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Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

Este lunes 13 de julio, el periódico La Nación y diversas redes sociales informaron que la delegación costarricense ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazó expresamente los términos “violencia reproductiva”, “masculinidad patriarcal” e “interseccionalidad”. La intervención tuvo lugar el pasado 8 de julio, después de que el Consejo aprobara por consenso una resolución sobre los derechos de las mujeres y las niñas en situaciones humanitarias.

La diputada oficialista y pastora evangélica Kattia Mora se atribuyó públicamente la gestión que condujo a esa posición y agradeció a la presidenta Laura Fernández por ordenar que la delegación costarricense defendiera lo que ella denominó la “correcta conceptualización” del género, la masculinidad, la femineidad, la “familia natural” y la autoridad parental.

No estamos ante una simple discusión semántica, una cautela diplomática o una controversia académica acerca de la precisión de ciertas palabras. Estamos ante algo mucho más grave: el Gobierno de Costa Rica ha convertido una agenda religiosa conservadora en política exterior del Estado y pretende presentar esa regresión como defensa de la soberanía, la democracia y el ordenamiento jurídico nacional.

La operación es transparente. Primero se declaran superadas las desigualdades. Después se abandona los espacios internacionales que permiten examinarlas. Luego se debilita las instituciones nacionales encargadas de atenderlas. Finalmente, se intenta desacreditar las palabras indispensables para nombrarlas.

No se pretende corregir el lenguaje. Se pretende impedir que el lenguaje revele la realidad.

Los tratados no son diccionarios congelados

El argumento central expuesto por Costa Rica sostiene que “violencia reproductiva”, “masculinidad patriarcal” e “interseccionalidad” no han sido definidos en tratados internacionales vinculantes y que su utilización podría constituir una expansión no autorizada de esos instrumentos.

El razonamiento parece jurídico, pero es profundamente engañoso.

Los tratados internacionales no son diccionarios cerrados ni cápsulas lingüísticas congeladas en el momento de su aprobación. Consagran derechos, obligaciones y principios generales que deben ser interpretados frente a nuevas realidades históricas. Si solamente pudieran reconocerse las violencias mencionadas literalmente en tratados redactados hace varias décadas, tampoco sería posible hablar de violencia digital, acoso virtual, discriminación algorítmica, violencia obstétrica o persecución mediante nuevas tecnologías.

Una resolución del Consejo de Derechos Humanos no tiene por sí misma la misma fuerza vinculante de un tratado. Eso es elemental. Pero de esa premisa correcta no se desprende que los conceptos empleados en ella sean ilegítimos, antijurídicos o contrarios a la soberanía nacional.

“No vinculante” no significa falso. “No definido en un tratado” no significa inexistente. “Interpretativo” no significa clandestino.

El Gobierno toma una verdad jurídica parcial y la utiliza para fabricar una conclusión ideológica. Convierte la necesaria prudencia frente a las fuentes del derecho internacional en una censura del conocimiento: solo podría reconocerse aquello que ya fue nombrado expresamente por los tratados.

Esa posición no protege el derecho. Lo condena a la ceguera.

La violencia reproductiva existe, aunque el Gobierno se niegue a nombrarla

La expresión “violencia reproductiva” no fue inventada para introducir una agenda extranjera por la “puerta del patio”. Designa conductas concretas: anticoncepción forzada o deliberadamente negada, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización impuesta, ataques contra servicios de salud reproductiva y otras intervenciones violentas destinadas a controlar la capacidad reproductiva de una persona o de un grupo.

La resolución aprobada el 7 de julio constituye el primer documento negociado de Naciones Unidas que reconoce expresamente la violencia reproductiva como una categoría diferenciada de violencia de género. Varias de las conductas que comprende ya se encuentran prohibidas por el derecho penal internacional; lo novedoso es que ahora se las reúne bajo un concepto que permite identificarlas, documentarlas y enfrentarlas integralmente.

