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Etiqueta: CONARE

CONARE rechaza y desmiente declaraciones del Presidente de la República sobre financiamiento de la educación superior pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

3 de febrero del 2023. Ante las declaraciones del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, realizadas ayer durante la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, en la cual indicó que las universidades estatales no rinden cuentas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y que se ha recortado presupuesto destinado a las becas, a la investigación y a la infraestructura, entre otras argumentaciones.

El Consejo Nacional de Rectores rechaza y desmiente enfáticamente los argumentos falsos del Poder Ejecutivo emitidos sin datos ni evidencia y que están alejados de la realidad y de la gestión de las universidades estatales.

1. La educación universitaria pública para el año 2021, contaba con una población de más de 143.000 estudiantes. De la cual el 82% de los estudiantes matriculados de primer ingreso procedían de los colegios públicos y más del 64% de los graduados de las universidades estatales provenían de hogares donde los padres no tienen un título universitario.

2. Durante el año 2021, el 63% de los estudiantes de las universidades públicas contaron con algún tipo de becas, porcentaje superior al 80% en las regiones periféricas del país.  Las universidades estatales han reforzado de manera significativa y sostenible los presupuestos de becas y apoyos socioeconómicos a estudiantes.

3. Aumento en el acceso a la universidad estatal de jóvenes de hogares más pobres afirma el último informe del Estado de la Educación (2021). En una década, la proporción de jóvenes de 18 a 24 años de hogares de quintil bajo de ingresos (quintil 1, quintil 2 y quintil 3) que accedió a la educación universitaria pública aumentó pasando de 8% en 2010 a 20,12% (2021) en el quintil 1, de 15,5% a 26,21% en el quintil 2 y de 21,7% a 32,47% en el quintil 3.

4. En Costa Rica son las Universidades Públicas las que más invierten en investigación científica, el desarrollo e innovación, más del 90% de la investigación desarrollada en el país se realiza en las universidades públicas. Durante el 2021, se realizaron 2.240 proyectos de investigación, más de 2.000 publicaciones científicas y se invirtió 67.599 millones de colones en I+D.

5. Las universidades públicas son las únicas que realizan proyectos de Extensión y Acción Social para solventar las necesidades de poblaciones y sectores claves para el país. En el 2021 se desarrollaron 1.259 proyectos, ejemplo de ello es el proyecto “Costa Rica aprende con la U pública”. Esta modalidad organiza cursos virtuales gratuitos y su oferta ha sido de 152 cursos que han impacto alrededor de 5.000 personas.

6. Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, por la naturaleza de sus servicios, requieren de un fuerte componente de talento humano, y esto lógicamente se refleja en sus presupuestos. Para el 2021 y 2022, no hubo ningún tipo de aumento salarial, ni reconocimiento de la anualidad. Estas medidas y otras en materia salarial han hecho que el presupuesto destinado a “Remuneraciones” muestre una tendencia a la baja, disminuyendo en el periodo 2019-2022 en ¢2.782 millones de colones. Se debe tener presente que los resultados de las medidas tomadas en materia salarial tienen un efecto mayor a largo plazo.

7. El Consejo Nacional de Rectores trabaja en un régimen de empleo unificado para el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal con sus procesos de remuneraciones, reclutamiento, selección, nombramiento, administración, méritos, evaluación y sancionatorios, conforme a los principios del régimen de empleo del sector público, estipulados en las leyes, los Estatutos Orgánicos de las universidades y la Constitución Política, el cual estará listo para el 2024.

8. Las universidades estatales cumplen con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Se somete a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, las universidades públicas han cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.

9. El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.

10. El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.

Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.

Es evidente que la posición del Poder Ejecutivo no tiene fundamento, los argumentos empleados son falsos y responden a un ataque que pretende debilitar y dañar la gestión de las universidades públicas, con la intención de intervenir en la educación universitaria estatal, como lo pretende hacer con el proyecto de ley 23.380, contrario a lo establecido constitucionalmente.

