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Etiqueta: competitividad

Más allá de los indicadores: el verdadero valor de la educación superior pública

Erika Henchoz Castro, periodista

En momentos en que el debate sobre la educación superior pública suele reducirse a cifras presupuestarias, indicadores de gestión o resultados de corto plazo, conviene recordar una realidad fundamental: el mayor valor de las universidades públicas no puede medirse únicamente en números. Su verdadera contribución reside en el conocimiento que generan, las oportunidades que crean y el desarrollo que impulsan para todo el país.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la educación superior pública no es únicamente generar más conocimiento, formar mejores profesionales o ampliar su impacto social. El verdadero desafío consiste en lograr que ese aporte sea comprendido y valorado en toda su dimensión.

Con frecuencia, el diálogo con algunos sectores del Gobierno se concentra en acciones particulares, indicadores aislados o resultados inmediatos. Esa perspectiva, aunque necesaria para la rendición de cuentas, resulta insuficiente para apreciar la verdadera magnitud de la labor que realizan nuestras instituciones de educación superior.

Cada día, las universidades públicas forman profesionales que sostienen los servicios esenciales del país; generan investigación para responder a los problemas nacionales; impulsan la innovación; acompañan a las comunidades; fortalecen la cultura; protegen el patrimonio; promueven la sostenibilidad ambiental y contribuyen a la construcción de políticas públicas basadas en evidencia. Estos aportes no son hechos aislados, sino la expresión de una misión permanente al servicio de la sociedad. Así fueron concebidas y así han contribuido al desarrollo nacional durante décadas.

Sin embargo, cuando el análisis se limita a algunos casos específicos o a una visión predominantemente financiera, se invisibiliza una enorme cantidad de acciones que generan bienestar, desarrollo y oportunidades para toda la población. El valor de la educación superior pública no puede medirse exclusivamente por el costo de su financiamiento, sino por el extraordinario retorno social que produce para el país.

Conviene recordar que gran parte de ese conocimiento, esos servicios y esas soluciones llegan a la sociedad gracias al compromiso institucional de las universidades públicas. Son contribuciones que se brindan con vocación de servicio, muchas veces sin una retribución equivalente a su verdadero valor económico y social.

Por ello, el llamado en los próximos meses es a construir un diálogo sustentado en una visión de Estado, capaz de reconocer que invertir en educación superior pública no constituye un gasto, sino una de las decisiones más inteligentes para asegurar el desarrollo sostenible, la competitividad, la equidad y el bienestar de las futuras generaciones.

Las universidades públicas no piden reconocimiento por complacencia. Lo que solicitan es que su labor sea evaluada en toda su dimensión, por la amplitud de su impacto y por su capacidad para transformar vidas, fortalecer las instituciones y generar oportunidades para todas las regiones del país. Porque cuando una nación comprende el verdadero valor de sus universidades, no solo fortalece su sistema educativo; fortalece también su democracia, su desarrollo y su futuro.

Infraestructura debe fortalecer nuevas zonas económicas

Carlos Carranza

En materia de infraestructura se avanzado en algún grado con las obras en rezago, pero debe apuntar a fortalecer las nuevas zonas económicas, como en Cartago.

El crecimiento vincula el paisaje entre Cervantes y las cercanías de Paraíso, pues es y será un colapso a breve plazo si no se cuenta con acciones áreas como ferrocarriles o algunas carreteras de diferente nivel. Eso es parte Alajuela, Grecia y la ampliación cerca de Cuidad Colón, o bien, el crecimiento en parte de Atenas-Orotina.

El crear nuevas condiciones de infraestructura como sistema es una tarea que el país debe definir con nuevas rutas, hasta con túneles. La ampliación pasaría por puertos, aeropuertos, ferrocarriles y vías de diferente tipo en la cual distintas formas de contratación serán necesarias, con el uso de concesiones sin “amaños”.

Se requiere mega obras con inversión privada y un plan de infraestructura de largo plazo. En esto hay factores a cuidar como lo ambiental, los niveles de puentes, el riesgo y las formas de amortiguación; deben ser parte de esos procesos con rutas para ciclistas y caminantes.

