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Etiqueta: combo fiscal

De la Constitución social y democrática a la Constitución económica de Friedman

Manuel Hernández

La Sala Constitucional no sólo blanqueó la (contra) reforma laboral más regresiva, autoritaria y violenta, dándole un absoluto espaldarazo a la espuria Ley Antihuelgas, sino que, además, respondiendo a su conservadora ideología neoliberal, determinó, en el precedente voto que resolvió la acción contra la Ley del Combo Fiscal, que la violación del principio de “equilibrio presupuestario”, a merced del crecimiento desmedido de las remuneraciones, es la causa de que “nuestro país presenta una situación fiscal tan deteriorada”.

Entonces, como esa es la causa de la crisis fiscal, la política de Estado de contención y congelamiento de las remuneraciones, al decir del Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución, “no solo resulta razonable, sino que, aún más, es insoslayable.” (textual).

El guardián de los Derechos Humanos se volvió contra la Constitución Social y Democrática, y en su lugar proclama una Constitución Económica basada en las doctrinas de Buckanan y Friedman.

Los trabajos de esos economistas, incluyendo a Hayek, proponían incluir en las constituciones modernas principios obligatorios: presupuestos equilibrados, limitación del gasto público a un cierto porcentaje de PIB, control del crecimiento de las remuneraciones, limitación del crecimiento de la masa monetaria, entre otros.

La reforma constitucional no fue necesaria en nuestro país, porque esos principios los impuso la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y fueron blanqueados por el Tribunal Constitucional.

Los sueños de los economistas neoliberales se convirtieron en una realidad y forman parte del Derecho de la Constitución que profesa el Tribunal.

Resolución 2022-0952 que anula condena a Carlos Andrés Pérez Sánchez

SURCOS comparte la Resolución 2022-0952 del TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, emitida a las dieciséis horas veinte minutos, del cuatro de julio de dos mil veintidós con la cual se anula la condena a Carlos Andrés Pérez Sánchez que había sido por un tribunal penal anterior y «se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que con distinta integración proceda a resolver lo que legalmente corresponde». El documento fue remitido a este medio por la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU). Puede descargar el PDF en el enlace que aparece abajo.

A la opinión pública nacional e internacional: anulada la sentencia que condenaba a Carlos Andrés Pérez Sánchez

A la opinión pública nacional e internacional: anulada la sentencia
que condenaba a
Carlos Andrés Pérez Sánchez
CARLOS ANDRÉS ES INOCENTE

Las organizaciones sociales, populares y sindicales manifestamos con satisfacción que en el pasado 15 de julio se dictamina la ANULACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DEL JOVEN OBRERO CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ, víctima de la sistemática política de criminalización y judicialización de quienes ejercen el DERECHO HUMANO A LA PROTESTA SOCIAL en Costa Rica, quien fue detenido en el contexto de la Huelga contra el Combo Fiscal (2018). Sentencia que fue dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, el pasado 22 de marzo de 2022, condenado por el supuesto “delito de atentado contra planta, conductores de energía y de comunicaciones, en perjuicio de la seguridad común.”

Este logro es fruto de la articulación de diversos sectores, actoras y actores sociales, populares y sindicalistas quienes, a nivel nacional e internacional que tenemos la total convicción sobre LA INOCENCIA DE CARLOS ANDRÉS; así nos unimos a él y a su familia incondicionalmente, desde el 2018 cuando fue detenido arbitrariamente 100 días en el centro penitenciario Sandoval, Limón.

Destacamos el recurso de apelación presentado por el licenciado José Miguel Villalobos Umaña en contra de la sentencia N°200-2022. Ante el cual, el Tribunal de Apelación dictamina lo siguiente:

(…) que cumple con los presupuestos necesarios para su adecuado conocimiento en orden al examen integral del fallo, tal y como lo exige el numeral 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (…) Así las cosas, en virtud de todo lo expuesto, esta Cámara de Apelaciones considera que el fallo recurrido no se ajusta a los parámetros normativos establecidos en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, ni a lo estipulado en los artículos 1, 9, 142, 180, 182, 184 y 363 del Código Procesal Penal, siendo palpable un defecto formal en su fundamento fáctico, intelectivo y jurídico, lo que implica la ilegalidad de la condenatoria impuesta al imputado Carlos Andrés Pérez Sánchez. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado José Miguel Villalobos Umaña, en su condición de abogado defensor del imputado Carlos Andrés Pérez Sánchez, por lo que se anula en su totalidad la sentencia impugnada, y se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que, con distinta integración, proceda a resolver lo que en Derecho corresponde.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado José Miguel Villalobos Umaña, en su calidad de abogado particular del imputado Carlos Andrés Pérez Sánchez. En consecuencia, se anula en su totalidad el fallo recurrido, y se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que con distinta integración proceda a resolver lo que legalmente corresponde. NOTIFÍQUESE. –”

(Firmada por el juez y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Edwin Esteban Jiménez González, Rosa María Acón y Laura Gabriela Murillo Mora. Expediente: 18-000244-1130-PE(12). Imputado: Carlos Andrés Pérez Sánchez. Ofendido: Refinadora Costarricense de Petróleo y otro. Delito: Atentado plantas conductoras de energía y comunicaciones. 17-07-2022)

Esta Anulación da fuerza para continuar junto a Carlos Andrés y su familia. A su vez, hacemos un llamado a todas las personas y organizaciones solidarias en lucha, a nivel nacional e internacional, recordando que este proceso judicial no ha concluido. SEGUIMOS EN ALERTA PERMANENTE vigilantes porque se garanticen los Derechos Humanos en Costa Rica y JUSTICIA PARA CARLOS ANDRÉS Y TODAS LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL EN COSTA RICA.