Desde las universidades públicas nos permitimos recordar que la mejor defensa de la ley y la institucionalidad, pasa por garantizar a la educación pública el presupuesto del 8% del PIB como un mínimo garantizando por la Constitución, esa es la mejor arma contra la politiquería, las noticias falsas, los discursos de corte populista y la polarización de la sociedad costarricense.

Pese al tono ofensivo de las palabras, emitidas en la conferencia de prensa, las universidades públicas seguirán esperando que el Poder Ejecutivo permita que se materialice la aspiración constitucional de que, en el marco de la autonomía, coordinemos para buscar potenciar el desarrollo nacional, como lo hemos hecho siempre.

Es por eso, que hacemos un llamado al Gobierno de la República al equilibrio, al respeto y a la observancia de la Constitución Política, a proporcionar información veraz que es la base para una sociedad más crítica, educada y que pueda tener herramientas para discernir las ideas que nos hagan progresar hacia una sociedad más democrática y equitativa.

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Llamado urgente sobre Acuerdo de Escazú por parte de la presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

La presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, María Elena Fournier S., ha hecho un llamado urgente dirigido a CONARE para que se pronuncie respecto al Acuerdo de Escazú para que Costa Rica lo ratifique y firme, según comenta, de no hacerlo, esto sería una gran pena y vergüenza internacional enorme en caso de archivarse dicho Acuerdo en la Asamblea Legislativa.

Plantea que es un tema de derechos humanos, el ampliar y actualizar su contenido, acorde a la realidad neoliberalista o de “capitalismo salvaje” actual. Insta a no “dar la espalda” como se hizo anteriormente ante el “combo fiscal” en la que no se dio respaldo a los y las docentes. Según comenta, “la Patria nos llama, es responsabilidad constitucional, nuestra también”.

Destacar además que la presidenta de dicha Asociación ha hecho llamados anteriores dirigidos hacia las y los diputados, y hacia el ministro de Ambiente y Energía (MINAE) a darle la importancia que el proyecto del Acuerdo de Escazú requiere, y sus implicaciones para el país.

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Información compartida con SURCOS por María Elena Fournier S.

Consejo Nacional de Rectores declara año 2023: “Universidades públicas ante el Cambio Climático”

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

12 de enero del 2023.  En el contexto mundial y nacional se enfrenta la crisis climática, situación que ha generado cambios en el entorno y lo ha vuelto vulnerable ante ciertas situaciones y una de ellas es la del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Este contexto ha sido precedido por una afectación en la salud de las personas, migraciones forzadas de la población mundial, una disminución de la producción de alimentos.

Es por ello, que el Consejo Nacional de Rectores acordó declarar el año 2023: “Universidades públicas ante el Cambio Climático”.  Este acuerdo se fundamenta en que el Consejo Nacional de Rectores y las Universidades Públicas, definieron en el Plan Nacional de Educación Superior Universitaria 2021 – 2025 la sostenibilidad como eje estratégico transversal, adicional, los temas de sostenibilidad ambiental y adaptabilidad al cambio climático deben ser considerados como parte de los procesos de actualización de los planes de estudio de las carreras.

El acuerdo señala que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en el año 2015, son objetivos de alcance global que plantean un compromiso colectivo, cuyo fin último es erradicar la pobreza y la desigualdad, proteger al planeta contra la degradación y los efectos del cambio climático, y garantizar los derechos humanos para todas las personas. 

Las Universidades públicas deben transversalizar los ODS en las actividades universitarias de docencia, investigación, extensión y acción social, vida estudiantil y gestión, desde la formulación de los planes estratégicos, operativos, programas y proyectos de las universidades y fondos del sistema.

Por tal motivo, las Universidades Públicas como agentes de cambio promoverán espacios de discusión, análisis y generación de propuestas para la atención de los retos que enfrenta nuestra casa común, tales como la adaptabilidad al cambio climático y la reducción de pérdidas y daños por eventos extremos.

