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Etiqueta: comunidades rurales

Comunidades y organizaciones exigen medidas ante intoxicación por agrovenenos en escuela de San Isidro de Heredia

El Colectivo Agroecológico Zurquí (CAZ) y diversas organizaciones y personas de la sociedad civil manifestaron su profunda preocupación por la reciente intoxicación de 17 estudiantes de la Escuela Santa Cecilia de San Isidro de Heredia, ocurrida el pasado 24 de septiembre, tras la aplicación de un herbicida en una tomatera ubicada detrás del centro educativo.

En un comunicado urgente, el CAZ expresó su solidaridad con la comunidad afectada y calificó la situación como “indignante e inaceptable”. La agrupación hizo un llamado a apoyar la producción agroecológica basada en prácticas sustentables y libres de agrovenenos, al tiempo que exigió la declaratoria de San Isidro y otros cantones heredianos como zonas libres de agroquímicos en áreas públicas, ecológicas o de riesgo para la salud humana.

“La salud de nuestra niñez no se negocia. ¡Exigimos una infancia libre de venenos!”, enfatizó el Colectivo en su pronunciamiento.

Por su parte, en el pronunciamiento público conjunto, suscrito el 26 de septiembre de 2025, las organizaciones firmantes denunciaron que este hecho revela una problemática estructural: el uso indiscriminado e irresponsable de agroquímicos altamente tóxicos en zonas residenciales, escolares y comunitarias, sin la debida supervisión ni fiscalización estatal.

El documento exige una investigación inmediata y transparente por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares. Asimismo, plantea la necesidad de establecer zonas de resguardo alrededor de centros educativos y áreas de recarga acuífera donde se prohíba la fumigación con agroquímicos peligrosos, además de fortalecer la educación ambiental y la promoción de la agricultura orgánica y agroecológica.

Las organizaciones subrayan que “la vida, la salud y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés económico” y llaman a los medios de comunicación, instituciones públicas y comunidades a actuar con urgencia ante una situación que, señalan, no es un hecho aislado sino reflejo de un modelo productivo que requiere transformación profunda.

Entre las firmas que respaldan el pronunciamiento se encuentran:

  • Colectivo Agroecológico Zurquí
  • Organización Regenerativa Matzu Insigne
  • Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara
  • Finca Agroecológica La Amelia
  • Huerto del Colibrí
  • Red de Agroecología de Costa Rica
  • Finca Agroecológica La Plántula
  • Grupo de Vecinos Preocupados por los Agroquímicos de San Isidro
  • Puentes Comunes

Ambos comunicados concluyen con un mensaje común: la defensa de la salud, la niñez y el ambiente frente al uso de sustancias químicas que amenazan la vida y la integridad de las comunidades rurales.

En el corazón de nuestras comunidades construimos un futuro más fuerte – Contribución al debate electoral 2026

Carlos Hernández – Cokomal / Redess
carloscokomalp.p@gmail.com

En nuestras comunidades rurales, donde cada historia se teje con esfuerzo y cada día se siembra esperanza, la unión nos hace fuertes. No es solo una frase bonita, es lo que vivimos a diario. Es con el vecino que compartimos semillas criollas, el esfuerzo de todos para levantar el centro comunal, o el acuerdo que logramos en la asamblea bajo el techo del salón comunal.

La sostenibilidad de nuestro territorio no es una teoría complicada que solo entienden los expertos. Nace de estos lazos vivos. Las asociaciones, los colectivos de mujeres, los grupos de productores y las redes de comercio justo nos han enseñado algo clave: cuando trabajamos juntos de verdad, nuestras comunidades crecen con dignidad y un propósito claro. No se trata solo de producir, sino de cuidar nuestra tierra, preservar lo nuestro y decidir entre todos qué camino queremos seguir.

Estas experiencias nos demuestran que, al unirnos, fortalecemos la confianza, identificamos lo que nos hace falta y encontramos soluciones que se ajustan a nuestra realidad. El diálogo entre generaciones, el rescate de los saberes de nuestros antepasados y el apoyo técnico que respeta nuestra forma de vida han sido fundamentales para avanzar hacia prácticas que cuidan tanto la tierra como a quienes la habitan.

