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Etiqueta: CONARE

Universidades estatales presentan proyecto Costa Rica Aprende con la U Pública

Es una iniciativa coordinada y articulada por las universidades públicas para llevar cursos cortos y gratuitos a la población

La Universidad de Costa Rica ofrece a través de la Acción Social una variedad de cursos abiertos a toda la población con opciones de actualización profesional, cursos libres y cursos de formación permanente. La oferta la sistematiza cada unidad académica. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

El Consejo Nacional de Rectores presentó esta mañana el proyecto Costa Rica Aprende con la U Pública, una iniciativa coordinada y articulada por las cinco universidades públicas. El objetivo es organizar cursos libres de acceso que faciliten conocimientos y el desarrollo de capacidades o destrezas, en los diferentes campos de especialidad de cada universidad.

Los cursos que se impartirán son dirigidos para toda la población nacional, de acuerdo con las poblaciones meta establecidas por universidad. Son cursos gratuitos y virtuales.

Tendrán una duración de 12 horas efectivas: 8 horas contacto presencial-remoto y 4 horas de trabajo independiente.

El cupo mínimo es de 8 personas para la apertura y como máximo 25 personas. Cada persona podrá matricular un máximo de 2 cursos. Las personas estudiantes recibirán un certificado de participación digital por cada curso matriculado.

Las áreas temáticas son: Producción ecoeficiente: agropecuaria y de recursos naturales, Tecnologías de la información y comunicación, Salud ecosistémica y calidad de vida, Humanismo, arte y cultura, Desarrollo tecnológico e innovación industrial y de servicios, Ambiente, territorio y sustentabilidad, Educación y desarrollo integral.

Las poblaciones meta son: niños de 10 a 12 años, jóvenes, público (16 a 59 años) y persona adulta mayor.

Para el presidente del Conare, Francisco González, esta es otra acción de las universidades que procura responder a la necesidad de capacitación de la población en medio del panorama de la pandemia y que busca ofrecer cursos de calidad, de manera gratuita y virtual a toda la población nacional, organizados por áreas temáticas y grupos etarios de interés.

Fechas de matrícula por institución

Universidad Nacional

  • Matrícula: 1 al 5 de febrero de 2021
  • Periodo lectivo: 8 de febrero al 6 de marzo de 2021

Universidad Técnica Nacional

  • Matrícula: 15 al 18 de febrero de 2021 / 5 al 8 de julio de 2021
  • Periodo lectivo: 1 al 12 de marzo de 2021 / 19 al 31 de julio de 2021

Universidad Estatal a Distancia

  • Matrícula: 15 al 19 de marzo de 2021
  • Periodo lectivo: 12 de abril al 30 de julio de 2021

Instituto Tecnológico de Costa Rica

  • Matrícula: 24 de febrero al 16 de marzo de 2021
  • Periodo lectivo: 20 al 28 de marzo de 2021

Universidad de Costa Rica

  • Matrícula: mayo-junio
  • Periodo lectivo: agosto.

Conare
Consejo Nacional de Rectores

CONARE: Expertos critican errores en proyecto de Ley de Empleo Público

Actividad del Consejo Nacional de Rectores

El Estado destina la mitad de sus ingresos al pago de salarios y existe justificación para organizar los sueldos del sector público. No obstante el proyecto tiene yerros importantes que deben corregirse.

M.Sc. Francisco González Alvarado, presidente del Conare y Rector de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Un grupo de profesionales convocados por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) criticó las inconsistencias y las omisiones estructurales del proyecto de Ley de Empleo Público, el cual se discute en este momento en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

El análisis se realizó como parte del “Foro virtual sobre empleo público”, que reunió a cinco representantes de las universidades públicas congregadas en Conare. El evento se transmitió este viernes 29 de enero en horas de la mañana, vía Facebook Live en https://www.facebook.com/ConsejoNacionaldeRectores.

La ley cifra ocho “familias” o categorías de trabajadores estatales, agrupadas según el tipo de puesto. De aprobarse la ley, los funcionarios públicos tendrían la opción de adherirse al salario global de su categoría (en caso de percibir un monto menor) o de permanecer con el sueldo actual. No obstante, si la persona prefiere mantener su salario actual – mayor al del su categoría -, este se congelaría hasta que quede nivelado y su único aumento sería el que se fije por costo de vida, una vez que sea alcanzado por el monto global.

Los expertos además argumentaron que la iniciativa desincentiva la competitividad académica, se establece una injerencia inconstitucional de entes políticos en la planificación de los recursos humanos de instituciones autónomas y que aún no sabe aún cuál sería el monto al que aspirarían los trabajadores estatales en este escenario, entre otros cuestionamientos más.

