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Etiqueta: CONARE

UCR Voz experta: En el acuerdo del FEES 2024 se logró mucho más que un presupuesto

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica.

Por Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica

El acuerdo resguarda la autonomía universitaria. A futuro, el reto como universidad es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de Conare

En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:

Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.

“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.

“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.

En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.

Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.

En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.

Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.

Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.

En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.

Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.

Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:

1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.

Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.

Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.

2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.

3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.

4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.

5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.

«Nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República».

Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.

Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.

Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.

Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.

Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.

Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.

Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.

Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.

Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.

Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!

Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector de la Universidad de Costa Rica

CONARE se solidariza con la comunidad estudiantil universitaria y repudia violencia verbal del presidente Rodrigo Chaves Robles

Ante los eventos acontecidos este martes 25 de julio de 2023, en Nicoya, CONARE se solidariza con la comunidad estudiantil universitaria y repudia, una vez más, la violencia verbal y el irrespeto a los derechos constitucionales por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles.

25 de julio del 2023.  Este 25 de julio de 2023, decenas de estudiantes universitarios fueron retenidos en las inmediaciones de la iglesia nueva de Nicoya, espacio público donde se realizarían los actos propios de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya.

Un contingente de elementos de la Fuerza Pública los retuvo por espacio de una hora para que no ejercieran sus libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.

Desde el CONARE denunciamos con absoluto repudio este accionar del Gobierno propio de un régimen autoritario y con tintes dictatoriales, lejano de nuestra tradición democrática. La manifestación pública es un derecho ciudadano, contemplado en nuestra Constitución Política, instrumento capital de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho. Con suma preocupación vemos como de manera sistemática y consecuente el Gobierno a través del presidente Chaves Robles, ejerce acciones que minan la democracia, en este caso hacia nuestra juventud, acompañadas de una violencia verbal desbordada, ajena a toda tradición pacifista y de tolerancia, insignia irrefutable de esta Patria querida.

Al referirse a los estudiantes universitarios costarricenses como “esbirros”, el señor presidente los equipara con delincuentes violentos que actúan por medio de un pago. Condenamos enérgicamente estas palabras, porque estos jóvenes son el presente y el futuro de Costa Rica, los hijos y las hijas de esta tierra de gente honrada, trabajadora, resiliente y decente. A ellos y ellas nos debemos las Universidades Públicas y la dignificación de estos hombres y estas mujeres es nuestro compromiso con el país.

Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia como forma de Gobierno.

En plena negociación del FEES, el presidente nuevamente hace declaraciones públicas desafortunadas, deslegitima a la Comisión de Enlace al burlarse del proceso de negociación, irrespetando no solo a los rectores, a la rectora y a la representación estudiantil negociante, sino a sus propias ministras y ministro que vienen trabajando para llegar a un acuerdo.

Señor presidente, honrando una vez más nuestra idiosincrasia, siendo que representamos al sector educación de este país, nuevamente le instamos al respeto, al diálogo y al rechazo determinado a toda forma de violencia verbal, física y simbólica.

Don Rodrigo Chaves Robles una al pueblo de Costa Rica, no lo polarice.

No es cierto que compromisos, metas e indicadores en torno al presupuesto para las universidades públicas son un logro del actual Gobierno

Los Rectores y Rectora de las cinco universidades estatales sostienen un duro pulso con el actual gobierno tratando de lograr acuerdos en torno al 1% que se les adeuda del presupuesto 2023, así como para definir el presupuesto (Fees) 2024. Presupuestos definidos y ordenados por la Constitución Política de nuestro país (Foto cortesía Tecnológico de Costa Rica).

Consejo Nacional de Rectores

Desde el 2015 compromisos, metas e indicadores se incorporan en los convenios y acuerdos de financiamiento del FEES

El Consejo Nacional de Rectores, Conare, con el fin de promover una sana discusión sobre el compromiso de las universidades estatales con el desarrollo del país, la transparencia y la rendición de cuentas, se refiere y aclara lo expresado en el comunicado del Mideplan, titulado Gobierno compromete a Universidades Públicas a cumplir Metas pactadas en conjunto y a reportar anualmente el estado de su cumplimiento”.