Además, esta unión solidaria ha sido nuestro gran respaldo en los momentos difíciles, como la pandemia o los desastres naturales. En esos momentos, nuestras redes de apoyo se activaron para llevar alimentos, organizar ferias locales y proteger a los más vulnerables. Es ahí, en la acción real, donde vemos el verdadero poder de nuestra comunidad.

Por eso, ahora que se acercan los debates electorales y la participación ciudadana, nos interesa mucho que las propuestas políticas incluyan un compromiso claro con el fortalecimiento de nuestro tejido social. Invitamos a quienes aspiran a representarnos a escuchar con atención estas historias, a incorporarlas en sus planes de gobierno y a sumarse a la tarea de construir territorios más justos, solidarios y sostenibles. Porque en cada comunidad organizada hay soluciones que ya están funcionando, y en cada voto consciente, hay una exigencia de dignidad y respeto para quienes día a día cuidan, cultivan y transforman nuestra realidad.

Imagen ilustrativa de acción comunitaria.

Los Santos, un sendero…

En medio del paisaje cafetalero de la zona de Los Santos, un nuevo audiovisual producido por Prisma Latinoamérica propone mirar más allá del grano de café. El documental titulado Los Santos: un sendero experimentado para el desarrollo nacional pone en primer plano la historia de comunidades que no han esperado soluciones desde los gobiernos de turno, sino que han construido el cambio desde sus propios territorios, con esfuerzo, organización y dignidad.

A través de testimonios y reflexiones desde la base comunitaria, el video destaca cómo, en un contexto nacional marcado por la incertidumbre, Los Santos ha tejido redes de colaboración, abierto mercados alternativos y fortalecido su vida comunal, a pesar de políticas públicas que a menudo excluyen e invisibilizan a las regiones rurales.

Más allá de una historia sobre café, este trabajo habla de resistencia, innovación, autonomía y justicia. Es una invitación a repensar el modelo de país desde lo local, a descentralizar las decisiones sobre salud, educación, seguridad y ambiente, y a reconocer que el desarrollo puede nacer desde los territorios.

Le invitamos a ver el cortometraje completo y a sumarse a la reflexión sobre cómo fortalecer nuestro país desde nuestras comunidades.

Guatemala: energías renovables que cambian vidas en las comunidades rurales

En su episodio más reciente, la radiorevista AgroEnlace presenta el Proyecto “Energía Rural”, impulsado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con apoyo del programa ARAUCLIMA de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y cómo su implementación ha transformado la vida de familias en condiciones de alta vulnerabilidad mediante el uso de tecnologías renovables y eficientes, adaptadas a las necesidades locales.

Desarrollado entre 2022 y 2024 en Guatemala, Costa Rica, Bolivia y Colombia, el proyecto ejecutó 32 iniciativas demostrativas en eficiencia energética y energías limpias, específicamente energía solar, en conjunto con organizaciones de base comunal. En Guatemala, particularmente, se ejecutó con el acompañamiento de ASORECH y ASEDECHI, organizaciones comunitarias con amplia trayectoria.

Las tecnologías instaladas fueron aplicadas a múltiples usos: secado de granos, procesamiento de productos con molinos eléctricos, abastecimiento de agua con bombas de energía solar, riego con goteo, iluminación domiciliar, estufas eficientes y sistemas conectados a la red eléctrica. Todo esto con la participación de asociaciones mixtas, organizaciones de mujeres, cooperativas agrícolas, comités de agua y Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER) de las zonas de Chiquimula y Quezaltepeque.

El impacto del proyecto se evidencia en los testimonios de quienes han incorporado estas soluciones en su vida cotidiana:

  • Franklin Michos, productor de la cooperativa CASVACHI en Chiquimula, explicó cómo el bombeo solar, sin requerir el uso de bombas de combustible, permitió producir forraje y ensilar maíz, incluso en la época más seca, aumentando el rendimiento agrícola de la cooperativa de 10 a 30 toneladas por manzana y generando un ahorro mensual de casi mil quetzales, equivalentes a 65.700 colones.