El actual presidente de Conare y rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, señaló que la iniciativa tiene “debilidades internas, contradicciones propias y ausencias centrales”. Lo anterior, debido a que envuelve a todos los académicos en un salario global único. Con ello se afecta la competitividad educativa y expone a las universidades públicas a una eventual “fuga de cerebros” hacia otras universidades internacionales o empresas privadas.

En cuanto a los aspectos legales, la directora de la Oficina Jurídica de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Ana Lucía Valencia, señaló que el texto desconocería las muchas particularidades del sector docente, como lo son la preparación académica y el tipo de labor anexa que realizan (investigación o acción social).

Además, si los empleados públicos que ganan menos se pasan a salario global, esto significará una erogación mayor por parte del Estado”, expresó Valencia, aduciendo que se trataba de un contrasentido en un contexto de crisis económica como el actual.

Dr. José Antonio Cordero, MAE Nelson Ortega Jiménez, Lic. Ana Lucía Valencia González, Dr. Giovanni Beluche Velásquez y Dra. Shirley Benavides Vindas. Formaron parte del foro sobre Empleo Público.

https://www.facebook.com/1b4f44a2-fe92-4da3-9ee0-01436c1dc83e

Otro aspecto señalado por Valencia es que, por orden constitucional, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no decrecerá, por lo que el dinero no destinado a los aumentos salariales tampoco pasará al presupuesto nacional, quedando de todos modos en las arcas de las universidades públicas.

Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, José Antonio Cordero, aceptó que el Estado destina la mitad de sus ingresos al pago de salarios y que existe alguna justificación para organizar los sueldos del sector público. No obstante, aseguró que el proyecto tiene yerros importantes que deben corregirse.

“El sistema de pluses ha generado un aumento escalonado y el crecimiento de la planilla se ha vuelto descontrolado, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero se parte del supuesto de que todos los incentivos son automáticos y hay muchos de estos beneficios que se basan en la productividad, como el sistema de régimen académico, que toma en cuenta aspectos como publicaciones o servicio a la institución”, manifestó Cordero.

El director del IICE-UCR además criticó que el proyecto no tiene una metodología lo suficientemente clara. Insistió en que tampoco dice cuáles son los criterios jurídicos para fundamentar varios de sus artículos y aumenta el riesgo de que sean solo las personas menos calificadas las que quieran trabajar con el Estado, debido a un esquema salarial poco atractivo.

Por su parte, la directora de la Escuela de Economía de la UNA, Shirley Benavides, advirtió que la inexperiencia de la Dirección General del Servicio Civil, nueva rectora del empleo público, en temas de administración universitaria haría que no se tomen en cuenta la estrategia ni la dirección de política pública propias de un centro académico superior.

“Con este proyecto no se han discutido los cambios estructurales profundos para generar el bienestar que la Constitución Política solicita”, manifestó Benavides.

Según los cálculos hechos por Ana Lucía Valencia de la UNED, en Costa Rica existen alrededor de 270 000 empleados públicos que se verían afectados por esta ley, en caso de aprobarse.

 

Pablo Mora Vargas
Periodista, Rectoría

UNA impulsará defensa del valor social de U Pública desde Conare

  • El rector de la Universidad Nacional Francisco González Alvarado ejercerá la Presidencia del Consejo Nacional de Rectores durante el 2021.

Al conmemorarse 46 años de existencia del Consejo Nacional de Rectores (Conare), el rector de la UNA Francisco González Alvarado asume la Presidencia de este órgano universitario con la firme convicción de llevar a cabo todas las luchas necesarias para defender a las universidades públicas de Costa Rica.

En su discurso inaugural, el rector insistió en los tres grandes retos que enfrenta actualmente la Presidencia de Conare: “El primero dar el impulso, el banderillazo de salida a la formulación del PLANES 2021-2025; el segundo apoyar a las universidades en los procesos necesarios para lograr un regreso gradual y seguro a la presencialidad, y el tercero, pero no menos importante, mantener la defensa de la universidad pública como bien público social en la situación de crisis y de restricción presupuestaria que enfrentamos”.

González reconoció que si bien Costa Rica enfrenta un panorama difícil, “confiamos en el potencial de la universidad pública para seguir fortaleciendo la democracia y seguir contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas en el territorio nacional”.

Por ello pondrá énfasis en la defensa de la educación pública como pilar fundamental en la consolidación de la democracia costarricense, por lo que “debemos defender que se mantenga como un bien público social y un derecho humano, como un bien común de todas y todos los costarricenses. Ello implica pensarla como un espacio científico-cultural amplio, en clave humanista, desde donde se promueven acciones que contribuyen al mejoramiento del bienestar y que contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población costarricense, a fortalecer la democracia, a promover la justicia social y superar las inequidades”.