El término no crea la violencia. Hace visible una violencia que ya existe.

Por eso, la pregunta que el Gobierno debe responder no es si la expresión aparece literalmente en un tratado, sino qué pretende proteger negándose a llamar violencia reproductiva al embarazo forzado, la esterilización impuesta o la anticoncepción obligatoria.

Desde luego, no protege a las mujeres y niñas que padecen esas prácticas.

Nombrar una violencia permite reconocer a sus víctimas, producir información, diseñar políticas públicas, establecer responsabilidades y construir mecanismos de reparación. Borrar el concepto fragmenta los daños, invisibiliza a quienes los sufren y facilita la impunidad.

Cuando el Gobierno rechaza la expresión, no elimina la violencia reproductiva. Elimina una herramienta para exigirle que actúe frente a ella.

La masculinidad patriarcal no es una acusación contra todos los hombres

El Gobierno también rechaza la expresión “masculinidad patriarcal”, como si se tratara de una condena indiscriminada contra los hombres o de una negación de la masculinidad. Eso es falso.

El concepto se refiere a un modelo cultural específico que vincula ser hombre con dominar, controlar, ejercer autoridad sobre las mujeres, reprimir las emociones, resolver los conflictos mediante la fuerza y considerar la igualdad como una amenaza. No afirma que todos los hombres sean violentos ni que la masculinidad sea esencialmente negativa. Cuestiona una forma histórica de socialización masculina que produce relaciones desiguales y normaliza determinadas violencias.

El propio Consejo de Derechos Humanos utilizó expresamente el concepto en una resolución de 2025, también adoptada sin votación. En ella exhortó a combatir estereotipos, normas y valores perjudiciales como la masculinidad patriarcal, el sexismo y la misoginia, y al mismo tiempo convocó a hombres y niños a actuar como aliados, beneficiarios y modelos positivos para la igualdad.

No se está acusando a los hombres. Se les está invitando a abandonar una forma de masculinidad basada en el poder y la subordinación.

La incomodidad del Gobierno con el concepto resulta todavía más reveladora cuando Naciones Unidas ha documentado que siete de cada diez mensajes de odio y discriminación analizados en Costa Rica durante 2025 fueron emitidos por hombres y que las “masculinidades agresivas” cumplen un papel determinante en la violencia de las redes sociales.

En lugar de examinar ese fenómeno, el Gobierno opta por negar la categoría que permite comprenderlo.

Rechazar la interseccionalidad es decidir no ver

La interseccionalidad tampoco es un nuevo derecho creado a espaldas de los Estados. Es una herramienta analítica que permite comprender que las discriminaciones no actúan siempre de manera separada.

Una mujer indígena, pobre, migrante y con discapacidad no experimenta cuatro discriminaciones completamente aisladas. Vive una situación específica, producida por la interacción entre el género, la condición económica, el origen étnico, la discapacidad y el estatus migratorio.

Una guía oficial de Naciones Unidas define la interseccionalidad como un marco que permite reconocer cómo distintas identidades y condiciones sociales se superponen y generan experiencias acumuladas de discriminación y opresión. La vincula directamente con los principios de igualdad y no discriminación y con la elaboración de políticas públicas eficaces.

Rechazarla no aumenta la seguridad jurídica. Reduce deliberadamente la capacidad del Estado para comprender a las personas que padecen varias desigualdades simultáneamente.

El Gobierno no está defendiendo la igualdad. Está defendiendo una versión abstracta de ella, tan general que termina borrando las diferencias reales entre las personas.

El Gobierno cita el derecho a medias

La intervención costarricense también invocó el artículo 21 de la Constitución Política y el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener que la autonomía corporal y los derechos reproductivos no pueden desconocer la protección de la vida desde la concepción.

Pero omitió un detalle imposible de considerar secundario: la interpretación que la Corte Interamericana realizó precisamente en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica.

