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Etiqueta: conflicto armado

A 18 días del ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán: balance y perspectivas y un repaso a las reacciones oficiales registradas en América Latina

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El ataque coordinado por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero del 2026, constituye un nuevo episodio que viene a desestabilizar a la ya convulsa región de Oriente Medio y al mundo en general, con consecuencias imprevisibles de muy diversa índole. 

En estos 18 días de intensa confrontación con Irán, los daños han sido cuantiosos en Irán, pero también lo han sido en Israel y en varias otras partes de Oriente Medio. Evaluarlos y cuantificarlos de manera precisa por parte de cada Estado afectado por explosiones en su territorio, permitirá tener una idea del costo de esta atrevida decisión que tomaron Estados Unidos e Israel sin mayor consulta. 

Estos primeros 18 días no pueden sino contribuir a reforzar la idea que la deriva a la que Estados Unidos está mal acostumbrando al mundo, con operaciones militares y decisiones unilaterales totalmente ilegales desde el punto de visto jurídico, debe ser frenada y firmemente condenada. Y confirmar nuevamente que la lógica de la fuerza que Israel busca imponer dada su incuestionable superioridad militar en Oriente Medio, no lleva a ningún lugar: con más destrucciones, más familias enlutadas, más heridos que llegan a hospitales colapsados (siendo la mayoría civiles), más desplazados caminando a la intemperie, y dejando a gobernantes ya exhaustos de estos Estados bombardeados, desoladores campos de ruinas que no pueden sino alimentar la sed de venganza y una mayor radicalización. 

Desequilibrar por completo a regiones enteras y al resto del planeta y buscar erosionar las reglas más elementales del derecho internacional público, no puede ser visto como beneficioso para ninguno de los 193 Estados que conforman Naciones Unidas. ¿O sí? Aumentar el nivel de resentimiento y de odio hacia Israel en la región, con miles de integrantes de familias enlutadas dispuestos a vengar la muerte de sus seres más queridos (muchos de ellos niños), repartidos en todos los Estados de Oriente Medio o por el mundo, no puede augurar un futuro más seguro y más próspero para Israel.¿O sí?

El nivel de impreparación de Estados Unidos e Israel para contrarrestar la respuesta militar de Irán viene ahora a plantear  muchas dudas e interrogantes, todas muy válidas, sobre la estrategia seguida por ambos Estados, ello sin hablar de la falta de objetivos claros de esta aventurada operación militar. En esta nota de prensa del 14 de marzo, se hace ver el faltante de interceptores por parte de Israel, detectado en Estados Unidos en esta otra nota de CNN: ambas notas confirman la precitada impreparación de ambos Estados. En estos últimos días, el Presidente de Estados Unidos exhibe su desesperación pidiendo ahora que otros Estados en Europa y en Asia lo ayuden a desbloquear el estrecho de Ormuz, una trampa previsible que le tendió Irán y de la que no pareciera poderse salir desde el punto de vista militar (véase nota de prensa del 17 de marzo). También este 17 de marzo se informó en Estados Unidos de  la renuncia de un alto funcionario a cargo de la lucha contra el terrorismo (véase nota de The Guardian carta de renuncia difundida en las redes sociales).

Una nueva violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas

Desde el estricto punto de vista jurídico, hay que tener claro que lo ocurrido el 28 de febrero del 2026 con esta nueva acción militar contra Irán califica como agresión. ¿Como así? Como se lee. 

Esta agresión militar de dos Estados (Estados Unidos e Israel) contra un Estado (Irán) contraviene con los principios y las reglas enunciadas en la Carta de Naciones Unidas de 1945. Un reciente análisis publicado en el sitio especializado de EJIL Talk precisa y detalla la ilegalidad total que constituye (sin discusión alguna) el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel perpetrado contra Irán. En esta entrevista un reconocido académico norteamericano no duda en referir al «desastre» provocado por Estados Unidos e Israel y al año «catastrófico» para la economía mundial que se avecina. 

Como todo hecho ilícito internacional, el derecho internacional público prevé la posibilidad, para el Estado víctima, de reclamar compensaciones de todo tipo en caso de daños, en particular a su infraestructura pública, a su agricultura, a su patrimonio histórico y más generalmente a todo lo que estalla y se pierde de manera irremediable cuando una bomba potente es lanzada en una capital como Teherán por parte de Estados Unidos e Israel o en otra zona de Irán. A modo de ejemplo reciente, en Naciones Unidas, este informe de febrero del 2026 establece una estimación por los daños causados en Ucrania (luego de sufrir la agresión militar de la que ha sido víctima por parte de Rusia desde el 24 de febrero del 2022) a más de 195.000 millones de US$. La metodología aplicada para cuantificar los daños en el caso de Ucrania es aplicable a todo Estado que sufra un ataque militar masivo por parte de otro Estado. En el caso de Gaza, este otro informe del Banco Mundial (a febrero del 2025), estimaba los daños causados por Israel a 53.000 millones de US$ y se espera una actualización de los datos a febrero del 2026 ya que los bombardeos sobre Gaza no han cesado desde febrero del 2025. 