Esto cambios en ruta implica expropiaciones, manejo de bienes públicos con inventarios oportunos y coordinaciones ente el sector de infraestructura.

Requiere también crear fuentes de inversión privada y pública con propuestas novedosas.

Esto no es fácil, pero lo que tenemos ahora no solo asfixia, sino que lleva a condenar a personas y costes.

No podemos seguir en ese conformismo que pasa en todo el país, y en ciertos casos, pasa por enfoques con nuevas formas de competitividad y calidad de movilización.

¿Por qué se van empresas de Costa Rica?

Welmer Ramos González

¿Es normal o es anormal que se vayan algunas empresas extranjeras de un país?

Es un asunto que hay que analizarlo en la dimensión correcta del entorno en que se desarrolla y en cada caso particular.

1- La inversión es importante para el crecimiento de la producción de un país. La inversión sin apellidos, si es nacional mejor y aún más, si viene al régimen definitivo.

2- Las empresas transnacionales constantemente están revalorando dónde producir (país) por medio de unos 10 factores, entre ellos: estabilidad política, estabilidad macroeconómica, independencia del aparato jurídico del político, nivel de escolaridad y disponibilidad de personal capacitado, seguridad interna, capacidad adquisitiva de la población, calidad infraestructura existente, acceso a otros mercados mundiales, y también impuestos, aunque en menor medida. Este último no es ni por asomo el más relevante, muchas empresas todos los años llegan a la Unión Europea que tiene altos impuestos pero que cubre todo lo demás factores con creces.

En el caso de Intel y Qorvo que han expresado que cierran parte de la operación en Costa Rica, operan en Zona Franca por lo que están exoneradas de impuestos, por lo que esa no es la causa.

3- Hay factores son determinantes para ubicarse en Costa Rica y que por lo tanto se deben cumplir, como la seguridad de obtener los insumos para producir a tiempo y a un costo razonable. En el caso de CR esto es una falla competitiva enorme y sin perspectiva de resolverse en el mediano plazo. Un barco puede durar un mes esperando campo en el muelle, lo que dispara los costos y puede hacer desaparecer toda rentabilidad de la empresa y, luego hay que añadirle los costos de nacionalización de la mercancía elevados.

Un gerente que debe responder a un proceso productivo mundialmente integrado fallará en cumplir a tiempo una y otra vez, con consecuencias nefastas para la operativa global de una marca y la rentabilidad.

4- El encarecimiento y la vulnerabilidad del sistema de logística mundial (la cadena de suministros) después de COVID-19 ha sido muy importante y obliga a las empresas a integrarse más cercanamente.

5- La inestabilidad política del sistema comercial y político del mundo obliga a las empresas a modificar sus procesos productivos a fin de reducir vulnerabilidades en costos y en seguridad de suministros.

El grado en que un gobierno “débil de carácter” se afilie a un bloque y rechace a otro juega de manera importante en la decisiones empresariales.

6- Que se vayan unas empresas es normal en todo tiempo; lo que importa es que la inversión neta crezca año a año, que el empleo aumente, y que la riqueza llegue a todos: a la gente, al gobierno, y a los encadenamientos productivos.

7- En el 2014, Intel disminuyó su personal en CR en unos 1500 personas y sólo dejó a la mitad en labores de desarrollo y prueba de productos y sistemas, pero con el paso de los años volvió a manufacturar aquí. En ese año, ocurrió que dos meses después del recorte el 98% de los cesados habían encontrado trabajo en otras empresas.

Con lo dicho hasta ahora por la prensa no es posible evaluar con determinación cuáles son las razones para el cierre de una parte de las operaciones de Intel y Qorvo, o tal vez no lo sabremos.

El gobierno deberá actuar con rapidez para apoyar y ayudar a los cesados a reubicarse y seguir aportando riqueza.

27-07-2025

Puerto de Caldera: Un cuello de botella que le cuesta millones a Costa Rica

OMERCON denuncia que el país pierde hasta US$150 millones al año por ineficiencias operativas en el principal puerto del Pacífico costarricense.

