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Obispos llaman a soluciones integrales en Crucitas sin sacrificar la vida ni la naturaleza

Escrito en 15/04/2026. Publicado en Madre Tierra.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un mensaje sobre la situación de Crucitas, en Cutris de San Carlos, en el que advierte que la problemática no es únicamente ambiental o social, sino una crisis socioambiental compleja que exige respuestas integrales. Desde la Doctrina Social de la Iglesia, los obispos llaman a no normalizar la minería ilegal ni sus impactos, a fortalecer la presencia del Estado y a promover soluciones basadas en el bien común, el diálogo participativo, la dignidad humana y el cuidado responsable de la creación.

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica sobre la realidad de Crucitas, Cutris de San Carlos:

“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social,
sino una sola y compleja crisis socioambiental.” (Laudato Si´, 139)

Ante la realidad presente en Crucitas, distrito de Cutris de San Carlos, Zona Norte de nuestro país, deseamos ofrecer una palabra de orientación que brota de nuestra misión pastoral y de la Doctrina Social de la Iglesia, mirando al bien integral de la persona humana y de la creación.

Durante más de veinte años, la zona ha sufrido las consecuencias de la minería ilegal: deforestación, contaminación de fuentes de agua, deterioro del tejido social, violencia e inseguridad. Esta realidad no puede normalizarse ni perpetuarse. El abandono del territorio y la ausencia de soluciones eficaces han provocado dolor en muchas familias y han expuesto la riqueza natural a graves daños. La indiferencia no es una opción moralmente válida.

Al mismo tiempo, la Iglesia recuerda que el desarrollo auténtico no puede construirse sacrificando la casa común ni poniendo en riesgo la vida y la salud de las comunidades. La experiencia histórica y los principios del Magisterio de la Iglesia nos enseñan que el progreso económico debe estar siempre subordinado a la dignidad humana, al destino universal de los bienes y al cuidado responsable de la creación.

En su Encíclica Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI dejaba en claro el equilibrio que debe existir en la relación del hombre con el ambiente natural: “El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que nacen de la relación del hombre con el ambiente natural. Éste es un don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad. Cuando se considera la naturaleza, y en primer lugar al ser humano, fruto del azar o del determinismo evolutivo, disminuye el sentido de la responsabilidad en las conciencias. El creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora de Dios, que el hombre puede utilizar responsablemente para satisfacer sus legítimas necesidades -materiales e inmateriales- respetando el equilibrio inherente a la creación misma. Si se desvanece esta visión, se acaba por considerar la naturaleza como un tabú intocable o, al contrario, por abusar de ella. Ambas posturas no son conformes con la visión cristiana de la naturaleza, fruto de la creación de Dios”, n. 48.

Por ello, invitamos a que cualquier decisión que se tome sea fruto de un diálogo amplio, transparente y participativo, donde se escuche a las comunidades locales, a expertos independientes y a todos los sectores involucrados. Se requiere un discernimiento serio que considere no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos ambientales, sociales y culturales a corto, mediano y largo plazo.

La superación de la minería ilegal y de la violencia asociada exige una presencia efectiva del Estado, políticas públicas claras, alternativas laborales sostenibles y un compromiso real con la legalidad. Enfrentar el crimen no puede implicar decisiones que pongan en riesgo irreversible el patrimonio natural que pertenece a todos.

La Iglesia no es instancia técnica ni política, expresa sí la conciencia ética que recuerda que toda decisión debe orientarse al bien común. Animamos a las autoridades y a la sociedad costarricense a buscar soluciones integrales que protejan la vida, restauren el orden, promuevan oportunidades dignas de trabajo y salvaguarden la riqueza natural que hemos recibido como don y responsabilidad.

Que este momento sea ocasión para renovar el compromiso con un desarrollo verdaderamente humano, solidario y sostenible, donde la justicia, la paz social y el cuidado de la creación caminen siempre unidos.

En San José a 14 de abril del 2026.

Javier Román Arias
Obispo de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Bartolomé Buigues Oller
Obispo de Alajuela
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Conferencia Episcopal llama a la paz y respalda mensaje del Papa León XIV

Escrito en 13/04/2026. Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un pronunciamiento público en el que expresa su respaldo al Papa León XIV y manifiesta preocupación por el contexto internacional actual, reiterando el llamado a la paz, la justicia y la fraternidad entre los pueblos.