En 1986, luego de una ejemplar batalla legal en La Haya, Nicaragua obtuvo una histórica sentencia de la justicia internacional, condenando a Estados Unidos por adiestrar, financiar y asesorar a fuerzas contrainsurgentes en su contra (véase sentencia de la CIJ del 26 de junio de 1986, en particular el párrafo dispositivo final 292), con una etapa sobre reparaciones posterior que Nicaragua no continúo, pudiendo hacerlo (Nota 1). La relectura del fallo de la CIJ  del 27 de junio de 1986 permite revisar, 40 años después, las diversas tentativas de los asesores legales norteamericanos buscando evitar a toda costa que la justicia internacional de La Haya no conociera de este asunto: todas sus maniobras, algunas tan creativas como fantasiosas e ilusas, fracasaron de manera estrepitosa.

Es de notar que ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el delegado de Estados Unidos no encontró nada mejor que … sostener que Estados Unidos actuó el 28 de febrero en legítima defensa, invocando el Artículo 51 de la Carta de Naciones (véase texto de intervención): a 18 días de iniciada esta agresión, se sigue esperando de Estados Unidos que aporte pruebas sobre la «amenaza inminente» a la que refirió su delegado ante los demás 14 integrantes del Consejo de Seguridad. 

Al respecto, merece lectura la intervención del delegado de China durante la misma sesión urgente del Consejo de Seguridad, celebrada el mismo 28 de febrero por la noche en Nueva York (véase texto intregral).

Contrario a una opinión generalizada, Irán ha hecho uso de los recursos legales existentes a disposición de un Estado víctima de otro Estado en el pasado: cabe recordar que de los 21 casos inscritos ante la justicia internacional de La Haya, tres asuntos distintos se relacionan a tres demandas de Irán contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tal y como se puede revisar en el listado oficial de casos pendientes de resolución. En el 2003, luego de una ardua y larga batalla legal, la CIJ condenó a Estados Unidos en una sentencia en el marco de una demanda presentada por Irán por bombardeos de Estados Unidos a sus instalaciones petroleras realizados en 1987 y en 1988 (véase texto, en particular párrafo operativo 125).

Estados Unidos e Israel: una dupla a toda prueba

De manera a relacionar lo ocurrido desde el 28 de febrero del 2025 con el contexto propio de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, no resulta de más recordar que el actual mandatario norteamericano confía ciegamente en las informaciones con las que le provee Israel. 

En efecto, como bien se recordará, durante su primer mandato, optó el 8 de mayo del 2018 por retirar a Estados Unidos del denominado «pacto nuclear» sellado en julio del 2015 entre Irán y la comunidad internacional, luego de casi 20 años de intensas negociaciones. 

Esta decisión unilateral de Estados Unidos se basó en «informes de inteligencia» de Israel sobre el programa iraní, dadas a conocer a finales del mes de abril del 2018 (véase artículo de prensa del New York Times). Las conclusiones a las que llegó Estados Unidos fueron formal y categóricamente desmentidas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) de Naciones Unidas, al sostener que Irán sí estaba cumpliendo a cabalidad con todo lo pactado en el 2015 con la comunidad internacional, tal y como tuvimos la oportunidad de plantearlo en una nota nuestra titulada precisamente: 

«¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear» (Nota 2). 

Retirarse de un acuerdo nuclear pactado entre Irán y la comunidad en julio del 2015 con base en información de inteligencia proporcionada por Israel, es lo que el actual mandatario norteamericano no dudó en hacer en el 2018, y ello pese al carácter falaz de la información proporcionada por Israel.

Una amenaza pasada reiterada… hecha realidad

A modo de respuesta a este ataque inicial de Estados Unidos y de Israel, Irán ha materializado desde el mismo 28 de febrero una amenaza hecha en su momento: una respuesta militar de su parte con un alcance regional, abarcando no solamente a Israel sino a todos los Estados de la región en los cuales se encuentra una base militar norteamericana (Arabia Saudita, Bahréin, Catar, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Kuwait, Jordania y Omán). 

Las embajadas de Estados Unidos en la región, sus naves, sus empresas, sus turistas o simples nacionales de igual manera pueden verse convertidos en blancos militares a partir del 28 de febrero y puede resultar bastante aventurado y presumido pretender estar en capacidad de proteger puntos tan dispersos, de posibles ataques por parte de Irán. Ello sin contar con actos violentos que se puedan dar contra legaciones diplomáticas de Israel y de Estados Unidos y contra sus empresas o grupos de turistas en muchas otras partes del mundo por parte de individuos, grupos organizados y/o colectivos radicales dispuestos a «vengar» a Irán.