Como parte de su labor aportan a las metas de descarbonización, mediante procesos de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento por medio del desarrollo de nuevas tecnologías en fuentes de energía renovables, infraestructura, industria y sistemas agropecuarios de bajas emisiones y uso eficiente del agua.

La declaratoria define que cada universidad pública materialice su compromiso ambiental frente a la adaptabilidad al cambio climático, mejorando la observación sistemática de la tierra y del clima y la métrica del cambio climático,  reforzando la acciones dirigidas al ahorro energético, promoción de la movilidad sostenible y manejo de aguas residuales, que promueven una gestión baja en emisiones; así como la definición de estrategias en materia de la atención integral de la prevención de riesgos de desastres, la reducción de pérdidas y daños y de la conservación y restauración de ecosistemas.

Además, que adopten políticas académicas de formación de profesionales de manera integral y trans-disciplinaria, contemplando la sostenibilidad ambiental y el cambio climático como componentes a incluir en el quehacer universitario; así como el compromiso en la generación de políticas asociadas al desarrollo de campus sostenibles y de ciudades inteligentes.

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CONARE, UCR, TEC, UNA, UNED, UTN y NEXO invitan al Congreso Nacional de Innovación: “Dialoguemos sobre innovación para los territorios y las comunidades”

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

SURCOS comparte la siguiente información:

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), UCR, TEC, UNA, UNED, UTN y NEXO le invitan al Congreso Nacional de Innovación: “Dialoguemos sobre innovación para los territorios y las comunidades”.

En los siguientes encuentros:

  • 01 de noviembre en la Región Brunca: Sede Regional Brunca de la UNA, Pérez Zeledón.
  • 08 de noviembre en la Región Huetar Norte: Campus Tecnológico, local San Carlos del TEC, Santa Clara.
  • 09 de noviembre en la Región Huetar Caribe: Sede del Caribe de la UCR, Limón.
  • 15 de noviembre en la Región Chorotega: Sede Regional de Guanacaste de la UTN, Recinto Corobicí.
  • 22 de noviembre en la Región Pacífico Central: Sede Universitaria Puntarenas de la UNED, El cocal.
  • 29 de noviembre en la Región Central: Edificio Dr. Franklin Chang Diaz, Consejo Nacional de Rectores.

No te pierdas la oportunidad de asistir, verifica las fechas en las que se impartirá en tu Región mas cercana. Para conocer más de nosotros ingresa en el siguiente enlace: https://www.congresoinnovacion.conare.ac.cr/

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Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dra. Yamileth González García, exrectora UCR y Colectivo Mujeres por Costa Rica

Costa Rica vive en la actualidad circunstancias que amenazan, como nunca, su estabilidad democrática y que, ponen en riesgo el Estado Social de Derecho y, en particular a las instituciones de educación superior pública.

El proyecto del Gobierno de Costa Rica que plantea una “Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior”, expediente 23.380, es un irrespeto a las universidades públicas y muestra una ignorancia impropia de un Poder Ejecutivo. El proyecto inicia con una conceptualización pobre, y peor, errada de lo que son las universidades públicas, desconociendo profundamente sus características y la esencia misma de lo que es una universidad. Cuando señala que “El financiamiento de la educación en Costa Rica no se ha puesto en duda a lo largo de décadas”, evidencia, además, desconocer que durante los años de 1980 y 1990 ese financiamiento se vio severamente disminuido, particularmente para la educación superior, como, también, lo ha sido en décadas más recientes.

