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Etiqueta: comunidades costeras

Organizaciones solicitan audiencia urgente en la Asamblea Legislativa y rechazan reforma a la Ley de Zona Marítimo Terrestre

Organizaciones costeras, de mujeres y en defensa de la Zona Marítimo Terrestre solicitaron formalmente una audiencia ante la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de expresar su rechazo al proyecto de ley “Reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre” (Expediente N.º 22.553).

La solicitud fue dirigida al presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, así como a distintas jefaturas de fracción, en un contexto de creciente preocupación por el avance acelerado de esta iniciativa en el Congreso.

La semana pasada más de ochenta organizaciones sociales, ambientales, académicas y comunitarias, junto con más de doscientas personas firmantes, advierten que la reforma podría generar impactos profundos en las comunidades costeras y en ecosistemas estratégicos del país. Entre las principales preocupaciones se señalan posibles procesos de privatización del litoral, el debilitamiento de la protección ambiental, particularmente en humedales y manglares, y el riesgo de desplazamiento de comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios, incluyendo poblaciones afrodescendientes, indígenas y personas dedicadas a la pesca artesanal.

Asimismo, se alerta que el proyecto introduce condiciones administrativas, técnicas y económicas que resultarían difíciles de cumplir para las comunidades locales, lo que podría favorecer la concentración de concesiones en manos de actores con mayor capacidad económica, mediante mecanismos como la subasta.

Las organizaciones también recuerdan que este expediente ya había sido cuestionado y detenido en el año 2021 por razones jurídicas, sociales y ambientales, y que su reactivación en 2025 ha ocurrido sin un proceso amplio de consulta y participación con las comunidades afectadas.

Adicionalmente, informes técnicos han señalado posibles roces de constitucionalidad en varios artículos del proyecto, lo que incrementa la preocupación sobre su viabilidad legal y sus efectos sobre el régimen de protección de la zona marítimo terrestre.

En este contexto, las organizaciones firmantes reiteran la necesidad de abrir un proceso de diálogo amplio, transparente y participativo, que incluya a comunidades costeras, organizaciones sociales y sectores académicos, antes de avanzar con una reforma de esta magnitud.

Como parte de este proceso de articulación, el pasado 18 de marzo se realizó un espacio virtual informativo, con la participación de la politóloga y asesora legislativa Jessica Ramírez, y la abogada especialista en derecho ambiental y derechos humanos Sofía Barquero. La actividad fue organizada por el Proyecto de Geografía y Diálogo de Saberes de la Universidad de Costa Rica, la Red de Mujeres Costeras y Rurales, el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional.

Las organizaciones hacen un llamado a las diputaciones a atender esta solicitud de audiencia y a valorar la necesidad de detener el avance del expediente 22.553, en resguardo del carácter público de las playas, la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

Personas gestoras locales en acción – Sonia Medina Matarrita, Isla Venado

Por Michelle Paulana Castro Marchena

Cápsula #1 Gestores y Gestoras Locales en Acción, historias que inspiran y transforman comunidades.

Sonia Medina Matarrita es gestora local de la comunidad de La Florida, Isla Venado, en el Golfo de Nicoya. Mujer, madre, abuela y jefa de hogar, ha dedicado gran parte de su vida a la pesca artesanal y al cultivo de ostras, actividad que hoy constituye una fuente clave de empleo y desarrollo para su comunidad.

Es graduada del Técnico en Gestión Local del Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), versión Pacífico Central, promoción 2020. Ha vivido en Isla Venado toda su vida y forma parte de una familia fundadora de la comunidad. Actualmente, se desempeña como presidenta de la Asociación Local de Pescadores de La Florida, Isla Venado.

En el año 2018 fue invitada a Brasil por la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable de Costa Rica y la COFREM de Brasil, con el fin de compartir experiencias sobre la pesca artesanal costarricense y los procesos de organización comunitaria vinculados a esta actividad.

Ostras Deli: desarrollo local con enfoque sostenible

Ostras Deli es un proyecto conformado por tres granjas de ostricultura sostenible ubicadas en La Florida, Isla Venado. La iniciativa surgió a partir de la creación de un Área Marina de Pesca Responsable, dentro de la cual se establecieron estas granjas dedicadas al cultivo de ostras rizadas, un molusco altamente valorado por su aporte nutricional.

