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Etiqueta: comunidades indígenas

Candidaturas a diputación y a presidencia están “detrás del palo” con las comunidades rurales y territorios indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Proyecto “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socio ambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526)” de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socio ambientales de la UCR

Las comunidades rurales y territorios indígenas son, una vez más, víctimas de la centralización del país en tiempos de campaña electoral. “Volvemos a ser importantes cada 4 años”, crítica Wilbert Gómez del grupo Saberes Comunitarios (SACO) y campesino de Paraíso, Sixaola.

La falta de interés por parte de las personas candidatas a la presidencia, de conocer las realidades y problemáticas que sufren las comunidades, representa un fallo en el sistema político democrático actual. Esto quiere decir, que no existe una comunicación, ni una representación, ni propuestas de políticas que busquen solventar los conflictos socio ambientales y territoriales, que, en algunos casos, llevan años desarrollándose y acumulándose.

Por estas razones, las propuestas de políticas ambientales por parte de las candidaturas son escuetas, y chocan con un discurso de reactivación económica que se ha posicionado como centro gravitatorio. Esto resulta en una serie de contradicciones, tal y como lo señala Daniela Parra de Santa María de Dota, en donde la comunidad ha impulsado el Turismo Rural Comunitario, pero, por otro lado, está presente la amenaza de la construcción de una gasificadora de residuos que se quiere construir en el cerro Abejonal en León Cortés. ¿Cómo se puede seguir con un Turismo Rural Comunitario cuando existe la contaminación?

Asimismo, Erlinda Quesada del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) y de la Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo de África de Guácimo, Limón, asegura que está decepcionada de los candidatos a diputación porque la gran mayoría desconocen la realidad de los cantones. Advierte que el Caribe Norte es una bomba de tiempo debido a los problemas de los agroquímicos, la contaminación del agua y la explotación laboral, temas centrales que para las candidaturas a diputación aparentan ser secundarios y superficiales.

Lo mismo simpatiza Francis Cordero de la Alianza de comunidades por la Defensa del Agua de Chomes de Puntarenas, quien está preocupado por el desconocimiento de políticas que velan por la protección del ambiente y la producción pesquera, clave para el desarrollo de su comunidad.

Otro asunto que concierne a representantes de distintas comunidades rurales, es la invisibilización del tema agro y del campesinado. El mismo Francis Cordero alerta que no hay propuestas que protejan a pequeños agricultores. Por el mismo lado, Roger Altamirano, presidente de la ASADA de Santa Fe de los Chiles, tiene un sentipensar que recuerda a un destierro: “la zona fronteriza y rural siempre han estado olvidados. Parece que no pertenecemos a Costa Rica”. La priorización de la Gran Área Metropolitana por parte de las candidaturas, representa la muerte del campesinado en las áreas rurales del país.

La preocupación es la misma en la zona sur, o así lo expresa Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Pérez Zeledón. Declara que las propuestas de reactivación económica no son favorecedoras a las luchas, ni a la protección de los ríos, porque fomentan la apertura del mercado eléctrico y la explotación de los bienes naturales.

Los territorios indígenas también han sido marginalizados del proceso electoral. Pablo Sibar, recuperador de la finca Crun Shurín, del territorio indígena Térraba, señala que los pueblos indígenas han sufrido el olvido por más de 40 años. “No existe una agenda indígena dentro de las propuestas de los candidatos”, por lo que las recuperaciones de tierra siguen siendo criminalizadas. Lesner Figueroa del Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa del territorio indígena Salitre, comparte que, los pueblos indígenas han tenido poca inclusión en los partidos que han sido electos. Siempre se les ha dado prioridad a los sectores no indígenas. Ambos señalan que la mayoría de las candidaturas están en contra de los derechos de los pueblos.