La Corte estableció que la expresión “en general”, contenida en el artículo 4.1 de la Convención, impide interpretar la protección de la vida prenatal como absoluta. Determinó que esa protección es gradual e incremental, que debe armonizarse con los demás derechos y que, para efectos de la Convención, la concepción se produce con la implantación del embrión en el útero. También afirmó que la defensa absoluta del embrión no puede utilizarse para anular completamente los derechos de otras personas.

La delegación no podía ignorar esa sentencia. Costa Rica fue el Estado condenado.

Citar el artículo 4.1 y omitir deliberadamente las palabras “en general”, el principio de protección gradual y la jurisprudencia dictada contra el propio país no constituye una interpretación jurídica completa. Es propaganda construida con fragmentos jurídicos.

Algo semejante ocurre con el Estatuto de Roma. El Gobierno pretende imponer la definición contenida en su artículo 7.3 como la única acepción admisible de género en todo el derecho internacional. Pero el propio artículo comienza indicando que esa definición rige “para los efectos del presente Estatuto”, es decir, dentro del ámbito específico de la responsabilidad penal internacional. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha señalado, además, que la expresión “en el contexto de la sociedad” remite a construcciones y criterios sociales utilizados para definir el género.

Transformar una definición contextual del Estatuto de Roma en una prohibición universal de cualquier otra comprensión del género no es respetar el tratado. Es deformarlo para adaptarlo a una doctrina religiosa.

La autoridad parental no convierte a los hijos en propiedad ideológica

La representación costarricense también sostuvo que la educación sexual y el autocuidado no deben desplazar el derecho de los padres a orientar a sus hijos, e invocó el artículo 143 del Código de Familia.

Pero ese artículo no establece ningún derecho de veto de los progenitores sobre la educación científica, sanitaria o sexual que el Estado debe garantizar. Reconoce derechos y deberes de orientación, educación, cuidado, vigilancia y disciplina, pero también impone la obligación de proteger a las personas menores de edad frente a toda forma de violencia, incluidas las relaciones impropias. Incluso prohíbe expresamente el castigo corporal y los tratos humillantes.

La responsabilidad parental no es soberanía privada sobre la conciencia, el cuerpo o la información que reciben los hijos.

Las personas menores de edad son titulares de derechos. La educación sexual puede protegerlas contra el abuso, la manipulación, las relaciones impropias, las infecciones, los embarazos forzados y la desinformación. Y esos riesgos no siempre provienen de extraños. Muchas veces nacen dentro de los propios espacios familiares o religiosos que reclaman autoridad absoluta sobre ellas.

Presentar la educación sexual como una amenaza contra las familias no protege a la niñez. Protege el silencio del que se benefician quienes abusan de ella.

La mentira del país que ya está “al día”

Esta intervención tampoco aparece de la nada. Forma parte de una secuencia iniciada durante la administración de Rodrigo Chaves y profundizada por Laura Fernández.

El 7 de abril de 2026, cuando faltaba aproximadamente un mes para concluir el Gobierno anterior, Costa Rica se retiró del grupo de la Organización de Estados Americanos dedicado a los derechos de las personas LGBTIQ+. El entonces canciller Arnoldo André justificó la decisión alegando que el país había completado “la protección plena de los derechos de todas las minorías”.

Laura Fernández no corrigió esa ficción. La convirtió en doctrina gubernamental.

El 3 de junio afirmó que ya no quería ver a Costa Rica participando en foros relacionados con “derechos, diversidades y esas cosas”, porque el país estaba, “gracias a Dios, al día”. También declaró que no quería que la Agenda 2030 siguiera ingresando “por la puerta de la cocina”.

La frase “gracias a Dios” no fue accidental. Revela el marco desde el cual se está reorientando la política exterior: no desde el Estado social y democrático de derecho, no desde la evidencia y no desde las obligaciones internacionales, sino desde una lectura religiosa particular sobre cuáles derechos merecen discutirse y cuáles deben declararse concluidos.

