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Etiqueta: comunidades tribales

El ascenso y la caída de la región Caribe de Costa Rica

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Durante la primera mitad del siglo pasado (1900 – 1950), sin ningún apoyo gubernamental, los habitantes del Caribe, principalmente de ascendencia africana, lograron ascender de la pobreza extrema a la riqueza; esto como resultado del trabajo duro, la disciplina, la unidad y una firme determinación de triunfar siendo autosuficientes en todo el sentido de la palabra.

Alcanzar tales niveles de éxito en un país extranjero no fue una tarea fácil, que podría describirse como pasar literalmente de harapos a la riqueza u solvencia financiera.

Es de resaltar, que durante un período político tumultuoso (1916 – 1924) que abarcó desde la dictadura de Tinoco hasta la transición al mandato del presidente Acosta García (1920 – 1924) se logró llevar a cabo la reubicación forzada del pueblo de Cahuita Point a Cahuita Bluff y la implementación de la Ley 35 de 1915.

Por cierto, las familias León, Harriet, Maduro Lindo, Tabash, Palmer, Plummer, Escocia, Castillo, De la Peña y Berrocal fueron algunas de las primeras diez familias en formalizar sus escrituras en el nuevo poblado de Cahuita Bluff.

Esto último, por sí solo, puso esas tierras fuera del alcance del patrimonio del Estado (ZMT), hoy día bajo administración municipal – indistintamente de quiénes sean sus actuales ocupantes. (Artículos 6 y 8 de la Ley 6043 de 1977). Cualquier discrepancia que existiera entre el dueño registral y poseedor actual, es arena de otro costal.

Aunado a lo anterior, es importante tener presente que la participación de los obreros afrodescendientes en huelgas bananeras de la década de 1920 marcó un hito en la historia de la República, al lograr reducir la jornada laboral a 8 horas. Igualmente fue fundamental para el éxito de la gran huelga bananera de 1934, liderada por «Calufa Fallas» con respaldo del Partido Comunista, lo cual marcó un punto de inflexión.

Por su parte, La United Fruit Company no demoró en mostrar su enfado, al obtener un contrato con el Estado para establecer nuevas plantaciones en el litoral Pacífico, cerrando las del Caribe y con acuerdo entre partes de “no emplear negros del atlantico en las nuevas fincas del pacifico, lo que generó una emigración masiva de la población afrodescendiente a Panamá en busca de trabajo.

Esa draconiana legislación contractual se dio lugar bajo la Tercera Administración Presidencial del Abogado Ricardo Jiménez Oreamuno (1910 – 1914; 1924 – 1928; 1932 – 1936).

La misma familia Jiménez que formó parte del Consorcio Empresarial que había solicitado la frustrada concesión de toda la Franja Costera del Caribe Sur en 1908 (3,000 ha. desde la desembocadura del río Estrella hasta la desembocadura del río Sixaola).

Paralelo a estos acontecimientos, el gobierno de la República aprobó la Ley número 166 de 1935 para establecer un poblado (ciudad) en la playa de Old Harbour, supuestamente, para la población negra desempleada en razón de la prohibición de trabajar en las nuevas plantaciones de banano en el Pacífico; lo cual perturbó la economía de las comunidades negras, provocando la susodicha migración masiva.

A lo largo de las cuatro décadas comprendidas entre 1974 y 2014, enfrentamos una serie de adversidades significativas, entre las cuales destacan las siguientes:

En la década de 1970, la llegada del hongo monilia devastó las plantaciones de cacao.

Además, se llevó a cabo la reubicación de las Aduanas Centrales de Limón a San José, lo que se consideró como una «reubicación de funciones» que perjudicó tanto a esta dependencia como a la fuente de empleo local.

Posteriormente, se procedió con la reestructuración y traslado de las oficinas principales de RECOPE de Limón a San José. También se cerró por completo la administración y operación ferroviaria.

Para empeorar las cosas, en 2012 se firmó el Contrato de Concesión de APM, lo que resultó en el cierre parcial de Japdeva, afectando aún más la economía de la región.

Además, se implementaron leyes que favorecen la actividad precaria y la apropiación gubernamental de tierras (ITCO/IDA/INDER), así como la Ley sobre Zona Marítima Terrestre 6043 de 1977. Más recientemente, se publicó el Manual del ICT para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros de 2013, en complemento a la Ley número 9242 de 2014 que obliga a las municipalidades a elaborar y poner en vigencia un Plan Regulador Costero.

Estas acciones han dejado a nuestras comunidades costeras en una situación precaria una vez más, sin tierras agrícolas y costeras, completamente devastadas.

Ignorar estas sombrías realidades históricas al formular políticas de desarrollo para las comunidades tribales de la región del Caribe sería exponer a las generaciones futuras a sufrir injusticias similares a las de sus antepasados.

Territorios tribales amenazados por gavilanes de tierras

Por Bernardo Archer Moore

Durante los últimos cincuenta años, el estado costarricense ha participado en el despojo de propiedades de la población afrocostarricense en diversas partes del país, especialmente en las zonas costeras.

