Para el teólogo brasileño Rubem Alves la cultura es del orden del disfrute, no es una cosa útil, un medio, sino un fin en sí misma. No me como una fruta, dice Alves, pensando y contando las calorías, la disfruto sin cálculos utilitarios. Eso es cultura de la vida. Un razonamiento similar quedó esbozado en la frase del muralista mejicano, Leopoldo Flores (1934-2016) que creó la obra monumental “Cosmovitral Jardín Botánico” en Toluca: “El momento más importante es el momento de la creación, es el momento de la emoción, no cuando la obra se termina y firma puesto que entonces, ya no tiene importancia”. Tal debería ser también la motivación fundamental en el ejercicio del arte de la política o la política como arte.
La misión del político es servir al bien común de su pueblo con generosidad y gratuidad, atender a sus iniciativas y, de esta manera, contribuir a elevar los niveles de participación y organización ciudadana, para el fortalecimiento de nuestro régimen democrático.
Hoy, merece el apoyo la comunidad de Santa Ana que ha venido, durante 15 años, propiciando la idea de convertir una finca de 52 hectáreas, donada por la familia de Lorne Ross, en un Parque Natural Urbano, según un reciente reportaje del Semanario Universidad. Muy sabia la decisión de esa comunidad de crear un parque ecológico cantonal con loables objetivos, entre otros, preservar los recursos naturales y el patrimonio cultural, paliar los efectos del cambio climático y oxigenar nuestras urbes. De esta manera, se complementa el valioso esfuerzo de un país que con gran sabiduría convirtió buena parte de su territorio en Parques Nacionales y áreas de conservación. Con estas iniciativas avanzamos hacia un país “ecológicamente rico” (Silvia Rodríguez), para bien de las presentes y futuras generaciones.
Sin embargo, no solo debemos atender a las nuevas iniciativas en ese campo, sino brindar un apoyo más sustantivo a los proyectos ya existentes, como los Parques Nacionales, Áreas de Conservación y Estaciones Experimentales, que adolecen de recursos para su mejor manejo y funcionamiento.
Así, por ejemplo, contamos con un Parque Nacional del Agua en San Carlos, creado por ley en 1992 y que lleva el nombre de don Juan Castro Blanco, un campesino sancarleño de reconocida trayectoria municipal, y que contribuyó en la creación de varias obras para el progreso y bienestar de su pueblo, incluida la primera cañería del cantón. Este parque cuenta con una extensión de más de 14.000 hectáreas e innumerables nacientes de agua. Un reservorio natural del más preciado recurso para la reproducción de la vida, que hoy provee de agua potable a miles de familias tanto del cantón de San Carlos como de Zarcero. También con cuencas hidrográficas que alimentan ríos y quebradas, contribuyendo a la generación de energía limpia hidroeléctrica. Además, una hermosa laguna, Pozo Verde; un lugar que ha venido recibiendo el aporte de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA) para mejorar la infraestructura, propiciando mejores espacios para la educación ecológica y el turismo.
Este parque, según la opinión de lideres sancarleños, merece un mayor apoyo en recurso humano debidamente equipado para su cuido y mantenimiento, así como mejoras en infraestructura para atención a visitantes, que cada vez son más, también por esfuerzos promocionales en escuelas y colegios de la zona por parte de COOPELESCA. Sin duda, este tipo de mejoras también revierten en importantes beneficios por la mayor afluencia de turistas.
Como todos sabemos, San Carlos es una de las zonas del país más ricas en recurso hídrico; hay abundancia de quebradas y ríos y de nacientes de agua para consumo humano y animal, así como de aguas termales con propiedades medicinales. Los sancarleños de ayer al igual que los santaneños de hoy tuvieron la visión de impulsar un santuario natural que protegiera la montaña para la preservación del agua. Un ejemplo más de un país que ha sabido apostar con decisión y pasión por la protección y conservación de las fuentes de agua como bien público y no como un mero recurso mercantil para obtener dividendos económicos o políticos.