  • Francisca Cruz, agricultora del CADER de Chiramay, relató cómo la instalación de un pozo artesanal impulsado por una bomba sumergible potenciada con energía solar les permite obtener agua de forma más sencilla, para regar las hortalizas y contar con agua para otras necesidades cotidianas. “Ya no jalamos el agua de lejos… ahora tenemos un buen cambio para poder nosotros estar felices con todo el beneficio que tenemos del proyecto”, afirmó.

  • Walter Nehemías Julián Méndez, gerente de la Cooperativa Agrícola Integral Cafetales R.L., detalló cómo la instalación de 5 paneles solares conectados a la red eléctrica de la cooperativa les permitió estabilizar el servicio eléctrico de su planta empacadora y reducir costos en más de 800 quetzales mensuales, equivalentes a 52.500 colones.

  • René Agustín, tesorero del Comité de Preconstrucción, Operación y Mantenimiento de Agua Potable en Ipala, explicó que los paneles solares solucionaron los problemas de voltaje que dejaban las bombas sin funcionar, garantizando ahora un abastecimiento constante y un ahorro económico considerable.

  • En el caso de la Asociación de Mujeres Olopenses (AMO), compuesta por más de 370 socias, la instalación de sistemas de iluminación solar en hogares de mujeres que nunca habían tenido electricidad representó un cambio radical. “Ya no íbamos a estar en lo oscuro”, relataron Mirna Leyva y Olga Romero, destacando también el valor de las capacitaciones en mantenimiento que acompañaron la instalación.

El IICA destacó que este tipo de experiencias demuestran que las comunidades rurales pueden ser protagonistas en la innovación agrícola y energética, para enfrentar en mejores condiciones la variabilidad climática. Por esta razón, actualmente la institución gestiona nuevos fondos con actores cooperantes para ampliar el alcance del proyecto y beneficiar a más personas en zonas aún no cubiertas.

Si desea escuchar el programa completo, puede visitar el siguiente enlace: https://n9.cl/78qlt. Asimismo, si gusta leer la versión escrita del episodio, puede acceder al siguiente enlace: https://n9.cl/56c3g

Fotos: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Mujeres costeras y rurales de Costa Rica se reúnen para defender sus derechos y territorios

«Con la Fuerza del Mar y la Tierra»

Ante la creciente escalada de violencia hacia las mujeres y la urgencia de fortalecer su liderazgo en las comunidades rurales y costeras del país, se realizará el Encuentro de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica, bajo el lema «Con la Fuerza del Mar y la Tierra», este 17 de mayo de 2025 en el Estadio Nacional.

Esta iniciativa, autogestionada y convocada por diversas colectivas de mujeres feministas de las costas y zonas rurales, reunirá a 70 lideresas y representantes de comunidades de todo el territorio nacional. Entre las organizaciones convocantes se encuentran Unidas Talamanca, el Foro de Mujeres Puntarenenses, la Asociación Cóbano Pro Derechos de las Mujeres (ACOPROM), el Movimiento Feminista Santa Teresa (MFST) y Sámara Empoderada. Además, el encuentro cuenta con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Geografía, el programa Diálogos y Saberes, el programa Kioscos Sociambientales, el Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El evento tiene como propósito principal construir una agenda nacional que visibilice las problemáticas que enfrentan las mujeres rurales y costeras, particularmente en un contexto de violencia creciente y de desatención institucional. En Costa Rica, 68 mujeres por día fueron víctimas de delitos sexuales en 2023, un incremento del 76% respecto al año anterior. No obstante, solo un 15% de las denuncias resultaron en acusaciones formales, evidenciando graves fallos en el sistema de justicia. Esta situación se agrava en zonas costeras como Santa Teresa, Puerto Viejo o Cóbano, donde muchas comunidades carecen de fiscalías especializadas y servicios de atención inmediata a víctimas (El País, 2024).