Transcripción del texto de la Conferencia Episcopal de Costa Rica:

La Conferencia Episcopal de Costa Rica
A la Opinión Pública

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestamos nuestra plena comunión con el Santo Padre, el Papa León XIV y lamentamos con profunda preocupación las declaraciones dirigidas en su contra por parte del Presidente de los Estados Unidos de América Donald J. Trump, en las últimas horas.

Tal y como él mismo lo dijo a los periodistas durante el vuelo hacia Argelia, su servicio no responde a intereses políticos, sino a la proclamación del Evangelio, así como a la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos.

El Sucesor de Pedro, con toda la Iglesia, está llamado a servir a Dios, a la verdad y a la paz. En su insistencia vehemente por la paz no hay más interés que la justicia y el amor, especialmente hacia los miles de inocentes que siguen siendo las grandes víctimas en las guerras abiertas actualmente en el mundo.

Como enseña el magisterio de la Iglesia y han reiterado los pontífices a lo largo de la historia, la guerra, toda guerra, es siempre una derrota para la humanidad porque conlleva la destrucción de la fraternidad humana.

Unidos de nuestro corazón al Santo Padre, que recién el pasado sábado 11 de abril en la Vigilia por la Paz nos recordaba que “la verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, elevamos a Dios nuestra plegaria por la reconciliación de la familia humana:

“La guerra divide, la esperanza une, la prepotencia pisotea, el amor levanta, la idolatría ciega, el Dios vivo ilumina. Basta un poco de fe, una pizca de fe, para afrontar juntos, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia. ‘Nada puede atarnos a un destino que ya está escrito’. ‘¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!’”. (Papa León XIV)

San José, lunes 13 de abril, 2026

Obispos de Costa Rica

La Iglesia Católica rechaza idea de concesión diferenciada para las emisoras religiosas y pide equidad para todas

Escrito en 26/11/2025. Publicado en Derechos.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un comunicado oficial en el que expone su posición frente a la propuesta del Poder Ejecutivo y del diputado Fabricio Alvarado para otorgar concesiones diferenciadas de radio y televisión a medios religiosos. La Iglesia reconoce las inquietudes surgidas en el contexto de la subasta de frecuencias, pero advierte sobre los riesgos para la equidad, la pluralidad y el uso democrático del espectro radioeléctrico, al tiempo que rechaza ataques infundados contra el arzobispo metropolitano. A continuación, se presenta el texto íntegro del pronunciamiento.

Conferencia Episcopal de Costa Rica

A la opinión pública

La Iglesia Católica en Costa Rica ha analizado con atención la propuesta del Poder Ejecutivo y del diputado Fabricio Alvarado de otorgar frecuencias de radio y televisión mediante concesiones diferenciadas para medios religiosos.

Comprendemos las inquietudes que motivan dicho planteamiento, especialmente en un contexto de subasta de frecuencias que ha resultado excluyente para muchas emisoras de menor escala.

No obstante, en coherencia con nuestro primer pronunciamiento sobre este tema, por respeto a la pluralidad de voces y sectores que conforman nuestra sociedad, la Iglesia considera que no es prudente ingresar en una lógica de prebendas especiales que pongan en riesgo la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico. Un mecanismo de concesiones privilegiadas para medios de orientación religiosa podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias y a un manejo desigual del bien público.

Creemos firmemente que el diálogo social debe sustentarse en la justicia y en la igualdad de condiciones, no en excepciones que fragmenten el espacio mediático. La comunicación pública —radio, televisión o prensa— es patrimonio de toda la ciudadanía, no solo de quienes profesan una fe o una doctrina.

Por ello, la Iglesia se mantendrá prudente: continuará promoviendo sus valores a través de los canales que ya posee y mediante los medios tradicionales de evangelización, sin reclamar privilegios especiales para acceder a frecuencias. Somos absolutamente respetuosos del ordenamiento jurídico del país y en particular de los procesos judiciales en marcha en este tema.

Al mismo tiempo, reiteramos nuestra disposición al diálogo respetuoso con todas las autoridades y con los demás sectores sociales interesados en garantizar un espectro plural, diverso y democrático.

Invitamos a los ciudadanos, a los medios de comunicación y a las autoridades a reflexionar con seriedad sobre el bien común por encima de cualquier interés particular. La fe vive de verdad y servicio, no de atajos institucionales; y la dignidad de la Iglesia no necesita depender de concesiones especiales, sino de la coherencia de su mensaje y del testimonio de su misión.