Pero Costa Rica no está “al día”.

Durante 2025 se registraron más de 2,1 millones de mensajes de odio y discriminación en redes sociales. Los ataques contra personas LGBTIQ+ aumentaron un 344 %, el mayor crecimiento entre todas las categorías estudiadas. También continuaron creciendo los ataques contra mujeres, especialmente contra lideresas, defensoras de derechos y mujeres en posiciones públicas.

Al cierre de ese mismo año, el Observatorio de Género del Poder Judicial registraba 33 femicidios y todavía analizaba otras 28 muertes violentas de mujeres para determinar si el género había intervenido en sus motivaciones.

Un país con esas cifras no puede declararse satisfecho. Un Gobierno que lo hace no demuestra optimismo: demuestra indiferencia o voluntad de ocultamiento.

La igualdad formal ante la ley no elimina la violencia por prejuicio, la discriminación laboral, el acoso, los femicidios, la expulsión familiar, los discursos religiosos de odio ni las desigualdades estructurales.

Declarar que todos los derechos ya están garantizados permite abandonar los espacios internacionales, reducir el escrutinio y dejar de rendir cuentas. Esa es la verdadera función política del discurso del país “al día”.

La hipocresía sentada en el centro del poder

La posición gubernamental resulta todavía más hipócrita al observar quién ocupa actualmente dos de los cargos más poderosos del Poder Ejecutivo.

Rodrigo Chaves, expresidente de la República, fue nombrado por Laura Fernández ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda. Desde esas posiciones coordina simultáneamente la articulación política y económica del Gobierno.

Antes de llegar al poder en Costa Rica, Chaves fue sancionado administrativamente por el Banco Mundial por conductas inapropiadas de naturaleza sexual. El Tribunal Administrativo del organismo reprochó que Recursos Humanos no hubiera determinado expresamente si esas actuaciones constituían acoso sexual, reconoció que la conducta era de naturaleza sexual y que Chaves sabía o debía saber que no era bienvenida. El propio Banco Mundial admitió posteriormente que habría sido razonable concluir que los hechos sustentaban una determinación de acoso sexual.

Debe decirse con precisión: no se trató de una condena penal. Pero tampoco existió la absolución que Chaves ha pretendido presentar públicamente.

Resulta grotesco que un Gobierno que concentra semejante poder en un hombre sancionado por conductas sexuales inapropiadas pretenda ahora eliminar del lenguaje internacional los conceptos utilizados para analizar el acoso, las jerarquías de género, la autonomía corporal y las relaciones patriarcales de poder.

Se combate el concepto, pero se rehabilita al poderoso. Se desacredita el lenguaje de las víctimas, pero se premia políticamente al sancionado.

Esa no es una contradicción accidental. Es el funcionamiento habitual de un poder que exige silencio a quienes denuncian y absoluta indulgencia para quienes mandan.

Desmantelar al INAMU y después negar la violencia

La negación discursiva ha avanzado paralelamente con el debilitamiento material de la institucionalidad encargada de proteger a las mujeres.

Durante la administración anterior, el Instituto Nacional de las Mujeres quedó sometido a cuestionamientos por politización, inacción frente a la violencia femicida, utilización dudosa de recursos y una reestructuración prevista para culminar en 2026. Esa reorganización contempla el cierre de la oficina que atendía la enorme mayoría de los casos de violencia. El programa Puntos Violeta había consumido al menos ₡535 millones sin producir los resultados esperados.

No estamos ante una simple reorganización administrativa. Estamos ante un proceso de desmantelamiento político, presupuestario, técnico y epistemológico.

Se debilita la institución que debe prevenir la violencia. Se desarticulan sus capacidades de atención. Se cuestiona el enfoque de género. Se sustituyen políticas especializadas por programas publicitarios. Después se proclama que los derechos ya están garantizados y que las categorías internacionales son innecesarias.