De esta manera, representantes de comunidades de diferentes localidades del territorio nacional, comparten preocupaciones porque temas de conflictividad socio ambiental no se incluyen en las propuestas de las políticas de candidaturas, tanto de diputación como presidenciales. A pesar de que Costa Rica es reconocido ante la comunidad internacional por la protección del ambiente, aún hay una gran deuda ecológica y política con las comunidades rurales y los territorios indígenas. El discurso del excepcionalísimo verde no es compatible con la realidad de las comunidades más vulnerabilizadas y las promesas políticas solamente reproducen una ignorancia que se traduce en una violencia sistemática y estructural, la cual aumenta con el actual modelo extractivista, generador de conflictos socio ambientales.

Compartido por Kioscos Socioambientales.

Liceo indígena Tsikriyök celebró por lo alto el bicentenario de la independencia

Escrito en . Publicado en Cultura, Derechos, Educación.

Por Uriel Rojas

El Liceo Indígena de Tsikriyök, situado en Cabagra de Buenos Aires, se tiñó de blanco azul y rojo, así como de otros símbolos y elementos patrios para celebrar con fervor, los 200 años de independencia. 

Ubicarse en las entrañas de la montaña, con acceso limitado y distante de los centros educativos urbanos, no fue obstáculo para que este Liceo celebrara con orgullo y patriotismo el bicentenario de nuestra libertad.

Trasladando la antorcha por caminos de tierra, entonando cantos patrióticos, asistiendo a los actos cívicos, ondeando la bandera tricolor y otros elementos propios de la cultura bribri-cabécar, los estudiantes del Liceo Indígena Tsikriyök lucieron por lo alto, su orgullo de ser costarricenses.

Muchos de ellos deben caminar varias horas desde su casa para llegar al Liceo, pero, aun así, no faltaron para exhibir su entusiasmo patrio y seguir escribiendo su propia historia.

Este Liceo cuenta con 102 estudiantes, los cuales provienen de 6 comunidades aledañas, enclavadas en las montañas de este territorio.

De acuerdo a Sonia Rojas Méndez, directora de este centro educativo, “el 90% de la población estudiantil mantiene su lengua materna y sus costumbres innatas, tanto en sus hogares como en el centro educativo y se aprovechan los conocimientos ancestrales para seguir cultivando en ellos la identidad indígena bribri”.

Durante los actos cívicos de este bicentenario, se recalcó la importancia de fortalecer los valores de independencia, la autonomía, la soberanía nacional, libertad, igualdad y la fraternidad.

Este centro educativo se ubica en la comunidad de Yuavín de Cabagra, al Norte de Buenos Aires de Puntarenas y fue fundado en el 2014.

Excepcionalidad en crisis

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En agosto de 2018 se desarrolló en Costa Rica una de las manifestaciones contemporáneas de odio y nacionalismo más dramáticas que se recuerde. Se trató de una marcha convocada por redes sociales y mensajes de texto que buscaba dirigirse hacia el Parque Braulio Carrillo (conocido como Parque de La merced), ubicado en en centro de la capital. Este espacio es un emblemático lugar de encuentro y socialización de la comunidad nicaragüense radicada en el país.

Según se conoció, el objetivo de la acción consistía en demostrar que, ante el aumento de la presencia de población nicaragüense como consecuencia del conflicto sociopolítico suscitado en su país desde abril de 2018, los espacios públicos como parques, aceras y calles constituían reductos defendibles y reservados exclusivamente para los nacionales.

La apelación a la defensa del país, la utilización de signos como camisetas y banderas de Costa Rica, así como consignas en contra de las personas extranjeras, derivaron en un ambiente tenso que rápidamente fue disuelto por las autoridades costarricenses.

El evento no fue para nada aislado y debe ser entendido en el marco de una escalada en el descontento generalizado con las medidas económicas, el desempleo y la pobreza imperante en el país. Eran los momentos previos a la coyuntura sanitaria, donde esas dimensiones se afectaron ampliamente.

Para algunos sectores de la población costarricense, su molestia con el sistema político y económico imperante ha encontrado su caldo de cultivo en dos escenarios concretos: el desinterés por la política electoral, que ha sido notable en el abstencionismo producido en los últimos procesos electorales y la identificación de chivos expiatorios en las personas extranjeras, principalmente de origen nicaragüense, como responsables de la crisis y más recientemente, del aumento de los casos positivos de COVID 19.

