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Etiqueta: comunidades indígenas

Kioscos Socioambientales: 18 años de andanzas, luchas y esperanzas

Compartimos el mensaje de la Dra. Ilka Treminio Sánchez, integrante del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, pronunciado en la sesión ordinaria N.° 6940 del jueves 2 de octubre de 2025, con motivo de los aniversarios del programa Voces y Política en Radio Universidad de Costa Rica y del Programa Kioscos Socioambientales.

Kioscos Socioambientales celebra su mayoría de edad al cumplir 18 años de historia. El programa se creó en 2007 bajo el contexto de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Aquellos primeros Kioscos informativos se constituyeron en espacios de diálogo y formación que alcanzaron a más de 100 comunidades, fortaleciendo la articulación entre la UCR y las organizaciones sociales.

Desde 2008, la experiencia se reorientó como Kioscos Ambientales, con proyectos de acción social enfocados en procesos comunitarios frente a problemáticas socioambientales. El trabajo abarcó territorios indígenas como el Bribri de Talamanca, comunidades fronterizas en Sixaola, zonas costeras en Puerto Viejo y Cocles, el Caribe Norte, Guácimo y Pococí, la Zona Norte en Upala, Guatuso y Los Chiles, así como el Pacífico Sur en Longo Mai y Palmar Sur.

En 2011 se consolidó oficialmente como el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, expandiendo su alcance e integrando de manera sistemática los tres pilares de la universidad: docencia, investigación y acción social.

La Dra. Treminio enfatizó que Kioscos ha logrado posicionar la necesidad de que el conocimiento científico dialogue con los saberes comunitarios y se ponga al servicio de la transformación social. A lo largo de estos 18 años, el programa ha generado vínculos sólidos con comunidades indígenas, campesinas, costeras y migrantes.

Además, ha tenido incidencia en políticas públicas y ha tejido lazos a nivel latinoamericano en temas como ecología política, pedagogías críticas, derechos humanos, territorialidad y metodologías de investigación acción participativa.

En la conmemoración se destacó que Kioscos es hoy el resultado de un proceso colectivo y sostenido entre la universidad y las comunidades, en defensa del territorio, la justicia social y ambiental. Su historia refleja la importancia de una acción social universitaria que no solo acompaña procesos locales, sino que también ejerce una voz crítica frente a los conflictos socioambientales que enfrenta el país.

Escuche el mensaje completo de la Dra. Ilka Treminio Sánchez en el siguiente enlace:

https://www.instagram.com/reel/DPUDDmFjsLf/?igsh=MXY3N21xMHpnMzZkNQ==

Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica presenta los boletines Demo-crítica, una serie de reflexiones colectivas nacidas en el curso-taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”. Esta producción reúne diálogos, aprendizajes y herramientas construidas por comunidades, colectivos, organizaciones y personas comprometidas con la defensa de la democracia y la justicia socioambiental.

Más que conclusiones definitivas, los boletines son semillas de pensamiento crítico y acción comunitaria que buscan nutrir el debate público y fortalecer la organización social en el marco de las elecciones nacionales del 2026. El contexto es desafiante: discursos políticos maquillados de verde, criminalización de la protesta, proyectos extractivos y la necesidad urgente de construir alternativas desde los territorios.

Democracia en disputa

Uno de los ejes centrales del taller fue repensar la democracia más allá de las urnas. Se evidenció cómo la captura del poder por élites económicas y la mercantilización de la naturaleza muestran una erosión democrática. La democracia, señalan los aportes colectivos, debe vivirse día a día en la defensa del agua, los territorios indígenas, los bosques y en la organización comunitaria.

El “desarrollo” como trampa discursiva

Se identificó cómo términos como sostenibilidad, carbono neutralidad o economía verde funcionan muchas veces como ropajes discursivos que legitiman megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y monocultivos que generan despojo y desigualdad.

Criminalización de la protesta

El curso también abordó la creciente criminalización de la protesta social en Costa Rica. Desde la Ley Antihuelgas hasta la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú, se debilita la protección de defensoras y defensores ambientales. Recordar las muertes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera refuerza la urgencia de visibilizar la protesta como un motor democrático, no como una amenaza.

Herramientas para el análisis electoral

Entre los principales aportes destacan:

  • Matrices de análisis para detectar trampas discursivas y beneficiarios reales de los proyectos.

  • Hoja de ruta socioambiental 2026, no solo como lista de reclamos, sino como horizonte de vigilancia y organización.

