La minería y las prácticas extractivistas se encuentran a la orden del día en muchos países de América Latina, esto genera una gran preocupación porque los más afectados resultan ser las pequeñas comunidades rurales, que a mediano o largo plazo presentan problemas ambientales, algunos de carácter irreversible, problemas en la salud pública debido a la contaminación de aguas o subsuelo y problemas socioeconómicos causado por los bajos salarios a los se ven obligados cientos y miles de trabajadores.

Este tipo de prácticas son permitidas por las autoridades gubernamentales, quienes generan políticas públicas en beneficio de grandes empresas transnacionales, mediante la creación de leyes, sin consultar previamente a las comunidades, con proyectos que poseen pocos o nulos estudios de viabilidad. Incluso con contratos acompañados de prórrogas con largos plazos, con pagos exorbitantes en caso de finiquitar un acuerdo o bien, con la permisibilidad de las instituciones para que las empresas operen al margen de la ley.

Siguiendo este tema, se encuentra la preocupante situación en Panamá, que en el año 2010, la Corte Suprema de Justicia de ese país señaló que el contrato entre la empresa Minera Panamá (First Quantum Minerals) y el gobierno era inconstitucional; no fue hasta diciembre del 2021 que se publicó en la Gaceta Oficial dicha sentencia. Esta maniobra implica un futuro incierto para las comunidades y el medio ambiente que se señala en el siguiente comunicado realizado por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales que puede descargar a continuación.

Imagen ilustrativa.