Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN, ratifica su compromiso con la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa y el Derecho a la Comunicación y recuerda cada día el legado del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mártir de las libertades públicas, asesinado hace 44 años. Toda autoridad debe saber que las ideas no se matan, no se encierran en la cárcel, ni se exilian, pues mantienen vigencia más allá de los límites naturales del tiempo y la distancia, transformándose cada instante en una demanda permanente de cualquier sociedad.
44 años más tarde, la demanda de justicia se mantiene en vigencia, sumada a la demanda de libertad a favor de quienes se encuentran privados y privadas de su libertad por pensar diferente. La prensa independiente es fundamental para la construcción de la nación republicana soñada por Pedro Joaquín, con instituciones basadas en el respeto a los Derechos Humanos y al servicio de la ciudadanía.
Desde PCIN, hemos denunciado las agresiones y delitos cometidos contra hombres y mujeres de Prensa en Nicaragua, seguiremos haciéndolo. Instamos a la prensa independiente a seguir firmes en nuestro quehacer de llevar información veraz y objetiva a la ciudadanía nicaragüense dentro y fuera del país.
¡La democracia no puede concebirse sin Libertad! 10 de enero de 2022 Periodistas Y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
La libertad de expresión y el ejercicio periodístico son actos de sobrevivencia en algunos países. Hoy, especialmente, en México.
La noble y valiente prensa de ese país ha sido víctima de muerte como consecuencia de la corrupción y el crimen organizado, convirtiendo este país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica condena y repudia todo acto de violencia contra comunicadores y medios de comunicación.
Solicitamos a las autoridades mexicanas que implementen los mecanismos necesarios para combatir estos graves hechos que coartan la libertad de expresión, el derecho a la información y la vida misma de quienes ejercen el periodismo. Recae en sus autoridades que los responsables de las amenazas, agresiones y asesinatos de reporteros sean encontrados y castigados con todo el peso de la ley, y se ponga fin a este clima de impunidad.
Como lo ha manifestado públicamente IFEX-ALC, una alianza de 23 organizaciones de América Latina y el Caribe, en más del 50% de estas agresiones intervienen policías municipales y militares, por lo que urge una firme acción por parte de las altas autoridades de este país.
Por el bien de la sociedad y de ese extraordinario país, el cual hemos aprendido a amar desde pequeños con la lectura de sus héroes de palabra franca, como Octavio Paz o Carlos Fuentes, no podemos menos que instar públicamente para que el derecho a la información sea garantizado por el Estado mexicano.
Que los periodistas y los trabajadores de la prensa puedan investigar y difundir la verdad sin ser atemorizados o amenazados, es la única garantía para que una nación pueda mirarse a sí misma.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica, gremio que cree y defiende estos principios, eleva su voz y hace pública la solidaridad con los periodistas mexicanos.
Una prensa vigorosa, libre e independiente puede lograr hasta lo impensable.
Abogamos entonces, por la existencia de un escenario de tolerancia y respeto hacia la dignidad humana.
La inminente declaratoria de competencia efectiva por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), para el mercado de la telefonía móvil pospago, abre otra vez la posibilidad de que las compañías apliquen el cobro por descarga de datos.
El año pasado el Colper hizo pública su preocupación y rechazo ante una resolución anunciada por la Sutel, en donde se solicitaba el cobro por transferencia de datos para el Internet móvil pospago.
La iniciativa no prosperó, pero otra vez surge la amenaza de un aumento considerable en el cobro de este servicio, máxime en momentos cuando la población está de sobra acostumbrada a utilizar sus dispositivos para el envío de mensajes, fotos, videos y consumo de contenidos multimedia.
Hablamos de un impacto en el cobro de servicios cotidianos como WhatsApp, Waze, y Facebook, basados en Internet móvil.
De prosperar la propuesta anunciada por la Sutel el viernes pasado, este cobro afectará de manera particular a los comunicadores para quienes la transferencia de datos a través de sus teléfonos inteligentes es pan de todos los días.
La férrea oposición de varios sectores que desató en su momento la posibilidad del cobro por descarga para el sistema pospago (en prepago se paga por descarga desde el 2014), no se ha sentido aún, pero los argumentos de entonces siguen siendo los mismos.
Desde nuestra perspectiva, el potencial incremento de este servicio será una clara limitación a la labor de periodistas y comunicadores y tendrá un efecto negativo para el acceso universal de los servicios de Internet en la población, propiciaría un aumento en la brecha digital y por lo tanto una afectación a la democratización de las informaciones.
En esa línea se manifestaron el año pasado la Defensoría de los Habitantes y la Defensoría del Consumidor.
Según la Sutel y las operadoras telefónicas, el cobro de datos podría contribuir a descongestionar la rede móvil, pero eso también se lograría con un aumento en las velocidades de transmisión, las cuales se ven afectadas por la poca penetración de la Internet fija en el país y por rezagos en la infraestructura.
Según un reciente estudio de la firma Open Signal, que analiza la calidad de las redes móviles a nivel global, nuestro país posee una de las peores velocidades del servicio de Internet móvil. Específicamente ocupa el puesto 94 de 95 países examinados.
En una entrevista publicada el año pasado por El Financiero, Guy de Teramond, físico pionero de Internet en Costa Rica, consideró que si bien los abusos del sistema se deben resolver, el cobro por transferencia de datos resultaba una solución «poco creativa y anacrónica» con el desarrollo de Internet.
Coincidimos plenamente con esa posición y creemos que el negocio de las telecomunicaciones y el crecimiento de un servicio tan relevante como el de Internet, no debe darse nunca a costa de limitar el acceso a la información a la población o de imponerle a los usuarios un precio de mercado que pueda llegar a ser prohibitivo.
Imagen con fines ilustrativos tomada de ThingLink
Información generada desde Colegio de Periodistas.