  • Estrategias de comunicación diversa, desde lo digital hasta el arte y el humor, para disputar sentidos frente al marketing político.

Más allá de las urnas

Los boletines concluyen que el poder real no se agota en el voto: la democracia y la justicia socioambiental se construyen cada día en los territorios, en la calle y en las comunidades. El proceso electoral es un escenario clave, pero no definitivo.

Boletines publicados

  • Boletín 1 (8 agosto 2025): Democracia y bienes comunes en disputa.

  • Boletín 2 (23 agosto 2025): Discursos verdes y desigualdades socioambientales.

  • Boletín 3 (29 agosto 2025): Criminalización de la protesta y organización social.

  • Boletín 4 (5 septiembre 2025): Hoja de ruta y comunicación política desde los territorios.

👉 Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/elecciones-2026-claves-socioambientales-para-una-lectura-critica-del-momento-electoral

Orientaciones pastorales de la Iglesia Católica frente a la minería: un compromiso por la Casa Común

La Red Iglesias y Minería, con el apoyo del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), ha coordinado la elaboración de un documento que ofrece propuestas y orientaciones pastorales frente a los impactos de la minería en América Latina. El texto es fruto de un proceso de reflexión, discernimiento, oración y compromiso de comunidades eclesiales que dialogan de forma permanente con otras Iglesias y movimientos sociales de la región.

El documento se inspira en un reciente encuentro de obispos latinoamericanos que viven en territorios amenazados o afectados por la minería, y subraya la misión ética y profética de la Iglesia en un contexto de creciente colapso ambiental y climático. Retoma, además, el espíritu de la encíclica Laudato Si’, a diez años de su publicación, y lo vincula al Año Jubilar 2025, cuyo lema es “Peregrinos de Esperanza”.

Contenido del documento

La publicación se estructura en seis apartados principales:

  1. El clamor de personas empobrecidas y de la Madre Tierra, como punto de partida para entender la crisis socioambiental.

  2. El extractivismo, analizado en su dimensión destructiva sobre comunidades y ecosistemas.

  3. La opción de la Iglesia por las comunidades y sus territorios, reafirmando la defensa de la vida y los derechos colectivos.

  4. Fortalecimiento de las Iglesias locales para la conversión ecológica, impulsando una pastoral que integre la ecología integral.

  5. La relación de la Iglesia con Estados y empresas, señalando los desafíos éticos y políticos que implica.

  6. Conclusión, con llamados a una acción pastoral comprometida y transformadora.

En el año de especial relevancia —marcado tanto por el Jubileo como por la COP30 sobre el Clima en la Amazonía—, el documento propone a la Iglesia y a la sociedad abrir espacios de discernimiento, acción y acompañamiento a los pueblos que defienden sus territorios y, con ellos, la vida de toda la humanidad.

Puede descargar el documento completo aquí:

Orientaciones pastorales de las Iglesias católicas frente a la minería (PDF)

Compartido con SURCOS por Carlos Tamez.

Las luchas por los ríos confluyeron en el encuentro social Jäküii-Pacuare 20+

Esteban Barquero (Instituto Monteverde)
Dany Villalobos (Coordinador CBPC)

El pasado 29 y 30 de agosto en Bajo Pacuare de Turrialba, se realizó el encuentro Jäküii- Pacuare +20 +10, para conmemorar el 20 aniversario del plebiscito que liberó al río Jäküii-Pacuare de represas. Este plebiscito fue realizado en el año 2005 en el cantón de Turrialba con una victoria aplastante del 97% en favor del río y en contra de las represas.

Para este encuentro el Instituto Monteverde y el Corredor Biológico Pájaro Campana (CBPC) facilitaron la participación de una delegación de siete personas de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas como organización referente en la defensa de los ríos en los distritos rurales de Puntarenas.

La delegación estaba compuesta por representantes del proyecto Venas del Bosque en Monteverde, la Asociación COMUNIDADES de Guacimal y Santa Rosa, la ASADA de Punta Morales, y el Subcomité de Chomes, así como el Coordinador del CBPC, quienes compartieron información sobre las amenazas ambientales en las cuencas de los ríos Guacimal y Lagarto.

En el encuentro se realizaron actividades de intercambio de la historia de las comunidades que luchan por proteger los ríos en diferentes zonas del país. Participaron otras delegaciones de la Zona Sur, Talamanca y territorio indígenas Brörán, Yimba Cájc, Salitre, Sepecue y territorios Cabécares que habitan alrededor del río Jäküii y Duchí.