Comunicado

San José, 21 de julio de 2025 – El Puerto de Caldera, principal punto de ingreso y salida de mercancías por la costa pacífica costarricense, opera actualmente a más del 100% de su capacidad instalada. Esta situación, lejos de resolverse, se agrava día con día, generando sobrecostos que terminan pagando los consumidores y productores nacionales.

Según estimaciones del Observatorio del Mercado y los Derechos del Consumidor, OMERCON, las ineficiencias en la operación del puerto podrían estar generando pérdidas superiores a los US$150 millones anuales para el país.

Barcos en espera, precios al alza

Caldera atiende un volumen de tráfico muy por encima de lo previsto en su diseño original. Las instalaciones actuales resultan insuficientes para la carga, descarga y almacenamiento de mercancías, lo que ralentiza el servicio y obliga a los barcos a esperar varios días en bahía.

Expertos del sector señalan que, en promedio, hasta 11 embarcaciones esperan su turno durante una semana, y algunas lo hacen incluso por más de 30 días. Con un costo diario de espera estimado entre US$22.000 y US$30.000 por barco, se calcula que cada embarcación podría estar generando un sobrecosto de entre US$154.000 y US$210.000, que finalmente se traslada al consumidor nacional en el precio de los productos o al productor en los costos de insumos importados.

En 2023, Caldera atendió 652 barcos que movilizaron carga en contenedores, graneles sólidos y líquidos, acero, frutas, vehículos y otros bienes. Se estima que los costos derivados de la saturación portuaria alcanzan los ¢51.208 millones al año, equivalentes al financiamiento de 2.050 bonos de vivienda de ¢25 millones. *Ver Anexo 1: estimación de sobrecostos por espera de barcos.

Pérdida de competitividad y desvío de rutas

La falta de espacio operativo también impide la implementación del sistema de Registro de Importación Anticipada, común en puertos modernos, que permite un despacho directo de la carga sin generar costos adicionales por almacenamiento.

Ante esta situación, muchos importadores optan por desviar sus operaciones hacia puertos en Panamá o hacia Moín, incurriendo en mayores tiempos de tránsito y costos logísticos adicionales. Estas alternativas, lejos de ser soluciones viables, agravan la pérdida de competitividad de las empresas nacionales y encarecen el costo de vida de los ciudadanos.

Urge acción del Gobierno

Un informe reciente de la Contraloría General de la República (DFOE-CIU-IAD-00003-2025), publicado el 2 de junio, advierte sobre el estancamiento en la gestión de soluciones por parte del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), evidenciando una administración ineficiente y sin capacidad de respuesta ante esta crisis estructural.

Costa Rica ha apostado por la apertura comercial y las alianzas público-privadas para su desarrollo. Sin embargo, mantener un nodo logístico ineficiente como Caldera representa una grave contradicción y una carga insostenible para el aparato productivo nacional.

Llamado urgente

Desde OMERCON hacemos un llamado enérgico al Gobierno de la República para que actúe con urgencia. Cualquier inversión destinada a modernizar el Puerto de Caldera se amortiza rápidamente, dado el enorme costo socioeconómico que implica su actual ineficiencia.

Es momento de poner fin a este obstáculo al desarrollo nacional, cuyas consecuencias ya afectan la economía de todos los costarricenses.

Anexo 1:

FECTSALUD denuncia alianzas oscuras y retrocesos en derechos laborales de cara al 2026

En esta producción informativa de FECTSALUD Costa Rica, Juan Carlos Durán Castro, secretario de Prensa y Propaganda de la organización, analiza las alianzas políticas, estrategias del gobierno y amenazas a los derechos laborales, centradas en el polémico proyecto de ley sobre la jornada 4×3.

Durán denuncia un “pacto oscuro” entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el gobierno, el cual, según sus palabras, debilita al candidato del PLN, Álvaro Ramos, e involucra acuerdos poco transparentes con sectores empresariales como UCCAEP y diputaciones oficialistas.

Pilar Cisneros también hizo sus «chapuzas» por el sector de UCAEP”, afirma Durán, cuestionando el argumento de que el salario mínimo afecta la competitividad del país. Según él, este discurso es falso y busca llevar el trabajo precario al trabajo esclavo, afectando directamente a la clase trabajadora.

