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Etiqueta: Comisión de Asuntos Hacendarios

¡Miserables! *

Vladimir de la Cruz

Está en trámite legislativo, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la discusión sobre la asignación presupuestaria constitucional para la Educación Superior para las Universidades públicas, lo que se conoce de manera general como el FEES.

La Universidad de Costa Rica es una conquista de la cultura y la educación nacional, lograda en 1940, cuando por iniciativa del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se decidió fundarla. Así lo determinó el Presidente Calderón quien instruyó a su Ministro Luis Demetrio Tinoco para que procediera a su apertura.

La decisión de la creación de la Universidad fue muy importante, para darle continuidad al proceso educativo nacional desde los estudios primarios y secundarios hasta la educación universitaria o superior.

La Universidad de Santo Tomás que existió en el siglo XIX, fundada en 1843 y cerrada a finales de la década de 1880, cortó las posibilidades de educación superior en el país, exceptuando las posibilidades que se mantuvieron con algunas carreras, como la de Abogacía, escuela que se mantuvo activa y proyectada a la actual Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

La Universidad de Costa Rica se creó como el acto fundacional de una “nueva Universidad”, lo que hizo el Dr. Calderón Guardia. No reabrió la Universidad de Santo Tomás, que pudo haberlo hecho. La razón fundamental fue que la Universidad de Santo Tomás tenía un carácter pontificio, lo que le daba a la Iglesia Católica una influencia decisoria en la vida académica en la posibilidad de nombramiento de profesores, de aprobación de contenidos programáticos y hasta de censura de lecturas.

El Dr. Calderón Guardia tenía una formación católica cristiana muy fuerte e importante, no solo por su vida familiar, sino también por sus estudios en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde tuvo la oportunidad de estudiar también en la Universidad Libre de Bruselas. De allí la decisión de haber abierto una nueva Universidad y no de haber reabierto la vieja Universidad de Santo Tomás.

Al fundar una nueva universidad, el Dr. Calderón Guardia tuvo a la mano y en conocimiento, el estudio del Dr. Luis Galdámez, quien había recomendado cuatro años antes la apertura de la universidad en el país, propuesta que se condensó en el informe que hizo con el título “La Universidad Autónoma”. Así, la Universidad de Costa Rica se fundó con la tradición de la Universidad de Córdoba, con su Reforma Universitaria de 1918, que se impuso prácticamente en toda la experiencia universitaria posterior a esa fecha en América Latina.

La autonomía universitaria que se impulsó imponía la obligación del Estado de asignarle los recursos económicos suficientes para el buen desempeño de sus prácticas académicas, docentes, científicas, culturales y educativas en general a la universidad. Incluyó la idea de considerar a la universidad como una pequeña República con gobierno propio, con legislación propia, con autonomía del movimiento estudiantil y con gobierno estudiantil autónomo de las autoridades universitarias, con representación estudiantil en todos los órganos de decisión académicos y de políticas universitarias, entre otros puntos que abordo la Reforma Universitaria.

Desde entonces, en 1940, la Universidad de Costa Rica y hasta 1975 de hecho, se convirtió en la única Universidad del país, en la única institución de educación superior, donde confluían todos los sectores sociales y económicos del país en busca de formación profesional y universitaria.

Fue, a la vez, la Universidad de Costa Rica, la instancia de educación superior donde se prepararon en ese tiempo la inmensa mayoría de autoridades políticas y administrativas del Estado y de Gobiernos, que se formaron profesionalmente en Costa Rica. En este sentido la Universidad fue un crisol de igualdad, de tolerancia, de respeto a las diferentes ideas políticas y corrientes filosóficas del pensamiento universal, contribuyendo de esa manera al desarrollo institucional y democrático de la sociedad costarricense.

La Universidad de Costa Rica y las otras universidades públicas, que se desarrollaron en la década de 1970, han sido pilares fundamentales de la democracia nacional, fundamento importante en la formación de profesionales del sector privado y público nacional, factores y actores activos de la producción y economía nacional, columnas vertebrales del desarrollo cultural y artístico nacional en todos sus campos.

Las universidades se han visto sometidas constantemente, por parte de diversos gobiernos, a no cumplir con el mandato constitucional de darles los fondos, los recursos económicos necesarios para su desempeño y trabajo académico y científico.

Con los anteriores gobiernos había discusiones sobre el monto y se llegaba a acuerdos satisfactorios en la asignación de recursos y fondos públicos para las universidades.

Con el actual gobierno no hay acuerdo alguno. No hay apoyo ninguno para las universidades públicas. La acción del gobierno actual es TODO contra las universidades, TODO contra la educación superior pública, TODO contra la educación pública en general, lo que ha llevado al gobierno a mantener un 0% de asignación del Presupuesto Nacional a las universidades. La propuesta del Consejo Nacional de Rectores, representante de todas las universidades públicas, era de un 4.06%, necesario para el buen funcionamiento de las Universidades.

La discusión que se lleva a cabo en este momento, en estos días, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, es para asignarle un 2%. La primera votación que se hizo en esa Comisión rechazó ese 2%, lo que da espacio todavía a unos días más de discusión.

En la Comisión Legislativa se ha votado 6 a 5 con el rechazo de ese 2%. En esa votación dos diputados del partido Unidad Social Cristiana, Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, miserablemente se han pronunciado en contra de ese 2%. (ver nota al final).