El Conare aclara que en cada acuerdo negociado del presupuesto para las universidades públicas, “las universidades y el Gobierno de turno, asumieron de forma responsable y respaldados por indicadores, compromisos más allá de los establecidos en los planes quinquenales de las universidades públicas”.

Según se lee en el comunicado público hecho por CONARE  este 21 de julio: “Esto queda demostrado con solo leer los últimos convenios y acuerdos del Fondo Especial de la Educación Superior (Fees) razón por la cual no es de recibo que el MIDEPLAN asevere que es un logro de este Gobierno, cuando queda evidenciado que este ha sido desde siempre el proceder serio, responsable y pertinente de las Universidades en su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción participativa de soluciones a las necesidades nacionales y locales”.

También enfatiza dicho comunicado que las universidades públicas se rigen por el Plan Nacional de la Educación Superior (Planes) en cumplimiento con lo establecido por el Artículo 85 de la Constitución Política. Por tanto, aclara Conare, los 9 puntos a los cuales se refiere el comunicado de Mideplan están incorporados con metas al año 2025, en los indicadores, tanto sustantivos como estratégicos, del PLANES 2021-2025.

En su comunicado público, Conare sostiene que “no es cierta ni es aceptable la afirmación de que las “Las universidades públicas no están acostumbradas a fijar metas en conjunto…” nada más apartado de la verdad y la realidad de los hechos. Las universidades públicas asumen un compromiso con el país a partir de un plan quinquenal como lo pide la Constitución Política”.  Los últimos Convenios y Acuerdos de financiamiento del Fees demuestran que desde el 2015 se incorpora un capítulo de fortalecimiento de la gestión universitaria con un artículo especifico de compromisos, metas e indicadores.

El comunicado de Conare señala que los últimos convenios del Fees incluyen cláusulas específicas para fomentar la cooperación entre las universidades y las instancias del Ejecutivo, necesarias para el fortalecimiento del sistema educativo costarricense en sus diferentes niveles, denominada en dichos convenios como “Agenda de Cooperación Gobierno-Universidades”.

Esta cooperación entre las universidades públicas  y las instancias del Ejecutivo, no contó con el interés del actual Gobierno para construir esa Agenda de Cooperación Gobierno-Universidades en el Acuerdo de Financiamiento del Fees 2023

CONARE manifiesta que el actual Gobierno “intenta invisibilizar la acción universitaria y su preocupación por atender como sistema, de forma coordinada e integrada, los grandes problemas que aquejan a la sociedad costarricense”.

Texto completo del comunicado de CONARE:

 

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Presidente del Congreso recibe a integrantes de CONARE

Información del Boletín Legislativo de la Rectoría de la UCR

De no llegarse a un acuerdo en la Comisión de Enlace para el FEES 2024, el presidente legislativo Rodrigo Arias podría convertirse, eventualmente, en un buen interlocutor entre CONARE y el gobierno, dijo el rector Gustavo Gutiérrez.

Este lunes 17 de julio, el presidente del Congreso recibió a los rectores y rectora de universidades públicas en su despacho en Cuesta de Moras.

Tal como lo expresó el rector, tras la sesión de la Comisión de Enlace la semana anterior, los rectores, la rectora y la representante estudiantil de las universidades públicas consideran insuficiente la propuesta de financiamiento presentada por el gobierno, ante la disminución en el presupuesto que ha sufrido la educación superior pública en años pasados.

«Seguiremos insistiendo en utilizar las vías institucionales necesarias para que las universidades tengan un presupuesto justo que permita responder a las grandes necesidades de Costa Rica», informó.

Arias Sánchez dijo por su lado que da seguimiento al tema por el interés que representa para el país y porque la Constitución Política establece que la Asamblea Legislativa podría tener participación en este diferendo, «espero que eso no suceda, espero que prevalezca la cordura y que el dialogo fructifique».

Las sesiones de la Comisión de Enlace se retoman el 1 de agosto, debido a que el gobierno desarrolla una agenda especial para el 25 de julio que celebrará en la provincia de Guanacaste.

Aquí no pierden las Universidades Públicas, pierde una vez más la educación pública y, por lo tanto, pierde Costa Rica

Durante los años 2014,2015,2017,2019,2022 y 2023 las calles de nuestro país han sido testigos de diferentes movimientos y marchas en defensa del presupuesto del 8% del PIB para todo el sistema educativo de Costa Rica, tal como lo establece la Constitución Política (Foto Laura Rodríguez, UCR).