Con vehemencia, rechazamos cualquier señalamiento personal sin fundamento ni conocimiento sobre la organización y el servicio de nuestras emisoras de radio (Radio Fides – San José TV, Radio Santa Clara y Radio Sinaí). En concreto, refutamos el ataque contra el arzobispo metropolitano Mons. José Rafael Quirós.

Como Iglesia no entramos en descalificaciones personales. Nuestro deber es seguir acompañando y sirviendo al país con respeto y con la palabra que construye, no que divide. Seguiremos manifestando nuestras preocupaciones con claridad, pero siempre con la serenidad que exige nuestra misión.

+ Javier Román Arias
Obispo de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
Presidencia

+ Bartolomé Buiguez Oller
Obispo de Alajuela
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Apoyo de Cáritas y Conferencia Episcopal a personas agricultoras

Escrito en 25/11/2025. Publicado en Alimentación.

Pastoral Social Cáritas y Conferencia Episcopal manifiestan respaldo a personas agricultoras afectadas por la crisis en el sector agro

La Conferencia Episcopal de Costa Rica y la Pastoral Social Cáritas expresan su apoyo a las familias agricultoras del país, especialmente a quienes enfrentan serias dificultades por la caída en los precios, la importación de productos a gran escala y la falta de políticas públicas que garanticen condiciones dignas para el trabajo agrícola. En un comunicado oficial, ambas instancias llaman a fortalecer la solidaridad con quienes producen los alimentos que sostienen al país, urgen al Estado a adoptar medidas urgentes y animan a las comunidades e instituciones a sumarse a soluciones que garanticen el bien común, la justicia social y el derecho a una vida digna para las personas productoras.

A continuación, se transcribe íntegramente el comunicado:

Mensaje de Pastoral Social Cáritas en apoyo a los agricultores

El Secretariado de Pastoral Social Cáritas, departamento de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, tiene el encargo de animar y apoyar el esfuerzo conjunto del servicio eclesial costarricense en favor del desarrollo humano integral del pueblo costarricense, al que entendemos como una familia, en consonancia con la Constitución Apostólica Gaudium et spes («Los gozos y las esperanzas»), del concilio universal Vaticano II. Este documento es el que afirmó: «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia» (n.º 1).

Por lo tanto, los gozos y esperanzas, así como las tristezas y las angustias del pueblo costarricense, son también nuestros, de la Iglesia en Costa Rica. Hoy, desde la Pastoral Social Cáritas, queremos llamar la atención sobre una parte del cuerpo, de la gran familia costarricense que viene expresando por décadas sus clamores, mientras cada vez más se va reduciendo y, gradualmente, desapareciendo. Se trata de los que trabajan la tierra para producir los alimentos que necesitamos los demás miembros de la familia costarricense. No solo los de hoy, sino, también, los del mañana, sobre una base productiva sólida y heredable. De hecho, los gobiernos no deben pensar solo en el momento presente, sino en su responsabilidad en la construcción de una Costa Rica sostenible, es decir, capaz de dejar, responsable y solidariamente, condiciones de vida óptimas para las generaciones futuras. De ahí la necesidad de pensar en la seguridad alimentaria de los habitantes de Costa Rica, tanto actuales como futuros.

La disponibilidad de alimentos, primer componente de la seguridad alimentaria, no puede quedar limitada al mercado internacional, porque su oferta y precios pueden volverse inestables o inaccesibles por causas climáticas, políticas, sanitarias, logísticas o especulativas, entre otras. Aunque es casi imposible alcanzar una seguridad alimentaria totalmente basada en la producción interna, un país como Costa Rica sí puede y debe reducir al máximo su dependencia de los alimentos básicos exteriores. Es posible, además, que el país, mediante medidas legislativas, blinde sus políticas agroalimentarias frente a presiones e intromisiones externas. Esto es lo que se denomina “soberanía alimentaria”.

Cuando un país pierde su capacidad productiva, es sumamente difícil volver a levantarla. Sólidos estudios, como, entre otros, los del Programa Estado de la Nación, han evidenciado que desde los años 90 del siglo pasado, el país ha experimentado un desplome de su aparato productivo, tanto en área cultivada como en volúmenes de producción y en la generación de empleo. La tendencia se agrava. El último informe del Estado de la Nación (2025), recién publicado, confirma que la tendencia no se revierte, sino que se agudiza. En efecto, habla de la «caída libre» durante 17 meses de la producción destinada al mercado local, así como de que «al segundo trimestre del 2025, los empleos generados por la agricultura son un 28% menos que los observados previo a la pandemia, con una caída constante desde el primer trimestre del 2021» (p. 130). Recientemente, en tan solo tres años, señala la Corporación Arrocera Nacional, se redujo la cantidad de hectáreas sembradas en un 59%.