Las zonas rurales y costeras enfrentan altos índices de violencia intrafamiliar y sexual, muchas veces sin acceso oportuno a centros de atención ni a redes de apoyo institucional. En la mayoría de estas comunidades no existen juzgados especializados ni servicios constantes del INAMU, lo que dificulta la denuncia y una atención efectiva. A esta violencia directa se suma la exclusión social en servicios como educación y salud, así como mayores niveles de desempleo, pobreza y bajo desarrollo humano.

En 2023, las autoridades registraron un promedio mensual de 9.388 incidentes de violencia contra mujeres, sumando un total de 112.000 casos en el año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (Monumental, 2024).

Las mujeres costeras enfrentan también dobles exclusiones: de género y territoriales. La falta de acceso seguro a la tierra y a servicios básicos como salud y educación afecta de manera particular a mujeres afrodescendientes, indígenas y migrantes. Además, una gran parte de ellas trabaja en la economía informal, en actividades como el turismo, la pesca artesanal o la venta ambulante, sin acceso a seguridad social ni protección laboral (Cano, 2023).

Las políticas públicas suelen centrarse en el desarrollo turístico o la conservación ambiental, dejando de lado la inclusión y necesidades de las mujeres locales, que han sostenido sus comunidades en contextos de abandono estatal. Aunque existen programas del INAMU, IMAS o INA, muchos no llegan con pertinencia cultural ni territorial, es usual que en muchas comunidades se tenga poca o nula información sobre la existencia de estas instituciones, lo que profundiza las brechas estructurales.

Frente a este panorama, las mujeres rurales y costeras han impulsado respuestas organizativas desde sus comunidades. Colectivos como el Movimiento Feminista de Santa Teresa o Unidas Talamanca han logrado condenas históricas en casos de violencia sexual y han promovido procesos de formación, incidencia y organización territorial. Iniciativas como el programa Trayectos de ONU Mujeres también han reforzado el liderazgo y empoderamiento de mujeres y personas LGBTIQ+ en tránsito en zonas vulnerables (El País, 2024b).

Durante el encuentro, se llevarán a cabo mesas temáticas, ponencias y dinámicas participativas que fomentarán el intercambio de experiencias, la construcción de soluciones colectivas y la definición de compromisos de acción. Este será un espacio fundamental para promover alianzas, potenciar la incidencia política y reconocer el papel vital que desempeñan las mujeres rurales y costeras en el desarrollo sostenible, la conservación ambiental y la preservación cultural del país.

Con la fuerza del mar y la tierra, las mujeres costeras y rurales de Costa Rica avanzan juntas hacia la transformación de sus territorios, tejiendo redes de resistencia, solidaridad y esperanza.

Coopesantos celebra 60 años de aportar al progreso regional y comunitario

Hace 60 años, un hecho histórico cambió para siempre la vida de un sector significativo de comunidades costarricenses.

Se trata del nacimiento de Coopesantos que marcó el inicio de una nueva era para miles de personas de las comunidades rurales del sur de las provincias de San José y Cartago.

SURCOS comparte esta significativa celebración y se suma a los parabienes expresados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.

Asimismo, compartimos el saludo de Henry Mora Jiménez quien expresa: ¡Gracias por ser parte de nuestra historia!

Le invitamos a ver el video de la cooperativa:

La iniciativa Estrategia de Educación Rural Sostenible fue inaugurada en Guanacaste

Este lunes,12 de febrero, la Sede Regional Chorotega, Campus Nicoya de la UNA y el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (Cemede), inauguraron la iniciativa “Estrategia de Educación Rural Sostenible” (SUREST), la cual busca potenciar el desarrollo y las capacidades de las comunidades, a través de talleres prácticos, intercambios entre diferentes grupos de asociaciones locales y emprendedores, como cursos online de libre acceso y programas técnicos especializado para fortalecer las organizaciones y emprendimientos rurales en las áreas de mejora ya identificadas en sus procesos de comercialización.