También hubo espacios informativos con investigadores expertos sobre las transformaciones y presiones que enfrenta el sistema eléctrico nacional, sobre todo por los intereses privados en el ámbito de la generación eléctrica, que aspiran a lucrar con el Mercado Eléctrico Regional (MER).

Sumado a esto, se enfatizó en la importancia de la soberanía energética y el derecho humano a la energía como orientadores para un modelo eléctrico justo, frente a la privatización y el lucro que plantea el modelo de libre mercado, que busca hacer negocios jugosos con un crecimiento insostenible de la demanda de grandes consumidores regionales.

Hacia el cierre del evento, se realizó una visita a la escuela de Nimarí Ñak para realizar reflexiones finales sobre el problema de las represas, quebradores, sobreexplotación del agua, contaminación y otras amenazas a los ríos como ecosistemas. El cierre se realizó a las orillas del río Jäküii-Pacuare con la consigna principal de que el río será libre para siempre..

Contexto de los ríos en el CBPC

Igual que en el resto del país, los ríos del área del CBPC enfrentan amenazas al equilibrio de su ciclo ecológico. En la parte alta se realizan esfuerzos para proteger las nacientes y quebradas que originan los ríos y que están sometidas a una alta presión por la expansión turística e inmobiliaria, que a su vez genera una alta cantidad de aguas grises que hasta hoy han carecido de un tratamiento adecuado, contaminando el río Guacimal.

En la parte media y baja de las cuencas, la captación excesiva de agua para actividades como el riego han generado los principales conflictos, por aumentar la sequía, los usos recreativos y la condición de estrés hídrico en los meses más secos. Estas situaciones se han presentado principalmente en los ríos Veracruz, Acapulco, Aranjuecito, Guacimal, Lagarto, Abangares y Aranjuez.

Otra amenaza actual son las concesiones mineras en cauce de dominio público de los ríos, para procesar materiales de construcción. En todos los ríos del CBPC existen 10 o más solicitudes de concesión con fines de lucro (algunas ya aprobadas), cada una equivalente a una sección de 2 km dentro del cauce, que en suma abarcarían 20 km de extracción lineal de materiales en cada uno de ellos, devastando la biodiversidad y la función ecológica de conectividad acuática de los ríos como hábitat de multitud de especies.

Actualmente las organizaciones comunales de Guacimal y Chomes gestionan medidas para defender sus ríos. Una de estas medidas es una campaña de rotulación para el río Guacimal, destacando su valor histórico, cultural y ecológico para las comunidades, ya que las empresas evaden las consultas o dar información sobre sus proyectos, afectando zonas recreativas, el equilibrio ecológico del caudal, y las fuentes de agua de los pueblos.

La Alianza de Comunidades está comprometida con mantener la lucha por los ríos sanos en Puntarenas y seguir uniendo personas en esta causa. Además, se solidariza con las causas vigentes que defienden la justicia ambiental, económica y social de las comunidades, pueblos y territorios indígenas en todo el país, y se compromete a seguir cooperando para recuperar los ríos degradados y amenazados por proyectos extractivos y privatizadores.

Conclusiones:

El desafío ambiental en materia de ríos trasciende fronteras regionales y nacionales, por este motivo es fundamental seguir colaborando en las estrategias sociales para reivindicar los derechos de las comunidades, el ambiente y los ríos, así como el fortalecimiento de liderazgos, involucramiento de la juventud y la niñez para multiplicar la conciencia y garantizar el uso sostenible y cuido de los ríos y sus funciones ecológicas.

Se destaca la importancia de la gestión de los corredores biológicos como estrategia pública para atender la conectividad y el equilibrio en las cuencas hidrográficas, propiciando la participación activa de la población en temas ambientales. La educación ambiental y la inversión en acciones multiplicadoras serán esenciales para asegurar la efectividad de las metas del CBPC en materia de protección hídrica.

Día de la Persona Indígena Costarricense

Publicación de la UNED

Los pueblos originarios han sido guardianes del conocimiento ancestral, la biodiversidad y la identidad cultural costarricense. En esta fecha, se reconoce su legado, sus luchas y sus aportes al desarrollo del país.

Promover el respeto, la inclusión y el acceso a la educación para las comunidades indígenas es una tarea fundamental para una sociedad equitativa. El reconocimiento de sus saberes y tradiciones fortalece la construcción de un futuro más justo y diverso.