Primero se incapacita al Estado para ver. Luego se utiliza su ceguera como prueba de que nada ocurre.

La ofensiva contra las palabras y el debilitamiento del INAMU son partes de una misma política: reducir la capacidad pública de reconocer la desigualdad, atender a las víctimas y responsabilizar a los agresores.

Kattia Mora: del púlpito a la política exterior

La participación de la diputada Kattia Mora tampoco puede tratarse como un detalle anecdótico.

El problema no es que una persona religiosa llegue a la Asamblea Legislativa. En una democracia, creyentes y no creyentes poseen los mismos derechos políticos. El problema surge cuando una autoridad religiosa utiliza el poder estatal para convertir su doctrina particular en política obligatoria para toda la sociedad.

Mora forma parte del bloque cristiano de la fracción oficialista. Durante la campaña trascendió una alianza entre Pueblo Soberano y organizaciones evangélicas vinculadas con Foro Mi País, cuyo dirigente afirmó que el partido había incorporado 24 candidaturas relacionadas con esos sectores. Mora fue identificada como pastora evangélica e integrante de ese bloque; también es esposa de un expresidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense.

El 18 de junio, Mora organizó en la Asamblea Legislativa una conferencia de prensa para atacar la sentencia 3787-E1-2026 del Tribunal Supremo de Elecciones. El fallo había declarado con lugar recursos de amparo contra Pueblo Soberano y el pastor Reinaldo Salazar por utilizar motivos religiosos para inducir el voto a favor del oficialismo. El TSE confirmó oficialmente que la actividad fue organizada por la diputada.

El caso incluía un folleto titulado “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano?”, del cual el partido financió 200.000 ejemplares para distribuirlos masivamente por medio de pastores y líderes religiosos. El Tribunal consideró que esa combinación de mensajes electorales, creencias religiosas y autoridad espiritual afectaba la libre determinación del electorado.

Durante la conferencia organizada por Mora, un asesor presidencial calificó la sentencia como “terrorismo de Estado”, acusó al TSE de actuar como partido de oposición y sugirió que sus magistrados eran “progres” y “ateos” que perseguían al pueblo cristiano.

La gravedad es evidente: una integrante del Poder Legislativo utilizó las instalaciones y la autoridad simbólica de la Asamblea para facilitar una ofensiva contra el órgano constitucional encargado de garantizar la libertad electoral.

Existe además un antecedente que demuestra que este conflicto no comenzó en 2026. En 2014, el TSE declaró con lugar un recurso contra la Federación Alianza Evangélica Costarricense por publicar propaganda que invocaba textos bíblicos, el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo para orientar el voto.

Ese antecedente no convierte a Mora en responsable de los hechos de 2014. Sí demuestra que determinados sectores político-religiosos mantienen desde hace años una disputa con los límites constitucionales que impiden utilizar la autoridad pastoral para condicionar el sufragio.

Menos de un mes después de organizar la ofensiva contra el TSE, Mora se atribuye haber conseguido que Costa Rica rechace ante Naciones Unidas los conceptos de violencia reproductiva, masculinidad patriarcal e interseccionalidad.

La secuencia no puede ser más clara:

autoridad religiosa utilizada para orientar el voto; candidaturas incorporadas mediante alianzas con organizaciones evangélicas; ataque al Tribunal que intenta hacer respetar los límites constitucionales; presión sobre el Poder Ejecutivo; y conversión de la doctrina religiosa en posición oficial de Costa Rica ante las Naciones Unidas.

Kattia Mora ya no se limita a representar a una comunidad creyente. Actúa como transmisora de una agenda confesional hacia el interior del Estado.

¿Quién dirige realmente la política exterior costarricense?

Una diputada tiene derecho a realizar gestiones, plantear posiciones y ejercer control político. Lo que no puede normalizarse es que un despacho legislativo, una pastora y organizaciones religiosas externas aparezcan determinando el contenido de la representación internacional de Costa Rica sin un proceso público, plural, técnico y transparente.