En los últimos años, organizaciones de productores agrícolas y pecuarios, que representan a miles de familias del campo, han solicitado ser escuchados por los poderes Ejecutivo y Legislativo en sus angustias para mantenerse en pie. En este momento, algunos temas prioritarios en su agenda son «la determinación de una política cambiaria que respalde la producción nacional y su competitividad», «la suspensión inmediata de la importación masiva y sin controles de productos agrícolas», «la suspensión inmediata de la aplicación del Decreto de Trazabilidad (areteo) para los pequeños ganaderos, debido a las barreras tecnológicas existentes actualmente», «la no inclusión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, ya que no ofrece oportunidad de comercio y/o de acceso para diversificar nuestras exportaciones», «la aprobación de FONARROZ (Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero)», que busca «respaldar financieramente a los productores, especialmente a los micro, pequeños y medianos, y promover prácticas agrícolas sostenibles para asegurar la disponibilidad del grano a largo plazo», entre otras.

Defendemos su derecho a manifestarse y a demandar su participación en el diseño de las políticas y normativas que les atañen, y que nos atañen a todos, por sentido de cuerpo (solidaridad) y porque consumimos alimentos del agro, y a los costarricenses del futuro también. Es parte del ejercicio de nuestra democracia, que debe ser participativa y no meramente formal, limitada al sufragio. El Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal con motivo de la campaña electoral 2025-2026 “Por una política al servicio del bien común y de la esperanza”, del pasado 28 de septiembre, recordaba la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia, en boca de san Juan Pablo II: “La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes…”.

Deseamos enviar a nuestros agricultores y sus familias un fraterno y solidario saludo. Somos parte, con ustedes, de una misma familia. También, muchísimos de ustedes son parte viva y vibrante del cuerpo de la Iglesia en Costa Rica en los diferentes territorios. San Pablo nos enseña a entender la Iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo del que somos parte. En este, todos sus miembros, con sus diversas funciones, son importantes e imprescindibles (1 Corintios 12, 12-31). En ese cuerpo, «si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo» (1 Corintios 12,26). Conocemos sus sacrificios y sufrimientos. No nos lo tienen que contar otros. Para ustedes no tenemos más que gratitud, no solo por producir nuestros alimentos, sino por ser una fuerza espiritual indiscutible en nuestras comunidades eclesiales rurales.

Encomendando a Costa Rica a la intercesión de san Isidro Labrador, imploramos la bendición de Dios para todo nuestro pueblo.

San José, 24 de noviembre de 2025.

Pbro. Edwin Aguiluz Milla
Secretario Ejecutivo de Pastoral Social Cáritas

Comunicado de la Iglesia Luterana Costarricense sobre el Proyecto de Ley 20.970

Escrito en 12/03/2024. Publicado en Derechos.

Comunicado de la Iglesia Luterana Costarricense -ILCO- en relación con el Proyecto de Ley 20.970

A la Asamblea Legislativa, al Pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad.

En estos días se ha desatado el debate entre grupos religiosos, unos a favor y otros en contra del Proyecto de Ley 20.970 titulado: “Adición de los artículos 35 bis, 68 bis, 384 bis e inciso al artículo 260 de la Ley General de Salud N. 5395”. No creemos pertinente enfocarnos en un debate alrededor del tema de la homosexualidad desde la fe cristiana, pues eso significa “ideologizar” el Proyecto y su análisis. La Iglesia Luterana Costarricense tiene zanjado ese debate desde hace muchos años: somos una Iglesia inclusiva, tenemos fuertes bases bíblicas y teológicas para sustentarlo y nos oponemos a todo tipo de homofobia o lesbofobia, camuflada o abierta. Por eso nos permitimos proponer a la Asamblea Legislativa, al Pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad nuestra lectura del Proyecto.

¿Qué busca el Proyecto?

El Proyecto busca que la Asamblea Legislativa -las señoras y señores diputados- voten a favor de una reforma a la Ley de Salud 5395.