Hoy, de cara a los desafíos del cambio climático, que ya están devastando a muchas regiones del planeta, generando hambrunas y profundizando las olas migratorias, nuestro país debe renovar su apuesta por la preservación y buen uso de sus recursos naturales. Nuestros Parques Nacionales, áreas de Conservación y Estacione Experimentales deben constituirse en una prioridad de la política pública. Modernizar la infraestructura y contar con más personal especializado y equipo de monitoreo (drones) para una mejor vigilancia de las áreas de conservación y los hábitat de las diversas especies.
Levantemos, una vez más, la bandera de un país que sabe valorar, promover y defender sus recursos naturales y patrimonio cultural, es decir, un país al servicio de una cultura de la vida. Emulemos la actitud ejemplar de solidaridad y gratuidad de personas nacionales y extranjeras, como don Juan Castro y don Lorne Ross, quienes supieron anteponer cualquier interés mercantil o personalista con tal de contribuir a la preservación de la vida en nuestro planeta.
La visita se realizó este lunes 22 de abril. El propósito fue informar y denunciar la inacción y negatividad de parte del director regional y del presidente ejecutivo del INDER, “para resolver de manera diligente las necesidades planteadas por varias organizaciones sociales de la zona sur durante años y la actual administración”, informó a SURCOS Renier Canales.
La representación de la zona sur la integraron Tatiana Chaverri Rodríguez, Freddy Rojas Reyes, Renier Canales Medina, y como testigo de la gestión, Efraín Valverde Moreno quien es el fiscal de la junta directiva de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
Vecinos afectados por la reciente problemática de desabastecimiento del agua y elMovimiento Asambleas Populares están liderando un esfuerzo organizativo para unificar la lucha de diversas comunidades en busca del acceso al recurso hídrico. Tras desarrollar reuniones conjuntas con vecinos de Tibás, Moravia, Alajuelita, Hatillo y Goicoechea, se ha acordado establecer la Coordinadora Intercantonal de Defensa del Recurso Hídrico.
El objetivo primordial de esta coordinadora es abordar la que afirman que es la verdadera raíz del problema del desabastecimiento urbano, el cual resulta siendo consecuencia de una situación política. Por lo tanto, señalan la carencia de políticas oficiales que garanticen una distribución justa del agua, así como la falta de interés estatal en la modernización de la infraestructura hídrica.
En este sentido, la Coordinadora Intercantonal se ha comprometido a:
Exigir la adopción de decisiones políticas, técnicas y financieras para abordar definitivamente el problema de fondo.
Demandar una atención inmediata y de emergencia para resolver la escasez de agua en las comunidades afectadas.
Solicitar la suspensión de los cargos y procesos judiciales contra los vecinos de Hatillo que han sido judicializados por defender el derecho humano al agua.
El pasado viernes 5 de abril, los vecinos de San Josecito de Alajuelita celebraron una asamblea popular bajo la coordinación de la vecina Loana Calderón, donde se tomaron importantes decisiones para fortalecer la lucha por el acceso al recurso hídrico. Durante la reunión, se distribuyó un instrumento digital para registrar las fechas y horas en las que no tienen acceso al agua, y se acordó presentarse ante las autoridades para exigir su entrega.
La participación ciudadana ha sido fundamental y los acuerdos tomados en esta asamblea fueron respaldados de manera unánime por aclamación de todos los asistentes.
Le invitamos a ver el video que se encuentra en esta nota:
Dedicado con respeto y honor merecido a quienes aún están con nosotros, como para aquellos que ya partieron. A ellos en estos 54 años de ALCOA, enseñándonos aciertos y también errores cometidos. Gracias por tanta dignidad para con nuestro pueblo.
Lic. Rafael A. Ugalde Q.*
a). Elites con larga vida: Sin querer distinguirse “política” de “politiquería”, a solo dos años de las elecciones presidenciales en 2026, no faltan quienes reducen con espantosa simpleza los graves problemas de los trabajadores nacionales a una cuestión de “bipartidismo”,” izquierdas democráticas” o a un “cambio de gobierno” de turno como táctica electoralista de “quítate porque sigo yo”. Este cruel relato ofende el coeficiente normal de todos los trabajadores, no importa la preferencia partidaria, porque mete bajo la alfombra la destrucción sostenida de los más elementales valores morales y éticos que alimentaron el tejido social para llegar a la sociedad reseñada en algún momento por Juan Rafael Mora, Manuel Mora, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, Pepe Figueres, Rodrigo Facio, Juan Guillermo Ortiz Guier, entre una larga lista de patriotas promotores de los más nobles ideales.