Consejo Nacional de Rectores

Este Gobierno sigue sin entender las necesidades de la población estudiantil y los diferentes apoyos que les brindan las universidades estatales.

Ante la negativa del Gobierno de otorgar el 1% que le debe a las universidades públicas del presupuesto de la Educación Superior Pública 2023 (conocido como FEES) y ahora ofrecer un insuficiente 1% para el FEES 2024, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) manifiesta su preocupación ya que “se evidencia, una vez más, grandes contradicciones en materia de gestión de la educación pública costarricense

Según el comunicado de prensa de CONARE la evidencia ratifica que el país enfrenta su peor crisis educativa en los últimos 30 años y prevalece de parte del gobierno la negativa de cumplir con la asignación del 8% del Producto Interno Bruto del país (PIB) establecido por nuestra Constitución Política para la educación pública en todos sus niveles.

Para CONARE si el Gobierno no está en capacidad de invertir poco más de 5 mil millones de colones, aún pregonando importantes logros fiscales y reactivación económica, definitivamente la educación pública costarricense pareciera que no es prioridad. “Primero la excusa fue la Asamblea Legislativa, luego argumentaron que sí hay voluntad política pero que no hay plata. La nueva excusa es que la inflación 2023 es negativa, cuando esto se negoció en el 2022 en correspondencia con la inflación de entonces, cercana al 8%. Finalmente, respecto de nuestras propuestas para que el 1% se gire en tractos en el próximo año 2024, ni siquiera nos exponen las razones de su negativa”.

Durante las semanas de este proceso de negociación CONARE ha consensuado un conjunto de compromisos, todos asociados al Plan Nacional de la Educación Superior. Peticiones del Gobierno vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo, donde se plantean como prioridad la inversión en las regiones y en poblaciones de alta vulnerabilidad. “Sin embargo, el Gobierno no otorga el presupuesto necesario para sacar adelante esta tarea”.

Gracias al presupuesto para la educación superior pública, las universidades públicas también trabajan con muy diferentes grupos sociales y comunidades a lo largo del país, para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal, como lo establece la Constitución Política. (Foto Laura Rodríguez, UCR)

También, afirma el comunicado de CONARE, en este proceso de negociación se ha instaurado una estrategia de confrontar a los niveles de primaria y secundaria con los universitarios. “Vivimos una negociación donde continuamente se ataca por diferentes medios al Consejo Nacional de Rectores a los rectores y rectora, “personalizando este proceso como si se utilizara para desprestigiar a las universidades estatales a través de sus autoridades. Esta negociación no se trata de personas, se trata de los recursos que necesitan las universidades públicas para continuar formando profesionales de calidad para este país y contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica”.

“Los estudiantes deben estar en las aulas pero cuando las condiciones del país lo ameriten deben estar en las calles”. —Rodrigo Facio, ex rector Universidad de Costa Rica. (Foto Laura Rodríguez, UCR)

Y en cuanto al respaldo de las universidades públicas a otros sectores que también han venido manifestando en los espacios públicos sus preocupaciones y necesidades, CONARE destaca que “el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara”.

Texto completo del Comunicado de CONARE, 17 de julio 2023:

https://we.tl/t-2mrV16yQsj

 

María Encarnación Peña Bonilla, UCR

Universidades Públicas rechazan declaraciones del Presidente de la República

Comunicado

Las Universidades Públicas y el Consejo Nacional de Rectores rechazan de forma contundente las declaraciones del presidente de la República, de las ministras y el ministro que integran la Comisión de Enlace realizadas durante la conferencia de prensa posterior al Consejo Gobierno del miércoles 21 de junio de 2023.

Costa Rica confía en la U Pública

Imagen: https://vinv.ucr.ac.cr

CONARE no acepta que el Gobierno le traslade la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para no dar el 1% adicional del FEES 2023

Consejo Nacional de Rectores

• Durante las negociaciones para el FEES 2023, la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.

• A pesar de que el Ejecutivo manifestó voluntad para honrar este compromiso, le traslada, una vez más la responsabilidad de no hacerlo a la Asamblea Legislativa.