SEGUIMOS EN PIE DE LUCHA PORQUE ESTE PROCESO JUDICIAL CONTINÚA
CARLOS ANDRÉS ES INOCENTE

Anulada sentencia y condena contra Carlos Andrés Pérez Sánchez

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos.
ACODEHU

Informamos a la Opinión Pública Nacional e Internacional:

Sobre la nulidad de la Sentencia y la Condena, injustas contra el trabajador Carlos Andrés Pérez, de la Empresa RECOPE en Costa Rica.

Felicitamos a Carlos Andrés Pérez Sánchez, y a su abogado defensor, por esta merecida noticia y quedamos a la espera de la resolución del Tribunal de Apelación que aplicó la justicia para este obrero sindicalista, que recibió dos sentencias y condenas totalmente injustas en su condición de luchador social, por haber participado activamente en la HUELGA NACIONAL, aprobada en el mes de setiembre del año 2018, en la que el movimiento sindical y social Costarricense, se movilizó contra el Proyecto de Ley conocido como el Combo Fiscal. Proyecto nefasto, de contenido neoliberal, con serias repercusiones para la clase trabajadora y sectores empobrecidos del País.

El movimiento social, las y los defensores de Derechos Humanos, la prensa alternativa y el sindicalismo que hizo causa común en la defensa de Carlos Andrés Pérez Sánchez, debe asumir esta resolución como un triunfo a favor de la protesta social y una afrenta a la criminalización de ese derecho humano fundamental que nos pertenece.

LA PROTESTA SOCIAL ES UN DERECHO HUMANO, NO UN DELITO”

JUNTA DIRECTIVA DE ACODEHU

San José, 15 julio 2022.

Abogado apela sentencia condenatoria contra Carlos Andrés Pérez

SURCOS comparte la siguiente información:

José Miguel Villalobos, abogado defensor de Carlos Andrés Pérez Sánchez, exfuncionario de Recope y trabajador detenido durante las manifestaciones contra la Ley del Combo Fiscal, presentó un recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó a cinco meses de cárcel, debido a falencias en el proceso.

Su defensa solicita que se celebre un nuevo juicio con un Tribunal diferente.

En el siguiente link podrá ver el video completo:

La historia de Carlos Andrés Pérez – I

Isabel Ducca D.

Las organizaciones sociales están reclamando justicia para el trabajador de Recope que fue la víctima de Michael Soto R. ministro de Seguridad, Alejandro Muñoz V. presidente ejecutivo de Recope y Carlos Alvarado Q. presidente de la República durante la huelga contra el Combo Fiscal en el 2018.

He aquí su historia y juzgue si merecía el calvario que lo han hecho padecer desde el 2018.

Como acusado de un sabotaje a Recope en Moín, llama la atención que, cuando lo detienen, se encontraba descalzo.

En la sentencia, se lee:

Cuando el saboteador es derribado, los funcionarios presentes logran verificar que se trata de un funcionario de Recope, de nombre Carlos Andrés Pérez Sánchez, y que usaba kimono de Recope y se encontraba descalzo.

¿A quién se le ocurre preparar un sabotaje y no amarrarse los zapatos debidamente por si tiene que emprender carrera?  O bien, no llevar unos zapatos adecuados para un sabotaje.

Ese día 11 de septiembre, Carlos Andrés había pensado no regresar a las instalaciones de Moín. Llevaba dos días sin pegar el ojo, pues desde el domingo había pasado las noches en vela. La huelga iniciaba el 10 de septiembre, pero los trabajadores de Recope en Moín habían comenzado los preparativos el domingo 9 en la noche. Al amanecer del día 10, ya estaba todo listo para la huelga contra el llamado Combo Fiscal. Aunque él se retiraba durante el día, a eso de las 8 o 9 horas, no descansaba, pues se sumía en las rutinas domésticas. Por esa razón, ese martes había pensado no regresar a Moín; durante el día, en su casa, no reponía el sueño y el cansancio. Sin embargo, como lo había hecho el día anterior, a eso de las 16 horas, emprendió el camino para acompañar durante la noche, por lo menos un rato, a los compañeros que se encontraban fuera de las instalaciones en Moín. ¡Sin sospechar siquiera lo que le depararía el destino! En este caso, el destino se apellidó Soto-Alvarado.

De camino, se encontró con una promoción de tenis en un supermercado. ¡Un regalo, una ganga! Un par de tenis a dos mil colones. Desechó los viejos zapatos, se acomodó los nuevos. Jamás imaginó que esa misma noche sus zapatos nuevos serían como aves migratorias, nunca los volvería a ver, cuando en medio de un parque industrial, un policía, que siempre había trabajado como chófer, le gritó: ¡Tírese al suelo o disparo! A su cerebro, como al de sus compañeros de vigilia, el impulso de la sobrevivencia solo los movió a correr. Pero solo él fue detenido.