Se trata de agregar tres nuevos artículos (35bis, 68bis y 384bis) a la Ley de Salud y un inciso al artículo 260 de la citada Ley.

¿Qué proponen esos artículos nuevos?

El artículo 35bis dice que es prohibido coaccionar (obligar) o forzar a una persona a esconder, modificar o negar sus características sexuales, de identidad de género, expresión de género u orientación sexual.

Dice también que es prohibido coaccionar (obligar) o forzar a una persona a que se someta a tratamientos aversivos que pretendan convertir, revertir o modificar a modo de pretendida curación sus características sexuales, expresión de género, identidad de género u orientación sexual y que represente una amenaza para su salud física y mental, bienestar y/o libertad individual.

El Artículo 68bis repite la misma prohibición y la misma excepción del Capítulo 35bis, pero la dirige principalmente a las y los profesionales en Ciencias de la Salud.

El Artículo 260 es un artículo que ya está en la Ley de Salud, y lo único que hace es agregar un inciso e) mediante el cual se prohíbe la propaganda engañosa o ambigua que promueva las terapias aversivas mencionadas en el artículo 35bis.

Finalmente, el artículo 384bis habla de las sanciones en caso de incumplimiento de esta Ley. El incumplimiento por primera vez se sanciona con una pena de 60 a 100 días multa. En caso de reiteración, se suspende (se inhabilita) en el ejercicio de su profesión a quien incumpla la Ley, por un plazo de tres años. En el caso de que no sean personas físicas sino jurídicas (por ejemplo, una clínica), se cancelará su licencia o permiso sanitario de funcionamiento.

Esta es lo que se pide aprobar a la Asamblea Legislativa.

Antes de continuar con el análisis, hay un punto que es fundamental aclarar: ¿Qué son terapias aversivas? Los “tratamientos aversivos o terapias aversivas” son aquellos tratamientos degradantes, que causen repugnancia, rechazo, molestia, sufrimiento moral o físico en quien lo recibe y que son utilizados para que la persona rechace o modifique, por ejemplo, su atracción hacia personas del mismo sexo.

La terapia puede ser física, química, psicológica, emocional etc. y con frecuencia terminan con daño emocional o físico de la persona sometida a la misma, cuando no con el suicidio.

Resulta evidente que quienes se oponen al Proyecto, sea por no haberlo leído atentamente, por haberlo leído con anteojeras ideológicas o por no haberlo leído del todo, están protegiendo a quienes difunden y aplican impunemente esas terapias y tratamientos aversivos que causan daño a la salud mental y psíquica de quienes se ponen en sus manos.

Conferencia Episcopal, Alianza Evangélica y nuestra posición:

Ante el texto de la reforma propuesta, respetuosamente queremos señalar algunas valoraciones diferentes que tenemos en relación con las críticas que ha recibido el Proyecto de parte de la Conferencia Episcopal (católica) y del presidente de la Alianza Evangélica.

Los Obispos, en su pronunciamiento, afirman lo siguiente:

“… con preocupación vemos que el texto actualizado del proyecto no hace diferencia entre las personas menores y mayores de edad, con lo cual no se asegura el respeto que el Estado costarricense debe a los derechos y deberes de los padres y madres con respecto a sus hijos”.

Nuestra posición: Es bueno que los Obispos se preocupen por el bienestar de las personas menores de edad, lo que pasa es que la finalidad principal que se desprende del texto del proyecto es proteger a toda persona, independientemente de su edad, para que nadie sea sometido sin su voluntad a terapias aversivas, confusas, engañadoras, que busquen cambiar o modificar su identidad sexual mediante tratamientos que atenten “contra la salud física o mental y contra el bienestar y/o libertad individual”.

¿Cómo busca este Proyecto proteger a personas adultas y a menores? Pues prohibiendo la aplicación, promoción, propagandización de este tipo de terapias aversivas y permitiendo, previo consentimiento informado, la aplicación de terapias científicamente reconocidas que favorezcan la identidad, expresión y afirmación de la propia sexualidad, por parte de personas profesionales en la materia.

Nada hay en el proyecto que insinúe irrespeto ni amenaza a los derechos de las personas menores ni al ejercicio de la Patria Potestad que tienen padre, madre o personas encargadas de menores.