Rescatándose el concepto general de “política”, como “oficio” o “acción” de participación directa de la colectividad en la profundización de la democracia y el resguardo de la “cosa pública”; y la “politiquería” como un despliegue propagandístico encaminado a defender, mantener o aumentar las prebendas o privilegios personales o de grupo, alcanzados alrededor del Estado, sus instituciones o el gobierno de turno, alejado de toda gobernanza “de”, “por” y “para” el pueblo, quedamos en uno o en otro bando.
Desde estas dos definiciones convencionales nuestro modelo de convivencia alcanzó en los últimos 40 años un innegable crecimiento macroeconómico, llegando incluso, a ser ya “Jaguar” en la región, según expresión dicha recientemente por el Jefe de Estado, Rodrigo Chaves, relegando, eso sí, relegando para otro momento, la justa distribución de riqueza entre los trabajadores.
Quiere decir lo anterior, por un lado, que desafiando todas las leyes de la economía son otros los creadores de riqueza y no los trabajadores, y por otra parte, mientras la concentración de la riqueza en pequeños grupos, con tentáculos profundos en todos lados, no tiene reversa. Así, sí perteneces aquellos con salarios de hambre y sin patrimonio familiar para pagar una intervención quirúrgica en un hospital privado, salado porque no supiste aprovechar las oportunidades dadas por esta democracia tan particular y economía en pleno auge.
Es innegable en el fondo de la contradicción apuntada que quienes están al frente de los poderes fácticos tienen sus propios relatos, cada cierto tiempo actualizados y modernizados por universidades como Oxford, Chicago o escribidores de oficio, para evadir las responsabilidades históricas en cuanto a la desaparición paulatina del “bien común”, la distribución de la riqueza entre los trabajadores y la imposición del “interés particular” como religión estatal.
La contradicción dicha está presente además en miles de expedientes judiciales esperando “justicia pronta y cumplida” – el fiscalismo impuesto por los organismos financieros y “bendecido” desde la Asamblea Legislativa en todas las últimas administraciones – tocó las bases del Poder Judicial y empuja cada vez más para que la gente tome la justicia en sus manos.
Así también la “seguridad ciudadana” pasó de ser un derecho de la ciudadanía a cargo del Estado, a un negocio privado para quienes tienen recursos. Vino después como obvia consecuencia el narcotráfico y el sicariato como empresas necesarias, metiéndonos como colectividad en una verdadera mafiacracia.
Asimismo el combate de la corrupción es cada vez más una especie de “saludo a la bandera”, ya que aprobadas los compendios de leyes para enfrentar este mal, nos encontramos una mayoría de ellas vigentes, brillantemente redactadas, pero sin colmillos y las molares con caríes, sin adecuado financiamiento para tener jueces, fiscales e investigadores especializados en el complejo fenómeno, que va más allá del lobby, la división de grupos empresariales para reportar cero renta, alcaldes que venden tierra en la milla marítima, camiones cargados de cajas de cigarrillos, licores, repuestos, electrodomésticos etc., sin pago de impuestos.
Lo cierto del caso es que mientras alguien le pone dientes a una nueva ley anticorrupción, contra el tráfico de influencia o el mismo nepotismo innegable en municipalidades y Asamblea Legislativa, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional siempre “descubren” gastos excesivos sobre los ingresos recibidos, repitiéndose un malévolo ciclo para que todos los trabajadores y empresarios privados honestos, pagadores de sus obligaciones como corresponde a una sociedad civilizada y solidaria, subsidien a los evasores, a los contrabandistas, a los “astutos” muchachos especialistas en desfalcos y entrega de concesiones etc.