Para poder comprender algunos hilos sueltos, o más bien perdidos, de esta historia, hay que aclarar algunos aspectos. El primero se refiere al entrenamiento recibido por los trabajadores cuando ingresan a laborar en las instalaciones de Moín. Como se trata de un parque industrial, se les capacita desde el primer día para una eventualidad riesgosa, para controlar emergencias. Los obreros deben actuar frente a cualquier posibilidad de peligro para las personas o las instalaciones. Les enseñan que quien esté más cerca de la emergencia debe combatirla; ya sea que la pueda detener o dar la voz de alarma.

Por otra parte, esa noche del 11 de septiembre, Carlos se encontró un ambiente más tenso. Había cierta preocupación entre los compañeros que se aglomeraban en las afueras de las instalaciones. Por una parte, la intimidación policial iba en aumento por la injustificada presencia de los antimotines, pues se trataba de un movimiento de protesta pacífica. Por otro lado, intermitentemente, percibían un olor a gas. Pero como el olor no era constante por la presencia del viento, se olvidaba hasta que volviera una vez más. Los trabajadores, que se mantenían en las afueras de la refinadora, sabían que se estaba haciendo una descarga de gas desde un barco. La descarga estaba siendo realizada por tres personas únicamente. La misma, en condiciones normales, requiere la coordinación de un equipo de entre quince y veinte personas, pues es una labor compleja; se necesita regular entre el muelle y el barco, también con los operarios de campo y los supervisores; lo estaban realizando sin las medidas de seguridad requeridas. La alerta era el olor a gas.

¡Tres personas ejecutando un proceso que requiere por lo menos quince!

Hay que agregar que dichos funcionarios no eran del plantel propiamente. No había personal adecuado desembarcando ese gas. Lo estaban llevando a cabo tres personas cuya función no es esa. Uno lo llevaron de San José, es un ingeniero químico; él tenía que revisar el gas y ver si cumplía con la calidad de lo comprado. Pusieron a otro ingeniero que trabajaba en el muelle. El tercer ingeniero era interino. (¡Al interino le dieron plaza en propiedad después de la huelga!)

Entre los trabajadores en huelga, se suscitaba una gran inquietud. ¡Estaban descargando gas sin las medidas de seguridad! A esa angustia, se le sumaron otras. La Refinadora Costarricense de Petróleo cuenta con un equipo de bomberos industriales (SASR Salud, Ambiente y Seguridad Recope), quienes deben dar la primera respuesta en caso de peligro. Ellos laboran 24 horas diarias, es la seguridad industrial; ese grupo da permisos, supervisa los alrededores y es el encargado de cualquier incendio. Ese grupo especial de bomberos fue retirado por la fuerza pública cuando esta tomó las instalaciones de Moín.

Además, de esa situación tan irregular, se le suma otra. El sindicato negocia siempre que se presenta una situación de huelga, la permanencia de dos trabajadores en ciertos puestos para supervisar ciertas zonas como las calderas, por ejemplo; estas no se pueden apagar, porque se enfría el asfalto. Aunque no se esté trasegando combustible, es necesario vigilar ciertos puntos clave. Durante la huelga del 2018, la administración no permitió el control de ciertos puestos. Esta vez, la policía sacó a esos trabajadores el día lunes. Se incumplió ese acuerdo durante este movimiento.

¡La Fuerza Pública tenía el control de todo el plantel!

Continuará.

Las citas son de: Chinchilla, R., García, A. y Rojas, G. (2019). Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7) TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea.

 

Compartido con SURCOS por la autora.

ELECCIONES 2022. ¿El voto para quién? No se puede olvidar

En las duras batallas contra el gobierno, fuimos testigos de cómo los diputados de los partidos políticos neoliberales del PAC, PLN, PUSC, religiosos como Restauración Nacional, Nueva República y otros, se aliaron contra la clase trabajadora del sector público y el pueblo costarricense, aprobando la ley llamada Combo Fiscal, que incluyó el Impuesto del Valor Agregado IVA afectando al pueblo costarricense, atacando y precarizando remuneraciones salariales, cesantía, anualidades, etc. Empobreciendo a las familias y afectando el consumo de alimentos y servicios públicos. Igualmente, impulsó el proyecto inconstitucional de Empleo Público para destruir el Estado Social de Derecho, perjudicar y cerrar instituciones públicas.

UNDECA en esta lucha junto al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense-BUSSCO y otras organizaciones, fuimos contundentes en la necesidad de apoyar nuevas alternativas políticas para el pueblo.

Hoy partidos de trayectoria no neoliberales y nuevas opciones políticas, participan en las elecciones con destacados luchadores sociales, personas honestas que representan la clase trabajadora, que han venido luchando contra este capitalismo salvaje, entre ellos dirigentes sindicales, agricultores, profesores, maestros, trabajadores de la Caja, el ICE, municipalidades, intelectuales, estudiantes, amas de casa, mujeres.

Por eso en UNDECA y BUSSCO somos parte de este proceso con dirigentes que participan en esta campaña, porque estamos convencidos de la urgencia de diputados (as) comprometidos, que con actitud firme lleguen a gobernar para las verdaderas familias costarricenses.