De hecho, las acciones discursivas contrarias a la población migrante han continuado repitiéndose en tiempos de pandemia. En días recientes una campaña lanzada en redes sociales sobre la universalidad de la vacuna a todos los sectores de población, considerando las poblaciones migrantes, encontró niveles discursivos donde una vez más la defensa nacionalista («primero los de casa)» y el desconocimiento del aporte socioeconómico que las poblaciones migrantes brindan al país (“si no pagan no deberían ser vacunados») afloraron de forma intensa. La campaña impulsada por Amnistía Internacional tenía como objetivo denotar el derecho a la salud de todas las poblaciones, en condiciones de excepcionalidad. Sin embargo, las actitudes de rechazo hacia las poblaciones extranjeras fueron evidentes.

Estas no son las únicas tensiones socioculturales presentadas por la sociedad costarricense, ya que en los últimos años la defensa por el derecho a la tierra por parte de los pueblos originarios y la usurpación y ocupación de personas no indígenas ha generado acciones violentas, generalmente en contra de las comunidades indígenas.

Justamente el día 13 de mayo la coordinadora sur sur ha denunciado públicamente la organización de dos manifestaciones de personas no indígenas dirigdas hacia algunos territorios y cabeceras de ciudad, como una actitud de amedrentamiento contra las recuperaciones que poblaciones indígenas han venido desarrollando.

Esta acción no puede ser vista independientemente de una continua conducta de racismo y discriminación que histórcamente han experimentado estas poblaciones y que se ha acrecentado de forma alarmante en los últimos tiempos.

Al inicio de la pandemia, ese recurrente discurso de excepcionalidad costarricense basado en una robustez institucional, las condiciones de acceso y la calidad de los servicios, blindó las consideraciones respecto a la crisis que luego, meses después, habría de llegar con el aumento de casos, la determinación de la economía sobre la salud y el relajamiento en la conducta social de cuido por buena parte de la población costarricense.

Sin embargo, lo que denotan las percepciones y acciones sociales contra estos grupos es justamente una conducta aprendida sobre una supuesta superioridad biológica que está tras el resguardo de esa pretendida excepcionalidad que le ha hecho tanto daño a una sociedad tan necesitada de materializar la solidaridad, tolerancia y respeto como pollticas para restablecer, de nuevo, la convivencia en todos los niveles.

Lo que verdaderamente está en crisis y debemos verbalizarlo, es la forma como Costa Rica construyó su especificidad respecto a otros países de la región. Ya ese discurso se agotó. Debe ser sustituído rápidamente por otro en el que la integración y el reconocimiento sean los valores orientadores de esa nueva experiencia comunitaria que debe emerger de todo esto. Confiemos en que así sea.

Programa Voces y Política: “Violencia e impunidad en los territorios indígenas”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este miércoles 10 de febrero a las 5:00 pm el programa Voces y Política de Radioemisoras Universidad de Costa Rica (UCR) abordará el tema “Violencia e impunidad en los territorios indígenas”, con la participación de Xinia Zúñiga, investigadora de la UNED y del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA) y Gustavo Oreamuno, abogado de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö.

Puede sintonizar el programa en Radio Universidad 96.7 FM y participar por medio de las redes sociales o llamada telefónica al 2234-3233.

Pronunciamiento Público: justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el pueblo Bribri de Salitre

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte pronunciamiento público, el cual usted puede suscribir llenado el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch7dX_RrloGPdMK-kYwJHd4xeNJ1TFUedwfQQti_GR_J5BXg/viewform

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones,  comunidades, proyectos sociales o académicos, comprometidas con el bien común, el bienestar social, los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Originarios, hacemos pública nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las circunstancias que se vienen dando, sin la debida atención de las autoridades judiciales y del Estado costarricense, en relación con la investigación del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz.