Digo que son miserables, ruines, porque ese partido fue la bandera del gran Benemérito de la Patria, Calderón Guardia, fundador de la Universidad de Costa Rida, y de hecho, de las universidades públicas en su herencia.

Miserable es el Partido Unidad Social Cristiana que se ha plegado a destruir toda la obra social del Dr. Calderón Guardia, y del impulso que le dio a esa Reforma el Partido Liberación Nacional, desde el Gobierno de la Junta en 1948-1949 y las que posteriormente realizaron en los gobiernos subsiguientes, entre ellas la creación de las otras universidades públicas y haber avalado el surgimiento de las universidad privadas, como complementarias a las primeras, en su misión de formación de profesionales de alto nivel educativo.

El gobierno de la República actual ha caracterizado a los gobiernos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, como dictaduras y tiranías de camarillas que ejercieron sus gobiernos para favorecer a pequeños grupos asociados a sus gobiernos y alejados del pueblo. Eso le ha llevado a justificar los ataques a toda la obra de esos gobiernos, independientemente de valorar lo bueno y lo malo que han realizado, porque lo bueno del desarrollo del país se le debe fundamentalmente a esos gobiernos, más allá de si simpatizamos con esos partidos políticos que gobernaron el país.

Puedo entender que el dirigente político que fue de ese partido, Rafael Ángel Calderón Fournier, que además fue su fundador, gran negociador que logró su creación en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez ya no esté en ese partido. Lo que es impensable es que ese partido que arropó la Reforma Social haya renunciado a ese legado histórico.

Los actuales dirigentes de la Unidad Social Cristiana son renegados de esa tradición social cristiana, en el campo político. Han abjurado la Reforma Social, hoy repudian las figuras del Gran Benemérito Rafael Ángel Calderón Guardia, maldicen con sus diversos actos destructores de dicha obra social, su memoria.

La fracción parlamentaria de la Unidad Social Cristiana se ha colocado en el furgón de cola del tren autoritario, despótico, tiránico, del actual mandatario de Zapote. No han entendido que ese furgón de cola, apoyando todo su programa político y económico, y destructor de la obra social del Dr. Calderón Guardia, no va a sobresalir en modo alguno como una fuerza política vigorosa, independiente ni como opción ciudadana ante el próximo proceso electoral.

Tampoco los actuales dirigentes políticos de la Unidad Social Cristiana hacen la lectura correcta de la historia de ese partido, de los logros históricos que realizaron. Su visión los lleva al abismo político, al salto al vacío que se ha confirmado en la práctica del actual gobierno.

A ese despeñadero conducen a ese partido.

La dirección política de la Unidad Social Cristiana y su fracción parlamentaria verdaderamente se comportan de manera miserable, ruin, despreciable, malvada, canalla contra las universidades públicas al no apoyar el 2% que solicitan las universidades, como mínimo en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

No es un problema solo de las actuales universidades en su presupuesto. El impacto de no asignarle los recursos económicos suficientes y decorosos a las universidades es contra toda la población, contra todas las familias, contra todos los estudiantes de preescolar, de escuela, de secundaria en sus diversos ciclos y modalidades educativos, porque se quitan los recursos de las universidades y éstas tendrán menos posibilidad de recibir a los niños y jóvenes que se preparan en escuelas y colegios con la ilusión de ingresar a un nivel universitario.

Lo miserable de la actuación de los diputados socialcristianos en la Comisión de Asuntos Hacendarios es contra toda la sociedad, contra todas las familias, contra todos los padres y madres ilusionados con el futuro de sus hijos, a quienes les están negando la posibilidad de que ellos puedan llegar a la educación superior.

Lo más decente que podrían hacer los diputados Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana es dar su voto afirmativo en la Comisión a la propuesta del 2% del Presupuesto Nacional para las universidades, para que ese Dictamen pase con mayoría de votos al Plenario Legislativo, que es donde debe discutirse más ampliamente. Ahí pueden refugiarse, si así los obliga la dirección política de su partido y la decisión de su fracción, a votar como quieran en el Debate del Plenario. Por ahora, lo importante es que se apruebe el 2% en la Comisión Legislativa.

Diputados socialcristianos en este asunto por lo menos compórtense decentemente con su voto a favor de la Cultura y la Educación Superior Nacional. Es un problema de conciencia nacional.

Dejen y sálganse del estercolero nacional en que los quieren meter el presidente de la República y sus voceros institucionales en la lucha que él tiene contra la cultura y la Educación nacional y popular.

*PS.

El artículo fue redactado el jueves en la mañana. En la sesión de la Comisión del jueves por la tarde los diputados Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana votaron a favor del 2% del FEES. Se comportaron como debía ser. Honraron al memoria del Dr. Calderón Guardia y facilitaron que el Dictamen de la Comisión pase al Plenario Legislativo con votos de mayoría. Aún queda la discusión en el Plenario Legislativo.

Vladimir de la Cruz

Compartido con SURCOS por el autor.

Defensoría recomienda replantear la Regla Fiscal

*Que trascienda el enfoque mecánico y, evalúe la eficiencia y calidad del gasto a recortar

Tras su reciente comparecencia en la Asamblea Legislativa, la Contralora General de la República afirmó, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, que existe una necesidad de replantear la regla fiscal desde su origen, porque a su criterio hay limitaciones e incongruencias.