El Consejo Nacional de Rectores fue creado mediante “Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica”, suscrito por las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el 4 de diciembre de 1974 y reformado por éstas el 20 de abril de 1982. En él se regulan aspectos de coordinación para el ejercicio conjunto de la autonomía universitaria en diversos ámbitos.

Francisco González Alvarado será su presidente por un año. Él es bachiller en Historia, licenciado en Estudios Sociales y máster en docencia universitaria; asumió la Rectoría de la UNA en julio de 2020, institución en la que también se ha desempeñado como académico e investigador, subdirector de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) y como vicerrector académico en el periodo 2010- 2015.

Video aquí

Comunicado de la Oficina de Comunicación UNA

UCR: La mayoría de jóvenes de las universidades públicas utilizan las becas para financiar sus estudios

Así lo confirman los resultados obtenidos en una investigación del Conare para el año 2019

Los estudios universitarios posibilitan una mejor calidad de vida y un abanico de oportunidades laborales para los jóvenes del país. Foto ilustrativa Karla Richmond, UCR.

El 48,6 % de la población estudiantil encuestada en un análisis del Conare, tiene a las becas como la principal fuente de financiamiento de sus carreras en universidades estatales, mientras que quienes reciben el apoyo económico de sus padres representa el 46,5 %.

En las sedes regionales la distancia entre ambas variables aumenta considerablemente, pues las becas es la principal fuente de financiamiento para el 60,3 % de los estudiantes de la región Chorotega, el 58,5 % en el Pacífico Central, 74,6 % en la Brunca, 69,6 % en la Huetar Caribe y 59,9 % en la Huetar Norte.

Así se desprende del Estudio de caracterización de la población estudiantil universitaria estatal, 2019, que desarrolló el Consejo Nacional de Rectores (Conare), cuya muestra se basó en estudiantes quienes estaban matriculados en el primer ciclo lectivo del 2019, en alguna de las cinco universidades públicas.

El Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, presidente de Conare, indicó en un comunicado, que esta investigación estadística es “un instrumento para la rendición de cuentas a la sociedad y para la toma de decisiones en la planificación universitaria con miras al próximo quinquenio. Es la primera vez que se realiza a escala de las cinco universidades públicas y sus hallazgos resultan ser de gran relevancia, pues el conocer al estudiantado permite fortalecer sus programas de acompañamiento socioeconómico, cultural y curricular, entre otros”.

Detalles de la investigación

Este trabajo, realizado por la División de Planificación Interuniversitaria de Conare, fue hecho entre los meses de marzo y octubre del 2019 y la muestra aleatoria abarcó a un total de 13 987 estudiantes universitarios, quienes estuvieran matriculados en las múltiples sedes y recintos de las universidades públicas en todo el país. En el caso de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el estudio se aplicó por regiones de planificación.

Esta encuesta, que tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 4 %, brindó un dato adicional: el 74,7 % de los estudiantes consultados son de colegios públicos, mientras que el 16,2 % provienen de colegios privados.

Los sistemas de becas de las universidades públicas propician que aquellos jóvenes con limitaciones económicas, puedan cursar una carrera y asegurarse su futuro. Foto ilustrativa Karla Richmond, UCR.

Asimismo, el 73,2 % de los estudiantes se mantienen viviendo con sus respectivas familias durante el ciclo lectivo, y solamente el 26,8 % se separa de su residencia familiar para irse a estudiar.

Por otra parte, el 74,8 % de los estudiantes tienen conocimiento del idioma inglés, un 11,1 % del francés, y el 23,6 % sólo del español.

Este trabajo estadístico evidenció además que existe una valoración positiva, en cuanto a la satisfacción de los estudiantes hacia las universidades estatales, pues su calificación general fue de 4,1 en una escala en la que 5 era “totalmente satisfecho” y 1 “nada satisfecho”.

Aunado a esto, el trabajo que han hecho las universidades estatales dirigido a procurar la permanencia y continuidad de los estudiantes en sus carreras ha rendido sus frutos, pues el 81,5 % de la muestra no suspendió sus estudios.

Un dato adicional que se puede destacar de esta encuesta es que el 30,1 % del alumnado al que se contactó tenía un trabajo.

“Realizar estudios de este tipo permite a la sociedad conocer las principales características de la población universitaria estatal y visualizar, desde la perspectiva estudiantil, la opinión sobre sus casas de estudio y de los servicios y beneficios que apoyan su actividad académica”, indicó la M.Sc. Ilse Gutiérrez Coto, directora de la División de Planificación Interuniversitaria de Conare.

Finalmente, este análisis estadístico se va a realizar cada dos años, según afirmaron las autoridades del Conare, con el fin de mantener actualizadas las bases de datos y así obtener los insumos necesarios para definir las acciones tendientes a fortalecer las oportunidades de estudio de los jóvenes en Costa Rica.