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El Rugido Silenciado en Talamanca: Donde el Jaguar Habita, el Estado Olvida y el Banano Paga Miseria

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Crisis en la Producción de Banano en Talamanca: Explotación, Precios Injustos y la Lucha por la Dignidad.

Este artículo se desarrolla a partir de una entrevista con la organización «Antonio Saldaña», un colectivo que lucha por los derechos de los productores indígenas en Talamanca y que ha denunciado la grave crisis que enfrentan las comunidades debido a la explotación y los bajos precios impuestos en la comercialización del banano.

El Presidente de la República ha adoptado al jaguar como símbolo de su gobierno. En sus discursos, lo menciona como emblema de fuerza, liderazgo y orgullo nacional. Sin embargo, en Talamanca, donde el jaguar aún camina libre, los verdaderos guardianes de esta especie han sido abandonados. Los pueblos indígenas Bribris y Cabécares han protegido estas tierras por generaciones, asegurando la existencia del jaguar y la conservación del territorio. Pero mientras el gobierno se apropia del símbolo, ignora y margina a quienes realmente han luchado por su preservación.

Parte fundamental de esta protección es su sistema de producción tradicional y diversificado, basado en la armonía con la naturaleza. A diferencia del monocultivo industrial que degrada la tierra y amenaza la biodiversidad, los pueblos indígenas han mantenido un modelo agrícola sostenible, respetando los ciclos naturales y asegurando el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, este sistema enfrenta una crisis profunda, ya que los productores indígenas se ven obligados a vender su banano a precios de miseria, sin apoyo para fortalecer su modelo de producción ni acceso a mercados justos.

Esta contradicción se refleja en la crisis que enfrentan los productores de banano. La economía de estas comunidades se encuentra en un estado de precariedad extrema debido a la imposición de precios injustos y la indiferencia del gobierno. Se glorifica al jaguar en las campañas políticas, pero se olvida a los pueblos indígenas que lo protegen. El gobierno se presenta como defensor de la naturaleza, pero deja en el abandono a quienes sostienen los ecosistemas que permiten la existencia de esa fauna icónica.

Precios Miserables y Control de Intermediarios

Los productores han denunciado que las empresas intermediarias imponen precios extremadamente bajos, sin considerar los costos de producción y las dificultades logísticas que implica trabajar en un territorio alejado de los grandes centros comerciales. Hace años, el precio por kilo de banano alcanzó los 82 colones, pero actualmente se ha desplomado a 60 colones. Esta cifra es insuficiente para cubrir los gastos básicos de las familias productoras.

A esta crisis se suma una nueva directriz informal que obliga a los productores a vender solo la mitad de su producción, sin ofrecer ninguna solución para el sobrante. Esto significa que, si antes una familia vendía 200 kilos y obtenía 12,000 colones, ahora solo puede vender 100 kilos, reduciendo su ingreso a 6,000 colones. Mientras tanto, los costos de traslado siguen siendo altos, con productores que deben viajar hasta una hora y media para entregar sus productos, asumiendo todos los costos sin apoyo.

Una Economía en Ruinas: Sin Opciones y Sin Respuesta del Gobierno

El problema del bajo precio no solo afecta al banano, sino también a otros productos agrícolas de la zona, como el plátano y el cacao. La falta de mercados locales y la ausencia de ferias cantonales limitan aún más las oportunidades de venta directa, obligando a los productores a depender de las grandes empresas que controlan la comercialización y fijan los precios de manera arbitraria.

Las comunidades han intentado buscar soluciones mediante diálogos con instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad. Sin embargo, hasta ahora no han recibido ninguna respuesta concreta ni medidas que ayuden a revertir la crisis.

En una carta enviada al Ministro de Agricultura y Ganadería, Victor Carvajal Porras, la organización «Antonio Saldaña» ha denunciado que Talamanca se encuentra en una de las peores condiciones socioeconómicas del país. La zona presenta altos índices de pobreza, mortalidad infantil, deserción escolar, embarazo adolescente y problemas de salud mental. Esta vulnerabilidad ha sido aprovechada por los intermediarios, quienes continúan lucrando mientras las comunidades ven cómo sus condiciones de vida se deterioran cada día más.

La contradicción es evidente: el gobierno habla de proteger la biodiversidad, pero abandona a los pueblos indígenas, quienes han sido los verdaderos guardianes de los bosques. Se promueven discursos sobre sostenibilidad, pero se permite que los productores indígenas sean explotados por intermediarios sin que se tomen medidas para garantizar su bienestar.