Esta excitativa en relación con la necesidad de contar con un nuevo instrumento no es nueva, ya que desde el año anterior, un informe de la Defensoría de los Habitantes de noviembre del 2023, recomendó al Poder Ejecutivo “convocar una mesa de trabajo a nivel nacional con la activa participación de diversos sectores, incluyendo la sociedad civil, la academia, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y grupos políticos a nivel nacional con el propósito central analizar y debatir la regla fiscal”.

Entre los aspectos que detalló en su informe la Defensoría de los Habitantes indicó que, la actual regla fiscal presenta una falta de concreción en relación con el objetivo que se pretende alcanzar, ya que está más orientada en establecer una limitación en el tamaño del gobierno que a lograr resultados específicos en las finanzas públicas, al definir la regla como un límite al crecimiento del gasto corriente sin especificar un horizonte temporal de aplicación.

Un aspecto que resultó de suma relevancia durante la investigación es que, con la normativa actual, la restricción de la Regla fiscal no podría ser levantada incluso en períodos de bonanza fiscal, ya que utiliza como referencia del gasto de las instituciones del sector público no financiero, el cual no puede ser superior a la variación del PIB durante los últimos 4 años anteriores.

Asimismo, pese a que la Regla fiscal podría ser suspendida hasta por dos años en situaciones de estado de emergencia nacional o de recesión económica, durante la crisis económica generada por la pandemia, la Regla siguió activa, ya que se confió la decisión a la interpretación y aplicación del Reglamento correspondiente (Decreto Ejecutivo N° 41641-H), que dio como resultado que se otorgara un enfoque fiscalista que demostró que durante momentos socioeconómicos desafiantes, la regla fiscal se convirtió en un instrumento potencialmente perjudicial y regresivo que menoscabó la efectiva realización de los derechos de la población, derechos que están garantizados por normativas de rango superior a las leyes ordinarias.

Otro elemento que se destaca de la actual Regla Fiscal, es su incapacidad para permitir intercambios o compensaciones internas entre aquellas entidades que no requieran superar el límite de gasto autorizado y aquellas que necesiten un mayor gasto por atender poblaciones vulnerables, de manera que se cumpla con la restricción a nivel global.

Además, se señaló que la actual regla no tomó en cuenta la evolución de los ingresos públicos, lo que habría proporcionado mayor flexibilidad a la restricción del gasto ni consideró la relevancia del gasto institucional que se recorta o se restringe, ni incorporó un proceso de evaluación basado en beneficios, costos, impacto, eficiencia y calidad de los gastos sujetos a reducción o eliminación.

La diversidad de actores generó divergencia en las interpretaciones, debido a que la ley no abordó este asunto de manera explícita, sin definir el momento presupuestario para poner en marcha la norma y llevar a cabo su verificación, situación que se podría evitar si se contara con un Consejo Fiscal independiente del Poder Ejecutivo, con la capacidad técnica para evaluar la consistencia del marco fiscal y presupuestario, monitorear el cumplimiento de las metas fiscales y comunicar públicamente los resultados de sus análisis, como nos indica Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe para el año 2023.

Para la Defensoría el replantear la regla fiscal no significa debilitar la disciplina financiera, sino adaptarla a las necesidades contemporáneas, asegurando que el crecimiento económico sea inclusivo y sostenible, y que el bienestar de las personas no se vea comprometido por rigideces fiscales, que no toma en consideración la situación las crecientes necesidades de la población en términos de servicios públicos, los cambios demográficos en curso, o la atención requerida por grupos vulnerables y en situación de pobreza, entre otros factores socioeconómicos.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

La Patria en juego

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Honestamente debo confesar que, desde hace varias semanas, no me desgasto viendo el Show de Chaves y su séquito de dóciles vasallos, los miércoles al medio día pues me niego a ser manipulado por la comparsa que arma con la participación de sus “troles” o bufones cibernéticos que, de feria, tiene como telón de fondo las preguntas de supuestos periodistas que se prestan al juego de un guion preparado, posiblemente para que no les endosen el San Benito de prensa canalla y, además, que no los saquen de las listas de contrataciones de los entes oficiales.

Sin embargo, ayer el destino me jugó una mala jugada; pues estaba haciendo “zapping” para ver que encontraba y caí en Canal 13, que desde hace años no lo veo desde para no sufrir su diaria destrucción, en el momento en que el presentador de aquel espectáculo Don Rodrigo Chaves, anunciaba que iba a proceder a acusar a varios diputados… y hasta ahí llegó el “zapping”.

En efecto, montando en cólera el presidente Chaves anuncio que un grupo de ocho diputados había aprobado una moción en la Comisión de Asuntos Hacendarios para variar destinos en el proyecto de presupuesto del año 2023, y financiar algunos programas de interés social y cultural, tomando los fondos de la partida de pago de intereses de la deuda. Además de vilipendiar a los diputados con fuertes epítetos, leyó sus nombres para que, según él, los costarricenses “fueran conociendo” a quien así actuaban contra los intereses que juzgó “eran los de la mayoría” y solo en favor de un grupito privilegiado. Igualmente arremetió, con lenguaje desproporcionado contra los que había resellado la ley que ampliaba el periodo de explotación en la zona libre de Golfito por tres años, a los que acusó de beneficiar ilegalmente a unos pocos.