El observar si las capacidades militares iraníes lograron penetrar en el suelo de Israel y en diversos otros puntos permite determinar si los decisores en Estados Unidos e Israel ponderaron y balancearon de manera correcta (o incorrecta …) los  enormes riesgos que conllevaba su agresión militar inicial contra Irán. De igual manera, la amenaza de bloquear el flujo de carga naviera que pasa  frente a las costas de Irán imposibilitando el paso por el estrecho de Ormuz es otra amenaza hecha en su momento por Irán, en caso de iniciar Estados Unidos hostilidades en su contra. Desde 1973, el estrecho de Ormutz cuenta con un texto (véase documento) de la Organización Marítima Mundial en el que se precisan las atribuciones y los derechos de Irán sobre este estrecho marítimo, de vital importancia para la zona. El aumento significativo del precio del baril del petroleo en estos 18 días de confrontación indica que Irán ha logrado poner a ejecución su amenaza, abriéndose así una espiral inflacionaria en todo el mundo que afectará a todas las economías del planeta.

Cráter causado por un misil iraní en Tel Aviv. Foto extraía de artículo de prensa publicado en Israel por el medio digital Magazine+972 y titulado » ‘Our coverage is note thruthful’: How Israel is censoring reporting o the war», edición del 13 de marzo del 2026

Ya en el mes de junio del 2025, tuvimos la oportunidad de analizar desde la perspectiva jurídica, la total ilegalidad de los bombardeos realizados por Israel y Estados Unidos en Irán, durante 12 días. Dicho sea de paso, en aquel episodio, varios misiles y drones enviados por Irán en respuesta a este ataque  lograron burlar los sistemas de defensa de Israel pese a las «seguridades» dadas por algunos altos jefes militares en Israel (véase al respecto nuestra nota titulada «Irán  / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público», del 28 de junio del 2025). 

Drones: la nueva componenda militar en conflictos bélicos

En las más recientes confrontaciones entre dos Estados, el recurso a drones militares de cierto alcance (pero incluso drones comerciales de muy bajo costo) permite ahora al ejército de un Estado ya sea:

– burlar de manera relativamente sencilla los sistemas de defensa de otro Estado (pensados para interceptar misiles, y no drones), ya sea;

– saturar el espacio con drones y misiles de poca carga y desgastar los sistemas de defensa antimisiles, para luego, enviar misiles con cargas mucho mayores en determinados puntos considerados estratégicos.

Con respecto al uso de los drones, resulta más que sorprendente para muchos observadores militares que Estados Unidos no haya incorporado como variable la experiencia militar de Ucrania desde el 2022, al recibir una multitud de drones rusos que burlan una y otra vez, de manera bastante sencilla, los sistemas de defensa antimisil de Ucrania más sofisticados proporcionados por Estados Unidos y por Europa. No se sabe si Estados Unidos e Israel han tomado en consideración el hecho que Irán también está dotado de drones marinos que burlan la vigilancia de los radares y de otros sistemas de detección, y que han causado, en el caso de su uso por parte de Ucrania, daños significativos a la marina rusa en el Mar Negro.

Estados Unidos e Israel: una urgente necesidad de desplazar la atención

No está de más indicar que esta aventurada operación militar conjunta de Estados Unidos y de Israel y la previsible respuesta de Irán permite a ambos Estados  y a sus dos máximos dirigentes, desviar totalmente la atención mediática  internacional y la de la comunidad internacional en su conjunto.

En el caso norteamericano, tanto el escándalo por los denominados «Epstein files» como la verdadera humillación sufrida el pasado 20 de febrero por el actual ocupante de la Casa Blanca ante el mundo y ante su propia opinión (al declarar la Corte Suprema totalmente ilegales los aranceles decididos de manera arbitraria al iniciar su gestión), han pasado a un segundo plano desde el 28 de febrero, lo cual resulta sumamente útil de cara a la contienda electoral del los «midterms» en Estados Unidos. No obstante, desde el punto de vista electoral, el apoyo popular (incluso dentro de su propio partido) a esta nueva aventura militar de Estados Unidos en Oriente Medio no parecería darse para el actual ocurrente ocupante de la Casa Blanca, luego de 18 días de intensa confrontación con Irán, y con las primeras personas muertas y heridas (tanto en Israel como en las filas del ejército norteamericano). Esta nueva y costosa aventura militar, cuyos objetivos son inciertos, es incluso contraria a una promesa firme hecha y reiterada como candidato presidencial a sus correligionarios por parte del actual ocupante de la Casa Blanca. En cuanto a los efectos inflacionarios de una nueva crisis petrolera, es probable que genere un profundo descontento en el electorado norteamericano si logra impactar directamente a la economía norteamericana.

En el caso de Israel, esta operación militar conjunta con  Estados Unidos  permite a Israel desviar toda la atención del mundo:

– del drama indecible al que somete a la población civil palestina y al genocidio en curso en Gaza, presentido con gran anticipación por parte de Sudáfrica en diciembre del 2023 al presentar su demanda contra Israel ante la justicia internacional de La Haya (véase texto), confirmado en julio del 2024 por la Relatora de Naciones Unidas Francesca Albanese en su informe titulado «Anatomía de un genocidio«, y reconfirmado por tres expertos investigadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe A/HRC/60/CRP.3 de septiembre del 2025  (Nota 3), así como;

– de la colonización a marcha forzada muy intensa que lleva a cabo en otro territorio palestino ocupado, Cisjordania, la cual fue objeto de un reciente comunicado de varios Estados condenandola de manera vehemente (véase comunicado del 23 de febrero colgado por la diplomacia de España). Nuestros estimables lectores costarricenses podrán revisar este otro texto conjunto suscrito por más de 100 Estados condenando el accionar de Israel en Cisjordania, entre los cuales no aparece Costa Rica, como tampoco Argentina, Bolivia, Ecuador, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Panamá ni Perú.