El jaguar sigue rugiendo en los discursos oficiales, pero en Talamanca sus guardianes luchan en silencio contra el hambre, la exclusión y la indiferencia estatal.

El Llamado a la Acción: Precios Justos y Mercados Alternativos

Los productores de Talamanca exigen la implementación de medidas urgentes que les permitan recibir un pago justo por su trabajo. Entre las propuestas destacan:

Apertura de mercados nacionales e internacionales para la comercialización del banano y otros productos a precios justos.

Simplificación de trámites burocráticos para la venta en el mercado local y nacional.

Creación de ferias cantonales que permitan a los productores vender directamente al consumidor.

Regulación de los precios del banano para evitar la explotación de los intermediarios.

Apoyo estatal para cubrir los costos logísticos y mejorar las condiciones de producción.

La organización «Antonio Saldaña» continuará visibilizando esta problemática y luchando por los derechos de las comunidades indígenas productoras de Talamanca. Es urgente que el gobierno y la sociedad tomen conciencia de esta crisis y tomen medidas concretas para evitar que más familias caigan en la pobreza extrema debido a la explotación del mercado agrícola.

El gobierno puede seguir usando el jaguar como su símbolo, pero en Talamanca saben la verdad: los jaguares no necesitan discursos, necesitan bosques, y los bosques necesitan a sus guardianes. Ignorar a los pueblos indígenas mientras se lucra con su identidad no es proteger al jaguar, es despojarlo de su verdadero hogar.

Derechos de los Pueblos Indígenas y Protección Económica

Costa Rica ha ratificado diversos instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y establecen la obligación del Estado de proteger sus medios de vida, incluyendo su actividad económica.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica, establece en su artículo 4 que los gobiernos deben adoptar medidas especiales para salvaguardar las instituciones, bienes, cultura y medio de vida de los pueblos indígenas. Además, en su artículo 6, exige que se consulte a estos pueblos sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar sus derechos, incluyendo el acceso a mercados y condiciones de producción.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) reconoce en su artículo 20 el derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar sus sistemas económicos y medios de subsistencia, asegurando protección contra condiciones de explotación. También, el artículo 26 establece que tienen derecho a poseer, utilizar y controlar sus tierras y recursos, lo que implica que el Estado debe garantizar condiciones justas para su desarrollo económico.

Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha establecido precedentes que obligan a los Estados a garantizar condiciones de vida dignas para los pueblos indígenas, protegiendo su autonomía económica y su derecho a un desarrollo sostenible.

En el contexto de Talamanca, la situación actual de los productores de banano refleja un incumplimiento grave de estos compromisos internacionales. La falta de políticas estatales para garantizar precios justos, la dependencia forzada de intermediarios y la ausencia de mercados accesibles contradicen el marco normativo internacional que Costa Rica ha ratificado y debe cumplir.

El Estado Costarricense: Obligaciones y Retos Pendientes

Dado el reconocimiento de estos instrumentos internacionales, el gobierno costarricense tiene la responsabilidad de:

  • Garantizar precios justos y condiciones de comercialización dignas para los pueblos indígenas, evitando la explotación de intermediarios.

  • Fomentar la autonomía económica de los pueblos indígenas, mediante incentivos para mercados locales y apoyo a la producción.

  • Asegurar la consulta y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre políticas agrícolas y económicas que los afectan directamente.

  • Implementar mecanismos de protección económica que impidan la vulnerabilidad extrema de estas comunidades frente a prácticas abusivas del mercado.

El caso de los productores de banano en Talamanca es un reflejo de la deuda histórica del Estado costarricense con sus pueblos indígenas. La crisis actual no es solo un problema económico, sino una violación de derechos humanos que requiere acciones inmediatas para garantizar condiciones de vida dignas y el respeto a la autonomía productiva de estas comunidades.

Orgánico, pero Injusto: Cómo las Certificaciones No Garantizan Precios Dignos

Las certificaciones orgánicas suelen presentarse como una garantía de comercio justo y sostenibilidad. En teoría, aseguran que los productos cumplen con estándares ambientales y sociales que deberían beneficiar tanto a los consumidores como a los productores. Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas de Talamanca, esta certificación no se traduce en precios justos ni en mejores condiciones de vida.

A pesar de cumplir con los requisitos de producción orgánica, los productores indígenas siguen enfrentando precios bajos impuestos por intermediarios. Mientras los consumidores  pagan un alto valor por productos «orgánicos y sostenibles», quienes los cultivan reciben una fracción mínima de ese precio. Además, los costos asociados a la certificación (trámites, auditorías y cumplimiento de normativas) recaen sobre los productores, sin que esto garantice un beneficio económico real.