Ha pasado por la vida institucional de este país ejerciendo varios cargos desde el año 1966, tanto en el poder Ejecutivo como Legislativo o en las universidades, y a pesar de haber visto muchas situaciones de tensión entre los poderes de la República, nunca había visto a un Presidente enarbolar un ataque tan feroz, violento verbalmente y desusado como el utilizado por el presidente Chaves que olvidó algo muy sencillo y elemental: los diputados hicieron uso de su derecho constitucional para enmendar un proyecto y resellar una ley, como ha sucedido en el pasado con múltiples ejemplos. Cómo es posible que en su actuar, una y otra vez, ignore la letra de la Constitución Política que juró respetar y defender; esa misma Carta Magna que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero que el presidente Chaves, en más de una oportunidad ha dado muestra de olvidarla, ignorarla o simplemente mandarla al basurero.

Por supuesto la reacción fue la esperada; los diputados agredidos y aludidos lanzaron desde sus curules o a través de los medios de prensa, los argumentos de su defensa. Recordaron que no solo habían ejercido el derecho y potestad que tenían, sino que con su actuar habían defendido causas sociales que, les parecía, el Poder Ejecutivo había olvidado por utilizar únicamente el criterio “tijera insensata” a la hora de elaborar el presupuesto, o los 700 trabajadores de la zona franca de Golfito que estaban protegiendo. Vale destacar las palabras del diputado puntarenense Nicolás quién lo increpó por dar decretos para beneficiar a sus financistas de campaña y hasta tratar de vender el Banco de Costa Rica para el lucro de uno de ellos; o la diputada Gloria Navas que le recordó sus deberes constitucionales, la división de poderes, el respeto que debe existir entre ellos y hasta le exigió que pidiera perdón.

Si a esto le agregamos el otro exabrupto chavista en el seno de la propia Corte Suprema de Justicia hace algunas semanas, cabe preguntarnos: ¿hacia dónde nos lleva esta confrontación del presidente Chaves, cabeza del Ejecutivo, con los otros poderes de la República? Será posible que alguien le diga que gobernar no es confrontar. Irrespetar, vilipendiar, manipular a la opinión pública, irrespetar la ley y hasta ser sarcástico utilizando el pavoroso instrumento de la falacia.

Es posible que a algunos les geste su “estilo” de gobernar y hasta lo aplaudan al son de los tambores con que truenan los “troles” bien pagados en las redes sociales, pero con seguridad eso no será eterno. Cuando tenga que enfrentar la realidad, se arrepentirá de no haber escuchado a tiempo a los que le dijeron: SABE QUE DON RODRIGO, por qué en vez jodernos a todos, o vender el Banco de Costa Rica y el INS, o “embejucarnos” más con el FMI y apretarnos con la Regla Fiscal que parece resguardada con un “cinturón de castidad del gasto” para no perderla; CUMPLA CON SU COMPROMISO DE CAMAPAÑA Y COBRE A LOS EVASORES Y ELUDORES DE IMPUESTOS!!!, usted mismo dijo en febrero del 2020 que la cifra era de 3800 MILLONES DE DOLARES AL AÑO!!!!, cuánto se podría hacer con esa platilla, feliz y celosamente guardada en los paraísos fiscales a través de triquiñuelas como los Papeles de Panamá o bancos privados que se pules abriendo cuentas paralelas en campañas políticas para su candidato.

Pero de una u otra forma, termine con esa confrontación con los otros poderes, sobre todo porque en una democracia el Poder Legislativo es el verdadero representante del SOBERANO, es decir de nosotros los ciudadanos, el que a nuestro nombre HACE LA LEY y el presidente de la República es su ejecutivo, nada más. Por eso, cuando Chaves de su informe sobre el Estado de la Nación dentro de seis mees, lo hará en el PLENARIO ante los diputados que, representan al SOBERANO, y por eso, los ciudadanos como parte de él, también le exigimos que nos respete.

Defendamos el Derecho Humano de la Cultura. ¡Que no cercene el Presupuesto de las instituciones culturales costarricenses!

Cuando hablamos de la Cultura costarricense generalmente nos referimos a nuestro propio modo de ser, de los costarricenses, a nuestras raíces históricas y a las que contribuyeron a formarnos como seres humanos, como ciudadanos, como las personas que somos hoy, herencia de nuestros padres y abuelos, que vivimos dentro de la sociedad costarricense, en el marco de una convivencia democrática, con valores cívicos, morales, políticos, religiosos, que no son maná del cielo, sino que son resultado de una construcción social, que empezó en el hogar, en la familia, y continuó en la Escuela, el Colegio y la Universidad, en los que tuvieron oportunidad de concluir sus estudios hasta la Universidad, y en la Iglesia también.

La Cultura es el conjunto de los conocimientos, ideas y valores que también se adquieren, forman y consolidan por la lectura, el estudio, y las diversas formas de trabajo, así como por las distintas maneras de convivencia social, de relaciones sociales, por las tradiciones, usos y costumbres, modos de vida, formas de comportamientos sociales e individuales, que heredamos y en las que participamos desde pequeños.

La Cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales, tangibles y intangibles, que recogemos de nuestros antepasados, que vivimos en nuestro presente y heredamos enriquecidos a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones.