Luego dicen los señores Obispos que:

“… dicho proyecto de ley 20.970 impone una serie de sanciones a todos aquellos que no estén de acuerdo con los llamados servicios de “tipo afirmativo del género y sexualidad”, con lo que viola la libertad de pensamiento, de expresión y de religión, no permitiendo, en este sentido, la objeción de conciencia de los seres humanos, violando así los derechos de los profesionales en esta materia”.

Nuestra posición: Viéndolo objetivamente, eso NO lo dice el Proyecto. El Proyecto impone sanciones a quienes se presten a promover o realizar terapias en las que se obligue a las personas a someterse a tratamientos aversivos, riesgosos para la salud física o mental de las personas, sustentados en criterios no científicos y que atentan contra los Derechos Humanos de las personas.

Lo que sí permite el Proyecto es que las personas libre y voluntariamente -es decir, personas con capacidad de actuar, tal como la establece nuestro Código civil- puedan ejercer su derecho a someterse a tratamientos científicos, que afirmen o modifiquen positivamente su identidad, expresión, etc. lo cual es un Derecho Humano ampliamente reconocido.

Siguen diciendo los Obispos:

“…también se violan los derechos de aquellas personas que, libremente, no se sienten conformes con su condición y quieren buscar ayuda para cambiar”.

Nuestra posición: Discrepamos de esta afirmación de los señores Obispos, compartida por el presidente de la Alianza Evangélica: el Proyecto prohíbe que obliguen a someterse a tratamientos aversivos a quienes NO quieren cambiar, pero reconoce el derecho a someterse a tratamientos científicamente reconocidos a quienes sí quieren hacerlo.

A nadie, pastor, Iglesia ni profesional, se le impide aconsejar a quien se sienta incómodo con su presunta orientación heterosexual o homosexual, ni compartir lo que la Iglesia o grupo religioso enseñe acerca de eso. Lo que se prohíbe insistentemente en el Proyecto, son las terapias y tratamientos aversivos. Hemos de suponer que ni católicos ni evangélicos estarían de acuerdo en someter a alguna persona a tratamientos degradantes, que causen molestia, sufrimiento moral o físico (tratamientos aversivos).

Este Proyecto procura evitar que esas cosas sucedan o más bien, sigan sucediendo- en nuestro país.

Tanto las prohibiciones como los derechos que el Proyecto establece se orientan a una protección de la dignidad y de los derechos fundamentales de las personas sexualmente diversas.

Finalmente, los Obispos aseguran que: “… ya nuestras leyes cuentan con mecanismos para denuncias cuando se violente la libertad de alguna persona en cualquier tratamiento”.

Esto es reducir muy simplistamente los objetivos y alcance del Proyecto. Con esa misma lógica podrían los señores obispos pensar que tanto nuestras Leyes como los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por Costa Rica nos brindan mecanismos más que suficientes para garantizar la protección de los derechos de los padres y de las personas menores de edad.

Compartimos plenamente el Pronunciamiento de las comunidades de fe e iglesias cristianas inclusivas hacia las personas LGBTIQA+ presentes en Costa Rica, a favor del proyecto de ley 20.970 suscrito por varias Iglesias y organizaciones ecuménicas, entre ellas la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL), el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), la Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia- Costa Rica y otras.

Al no encontrar en el Proyecto nada que atente contra la fe cristiana, ni contra los derechos de padres, madres o personas encargadas de menores, oramos al Dios de la Vida, de la Diversidad y de la Justicia, para que ilumine a las señoras y señores diputados y voten afirmativamente el Proyecto de Ley 20.970.

Atentamente
Por Iglesia Luterana Costarricense:
Rev. Erick Umaña coordinador Área de Desarrollo de Comunidades de Fe.
Ob. Em. Melvin Jiménez coordinador del Cuerpo Pastoral.
Rev. Carlos Bonilla coordinador Área de Diaconía.

Declaración conjunta de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y la Federación Alianza Evangélica Costarricense

Escrito en 10/10/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Nosotros, Obispos Católicos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, y Pastores y Ministerios evangélicos unidos en la Federación Alianza Evangélica Costarricense, luego de haber orado al Señor por la difícil situación que está viviendo el país, como consecuencia del deterioro económico de la mayoría del pueblo costarricense. el incremento del desempleo y los efectos causados por la pandemia del COVID-19. queremos manifestar a la opinión pública nuestra preocupación y nuestra posición con relación a la coyuntura nacional y a temas de gran importancia para nuestro país, fundado sobre principios cristianos, a saber:

1- Como cristianos vemos con profunda preocupación la situación de pobreza en que vive gran cantidad de familias costarricenses. situación que ya era muy seria desde hace muchos años, pero que se ha agravado aún más en los últimos meses por el incremento del desempleo y de los problemas sanitarios que ha sufrido el país producto de la pandemia del COVID-19. La pobreza y la desigualdad social y económica, presentes en nuestro país. no sólo se mantienen, sino que también se han incrementado. creando enormes distancias entre la población que vive en zonas urbanas y las de zonas rurales. lo cual se evidencia en diferencias notorias en la calidad de vida, en el acceso a los servicios públicos de salud, en los rezagos en materia educativa y tecnológica. entre otros. Ante este panorama. La indiferencia y la indolencia no son características que pueden caracterizar a los cristianos, por lo que reiteramos nuestro compromiso de trabajar unidos para enfrentar y cambiar esta realidad, al lado de las autoridades públicas. locales y nacionales.

2- La crisis actual que enfrenta nuestro país y los desafíos que tenemos por delante se manifiestan en varios frentes: el sanitario, el fiscal. el económico, el social y el ético. En el ámbito sanitario, nuestras autoridades y personal de la salud están realizando enormes esfuerzos para lograr atenuar los efectos de la pandemia y que éstos sean los menos severos posibles y, sobre todo, que la infraestructura médica, los servicios de salud y las camas en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos no colapsen. En lo fiscal, entendemos que el país debe de aplicar medidas urgentes y extraordinarias para reducir el desbalance que existe entre los gastos y los ingresos que han creado un déficit indeseable. No obstante, ante esta difícil situación y la necesidad urgente de medidas, no debemos seguir afectando a los sectores más desfavorecidos, a los hogares que sufren mayor pobreza y vulnerabilidad. Debemos procurar un mayor diálogo que haga posible la aprobación de medidas transitorias y permanentes que no signifiquen agregar mayor sufrimiento a las familias de menos ingresos y recursos, sino buscando una mayor contribución de quienes tienen más riqueza y han padecido menos en esta crisis económica y sanitaria. En lo económico, se debe trabajar decididamente en una ruta clara y precisa de reactivación económica, que permita generar más empleo, inversión en proyectos de infraestructura y condiciones favorables que posibiliten adquirir ventajas para el momento en que se retorne a la «normalidad». A nivel social, debemos continuar trabajando por apoyar a las familias más vulnerables y que han sufrido de manera sostenida, desde antes de la pandemia, los procesos de empobrecimiento y desigualdad, de exclusión y desventaja, ya sea por vivir en zonas rurales, por pertenecer a hogares monoparentales, disfuncionales o sin empleo. Por eso. A nivel ético, debemos aspirar a una sociedad más solidaria, menos desigual, de mayores oportunidades, en donde los sectores de mayor riqueza contribuyan más y le permitan a los más desfavorecidos recuperar sus trabajos y obtener más oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

3- Conscientes de la importancia del momento que enfrenta nuestro país y el mundo. los cristianos nos comprometemos a contribuir para que prevalezca el diálogo provechoso sobre la confrontación estéril, la unión sobre la división, el acuerdo sobre el conflicto. Éstos son tiempos difíciles y se requiere de liderazgos visionarios, sabios. prudentes y prácticos, que estén fundamentados en principios y valores que hagan sobreponer los intereses del bien común sobre los intereses particulares. El país necesita unirse alrededor de una agenda común, construida sobre la base de lo que nos une, y no sobre aspectos que nos divide y confronta. Costa Rica ha demostrado en otros momentos claves de su historia que es posible superar las diferencias cuando existen intereses superiores que hagan prevalecer el diálogo, el respeto y la buena fe. Hoy es uno de esos momentos históricos. En los umbrales de la celebración del bicentenario de nuestra independencia debemos hacer prevalecer la unidad nacional para la superación de esta crisis.

4- Consideramos necesario que los distintos sectores no sólo se manifiesten, sino que sean tomados en cuenta a la hora de construir esta agenda de prioridades fundamentales que nos permita encontrar acuerdos esenciales en lo fiscal, económico, social y ético. Le ofrecemos al Gobierno de la República nuestra disposición y nuestro aporte para que elabore una propuesta viable que incorpore estos aspectos, y convoque a distintos sectores, sindical, empresarial, la academia, distintos gremios y agrupaciones sociales y políticas, para que hagan posible un conjunto de medidas transitorias y permanentes, posibilitadas por un genuino interés de unidad nacional.