El caso del banano en Talamanca demuestra que la certificación orgánica, por sí sola, no protege a los productores de la explotación ni corrige las desigualdades del mercado. Sin un acceso directo a mejores mercados, sin regulación de los precios y sin apoyo estatal para fortalecer su autonomía económica, las comunidades indígenas continúan atrapadas en un sistema que se disfraza de justo, pero que sigue perpetuando la exclusión y el abuso.

¿Quiénes Son los Intermediarios y Cómo Afectan a los Productores Indígenas?

Los intermediarios son empresas o personas que compran productos agrícolas directamente a los productores para luego revenderlos en mercados nacionales e internacionales. En teoría, su función es facilitar la comercialización y distribución de los productos, pero en la práctica, muchas veces imponen precios injustos y condiciones desventajosas para quienes cultivan la tierra.

En el caso de los productores indígenas de Talamanca, los intermediarios compran el banano a precios extremadamente bajos, a veces incluso imponiendo restricciones sobre la cantidad que pueden vender. Mientras los productores apenas sobreviven con ingresos insuficientes, estos intermediarios aumentan su margen de ganancia al vender el producto a precios mucho más altos en el mercado.

El problema radica en que las comunidades indígenas no tienen acceso directo a los mercados ni a infraestructura para comercializar su producción sin depender de los intermediarios. Esto crea un ciclo de explotación donde los productores trabajan largas jornadas, asumen los costos de producción y transporte, pero reciben una paga que no cubre ni lo básico para vivir.

Regular la actividad de los intermediarios y generar mercados alternativos donde los productores puedan vender de manera justa es una de las demandas urgentes de las comunidades indígenas de Talamanca.

El Muro Silencioso: Cómo el Racismo Institucional Margina a los Productores Indígenas en Talamanca

El racismo institucional es una de las principales barreras que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica. En el caso de los productores de banano en Talamanca, esta discriminación se manifiesta en la indiferencia del Estado ante sus demandas, la falta de políticas de apoyo y el ninguneo sistemático por parte de las instituciones.

A pesar de que el territorio Bribri enfrenta altos niveles de pobreza, precarización laboral y falta de acceso a servicios básicos, las autoridades no han tomado medidas para garantizar condiciones dignas para sus productores. Organizaciones como «Antonio Saldaña» han denunciado que los trámites para buscar soluciones son excesivamente burocráticos y las respuestas, cuando llegan, son tardías o insuficientes.

El racismo institucional se evidencia en la ausencia de mercados accesibles para los productos indígenas, en la falta de programas de financiamiento y en la imposición de normas comerciales que no consideran la realidad de estas comunidades. Mientras tanto, los intermediarios y las grandes empresas se benefician de su vulnerabilidad, perpetuando un sistema de explotación.

Este tipo de discriminación no es un caso aislado, sino un patrón histórico de exclusión que se repite en diversas comunidades indígenas del país. La lucha por precios justos no es solo una cuestión económica, sino también un acto de resistencia contra un sistema que invisibiliza y margina a los pueblos indígenas.

Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Derecho a una Vida Digna

Los derechos de los pueblos indígenas van mucho más allá de la visión folclórica o decorativa con la que suelen ser tratados en la política tradicional. No se trata solo de reconocer su cultura en discursos o de exhibir sus símbolos en eventos oficiales, sino de garantizar condiciones reales para una vida digna, basada en autonomía, justicia y equidad.

El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que los Estados deben garantizar el acceso a tierras, recursos, educación, salud y mercados justos, sin discriminación ni explotación. Sin embargo, en la práctica, muchas comunidades indígenas siguen enfrentando pobreza, exclusión y la imposición de modelos económicos que no respetan su forma de vida.

En el caso de Talamanca, los productores indígenas no solo deben luchar contra los bajos precios del banano y la explotación de intermediarios, sino también contra la indiferencia de un Estado que los deja fuera de sus políticas económicas y de desarrollo. Mientras el gobierno se apropia de su simbología, como el jaguar, las comunidades que protegen la tierra y la biodiversidad son marginadas y empobrecidas.

Respetar los derechos de los pueblos indígenas implica asegurar su bienestar material y su derecho a decidir sobre sus territorios y economías. No es suficiente con reconocerlos en la cultura oficial; es necesario garantizar que puedan vivir con dignidad, sin explotación ni olvido.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.

Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.

Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.