También advierte que el gobierno habría ejercido presión sobre UCCAEP para impulsar la jornada 4×3, retirando y luego volviendo a convocar el proyecto de ley como táctica para negociar préstamos y continuar endeudando al país. A este accionar lo llama “la jugada del tonto”, en la que se involucra a Liberación Nacional como parte de una estrategia engañosa.

Finalmente, lanza un llamado a la población costarricense a reflexionar críticamente sobre estas acciones y discursos de cara a las elecciones de febrero de 2026, insistiendo en que no se trata de simples decisiones técnicas, sino de un modelo político que busca debilitar derechos laborales fundamentales.

Puede ver el video completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/16cCFSnNB8/

Disminuir salarios para ser competitivos

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Pues bien, la diputada Pilar Cisneros propuso disminuir el salario mínimo que se establece en Costa Rica de, según ella, $675 por uno más bajo, como el de República Dominicana que es de $241.

El sustento de esa propuesta es que Costa Rica no es competitiva a nivel mundial con países como Méjico, Republica Dominicana o Filipinas. Para lograr atraer la inversión extranjera es necesario reducir los salarios, los derechos laborales y hasta la horas extras. Esa es la lógica de Cisneros y el Gobierno de Chaves.

No sabemos aún, si el Partido Liberación Nacional y su candidato Álvaro Ramos se subirá también a este carro como ya lo hicieron respecto a las jornadas 4×3 que elimina las horas extras. La deriva en materia social, política y económica de Liberación Nacional es muy difícil de saber hasta dónde llegará.

En el pasado el país se distinguió por competir con otros países en cuanto a desarrollo y atracción de inversión extranjera, con educación, salud, estabilidad política y jurídica y calidad de su mano de obra.

La vieja socialdemocracia, de Pepe Figueres, siempre sostuvo que el camino de Costa Rica debía ser otro: no competir con los bajos salarios de los países centroamericanos, sino pugnar en otros niveles, especialmente en educación y calidad de su mano de obra. El país logró de esa manera un desarrollo importante de su Estado de Bienestar y una atracción de capital, también, de mayor calidad.

Pero eso parece poco importar a las nuevas autoridades gubernamentales que hoy se desgañitan por ofrecer lo peor con tal de poder “competir”, rebajándose hasta tirarse al piso.

La semana pasada el Gobierno, en su conferencia de los miércoles, con bombos y platillos, anunció con gran alborozo que Costa Rica había entrado al grupo de los países de ingresos altos, sea llegado a un ingreso superior a los $16.000 per cápita. Sabemos que los ingresos “por cabeza” pueden ser de lo más engañoso del mundo, porque hay unos que los tienen por miles de millones de dólares y otros por debajo de la pobreza. Pero asumamos que para el gobierno eso ha sido muy bueno.

Pues bien, los economistas y especialistas en la materia han manifestado que ese logro se debe a que Costa Rica ha sido muy competitivo a nivel mundial en las últimas dos décadas. Leyeron bien. La explicación es que Costa Rica ingresó a ese “selecto” grupo de los países de mayor ingreso mundial, porque ha sido muy competitivo. ¿Entonces, en dónde quedan los alegatos y propuestas de bajar salarios para aumentar competitividad?

Si ingresamos a los países “top” por ser tan competitivos, las jornadas 4×3 o la rebaja de salarios no tienen fundamento alguno.

El gobierno de Chaves y su fiel escudera Pilar Cisneros lo que pretenden es acabar con el poco Estado de Bienestar que nos queda, aumentar la explotación de los trabajadores y trabajadores para hacer crecer la tasa de ganancia (las utilidades) de las grandes multinacionales, aunque fuere haciendo cada vez más pobre a la gran mayoría de la población costarricense.