Estas injusticias se han perpetrado a través de la reclamación ilegal y silenciosa de derechos de propiedad sobre sus tierras, gestionada por el ITCO/IDA, ahora INDER. En años recientes, se ha implementado un Sistema de Información de Registro de Propiedades (SIRI) que excluye la mayoría de los títulos de propiedad registrados durante la primera mitad del siglo.

A pesar de ser un delito, la apropiación indebida de tierras ajenas – antes por helicópteros y ahora por internet – es uno de los mayores problemas en los territorios tribales afro-costarricenses. Se ha convertido en un crimen organizado destinado a empobrecer a los pueblos tribales costeros.

Entre las diversas formas de depredadores, en cuanto a color, plumaje y tamaño, el peor es el ser humano de tu propia comunidad, que actúa como un peón para identificar propiedades privadas que no están registradas en el SIRI, ocuparlas ilegalmente mientras sus cómplices tramitan información falsa para legitimar el robo de la propiedad.

Por lo tanto, la delimitación de los pueblos tribales del caribe costarricense debe comenzar con el estado devolviendo las miles de hectáreas que ha confiscado y que aún están en manos del INDER.

Además, las tierras que han sido designadas como parques nacionales, refugios de vida silvestre, humedales y reservas similares deben seguir formando parte del territorio tribal, manteniendo la misma rigurosa protección ambiental. Sin embargo, deben ser administradas por el respectivo pueblo tribal, quien debe tener pleno acceso y disfrute económico de esos recursos para contribuir a la protección del medio ambiente y desarrollo socio-económico del pueblo.

A propósito de este asunto de territorio ancestral, No nos engañemos, somos descendientes de agricultores y pescadores que vivían en la costa pero cultivaban en la montaña por lo que esa era su extensión territorial.

Así que ni se les ocurra intentar defraudarnos, porque nuestros límites territoriales ya los definieron nuestros antepasados y lo conocemos.

Los actuales políticos ticos: «descubrieron el agua tibia»

Por Bernardo Archer Moore

Las comunidades tribales costarricenses existen mucho antes de que los políticos actuales las reconocieran.

Su existencia se remonta al siglo XVII (1650) con la formación de «(*) La Puebla de los Pardos o Puebla de los Ángeles situado en Cartago y compuesto por:

Mestizos, Mulatos y Zambos; el resultado del mestizaje de blanco con indio, blanco con negro y negro con indio respectivamente». Uno de los principales legados de ese primer poblado tribal fue LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES.

*/ (Los Pardos de la Colonia – Álvaro Cuberos).

Desde entonces, los derechos de las comunidades tribales son fundamentales para su subsistencia y bienestar, y requieren la protección especial del Estado, así como de Convenios Internacionales que surgieron debido a su vulneración por parte de los gobiernos nacionales, ahora tutelados por organismos internacionales como la CIDH.

Estas comunidades a menudo viven en áreas aisladas de las grandes ciudades y del gobierno central, lo que las hace más vulnerables a la violación de sus derechos, especialmente en relación con la tierra que habitan.

La tierra es un recurso vital para las comunidades tribales, ya que les proporciona sustento, medios de vida y es parte integral de su identidad cultural y espiritual. La violación de sus derechos sobre la tierra las priva de su forma de vida tradicional y las condena a la pobreza y el sufrimiento.

La falta de acceso y control sobre la tierra puede llevar a la pérdida de recursos naturales, la degradación del medio ambiente y la imposición de proyectos de desarrollo que no consideran las necesidades y aspiraciones de las comunidades tribales.

Esto puede resultar en la destrucción de su entorno natural, la pérdida de sus fuentes de subsistencia y la interrupción de su vida comunitaria y cultural.

Es crucial garantizar y proteger los derechos de las comunidades tribales sobre la tierra que habitan, reconociendo y respetando su derecho a la propiedad y control de sus tierras ancestrales, así como su participación en la toma de decisiones que afectan a sus territorios.

Es importante promover el desarrollo sostenible y la diversificación económica en áreas tribales como Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo, Ciudad de Limón, Barra del Colorado, Tortuguero, Siquirres y Matina, para que puedan mejorar sus condiciones de vida sin comprometer su cultura y medio ambiente.

Esto incluye el apoyo a iniciativas de desarrollo local, una mejor calidad de educación, acceso a servicios básicos como caminos de acceso público, servicio eléctrico, agua potable, internet de banda ancha, plantas de tratamiento de aguas residuales y hospitales, así como la valoración y preservación de los conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles de las comunidades tribales.

En resumen, la vulneración de los derechos de las comunidades tribales sobre la tierra las condena a la pobreza y el sufrimiento. Por ello, es fundamental garantizar y proteger sus derechos sobre la tierra, promover el desarrollo sostenible y respetar su cultura y medio ambiente, permitiendo que la comunidad tribal de Cahuita prospere y mantenga su forma de vida tradicional.

Finalmente, los proyectos de ley patrocinados por las congresistas Katherine Moreira y Rosalía Brown sobre el supuesto “reconocimiento de los pueblos tribales” no abordan los problemas fundamentales de estas comunidades, prefiriendo evitar conflictos con políticas gubernamentales para aumentar sus posibilidades de aprobación. Esto deja a los pueblos tribales costeros a merced del ICT y el Estado costarricense.

Imagen ilustrativa.