Actualmente, el proyecto representa una parte fundamental de la economía local y genera empleo para aproximadamente 24 familias, las cuales han logrado transformar su actividad pesquera mediante prácticas sostenibles y responsables con el ambiente.

Según Sonia Medina, entre los principales desafíos que enfrenta el sector pesquero se encuentran el calentamiento de las aguas, la pesca ilegal y el limitado acceso a los mercados, situaciones que impactan directamente la estabilidad económica de las comunidades costeras.

El proyecto ha contado con el apoyo de diversas instituciones públicas, entre ellas el IMAS, INCOPESCA, INDER, el Ministerio de Trabajo, la Universidad Nacional y el INA, lo que ha permitido fortalecer el proceso productivo y organizativo de la comunidad.

En su momento, el entonces presidente ejecutivo del IMAS, ministro Bermúdez, señaló que “estas granjas encierran las expectativas de reactivación laboral que impulsamos en el país, buscando balancear los resultados económicos, sociales y ambientales en la vida de las familias”. Agregó que este sistema productivo contribuye a la inocuidad del producto, al tiempo que forma parte de una estrategia para la lucha contra la pobreza mediante empleos azules, vinculados al uso responsable de los recursos hídricos.

Para Sonia, uno de los principales logros ha sido la unión comunitaria que ha generado el proyecto. “La granja ha unido a toda la comunidad. Personas que no son asociadas, e incluso que no son de la isla, nos han colaborado con sus propias manos en el proceso de construcción de este sistema”, comentó.

Actualmente, la organización trabaja en la construcción de un nuevo local comunal, con mejores condiciones de espacio y adaptación, e impulsa iniciativas para el aprovechamiento y recolección del agua, tanto para uso doméstico como para el riego de plantas, reforzando así su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario.

70 organizaciones rechazan reforma que abriría la privatización de la Zona Marítimo Terrestre

Pronunciamiento advierte que el proyecto de ley (Expediente N.º 22.553) debilita la protección ambiental, favorece la privatización de playas y podría acelerar el despojo de comunidades costeras.
• Organizaciones alertan que el trámite se acelera en la Asamblea Legislativa y solicitan una reunión con el presidente y las jefaturas de fracción.

Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas firmantes manifestaron públicamente su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.º 22.553), que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, al considerar que representa un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

Las organizaciones firmantes, vinculadas a la defensa ambiental, comunidades costeras, organizaciones sociales y la academia, advierten que el proyecto abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial.

En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.

Las organizaciones recordaron que anteriormente más de 70 organizaciones y la Universidad de Costa Rica ya habían advertido sobre los riesgos de iniciativas similares, como el expediente 23.148, por sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas.

El pronunciamiento sostiene que, aunque la propuesta habla de “ordenamiento”, en realidad plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario.

Según las organizaciones firmantes, la reforma flexibiliza los requisitos de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso autoriza usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura para fines comerciales.

Esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”, advierten.

El documento también alerta sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos como los manglares.

Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”, señalan.

Diversos estudios, incluyendo informes del Estado de la Nación, han documentado que los manglares son uno de los ecosistemas que mayor pérdida de cobertura han sufrido en las últimas décadas, principalmente debido a desarrollos turísticos y actividades agropecuarias.

Centralización y debilitamiento del control público

Las organizaciones también cuestionan que el proyecto otorgue un papel central al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento costero.

Esta reforma subordina las competencias municipales al ICT, una institución que históricamente ha priorizado los intereses del sector turístico empresarial y que no tiene mandato ni capacidades para gestionar los conflictos socioambientales en las zonas costeras”, indica el comunicado.

Otro de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios.

Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.

Ante estos riesgos, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente N.º 22.553 y la apertura de un proceso amplio de discusión sobre el futuro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.

Costa Rica no necesita más zonas de sacrificio costero, sino un marco jurídico que garantice justicia ambiental y territorial. La zona marítimo terrestre es un bien común de todas las personas, no un negocio para unos pocos”, concluye el pronunciamiento.

Posterior a las elecciones, diversas organizaciones alertan que se ha intentado acelerar el trámite del proyecto para agotar las mociones pendientes y forzar su aprobación. Ante esta situación, han solicitado una reunión con la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de que se escuche a las comunidades costeras y se abra un espacio de diálogo sobre los impactos que esta reforma podría tener en los territorios y ecosistemas del litoral.