 

Otto Salas Murillo
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Libro que promocionaba los transgénicos contiene plagio y la Editorial del TEC deberá retirarlo del mercado

  • CONARE se pronuncia ante denuncia por plagio en libro sobre biotecnología

(FECON, 15/09/2020) La Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) interpuso una denuncia ante los consejos universitarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), por violación a la ética y la excelencia académica cometido en el libro “Biotecnología para todos: conceptos, aplicaciones y beneficios”, publicado por la Editorial Tecnológica (ET), con la “autoría” de seis profesores de la UCR, cuatro del TEC y uno de la UNA.

En la denuncia se solicita: a) Retirar el libro del mercado; b) Realizar una investigación y sentar las responsabilidades que correspondan; y c) Publicar los resultados de la investigación en un diario de circulación nacional.

El libro se publica en el marco del cuestionado proyecto “Biotecnología para todos: socialización de conceptos, aplicaciones y beneficios”, que se desarrolló en los años 2015-2016 y 2018, financiado con fondos del Consejo Nacional de Rectores (Conare), por alrededor de 50 millones de colones, sin contar los salarios devengados por las personas involucradas en este proyecto.

En el libro se detectaron más de 900 faltas, de las cuales 642 (68,9 %) son por plagio, y 290 (31,1 %) corresponden a: faltas de ortografía (127) y nomenclatura (66); omisión de información relevante, información parcializada, tendenciosa, desactualizada o imprecisa (34); vínculos de Internet defectuosos (29); edición (17); omisión de citas bibliográficas (13); inclusión de términos inexistentes (2); y hasta menciones erróneas de nombres de comisiones (2).

Lejos de favorecer la imagen de las universidades públicas y el Conare, este tipo de prácticas atenta contra el importante rol que esas instituciones están llamadas a cumplir.

Ante esta denuncia hecha por la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) el CONARE se pronuncia al respecto y solicita se realicen dictámenes técnicos especializados por parte Edgardo Moreno Robles, científico y profesor emérito de la UNA e investigador activo en microbiología celular, genética, bacteriana e inmunología y miembro de UCREA de la UCR y por Ana Beatriz Arias Moreira, asesora legal. En dichos dictámenes se respalda este organismo para dar respuesta parcial a la denuncia interpuesta por fraude académico (especialmente plagio) encontradas en la publicación “Biotecnología para todos: Conceptos, aplicaciones y beneficios”.

Tanto el pronunciamiento del Conare, como los detallados dictámenes técnicos especializados emitidos sobre este libro, corroboran los gravísimos hechos denunciados por la RCB por violación a la ética y la excelencia académica, por parte de los funcionarios de las tres universidades públicas involucradas en la elaboración, revisión y publicación de este libro con fondos del Conare.

CONARE se pronuncia ante denuncia por plagio en libro sobre biotecnología

Información de la Red de Coordinación en Biodiversidad

La Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) interpuso una denuncia ante los consejos universitarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), por violación a la ética y la excelencia académica cometido en el libro “Biotecnología para todos: conceptos, aplicaciones y beneficios”, publicado por la Editorial Tecnológica (ET), con la “autoría” de seis profesores de la UCR, cuatro del TEC y uno de la UNA.

En la denuncia se solicita: a) Retirar el libro del mercado; b) Realizar una investigación y sentar las responsabilidades que correspondan; y c) Publicar los resultados de la investigación en un diario de circulación nacional.

El libro se publica en el marco del cuestionado proyecto “Biotecnología para todos: socialización de conceptos, aplicaciones y beneficios”, que se desarrolló en los años 2015-2016 y 2018, financiado con fondos del Consejo Nacional de Rectores (Conare), por alrededor de 50 millones de colones, sin contar los salarios devengados por las personas involucradas en este proyecto.

En el libro se detectaron más de 900 faltas, de las cuales 642 (68,9 %) son por plagio, y 290 (31,1 %) corresponden a: faltas de ortografía (127) y nomenclatura (66); omisión de información relevante, información parcializada, tendenciosa, desactualizada o imprecisa (34); vínculos de Internet defectuosos (29); edición (17); omisión de citas bibliográficas (13); inclusión de términos inexistentes (2); y hasta menciones erróneas de nombres de comisiones (2).

Lejos de favorecer la imagen de las universidades públicas y el Conare, este tipo de prácticas atenta contra el importante rol que esas instituciones están llamadas a cumplir.

Ante esta denuncia hecha por la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) el CONARE se pronuncia al respecto y solicita se realicen dictámenes técnicos especializados por parte Edgardo Moreno Robles, científico y profesor emérito de la UNA e investigador activo en microbiología celular, genética, bacteriana e inmunología y miembro de UCREA de la UCR y por Ana Beatriz Arias Moreira, asesora legal. En dichos dictámenes se respalda este organismo para dar respuesta parcial a la denuncia interpuesta por fraude académico (especialmente plagio) encontradas en la publicación “Biotecnología para todos: Conceptos, aplicaciones y beneficios”.