Juntos (as) es posible construir y lograr un futuro diferente votando por luchadores (as) sociales. Firmes en la lucha.

 

Compartido con SURCOS por  UNDECA y BUSSCO.

Préstamo del FMI agravará la crisis social de Costa Rica

Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR – FECON

La esencia del “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia. PROPUESTA PARA NEGOCIAR CON EL FMI. CONSEJO ECONÓMICO”, es la consolidación del modelo de desigualdad social con más políticas económicas restrictivas y de “disciplina fiscal”, que no servirán para sacarnos de la crisis. Que el Estado está en crisis o incluso a punto de quiebra es un hecho. Pero lo que debería estar en discusión con participación efectiva/democrática de toda la sociedad costarricense, y no lo está, es cuáles con las acciones que nos permitirán enfrentar la crisis sin profundizar la pobreza y la inequidad general.

Estos comentarios son una primera reacción ante la propuesta para el FMI, o más bien del FMI y el Gobierno, para no pecar de ingenuos, pues sabemos que están “dialogando” desde hace tiempo.

El punto de partida ante esta propuesta es que Costa Rica puede y debe prescindir de este convenio con le FMI. El país tiene condiciones financieras para atender la crisis con parte de las reservas del BCCR; pero no aplicando salvamentos a los bancos y capitales privados, como ya anunció el Ministro de Hacienda, si no orientando acciones de política económica incluyentes y solidarias. La propuesta que desde hace meses hizo el exgerente del Banco Central de Costa Rica, William Hayden es clara y posible de ejecutar: “El Banco Central tiene US$8.000 millones de Reservas Monetarias Internacionales invertidos en el exterior, la mayor parte en títulos valores a tasas de interés en dólares. Como medida de emergencia propongo que el Gobierno emita Bonos Emergentes Covid-19 en dólares por la suma de US$ 1.000 millones a un año plazo al 3.5% de interés y que los adquiera el Banco Central” (https://www.elmundo.cr/economia-y-negocios/william-hayden-propone-alternativa-para-que-el-gobierno-no-recurra-a-impuestos-solidarios/).

Debemos aceptar que la crisis es real, pero que no la generó la pandemia del CV19 y que la salida ya no debe ser el ajuste restrictivo en contra de la clase trabajadora. Entendemos y aceptamos, como debe ser, que los aportes desde los salarios públicos y privdos y los ingresos por el trabajo independiente o cuenta propia en todos los campos, deben planificarse de acuerdo con el poder adquisitivo y los ingresos de los diferentes segmentos, revisando salarios altos, pensiones de lujo, incluso anualidades, y otros componentes de los salarios y los ingresos. Pero el Gobierno reitera su fijación de ataque “al trabajo” y la población en general. Pareciera que su meta es desaparecer lo que sobrevive de los segmentos de medianos ingresos y elevar la pobreza.

Con esta propuesta para el FMI, le siguen cobrando al Estado social y a los y las trabajadoras del sector público, la factura del desfinanciamiento del Estado. En la propuesta se indica: “Empleo público. El tema de empleo público fue objeto de un conjunto de propuestas, desde una reforma estructural al empleo público hasta algunas más puntuales de recortes a los pluses salariales, la eliminación y congelamiento de las anualidades, así como una evaluación de desempeño por resultados más efectiva y rigurosa” (p. 27). Pero, más allá de esas declaraciones, las medidas dejan claro que la evasión, elusión y exoneraciones para el capital privado, tiene su contraparte en las restricciones, las regulaciones y las limitaciones de las condiciones laborales, salariales y, en general, el deterioro de la calidad de vida de la gente trabajadora.

Esta dirección queda expuesta en el enunciado “Acciones permanentes para reducir y contener el gasto público”, punto “2. La reforma al empleo público mediante la aprobación del expediente legislativo N° 21.336 Ley Marco de Empleo Público” (p.38). Lo fundamental de esta propuesta es “…la necesidad de contar con nuevas modalidades de jornadas laborales para permitir mayor flexibilidad y un mejor acoplamiento a las necesidades del mercado, (que) se ha impulsado el Proyecto de Ley N° 21.182 de jornadas excepcionales de trabajo, el cual busca establecer la modalidad de doce horas y jornada anualizada” (p. 56). Igual se enfilan ataques contra el aguinaldo, el salario escolar y otros “privilegios” que de hecho son pagados por cada trabajador/a y no por el capital privado y el Estado. Lo que en el mundo entero ha permitido tal “flexibilidad”, es crear nuevas condiciones para que se eleve el lucro privado de las empresas tanto locales como extranjeras, a costa de la pérdida de condiciones laborales, cuyos impactos más negativos son acumulativos de plazo indefinido. Gran parte de la actual y de las nuevas generaciones de trabajadore.as, vivirán el deterioro directo y pérdida de la calidad de sus empleos, de sus ingresos, del nivel de vida de sus familias, de sus seguros de salud y hasta de sus pensiones, entre otros impactos negativos.