Ver pronunciamiento completo con organizaciones y personas firmantes: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform?usp=preview

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Organizaciones alertan sobre intento de aprobar reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y convocan a firmar pronunciamiento

Diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias lanzaron una alerta urgente ante lo que califican como un intento de acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley N.° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

Según las organizaciones firmantes de un pronunciamiento público, el proyecto —que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa— podría legalizar usos privativos en espacios públicos costeros, debilitar la protección de ecosistemas sensibles como los manglares y favorecer procesos de despojo y desplazamiento de comunidades costeras.

Las agrupaciones advierten que el proyecto se estaría impulsando mediante un procedimiento acelerado para agotar mociones y forzar su aprobación, lo que limitaría el debate público sobre una reforma que consideran de alto impacto ambiental, social y territorial.

Riesgos para ecosistemas costeros y bienes públicos

El pronunciamiento sostiene que la reforma planteada permitiría flexibilizar el régimen de concesiones y habilitar usos comerciales en zonas que actualmente son públicas, incluyendo permisos para instalar infraestructura o servicios turísticos en espacios que forman parte del patrimonio natural del Estado.

Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es el debilitamiento de las regulaciones que protegen ecosistemas estratégicos como los manglares, considerados barreras naturales frente a fenómenos asociados al cambio climático, como la erosión costera o el aumento del nivel del mar.

Diversos estudios citados por las organizaciones señalan que los manglares han sufrido una importante pérdida de cobertura en las últimas décadas, especialmente debido a desarrollos turísticos, agropecuarios y expansión inmobiliaria.

Centralización institucional y debilitamiento del control público

Otro de los cuestionamientos al proyecto se refiere al rol ampliado que asumiría el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento de la zona marítimo terrestre.

Según las organizaciones, esta centralización podría debilitar la autonomía municipal y reducir los controles democráticos sobre el manejo del litoral, al concentrar decisiones en una institución cuya función principal ha estado vinculada al desarrollo turístico.

Asimismo, advierten que el proyecto reduce controles legislativos sobre áreas marítimas y territorios insulares, e incluso elimina referencias explícitas al dominio estatal sobre territorios como la Isla del Coco.

Impactos sociales en comunidades costeras

El pronunciamiento también alerta sobre los posibles efectos sociales de la reforma, particularmente en comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales que históricamente han habitado las zonas costeras.

Según las organizaciones firmantes, el proyecto podría profundizar procesos de turistificación, gentrificación y concentración del acceso a la tierra en manos de intereses inmobiliarios o turísticos, sin establecer mecanismos claros de protección para las comunidades locales.

En ese sentido, señalan que la iniciativa no incorpora mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento territorial costero, ni establece medidas diferenciadas que protejan los derechos colectivos de las comunidades que dependen de estos territorios.

Llamado a archivar el proyecto y abrir un proceso participativo

Ante este escenario, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente legislativo N.º 22.553 y plantean la necesidad de abrir un proceso amplio, participativo y técnicamente sustentado para discutir cualquier reforma al régimen jurídico de la zona marítimo terrestre.

Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento se encuentran colectivos comunitarios, agrupaciones ambientales, redes de mujeres, organizaciones afrodescendientes, observatorios de derechos humanos y asociaciones vinculadas con la defensa del litoral y los bienes comunes.

Las agrupaciones reiteran que la zona marítimo terrestre constituye un bien público de todas las personas, por lo que cualquier modificación legal debe garantizar la protección ambiental, el acceso público y la justicia territorial.

Invitan a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía interesada a sumarse al pronunciamiento y firmar el documento.

Enlace para firmar el pronunciamiento

Experiencias de gentrificación en las costas de Costa Rica

Alberto Salom Echeverría

Guanacaste, Limón y Puntarenas: Turismo, transformación y desplazamiento poblacional en las zonas costeras

Introito

La Asociación para el Desarrollo Sostenible y Sustentable Madre Tierra, que me honro en presidir realizó este martes 12 de agosto una actividad sobre las experiencias de Gentrificación en Costa Rica, en el Centro de Cultura de España.