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¡Justicia! para Berta

Desde la red de Jubileo Sur/Américas, acompañamos al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en su análisis de la decisión tan demorada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en relación al crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro.

Estas sentencias marcan un precedente importante en la historia de Honduras, como lo señala COPINH, fruto de la lucha incesante de la familia, la organización y todes quienes la han sostenido durante estos casi 10 años. No obstante, la confirmación de siete de las ocho condenas en los juicios de 2018 y 2021, también muestra una vez más, “la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala, continúan en la impunidad.”

Las modificaciones realizadas para reducir la condena contra David Castillo, y el envío del caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema, reflejan sin duda las presiones del poder económico y político que continúa ejerciendo los responsables intelectuales de estos crímenes en contra de los derechos de las comunidades indígenas y de la naturaleza que tanto luchó Berta para defender, así como los derechos de toda la población hondureña.

Ante esta situación, desde Jubileo Sur/Américas reafirmamos nuestro compromiso solidario en la búsqueda de justicia y nos unimos al llamado de COPINH a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen.

Reclamamos y seguiremos luchando por Justicia y Reparación para Berta, Gustavo y todas las comunidades indígenas y populares que, en Honduras como en todos nuestros países, sufren la violencia tanto física como socioeconómica, ecológica, patriarcal y racista, del sistema de explotación, endeudamiento y saqueo perpetuo, impuesto desde hace ya cinco siglos.

¡La deuda es con los Pueblos y la Naturaleza, no con los explotadores!

Ríos Libres para la Vida – Memoria de los Pueblos en Defensa de los Ríos en Panamá

En este documental se trae al público las memorias, luchas y resistencias de comunidades campesinas e indígenas en Panamá, frente a la destrucción de los ríos. El documental se realiza gracias a la producción de la Red Nacional en Defensa del Agua RNDA, con apoyo del Movimiento de Afectados por Represas MAR, dirigido por Olmedo Carrasquilla Águila y con guión realizado por Damaris Sánchez Samudio y Ana Benjamín Miranda.

Este documental relata la lucha de las comunidades y los ecologistas en Panamá contra la privatización del mercado eléctrico y la construcción de más de 40 hidroeléctricas en el país. La historia se remonta a la década de 1980, cuando se intentó construir una gran represa, pero la oposición de la gente hizo que el proyecto se suspendiera. Luego, en la década de 2000, surgieron nuevos proyectos hidroeléctricos que enfrentaron una fuerte resistencia de las comunidades. La lucha se ha librado a través de manifestaciones, campamentos, denuncias legales y la organización de la Red Nacional en Defensa del Agua. A pesar de algunos logros, las comunidades siguen enfrentando presiones y criminalización de la protesta social.

La privatización del mercado eléctrico en Panamá en 1997 provocó una serie de conflictos sociales y ambientales que se traducen en más de 40 hidroeléctricas instaladas en todo el país. La lucha contra el extractivismo hidroeléctrico en Panamá se remonta a la década de 1980, cuando se intentó construir una gran represa, pero la oposición de la gente hizo que el proyecto se suspendiera. La Red Nacional en Defensa del Agua de Panamá ha exigido al Estado el cumplimiento del Acuerdo de Escazú para mitigar la crisis ambiental global y fortalecer los modelos de vida a través de la producción agropecuaria comunitaria y ecológica. La lucha de las comunidades ha enfrentado la criminalización de la protesta social y la presión de las empresas hidroeléctricas, pero ha logrado detener algunos proyectos y avanzar en la creación de una ley que proteja los ríos y las quebradas.

Para observar el documental ingresar al siguiente enlace:

Compartido con SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.

Política nacional de desarrollo costero: Este es el monstruo al que nos enfrentamos

Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore

La titularidad de nuestras tierras costeras en el Caribe de Costa Rica es un tema que involucra aspectos legales, culturales y ambientales, que el Ministerio de Planificación Nacional y el Instituto Costarricense de Turismo nunca han tomado en cuenta.

En la región del Caribe, especialmente en lugares como la Barra del Colorado, Tortuguero, Ciudad de Limón, Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, existen comunidades indígenas y afrodescendientes con derechos ancestrales sobre la tierra.

Paralelo a las regulaciones estatales que protegen ciertas áreas como Patrimonio Natural del Estado o Zona Marítima Terrestre, que puede limitar el uso privado de la tierra; sin embargo, la legislación costarricense reconoce los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre sus territorios tradicionales, lo que incluye las zonas costeras.