Costa Rica: ¿Progreso o retroceso? La contradicción de un gobierno que prioriza horas sobre desarrollo

Por JoseSo
Analista Político

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y numerosos estudios en especial en países europeos, además de Colombia y México qué están avanzando en este tipo de legislación, demuestran que reducir la jornada laboral a 40 horas semanales o menos aumenta la productividad porque mejora el equilibrio entre vida y trabajo, reduce el estrés y previene el agotamiento. Trabajadores más descansados y con mayor bienestar cometen menos errores, son más creativos y mantienen una mayor concentración. Países como Alemania, Dinamarca y Noruega, con jornadas más cortas que las de Costa Rica, registran altos niveles de eficiencia y competitividad, demostrando que no son las horas trabajadas, sino su calidad, lo que impulsa el rendimiento.

Además, la OIT sostiene que las jornadas excesivas generan costos ocultos en salud pública y rotación laboral. En Europa, experiencias como la de Islandia —que redujo la semana laboral a 35-36 horas sin bajar salarios— mostraron que los empleados mantuvieron o incluso incrementaron su productividad, mientras empresas reportaron menor absentismo y mayor retención de talento. Esto confirma que políticas laborales inteligentes no están reñidas con la eficiencia económica; al contrario, invertir en condiciones dignas es invertir en productividad sostenible.

Paradoja de la administración Chaves Robles y los partidos tradicionales que se les alían en esta contradicción

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una paradoja difícil de ignorar: mientras el país necesita con urgencia modernizar su infraestructura y servicios públicos para no quedarse atrás en competitividad, el gobierno insiste en impulsar políticas que, en lugar de avanzar, nos retrotraen a modelos laborales del siglo pasado. La convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar las Jornadas 12 horas 4×3 es un ejemplo claro de esta contradicción. ¿Por qué dedicar esfuerzos políticos a flexibilizar horarios laborales —un tema que erosiona derechos históricos— en lugar de priorizar proyectos clave como la Ley Marco de Asociación Público-Privada (APP), que podría dinamizar la inversión en carreteras, transporte y energía?

Las jornadas de 12 horas 4×3: Un paso atrás en el Estado Social de Derecho

El proyecto de jornadas 4×3 no es neutral: representa un retroceso en las condiciones laborales que por décadas han distinguido a Costa Rica en la región. El país construyó su estabilidad social sobre pilares como el salario digno, la jornada de 8 horas y el respeto a los derechos de los trabajadores. Estas conquistas no son solo un legado ético; son también la base de una mano de obra calificada y productiva. Flexibilizar las jornadas sin garantías sólidas —como sucede en la propuesta actual— no solo desgasta la calidad de vida de las familias, sino que puede aumentar el desgaste físico y mental, reduciendo la eficiencia a mediano plazo.

El argumento de “generar empleo” es engañoso: el empleo precario no desarrolla un país. Si el gobierno realmente quisiera reactivar la economía, debería enfocarse en crear empleo de calidad, vinculado a proyectos estratégicos que resuelvan los cuellos de botella que ahogan nuestra competitividad.

La APP: La deuda pendiente con el desarrollo

Mientras el Congreso discute cómo alargar la jornada laboral, otros temas urgentes duermen en la gaveta. La Ley Marco de Asociación Público-Privada lleva años postergada, a pesar de que el modelo actual de concesiones —heredado de los 90— ha demostrado ser lento, opaco e ineficiente. Basta ver el estado del transporte público, las carreteras colapsadas o la lentitud en proyectos de energía renovable para entender que el Estado solo no puede resolver estos problemas.

Las APP bien diseñadas —con controles claros y participación ciudadana— podrían ser una herramienta para atraer inversión, descongestionar la infraestructura y mejorar servicios esenciales. Pero en lugar de impulsar este debate, el gobierno prefiere enfocarse en una reforma laboral que divide a la sociedad y beneficia solo a ciertos sectores empresariales.

¿Dónde está la prioridad?

No se trata de satanizar la flexibilidad laboral o idealizar las APP, sino de cuestionar la coherencia de un gobierno que habla de progreso, pero invierte su capital político en iniciativas regresivas. Costa Rica necesita un plan integral que:

  • Proteja los derechos laborales sin caer en rigidices, pero sin sacrificar el bienestar de los trabajadores.

  • Acelere la inversión en infraestructura mediante mecanismos modernos y transparentes, como las APP.