El hecho de posponer nuevamente una investigación independiente en Israel sobre las responsabilidades del actual pimer ministro y sus jefes militares al permitir el ataque del Hamás del 7 de octubre del 2023, teniendo información de sus servicios de inteligencia sobre los planes del Hamás que fue archivada, es otro aspecto muy positivo para el actual primer ministro israelí.

Es de notar que el pasado 4 de marzo, el denominado Grupo de La Haya, liderado por Colombia y Sudáfrica convocó a una reunión urgente con 35 Estados que han dicho presente, para considerar nuevas acciones de cara al genocidio en curso en Gaza (véase nota de prensa).

Siempre con relación al territorio palestino ocupado, esta vez Jerusalén Oriental, este 6 de marzo del 2026, varios expertos de Naciones Unidas hicieron un vehemente llamado a Israel a cesar sus acciones tendientes a forzar familias palestinas a abandonar esta parte de la Ciudad Santa (véase texto) en el que se lee que:

What is being done to this world symbol of spiritual coexistence and shared heritage is irreversible.” In occupied East Jerusalem, extrajudicial killings, large-scale demolitions and forced displacement have escalated. Checkpoints and closures are severing the city from its Palestinian hinterland, isolating communities from their social, cultural, economic and religious life and undermining their rights to self-determination and development. Punitive policing and systematic interference with freedom of worship are designed to coerce Palestinians to leave«.

Con respecto a la demanda por genocidio en Gaza interpuesta por Sudáfrica el 30 de diciembre del 2023, el pasado 11 de marzo del 2026 fueron Países Bajos e Islandia los que se sumaron a la demanda sudafricana, con una solicitud de intervención al juez internacional en la que ambos Estados, de manera separada, buscan incorporar a la noción de genocidio plasmada en 1948 el desplazamiento forzado, el ensañamiento contra la niñez palestina y la privación sostenida de la ayuda humanitaria a la que Israel sigue sometiendo a la población en Gaza (Nota 4). Estos dos Estados fueron precedidos por solicitudes similares por parte de Bélgica (diciembre el 2025), Comoros (octubre del 2025), Brasil (septiembre del 2025), Belize (enero del 2025), Cuba (enero del 2025) e Irlanda (enero del 2025), Bolivia (octubre del 2024), Islas Maldivas (octubre del 2024), Chile (septiembre del 2024), Turquía (agosto del 2024), España (junio del 2024), Palestina (mayo del 2024), México (mayo del 2024), Libia (mayo del 2024), y Colombia (abril del 2024). Resulta oportuno indicar que los aliados de Israel presentaron este 12 de marzo del 2026 sus respectivas solicitudes de intervención en apoyo a las tesis jurídicas de Israel, con la presentación de una solicitud por parte de Estados Unidos que sostiene que son infundadas las acusaciones de genocidio en Gaza,  por parte de Hungría (presentada también el 12 de marzo – véase texto) y por parte de Islas Fidji (véase texto): esta perfecta sincronización de apoyos a Israel ante el juez internacional de La Haya en este mes de marzo del 2026 debe obedecer a algo que se nos escapa, y agradeceríamos desde ya el concurso de eminentes especialistas para entender a qué podrá responder tan repentina y coordinada maniobra conjunta (pueden para ello escribirnos a cursodicr(a)gmail.com y se garantiza total confidencialidad si así fuese requerida). 

Algunas de las reacciones oficiales registradas en el continente latinoamericano

Las reacciones oficiales no se han hecho esperar por parte de Estados que condenaron este ataque de Estados Unidos y de Israel y la respuesta de Irán iniciada el mismo 28 de febrero del 2026. 

En Europa, se puede citar comunicado oficial de Irlanda o el comunicado oficial de Noruega, y en Oriente Medio, el comunicado oficial de Turquía, así como de Senegal (véase comunicado oficial) en cuanto al continente africano, o bien el comunicado oficial de Singapur o el comunicado oficial emitido por el vocero de la diplomacia de China, entre muchos otros textos de Estados que condenan oficialmente mediante su aparato diplomático, el uso de la fuerza entre Estados, en violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas de 1945.

En América Latina, entre muchos, podemos referir a nuestros estimables lectores a la reacción oficial de  Brasil (véase comunicado), o bien la de Chile (véase comunicado oficial) que claramente expresó que:

«El Gobierno de Chile expresa su preocupación por la grave escalada militar en el Medio Oriente y condena los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo. Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional«.