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Cuando se afirma que la universidad pública ha sido considerada, simplemente “…como un mecanismo de movilidad social, fundamental para el país…“ nos hace entrar en dudas si los proponentes de este proyecto entienden la esencia de la Universidad; se pone en evidencia que, para el Gobierno, las universidades son, de manera excluyente, simples casas de enseñanza, centros de formación de profesionales y, quienes vivimos la vida universitaria a profundidad, sabemos que en nuestro país el quehacer de estas instituciones es mucho más que eso, que está asentado sobre tres pilares esenciales: la investigación, la docencia y la acción social, cuando, además, se señala que las universidades, no están cumpliendo a cabalidad su misión porque no están formando los recursos profesionales que requiere el mercado, surge la pregunta ¿Qué es esa concepción de universidad, que la reduce, exclusivamente, a formar profesionales para la empresa privada y su interés mercantil? Si la visión que prevalece en el documento está dirigida a dar prioridad a las carreras que demande la empresa privada, entonces ¿dónde queda el concepto de un desarrollo integral? ¿Adónde van a dar las carreras de ciencias sociales, de arte y las humanidades? que son, precisamente, las que desarrollan en sus graduados la formación de destrezas relacionadas con el liderazgo, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en grupos, que tanto ha influido en la idiosincrasia nacional.

En el artículo1 se establecen límite a la distribución del FEES, el cual sería, fundamentalmente, para financiar la regionalización, las becas y la infraestructura y, entonces, ¿no existe financiamiento para la investigación y la acción social? En la perspectiva de este proyecto a la investigación se le da un papel marginal y la acción social es absolutamente inexistente. Y eso no es casual: así buscarían romper o silenciar la significativa relación que las universidades tienen con la sociedad. A eso se le une que, según este proyecto de ley, la creación de nuevas carreras solo se podría dar si son acordes con el Plan Nacional de Desarrollo (art.7), o sea que se elimina la potestad de las universidades de hacer inversión académica en áreas que estas consideren pertinentes.

A pesar de que, como se señala en el expediente 23.380, hubo, desde la Asamblea Constituyente de 1949, algunos legisladores que discutieron sobre la asignación del presupuesto para la Universidad, otros con sabia visión, como Rodrigo Facio, Carlos Monge y Fernando Baudrit… buscaron protegerla de posibles y futuros embates, como el que se vive en los momentos actuales.

Es inadmisible que, el Gobierno, tergiverse la Constitución Política y señale que el Estado solo debe comprometerse presupuestariamente, con lo necesario para las universidades, y así dejarlas sometidas a los criterios políticos de turno, asignando el mínimo y no el máximo.

No es admisible desde ningún punto de vista y el proyecto lo hace, que se irrespeten los procedimientos universitarios en temas diversos, como son la asignación o distribución de los recursos, la regionalización, etc. y, menos aún, que órganos de la coordinación institucional de las universidades sean eliminados o despojados de sus atribuciones en aras de un control total del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se señala, las universidades siempre han contado con una instancia de coordinación de la educación superior (CONARE), quinquenalmente se han elaborado planes de desarrollo universitario (PLANES) y hay un fondo especial denominado FEES. Por todo lo anterior resulta inaceptable pensar que la educación superior pueda estar administrada, como se propone en el artículo 4, por cuatro ministros de gobierno o sus representantes, encargados de desarrollar el Plan de la Educación Superior y de promover, fiscalizar y evaluar el FEES. Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos.

No es de recibo la falaz afirmación de que en la educación superior pública se camina sin controles y que las universidades quieren estar exoneradas del cumplimiento de las leyes de la República; por el contrario siempre se han ajustado a todos los controles de la Contraloría General de la República (presupuestos, refrendo de contratos, etc), también de los mismos organismos de control internos, de los Tribunales de Justicia y de toda la legislación nacional pertinente: por eso la defensa frente a esta proyecto que atenta contra sus derechos, no solo es necesaria y urgente, así como cualquier otra legislación que vaya en contra de estas instituciones.

Inconcebibles son las trabas que se proponen para una ágil y eficiente administración de los recursos, si estos pasan a ser administrados por el Banco Central, y, peor aún, que las universidades tengan que hacer, mensualmente, los trámites para solicitar los fondos requeridos (art.3) y si los recursos, considerados excedentes deben pasar a la Caja única del Estado, pues, entonces, se crean impedimentos para la realización de obras que requieren más tiempo que el que define el período presupuestario señalado.