Así tenemos la Cultura Costarricense, que es la que nos distingue y nos reconoce frente a otros pueblos y naciones. La Cultura es la expresión histórica de nuestra convivencia y desarrollo social. Es la herencia material e inmaterial, que hoy recogemos bajo la forma de Patrimonio Cultural, que de manera amplia abarca idiomas, creencias, conocimientos, ideas, objetos elaborados por los hombres, sus obras en general, como las hay en Costa Rica.

La Cultura es histórica, es precisa, concreta, responde también a momentos históricos, así como también tenemos la Cultura Universal, haciendo que cada pueblo tenga SU cultura, expresada en sus particularidades que provocan, en mucho hoy, los grandes procesos migratorios de turistas para ir a conocer otras regiones, o países, para ir a observar y admirar las obras que se construyeron en el pasado remoto, o para ir a observar Museos donde se resguardan para este deleite, las obras de las distintas manifestaciones de las diversas Artes, las Ciencias, la Música. ¿Acaso no atraemos turistas con estos propósitos de valorar lo que cuidamos como ese Patrimonio Histórico Cultural y Natural de nuestro país?

Por esta razón también los pueblos y las sociedades, han construido Museos, Bibliotecas, Archivos Nacionales, Centros de Rescate de este patrimonio humano. Y los han construido y apoyado para su existencia desde tiempos inmemoriales, porque son el sitio justo de mantener, en estas instituciones, los documentos físicos que nos testimonian ese desarrollo cultural, para comprenderlo mejor, para entender mejor nuestro presente y para poder soñar nuestro futuro.

En Costa Rica este esfuerzo empezó a hacerse desde el Siglo XIX, con una sociedad más pobre, en recursos económico financieros que la actual, en una sociedad con menor conocimiento y estudios de su población que la actual, con menos posibilidades físicas y materiales para la conservación de documentos, libros, periódicos, obras de arte en general, que las que tenemos hoy. Pero, en esos tiempos, habían las personas ilustradas, talentosas, inteligentes, visionarias del futuro, que previeron la necesidad de desarrollar estas instituciones de la Memoria Nacional. Y, hubo, sobre todo, los personajes políticos, Presidentes y Diputados, personas cultas y educadas, que entendieron la importancia de este acervo cultural e histórico para darle los recursos financieros, económicos y los apoyos estatales, que les permitieran su existencia y su desarrollo constante y permanente, y pudieran ser accesibles al mayor número de personas y ciudadanos.

El Archivo Nacional fue creado en 1881, hoy con una gran cantidad de funciones y de especialidades archivísticas, como el depósito y la conservación de los Protocolos Notariales. El Museo Nacional fue creado el 4 de mayo de 1887. En 1948 la Junta Fundadora de la Segunda República entregó el edificio del Cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica para que lo desarrollara como Museo. La Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano”, que se fundó el 13 de octubre de 1888, y con ella crecieron, a su amparo y protección, las Bibliotecas públicas costarricenses, que en algunos cantones son grandes y muy importantes. La Biblioteca Nacional está adscrita al Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) como ente en la dirección y organización de las 57 bibliotecas públicas en las siete provincias del país, y a la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA). En el caso de nuestra Biblioteca Nacional tiene documentos desde el siglo XVI.

Estas Instituciones, sagradas de la Cultura costarricense, tuvieron distintas sedes físicas, hasta que poco a poco, con visión histórica, se les fueron dando sus mejores edificios, propios y permanentes, y se les fueron asegurando sus fondos de mantenimiento y funcionamiento, pero también de crecimiento.

El Archivo Nacional, el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional constituyen hoy los tres pilares mas importantes de nuestra Identidad Nacional, de la Identidad Nacional Costarricense. En el siglo XIX otras instituciones como el Registro Nacional, de propiedades, iniciado en 1841 y fortalecido a partir de 1867, y luego el de personas, a partir de 1887, el Instituto Geográfico Nacional, nacido como Instituto Físico Geográfico en 1889, son también instituciones que ayudan a perfilar la identidad nacional costarricense. Así se podrían mencionar otras instituciones de este tipo, desarrolladas en el siglo XX.

En el campo de la Cultura Costarricense el gran viraje lo dio el Presidente José Figueres Ferrer, en su segundo gobierno constitucional, 1970-1974, cuando fundó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en 1971, con el antecedente de en que en los tiempos de la Junta Fundadora de la Segunda República, en 1948, Isacc Felipe Azofeifa Bolaños, Daniel Oduber Quirós y Carlos Monge Alfaro presentaron una propuesta a la Junta, para la creación de un Instituto Nacional de Bellas Artes. Por iniciativa, luego de Alberto Cañas Escalante, en 1963, en el gobierno de Francisco Orlich, propuso crear adscrito al Ministerio de Educación, un organismo encargado de atender todo lo atienten a las necesidades de aprendizaje y desarrollo cultural de Costa Rica. El mismo Alberto Cañas en 1970, como diputado, propuso el proyecto para la creación el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, con el apoyo de Fernando Volio Jiménez y el propio Presidente José Figueres.

En el Ministerio se concentraron las instituciones Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ), el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Archivo Nacional y el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), el Teatro Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, la Editorial Costa Rica, la Orquesta Sinfónica Nacional, así como la designación y declaración de los Premios Nacionales Magón, Aquileo J. Echeverría y Joaquín García Monge.