Considero oportuno replicar esta actividad con base en datos fiables que hurgué sobre la Gentrificación, entresacados de fuentes del Banco Central de Costa Rica, en estadísticas de inversión extranjera directa de 2023; de igual manera se revisó información del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica (CPCECR), en particular el artículo “Mercado Inmobiliario de zonas Turísticas”; también fue consultada la Revista de Ciencias Sociales de la UCR (2022), allí encontramos el artículo intitulado “Turismo y transformación Social en el Caribe costarricense”; además, fue consultado el informe del Estado de la Nación del (2023) en Desarrollo Humano Sostenible y finalmente, artículos varios de la prensa nacional y de revistas digitales.

El concepto

La Gentrificación es un proceso que se ha desarrollado en zonas urbanas, en particular de las regiones costeras de Costa Rica. Con frecuencia, este fenómeno se suele asociar con ciudades grandes, pero como queda expresado en Costa Rica se ha producido tanto en las ciudades urbanas como en las zonas costeras, en las que el turismo internacional, las inversiones privadas y la globalización inmobiliaria han venido alterando cada vez más la vida de las comunidades locales, en particular desplazando y desalojando la mano de obra local de pequeños y medianos productores costarricenses. En adelante se presentarán los datos y características compartidas y particulares en los planos social, cultural y económico en estas tres provincias costeras, las más deprimidas del país, como son Guanacaste, Limón y Puntarenas.

El auge turístico de Guanacaste y la exclusión social silenciosa

En la provincia guanacasteca se ha producido un cambio radical, merced al turismo de lujo que ha conllevado inversión extranjera directa, mediante la compra de tierras por parte de los foráneos y la construcción de infraestructura turística, fenómenos que, han propiciado el crecimiento exponencial del valor del suelo.

La documentación consultada, da cuenta de un significativo desplazamiento de familias guanacastecas de escasos recursos económicos que en su mayor parte eran detentadoras de parcelas de tierra de pequeño y mediano tamaño, hacia las márgenes del mercado inmobiliario, lo que, de un modo imperceptible pero real, ha dado lugar a la pérdida de identidad cultural por parte de estas poblaciones, lo mismo que a tensiones sociales crecientes.

La investigación reporta también que, los productores agrícolas que se dedicaban mayormente a la ganadería o la pesca no lograron, no obstante, engarzarse en el modelo turístico que se fue imponiendo, excepto cuando fueron contratados en trabajos informales y por ende labores no permanentes, de baja remuneración. En muchos casos los antiguos campesinos autóctonos no consiguieron sacar provecho de las nuevas tierras adquiridas en la marginalidad, ya que como se acaba de consignar muchos fueron contratados en trabajos turísticos como la construcción de obras de infraestructura. Concluida la faena, muchos otros perdieron la oportunidad de reiniciar sus labores en las propiedades recién adquiridas. Estamos aquí en presencia de un evidente proceso de exclusión social de los campesinos por parte de los poderosos inversionistas extranjeros. Estos procesos fueron patentes en zonas como Tamarindo, Nosara y Playa Grande.

La Gentrificación incipiente en Limón ha dado cuenta de tensiones históricas

El fenómeno de la Gentrificación en Limón lleva retraso con respecto a Guanacaste, pero ha comenzado con fuerza en lugares como Puerto Viejo de Talamanca y Cocles, donde precisamente el turismo internacional ha crecido en la última década.

El tipo de población que prevalece en Limón es muy diferente a la de Guanacaste y Puntarenas, puesto que la de Limón es una población afrodescendiente e indígena, pero que han presentado históricamente una fuerte resistencia hacia la exclusión de la que han sido víctimas desde la colonia en el caso de los indígenas. En Puerto Viejo, los extranjeros y en menor medida personas adineradas de Costa Rica han comprado propiedades, algunas para usufructo particular o para alquilar; además se han construido hoteles y comercios que están orientados principalmente a población turística europea y estadounidense. Estas actividades mercantiles han provocado un aumento de los precios de las tierras y los servicios.