Es de esperar que una propuesta que irrespeta tanto a las universidades públicas no reciba la atención de la Asamblea Legislativa y que, en ese espacio, no olviden que, aún en tiempos de crisis, no se debe amenazar, como lo ha hecho inconcebiblemente el Presidente Chaves, a la sociedad con el quiebre de nuestro sistema democrático, sino que, por el contrario, recuerden que consolidar la naturaleza de bien público de la educación, constituye el mejor camino para fortalecer la democracia.

El proyecto de “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” violenta la autonomía de las universidades públicas y la institucionalidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José María Gutiérrez
Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Se encuentra en la corriente legislativa el proyecto denominado ‘Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior’ (expediente N° 23.380), presentado por el Poder Ejecutivo. Dicho proyecto violenta de manera flagrante aspectos centrales de la autonomía universitaria y, de aprobarse, tendría serias consecuencias para la institucionalidad del país.

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¿Qué es la autonomía universitaria?

Al calor de la discusión de este proyecto, conviene refrescar el concepto de autonomía universitaria. “La autonomía incluye la libertad académica o de cátedra, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios y para decidir sobre el uso de los recursos que les provee el estado. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión. En el caso de Costa Rica, la autonomía universitaria está claramente establecida en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política. El cumplimiento de la misión académica, cultural y social de las universidades públicas requiere del ejercicio de la plena autonomía, para que puedan ser un espacio de pensamiento y acción libres, no supeditados a los poderes fácticos, sino al servicio de toda la sociedad.” (Gutiérrez, 2021).

¿Por qué violenta este proyecto la autonomía universitaria?

El artículo 4 del proyecto propone la creación del Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que estaría constituido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y por cuatro ministros o ministras del gobierno.

El artículo 5 dice textualmente: “Corresponderá al Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal. Para estos efectos deberá elaborar un Plan de Desarrollo de la Educación Universitaria Estatal, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, las perspectivas de desarrollo de la investigación y extensión universitaria al crecimiento económico, social y ambiental del país. Este plan deberá definir metas, indicadores y resultados esperados de corto, mediano y largo plazo.  Para lo cual se elaborará un plan quinquenal y se definirán informes a los tres años del plan y al finalizar el quinquenio.”

En otras palabras, el proyecto propone crear un nuevo organismo, con la participación de cuatro ministros o ministras, el cual elaboraría un plan nacional de desarrollo universitario, definiría metas, indicadores y resultados esperados. Es decir, el accionar de las universidades públicas estaría supeditado a este órgano y, para efectos prácticos, pasaría a ser controlado en gran medida por las autoridades de los gobiernos de turno. Esto liquidaría, en la práctica, el ejercicio de la autonomía universitaria, con todas las implicaciones que esto tendría.

El texto del proyecto de ley refleja un desconocimiento enorme del concepto de la autonomía universitaria. Por ejemplo, se dice que “es evidente que la autonomía universitaria está circunscrita a la parte organizativa de las instituciones y a las facultades de autogobierno de las universidades públicas costarricenses”. La constitución política y diversas resoluciones de la Sala Constitucional muestran, por el contrario, que la autonomía va mucho más allá de la parte organizativa de estas instituciones, ya que incluye decisiones y ámbitos que involucran muchos otros aspectos de la vida institucional, como señala la definición al inicio de este ensayo.

Resulta paradójico que el texto del proyecto recurra a citas de la Sala Constitucional para apoyar la propuesta, tergiversando el espíritu de varias de ellas, e incluye una cita (Voto 1313-03) que más bien confirma que este proyecto contradice los pronunciamientos emitidos por dicha Sala. En dicho voto, con respecto a la autonomía, se indica que: “…significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas (se refiere a las universidades, aclaración nuestra) están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden auto determinarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio”. Los artículos 4 y 5 del proyecto de ley arriba citados contradicen drásticamente este texto de la Sala Constitucional.

¿Por qué es esencial mantener la autonomía universitaria?