La llamada crisis del agua – solo a manera de ejemplo -nos reventó en la cara por años de improvisaciones y negligencia de esta clase minoritaria a cargo de Acueductos y Alcantarillados, quizá pensando que sería un buen negocio dejar que la entidad se cayera en pedazos y, luego, vender la institución o justificar su tercerización de servicios.
La “burocracia dorada” instalada en lo más alto de AyA permitió en los últimos años (con la sagaz o sin mayor fiscalización de la Contraloría) elevados gastos de representación, salarios de lujo, y hasta viajes al extranjero en primera clase con novias, por aquello de sí el clima del país de llegada estaba muy frio y la chimenea muy distante para el burócrata, mientras las inversiones del Estado en acueductos y alcantarillado llegaban a cuentagotas o no habían del todo.
La chambonada de una empresa excavadora en uno de los Hatillos – rompió una tubería cuando modificaba una alameda- evidenció el estado miserable de la tubería que abastece de agua a los miles de trabajadores de esas populosas ciudadelas; mientras al otro lado de la ciudad las mansiones o los edificios de varias plantas se garantizan agua para sus enormes tanques o piscinas. ¿Quién autoriza la captación de enormes volúmenes de ese líquido para esas construcciones exclusivas, en detrimento de las mayorías? ¿O ya normalizamos esta locura?
Con base en la población que el INEC señala con servicio de alcantarillado sanitario (1.179.528 habitantes) se estimó que su caudal potencial de agua residual para tratamiento corresponde a 2.730 litros (l/s). De éstos, 414,60 l/s son captados y tratados (15,19%), el resto simplemente es recolectado en el sistema de alcantarillado sanitario y descargado en cuerpos de agua (84,81%). Este caudal captado mediante alcantarillado sanitario y tratado representa solo el 4,16% del total de aguas residuales y excretas a nivel nacional. Ver Plan de Inversión de AyA 2021-2025.
Este plan de inversiones, conociendo cómo terminan estos negocios, ya debería ser tema de discusión seria por parte de amas de casa, líderes comunales, sindicatos etc., por encima de “comunicados de prensa” y apoyos morales y obtener, en cambio, proyectos alternativos a la “solución” neoliberal de la falta de agua, sobre la justa distribución del líquido, saneamiento de ríos aledaños a la ciudad y potabilización de sus aguas etc. De lo contrario, las justas demandas de miles de mujeres y varones amenazan sean desnaturalizadas por la tradicional politiquería que no quiere educación política entre el pueblo, a fin de cuidar su chamba cada cuatro años.
A la anterior crisis del agua en todo el país se suma la creciente tendencia de convertir el preciado líquido en dólares y euros, gracias a fincas de todo tamaño dedicadas a la producción y exportación de melones, sandía, naranjas, y cuanta mercancía aparezca y sea convertible en dinero contante y sonante. La deforestación es enorme para su cometido y en algún momento la naturaleza nos pasará la factura.
Además, el crecimiento de la demanda de agua entre la población no se detiene, aparejada con la entrega de importantes fuentes a grandes empresas embotelladoras. La contaminación de los principales ríos cercanos a importantes urbes hace aún más incierto el futuro del agua en nuestro país. Por lo menos mientras no encontremos la forma de convertir un billete de cualquier denominación en ese líquido, sin el cual no vivimos.
b.) Empezamos a asustarnos con la mortaja: Un acertado “diagnóstico país” de ayer, aunque parezca paradójico, tiene hoy gran repercusión y, fue, el llamado programa “Volvamos a la tierra” (Monge Álvarez 1982- 1986). Sin duda alguna sentó las bases, para bien o para mal, del denominado “desarrollo” del país que ha inspirado a todos los gobiernos hasta el 2022, a partir del cual el Ejecutivo encabezado por Rodrigo Chaves, pareciera apostó definitivamente por el gobierno de las grandes corporaciones occidentales. Al estarse cayendo el viejo orden económico mundial, donde emergen los llamados BRICS para sacudirse de la dictadura del dólar y ejercer el comercio sin sanciones, un número considerable de oligarquías en la región cierran fila en tecnología, económica y el campo de las ciencias con la metrópoli a la que han pertenecido de corazón.