  • Priorice lo urgente. El país no puede permitirse otro lustro de debates circulares mientras el transporte colapsa y las empresas pierden horas en tacos.

Mientras otros países de la región avanzan en alianzas estratégicas para modernizarse, Costa Rica arriesga su futuro discutiendo si es aceptable que un trabajador labore 12 horas seguidas. La pregunta no es solo técnica, sino moral: ¿qué clase de desarrollo queremos? Uno que recorta derechos, o uno que construye bases sólidas para crecer.

El gobierno tiene la palabra. O mejor dicho, la acción en el año que le queda, después de tres años de hacer lo contrario, pelear hasta con partidos afines a sus políticas, solo para poner excusas y quedar bien por estilo retórica y no legado permanente.

Contra el análisis apocalíptico de los políticos costarricenses

MBA Lic. Luis Gilberto Martínez Sandoval, UTN.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

No comulgo con la visión apocalíptica en los análisis que hacen los candidatos a Presidente o Diputados de la República de Costa Rica. Estoy en contra de la visión apocalíptica. La mayoría son opiniones cualitativas que carecen de datos duros estadísticos para fundamentar un argumento cuantitativo. Basta leer el Programa Macroeconómico 2024 -2025 para darnos cuenta de que no todo está del fin de los tiempos en nuestro país: inflación 0%, baja en la Tasa Básica Pasiva, tipo de cambio hacia la baja, estabilidad macroeconómica, las calificadoras de riesgos nos dan buena nota. No hay que presentar una visión tan apocalíptica del país para ganar las elecciones.

Sobre nuestro país veamos algunos datos del Banco Mundial de un excelente documento “El Modelo de Desarrollo de Costa Rica De bueno a Excelente Resumen Ejecutivo Diagnóstico Sistemático de País.” Costa Rica destaca por ser uno de los países más estable políticamente, progresista, próspero y conscientes del medio ambiente en la región. El modelo ha traído dividendos económicos, sociales y ambientales con un crecimiento sostenido, movilidad económica para un gran porcentaje de la población. El gasto social ha sido eficiente en educación, salud, protección social dado que pasó en 1958 de 3% PIB para 1990 10% PIB y en el 2012 20% PIB. La esperanza de vida hoy es de 79.7 años similar a los países de la OCDE. El gasto en educación 8% PIB 2015 que lamentablemente hoy es de un 4.9% PIB. 97% tasa de alfabetización. Sobre la situación nacional socioeconómica: 12% Pobres, 36% Vulnerables, 47% Clase Media y 5% Ricos. Tenemos marca ecológica país. Hemos logrado tener la pobreza entre las más bajas de América Latina (fui exfuncionario BM IFC). Es cierto la desigualdad está aumentando y la pandemia COVID la profundizó dado que paralizó el flujo circular del ingreso en el país que afecto economías domésticas, empresas y al Estado. Es cierto está aumentando el desempleo, pero para trabajadores no calificados. El PIB per cápita anual promedio 13.365,36 USD (2022) con seguridad social es igual al de China y muy superior al de los países de África – $2.150,6 dólares- Es cierto tenemos presiones fiscales (déficit fiscal 6.24% PIB 2024) pero TODOS sabemos cuáles son sus causas: evasión, exoneraciones, apertura comercial, eliminación de aranceles y, corrupción -las profesiones liberales no tributan-. Nuestra tributación es la más baja de América Latina 14% PIB así no vamos a desarrollar infraestructura pública moderna. ¡Sí! tenemos otros problemas, el 14% PIB es por compliance, blanqueo y lavado de capitales (narco drogas) que está metido de lleno en el sistema financiero nacional y lamentablemente en el MONEX.