Las universidades públicas cumplen roles esenciales en la vida del país. Por un lado, generan amplios contingentes de profesionales de excelente calidad que nutren los espacios privado y público del país. Un reflejo de esto es la alta empleabilidad de las personas que se gradúan de dichas instituciones. Además, las universidades son el principal reservorio de ciencia y tecnología de Costa Rica. Son centros que tienen una enorme proyección a la sociedad a través de múltiples formas de extensión que llegan a amplios sectores de la población en todo el país. Esta multiplicidad de aportes ha sido posible gracias al ejercicio de la autonomía.

Tan importante como lo anterior es el hecho de que, gracias a su autonomía, las universidades públicas son centros permanentes de reflexión sobre la realidad nacional. Este ejercicio de análisis, ejercido de forma autónoma, es fundamental, pues genera insumos de pensamiento y conocimiento que iluminan amplios aspectos de la vida del país. El trabajo universitario no debe estar regido por decisiones que emanen de los poderes políticos, pues ello aniquilaría ese sentido de reflexión permanente para convertirse en simples ejecutoras de políticas emanadas de poderes fácticos. Ello no implica de ninguna manera que las universidades no tengan una coordinación activa y profunda con los planes nacionales de desarrollo y con las instituciones del estado. Esta relación existe y siempre ha existido. Pero debe darse en el marco de su autonomía.

Lejos de lo que algunos piensan, incluyendo sectores del actual gobierno, el país necesita, para garantizar un desarrollo próspero y con equidad, de la existencia de universidades autónomas, en las que se estudie la realidad nacional y se cultiven saberes diversos, en un permanente ejercicio de reflexión, investigación y formación. También necesita la forja de profesionales que no solo sean competentes técnicamente, sino que posean una visión amplia de la realidad y puedan ser personas creativas, innovadoras y solidarias. Y requiere instituciones de educación superior que no solo respondan a los intereses de sectores políticos y económicos específicos, sino que sirvan a toda la sociedad. Estas metas son posibles de alcanzar solamente en el contexto de instituciones verdaderamente autónomas.

Por este medio hago un llamado vehemente a las señoras diputadas, a los señores diputados, a los partidos políticos, a las comunidades universitarias y a la ciudadanía en general a rechazar de manera enfática el proyecto de la “Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior”. Nuestro país no merece semejante retroceso en su institucionalidad.

Referencia citada

Gutiérrez, J.M. (2021) Reflexiones desde la Academia. Universidad, Ciencia y Sociedad. Editorial Universidad de Costa Rica.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

CONARE rechaza categóricamente el Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Una vez más y de manera sistemática, el Gobierno irrespeta el orden constitucional y el Estado Social de Derecho al condicionar el funcionamiento de las universidades públicas a los intereses de los gobiernos de turno.

El Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) está garantizado en la Constitución Política:

  • En los artículos 78 y 85, en cuanto a su monto e indexación.
  • En el artículo 84 en cuanto a la autonomía e independencia del gobierno universitario que planifica su aplicación y destino.
  • En el artículo 85 en cuanto a sus fines constitucionales y su asignación institucional.

El FEES tiene como destino constitucional único, atender al financiamiento del quehacer sustantivo de las universidades públicas y sus distintos programas, desarrollados de conformidad con el Plan Nacional para la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES).

El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.

El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.

Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.

Adicionalmente, en la última negociación del financiamiento universitario fueron incorporados en el Anexo del Acuerdo de Financiamiento, índices específicos de desempeño asociados con este financiamiento, derivados del PLANES vigente.

Tal y como lo establecen los artículos 84 y 85 de nuestra Carta Magna, le corresponde al CONARE elaborar el PLANES y definir la distribución del FEES.

Nuestras universidades reiteran su compromiso con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Sometemos a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, hemos cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.

El CONARE rechaza categóricamente el Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas y reprueba la intención del Gobierno para intervenir en materias constitucionalmente asignadas al gobierno autónomo universitario y llama a todas las autoridades gubernamentales a respetar el orden constitucional y los principios democráticos de nuestra Nación.