Si bien muchos componentes de los salarios y los ingresos que se pueden revisar, las medidas propuestas llevarán a deteriorar los salarios de miles de trabajadores y trabajadoras del país, cuyo ingreso es apenas suficiente para atender sus obligaciones. Por ejemplo, el Gobierno puede revisar los rubros de erogaciones por salarios y pensiones superiores a los 3 millones de colones y fijar impuestos de al menos entre el 20% y el 80% y hasta mucho más a las 523 pensiones que en junio del 2020 iban desde los ₡5 000 477,06 hasta los ₡14 446 858,00 (montos que resultan ofensivos). En 2018, el Ministerio de trabajo indicó que “un total de 325 personas pensionadas bajo este régimen no están pagando la contribución especial solidaria contemplada en la ley 7531. Según la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, si se aplicara el levantamiento de esta exoneración a estos casos, se lograría un ahorro aproximado de ¢1.794 millones anuales”. MTSS (2018).

Esta propuesta para el FMI es una versión extendida del Plan fiscal que todos los análisis advirtieron como regresivo, injusto y antisolidario, lo cual sigue quedando de manifiesto. Igual que con la Ley 9635 (antes “Combo fiscal”), con la propuesta para el FMI, se obliga a nuevos tributos a la gente asalariada y más pobre, y se consolidan los privilegios de la gente más rica. La esencia de la propuesta para el FMI se puede resumir con los datos que aparecen en el “Cuadro 4. MEDIDAS PERMANENTES: Impacto fiscal en ingresos y gastos. Porcentaje del PIB. 2021-2024” (p. 41). La evasión fiscal, la elusión y las exoneraciones quedan intactas. El rubro “Lucha contra la Evasión (Hacienda digital)” aportaría tan soló el 0,25% del PIB y hasta los años 2023 y 2024. Ni siquiera se aplicaría de inmediato, a partir del 2021, como todas las demás medidas, si no que lo harían hasta el 2023, asegurando un margen de consolidación de esos privilegios.

Los privilegios de la élite costarricense siguen intactos; inalterados con esta propuesta de acciones para el préstamo del FMI. Mientras que países como Argentina renegocian su deuda, Costa Rica le brinda al FMI, que no es otra cosa que una extensión del mundo corporativo, y antes el mecanismo sustituto de los golpes de Estado en América Latina, la oportunidad de imponer al pueblo de Costa Rica nuevas ataduras sociales en todos los campos. No es necesario “El ladrillo” de los Chicago Boys de la dictadura de Pinochet para continuar hundiendo a la clase trabajadora y a la sociedad en general, incluidas las nuevas generaciones, a los dictados de la economía corporativa. Los contribuyentes, los asalariados, los deudores, que son en su mayoría la clase trabajadora, subsidian a los bancos privados y en general a la economía privada y corporativa que no asume su carga de responsabilidad. Además de la baja de los salarios y los ingresos en general por medio del congelamiento de aumentos salariales y eliminación de anualidades, entre otras disposiciones, es la gente trabajadora la que asume, en el largo plazo, el pago de la deuda que adquiere el Gobierno en nombre “del país”.

El Gobierno asumió de la manera más unilateral posible y en alianza con la élite que lo controla, la formulación de esa propuesta. Mientras se desarrollaba el proceso “Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. Acuerdo con el FMI”, se redactaba el documento para el FMI. Muy “a lo tico”, en ese documento se hace referencia a las propuestas de esos encuentros intentando dar una visión de “consensos”, pero el documento para el FMI no las retoma como medidas concretas. Se despreció por completo la solidez de los argumentos y más allá las buenas intenciones de quienes participaron en ese proceso, queda demostrado que las negociaciones reales tenían lugar en otras oficinas, en la Asamblea Legislativa con las fracciones alineadas al Gobierno y en el Ejecutivo, sin olvidar a la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Asociación Horizonte Positivo. Esta colusión también reafirma lo que desde hace muchos años definimos como el “Estado secuestrado”, ahora con la complacencia total del Poder ejecutivo. El mito o falacia del diálogo nacional y el consenso se demostró una vez más. Esa es la lección que deberíamos asimilar todos los actores sociales excluidos, y hacer un esfuerzo extremo de articulación y acciones ante el Gobierno y el FMI.

Si se hiciera un ejercicio de información, explicación y consulta efectiva y democrática de esta propuesta y sobre todas las alternativas posibles, es seguro que la población sobre concluiría que no quiere asumir deudas de largo plazo con el FMI. Es seguro que con información veraz y completa se exigiría al Gobierno actuar para la gente y el beneficio del país y no para la élite que lo guía. Pero bajo un régimen de desinformación bien articulado e impuesto como el que vivimos, es natural que un segmento de la gente piense que el crédito con el FMI es necesario para salir e la crisis, cuando la verdad es que es la propuesta más regresiva que hemos visto en mucho tiempo. Como ya dijimos, es una extensión del “combo fiscal”.

Si revisamos todos los rubros de la propuesta concluimos que se enfila contra la sociedad en general y el mundo del trabajo en especial, pues se incluyen medidas como imponer cargas a las transacciones mínimas en un cajero automático, un “Impuesto 25% premios de lotería”, eliminar la “exoneración salario escolar” que es un ahorro de cada trabajador/a, etc. Otra línea confirmada es que el Gobierno atenta contra el Estado, y contra el Estado social en particular. Las proyecciones de “Recortes al presupuesto/Regla fiscal”, se estiman en 0,76%-0,78%-0,82% y 0,96% desde 2021 hasta el 2024, montos que triplican y hasta casi cuadruplican la irrisible suma que en 2 años (2023 y 2024) se recuperaría con los ajustes mínimos propuestos para disminuir la evasión y elución fiscal. Justificar el recorte del “gasto” o inversión del Estado por falta de ingresos/déficit, es un sinsentido cuando el mismo Estado se inmola en favor de una élite privilegiada.