De la literatura consultada entresacamos que las comunidades autóctonas han cedido el control sobre su entorno cultural y se han visto afectados en el plano económico, pese a la existencia de iniciativas menores de turismo comunitario, cuyo afán es aprovechar la iniciativa generada por los inversionistas extranjeros para desarrollar emprendimientos, si bien de mucho menor cuantía. La competencia en este sentido no tiene parangón entre la inversión extranjera y los esfuerzos de los emprendimientos locales que, evidentemente son de mucho menor rango. De ahí que -dice la investigación-, la gentrificación en Limón es hasta ahora más sutil, pero ha desplazado siempre emprendimientos autóctonos y está jalonada de otras complejidades étnicas, raciales y territoriales.

En algunas regiones como Gandoca-Manzanillo, como se ha visto recientemente los inversionistas privados, nacionales en este caso han comenzado a invadir inapropiadamente tierras del Estado, otorgadas de manera aparentemente fraudulenta por parte de la misma municipalidad, en convivencia con el SINAC y el Ministerio de Ambiente; estas actividades han afectado los humedales de un alto valor ecológico. La situación ha creado un clima de gran inquietud tanto entre moradores de la zona, así como por parte de organizaciones ambientalistas, todos los cuales luchan por la defensa de este patrimonio.

La Gentrificación en Puntarenas, apuntala el desarrollo desigual y ha producido además desplazamiento turístico

La característica principal en Puntarenas muestra un proceso de gentrificación que como reseña la literatura, es fragmentado y notoriamente desigual. Esta impronta ha sido patente en ciudades como Jacó, Montezuma y Santa Teresa, para citar algunas de las más connotadas.

En estos casos se han establecido comunidades extranjeras de alto poder adquisitivo, las cuales han transformado completamente el paisaje, la oferta comercial y los patrones de consumo.

El caso de Santa Teresa, reseña la investigación es paradigmático debido a la gentrificación acelerada que se ha producido en ella. Se señala literalmente que: “terrenos costeros han sido adquiridos por inversionistas extranjeros, las construcciones de lujo proliferan, y los precios de la vivienda han subido a niveles imposibles para los habitantes locales. -Y en adición se agrega- Como en Guanacaste, muchas familias puntarenenses han sido desplazadas a comunidades periféricas que carecen de servicios básicos. En contraste, otras partes de Puntarenas (como la ciudad de Puntarenas misma) han quedado marginadas del desarrollo turístico, profundizando la desigualdad regional.

Sinopsis comparativa de la gentrificación en las tres provincias

(Patrones comunes y diferencias)

Patrones comunes: Las tres provincias como se puede observar comparten algunos patrones comunes entre sí, derivados de las inversiones que se llevaron a cabo. En los tres casos operó una población que proviene del exterior y que posee recursos económicos en abundancia como para haber podido realizar obras de infraestructura de calidad con lo que, en lo medular, los emprendimientos nacionales no han podido competir. Por añadidura, los extranjeros que han llegado a invertir en la industria turística en el territorio costero costarricense son ajenos por completo a la cultura de las comunidades locales y sin interés alguno por compenetrarse con ella. Por eso mismo, se produjo la expulsión de población local de su zona originaria, sin contemplaciones de ninguna naturaleza, lo cual ha incidido en una mengua del nivel de vida que ostentaban, así como también se han visto afectados los valores y prácticas culturales ancestrales. En la mayor parte de los casos, cuando los nacionales no lograron organizarse para combatir hasta derrotar el atropello del que fueron objeto, ha sobrevenido la dispersión de aquellos sectores de la comunidad que fueron despojados de la tierra y con ello se trastornó su cosmovisión. En lo económico, en los tres casos se revalorizó el suelo y se encareció el costo de la vida, con grave perjuicio tanto para la población directamente despojada de sus pertenencias, como para la población pobre en general de todo el entorno. Por último, el espacio físico, el paisaje se ha desnaturalizado transformándose en un modelo que se asemeja a los patrones turísticos internacionales, ajeno por lo tanto al contexto nacional en particular aquel del que emergió la población autóctona. Muy poco, por no decir nada quedó de los nexos tradicionales que compartían con el resto de la población que allí se ubicaba.