Considerando que:

  • El 18 de marzo del 2019 murió asesinado de 15 balazos, en su casa de habitación, en la comunidad de Yeri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, bribri costarricense, líder comunitario, defensor de derechos indígenas. Sergio era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. El asesinato de Sergio Rojas se dio 4 años después del establecimiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que el Estado costarricense realizara las acciones necesarias para responder de manera efectiva a dichas medidas.
  • Pocos días después de cometido el asesinato, el 22 de marzo del 2019, la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que desde el 2015 se le otorgaran medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Además, la CIDH hizo énfasis en la importancia de una oportuna investigación de las fuentes de riesgo para la vida del líder indígena y los miembros de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, así como en incluir como línea de investigación del asesinato la hipótesis de que este crimen pudiera haber sido cometido en razón de la actividad de defensor de derechos humanos que ostentaba Sergio Rojas Ortiz.
  • Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. En este momento, la CIDH advirtió sobre la carencia de avances significativos en el enjuiciamiento de los responsables del asesinato del líder indígena e hizo un llamado enérgico al Estado costarricense sobre su obligación de investigar este caso de manera seria, profunda e imparcial, lo que permitiría sancionar oportunamente a los responsables intelectuales y materiales.
  • En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.
  • Unos pocos días después, el 25 de setiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado al Estado costarricense para que no archivara la investigación. Además, invocó y recordó lo externado por Michael Forst (ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Victoria Tauli Corpuz (ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas) y Agnès Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en cuanto a la importancia de que las autoridades costarricenses lograsen identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder indígena.
  • Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.
  • Los días 21 y 22 de enero del presente año, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente judicial 19-000178-0990-PE, correspondiente al caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes.
  • En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial.

Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Al respecto, corresponde al Poder Judicial asumir un rol garantista de los derechos humanos, mediante la ejecución de todas las medidas que permitan brindar un adecuado acceso a la justicia, en especial para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los Pueblos Originarios.

Llamamiento público

Por tanto, ante la gravedad de todos los hechos reseñados, manifestamos públicamente y hacemos un enérgico y vehemente llamado general, en especial a las autoridades del Estado y a las instancias judiciales del país, en los siguientes términos:

  • APOYAMOS la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • APELAMOS a las autoridades del Estado a acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • EXIGIMOS que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, que se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y que se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
  • RECORDAMOS la obligación que tienen el Estado costarricense y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los Pueblos Originarios, así como de dar cumplimiento real y oportuno a las Medidas Cautelares y a la toda la legislación vigente relacionada con los derechos de estos pueblos.
  • DEMANDAMOS la acción articulada de los distintos Poderes de la República para que se atiendan y resuelvan como corresponde, conforme a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, los conflictos de usurpación de territorios indígenas costarricenses, causa estructural de la violencia en estos territorios.
  • ADVERTIMOS nuestra decisión de mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores.

¡No más impunidad!

Organizaciones y personas firmantes:

 

Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Video: Juego de los Diablitos Rey Curré 2021. Escena en el Río Térraba

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte video del Juego de Los Diablitos en Rey Curré.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Tradicional Juego de los diablitos Rey Curré 2021 bajo un formato muy limitado debido a la situación de la pandemia. Esta tradición ancestral data desde tiempos inmemoriales y representa la lucha de los antepasados indígenas borucas contra los españoles en tiempos de la Conquista.

Esta escena de los diablitos en las orillas del río Grande de Térraba corresponde al domingo 31 de enero.

Video: Ricardo Araya Rojas.

Compartido por Uriel Rojas.

Foro virtual: “Tejiendo desde los saberes de las mujeres indígenas en el Abya Ayala”

Escrito en . Publicado en Derechos.

El próximo 03 de febrero se llevará a cabo el foro virtual “Tejiendo desde los saberes de las mujeres indígenas en el Abya Ayala” a las 3:00 pm, hora de Centroamérica y México.

Participantes:

Enith Inseca Mulcue: pueblo Nasa, Colombia, traductora de la Biblia para el pueblo Nasa.

Benita Simón: pueblo Maya Kaqchikel, dedicada a temas ambientales desde la capacitación a iglesias y organizaciones cristianas con Centro Esdras y desde proyectos de restauración ambiental con Rujotay.