El Ministerio asumió la tarea de definir y dirigir hoy la política nacional de Cultura y Juventud, y Deportes, en una parte de su historia, para fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica nacional.

En 1992 se le dio al Ministerio de Cultura el edificio de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), que viene desde mediados del Siglo XIX.

Las tareas que por ley y misión histórica tiene el Ministerio son las de “Promover e incentivar la producción y difusión cultural y artística en sus diversas manifestaciones a nivel nacional, regional y comunal con la finalidad de estimular y apoyar a los creadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidad en general, rescatar, conservar, proteger y divulgar el respeto por nuestro patrimonio arquitectónico, documental, bibliográfico, arqueológico, natural e intangible, y el de crear espacios y oportunidades que incrementen la participación de la juventud, sin distingos de género, en todos los ámbitos de la vida nacional.”

Actualmente tiene a cargo los siguientes órganos y dependencias: La Dirección de Cultura, el Departamento de Fomento Artístico Cultural, el Departamento de Publicaciones, el Departamento de Promoción Cultural Regional, la Dirección del Sistema Nacional de Bibliotecas, el Departamento de Bibliotecas Nacionales, el Departamento de Bibliotecas Pública, la Dirección del Centro de Producción Artística y Cultural, la Dirección del Centro de Investigación y Conservación Patrimonio Cultural, la Dirección de Bandas. Y, los siguientes órganos, el Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven (CPJ), el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), el Centro Nacional de la Música, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Archivo nacional, el Sistema Nacional de Educación Musical (SIMEN), el Teatro Nacional, el Teatro Popular Melico Salazar, el Museo Nacional, el Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo Historico cultural Juan Santamaría y el Centro Histórico José Figueres Ferrer.

Junto a estas instituciones está también el Archivo Eclesiástico “Bernardo Augusto Thiel”, muy importante para la cultura nacional, no solo religiosa.

Cuando hoy los Diputados están cercenando el Presupuesto Nacional del Ministerio de Cultura, como quien corta una res en un matadero, están atacando a todas estas instituciones, están creando las condiciones de su destrucción, desaparición y de inmovilidad institucional. Están minando los bienes, riquezas, monumentos de carácter que tenemos como Nación, que han pasado de generación en generación, que son las bases de nuestra Identidad Nacional, son los elementos que nos distinguen como una comunidad plural de personas. Están castrando los Diputados la posibilidad de continuar recogiendo el acervo cultural que producimos. Se está golpeando a la Cultura como un Derecho Humano.

De personas incultas, ignorantes, alejados del saber, de la lectura y del conocimiento básico de la Historia Costarricense, y de conocimientos básicos de Cultura General, se puede esperar cualquier cosa y cualquier reacción, para pensar que pueden considerar que estos elementos, instituciones, órganos y dependencias, que se agrupan en el campo de la Cultura, en un periodo de crisis, como el que vivimos, pueden no ser importantes y que pueden disminuirse en sus gastos de mantenimiento casi hasta desaparecerlas. Al contrario, en un período de crisis como éste es cuando hay que fortalecer estas instituciones y la Cultura Nacional y Costarricense. En un período como el que vivimos de inserción en la economía global y de Tratados de Libre Comercio, donde tienden a desdibujarse la naciones y los país, como en los países europeos, tenemos que fortalecer los elementos de la Identidad Nacional y de Nuestra Cultura Costarricense, para poder sobresalir en ese mapa global.

Pero, Diputados de la Nación, Representantes Populares, del Pueblo costarricense, es inimaginable que puedan meter tijera justo a las instituciones encargadas de exaltar, preservar y proyectar lo mejor de los costarricenses, su cultura, su tradición, sus valores esenciales, su Identidad Nacional.

Perdónenme, que lo piense, pero solo siendo una persona tarada mental, que esté loca o haya perdido el juicio puede actuar de esa manera, o siendo personas imbéciles, es decir que sean poco inteligentes, por padecer una deficiencia mental que les impide actuar con sabiduría, con visión de futuro, con perspectiva, o que sean estúpidos, que carecen de la inteligencia y entendimiento para comprender actos que realizan. Parto de la idea que los señores Diputados no caen en estas categorías.

Espero que la Asamblea Legislativa, en su nuevo edificio, no obnubile el entendimiento, la capacidad de razonamiento de los Ciudadanos Diputados, no los egolatrice al extremo de que su auto valoración, su auto estima, su auto adoración exagerada, su auto percepción de su condición de Diputados, no lo haga sentirse Dioses del Olimpo costarricense sin darse cuenta que pueden estar en una simple Tontera, que es donde están los tontos, porque solo así se puede actuar contra la Cultura costarricense, haciendo tonterías, que es la cualidad de los tontos.

Colectivos literarios envían carta a legisladores

Compartimos la carta enviada por varios colectivos literarios a los legisladores con respecto a la pretensión de recorte en el presupuesto asignado al sector de cultura.

San José, 18 de octubre de 2020

Señores
Diputadas y Diputados de la República
Presente

Estimados señores y señoras:

Manifestamos nuestra profunda preocupación por las pretensiones de algunos diputados y diputadas al presentar mociones que inciden de manera nefasta contra los programas vitales del Ministerio de Cultura y Juventud.