Diferencias: En un estudio editado por FLACSO en el 2014, cuya coordinación estuvo a cargo del sociólogo Abelardo Morales Gamboa, se describe la explosión de la construcción de megaproyectos turísticos en las zonas costeras, con especial énfasis desde el 2005. Morales refiere concretamente la inversión en proyectos inmobiliarios, turísticos y de locales comerciales que requirieron la contratación de mano de obra tanto de la región como de afuera. En el 2005, apunta Morales las provincias de Guanacaste y Puntarenas absorbieron la mayor parte de la inversión en construcción de recursos inmobiliarios, 67% para Guanacaste y 23% para Puntarenas, desplazando a San José a una tercera posición con un 17%. O sea, las dos provincias costeras sometidas al auge del turismo inmobiliario desplazaron a la capital del país, respecto de la atracción de recursos para la construcción. (Ref. “Escenarios sociopolíticos de las Migraciones en Costa Rica y Colombia”. Morales Gamboa, Abelardo coord. 1era. ed. San José, Costa Rica. FLACSO, 2014). Más adelante Morales refiere que, “Las distintas expresiones de la migración de relevo pueden darse, inclusive, de manera simultánea, así como pueden primar unas sobre otras en distintos momentos. En la fase de la acumulación por despojo se produjo en Guanacaste una intensiva expulsión de fuerza de trabajo, mientras que el ciclo posterior, el de atracción, sustentado en la rotación de la mano de obra, se consolidó una etapa de abaratamiento de la mano de obra a partir del aprovechamiento de flujos de inmigración permanente o temporal de relevo, según las necesidades de demanda del mercado de trabajo. (Ref. Ibidem. pág. 19)

Guanacaste es la provincia como se desprende de varias de las investigaciones sobre el fenómeno de gentrificación, donde el proceso se ha dado con mayor intensidad. De las tres Limón es señalada como la que va a la saga, pero con una intensidad media incipiente. En lo concerniente a los actores clave del proceso también se presentan diferencias. En Guanacaste el proceso ha sido capitaneado por inversionistas extranjeros; en Limón, consigna la investigación los protagonistas son más bien residentes extranjeros, mientras que en Puntarenas se trata de inversionistas del sector turístico y del sector inmobiliario.

Por otra parte, cada provincia posee características únicas tales como: Guanacaste mantiene una alta presencia del sector turístico con una fuerte exclusión residencial. En Limón la característica más sobresaliente es una alta tensión cultural-racial, matizada por un turismo alternativo y comunitario. En Puntarenas se trata de una gentrificación marcada por la desigualdad, y por otra parte zonas aisladas frente a otras olvidadas.

Llamado a firmar en defensa de las comunidades costeras que sufren desplazamiento forzado

SURCOS comparte el siguiente llamado:

La Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica y las organizaciones abajo firmantes denunciamos que en nuestras comunidades costeras vivimos un hostigamiento creciente y una política de desplazamiento forzado que se ejecuta con mano dura contra las familias, mientras se protege y privilegia a los grandes hoteleros y desarrollos de lujo.

Puede leer el pronunciamiento y apoyar con su firma desde este enlace.

Distraer a los líderes con promesas y reuniones: una vieja estrategia de despojo

Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, 06 de julio del 2025

Mientras los representantes del Estado aceleran en silencio el desarraigo de nuestras comunidades costeras, mantienen a muchos líderes comunitarios distraídos en reuniones interminables con altos funcionarios, entretenidos entre promesas, diagnósticos y propuestas que rara vez se concretan.

Pero un día cualquiera, al despertar de ese espejismo, la realidad golpea sin aviso: la casa de un vecino, o quizás la suya, ha sido demolida por tratarse, según las autoridades, de una “ocupación precaria”.

Perder de vista que el verdadero objetivo del aparato estatal en la zona costera del Caribe Sur es apropiarse de los 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) sin pagar un colón en indemnización, es caer en una trampa peligrosa.

Lo hacen aun cuando en esos mismos terrenos nacieron nuestros padres y abuelos, décadas antes de la existencia de la Ley 6043 de 1977, y mucho antes de leyes como la 9242, que ahora los califica como simples “poseedores precarios” del dominio público.

Ignorar esta realidad no es inocente: Es contribuir, por omisión o distracción, con los propósitos del despojo institucionalizado.

A quienes deben dedicar tiempo y lealtad estos líderes no es a los burócratas de traje y protocolo, sino a sus representados y vecinos.

Deberíamos de estar en sesión permanente con los miembros de nuestras propias familias, y vecinos, organizándonos con urgencia para enfrentar la avalancha que ya asoma en el horizonte.