Juana Luiza Condori Quispe: nación Aymara, Bolivia, antropóloga enfocada en el rescate de archivos orales y escritos aymaras.

Coordina:
Jocabed Solano: nación Gunadule, Panamá
Inscripción: https://forms.gle/DionM6fYRFACB7AL8

 

Compartido con SURCOS por Carlos Tamez.

“Exigimos justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el pueblo Bribri de Salitre”. Comunicado

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

SURCOS comparte el siguiente comunicado público:

  • La filtración a la prensa del expediente penal 19-000178-0990-PE del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) da cuenta del clima de impunidad e intereses detrás del caso sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, asesinado el 18 de marzo del 2019.
  • Exigimos un alto a la impunidad y el acceso a la justicia a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.

Viernes 29 de enero 2021. Los pasados 21 y 22 de enero, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente penal 19-000178-0990-PE.  Expediente que refiere al caso penal abierto tras el asesinato de Sergio Rojas Ortiz y que fue realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Buenos Aires. Este expediente era confidencial tal y como lo demanda la Ley penal vigente.

Las notas periodísticas aportan una serie de detalles de la investigación judicial y son publicados días posteriores a que el Juzgado Penal de Buenos Aires rechazara la solicitud de desestimación del caso, solicitado por la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos. La filtración del expediente es ilegal y fuera de derecho. Pues, además de aumentar el clima de desconfianza respecto al caso de Sergio podría incidir en el buen desarrollo de la investigación, exponer a personas informantes y, finalmente, continuar con la impunidad reinante en el Territorio Bribri de Salitre.

Sobre ello, el 26 de enero el Lic Óscar Retana, abogado de la familia de Sergio Rojas Lázaro, presentó una denuncia ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, para que se investiguen las irregularidades que atentan contra los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso.

Por tanto:

Apoyamos la denuncia interpuesta por el Lic Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que se sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.

Exigimos que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.

La impunidad en los distintos Territorios Indígenas de la Zona Sur debe ser detenida. En menos de un año, dos defensores de los derechos de los Pueblos Originarios fueron asesinados y ningún responsable de los asesinatos y otras agresiones han sido judicializados. Los casos de Sergio Rojas y Jerhy Rivera no son aislados, sino que corresponden a un clima de tensión, violencia e impunidad que afecta a otros líderes, lideresas y a los Pueblos en general.

Es hora de que el Estado haga lo que corresponde: garantizar la integridad física, la vida y el disfrute de sus derechos a los Pueblos Originarios. Hasta entonces, como organizaciones estaremos vigilantes y en defensa de los Pueblos Originarios.

¡No más impunidad!

Organizaciones firmantes:
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska.
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperador@s Broran de Crun Shurin.
Recuperador@s Broran de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.
Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Correñdores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Voces Nuestras.
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Proyecto TC635-Comunicación y Cambio para el Buen Vivir, Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva-UCR.
Proyectos ED-3526 Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica del Programa Kioscos socioambientales
Asociación Proyectos alternativos PROAL.PACUARE.
Radio Machete.
EC-519 Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios, Programa Kioscos Socioambientales
EC-3555 Coordinación General del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
Juan Antonio Gutiérrez Slon – Sociólogo e Historiador, Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE) de UNED.
César Moya Aburto – Investigador, Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE) de UNED.
EC-518 Observatorio Bienes Comunes Agua y Tierra
Ríos Vivos
Bloqueverde
La Barriada
Colectiva Caminando
Departamento Ecuménico de Investigación (DEI)
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Red Indígena de Gestores Locales del Pacifico Sur – RIGELOPS
Frente Autónomo de Lucha de los Barrios del Sur
Personas firmantes:
Amilcar Castañeda Cortez, Responsable académico del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios,
Rafael López Alfaro, Programa de Gestión Local de la UNED,
Osvaldo Durán Castro
Nery Chaves García.
Pamela Campos Chavarría, Programa Gestión Local, UNED
Carolina Somarribas Dormond, Programa de Gestión Local, UNED.
Adriana Villalobos Araya, Programa de Gestión Local, UNED
Zully Jara Méndez, Programa de Gestión Local, UNED.
Xinia Zúñiga Muñoz Investigadora CICDE-UNED
Contactos:
Gustavo Oreamuno Vignet, Ditsö: 8527-0039.
Oscar Retana, abogado defensor Familia Rojas Lázaro: 8561-7671.