Es cierto tenemos costos de producción que debilitan la competitividad país. El paso de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista en los últimos años ha dado lugar a procesos de reforma más complejos y prolongados. Velocidad pública y velocidad privada o de mercado global no coinciden. Sin embargo, Costa Rica es un país menos desigual comparado con tres décadas pasadas. Tenemos tres problemas a resolver: presiones fiscales, sociales y ambientales- cambio climático. Debemos controlar los gastos públicos y aumentar los ingresos. Mejorar la recaudación fiscal. Tenemos otro problema: GOBERNABILIDAD. La administración del sector público -330 instituciones públicas y 330 mil funcionarios públicos- no se ha modernizado paralelamente a la economía abierta y el modelo orientado a la exportación en régimen de zonas francas, apertura comercial y libre comercio, limitando la capacidad de cumplimiento y de arbitro del Estado.

Hay desafíos para nuestro país…. aumentar la productividad y con ello la competitividad nacional, frenar la desigualdad de ingresos de los habitantes del país -poner mucha atención al coeficiente de Gini-, el crecimiento económico debe impulsar el desarrollo económico priorizando dos provincias – Puntarenas, Limón-, desarrollar una fuerza laboral calificada de alto valor agregado para crear empresarialidad y emprendedores globales. El sistema educativo – escuelas, colegios y universidades públicas- requieren una reforma integral total de su normativa dado que graduamos muchos de estudiantes de ciencias sociales y muy pocos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas – STEM- así no contribuimos con sectores de alto valor agregado. El INA hay que reformularlo en su misión y visión y a las nuevas realidades dado que perdió la hoja de ruta. Requerimos: Sostenibilidad fiscal, Sostenibilidad social, Sostenibilidad ambiental. Y, por supuesto Gobernabilidad: mayor capacidad del sector público para planificar a largo plazo (25 años) e implementar políticas, proyectos de inversión pública, prestar servicios y aumentar rendición de cuentas… Pero, el apocalipsis o el diluvio está aún muy distante de nuestro país… ¡Aún estamos a tiempo!

Sobre pertinencias y empatías

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Hace unas semanas asistí a un taller organizado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica, sobre el tema de la pertinencia de las carreras que se ofrecen en la educación superior pública del país.

Sobre la discusión desarrollada y el concepto discutido, debo decir que intuyo que las instituciones de Educación superior pública del país hemos caído en la trampa de la racionalidad del mercado y la búsqueda del éxito económico, sobre cualquier saber o conocimiento compartido.

Me preocupó que ninguna carrera relacionada con el arte fuera referenciada porque en el fondo “no produce”. De igual manera las Ciencias Sociales fueron exiguamente visibilizadas, dada su escasa relación con la competitividad y eso que casi míticamente ha empezado a llamarse la cultura (o la religión) STEAM.

Esta reflexión la comparto hoy que debemos preguntarnos qué es lo verdaderamente pertinente en una sociedad que aún a tientas trata de sobreponerse a una de sus peores crisis civilizatorias de la historia. Pareciera que esa racionalidad instrumental que antepone los criterios mercantilistas a lo demás se ha impuesto como proceso sociocultural.

Y en esa imposición pulveriza la empatía como acción humana fundamental.

Leo con estupor en los diarios costarricenses una noticia de la cual no termino de asombrarme: la ex ministra de educación costarricense Sonia Marta Mora fue condenada al pago de una multa por haber autorizado a una funcionaria de su Ministerio a tomar una licencia para cuidar a su esposo enfermo en fase terminal. Eso pasó hace unos años.

El criterio institucional, la racionalidad administrativista que ha supuesto la gestión de lo público en los últimos 40 años, consideró improcedente el actuar de la exjerarca y la condenó al pago de una multa.

Excesivo.

Increíble y excesiva la forma como la institucionalidad salda sus cuentas dejando en segundos planos lo verdaderamente importante en su accionar: los seres humanos. De esta entronización de la racionalidad capitalista en las esferas estatales ya había dado cuenta la economista costarricense María Eugenia Trejos en un agudo análisis sobre el tránsito de la racionalidad neoliberal en el marco del estado costarricense.

Entre lo que el pensamiento racional considera como pertinente y la ausencia de empatía ante el dolor, se nos muestra el lado más odioso de la promesa neoliberal.

Dicho esto, se impone urgentemente humanizar las políticas públicas, dotarlas de nuevas formas de sensibilidad, de nuevo músculo en el que el ser humano retorne a su centro, pensarlas con el corazón, actuarlas con el corazón.