Esperar a que la tormenta nos caiga encima para decidir qué hacer es, sin duda, el peor de los caminos.

Si no nos organizamos ahora, como dice el refrán: El último que salga, que apague la luz.

Reflexiones finales

Debemos recordar que nuestras tierras heredadas son más valiosas que cualquier celebración o espectáculo promovido por quienes buscan despojarnos.

Durante décadas enviamos señales equivocadas al Estado y a nuestras futuras generaciones: Actuamos como suplicantes en lugar de defensores de nuestros derechos. La prioridad debe ser la unidad familiar y comunitaria bajo el principio: todos para uno y uno para todos.

Nota:

Llamado a la acción comunitaria

La historia nos ha enseñado que la unidad comunitaria es nuestra mayor defensa frente a políticas que buscan despojarnos de nuestros territorios. Por ello, hacemos un llamado urgente a los vecinos, asociaciones y organizaciones del Caribe Sur a mantenerse en sesión permanente, organizando comités locales, participando activamente en reuniones comunitarias y fortaleciendo nuestros mecanismos de defensa colectiva.

La resistencia pacífica, la acción legal informada y la visibilidad internacional son herramientas que debemos utilizar con firmeza y determinación. El tiempo de la dispersión ha terminado. Nos corresponde defender el legado de nuestros antepasados con dignidad y unidad.

Contacto:

Asociación de Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de Cahuita (ACUDHECA)

Correo electrónico: acudheca@gmail.com

Representación simbólica de líderes comunitarios en reuniones institucionales, mientras el despojo territorial avanza en silencio.

Foro abordará los riesgos de privatización en la Zona Marítimo-Terrestre -Voces y Política

Este miércoles 18 de junio, el programa Voces y Política dedicará su transmisión a analizar un tema de creciente preocupación en las comunidades costeras: el nuevo intento de privatización de la Zona Marítimo-Terrestre.

El espacio contará con la participación de personas habitantes de zonas costeras y de la abogada Sofía Barquero, quienes expondrán sus valoraciones sobre el impacto social, ambiental y legal que podrían tener las propuestas actuales que buscan modificar el régimen de tenencia en áreas bajo protección pública.

La Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) constituye un bien de uso público regulado por la Ley N.º 6043, y es considerada una franja de especial importancia ecológica y social. Diversas comunidades y organizaciones han manifestado su oposición a proyectos o iniciativas que, bajo el argumento de desarrollo económico o inversión extranjera, podrían abrir la puerta a un cambio estructural en el manejo de estos territorios, con implicaciones para el acceso, la permanencia y los derechos colectivos en las costas.

El programa, producido por el Semanario Universidad en colaboración con Kioscos Socioambientales, la Escuela de Ciencias Políticas y el Programa de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, ofrece un espacio para el análisis crítico de temas de interés público, desde las voces y experiencias de las comunidades.

La transmisión se realizará a las 5:00 p.m. por Radio Universidad 96.7 FM y también estará disponible en vivo por Facebook: https://www.facebook.com/radiouniversidadcr

Exposición “Reflejos del Mar” destaca la mirada juvenil sobre el océano y las comunidades costeras

La agrupación Reflejos del Mar y el Centro Cultural de España inaugurarán la exposición “Reflejos del Mar: Una iniciativa sobre mares y comunidad” el próximo lunes 9 de junio a la 1:00 p.m. en el Estadio Nacional. Esta es una muestra fotográfica que busca crear puentes entre comunidades costeras y urbanas a través del arte y la fotografía subacuática.

La exposición estará disponible hasta el 9 de septiembre de 2025. Esta exhibición presenta obras de jóvenes del Caribe Sur costarricense que retratan su cotidianidad y vínculo con el océano como espacio de identidad, cultura y vida. Las imágenes fueron creadas como resultado de talleres participativos de fotografía liderados por la agrupación Reflejos del Mar y en colaboración con la Cooperación Española en Costa Rica.

Las obras de Libertad Van Dyke Arias, Maiten Moore, Matthieu Benneton y Santiago Sarmiento abordan temáticas como la migración en las costas, la diversidad cultural, la vida submarina y la conservación ambiental. Estas visibilizan la riqueza del entorno marino desde una perspectiva local y joven.