Avanza reactivación económica en el territorio indígena de Talamanca

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte la nota de la Alianza Mesoamericana:

Con el fin de impulsar la economía de las comunidades del territorio Talamanca Cabécar, el Estanco Indígena de Trueque Virtual Productivo de la Asociación de Mujeres Kábata Könana, en colaboración con la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Talamanca Cabécar (ADITICA) y la Red Indígena Bribri y Cabécar (RIBCA), realizó la primera feria de productos agrícolas de alto valor nutricional y artesanales dentro del territorio indígena de Talamanca.

Esta feria busca empoderar a las mujeres por medio de las prácticas y principios tradicionales. “Uno de los beneficios ha sido darme cuenta de lo importante que soy y que puedo aportar para mi familia, mi comunidad y mi territorio” comentó Imelda Fernández, emprendedora de la comunidad.

El evento contó con la venta de productos hechos a mano como canastos en fibra natural, el trabajo en jícara o calabazas decoradas con expresiones culturales propias de la cosmovisión indígena. Estas artesanías son elaboradas por las familias que participan del programa de energía solar KAWÖ O’ROI, las cuales forman parte del componente de empoderamiento femenino mediante el rescate de saberes y conocimientos ancestrales.

“Le demostramos a las organizaciones locales que nosotras, como grupo de mujeres, sí podemos hacer grandes cosas en el territorio y tener grandes resultados. Y que, a pesar de la pandemia, tenemos productos saludables para ofrecer y poder reactivar nuestra economía.”

Maricela Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Kábata Könana.

El proyecto fue respaldado por la organización no gubernamental alemana LOVE FOR LIFE y la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania.

 

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Filtración de datos de causa judicial que investiga el homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz incumple Código Procesal Penal

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado público:

Los pasados días 21 y 22 de enero circularon notas de prensa en el medio digital CRHoy.com, referentes a un informe del Organismo de Investigación Judicial dentro del expediente penal 19-000178- 0990-PE, causa judicial que investiga el homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, defensor de derechos humanos de Pueblos Indígenas de Costa Rica, asesinado impunemente el 19 de marzo de 2019.

Los artículos se publican a pocos días de que el Juzgado Penal de Buenos Aires rechazara la solicitud de desestimación gestionada por la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.

El artículo 295 del Código Procesal Penal, refiere la confidencialidad de las actuaciones penales: “Privacidad de las actuaciones. El procedimiento preparatorio no será público para terceros.

Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave.” (El resaltado no es del original).

Por tanto, es absolutamente reprochable que dicha información confidencial sea de conocimiento de la prensa, presumiendo que la filtración provenga de una instancia judicial, lo cual supone una violación por parte de las autoridades judiciales de la normativa procesal penal vigente.

A partir de este hecho, se revelan datos aportados por testigos y evidencia recopilada, lo que afecta la investigación, pero aún más grave es la posibilidad de que los testigos sean perturbados, amenazados o agredidos en un territorio indígena que no ha encontrado respuesta a los múltiples reclamos sostenidos y fundamentados de la deficiente actuación del Poder Judicial, con antecedentes de denuncias por agresiones, amenazas y daños, sin que a la fecha existan personas condenadas por delitos abiertamente racistas. Lo anterior es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, petición realizada por los pueblos Indígenas Bribri de Salitre y Brorán de Térraba, que actualmente está en etapa de supervisión ante dicho organismo, y que cuentan con las medidas cautelares 321-12 del 30 de abril de 2015.

Se realizaron el día de hoy las denuncias respectivas ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, para la investigación de estos hechos, los cuales constituyen delito y responsabilidad disciplinaria de los involucrados.

San José, 26 de enero de 2021.

Oscar Retana M.
Abogado representante de la familia Rojas Lázaro.