De aprobarse en la Comisión de Hacendarios dichas mociones -que cercenan en extremo los ya paupérrimos presupuestos del sector Cultura, especialmente de las entidades ejecutoras de proyectos y programas tales como: Colegio Costa Rica, Biblioteca Nacional y demás bibliotecas, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, los Museos, el Taller Nacional de Teatro, Escuela de Danza y Centro Costarricense de Producción Cinematográfica- debe considerarse “desacato a la Constitución de la República”; porque desmantelar la cultura significa exactamente atentar contra los intereses y necesidades del pueblo, en cuanto a sus derechos de educación y desarrollo en todos los ámbitos, incluso el económico.

Cada presupuesto eliminado implica el cierre técnico de estos órganos y generará daños colaterales irreversibles para cientos de trabajadores del sector, así como para las comunidades beneficiarias de su acción, y perjudicará la permanencia y el fortalecimiento de sus identidades y de programas que coadyuvan al mejoramiento de la sociedad costarricense.

Como directores de los colectivos literarios Palabras Viajeras, Hojas sin Tiempo y Grupo Literario Poiesis, sumamente consternados por estas medidas, que de aprobarse violentarán al sector cultura y lo convertirán en un cascarón sin contenidos para oprobio de nuestro amado país; recurrimos a su buena voluntad para que, en aras de la representación que les otorgamos en elecciones libres, hagan valer el juramento que nos hicieron y trabajen respetando el espíritu de la Ley que en materia de cultura ya existe y no debe, por lo tanto, ser objeto de extinción.

Durante esta época el sector cultura ha sido uno de los más golpeados por la crisis sanitaria y económica del país y, aún así, nuestros artistas siguen colaborando para entregar productos culturales de calidad y contenidos humanos y espirituales a toda la población; propiciando, además, participación y expresión de las bases populares y comunales y generando reactivación económica.

Un país sin cultura es un país sin identidad. La cultura promueve la paz, la solidaridad, el trabajo. Con absoluto respeto les invitamos a reflexionar sobre estas mociones perniciosas y rechazar este intento que menoscaba y atenta contra los pocos programas que el Estado propicia en pro de la cultura, la identidad y el reconocimiento a quienes engrandecen al país con sus aportes culturales, artísticos y científicos; como es, entre otros, el caso de los Premios Nacionales. Así como el apoyo a los talentos y expresiones más auténticas y creativas del ser costarricense.

Nunca ha sido más atinente la frase de don José Figueres Ferrer, estadista visionario: “Para qué tractores sin violines”.

Reciban nuestro respetuoso saludo y nuestra vehemente petición.

Ver las firmas en la carta para descargar:

Recorte de 53 000 millones de colones al presupuesto de las universidades públicas afectaría seriamente la operación de la UCR

El rector manifestó que, de darse esta disminución se perjudicaría, la cantidad de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año

El rector de la UCR hizo un llamado a los señores y señoras diputadas para no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Una moción presentada por la diputada María Inés Solís Quirós del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende reducir en alrededor de ¢53 000 millones el presupuesto de las universidades públicas del 2021. Esta será debatida en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la discusión para la aprobación del Presupuesto Nacional de la República del 2021.

La moción Nº 74 supone un rebajo de ¢49 000 millones al FEES en general y de ¢215,7 millones adicionales a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED (cada una), así como 3 mil millones a la UTN, que corresponden a un rubro de gastos operativos.

En un mensaje enviado a la comunidad universitaria y nacional, el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, manifestó que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES, llevaría a un escenario de afectación radical de la actividad sustantiva de la institución, lo que implicaría entre otros, la reducción de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año. Por lo que hizo un llamado a los señores y señoras diputadas no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones.

Agregó que esas mociones afectan, en principio, la capacidad nacional para atender con innovación y tecnología los retos que impone la crisis sanitaria, así como la promoción de la reactivación económica y la atención de grupos vulnerables que se realizan día a día desde las universidades públicas.

“Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario recordar que el sector educación y dentro de él, las universidades públicas, hemos mostrado una elevada solidaridad en el contexto que vivimos, lo que ha implicado, como ya es público, una significativa afectación del FEES 2021, dentro de los márgenes constitucionales”, recalcó Araya.

Según la Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), una disminución de esta magnitud en el FEES significaría una afectación grave a toda la operación de la UCR.

Además señaló que el otro rubro que se pretende recortar en la moción, se refiere a los ingresos según los artículos 22, 23 y 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N°9635) que sustituye lo que anteriormente era la Ley 7386, conocida para la universidad como la Ley de Paraíso (215,7 millones) cuyo impacto incide de forma directa y perjudicial en la regionalización.

Es importante indicar que, la institución presenta un crecimiento en gasto corriente de 3,92 %, el cual es inferior al límite estimado por el Ministerio de Hacienda (4,13%) correspondiente a la Regla Fiscal.

Por su parte, el Ing. José Francisco Aguilar Pereira, vicerrector de Administración explicó que ya el presupuesto 2021 de la UCR contempla una disminución total de ¢22 mil millones de colones de los cuales 12,6 mil millones de colones corresponden a ingresos provenientes del FEES y ¢9,6 mil millones por ingresos propios, esto en relación al presupuesto 2020.

Dentro de los principales recortes se estableció un 20% menos para tiempos extraordinarios y combustible, un 68% menos en viáticos y transporte al exterior, así como un 50% menos a proyectos institucionales y apoyo a las vicerrectorías, entre otros.