Tanto el pronunciamiento del Conare, como los detallados dictámenes técnicos especializados emitidos sobre este libro, corroboran los gravísimos hechos denunciados por la RCB por violación a la ética y la excelencia académica, por parte de los funcionarios de las tres universidades públicas involucradas en la elaboración, revisión y publicación de este libro con fondos del Conare.

Posición de CONARE ante informe de Comisión Legislativa sobre el FEES

10 de junio del 2020. El Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas después de conocer y analizar el informe de mayoría presentado por diputados que integran la Comisión Legislativa que estudió el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), manifestamos:

1) Universidades públicas y su contribución al país

Las universidades públicas son generadoras de conocimiento, centros de pensamiento crítico, formación integral y análisis de la realidad nacional. Las universidades estatales han desempeñado un papel vital en la consolidación del sistema democrático y la paz de nuestro país; gracias a su contribución al progreso social, económico, científico, cultural y ambiental de Costa Rica. Esto lo han hecho por medio de la generación del valor público producido por el sistema universitario estatal para el país, aportando profesionales de alto nivel, investigación científica y tecnológica, proyectos de extensión y acción social en diferentes comunidades, reforzando un modelo de país solidario, inclusivo y de bienestar para toda la ciudadanía.

Para ello, ha sido y es indispensable garantizar el adecuado financiamiento de la educación universitaria frente a intereses particulares económicos y políticos. Esta garantía ha sido elevada a rango constitucional por los artículos 78 y 85 de la Constitución Política.

La universidad pública forma profesionales en diferentes áreas de conocimiento: las ciencias, las artes, las letras y las tecnologías, importantes para fortalecer el acervo cultural, artístico, intelectual, científico de nuestro país, sin menoscabo de ninguna disciplina del conocimiento, propiciando así una formación integral y humanística de nuestros profesionales.

El dictamen de mayoría presentado no profundiza en el modelo de educación pública que ha construido las bases sociales, económicas y culturales de nuestro país ni tampoco hacia dónde queremos avanzar en esa materia para las próximas décadas, donde la educación responda a un modelo país y no exclusivamente a intereses económicos, empresariales o políticos.

Estamos convencidos de que las universidades estatales seguirán siendo fundamentales y necesarias para el futuro de Costa Rica. Cada una de las universidades estatales que conforman el sólido y consolidado sistema universitario público, seguirá cumpliendo su misión con la sociedad costarricense y continuarán trabajando en procura del desarrollo nacional.

2) Composición de CONARE

El CONARE fue creado por el Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, como un ente de coordinación del sistema universitario público.

Es un órgano propio de las universidades públicas y cuya adhesión es voluntaria, por lo que incorporar a otras entidades fuera de su ámbito no corresponde ni a su naturaleza jurídica ni a su autonomía. CONARE es el órgano responsable de la coordinación y la articulación de la gestión del sistema universitario estatal, en respeto a la autonomía de cada uno de sus miembros.

3) La Comisión de Enlace articula la gestión universitaria con las políticas públicas

En el Convenio de Coordinación y en la Ley Nº6162 de 1974 se considera la existencia de la Comisión de Enlace, conformada actualmente por los cinco Rectores, un representante estudiantil y cinco Ministros de Estado (Educación, Presidencia, Hacienda, Planificación y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones). Corresponde a esta Comisión de Enlace discutir y comunicar las iniciativas pertinentes para la formulación del PLANES, considerando políticas públicas de desarrollo, definidas por el Poder Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo. Le corresponde también negociar y definir el monto del FEES y una Agenda de Cooperación Gobierno – Universidades Públicas, que procura desarrollar proyectos conjuntos para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente.

La última Agenda de Cooperación incluyó 18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales. La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República.

4) Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES)

El quehacer de las Universidades Públicas se encuentra estrechamente articulado con el desarrollo nacional. CONARE analiza, considera e incorpora los lineamientos que establece el Plan Nacional de Desarrollo vigente en la formulación del PLANES, tal y como se establece en el artículo 85 de la Constitución Política.

Esto fue confirmado por la jerarca de Planificación en audiencia ante esta comisión especial legislativa para estudiar el FEES, donde explicó que el Plan Nacional de Educación Superior de las universidades públicas (PLANES) se elabora utilizando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y otros documentos del marco estratégico nacional. Esto significa que el FEES, expresión presupuestaria del PLANES, contribuye con el cumplimiento de los objetivos y las metas nacionales

En el marco de un proceso permanente de mejoramiento continuo, las universidades y el CONARE han incorporado un mayor número de indicadores estratégicos al PLANES, actualmente suman 114 indicadores con su respectiva ficha técnica, línea base y metas quinquenales anualizadas, Entre los que destacan: matrícula, graduación, becas, carreras acreditadas y regionalización.