13 de junio del 2023. Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.

Esto se negoció de esa manera, porque se incluyó en la cláusula segunda del acuerdo de la Comisión de Enlace para el financiamiento de la educación universitaria estatal (FEES) 2023, en la que se indica “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario y d) para la definición del 2024 se utilizará como base el establecido para el año 2023 con los ajustes correspondientes”.

Sorprende que el Gobierno en reiteradas ocasiones ha manifestado la mejora de la situación fiscal y económica del país para el presente año, no obstante en la reunión de la Comisión de Enlace del día de hoy, el Ministro de Hacienda indica que no pueden cumplir con ese 1% adicional debido a que la Asamblea Legislativa cuando aprobó el presupuesto de la República para el año 2023 lo hizo con la distribución propuesta por la Comisión de Hacendarios que era diferente a la del Ejecutivo.

Sin embargo, la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%, ampliamente divulgada por el Gobierno de la República en los medios de comunicación y mediante conferencias de prensa, no parece ser suficiente argumento para otorgar a la educación universitaria estatal el reconocimiento del 1% sobre el monto del FEES 2023, en cumplimiento del convenio vigente, cuyo monto es de 5.591 millones de colones.

Este monto compensaría en parte todas las afectaciones a los presupuestos universitarios estatales generados por la pandemia COVID-19 y su impacto en la situación financiera y fiscal del país, este monto representa apenas un 7% del total de dichos rebajos.

En lugar de sustentar el otorgamiento del 1% en la mejora fiscal y financiera se escuda para no hacerlo en argumentos atribuidos a la Asamblea Legislativa y específicamente a la Comisión de Hacendarios.

Por lo tanto, en la próxima sesión de la Comisión de Enlace, el CONARE y las universidades públicas presentarán sus observaciones y contraargumentos a la presentación del Ministro de Hacienda, con el objetivo de demostrar que no es justo ni válido escudarse en la Asamblea Legislativa para no conceder ese 1% adicional que permitiría atender necesidades básicas como lo son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para fortalecer la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación, la extensión y la acción social en atención de las necesidades específicas de las comunidades y de los grandes problemas nacionales.

¿Se acabaría la luna de miel entre «expertos» de OIT y maquillistas de la CCSS?

Rodrigo Arias López

Comparto estos documentos para que los asegurados de la CCSS se refresquen sobre la forma como han gestionado los fondos de los seguros sociales en las últimas décadas las altas autoridades de la CCSS, ahora que los «expertos» de la OIT notificaron un parto supuestamente prematuro, en el que descubrieron el agua tibia o maquillajes que hacen viejos conocidos maquillistas de la Caja.  

Puede verlo aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1gvw9eAlpeBgDSFxo-rLc-5V1psumrB4A/view?usp=share_link

Para mostrarles unos ejemplos, noten que los artículos 42 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS N° 17 ORDENAN lo siguiente:

“Artículo 42.- Cada tres años y, además, cuando la Junta Directiva lo juzgue conveniente, se harán revisiones actuariales de las previsiones financieras de la Caja.

Artículo 43.- La Caja regulará la distribución de sus fondos con arreglo a los cálculos actuariales que le sirvieron de base, o con los que se adopten en virtud de los resultados que arrojen las revisiones ordenadas en el artículo anterior.»

Observen en el primer cuadro u oficio del año 2017 que comparto abajo, donde la Secretaria de la Junta Directiva de la CCSS en ese momento, doña Emma Zúñiga, reitera que había revisado los registros desde el año 2010 en adelante y que fue hasta el 9 de febrero del año 2017 que los nueve gatos de la Junta Directiva de la Caja habían recibido o conocido una «Valuación Actuarial del Seguro de Salud». Vean como violentan esos dos artículos de la Ley 17 que cité arriba y ello a pesar de la crisis que le causaron a ese seguro en el año 2011. ¿La recuerdan? Y si violan esos dos artículos de la ley 17, ¿cómo pueden cumplir con lo ordenado por otros artículos, como el 23 y el 32 de esa misma Ley?

En el segundo oficio que comparto -del 11 de octubre de 2017, firmado por viejos conocidos y que complementa lo informado en oficio de doña Emma-, vean la yunta que nos encontramos, al segundo no hace mucho tiempo lo suspendieron unos meses con goce de sueldo y regresó sonriendo. ¡Qué sabroso!, ¿no les parece? 