La definición de las áreas de intervención surge a partir de diferentes procesos de diagnóstico y de aprendizajes de trabajos previos con comunidades rurales, en las que se detectó la necesidad de canalizar el fortalecimiento de capacidades específicamente hacia esos espacios históricamente reprimidos y con gran inequidad.

La Unión Europea mediante la organización Erasmus+, contribuirá a fortalecer competencias y habilidades que se necesitan en comunidades rurales de la región Chorotega, mediante un aporte de 134 mil euros (poco más de 80 millones de colones).

En Guanacaste los socios del proyecto son las municipalidades de Nicoya y de Santa Cruz, las cámaras de ganaderos de Nicoya, Nandayure, Santa Cruz y Hojancha, las asociaciones de Guías Ecologistas del Parque Nacional Barra Honda, de Pescadores Artesanales de Puerto Pochote, de Pescadores de Puerto San Pablo y de Mujeres Emprendedoras de Playa Lagarto; Las Catalinas en Tempate, ADI Playa Potrero, Coope Regenerativa RL y CTP Cartagena.

Laura Obando, coordinadora general del proyecto, explicó que está dirigido a emprendedores ubicados en comunidades circundantes de las áreas silvestres protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), en los cantones de Nicoya y Santa Cruz. “Coordinar dicha propuesta es esencial para maximizar su impacto y garantizar que las comunidades rurales tengan acceso a una educación de calidad, al tiempo que se promueve la sostenibilidad y el desarrollo integral de estas áreas. Juntos, podemos lograr un cambio positivo duradero en nuestras comunidades rurales y en la sociedad en su conjunto”, resaltó Obando.

Wagner Castro, decano de la Sede Regional Chorotega de la UNA, resaltó que esta vinculación con la Unión Europea mediante el proyecto SUREST es representa una oportunidad de contar con una fuerte inyección de recursos para el desarrollo de las zonas rurales, donde alrededor del 55% de los estudiantes de la Sede Regional Chorotega, provienen de los sectores donde se impactará.

Alfonso Lara, coordinador del proyecto SUREST en la UNA, comentó que aparte de crear capacidades para los emprendedores, también se busca mejorar el currículum de las universidades en carreras como Gestión empresarial del turismo sostenible, Inglés y Administración.

Ejes de acción del proyecto SUREST:

  • Contribuir a la transición de la cadena productiva del sector primario hacia la autosuficiencia, conexión con los mercados locales, sostenibilidad ambiental, así como fortalecer las competencias y habilidades de los territorios y comunidades locales para acciones sostenibles en el medio rural.
  • Fomentar soluciones empresariales relacionadas, mediante la creación de un entorno en el que las instituciones de educación superior, las administraciones locales y regionales y los agentes socioeconómicos puedan participar.
  • Apoyar la solución de conflictos y la paz, fomentando la equidad y la cohesión, el acceso a la educación técnica y superior, la inclusión en el mercado laboral y los programas de consolidación de la paz para las personas con menos oportunidades.

VÍDEO

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Los supuestos beneficios del llamado “acuerdo” del gobierno PRD con Minera Panamá

La minería y las prácticas extractivistas se encuentran a la orden del día en muchos países de América Latina, esto genera una gran preocupación porque los más afectados resultan ser las pequeñas comunidades rurales, que a mediano o largo plazo presentan problemas ambientales, algunos de carácter irreversible, problemas en la salud pública debido a la contaminación de aguas o subsuelo y problemas socioeconómicos causado por los bajos salarios a los se ven obligados cientos y miles de trabajadores.

Este tipo de prácticas son permitidas por las autoridades gubernamentales, quienes generan políticas públicas en beneficio de grandes empresas transnacionales, mediante la creación de leyes, sin consultar previamente a las comunidades, con proyectos que poseen pocos o nulos estudios de viabilidad. Incluso con contratos acompañados de prórrogas con largos plazos, con pagos exorbitantes en caso de finiquitar un acuerdo o bien, con la permisibilidad de las instituciones para que las empresas operen al margen de la ley.