En igual sentido se pronunció Colombia (véase comunicado oficial), México (véase comunicado oficial) o bien Uruguay (véase comunicado oficial), comunicado en el que se indica que:

«El gobierno de Uruguay expresa su extrema preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos«.

El comunicado oficial de Costa Rica

En el caso de Costa Rica, es interesante indicar que, a diferencia de Brasil, de Chile, de Colombia, de Uruguay y de muchos otros Estados del planeta, se omite mencionar a Estados Unidos y a Israel en el comunicado oficial, publicado pasadas las 16:00 horas del 28 de febrero, que se lee de la siguiente manera (texto integral):

Costa Rica urge desescalada y diálogo en Medio Oriente

San José, 28 de febrero de 2026. El Gobierno de Costa Rica expresa su grave preocupación por la escalada de tensiones y las operaciones militares en el Medio Oriente. 

Costa Rica condena enérgicamente los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.

Costa Rica reitera su firme apego a los principios de paz, el respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de las Naciones Unidas y urge a la desescalada y a la búsqueda de soluciones pacíficas para proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países de la región.

Comunicación Institucional

049-2026 CR ataque Medio Oriente 

Sábado 28 de febrero de 2026» 

Se puede considerar el texto bastante omiso al «urgir» por una desescalada en su título … sin mencionar la escalada inicial que constituye el ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel en horas de la mañana del mismo 28 de febrero. De igual manera, el tercer y último párrafo texto de este comunicado oficial pareciera dar a entender de manera bastante evidente, que el «respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de Naciones Unidas» no aplican cuando se trata de Estados Unidos y de Israel. 

Toma de la ciudad de Meybod en Irán, extraída de artículo de prensa sobre destinos turísticos recomendados por la revista National Geographic para el 2016, en el que aparece – ver artículo – Irán como primer destino recomendado, seguido luego por Costa Rica.

La diplomacia de Argentina en resguardo de Israel (nuevamente) y la de Paraguay (nuevamente)

Finalmente, en el caso del comunicado oficial de Argentina, se apoya la acción conjunta de Estados Unidos e Israel y se condena a Irán (véase comunicado oficial): lo cual en nada debe sorprender  a nuestros lectores, dada la alineación de la diplomacia de Argentina a las posiciones de Israel y de Estados Unidos desde varios años, y facilmente comprobable revisando los votos de Argentina en Naciones Unidas a partir de diciembre del 2023. 

De igual manera, se pueden verificar las votaciones en las que Paraguay alinea sistemáticamente su voto con el de Israel en Naciones Unidas, por lo que el texto de su comunicado oficial tampoco debe mayormente sorprender (véase texto completo).

Ya habíamos tenido la oportunidad, al momento de analizar el otro ilegal bombardeo por parte de Israel de la capital de Catar, Doha, el 9 de septiembre del 2025 y el silencio de Argentina y de Paraguay, de indicar que:

«En  lo que respecta a Argentina y a Paraguay, su silencio con relación a lo ocurrido este 9 de septiembre del 2025 en Doha, confirma  – una nueva vez – su calidad de «fichas útiles» de Israel en América Latina y ello desde varios años: una posición oficial que se ha visto reflejada en varias votaciones en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Gaza e Israel» (Nota 5). 

Es de notar que el sitio oficial de la diplomacia de Bolivia se ha mantenido mudo sobre lo ocurrido el 28 de febrero del 2026.

Un panorama cargado de incertidumbres

Más allá del espectáculo bastante peculiar que brindan en América Latina las diplomacias argentina y paraguaya cuando se trata de evitar condenar a Israel cuando viola de manera grosera y flagrante el derecho internacional, lo cierto es que este ataque de Estados Unidos e Israel ha iniciado un período cargado de incertidumbres y dudas, así como interrogantes, en el que al parecer, algunos decisores en Estados Unidos e Israel evaluaron de manera poco precisa la capacidad de respuesta militar de Irán. 

Investigaciones periodísticas futuras deberían poder dar a conocer advertencias internas de altos mandos militares archivadas por la Casa Blanca. De no aparecer estas advertencias en lo interno del aparato militar norteamericano, se plantearán dudas razonables sobre la capacidad de lectura y de anticipación a partir de datos de inteligencia del mismo ejército norteamericano.

Resulta oportuno señalar que las advertencias a Estados Unidos de no enfrentarse a Irán provinieron de los Estados árabes de la zona, semanas antes del 28 de febrero del 2026. En esta nota de prensa publicada en India el 3 de marzo del 2026, se hace ver la profunda frustración de varios Estados árabes con Estados Unidos, al exponerlos de manera irresponsable a los misiles y a los drones de Irán, lo cual puede poner en tela de duda parte de los diversos acuerdos suscritos con el actual ocupante de la Casa Blanca durante su gira en Oriente Medio en el 2025. 