5) FEES

La asignación del 8% del PIB para la educación, consignada en el artículo 78 de la Constitución Política, el cual la Sala Constitucional en diferentes años y sentencias (2010- la No. 11043, 2011-la No.15968, 2012-la No.06416, 2016-la No. 12803, 2019-la No.09724) ha ordenado cumplir a los poderes, Ejecutivo y Legislativo.

De este presupuesto total de educación las universidades estatales reciben menos de la quinta parte.

Este es un momento adecuado para reconocer que la evidencia científica debe ser uno de los pilares fundamentales para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas para el desarrollo sostenible de nuestro país. Con los hallazgos de los diferentes grupos de investigación de las universidades públicas, pero también de todos los aportes de las universidades públicas en la lucha contra el COVID-19, demostramos que poner en entredicho la inversión en la educación superior y en la investigación nos aleja del camino del desarrollo que anhelamos. No se debe limitar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, ni mucho menos de la educación superior pública que permite contar con el capital humano para enfrentar las crisis sanitarias, económicas y ambientales.

La actual situación pandémica ha demostrado que los países que han invertido en educación y salud pública son los que mejor han enfrentado esta crisis y logran apuntalar el desarrollo económico con mayor equidad.

6) Calidad y excelencia académica

Previo análisis en el seno de la Comisión de Enlace en 1993, el CONARE creó el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), el cual evalúa y acredita, mediante estándares internacionales, la calidad y la excelencia académica de las carreras y programas impartidos por las universidades tanto públicas como privadas. La objetividad e independencia del SINAES fue garantizada mediante la ley N°8256, promovida por el propio CONARE.

Las casas de educación superior pública cuentan con 144 carreras acreditadas, tanto por el Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior (SINAES) como otros órganos internacionales de acreditación, tal es el caso de las carreras de ingeniería de la UCR y el TEC que fueron acreditadas internacionalmente por la Agencia Canadiense de Acreditación en Ingeniería (CEAB). Además, la Agencia Francesa de Acreditación otorgó la acreditación institucional al Instituto Tecnológico de Costa Rica y tanto la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica han iniciado este proceso institucional.

Como parte de la gestión permanente de la calidad, las universidades estatales están comprometidas con la revisión, actualización y modernización permanente de la oferta académica, tanto de las denominadas STEAM por sus siglas en inglés (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) como también las denominadas SSH por sus siglas en inglés, que comprenden las humanidades, las ciencias sociales, la educación, la cultura, las ciencias económicas, el arte, el ambiente, los idiomas y el deporte.

7) Ley No. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Sin perjuicio de su propia autonomía e independencia constitucionales, temas que han sido sometidos a valoración del Poder Judicial, las universidades públicas han adoptado voluntariamente acciones necesarias para cumplir los fines de la Ley Nº 9635. Desde la formulación inicial de los presupuestos 2020, entregada a la Contraloría General de la República en setiembre del 2019, las universidades estatales y CONARE estructuraron sus presupuestos conforme con la regla fiscal.

En ejercicio de su potestad de autogobierno, en el año 2015 las universidades públicas realizaron un estudio actuarial a fin de determinar su sostenibilidad financiera. De este estudio han derivado estrictas medidas de contención del gasto y las denuncias planteadas por los Rectores ante el Ministerio de Trabajo sobre las convenciones colectivas existentes, con el objetivo de una renegociación de las mismas.

8) Regionalización

Por medio del PLANES, el CONARE promueve el desarrollo y el aumento de las inversiones destinadas a las regiones del país, así como acciones sistémicas de apoyo a las políticas institucionales de regionalización, destinando recursos humanos y presupuestarios adecuados para responder a las necesidades territoriales.

Como parte de la estrategia del fortalecimiento de la regionalización, las universidades estatales han realizado inversiones importantes, especialmente con la reciente ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Pública, financiado por el Banco Mundial, el cual ha reconocido públicamente en sus evaluaciones hechas al citado proyecto la eficiencia, la eficacia en la ejecución del mismo y el logro de los objetivos de este proyecto.

Como consolidación de este fortalecimiento, en el 2019 el CONARE creó los Órganos de Coordinación Interuniversitaria Regional (OCIR) en las cinco regiones del país. Permitiendo mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema universitario estatal en sus propias regiones, fortaleciendo las capacidades regionales en docencia, investigación, innovación, emprendimiento, extensión, acción social y vida estudiantil, así como el desarrollo local desde las comunidades, en coordinación con las instituciones del gobierno y del sector privado.

Para CONARE el tema de regionalización ha sido prioritario desde hace muchos años y muestra de ello es que ha destinado por más de una década, sustanciales recursos adicionales a los invertidos por cada universidad de manera específica. Por medio del Fondo del Sistema (FEES), desde el 2018 se han destinado por año más de 1000 millones de colones para que sean invertidos en las regiones.

9) El informe de mayoría emitido por la Comisión que estudió el FEES es subjetivo, prejuicioso y estigmatiza las universidades estatales y al CONARE, se distancia de la necesaria objetividad, del equilibrio deseable y requerido para un análisis serio y profundo de un tema trascendental como lo es el estado actual y las perspectivas futuras de la educación universitaria pública.

Por tal motivo, las universidades públicas y CONARE trabajan en documentos que permitan a la opinión pública realizar un análisis objetivo de las universidades estatales, apegado a la realidad, sustentado en números, datos e información veraz y comprobada.

CONARE y las universidades estatales reiteran su compromiso con el país y la ciudadanía por medio de la mejora continua, la transparencia, la calidad, en un ejercicio permanente de autocrítica.

Enviado por UNA Comunicación.

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«Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida» abre convocatoria 2020

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en conjunto con las cinco universidades públicas del país y la Defensoría de los Habitantes, abrieron la convocatoria para la postulación de iniciativas para el premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida, el cual reconoce cada año distintos proyectos de acción social que hayan impactado positivamente a la población costarricense.

Hoy el mundo atraviesa momentos difíciles, pero a pesar de la situación, muchas personas, empresas y organizaciones siguen trabajando por la calidad de vida de diversos sectores de la sociedad.

Es por ello por lo que es importante reconocer aquellos aportes que se desarrollan en beneficio de colectivos y poblaciones vulnerables, por tal razón las instituciones que organizan este premio han decidido continuar con la edición 2020.

El galardón nace con el propósito de premiar a personas, empresas, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, que desempeñan acciones para mejorar la calidad de vida de diversos sectores de la población. Esto con el fin de incentivarlos a continuar su labor y reconocer sus esfuerzos colectivos.

Este año se celebra la vigésimo octava edición del premio y el proceso de inscripción de postulaciones se extenderá desde el 21 de abril hasta el 31 de julio. La premiación se realizará en fecha y lugar que será definido por el Comité Organizador del Premio.

****Para participar: enviar un correo a la dirección premiocalidaddevida@ucr.ac.cr o bien comunicarse a los teléfonos 2511-6687 o 2511-1198, donde se le guiará en los siguientes pasos de la inscripción.

 

Enviado por UNA Comunicación.

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CONARE: «Se debe reactivar la economía del país ante COVID-19»

La crisis sanitaria y económica demanda un diálogo responsable y constructivo para tomar medidas que contribuyan a estabilizar y reactivar la economía del país

25 de marzo del 2020. La crisis económica en nuestro país, agudizada por la pandemia del COVID-19, demanda un análisis responsable y serio, con el fin de tomar medidas que contribuyan a contener la recesión, reactivar la economía y proteger el bienestar de la población.

Por tal motivo y abogando por un diálogo constructivo, que permita la mejor y más adecuada toma de decisiones apegada a los principios de justicia social, el Consejo Nacional de Rectores manifiesta:

  1. Las propuestas deben ser sensatas y prudentes. Debemos proteger la salud de nuestra población mediante un programa de emergencia que, además de las disposiciones sanitarias, incluya medidas sociales, laborales y económicas. No es mediante el ataque al empleo público, ni la reducción temporal de los salarios públicos ni el cierre de «instituciones que no satisfagan un fin social» que se logrará la estabilidad social y económica del país, como lo indican economistas en un artículo de opinión de La Nación.
  2. Esa propuesta del citado artículo se basa en medidas para compensar a empresas del sector privado, por la crisis económica agudizada por la pandemia del coronavirus, y en reducir el salario de los trabajadores del sector público, lo que provocaría la contracción del consumo, incluso de artículos básicos, el aumento del desempleo y de la desigualdad social, y el empobrecimiento de un porcentaje aún más alto de la población nacional.
  3. El impacto de la pandemia afectará de manera significativa el acceso y la permanencia de estudiantes en todo el sistema educativo nacional, producto del aumento del desempleo y la disminución de ingresos de sus familias. Por ello, debemos tomar medidas que eviten o al menos mitiguen la deserción de estudiantes de la educación tanto privada como pública, en sus diferentes niveles: preescolar, primaria, secundaria y universitaria.
  4. La magnitud de la crisis obliga a apoyos subsidiarios de parte del Estado, los cuales no deben dirigirse unilateralmente a determinados sectores, sino al aseguramiento del bien común. El principio de solidaridad colectiva es apremiante e ineludible.
  5. La institucionalidad pública costarricense responde a la atención de la pandemia. Las instituciones estatales generan bien social, como se ha demostrado a través de la historia o en situaciones específicas como la que actualmente vivimos; es por ello que sugerir un cierre técnico de prácticamente la mitad del Estado, paralizando la acción del Gobierno, no solo es golpear fuertemente al sector público, sino a toda la economía nacional y agudizar más los síntomas de la recesión, de manera que se afectaría directamente también al sector empresarial privado.
  6. Costa Rica tiene el reto de atender y adoptar medidas inmediatas ante la crisis sanitaria y económica; dentro de esta urgencia debe prevalecer la creatividad, el sentido común, la innovación que garanticen el bienestar de sus habitantes y la democracia nacional. Esto se logrará con un enorme espíritu de solidaridad colectiva, responsabilidad individual y grupal, y la colaboración entre todos los sectores del país.
  7. Economistas de las universidades públicas, se han pronunciado y han sugerido medidas que pueden considerarse parte de las posibles acciones, tales como:a) Fortalecer las plataformas y medios que promuevan la economía digital, utilizando para ello los recursos de FONATEL. b) Un paquete económico de apoyo a los y las emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas costarricenses, utilizando para ello recursos del sistema de Banca para el Desarrollo. c) Profundizar las medidas de protección a los segmentos de la población más vulnerables y los que se encuentran en condición de extrema pobreza. d) Intensificar las acciones legales y las medidas administrativas para enfrentar la alta elusión y evasión fiscal que enfrenta el país. e) Instar a la Asamblea Legislativa a aprobar la Ley contra la usura, utilizando para ello, el promedio de la tasa de interés máxima que se propone en los estudios realizados por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional.
  8. El Consejo Nacional de Rectores hace un llamado al análisis, al diálogo, al debate racional de forma constructiva y equilibrada, preservando el Estado Social y el compromiso con la Patria, que permita una recuperación económica, mediante un plan que integre diferentes acciones, sin menoscabar la estabilidad de las familias y el bienestar de la ciudadanía.
  9. Es inaceptable que se pida austeridad para un sector de la población y no para todos los sectores, en medio de una grave emergencia sanitaria que requiere inversiones adicionales y un mayor gasto corriente para garantizar la salud de la población. También es inaceptable que se trate de debilitar y vulnerar la institucionalidad en la coyuntura de esta pandemia. Todos los sectores sociales deben contribuir con el bienestar de toda la sociedad, en función de sus posibilidades.
  10. Es vital promover la cohesión social, la unión y la convergencia del trabajo conjunto entre todos los sectores sociales. Las universidades públicas estamos dispuestas a propiciar espacios para la articulación y la generación de ideas que favorezcan un sano debate para la estabilidad económica, con una visión solidaria, humanista y social que nos permita salir de esta pandemia con el menor impacto sobre la vida y la convivencia nacional.

Imagen ilustrativa.

Enviado por Efraín Cavallini Acuña.

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UCR: Las universidades públicas declaran el 2020 como año de la salud mental

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) declaró el 2020 como «Año de las universidades públicas por la salud mental», pues comprende la importancia de que las universidades estatales —al ser instituciones humanistas y agentes de cambio social— planteen iniciativas que contribuyan a dar respuesta a las diferentes demandas de la salud mental.

El Conare y las universidades estatales articularán sus esfuerzos con el fin de promover la salud mental, prevenir el deterioro psicológico o emocional, desmitificar las enfermedades mentales y propiciar diferentes actividades nacionales e institucionales.

En este contexto, es de gran importancia la acción conjunta y sinérgica de las universidades públicas para generar estrategias transformadoras e integradoras. Esas propuestas deben contribuir a dar una mejor respuesta a las diversas demandas en materia de salud mental mediante el fortalecimiento de la investigación, la acción social y la docencia, así como de las estrategias de intervención recreativas, deportivas, artísticas y servicios de salud que contribuyen con el mejoramiento del bienestar de la comunidad universitaria.

Asimismo, esta declaratoria es un llamado a las comunidades universitarias a que busquen renovadas estrategias de articulación de quehaceres. Esos nuevos métodos deben permitir un mayor avance en el compromiso con la promoción de la salud mental en la comunidad universitaria y nacional, lo cual constituye un aporte al bienestar social, la promoción de la salud integral y la defensa de los derechos humanos.

La Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 define la salud mental como el “proceso de bienestar y desempeño personal y colectivo caracterizado por la autorrealización, la autoestima, la autonomía, la capacidad para responder a las demandas de la vida en diversos contextos: familiares, comunitarios, académicos, laborales y disfrutar de la vida en armonía con el ambiente”.

 

Consejo Nacional de Rectores

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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