Las cifras que alcanzan los llamados países BRICS como bloque son astronómicas: en conjunto representan alrededor del 42% de la población mundial, son el 23% del PIB global, tienen el 30% del territorio del planeta y manejan el 18% del comercio internacional total.
De allí que las visitas a muchos de nuestros países de la generala del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, como del secretario de Estado, Antony Blinken, serán más seguidas, al mismo tiempo que los monaguillos de Milei en la zona comienzan a ganar notoriedad en parlamentos, la academia y la mediática.
De hecho, ya hay voceros en la zona que claman por “revoluciones de colores” en la región, especialmente en Brasil y Colombia, dada su importancia estratégica y vínculos con la OTAN, mientras aprietan más fuerte el cuello a Cuba, Nicaragua y Venezuela, en espera de alzamientos sociales, en vista que estos escribidores o vocerías tienen el poder de definir cuando una elección es democrática, ésta o aquella sociedad tiene derechos humanos e irradia libertad de prensa.
El programa “Volvamos a la Tierra” con suma claridad declaraba las intenciones de lo que debía hacerse en Costa Rica para los siguientes gobiernos, fueran éstos liberacionistas, socialcristianos o de Acción Ciudadana surgido después- unos más que otros adaptaron postulados de ese plan- pues cuatro años resultaban pocos para resolver los miles de kilómetros de vías en mal estado, los problemas de la producción, qué hacer con la banca, la educación, la sanidad, los salarios, cooperativas, las empresas como CODESA etc.
Estado de un tubo mediante el cual abastecen de agua a trabajadores y trabajadoras de Hatillo.
Los gobiernos posteriores a 1986 “ablandaron” la conciencia de sus electores para convencerlos sobre los supuestos beneficios para el pueblo de privatizar empresas públicas, leyes sobre empleo, movilizar “voluntariamente” a miles de empleados públicos para debilitar así el Estado y fortalecer los negocios del nuevo emprendedurismo, girando éste siempre parasitariamente alrededor de los pocos bienes estatales al margen de la embestida “modernizadora” o los pocos servicios aún conservados por una debilucha y enredada administración pública.
Así, en pocos años, emerge una burguesía ligada al libre comercio, ONGS, bancos, fundaciones, centros para inversiones foráneas, servicios profesionales etc., atrincherada en el bipartidarismo, libertarios, “izquierdas democráticas” o pentecostales, entre otros, encargados a lo largo de estos 40 años de disponer a su antojo de la “res pública” y moldear las instituciones existentes a sus intereses; mientras la oligarquía tradicional, ante estas contradicciones de intereses no quiere correr ningún riesgo frente al panorama geopolítico mundial. Apuesta por el llamado “gobierno gerencial” aliado incondicional de unas cuántas multinacionales recomendadas desde la metrópoli.
Las distintas administraciones fortalecieron a los nuevos dueños de las concesiones de playas, normaron la entrega del agua con fines comerciales, dieron a sus amigos el espectro electromagnético, quebraron y compraron bancos, controlaron absolutamente el transporte remunerado de personas, descubrieron que el negocio del siglo era para unos, importar granos, mientras los otros empacaban el arroz y los frijoles, aunque ello significaba mandar al carajo la soberanía alimentaria y a los agricultores locales etc. Un número importantes de empresas del Estado estaba dentro de una enorme firma denominada Corporación de Desarrollo S.A. (CODESA) y sus filiales, que no resistieron el apetito de la nueva clase que se abría camino. (ver “Volvamos a la Tierra”; Págs. 48 “restructuración de CODESA” y 63, inciso ch “trabajadores propietarios”).
En las páginas 66 y 67 el programa se propone “modernizar” el Ministerio de Trabajo para acometer sus fines (no hablaba de aumentar el número de inspectores para que prevalecieran los derechos de los trabajadores ante la voracidad que asomaba), fomentaría, en cambio, el “sindicalismo democrático” que, años más tarde, muchos de sus líderes, propician y defienden los famosos encuentros y foros para el “diálogo social”, en búsqueda de “ajustar” y seguir abrazado al “desarrollo sostenible”. Otros, con un léxico más refinado proveniente de los socialistas europeos, planteaban un “capitalismo del bienestar” para destacar que, es posible “ajustar” los problemas en la democracia, “focalizando” los desajustes y llevando la oportuna “acción social” webberiana. Al final, propietarios de los medios de producción y vendedores de la fuerza de trabajo se ayudan mutuamente y todos somos contentera.