Estamos en la semana que se ha celebrado el día del periodismo y de los comunicadores sociales. Como lo han reiterado este lunes los mismos periodistas, en los últimos años se ha vuelto muy difícil cumplir con esta profesión, especialmente si se quiere cumplir a cabalidad con esta importante labor de informar en lugar de desinformar. La información verás incomoda dice la periodista Telma Mejía. Esa incomodidad ha llevado a ciertos sectores con poderes económicos y políticos a la intolerancia y a la contratación de sicarios para eliminar a quienes no aceptaron la mordaza y cumplieron con su deber profesional de informar la verdad descubierta en sus pesquisas.
Y es que si antes del golpe de estado existía la secrecía de lo público, después de ese acontecimiento el ambiente se volvió completamente obscuro para la ciudadanía. Los dueños de muchos medios aumentaron sus ingresos vertiginosamente por “informar” lo que el poder formal y fáctico ha querido sin salir afectados en sus intereses. Uno de los principios más violentados del derecho a ser informados es el que El Interés Público tiene prioridad sobre la secrecía. “La información debe ser difundida cuando el interés público supere cualquier daño que su apertura pueda ocasionar…” www.mexicotransparente.org.mx/open%20Society%20justice%initiative%2010%principios%20(30).pdf
Este principio es violado por casi todas, si no todas, las instituciones del Estado. Siendo así, se convierten en héroes quienes se atreven a publicar información de interés público. Otros, como el Ramírez Aldana, ex fiscal contra la corrupción, son enviados hasta países como Francia para cumplir funciones muy distintas, a manera de que no lleguen a publicar la información que daña los intereses de los poderosos.
Es por esta razón, y otras, como las siguientes que poco se cree en lo efectivo que pueda ser el trabajo de la tan publicada Comisión de Investigación que el Congreso Nacional (su presidente) ha nombrado para llegar a interpelar al Fiscal General y brindar resultados públicamente en los próximos 13 días.
Este Congreso se ha caracterizado por no representar mucho a los partidos políticos por los que fueron elegidos diputados, a quienes se les llama honorables, casi de manera sarcástica. A excepción del Partido Nacional que se maneja muy verticalmente, los demás, incluyendo al Partido Liberal que ha dejado de ser ese partido de hace tres décadas, no se comportan como partidos políticos. Cada diputado estuvo muy condescendiente en un inicio, pero una vez que tomó confianza del ambiente, muchos están buscando actuar por intereses personales aunque argumentando que lo hacen por estar insatisfechos con las orientaciones de su partido. Esto no ha hecho más que favorecer al Partido Nacional que además de controlar el poder Ejecutivo, el Judicial y los demás entes contralores, domina al Congreso mismo, gracias al infantilismo y egoísmo de muchos en la oposición.
Si vemos la composición de la Comisión nombrada por el presidente del Congreso Nacional y miembro importante del Partido Nacional, quien a la vez ha sido mencionado como implicado en el fraude multimillonario del IHSS, son trece sus integrantes. Los del PN están unidos con la Unión Democrática (UD) y la Democracia Cristiana (DC), es decir estos últimos no son oposición, quienes suman seis (6). Si se ven como partido de oposición a PL, PAC y Libre, serían siete (7) Un voto de mayoría simple. No obstante, varios de estos diputados en la oposición están pegados con saliva, aunque no dudamos de la honorabilidad de Doris Gutiérrez entre quienes no les doblegan con dádivas ni prebendas.
Es mucho el riesgo que se juega la oposición política al integrar esta Comisión, la que ha iniciado tal y como se sospechó desde un inicio. Ampliando la agenda de interpelar al Ministerio Público sobre el enorme desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y su lentitud en procedimientos investigativos, sin dar muestras de imparcialidad alguna, a una agenda que va a investigar todos los actos emblemáticos de corrupción, para lo cual tienen ahora martes solamente trece días de plazo. Los resultados están casi previstos, “hay otros partidos que también son corruptos”, lo que no va a disuadir a ningún ciudadano inteligente del gran desfalco al IHSS.
Desde antes de iniciado el presente año, los partidos políticos han demostrado un bajo nivel de convocatoria, es decir, cuando se asegura que la ciudadanía no cree en la institucionalidad del país, se incluye a los partidos políticos viejos y nuevos. De noviembre de 2013 a la actualidad, los partidos concentraron su accionar en el Congreso Nacional, sin embargo, ninguno ha ganado más credibilidad ciudadana, al contrario, han perdido la que tenían. En esto el Partido Nacional logró con facilidad manipularles como para desprestigiarles. Y es que los nuevos partidos tienen mucha membresía novata sin real compromiso con sus partidos y el Partido Liberal dejó de ser un partido granítico, algo confirmado por su propio presidente, Mauricio Villeda, un hombre recto, de familia con trayectoria política muy reconocida.
Así es que estamos en un escenario interesante porque puede ser la oportunidad de algunos partidos políticos en recuperar su credibilidad o puede ser su hundimiento para sumarse a otros partidos de los llamados «bonsáis».
Si hubiese transparencia como lo asegura el gzelobierno actual, no sería necesario esta gran exhibición política, puesto que cualquier ciudadan@ obtendría la información necesaria para saber la verdad de cada fenómeno que ocurre en la administración pública. O al menos, Transparencia Internacional, quien tiene un convenio con el gobierno, podría hacer las pesquisas del caso y publicar sus resultados. Pero esto más parece una trampa para desinformar que un medio de transparentar la gestión pública.
La esperanza de cambiar para mejorar, sigue estando en la misma ciudadanía, pero ésta parece que busca sus propios espacios sin que sean los partidos políticos quienes les encabecen, como está ocurriendo en Guatemala. Veremos qué sucede.