Los daños causados en 18 días de confrontación exhiben ahora la gran vulnerabilidad de algunos de estos Estados árabes, dotados de costosos sistemas de defensa de fabricación norteamericana que no logran interceptar siempre los misiles y drones iraníes. El hecho que ahora estos Estados no puedan exportar su petroleo debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el hecho que Irán, en respuesta a ataques de Israel sobre sus plantas de petróleo, ha decidido emprenderla también contra plantas de petroleo en algunos de estos Estados, son dos aspectos que confirman la extrema vulnerabilidad de estos Estados árabes. Asistir impotentes a la destrucción diaria de parte de su valiosa infraestructura ligada al petroleo es la dura realidad que viven estos Estados árabes, que han advertido una y otra vez durante estos 18 días que no quieren verse involucrados ni entrar en confrontación militar directa con Irán. Una reconocida experta gala sobre Oriente Medio recordaba que frente a los 93 millones de habitantes con los que cuenta Irán, Emiratos Árabes Unidos tiene una población de un millón de emiraties, el resto de la población no siendo emirati (véase programa, mn 28:30). 

En cuanto a los Estados que aceptaron (bajo fuerte presión de Estados Unidos) normalizar sus relaciones con Israel en el 2020 mediante los denominados «Acuerdos de Abraham» a un alto costo político como Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, pueden observar la verdadera burla a su seguridad que les ha significado estos acuerdos, ante la incapacidad de Israel y de Estados Unidos de protegerlos y resguardarlos de los ataques de Irán. 

En respuesta a un daño muy similar sufrido en su territorio, Irán bombardeó una planta de desalinización del agua de mar en Bahréin (véase nota de Al Jazeera): se trata de un recurso vital para todo un Estado y su población en una zona desértica, y que plantea ahora muy serias interrogantes en Bahréin. En la mira están ahora las plantas de desalinización de Emiratos Árabes Unidos, que suplen el 80% del agua que se consume en este Estado. 

En respuesta a un daño a varias de sus entidades bancarias en su territorio, Irán ha advertido el pasado 11 de marzo que los bancos en varios Estados del Golfo serán también considerados blancos militares (véase nota de Al Jazeera). 

En este comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas del 10 de marzo del 2026, se advierte del impacto que puede tener el atacar infraestructura pública relacionada al agua en esta región del mundo, en clara violación a las reglas más elementales del derecho internacional humanitario:

Under the laws of war, civilians and civilian infrastructure must be protected at all costs. All parties are bound by these rules, and must be held to account if they do not.”

The world is watching.”

In Iran, a water desalination plant and fuel facilities were hit over the weekend, with oil spilling into the streets and fires igniting along roadside drainage lines. On Qeshm Island in Hormozgan Province, an attack on a water desalination plant reportedly disrupted water access for at least 30 villages.

Following the attacks, Iran’s Red Crescent Society warned that the rainfall in the country could be «highly dangerous and acidic» and could cause chemical burns and serious lung damage.

I am deeply worried about the health and environmental consequences people will suffer as a result of these oil fires, including acid rain contamination,” Türk said.

The foreseeable impacts on civilians and the environment of these strikes raise serious questions as to compliance of these attacks with the requirements of international humanitarian law of proportionality and precaution. This warrants careful legal scrutiny.”

Attacks across the region have also caused civilian casualties and affected civilian infrastructure. This includes a desalination plant in Bahrain, which provides crucial access to water for many».

Por otra parte, este editorial del New York Times advertía de manera tempranera de lo riesgoso y costoso que podría significarle a Estados Unidos esta nueva aventura militar improvisada por el actual ocupante de la Casa Blanca.

Ya en el caso reciente de Groenlandia, se pudo observar un espectáculo raramente visto con pretensiones ocurrentes totalmente desapegadas de la realidad y del derecho internacional del algo errático ocupante de la Casa Blanca (Nota 6). Su lema «La Paz por la Fuerza» (véase enlace oficial) se encuentra a contrapelo de toda la evolución de la comunidad internacional desde 1945, tendiente a reemplazar progresivamente mediante normas, regulaciones  e instituciones internacionales, el «derecho a la fuerza» por «la fuerza del derecho«. 

Este lema de «La Paz por la Fuerza» recuerda la denominada «diplomacia de la cañonera»  tan de voga en el siglo XIX y en los primeros decenios del siglo XX por parte de las potencias de aquellas épocas, y que bien conocen los historiadores (en particular los que han analizado la historia de América Latina o bien la de Asia).

En este mes de febrero del 2026, estos decisores en Washingthon y en Tel-Aviv además, obviaron al parecer las lecciones aprendidas bastante evidentes en Irak (2003), Afganistán (2002), o Libia (2011): las intervenciones militares externas logran a veces decapitar a un régimen y derrocarlo, pero lejos de estabilizar la situación en un Estado, provocan un caos tal y una radicalización extrema de ciertos sectores políticos tal, que hacen imposible un consenso nacional dentro de los Estados víctimas de este tipo de intervenciones. 

Cabe finalmente recordar que en el caso de la agresión militar sufrida por Irak en el 2003, y el caos total que siguió, Estados Unidos había invocado una legítima defensa denominada «preventiva«: un concepto legal inexistente en la Carta de Naciones Unidas. 