Le rogamos a Dios por el mayor éxito que el Gobierno pueda tener para poder convocar a los distintos sectores para un verdadero diálogo nacional y la adopción de medidas concretas y urgentes que el momento crítico que vive el país demanda.

Firmamos en San José a los 8 días del mes de octubre de 2020.

Información compartida con SURCOS por Alberto Rojas.

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Escrito en 23/09/2020. Publicado en Derechos.

«La política no debe someterse a la economía»
Papa Francisco, Laudato Si’, 189

La presentación de lo que sería un nuevo Ajuste Fiscal por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de nuestro país, trae consigo diferentes posiciones y preocupaciones sobre el rumbo de las finanzas públicas que terminan por afectar la calidad de vida de todos.

No desconocemos las graves consecuencias que ha dejado la Pandemia provocada por el COVID-19, pero también tenemos que ser muy francos: los gobernantes de turno y que han estado en el poder, en los últimos treinta años, deben asumir la responsabilidad de decisiones y acciones que ya tenían a nuestro país en condiciones sumamente precarias.

Así lo vemos con los indicadores socioeconómicos que, para nadie son un secreto, pues representan dolor en gran parte de nuestras familias. Desigualdad, pobreza y desempleo son tan solo consecuencias de un modelo económico que no pone en el centro de su desarrollo al ser humano.

El Informe Estado de la Nación, en su versión 2019, explicaba: «la desaceleración económica continúa y está golpeando especialmente a ciertas regiones y sectores. Según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el dinamismo seguirá siendo muy bajo en 2020. Frente a ese escenario, el Estado tiene poco margen de maniobra para reactivar la economía, pues el desequilibrio crónico de sus finanzas limita su capacidad para estimular la demanda agregada por la vía de un mayor gasto e inversión. Ese desbalance no deja más opción que el endeudamiento y, además, impone limitaciones a la gestión de la deuda pública, que encarecen el costo del financiamiento y generan riesgos adicionales”.

Costa Rica es víctima de la falta de decisiones dirigidas a una reforma estructural del Estado, a reactivar verdaderamente la economía, a contener el gasto público y fomentar la producción. Si de sacrificios se trata, ya hubo una reforma de ajuste fiscal a finales del año 2018. En décadas pasadas, el país se ha sometido a distintos arreglos, producto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y otro tipo de ajustes estructurales.

Como pastores de la Iglesia costarricense, pedimos encarecidamente que se proteja a los más vulnerables y a los sectores productivos; solicitamos particularmente que se mejore la recaudación fiscal, con mecanismos eficientes y transparentes; que se combata la evasión y elusión fiscal, evitando así la corrupción y la irresponsabilidad.

Es fundamental una reducción del gasto público, sin ella no habrá impuestos que aguanten. Si se piensa en impuestos, que estos sean progresivos y no en propuestas que incluyan impuestos regresivos, afectando a los más vulnerables. Que quienes tienen más riqueza y gozan de altísimos salarios y pensiones de lujo, aporten más. Asimismo, clamamos para que no se hagan recortes en los programas sociales destinados a los más pobres y necesitados.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (numeral 355) nos ilumina: «Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía». Se requiere «rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos», afirma el mismo numeral.

La clase media de nuestro país, con el paso de los años, ha quedado con poquísimas oportunidades de un mayor progreso, de tener mejor acceso a vivienda o de posibilidades de crecimiento, precisamente porque se han cargado sobre esta clase media algunos de los impuestos creados en los últimos años, y según los nuevos planes de ajuste, este sector sufrirá de nuevo un duro golpe.

Alentamos a que se genere un real y verdadero diálogo, a que se tomen en cuenta los diferentes aportes de grupos sociales, para suscitar una sana discusión con el único fin de buscar el bien común, la justicia social y el desarrollo integral de las personas.

Como lo advierte el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’ (numeral 189): «La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana».

Nuestro llamado es a hacer una pausa, a no acelerar decisiones que hipotecarán el futuro del país por algunas décadas. Dios nos ilumine a fin de tomar el mejor camino para esta y las futuras generaciones.

En la sede de la Conferencia Episcopal, San José, a los 21 días del mes de setiembre del año del Señor 2020, fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista.

JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA
Obispo de Ciudad Quesada
Presidente

DANIEL FRANCISCO BLANCO MÉNDEZ
Obispo Auxiliar de San José
Secretario General