Hay que repetirlo: la esencia de la propuesta es que el rubro “Lucha contra la Evasión (Hacienda digital)” asegura los privilegios del empresariado; del capital. Ni siquiera entraría a regir el próximo año, si no hasta el 2023 y con un aporte de apenas del 0,25% del PIB mientras otros rubros, como “Aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles (en 0,50 pp)”, desde el 2021 aportaría 0,56% del PIB anual, mucho más del doble que las empresas que disfrutan del no pago de impuestos.

En dirección de hacer que Costa Rica sea un país con mayor justicia social, NO SE JUSTIFICA FIRMAR UN NUEVO CONVENIO CON EL FMI. Lo que se debe hacer prioritariamente es aplicar mecanismos eficientes y eficaces contra la evasión, elusión y exoneraciones fiscales, y recurrir a las reservas financieras del BCCR, que no implican condicionar la política económica del país ni empobrecer a más personas. Cualquier evaluación del Gobierno de Costa Rica corroboraría que es un Gobierno ineficiente e ineficaz, porque sabe exactamente a quiénes y cuánto cobrar, pero no lo hace. Los ingresos y ahorro proyectados por Gobierno Central son insignificantes comparados con lo que el Estado podría recibir si al menos iniciara el cobro de impuestos a las empresas y capitales privados que siguen amparados en los beneficios, la impunidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades del Gobierno.

El sonado caso de la UPAD de Zapote

Un señuelo perfecto para buscar consolidar un jaque mate a la democracia y a la institucionalidad

Ciertamente el tema, nada menor, que se destapa a raíz de la Unidad Presidencial de Administración de Datos (UPAD), es sumamente longevo y ha sido puesto en escena en distintas formas, para distintos fines, en coyunturas políticas diversas y en sistemas democráticos o no, en tal sentido esta arista del hecho en pleno desarrollo no nos sorprende para nada, por tanto ahí no centraremos la mirada, ya que los y las que se rasgan hoy día las vestiduras en nombre de la defensa del pueblo, conocen bien como el PLN y el PUSC tenían su propia Gestapo Presidencial y son curiosamente los que recientemente aprobaron el antihumano combo fiscal o bien la inconstitucional e ilegal ley anti huelgas.

Ahora bien, nuestra malicia indígena nos conduce a preguntarnos ¿qué puede haber detrás de este gigantesco juego de pólvora pensado desde las mentes retorcidas de las elites del sector financiero, empresarial y político? ¿Por qué tiene lugar un circo romano así a la mitad del mandato de la tristemente célebre administración Alvarado Quesada? y ¿por qué estas marionetas electorales de la Asamblea Legislativa se agarran de inmediato a esta tabla de salvación de la UPAD, al punto de volverse la noche a la mañana en los paladines de la libertad y del derecho a la intimidad de toda la ciudadanía?

Nuestra humilde experticia nos lleva a fijar algunas hipótesis iniciales sobre el particular, en primer término, más allá de los yerros sindicales que hemos formulado de forma verbal y por escrito con relación a la conducción política de la huelga contra el combo fiscal en 2018, lo concreto, es que existe la ley 9635 y que está en aplicación, aunque se encuentre a la espera de diversos desenlaces jurídicos. Pero es igualmente cierto, que esta ley es en la historia reciente del país la primera movida de ajedrez de los sectores más adinerados de tiquicia (los que no están en la Asamblea, pero mandan), constituyendo esta ley en lo concreto, uno de los pasos más grandes de la agenda hegemónica neoliberal de los últimos 40 años, lo cual la convierte en el mayor y mejor cartucho de dinamita colocado contra las garantías sociales.

La consolidación de ese primera movida dejo sembradas las condiciones para lo venidero, que sin duda debía estar inscrito en la lógica de destruir el Estado y fortalecer el mercado, esto para que las tasas de ganancia de los sectores más favorecidos del TLC no paren de crecer exponencialmente y así seguir hablando de un “bueno o sostenido crecimiento económico”, aunque en la práctica se concentre más la riqueza, crezca la pobreza y el empleo mantenga su tendencia a la informalización, lo cual deja al desnudo la farsa y el fracaso de un discurso y de un modelo, mientras tanto sin duda seguiremos esperando que caiga del cielo el mana que llaman “reactivación económica” y nuestros jóvenes sigan ingenuamente asoleándose y presentando sus atestados en las innumerables ferias de empleo.

Finiquitada la ley 9635, era tiempo de dar el segundo paso y se requería que el Ejecutivo (Don Carlos Alvarado Quesada), convocara los proyectos de ley que los ricos ocupaban, para ello la matriz informativa debía seguir atacando ferozmente a los empleados públicos como generadores únicos y elementales del déficit fiscal e igualmente meter en la fibra óptica popular enfoques parcializados de la huelga 2018, sobre todo lo relacionado con pérdida de citas y exámenes, toma de salas de operaciones, perdida de lecciones, bloqueos, falta de gasolina, no tener red, cortes de agua y de electricidad, en fin envenenar con un buen aditivo de odio a la opinión pública y de paso aceitar la máquina de acumular dinero para que no pase nada antidemocrático en la fábrica llamada Costa Rica y todo funcione a la perfección.