Ya para 2020, el gobierno de turno, abogaba por reducir la planilla del Estado en 7.000 funcionarios, recurriendo a la “movilidad laboral”, como parte de la “agenda de estabilidad financiera”, y así, a fin, de acceder a un préstamo por $ 1750 millones con el Fondo Monetario Internacional (Fuente: https://ameliarueda.com/nota/gobierno-movilidad-reducir-planilla-7000-funcionarios-noticias-costa-rica). Casi simultáneamente, se adiciona al Código Penal, el 2 de mayo de 2022, el artículo 256 bis, estableciendo: se impone pena de diez a treinta días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes impidiere, destruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito o el movimiento de transeúntes.
A pesar de los profundos cambios legales, políticos y económicos habidos en las últimas décadas, seguimos sin ser el “primer país desarrollado de América Latina”, esperando ser la sociedad de “propietarios y no de proletarios” y sigue la duda de si somos, efectivamente, Jaguar o Tigrillo en la región y somos el país más feliz del mundo.
c) El gran duelo a machete
Cuando el periódico “La Teja”, el 4 de abril de 2022, nos contaba que Rodrigo Chaves Arguedas, un guardaespaldas del tres veces presidente, José Figueres Ferrer, fue el padre del gobernante Rodrigo Chaves Robles, las posibilidades de un futuro gobierno de riñón verdiblanco quedaba abierto; o por el contrario, entraría en confrontación directa con una parte de la burguesía local surgida gracias a los llamados PAEs e instalada en las esferas decisorias para cumplirle las exigencias de los organismos financieros internacionales.
El primer aviso ocurrió el 31 de mayo de 2023, cuando Chaves dijo que el convenio entre la Coalición Costarricense de Iniciativa de Desarrollo (CINDE), Comex y PROCOMER había llegado a su fin . La coalición privada, que recibía fondos públicos, estaba entre nosotros desde 1982, y por ella pasaron tecnócratas destacadísimos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristina.
Durante 41 años, según datos dados a conocer por CINDE, hubo 181 mil empleos directos, es decir un promedio de 4.414 anuales, y unos 74 mil empleos indirectos, algo así de 1804 por año.
Casos que sacudieron a la sociedad costarricense y dados a conocer por la prensa en los últimos 30 años durante los gobiernos que se alternaron el PLN-PUSC-PAC.
Asimismo, el 20 de abril de 2023 el ministerio de educación anunció el fin del convenio Marco Cooperación MEP-FOD a partir del 6 de mayo del 2023. El poner fin a este convenio degeneró en furibundos ataques contra la Administración Chaves por diputados liberacionistas y socialcristianos en la Asamblea Legislativa.
Francisco Antonio Pacheco, presidente de la Fundación Omar Dengo, defendió en todo momento lo que denominó el correcto uso de los fondos públicos por unos 235 mil millones de colones en los últimos años para el desarrollo del Programa Nacional de Informática Educativa en 4200 escuelas.
En este contexto, el “gobierno gerencial” de Chaves, no está contra la recolonización en que nos tienen el Banco Mundial y el Fondo Monetario, sino que, al priorizar definitivamente los intereses estadounidenses, en cuanto a la tecnología 5 G, ayudas en materia de seguridad cibernética, entre otras, impone como único patrón ideológico referencial a la sociedad y el gobierno norteamericano, en su marcha hacia la “singapurización “de Costa Rica.