De igual manera, no se asignan recursos en las diferentes partidas de equipos; por tanto, no se cumple con la atención del Programa de Renovación de Equipo Científico y Tecnológico (PRECT), que, por norma institucional, se debería asignar el 4% del FEES Institucional a este Programa.

Complementariamente, como parte de los esfuerzos de contención del gasto y dada la crisis sanitaria del país y por ende la limitación de los recursos destinados a la educación superior, igualmente, en el concepto de “remuneraciones”, se aplican las siguientes medidas: no se incorpora estimación por ajuste salarial de costo de vida, ni reserva, no se consideran ajustes en los componentes del grupo de partidas de Sueldos al Personal Permanente y no se crean plazas.

Además, en el 2020 como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 mil millones.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Análisis UNA: Recorte de ingresos al PANI atenta contra derechos humanos de la niñez

  • En la presente Administración, bajo la presidencia ejecutiva de la doctora Ana Teresa León, el PANI ha venido desarrollando importantes esfuerzos de trabajo en prevención y educación, áreas donde se suele invertir poco, pese a que son precisamente las que brindan los mejores resultados a largo plazo

 

El Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional (UNA) comunica a la opinión pública su posición acerca del recorte presupuestario a la inversión en niñez aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

  1. El Estado costarricense ha tenido una deuda histórica con los recursos que se deben destinar por Ley al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pues o estos se entregan incompletos, o son recortados o se entregan tardíamente, perjudicando directamente la sostenibilidad, oportunidad y calidad de los servicios que esta institución brinda a la niñez y a la adolescencia de todo el país.
  2. Los recursos con los que cuenta el PANI no sirven únicamente a los importantes servicios que brinda esta institución, sino que además permiten financiar a numerosas organizaciones que brindan servicios de alimentación, cuido, hospedaje y atención integral a personas menores de edad en todo el país.
  3. En la presente Administración, bajo la Presidencia Ejecutiva de la Doctora Ana Teresa León, el PANI ha venido desarrollando importantes esfuerzos de trabajo en áreas preventivas y educativas, donde se suele invertir poco, pese a que son precisamente estas acciones las que suelen brindar los mejores resultados a largo plazo.
  4. Tal como la evidencia resultante de varios estudios internacionales demuestra, la educación a padres y madres de familia logra resultados significativos en el desarrollo a largo plazo de la niñez y la adolescencia, incidiendo en una menor presencia de conductas delictivas.
  5. Los niveles de retorno que muestra la inversión en niñez y adolescencia son muy grandes, puesto que se estima una proporción de 10 dólares por cada dólar invertido, lo que representa una costo-efectividad del 1000%, lo cual implica un factor clave en el desarrollo humano del país como un todo.
  6. Como lo han venido indicando diversos organismos internacionales, la inversión en niñez es una de las más eficaces y estratégicas que existen, por cuanto tiene implicaciones sistémicas; es decir, que impactan en diversos aspectos del país, tales como su nivel de educación, salud, empleo, crecimiento económico, competitividad y bienestar general.
  7. Por el contrario, la no inversión en niñez es una genuina hipoteca del futuro que pasa facturas elevadísimas a aquellos países que toman esta clase de decisiones, puesto que tendrán múltiples implicaciones relacionadas con la fractura del desarrollo nacional. Esto implica una visión del desarrollo que no contempla al ser humano y que ignora a la niñez como ciudadana sujeta plena de derechos.
  8. Mientras los niveles de pobreza general en el país afectan a cerca de una quinta parte de toda la población (según las estimaciones más conservadoras), lo hacen a un nivel de cerca de una tercera parte con respecto a la población infantil, lo cual tiene consecuencias nefastas en todos los aspectos del desarrollo humano de esta población. Un niño no puede crecer ni desarrollarse adecuadamente en medio de la miseria.
  9. El Estado costarricense, en tanto firmante y ratificador de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, se compromete a invertir el máximo posible de sus recursos y esfuerzos para garantizar el cumplimiento de todo los derechos establecidos en este instrumento jurídico internacional de acatamiento obligatorio.
  10. Pese a los esfuerzos realizados, según la Comisión de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Estado costarricense se mantiene en mora en el cumplimiento de los derechos de esta población, donde la inversión reflejada en los presupuestos es una condición necesaria para avanzar en su realización efectiva, de manera que al recortarse los recursos hacia la niñez y la adolescencia se está dando la espalda a los Derechos Humanos de esta población vital del desarrollo nacional presente y futuro.

Por todo lo anterior, concluimos que:

No se justifica que un tema de tanta importancia como es la inversión en niñez y adolescencia, que debería incluso ser considerado sagrado por todas sus múltiples y delicadas implicaciones, aún no cuente con todo el respaldo político necesario para responder a las obligaciones legales, sociales y éticas que este involucra, razón por la cual exhortamos a las señoras y señores diputados a enmendar este gravísimo error en que se ha incurrido al recortar tales recursos, y proceder a devolverlos con prontitud a la niñez, que los requiere con urgencia.

Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA-UNA)

***Mayores detalles con Ana Arguedas, directora del INEINA, teléfono 2562-6465 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.

 

Imagen tomada de http://www.pani.go.cr/

Enviado a SURCOS Digital por oficina de Comunicación UNA.

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