Siguiendo este tema, se encuentra la preocupante situación en Panamá, que en el año 2010, la Corte Suprema de Justicia de ese país señaló que el contrato entre la empresa Minera Panamá (First Quantum Minerals) y el gobierno era inconstitucional; no fue hasta diciembre del 2021 que se publicó en la Gaceta Oficial dicha sentencia. Esta maniobra implica un futuro incierto para las comunidades y el medio ambiente que se señala en el siguiente comunicado realizado por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales que puede descargar a continuación.

 

Imagen ilustrativa.

Crisis en comunidades no es reciente

Movimiento Ríos Vivos. La crisis que se vive en las comunidades no es reciente; hace décadas la implementación de medidas como los funestos PAEs (Programas de Ajuste Estructural), el sabotaje a instituciones públicas como el CNP, la aprobación del TLC, han provocado el aumento de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza especialmente en los territorios rurales.

Esta situación se ha agravado con la reciente reforma fiscal y las medidas contra la pandemia. Es una injusticia que a pesar de que el panorama es duro, las medidas económicas del gobierno pretenden poner el peso en nosotrxs, las clases campesinas, rurales y la clase media. Sin poner un dedo en los que más tienen.

En la pandemia se habla de la metáfora del martillo y el baile. Hay algunos grupos intocables que nunca han dejado de bailar. Empresas que acaparan millonarias licitaciones del estado y después a nuestras comunidades a querer privatizar los ríos. Corporaciones piñeras que están exentas de impuestos y son insaciables en su sed por acaparar concesiones de agua. Grandes Evasores con la gracia de una amnistía tributaria. Grandes capitales que año a año no reportan ganancias, esta lista incluye a empresas muy conocidas como Chiquita Brands, United Fruit Company, Del Monte, piñeras y bananeras, a la empresa Numar, la Cervecería solo por citar algunas de las más reconocidas. Para información más detallada se puede visitar esta página en internet: https://elperiodicocr.com/estas-son-las-grandes-empresas…/

En cambio, para el pueblo, ¡el martillo va y el martillo viene! Pero todo tiene un límite. Muchxs de nuestrxs compañerxs están en la calle y lxs apoyamos por poner el cuerpo por defender lo que nos queda, nuestro derecho a soñar con una vida digna!

El gobierno aduce que, para cubrir el déficit fiscal, son necesarias las medidas que ellos proponen, sin embargo, muchas voces autorizadas en económicas, incluso una reciente propuesta elaborada por la Universidad Nacional identifica vías alternativas como y las cuales apoyamos:

-Gravar con impuestos a los grandes capitales.
-Establecer un impuesto a las cervezas y bebidas alcohólicas y cigarrillos.
-Combatir de manera seria y consistente la elusión y evasión fiscal.
-Gravar a las empresas agroexportadoras, que actualmente no pagan IVA, y algunas reportan cero ganancias, entonces tampoco pagan renta.
-Gravar los altos salarios en el sector público.
-Quitar las pensiones de lujo.

Requerimos esfuerzos para reactivar las economías locales en las comunidades rurales, necesitamos flexibilizar las regulaciones para la cría y venta de animales impuestas por SENASA, igual con el uso de la factura electrónica y el recién establecido código CABYS. Este tipo de medidas encarecen la operación, complican y hacen insostenibles las actividades económicas de comercio, de venta de servicios y de producción de pequeña escala en las comunidades rurales. ¡Están asfixiando a lxs que menos tienen! Claramente este tipo de medidas buscan asfixiar a los pequeños emprendimientos, a los modelos de autosuficiencia alimentaria rural y hacernos dependientes de las grandes corporaciones, de la producción industrial y de los alimentos que se importan de otros países.

Vemos con preocupación que hay sectores económicos que, amparados en la necesidad económica, impulsan proyectos de “reactivación”, basados en la explotación de la naturaleza.

Vemos con desconfianza a los oportunistas como lagartos sobre el movimiento popular, un movimiento efervescente impulsado por muchas injusticias acumuladas.