Así las cosas, lo prioritario era cercenar los derechos humanos de organización, expresión y protesta, el resto ya lo conocemos, con los votos necesarios las marionetas operadoras del poder de la Asamblea (esas figuras risibles e hipócritas que hoy se rasgan las vestiduras en defensa del pueblo), aprobaron la ley anti huelgas, norma que sin duda consolida la segunda movida de ajedrez de los que realmente están detrás de toda esta pirotecnia politiquera electoral montada a raíz del no menor tema de la UPAD, caso que sin duda debe ser investigado bajo las normas técnicas y legales previstas, garantizando además la más absoluta transparencia, ética y probidad, pues un correcto manejo del caso desde el cuestionado Poder Judicial podría servir para lavarle la cara.

Consolidadas estas dos fases del plan (las cuales incluyen los enormes yerros sindicales del 2018), y habiendo ensalzado y utilizado al aprendiz de mandatario del “gobierno nacional” en la era del bicentenario, es evidente que el tema de la UPAD, resulta ser la excusa perfecta para realizar la tercera jugada de ajedrez que consiste en tres pasos vitales : el primero montar todo el circo “informativo” alrededor de la UPAD y así distraer la opinión pública de la agenda que no les conviene que sea posesionada por los movimientos sociales, el segundo iniciar un proceso de alejamiento inteligente de una debilitada figura presidencial que ya no da buenas garantías y además cabe la posibilidad riesgosa de un giro de timón inesperado, pues todo parece indicar que el tanque de oxígeno político se le acabo al joven Presidente y un tercer paso arrancar la etapa exploratoria de los aliados que ocupan para el 2022, de ahí las movidas calculadoras de actores como Eli Feinzaig, Daniel Succher, Otto Guevara, Pedro Muñoz y Mario Redondo, que junto a otras figuras del PLN, del PUSC, evangélicos y cristianos, etc., buscaran de nuevo engañarnos y convencernos de votar por su “ nueva y patriótica” empresa partidaria.

Tenemos en primer término por asentado que los verdaderamente ricos de Costa Rica en contubernio escandaloso con los apátridas de los barriecitos institucionales de Zapote, Cuesta de Moras y el Barrio González Lahmann, tienen la partida a su favor pues ostentan dos jugadas de ajedrez consolidadas en los dos primeros años de la administración Alvarado Quesada y acaban de dar el banderazo de salida para el inicio del tercer paso de la tercera jugada de ajedrez , la cual incluye afianzar aliados políticos desde ya para el 2022 y concretar todas las leyes que puedan, como la de empleo público, flexibilización de las jornadas y todas aquella a favor de los negocios que no han podido consolidar relacionados con el agua, el medio ambiente, parques nacionales, seguridad social, educación, energía, telecomunicaciones, hidrocarburos, etc.

En conclusión, creemos desde este lado de la acera que estos sectores poderosos trabajaran arduamente para la consolidación de esta tercera movida de su ajedrez, para lo cual sus aliados, Canal 7, Repretel, La Nación, La Republica, Doña Amelia, los trolls contratados y pagados para las redes y otros medios, reimpulsaran una campaña de desinformación voraz y deformativa, para reconstruir en el imaginario colectivo una suerte de paraíso ficticio que tarde o temprano estallara como Chile, pues la realidad nos indica que el campesinado nacional más temprano que tarde saldrá a las calles a exigir dignidad, los pueblos indígenas ante eventos deplorables como el asesinato de dos hermanos que defendían sus tierras ancestrales van a actuar pronto y no dudamos en creer que el país iniciara un tránsito acelerado hacia la confrontación social hasta sepultar de nuevo la ley totalitaria 9808.

Y para el colorín colorado, este cuento que hemos contado, al final nos compromete a dejar planteado un llamado respetuoso, pero urgente y necesario, para que los movimientos sociales en general (incluido el sindical), y todas sus expresiones organizativas, abandonen sus egos, sus mezquindades, sus agendas personales, gremiales, sectoriales y apuesten de forma decidida a salvar la patria colocando la primera piedra de un gigantesco muro de peones y alfiles verdaderamente patrióticos que dé pie a la edificación de un pacto unitario que evite que los apátridas neoliberales, neo pentecostales, evangélicos y cristianos ( con las excepciones y separaciones correspondientes para cada caso), consoliden eficazmente la tercera movida de ajedrez y sus tres pasos malévolos.

Caso contrario debemos ser claros y sinceros, toda esta respetable dirigencia sin exclusión alguna, pasara a la historia como la dirigencia que facilito las condiciones para el entierro del estado social de derecho, pues su falta de madurez política los inclino torpemente a perder una de las partidas de ajedrez más estratégicas de la historia reciente del país, en consecuencia si nos permitimos morder el anzuelo de la UPAD, podríamos colocarnos como un actor sociopolítico que facilito la consolidación del jaque mate más letal a la democracia y a la institucionalidad patria y esto sin duda no es cualquier cosa, ya que este hecho marcara el rumbo del país para los próximos 50 años.