La pregunta es inevitable:

¿Quién definió la posición presentada en Ginebra?

¿Fue elaborada por especialistas en derecho internacional y derechos humanos? ¿Fue consultada con el INAMU, organizaciones de mujeres, instituciones académicas y sectores afectados? ¿Respondió a una directriz formal de la Cancillería? ¿O fue producto de gestiones políticas realizadas para satisfacer a la base religiosa del oficialismo?

La diputada afirma que su despacho intervino. Una organización pastoral agradece que las preocupaciones de determinados sectores fueran canalizadas hacia las autoridades. La presidenta celebra el cierre de espacios internacionales sobre derechos y diversidad. La delegación reproduce argumentos característicos del conservadurismo religioso.

No se necesita imaginar una conspiración. Los propios protagonistas están describiendo públicamente el mecanismo de influencia.

La política exterior de Costa Rica no puede convertirse en la prolongación internacional de un púlpito.

La soberanía como coartada

Los defensores del Gobierno alegarán que Costa Rica tiene derecho a formular reservas, proteger su soberanía y evitar que resoluciones no vinculantes modifiquen el ordenamiento interno sin intervención de la Asamblea Legislativa.

Nadie discute ese derecho.

Costa Rica podía precisar los alcances jurídicos de la resolución, solicitar definiciones, señalar que determinadas recomendaciones requerían desarrollo legislativo o explicar cuáles medidas debían adoptarse mediante procedimientos internos.

Pero no hizo solamente eso.

Desacreditó conceptos utilizados por los organismos internacionales para comprender violencias reales. Omitió la jurisprudencia interamericana dictada contra el propio país. Universalizó indebidamente una definición contextual del Estatuto de Roma. Presentó la educación sexual como amenaza a la autoridad parental. Y permitió que una agenda religiosa particular fuera exhibida como la única interpretación jurídicamente correcta de la familia, el género y la vida.

Eso no es defensa de la soberanía.

Es utilizar la soberanía como coartada para sustraer al Estado del escrutinio internacional y convertir una moral religiosa particular en norma pública.

La soberanía democrática pertenece al pueblo plural, no a una iglesia, a una pastora, a una alianza electoral ni a la mayoría circunstancial que ocupa el Gobierno.

No se borran palabras: se abandonan personas

El Gobierno declara que los derechos ya están garantizados mientras crecen los discursos de odio. Abandona los foros internacionales mientras persisten los femicidios y la violencia contra las personas LGBTIQ+. Debilita al INAMU mientras las mujeres siguen siendo asesinadas. Rechaza la expresión “masculinidad patriarcal” mientras concentra un enorme poder en un hombre sancionado por conductas sexuales inapropiadas. Invoca la protección de la niñez mientras combate las herramientas educativas que permiten reconocer el abuso. Y habla de neutralidad mientras una diputada-pastora celebra haber convertido su doctrina en posición oficial del Estado.

No existe neutralidad en esa conducta.

Existe una política coherente de negación.

El Gobierno no está librando una batalla contra palabras imprecisas. Está librando una batalla contra los marcos jurídicos y conceptuales que permiten a las mujeres, a las personas sexualmente diversas y a otros grupos discriminados nombrar lo que padecen, exigir protección y reclamar responsabilidades.

Por eso debemos decirlo sin eufemismos: la intervención de Costa Rica ante el Consejo de Derechos Humanos constituye una regresión deliberada, una vergüenza diplomática y una peligrosa confesionalización del Estado.

Cuando se borran las palabras con las que se nombra una injusticia, la injusticia no desaparece. Desaparecen las víctimas del campo de visión del poder.

Y cuando un Gobierno necesita prohibir las palabras con las que se identifica una violencia, generalmente no es porque la violencia haya terminado, sino porque ha decidido dejar de responder por ella.