Todo pagado con cuotas de aportes de los seguros sociales que la ley dice que son de los asegurados. Y el otro recientemente informaron en los medios que está suspendido, también con goce de sueldo. ¿Pasará lo mismo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Recuerdan que son parte de los acusados de presuntamente empujar al precipicio al seguro de salud en el año 2011 y los que ocultaron la crisis a la que también llevaron al seguro de pensiones mediante el mecanismo de desvío de fondos?  

Vuelvo a compartir este video en el cual se observa como vendían gato por liebre a los costarricenses.

También les dejo la Caja de Pandora, por si desean verla nuevamente:

¿Conocen ustedes las razones por las cuales ya ni les reponen la pérdida de valor adquisitivo a las pensiones de IVM? ¿Recuerdan que esos mismos señores luego salieron a justificar que había que aumentar las edades de retiro y bajar más los beneficios del seguro de pensiones? Presuntamente hasta estuvieron detrás del trono en la reciente reforma de IVM, hablando al oído de los nueve gatos.

En la tercera figura que dice «(Actualización, Sesión N° 9277)», observen al «experto»  que  «revisó y aprobó» la «Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2021» que a los «expertos» de OIT hoy les quema la memoria. Pero no se alarmen, en esas manos hemos estado los asegurados de la CCSS durante más de 20 años. 

La penúltima y la última filmina se refieren a un papel que produce la Universidad de Alcalá  en línea durante seis meses, que le pusieron una marca muy divertida, se denomina «MASTER UNIVERSITARIO», con la participación de la OISS:

VER ENLACE:

https://oiss.org/category/oferta-formativa/de-la-secretaria-general/masters/master-en-direccion-y-gestion-de-los-sistemas-de-seguridad-social-curso-2018-2019/

 Algunos meten en su currículum ese papel no reconocido por el CONARE -vean el sello y folio, arriba a la derecha-  para que los mantengan nombrados en sus puestos o les den trabajo en el sector público, llegando al extremo hasta de maquillarlo, informando a la Junta Directiva de la CCSS que la Dirección Actuarial era dirigida por un «Licenciado en Economía, MBA y MSc en Sistemas de Seguridad Social y Técnicas Actuariales». La Dirección de  Desarrollo Organizacional de la CCSS así lo incluyó en un «Manual de Organización de la Dirección Actuarial y Económica» que aprobó la Junta Directiva de la CCSS, en el año 2011 cuando, para arreglarle el nombramiento al Sr. López Vargas, derogó el Reglamento que ordenaba que el Director Actuarial tenía que ser un actuario. Si no me creen, vean el segundo párrafo del artículo 3 del Reglamento derogado en 2011 por la Junta Directiva de la CCSS, en el siguiente link: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=73156

Y el papel de tocador maquillado está al final de la página 12 de este documento, ingresar al siguiente link: https://docs.google.com/document/d/1_AH2E4qZzdbJYX5cgdW6vqe4h3CtLBgq/edit?usp=share_link&ouid=113041125111407001384&rtpof=true&sd=true

Les comparto también la lista de directivos que derogó el reglamento actuarial y aprobó el traje a la medida y la lista de mandos medios que estuvieron presentes, para ello ingreso al siguiente enlance: https://docs.google.com/document/d/1YgAqg62t91ddfxfHmxIfw8Jhq7qnmEnC/edit?usp=share_link&ouid=113041125111407001384&rtpof=true&sd=true

En la que no podía faltar el mismo que ya ocupaba el puesto, quien con alto tono de mando medio dijo: «El licenciado López Vargas indica que la estructura que se está proponiendo normalizar ha regido desde el año 1994 y no implica costo alguno, pues se hace hincapié en que se trata de poner a derecho una situación que venía funcionando de hecho; siente que es la estructura que en este momento se ajusta a los objetivos de la Dirección. Hasta el Auditor Interno de la CCSS metió el hombro para que todo pareciera muy transparente: “A una interrogante del Director Gutiérrez Jiménez, el Auditor indica que no tiene ninguna objeción; las preguntas realizadas se han venido aclarando en cuanto al tema.” Así que hay muchas autoridades de la CCSS responsables del agua tibia descubierta por los «expertos» de OIT, encabezados por los directores de la benemérita institución, que la «dirigen y la fiscalizan» por orden expresa del artículo 14 de la Ley N° 17. Se aplica el refrán: «Se cosecha todo lo que se siembra».