Desde el punto de vista de los derechos humanos, el comunicado oficial del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona (véase texto completo), alerta sobre el siguiente punto:

 «I have already warned that failing to do so risks an even wider conflict, that will inevitably lead to further senseless civilian deaths and destruction on a potentially unimaginable scale, not just in Iran but across the Middle East region«.

Conclusión

Aventurarse a iniciar una guerra contra un Estado resulta siempre una decisión que se toma luego de ponderar  detenidamente los riesgos que una confrontación militar implica. 

En el caso del ocurrente ocupante de la Casa Blanca, todo pareciera indicar que esta ponderación del riesgo se hizo de manera bastante aproximativa, exponiendo de manera irresponsable a varios Estados árabes y a la economía mundial a sufrir las consecuencias.

Notas

Nota 1Pese a esta victoria categórica e indiscutible de 1986 en La Haya de Nicaragua ante Estados Unidos, en septiembre de 1991, Nicaragua optó por retirar la demanda pendiente por daños y perjuicios y nunca, desde La Haya, se le pudo ordenar a Estados Unidos el pago de un monto indemnizatorio a Nicaragua, estimado en unos 17.000 millones de US$ (véase el comunicado de la CIJ del 27/09/1991).

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«, 9 de mayo del 2018. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 3En el último informe de Naciones Unidas (al 12 de febrero del 2026), sobre la realidad que se vive en Gaza desde el punto de vista humanitario, se detalla el nivel de violencia al que Israel sigue sometiendo a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, destruyendo lo que queda de la poca infraestructura educativa existente. Se lee en particular, entre muchos otros aspectos, que:

«Over the past two weeks, strikes were reported on both sides of the “Yellow Line,” including in densely populated areas, heightening risks to civilians. Médecins Sans Frontières (MSF) reported that its teams across Gaza treated seven patients, including two children, injured in incidents attributed to Israeli attacks between 31 January and 2 February. On 5 February, Israeli forces reportedly demolished an UNRWA school that was the last remaining structure within a compound of six schools. Highlighting the extremely precarious situation for many children in Gaza, UNICEF noted that children continue to be affected by airstrikes and the disruption of essential services, with 37 children reported killed since the beginning of the year«.

Este informe puede ser completado con el anterior informe  de Naciones Unidas (al 28 de enero del 2026), en el que se lee que: 

«The MoH reported that since the ceasefire, 492 Palestinians have been killed, 1,356 injured, and 715 bodies retrieved from under the rubble«.

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel:  Países Bajos e Islandia solicitan intervención en el marco la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza», 12 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: Véase BOEGLIN N.«Gaza / Israel: análisis del ataque de Israel a Qatar del 9 de septiembre, desde la perspectiva jurídica«, 14 de septiembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace

Nota 6: En el caso de Groenlandia, las recientes amenazas proferidas por el actual ocupante de la Casa Blanca para adquirir este territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de Dinamarca «por las buenas o por las malas» demostró su profundo desconocimiento de su parte de las reglas internacionales en la materia vigentes desde 1945. Por cierto, el pasado 22 de febrero del 2026, Groenlandia y Dinamarca, algo desconfiadas y precavidas, rechazaron la oferta de enviar un barco hospital a Groenlandia ofrecido por Estados Unidos (véase nota de The Guardian). Tuvimos la oportunidad de indicar en un breve análisis desde la perspectiva legal sobre este repentino apetito norteamericano por adquirir Groenlandia observado en estos primeros meses del 2026 (véase nota nuestra titulada «Groenlandia y Estados Unidos: aspectos desde la perspectiva jurídica internacional muy, pero muy, basicos …» ) que:

«no hay manera de sostener en este inicio del 2026  que Groenlandia está en venta o que puede ser adquirida. Sostenerlo es hacer un ridículo internacional, raramente observado por parte de un jefe de Estado en ejercicio gozando de sus plenas facultades«.

Vidas en Peligro: 6 Países se retiran de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona

Por Pablo Ruiz*

De acuerdo con una nota de la Agencia EFE los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania han oficializado el proceso de retirada del Tratado de Ottawa o la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona la que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona. También Ucrania, Polonia y Finlandia han anunciado planes para hacer lo mismo.

Esta decisión es un retroceso y un claro peligro para la población civil si es que nuevamente se usan este tipo de armas en sus fronteras las que, hoy por hoy, producto de los conflictos en curso, son transitadas por la misma población o por migrantes que justamente quieren escapar de la guerra o la pobreza. Se conoce que el 80 % de las personas que mueren o quedan discapacitadas a causa de las minas terrestres son civiles y muchas veces niños.

De acuerdo a la Cruz Roja Internacional “La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (“Tratado de Ottawa”) forma parte de la respuesta internacional al sufrimiento generalizado que producen las minas antipersonal. La Convención se basa en normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario aplicables a todos los Estados. Estas normas prohíben el empleo de armas que, por su índole, no distingan entre personas civiles y combatientes o causen sufrimientos innecesarios o daños superfluos. La Convención se abrió a la firma el 3 de diciembre de 1997 en Ottawa y entró en vigor el 1 de marzo de 1999”.