Razón por la cual es importante que se respeten los derechos de las comunidades locales y que se busquen soluciones que equilibren la protección del medio ambiente con el desarrollo sostenible de la región.

La colaboración entre las autoridades locales, las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para encontrar soluciones justas y equitativas para todos los involucrados. Ese es precisamente el dilema que tenemos entre manos.

Las políticas públicas que promueven el desarraigo y la gentrificación en estas zonas costeras a través de los “PLANES REGULADORES COSTEROS”, suelen estar motivadas por varios factores.

Primordialmente están diseñadas para impulsar el desarrollo económico y turístico de la zona, lo que puede llevar a la expulsión de residentes de bajos ingresos y a la transformación de la comunidad local.

Además, la presión de la demanda de vivienda en estas atractivas zonas costeras, llevaran a un aumento de los precios de la vivienda, lo que paralelo al incremento de ganancias de los inversionistas, a su vez, desplazará a los residentes de larga data.

Es importante entonces, que las políticas públicas tengan en cuenta el impacto social y económico en las comunidades locales y busquen soluciones equitativas que protejan los derechos de los residentes actuales mientras se fomenta el desarrollo sostenible.

No es la cultura de la región la que necesita cambiar y adaptarse a las nuevas políticas públicas, sino que éstas deben formularse de acuerdo con la cultura y el estilo de vida de las personas, algo difícil para quienes detentan el poder político local y nacional; quienes  una vez electos y nombrados, se sienten amos exclusivos de la corona.

Concejo Municipal hizo un reconocimiento a líder indígena Doris Ríos

El día de ayer y de manera unánime, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, hizo un reconocimiento el día de ayer a Doris Ríos, líder indígena de la comunidad de Cabécar de China Kichá, por su aporte a la sociedad costarricense y su trabajo arduo en favor de las comunidades indígenas del país.

Doris Ríos Ríos del clan Julabulüwak, es una de las lideresas que junto a integrantes de la comunidad han decidido recuperar el territorio que les pertenece. Es madre de 5 hijos, 2 mujeres y 3 hombres, nació y vive actualmente en el territorio de China Kichá.

Doris hoy también trabaja en la UNED como investigadora comunitaria en el proyecto Conflictos por territorios y decolonialidad en pueblos originarios de Costa Rica (Pueblos Originarios y Universidades) de CONARE.

Su trayectoria en defensa de la cultura cabécar, las mujeres y defensa de territorio antecede las recuperaciones y se ha mantenido luego de recuperar las tierras realizando una constante denuncia en medios, encuentros y foros nacionales e internacionales ante los agravios que viven, gestionando proyectos para beneficio de la comunidad y colaborando en sostener la organización interna del territorio.

La recuperación de territorio en China Kichá inicia en el 2018 y toma fuerza luego del asesinato de Sergio Rojas. Doris señaló: “El resultado de las recuperaciones en China Kichá son la semilla de Sergio Rojas que cayó aquí, en una tierra que necesitaba florecer”. Y es que para el 2017 el pueblo cabécar solo contaba con la tenencia del 1% del territorio. El 99% restante estaba acaparado por tres finqueros, quienes explotaron la tierra con ganadería extensiva dejando los suelos secos, sin alimentos y sin bosques.

Hoy gracias a la lucha de pueblo Cabécar tienen el 100 % de su territorio recuperado.

Este reconocimiento de la municipalidad se une al realizado por la Universidad de Costa Rica homenajeo a Ríos en el Día Mundial de la Tierra del 2022, por su protagonismo en las recuperaciones de tierra en esta comunidad, trabajo por el cual se encontraba en ese momento amenazada de muerte ella y su familia (ver https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2023/04/Memoria-DORIS-FINAL.pdf).

A inicio del mes marzo pasado Doris fue homenajeada por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América con el Premio Internacional Mujeres Valientes 2023 entregado por el Secretario de Estado y la Primera Dama de Estados Unidos.

Para Kioscos Ambientales UCR parte del proyecto Pueblos Originarios y Universidades (CONARE) es importante este reconocimiento pues a diferencia de la municipalidad de Buenos Aires que declaró non grato al líder indígena de las recuperaciones Sergio Rojas en 2012, años antes de su asesinato, hoy la Municipalidad de Pérez Zeledón da un paso en la dirección correcta para reivindicar a los pueblos indígenas y su derecho a la recuperación y saneamiento territorial.

 

Foto tomada de pzahora.com y video en https://www.youtube.com/watch?v=Hc0_eWDW8YY