Este momento de la historia requiere soluciones integrales, soluciones cariñosas con la gente y con nuestro entorno y, sobre todo, ¡no cargar el costo de la crisis sobre los que menos tienen!

 

Información tomada del Facebook Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

UNA lleva conectividad a estudiantes en comunidades rurales e indígenas

Del 14 al 17 de mayo, la UNA llegó a comunidades rurales e indígenas a lo largo del país para entregar chips con conexión a internet a cerca de un centenar estudiantes de Educación Rural, con el fin de garantizar su acceso a los espacios de trabajo en línea preparados por sus profesores en este primer ciclo lectivo de 2020.

Desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de mayo, un centenar de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación con énfasis en Educación Rural de la Universidad Nacional (UNA) recibieron en sus comunidades en zonas rurales y territorios indígenas, chips para conexión a internet que les permita accesar a los espacios de trabajo creados por el equipo académico de la División de Educación Rural (DER), como parte de las acciones docentes de presencialidad remota, ante la emergencia sanitaria por la covid-19.

Para la entrega de estos dispositivos tecnológicos se realizaron dos giras simultáneas, que incluyeron los territorios indígenas de Abrojo Norte y Abrojo Montezuma, Comte, Boruca, Rey Curré, La Casona de San Vito y Buenos Aires de Puntarenas, en el sur del país, así como las comunidades rurales de Guatuso, Los Chiles y Upala, en el norte.

En estas zonas habitan estudiantes de la DER, quienes en su mayoría ya son maestros de niños y jóvenes en centros educativos de estas comunidades en condiciones de mayor desventaja socioeconómica del país.

Fuente y fotografías: DER-UNA

“Hoy tenemos la dicha de ser parte de la UNA que nos ha brindado su apoyo para que podamos seguir adelante para mejorar nuestras vidas y las de los demás por medio de la educación y cumplir con nuestro compromiso», afirmó Jeisson Urbina, estudiante de Guatuso, quien expresó su agradecimiento por esta oportunidad que les brinda la institución.

Por su parte, la estudiante Mayela Barquero, de Los Chiles, deja claro el beneficio que implica contar con esta tarjeta SIM que la UNA le llevó hasta su casa. «Solo el que tiene una línea prepago sabe la frustración que se siente al no poder comunicarse”, destacó.

La gira para la entrega de las tarjetas SIM a estudiantes de Educación Rural en las comunidades indígenas estuvo a cargo de la académica Noemy Mejía, mientras que el académico Kenneth Cubillo encabezó la gira a las comunidades del norte del país. Ambos forman parte del equipo docente de la DER, unidad académica adscrita al Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide), que contó con el apoyo logístico de la Rectoría Adjunta.

Los estudiantes de Licenciatura de la DER forman parte de 3 mil alumnos de la UNA en condición de mayor vulnerabilidad que desde el 4 de mayo reciben tarjetas SIM que les brinda conexión a Internet, para apoyarles en el proceso de aprendizaje en la modalidad de presencialidad remota, durante la emergencia por el nuevo coronavirus.

Los universitarios seleccionados para este beneficio que se otorga desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil son estudiantes que se encuentran ubicados en condición de pobreza y pobreza extrema, con estudiantes con beca Luis Felipe González,  becados Omar Dengo, que cuentan con beneficio de residencia; estudiantes de territorios indígenas y estudiantes en condición de discapacidad.

Fuente y fotografías: DER-UNA

Estos estudiantes contarán durante tres meses con 8 gigas mensuales para utilización de datos, whatsapp gratis y el uso del dominio una.ac.cr y otros recomendados por la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UNA.

Con la entrega de estos chips se pretende apoyar a las poblaciones más vulnerables y disminuir el rezago, en la medida de lo posible, en este periodo de contingencia.

Las entregas se realizan guardando los protocolos de distanciamiento social e higiene dispuestos por el Ministerio de Salud.

 

Fuente y fotografías: DER-UNA.

Enviado por UNA Comunicación.

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