Hacemos un llamado de alerta a las comunidades universitarias y a la propia comunidad nacional para manifestarnos en defensa del Estado Social de Derecho.

Confiamos plenamente que la Asamblea Legislativa actuará conforme a la observancia de los principios y normas constitucionales vigentes.

 

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

CONARE lamenta y desaprueba los hechos vandálicos ocurridos en contra de la casa de la ministra de Educación

Escrito en . Publicado en Derechos.

En un comunicado publicado el día 21 de agosto del año en curso (2022), el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), lamentó y desaprobó los hechos ocurridos el mismo día en la casa de la ministra de Educación Pública, señora Katherine Müller Marín, donde algunas personas lanzaron huevos a la propiedad.

Estos actos de vandalismo e irrespeto no son propios de la convivencia de la sociedad costarricense, por el contrario, en nuestra democracia las voces se levantan a través del diálogo, encaminado al aporte constructivo para alcanzar las soluciones que el país requiere.

Por lo anterior, hacemos un llamado a no alterar el orden, a fortalecer el respeto y el pacifismo, que son parte de los valores que han distinguido la convivencia en nuestro país y el ser del costarricense.

 

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Gobierno de la República pospone la sesión de la Comisión de Enlace

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Comunicado de prensa

El 17 de agosto a eso de las 7:00 a.m., se recibe el oficio DM-1003-08-2022 por parte de la ministra de Educación de suspender la cuarta reunión de la Comisión de Enlace, por lo cual, el Consejo de Rectores y la Confederación Estudiantil Universitaria lamentan esa decisión y reiteran su compromiso para continuar la negociación del FEES 2023.

Por otra parte, se hace un respetuoso llamado a la ministra de Educación para respetar los acuerdos del 16 de agosto y retomar las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior a la brevedad posible.

Compartimos el comunicado en la siguiente imagen.

 

Imagen ilustrativa.

Rectores y federaciones de estudiantes agradecen respuesta de las comunidades universitarias

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

  • Universitarias y universitarios se manifestaron en defensa de la educación pública y el respeto a la Constitución Política

  • Multitudinaria manifestación política

16 de agosto del 2022. Este martes 16 de agosto del 2022, las cinco universidades públicas, en conjunto con diversos sectores sociales, participaron en una manifestación pacífica hacia Casa Presidencial de cara a la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2023. La consigna fue la defensa de la educación pública y el respeto a la Constitución Política, resaltando siempre el aporte de las universidades estatales a la sociedad y el valor de lo público en el desarrollo nacional.

La manifestación fue concurrida por miles de personas, incluyendo estudiantes, personal universitario, diputados y diputadas, sindicatos, partidos políticos y mucho más. Destaca también, el desarrollo de diversas actividades artísticas y culturales que, precisamente, resaltaron la necesidad de fortalecer la inversión en educación.

“Agradecemos profundamente a todas las personas que concurrieron hoy a manifestarse pacíficamente en defensa de la educación pública y la Constitución Política. Como parte del avance en la negociación, se garantiza mantener el presupuesto establecido para becas y apoyos a la población estudiantil” manifestó Rodrigo Arias Camacho, presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Durante la manifestación, la Comisión de Enlace sesionó en Casa Presidencial y se llegó a un acuerdo respecto a establecer como base de cálculo el presupuesto de 2022, por lo que el fondo no sufrirá ningún recorte. Mañana, a las 2:30 p.m. La Comisión de Enlace volverá a sesionar en las instalaciones de CONAR para dialogar sobre el incremento por el costo de vida, respecto a la base de cálculo acordada, y otras acciones que pueden emprender las universidades para apoyar  el desarrollo nacional y social.

“La educación pública es un motor de movilidad y transformación social. Desde las cinco Federaciones de Estudiantes continuaremos luchando por garantizar una inversión justa y constitucional para la educación, como nuestro país lo necesita”, señaló el Sr. José Antonio Ugalde Herrera, representante estudiantil de la Comisión de Enlace.