Esta actividad forma parte de las conmemoraciones del Día Internacional de los Océanos y se enmarca en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se celebrará en Niza, Francia, del 9 al 13 de junio de 2025.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y Juventud, ICODER, Centro Cultural de España, Embajada de España en Costa Rica y con el apoyo de SelfArea y RapiFoto.

Lugar: Estadio Nacional, entrada principal Noroeste, La Sabana, San José

Fechas: Del 9 de junio al 9 de septiembre de 2025

Inauguración: 9 de junio a la 1:00 p.m. – Entrada gratuita

Reflejos del Mar invita al público a sumergirse en una experiencia visual que nos recuerda que el mar también vive en la memoria y las historias de quienes lo habitan.

Costa Rica traza el rumbo hacia la pesca sostenible con recomendaciones técnicas, sociales y ambientales

San José, 14 de mayo de 2025 — La pesca sostenible se ha convertido en un tema prioritario para Costa Rica, no solo por su relevancia económica, sino por su impacto directo en la seguridad alimentaria, la biodiversidad marina y la estabilidad de las comunidades costeras. En respuesta a los desafíos crecientes que enfrenta este sector, el Parlamento Cívico Ambiental presentó el informe “Elementos clave para la pesca sostenible”, resultado del Encuentro Técnico celebrado en enero de 2025 con participación de expertos nacionales, organizaciones científicas, representantes comunitarios y autoridades vinculadas al ámbito marino-costero.

Este documento ofrece un diagnóstico claro sobre la situación actual de la pesca en Costa Rica, expone los principales obstáculos para su desarrollo sostenible y plantea un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza pesquera, mejorar la calidad de la información científica disponible, incorporar el cambio climático en la gestión y promover la equidad en las comunidades costeras.

Desafíos múltiples y urgentes

Entre los principales hallazgos del informe se destaca:

  • La falta de datos científicos actualizados sobre el estado de las poblaciones pesqueras y el esfuerzo de pesca aplicado, lo que impide una gestión adecuada basada en evidencia.

  • La debilidad institucional y normativa del sector, con procesos de fiscalización limitados, escasa transparencia y una trazabilidad deficiente de las capturas.

  • El impacto creciente del cambio climático, que podría reducir las capturas en el Pacífico en un 15% y en el Caribe en un 30% para el año 2050, afectando no solo la productividad pesquera, sino también la seguridad alimentaria.

  • La falta de alternativas económicas viables para las comunidades pesqueras, muchas de las cuales dependen casi exclusivamente de la pesca artesanal para subsistir.


Un llamado a la acción: recomendaciones para transformar el sector

El informe plantea una ruta clara para alcanzar la sostenibilidad pesquera en el país, articulada en tres ejes estratégicos. En el plano técnico y científico, urge establecer sistemas de monitoreo y recopilación de datos biológicos que permitan estimar el estado de las poblaciones y definir límites de captura.

Desde lo social, se destaca la importancia de involucrar a las comunidades costeras mediante educación ambiental, participación activa y diversificación económica. Actividades como el ecoturismo y la pesca turística pueden reducir la presión sobre los recursos, al tiempo que mejoran los ingresos locales y promueven prácticas sostenibles.

Finalmente, a nivel de gobernanza, se recomienda reformar a INCOPESCA para que se alinee con los objetivos de sostenibilidad, y establecer marcos normativos dinámicos que respondan a los retos actuales, incluyendo el cambio climático. Herramientas como vedas, tallas mínimas y áreas marinas protegidas son esenciales para la recuperación de las especies y la salud del ecosistema marino.

Damián Martínez-Fernández, miembro de la Comisión Marino Costera del Parlamento Cívico Ambiental, subrayó:

Costa Rica enfrenta el reto de reconducir su modelo pesquero hacia la sostenibilidad. Este informe no solo evidencia las áreas que debemos mejorar, sino que ofrece ideas de cómo lograr una pesca que respete los límites del ecosistema y fortalezca el bienestar de las comunidades costeras. Es una invitación abierta a todos los sectores a construir juntos un futuro donde la conservación y el desarrollo caminen de la mano.”

Descargue el informe completo: https://fishcostarica.org/key-elements-for-sustainable-fshing/

Vea el resumen del Encuentro Técnico: