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Etiqueta: concesiones mineras

Mientras las comunidades enfrentan la escasez de agua y un fenómeno de El Niño intenso, avanzan las concesiones para extraer material de los ríos

  • El Concejo Municipalidad de Monteverde respalda la moratoria a la extracción mecanizada de materiales en el río Guacimal y sus afluentes.
  • Las comunidades advierten sobre el deterioro de los ríos y el riesgo para las fuentes que abastecen de agua a la población.

«El río Lagarto, de donde toma agua Lourdes, está cada vez más deteriorado. Entrando por Poza Azul hay un acceso al río y, hacia arriba, están sacando material para abastecer un quebrador que instalaron en Lourdes. El río permanece hecho un barrial, sucio, cada vez más pequeño y con menos agua. Ya casi no corre».

Este testimonio refleja una preocupación que se extiende por distintas comunidades de Puntarenas y Guanacaste: el deterioro de los ríos y las fuentes de agua, precisamente cuando se aproxima la época seca y se advierten condiciones climáticas asociadas al fenómeno del super Niño.

Pero esta no es la única concesión ni el único río. Según estudios del geógrafo guacimaleño Dany Villalobos, existen 62 áreas en reserva o trámite avanzado en los cantones Puntarenas, Montes de Oro y Abangares, de las cuales 17 son concesiones activas. El río Aranjuez es el más explotado hasta ahora, con 5 concesiones operando y el 33% de su cauce solicitado. Mientras que los ríos Guacimal y Lagarto tienen 2 concesiones activas cada uno, con el 45% y 40% de su cauce bajo solicitud, lo que significaría un impacto acumulado enorme para las cuencas (Villalobos,2026).

 Para el investigador, sumado a todos los impactos hidrológicos y ecológicos, es importante destacar la pérdida del dominio público del río, que se manifiesta en los usos socioculturales del agua que realizan las comunidades rurales puntarenenses, que hasta ahora no reciben la debida importancia dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental, pues la exclusión de sus puntos de vista sobre la actividad es sistemática.

Para el geógrafo que ha vivido toda su vida junto al río Guacimal “la suspensión permanente de sedimentos en el agua y alteración del cauce afectan o impiden por completo la normalidad de actividades humanas en el río. Los usos recreativos quedan completamente desplazados por los planes operativos de las empresas que generan una privatización de facto cuando enclavan en los ríos por 10 o hasta 30 años, de acuerdo a los plazos de explotación permitidos por el Código de Minería”.

La preocupación es especialmente grave porque muchas comunidades dependen directamente de los ríos y sus afluentes para abastecer sus tomas de agua. Incluso los sistemas que utilizan pozos dependen, en muchos casos, de las aguas subterráneas vinculadas con los mismos sistemas fluviales. El deterioro de los cauces y la disminución del agua ponen en riesgo, por tanto, distintas formas de abastecimiento comunitario.

Mientras las comunidades se organizan para buscar soluciones a un problema tan vital como garantizar el acceso al agua, el gobierno, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y las instancias competentes (SETENA y Geología y Minas), ha permitido avanzar en un escenario de múltiples solicitudes y concesiones para la extracción de materiales de los cauces de los ríos, mediante actividades de minería no metálica y quebradores, en beneficio de intereses empresariales privados.

Esta situación resulta particularmente preocupante ante la disminución de los caudales, el aumento de la presión sobre las fuentes de agua y los escenarios de sequía que podrían agravarse con El Niño. No se trata solamente de una discusión sobre extracción de materiales: está en juego la seguridad hídrica de las comunidades, la integridad de las cuencas y la protección de los ecosistemas que sostienen la vida.

Una buena noticia: Monteverde respalda la moratoria

En medio de este panorama, hay una noticia importante. El Concejo Municipal de Monteverde, mediante el acuerdo 02 de la sesión ordinaria 163-2026, del 3 de noviembre, manifestó su apoyo expreso a la Moratoria Municipal Reglamentaria Temporal a la extracción mecanizada de material en el cauce del río Guacimal y sus afluentes, aprobada por el Concejo Municipal del cantón Central de Puntarenas y publicada en La Gaceta N.° 156 del 19 de agosto de 2026.

La moratoria establece una suspensión de nuevos trámites y autorizaciones relacionados con esta actividad, con una vigencia inicial de 24 meses, prorrogables, condicionada a la elaboración de un informe técnico integral sobre la capacidad de carga del cauce y sus riesgos.

El acuerdo de Monteverde tiene especial relevancia porque reconoce que la cuenca del río Guacimal (vecino del Río Lagarto) debe entenderse como una unidad hidrológica y ecológica, incluyendo su parte alta en Monteverde. Además, solicita que esta dimensión sea considerada en los estudios técnicos y en los procesos de consulta pública.

El Concejo Municipal también instó al MINAE, la Dirección de Geología y Minas, SETENA, la Dirección de Aguas y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias a valorar la moratoria y aplicar el principio precautorio al tramitar solicitudes de extracción en la cuenca.

El agua no puede esperar

El respaldo de Monteverde demuestra la importancia de que los gobiernos locales asuman un papel activo en la protección de las cuencas y los bienes comunes. Frente a la presión de las actividades extractivas, las comunidades necesitan decisiones que prioricen el agua, la salud y las condiciones de vida de las poblaciones.

Es urgente detener el avance de nuevas autorizaciones mientras no existan estudios integrales, ordenamiento territorial y garantías suficientes para proteger las fuentes de agua y los ecosistemas. No podemos esperar a que los ríos pierdan su capacidad de abastecer a las comunidades para reaccionar. La protección del agua debe estar por encima del beneficio privado de las empresas extractivas.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Proyecto del oro: otra farsa

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Prometen a las asociaciones de desarrollo integral, ¡$ 30 por cada millón de dólares! transferido a las cuentas bancarias de un supuesto concesionario extranjero. Y a la Municipalidad de San Carlos, $12.500, «para que apoye la explotación del oro que se pudiere encontrar en 849 km² del distrito de Cutris», mientras el millón de dólares engorda las arcas allá lejos de nuestro entreguista país. Y al actuar como tagarotes, saltando del yacimiento de Crucitas (ubicado en menos de 1 km²), más inviable hicieron el atropellado proyecto del oro al extenderlo a tan extensa área.

Sin embargo, como “el que mucho abarca, poco aprieta”, en su trámite, por no prestar atención a observaciones oportunas y muy válidas, jamás van a lograr tener empresas mineras haciendo fila para ganar concesiones para explorar, pues la inversión es alta (incluye compras de fincas… para el que negocie primero con los terratenientes) y las lentas, posteriores y costosas tareas de exploración, ¡que, sin embargo, no les garantizan los derechos de explotación!, que pudieren incentivar a grandes y experimentadas mineras a participar en una eventual subasta que se decidirá finalmente en Casa Presidencial.

Pero, hay un pero enorme, que los redactores del proyecto no consideraron pese a oportunas advertencias. Resulta que, como hace años las concesiones de minería se otorgaban antes de que se realizaran exitosos estudios de impacto ambiental, la Sala Constitucional, al resolver una acción en contra de poner «la carreta delante de los bueyes», explícitamente acotó: «Se declara con lugar la acción en forma unánime, contra los artículos 34 inciso ch) y 97 inciso g) del Código de Minería y en consecuencia, se anulan por inconstitucionales y por conexidad los artículos 24 inciso ch) y 105 párrafo primero del Código de Minería», que permitían tal sinsentido. Resolución del 9 de noviembre del 2009, que ¡conociéndola!, por su trascendencia, los proponentes se saltaron con quién sabe qué torpes intenciones.

Estamos pues ante una muy reprochable farsa, pues habría que ver cuál o cuáles empresas extranjeras se comprometerían a gastar gran cantidad de dólares en estudios ambientales integrales, para ver si con ellos obtendrían las ineludibles viabilidades ambientales, para con ellas en mano, involucrarse en una puja con otras empresas para proceder a explorar, con la esperanza de que eventualmente les escojan para explotar los yacimientos detectados. Pero eso sí, para ello, para otorgarles las concesiones para la explotación deseada, antes, como vimos, deberán ejecutar los estudios de impacto ambiental de ley para esa nueva y definitiva etapa.

Así que, mis amigos, lo de los poquitillos dólares comentados antes, realmente se esfuman ante esta realidad que no puede ser modificada por medio de un proyecto de ley que sería indiscutiblemente inconstitucional, por lo que cabe afirmar con certeza: estamos ante otra farsa.

16.6.2026

Una entrega vergonzosa

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Aunque la mayoría legislativa conoce las maniobras del gobierno para negociar bienes e instituciones del Estado, (los suyos amigo lector y los de todos los costarricenses), cabe un recordatorio relacionado con el yacimiento de Crucitas. En este caso, ha sido evidente que el ministro de Seguridad Pública ha propiciado que la delincuencia en el lugar haya evolucionado hasta niveles jamás antes visto. El robo del oro en la capa superficial se realiza impunemente, el daño ambiental se ha acelerado, y la criminalidad parece una versión tica del Viejo Oeste, donde no hay «sheriff» que trate de poner orden, precisamente por decisión calculada del ministro Mario Zamora.

Ante ese escenario diseñado desde el gobierno, llegó el buscado momento de clamar a los cuatro vientos: «¡Perdimos la batalla!». «La única solución está en la Asamblea Legislativa!».

Solución, dicen, que pasa por entregar esa riqueza del «inoperante Estado», a las eficientes corporaciones privadas que, a cambio de unos cuantos dólares, harán la excavación de unos 30 m para extraer de esa valiosa roca del subsuelo, los más de US$ 3.000 millones que se estima vale el oro del único yacimiento efectivamente conocido en todo el país.

Nos dicen que al privatizar esa riqueza mineral que el Estado (según ellos) es incapaz de aprovechar, el problema heredado por una mala concesión a una compañía minera canadiense se soluciona en un par de años, por lo cual no hay que pensarlo más, y correr a aprobar el proyecto N° 24.717.

Pero, ¿será cierto?

¡Veamos!

A las cuentas bancarias de los magnates mineros extranjeros (después de rebajar las infaltables «comisiones» para algunos ticos) ingresarían los miles de millones de dólares, derivados de la venta del 95 % del total del mineral explotado. Pese a que se trata de un regalo, una entrega, a favor de unos negociantes foráneos, «aunque usted no lo crea» en Casa Presidencial insisten que es un gran negocio que el 5 % del valor de ese oro se quede en Costa Rica.

Pero aún hay más. Resulta que el proyecto de ley que amigos diputados manudos aprobaron en subcomisión legislativa, para congraciarse con el alcalde de San Carlos que sueña con la octava provincia que les prometió el futuro diputado José Miguel Villalobos, determina que, de ese 5 % el 1,25 % sería para el gobierno municipal de ciudad Quesada. Monto relativamente pequeño de que no se sabría de cuánto sería ni cuándo se depositaría en el gobierno local, pues dependería de muchos factores, del cual un poquititico apenas sería para grupos comunales.

Asimismo, del impuesto del 5 %, solo el 3,6 % se sumaría a la caja única del Estado. Cantidad igualmente desconocida, pero para efectos de la, negociación antipatriótica, es algo que no interesa mucho, pues el gran negocio (como lo serían las ventas del BCR, BICSA, INS, RECOPE, ICE…) anda por otros lares.

Esa amigos, es “la gran solución” que por el desdeñado problema de Crucitas anda pujando el ministro Zamora…

16.2.2026

Comunidades solicitan moratoria municipal para frenar extracciones en el río Guacimal

Puntarenas, 21 de noviembre de 2025. Comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, que incluye la cuenca del río Guacimal, organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS)se hicieron presentes este lunes al Concejo Municipal de Puntarenas para presentar una propuesta formal para declarar una moratoria inmediata a nuevas extracciones mecanizadas de materiales en el cauce del río Guacimal. La petición surge en el marco de una presentación pública realizada en la sede municipal, donde se expusieron los riesgos ambientales, hídricos y socioeconómicos que enfrenta la cuenca.

Durante la actividad, representantes comunitarios detallaron que el río Guacimal está actualmente amenazado por 11 solicitudes de concesión minera en cauce, para extracción de piedra y arena entre Guacimal y Chomes, dos ya operando y las otras en trámite de concesión, abarcando casi 20 km de extracción casi continua, constituyendo más de la mitad del río (ver mapa). Señalaron que la extracción intensiva provoca profundización y ensanchamiento del lecho, erosión, pérdida de biodiversidad, afectación a zonas de recarga hídrica y daños a terrenos e infraestructura comunitaria. Además, advirtieron que las comunidades verían restringido su acceso tradicional al río y que se verían afectados emprendimientos de turismo rural, agricultura y actividades recreativas, pilares económicos del distrito.

A estos proyectos se suma uno que genera mucha preocupación, pues la empresa WSP Constructora S.A. pretende instalar un quebrador y una planta de concreto en una finca colindante con el río, además de solicitar una concesión para extraer material del cauce. No existe claridad sobre la fuente de agua que utilizarían para lavar el material ni sobre el manejo de las aguas residuales altamente alcalinas provenientes de las mezcladoras de concreto, las cuales contienen partículas y residuos que pueden afectar la salud y contaminar el ecosistema. También hay preocupaciones sobre las posibles enfermedades debidas al deterioro de la calidad del aire y las afectaciones a la salud por los polvos de cemento y sílice que se suspenden en el aire en este tipo de operaciones.

Ante este panorama, las comunidades solicitan al Concejo Municipal de Puntarenas la urgencia de aprobar una moratoria que se fundamenta en criterios constitucionales, técnicos y de derecho internacional. En particular, se destaca la reciente Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligación imperativa de los Estados y gobiernos locales de prevenir daños ambientales irreversibles y actuar bajo el principio de precaución, incluso cuando exista incertidumbre científica.

La iniciativa solicita que el Concejo Municipal apruebe un acuerdo para:

  1. Suspender el trámite de concesiones y nuevos permisos mineros o asociados a la minería en el cauce del río Guacimal;

  2. Ordenar a la Alcaldía la elaboración de un informe técnico integral de la capacidad de carga extractiva viable de acuerdo con las condiciones de vulnerabilidad ambiental de la cuenca;

  3. Desarrollar procesos de información y participación comunitaria durante la vigencia de la moratoria hasta que se definan nuevas condiciones que garanticen la salud del ecosistema y la protección del bienestar de las comunidades.

Los representantes comunales enfatizaron que la protección del río es esencial para la seguridad hídrica de más de 4.000 personas usuarias de ASADAS locales, para la conservación del Corredor Biológico Pájaro Campana, para la economía local, para la salud del manglar y del Golfo de Nicoya y para la reproducción de especies en estado de conservación frágil, como la nutria y peces migratorios. Señalaron, además, que mientras una concesión genera pocos empleos, “un río sano beneficia a miles de personas tanto en la cuenca como en el mar”.

Las organizaciones locales enfatizan que esta moratoria no implica una oposición al desarrollo, sino una acción responsable para resguardar un ecosistema vital y los medios de vida de miles de personas. “Hoy lo que está en juego es el futuro de la cuenca del río Guacimal”, señalaron voceros comunitarios.

El 19 de noviembre se entregó dicha solicitud de moratoria en un documento formal al Concejo Municipal, que deberá analizar el acuerdo propuesto en próximas sesiones.

Ese mismo miércoles, voceros del movimiento sostuvieron una audiencia con el representante del alcalde municipal, Ing. Jeffrey Ramírez. Durante la reunión expresaron que las comunidades potencialmente afectadas comprenden la necesidad de contar con material para la construcción de carreteras. Sin embargo, señalaron que la preocupación no radica en una sola concesión de corto plazo, sino en las 11 solicitudes de concesión que podrían extenderse por décadas. También destacaron que los ecosistemas ribereños y costeros, por ser los más frágiles y los que más vida humana y de otras especies sostienen, no deberían ser sacrificados, especialmente cuando existen otras fuentes de material.

También reiteraron su firme interés en el turismo rural comunitario que han venido desarrollando en los últimos años, el cual beneficia directa e indirectamente a decenas de familias locales, subrayando que este es “un modelo de desarrollo que sí queremos”. Indicaron que la sesión con el Ing. Ramírez concluyó con la solicitud de un pronunciamiento por escrito del alcalde, Randall Chavarría, en relación con los puntos expuestos en el documento entregado en sus oficinas el 29 de septiembre, así como las preocupaciones que le manifestaron verbalmente a Ramírez.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.