Juan Carlos Duran Castro

Secretario de Seguridad Social

CTRN 27/02/2020.

Aclaración: El contenido de este artículo de opinión lo hacemos en el marco de nuestro derecho constitucional de expresión y el mismo no representa la posición oficial de la CTRN. Solo es un aporte de cara a la profundización del dialogo sindical en Costa Rica.

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por Juan Carlos Durán Castro.

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ANEP: COMBO FISCAL-LEY 9635: MILES A LA EXPECTATIVA SOBRE CRUCIALES FALLOS CONSTITUCIONALES

  • Institucionalidad republicana ante la más grande prueba desde 1949
  • Poder Judicial, U públicas y municipalidades confrontadas con el “gendarme financiero”: la Contraloría
  • ¿Se cree la Contraloría un tribunal constitucional paralelo; o, tiene una coordinación política con éste en la sombra?

Hace ya 9 meses de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó en Sala IV una Acción de Inconstitucionalidad contra los contenidos más estratégico-esenciales de la denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, popularmente conocida como combo fiscal.

Concretamente, se presentó el pasado 22 de marzo y se centró en dos ámbitos: el cuestionamiento profundo de que dicha legislación violentó las autonomías institucionales de rango constitucional establecidas en la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949; por parte de las diputaciones actuales de signo ideológico-neoliberal (que son mayoría cuantitativa en la actual Asamblea Legislativa), ocurriendo así una derogatoria de facto de las estipulaciones en la materia de la actual Constitución Política, en primer lugar.

Aquí resaltamos los sensibles casos de las autonomías constitucionales violentadas del Poder Judicial, de las cinco universidades públicas, del régimen municipal, de la Caja, del ICE, del INS (entre otras).

En segundo lugar, una violentación abusiva y una no menos derogatoria constitucional de facto con relación a situaciones jurídicas consolidadas, afectando derechos sociolaborales y económico-reivindicativos de todas aquellas personas trabajadoras asalariadas de todo el sector público costarricense, con fecha de ingreso a labores anteriores al 4 de diciembre de 2018.

Es criterio de los especialistas de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, a cargo de la elaboración y presentación de la mencionada acción de inconstitucionalidad, que ninguna de estas personas asalariadas estatales debió recibir ni un centavo de rebaja en su remuneración, ni tampoco variación alguna en el método de cálculo-composición de las mismas.

A poco más de un año de la aprobación-imposición de, podríamos afirmar, la más detestada legislación aprobada desde la fundación de la Segunda República, en 1949, ni el Poder Judicial ni las universidades públicas están aplicando los contenidos abusivos de la ley 9635; y, por tanto, están en espera de que desde la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia surja la reparación del más grave daño sufrido por la carta magna desde dicho año, 1949.

A nivel de la propia institucionalidad republicana afectada por la arbitraria legislación, se han presentado diversas acciones de inconstitucionalidad contra la misma, resaltando los casos de las universidades públicas y de diversas alcaldías municipales, encabezadas éstas por la de Alajuela, que fue la primera en salir a defender la autonomía constitucional del régimen municipal.

En el caso del Poder Judicial, los propios magistrados definieron, desde marzo anterior, que las nuevas regulaciones en materia de salarios para su propio personal definidas en la indicada y cuestionada ley, solamente aplicarían para el personal de ingreso con posterioridad al 4 de diciembre de 2018; precisamente la tesis de ANEP en la acción de inconstitucionalidad que está tramitándose en la Sala IV.

Ahora resulta que para el año 2020, la Contraloría General de la República (CGR), cual “gendarme financiero” del bloque neoliberal en el poder, decide pasarle por encima a la propia institucionalidad republicana que, aunque maltrecha, todavía está vigente, al ordenarle al Poder Judicial imponerle a su personal con fecha de ingreso anterior al 4 de diciembre de 2918, regulaciones salariales que, precisamente, están cuestionadas en sede constitucional (como lo plantea la acción de la ANEP), por una parte.

Por otra, rechaza a las universidades públicas el presupuesto por éstas presentado para el 2020, debido, precisamente, a las acciones inconstitucionalidades pendientes de resolución definitiva sobre su naturaleza independiente a partir del rango autonómico constitucional que tienen.

Algo gravísimo puede estar pasando que no podemos dejar de mencionar. Una de

dos. O la Contraloría General de la República (CGR), sabe ya, anticipadamente, cómo será la resolución final de lo que tiene en sus manos la Sala Cuarta en los dos ámbitos de escrutinio constitucional en desarrollo, lo cual la ha envalentonado como para rechazar las aprobaciones presupuestarias del Poder Judicial y de las universidades públicas para el 2020, ejerciendo ese repudiable rol de “gendarme financiero”.

O, más grave aún, el ente contralor asume el rol de tribunal constitucional de facto, presionándole indebidamente, acrecentando así la sensación de miles de personas de que la democracia autoritaria actualmente instaurándose en el país, solamente nos augura tiempos tormentosos de imprevisibles tempestades sociales.

Finalmente, nos preguntamos: ¿Se cree la Contraloría un tribunal constitucional paralelo?; ¿o, tendrá una coordinación política con éste en la sombra?…

 

San José, domingo 22 de diciembre de 2019.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

 

Imagen ilustrativa.

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