cantidad de mujeres comunicadoras que afirman haber sufrido violencia digital se mantuvo constante desde el año pasado, siendo de 23,1% en el 2024 frente a 23,3% en el 2023.
Las principales formas de violencia digital identificadas dentro del estudio incluyen discursos de odio, amenazas físicas, vigilancia y distribución no consensuada de imágenes íntimas.
La investigación también revela que la violencia digital dirigida a mujeres tiende a ser más sexualizada y centrada en deslegitimar sus capacidades profesionales y atributos personales.
Además, un rubro que llamó la atención dentro de los resultados es la violencia vicaria: un significativo 60% de las encuestadas indicó haber sufrido violencia dirigida a personas cercanas, evidenciando un patrón de intimidación extendido más allá de las propias profesionales.
El trabajo destacó la necesidad de capacitación en seguridad digital y manejo de redes sociales para las mujeres comunicadoras, pues solo un 31,03% indicó haber recibido esta formación en los últimos seis meses. Dentro de las organizaciones mencionadas que brindan este apoyo están: la Red de mujeres periodistas, asesorías de la Universidad para la Paz, el COLPER y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
“El COLPER es una de las organizaciones que las personas comunicadoras mencionan como fuente de capacitación en la materia de violencia digital y eso nos enorgullece. Continuaremos con esta labor para ofrecer más opciones que brinden protección y respaldo ante la violencia digital a las comunicadoras en el ejercicio de su profesión», comentó Noguera.
La información del estudio se obtuvo de una encuesta realizada a una muestra de 116 mujeres comunicadoras con representación de todas las provincias del país y se analizaron los datos de manera cuantitativa.
En el PDF adjunto se puede ver el detalle de la hoja de datos.