La dimensión de este “pleito a machete”, producido por una burguesía que tuvo 40 años para blindar todos sus intereses con cientos de leyes, jurisprudencias, reformas y decretos, frente a la oligarquía alineada con el gobierno actual y el llamado “occidente colectivo”, que trata de salvar algo de sus 500 años de hegemonía absoluta, lo veremos en “directo” y a “todo color” cuando el Ejecutivo insista en su proyecto estrella de “Ciudad gobierno”, consistente en un complejo sistema de obras instaladas en terrenos del Estado y financiado a largo plazo por el Banco Centroamericano de Integración Económica para alojar ministerios y oficinas públicas, cuyos alquileres, según datos oficiales, dejan $600 millones (₡420.000.000.000) anuales a un reducido número de familiares dedicadas a este negocio y conectadas a la alta politiquería. No se conocen las familias beneficiadas con estos alquileres ni los partidos políticos a que están afiliados.
El otro agarrón de pelo está a la vuelta de la esquina con el proyecto de venta del Banco de Costa Rica, cuyos sectores fortalecidos desde hace 40 años, no rechazan la privatización de este activo, con excelente salud financiera, sino que ellos quieren una porción importante del pastel y éste no sea entero para las empresas preferidas por la oligarquía.
Ojalá los trabajadores y trabajadoras, no importa el partido político por el cual han votado, comprendan que estos “pleitos” que a veces trascienden, son cara y escudo de una misma moneda. A ellos corresponde construir el tejido social con reflexión a fondo y movilización social desde las comunidades, con el fin claro que son ellos los dueños de la historia, en la medida, eso sí, entiendan la política como servicio a los demás; pero sí ella no se articula con otras comunidades y movimientos populares terminarán defendiendo feudos de todo tipo y en todas partes, corriendo el riesgo que la politiquería los reviente.
El Sistema Editorial de la UCR (SIEDIN) pone en marcha el proyecto «El Mundo de los Libros» para apoyar la lectura y escritura en algunas comunidades del país con bajo índice de desarrollo humano.
Proyecto «El Mundo de los libros»
El Sistema Editorial de la UCR (SIEDIN) pone en marcha el proyecto «El Mundo de los Libros» para apoyar la lectura y escritura en algunas comunidades del país con bajo índice de desarrollo humano. Uno de sus actividades es «Compartí tus libros leídos».
Conversamos con Rocío Ramírez Varela sobre la situación que enfrenta Hatillo ante las suspensiones del servicio de agua potable en la comunidad. ¿Qué implica esto? ¿Qué sucedió el 18 de marzo ante la privación de libertad de personas lideresas? Reflexionamos también, sobre los desafíos comunitarios que deja esta situación.
Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.
En conmemoración del pasado día Mundial del Agua, 22 de marzo, desde la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua – Puntarenas se invitó a conocer la lucha de diferentes comunidades por la defensa de este preciado bien, al que empresas y corporaciones buscan privatizar de todas las formas posibles.
Por lo que invitan a ver la serie documental “Ríos: memoria que fluye, recupera la importancia para las comunidades y la biodiversidad”
Estimadas amigas y amigos de comunidades que luchan por agua potable en diversas comunidades del país, entre ellas:
Hatillo
Cipreses de Oreamuno
Moravia
Alajuelita
Coronado
Goicoechea
Tibás
Desamparados
Pasoancho
En Pasoancho entendemos la problemática, hemos escuchado mil mentiras y excusas de autoridades que no terminan por resolver la situación, agravada en los últimos tiempos por la Crisis Climática.
Y esta semana, las autoridades (Gobierno Central, Ministerio de Seguridad y AyA) en lugar de resolver el problema, han enviado agentes represores con la misión de detener a los que llaman “cabecillas del movimiento”, que son los compañeros que dirigen estas luchas comunitarias.
Nuestra solidaridad con ellos y con las comunidades afectadas.
Fraternalmente,
Buen Vivir Naranjo Carlos Muñoz Buen Vivir Desamparadeño Edgar Mora Guerrero Buen Vivir Mora Ronulfo Morera Vargas Costa Rica Buen Vivi Hernán Fernández (Puriscal) Pasoancho Buen Vivir Mayela Pérez, Jimena, Marcos, Mariana Zúñiga Agua Pasoancho Priscilla Díaz, Alexander Castillo, Edison Valverde
Un hospital bien equipado y moderno no sólo mejoraría la atención médica sino también la calidad de vida de las personas en Cartago.