¿Qué dirán quienes dirigen al Colegio de Ciencias Económicas sobre las actuaciones de algunos de sus colegiados?. ¿Por qué será que don Ennio Rodríguez Céspedes -Presidente de la Junta Directiva de ese colegio- no informa lo que hace ese colegio para defender a los consumidores e incluso a sus propios colegiados?. A menudo sale por TV, pero no he escuchado que se refiera a este importante asunto. ¿Algún miembro de la Junta Directiva de ese colegio podría hacer algo? ¿Y la Fiscalía de ese colegio qué hace?

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Imagen ilustrativa.

Foro Internacional sobre el Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

  • Pueblos Indígenas y Negros de 12 países de Latinoamérica y el Caribe discutirán sobres sus derechos colectivos

Desde mañana 18 y hasta el 19 de mayo organizaciones de pueblos indígenas, negros, expertos en derechos, académicos y aliados se darán cita en la Universidad de Costa Rica para analizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH ante la imperiosa necesidad de generar un análisis y diálogos críticos desde los pueblos indígenas y negros que son beneficiarios de sentencias de la para que, en conjunto, como región, se puedan discutir estrategias y adoptar medidas genuinas para el cumplimiento.

Es decir, que la Corte haga cumplir con el mandato de poner en el centro a los pueblos que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y que ven en este sistema la última opción para obtener protección, verdad, justicia y reparación.

El evento es propuesto y organizado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) fue fundada en 1979 y lucha por el bienestar del pueblo Garífuna hondureño, en específico la protección de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y territoriales de las 46 comunidades Garífunas asentadas en el Litoral Atlántico Hondureño.

La fundación del Sistema Interamericano fue vista por los pueblos indígenas y negros como una oportunidad de alcanzar la justicia más allá de las fronteras de los países partes. Sin embargo, el rezago histórico no ha disminuido en la proporción que se esperaba. Para el caso de los pueblos indígenas y negros, tienen casos presentados desde los años 90s y con sentencias desde los inicios del 2000, para las cuales, después de más de 23 años la justicia no ha sido servida.

Para OFRAHEH: “existen un alto retraso procesal en el sistema en el trámite de las peticiones y casos y en lo referente a las sentencias, el nivel de incumplimiento por los estados parte es aún más alarmante. la Corte IDH, desde ese entonces ha venido emitiendo sentencias sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros de la región; sin embargo, tenemos entendido que poco o nada se han cumplido dichas sentencias y por el contrario en la mayoría de los casos se han incrementado la conflictividad dentro de las comunidades”.

Por ejemplo, algunos estudiosos han recogido datos de la información contenida en las sentencias emitidas por la Corte IDH entre enero de 2010 y diciembre de 2019, y han concluido que, en promedio, entre la presentación de una petición y la aprobación de un informe de fondo por parte de la CIDH transcurrieron 134,6 meses.

En el Foro participarán unas 30 persona de casos directamente, expertos y personas de cada uno de los pueblos indígenas o negras involucradas o beneficiarias de las sentencias y los que tienen casos en proceso de los países de México, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Surinam, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Chile, Brasil, Panamá y Costa Rica.

Se desarrollará en la Sala 4 Escuela de Antropología. Tercer piso de la Facultad de Ciencias Sociales. Ciudad de la Investigación. 9am a 12:30 y de 2-4:30pm. En nuestro país colabora en el evento el proyecto Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica (UCREA), el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), la Escuela de Antropología, El proyecto Pueblos Originario y Universidades de CONARE, proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Kioscos Ambientales UCR

Marcha en defensa del sector agropecuario

El Dr. Gustavo Gutierrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, invita a la marcha en defensa del sector agropecuario. Esta se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de marzo, a las 9:00 a.m, saliendo del Parque de la Merced.

El Consejo Nacional de Rectores, la Universidad de Costa Rica y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se suman al llamado en defensa del sector agropecuario nacional.