Mesa hace llamado a acuerpar la lucha de la comunidad.
En Costa Rica, persiste la reducción en la inversión pública, lo que afecta el acceso a servicios básicos como el agua potable y el funcionamiento de instituciones educativas. Esta política ha generado crisis en el sistema de salud pública y ha llevado a la contracción de la inversión social pública (ISP). Según el Informe del Estado de la Nación (2023), esto puede afectar el bienestar de las personas en el futuro, ya que se prioriza el pago de la deuda pública sobre la política social.
En Cartago y Zona de Los Santos, la falta de un hospital de calidad ha dificultado el acceso a atención médica oportuna, generando preocupación y dificultades para quienes necesitan servicios médicos especializados. Esto refleja la necesidad de abordar de manera integral y colaborativa las necesidades de salud en la provincia, desde la infraestructura hospitalaria hasta la atención primaria, medicamentos, recursos humanos y salud mental. Un hospital moderno mejoraría la calidad de vida de los habitantes y garantizaría un sistema de salud más efectivo.
Un hospital bien equipado y moderno no sólo mejoraría la atención médica sino también la calidad de vida de los cartagineses, que por veinte años han esperado por la promesa del nuevo hospital. En los últimos años, la población ha experimentado un crecimiento significativo y, sin embargo, los recursos de atención médica no han seguido el mismo ritmo; esta situación se ha traducido en tiempos de espera prolongados y falta de acceso a servicios básicos, lo que ha puesto en riesgo la salud de las personas en Cartago, teniendo como consecuencia que muchos han perdido su vida por falta de una atención oportuna.
También, se ha registrado que desde administraciones anteriores se le han realizado numerosos estudios a la iniciativa de un nuevo hospital en Cartago, estudios que han requerido sumas millonarias, junto con la compra del terreno. Todos los estudios anteriores han demostrado que el terreno adquirido reúne las condiciones para la construcción del Nuevo Hospital para Cartago; sin embargo, ésta no se ha aprobado por fines políticos, ya que técnicamente se ha demostrado que el terreno sí cumple con lo necesario para la construcción del mismo.
Por tanto, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo acuerpa el movimiento comunitario por la construcción del hospital en Cartago y hacemos un llamado para que las instituciones y responsables políticos vinculantes den una respuesta pronta y democrática ante las demandas de esta población.
La Alianza Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCAA) y la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA); organizaciones basadas en San José Costa Rica; manifestamos nuestro absoluto repudio a los hechos de represión y detención de dirigentes comunales y municipales en lucha por el derecho humano de acceso al agua potable en la comunidad de Hatillo, al sur de San José, capital de Costa Rica.
Desde hace años estas comunidades vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares, situación que se ha ido agravando como consecuencia del cambio climático global, que ha hecho más extensa y severa la estación seca en nuestro país; pero sobre todo, debido a la desidia, al desinterés y a la incapacidad de las autoridades de gobierno, que no han tomado las previsiones necesarias para adaptar al país a esta nueva realidad; lo que ocasiona graves problemas no solo de aseo, higiene y salud para estas poblaciones, sino incluso dificultades para la preparación de los alimentos, para la obtención de agua para consumo humano y uso doméstico; así como también el cierre de las escuelas, violentando el derecho a la educación de miles de niños y niñas, por falta del vital líquido.
Nos Solidarizamos con estas comunidades en lucha y con todas aquellas poblaciones que levantan la voz por su legítimo derecho a contar con acceso a agua potable en condiciones de cantidad y calidad adecuadas.
Hacemos un vehemente llamado a las autoridades del gobierno de la República, a que cesen de inmediato la represión, a que liberen sin cargos a todas las personas detenidas, y al cese inmediato de la criminalización y judicialización de la protesta social pacífica y al uso del sistema legal como instrumentos de represión en contra las personas defensoras de los derechos humanos ambientales y sociales.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones ambientalistas y comunitarias, así como a las distintas municipalidades del país a que se pronuncien y se movilicen contra estos hechos de represión.
San José, Costa Rica, a los 18 días del mes de marzo del 2024