En un comunicado de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), coalición de ONG fundada en 1992 y ganadora del Premio Nobel de la Paz, sobre la retirada de los países bálticos, anunciada en la última reunión de los Estados parte del tratado, “representa un retroceso sin precedentes en un acuerdo de desarme humanitario que ha salvado innumerables vidas desde su adopción 1997”, señalaron.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, según la nota de EFE, “firmó un decreto el 29 de junio para retirarse del tratado, aunque este prohíbe que los Estados lo abandonen si se encuentran en conflicto”. Ucrania había ratificado el Tratado de Ottawa en 2005.

La organización Handicap International, con sede en Francia y Bélgica, lamentó en otro comunicado la decisión ucraniana.

“Las minas antipersonal causan contaminación a largo plazo y representan graves riesgos para la población civil. A nivel mundial, más del 84 % de las víctimas de minas terrestres son civiles. El uso de estas armas pone en peligro vidas no solo durante los conflictos, sino también durante décadas posteriores, lo que dificulta la reconstrucción, el retorno seguro de las comunidades desplazadas y la consolidación de la paz a largo plazo. Instamos a Ucrania y a todos los Estados a que respeten las normas humanitarias internacionales y prioricen la protección de los civiles por encima de todo. Nos preocupa profundamente la decisión de Ucrania de retirarse del Tratado sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. Además, la Convención no autoriza la retirada de la Convención de Ottawa durante un conflicto armado activo., señaló la ONG Handicap International.

¿Por qué es necesario prohibir las minas antipersonal?

“Las minas antipersonal no pueden distinguir entre soldados y personas civiles y suelen matar o mutilar gravemente. Al ser relativamente baratas, pequeñas y de fácil manejo, han proliferado por decenas de millones, causando indecibles sufrimientos y devastando social y económicamente a docenas de países en todo el mundo. Dado que resulta mucho más fácil colocarlas que retirarlas, ha sido difícil o imposible utilizar esta arma de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario en la mayoría de los conflictos en que se ha empleado”, indica la Cruz Roja Internacional.

Para Shabia Mantoo, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), “la presencia de minas y otros artefactos explosivos sigue causando un elevado número de muertes y lesiones graves, que a menudo provocan discapacidades permanentes, con un impacto desproporcionado en los niños, las personas con discapacidad y las personas que se ven obligadas a regresar en condiciones desesperadas», señaló a IPS .

De acuerdo a la ONU, “más de 143.000 personas han muerto o han resultado heridas a causa de la explosión de minas antipersona u otro tipo de artefactos terrestres entre 1999 y 2020”.

El caso de Chile

En el caso de Chile, por ejemplo, Chile suscribió la Convención de Ottawa el 3 de diciembre de 1997 y el 10 de septiembre de 2001 depositó el instrumento de ratificación ante el secretario general de las Naciones Unidas. En función de este compromiso posteriormente creó la Comisión Nacional de Desminado (CNAD).

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores el año 2020 “Chile culminó las operaciones de desminado humanitario, despejando todos los campos minados del territorio nacional. En total, se trató de 200 áreas, en las que fueron destruidas 179.815 minas y liberados más de 27 millones de m2, trabajo especializado en terreno que concluyó el pasado 27 de febrero”.

“Las minas (estaban) ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Magallanes, así como, la identificación de un campo minado en la región de Valparaíso y de un área considerada de peligro por contener posiblemente estos artefactos, en la región Metropolitana, fueron el centro de las áreas de trabajo” de la CNAD, señala un informe de Blanca Bórquez Polloni.

En la actualidad, 164 países habían suscrito el tratado: todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la mayoría de los países africanos, asiáticos y americanos. En cambio, Rusia, China, India, Estados Unidos e Israel figuran entre los que no han suscrito el Tratado de Ottawa.

* Pablo Ruiz es integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile y editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Foto de Santiago Serna de la Agencia Anadolu (agencia de noticias propiedad del Gobierno de Turquía).

La voz de lo generacional

Por Carlos Meneses Reyes

Corresponde evocar un despunte en lo generacional. A un año de terminar el gobierno de inspiración progresista-liberal al mando del presidente Gustavo Petro Urrego, se da un salto cualitativo de la izquierda revolucionaria en el tinglado y escenario de la competencia política electoral del año 2.026. Llega el momento de la intensificación del debate ideológico y político. No puede quedar solo, en tan honrosa tarea, el aporte sustancial del profesor de la Universidad Nacional, Carlos Medina Gallego, en la serie de artículos que da a conocer. Estos van centrados en el desarrollo y expresión de los electores políticos revolucionarios.

La intervención del Dr. Alonso Ojeda Awad, en el acto en el Cementerio Central de Bogotá DC, en conmemoración de un año más del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, el 09 de agosto de 1.994, indica que la tercera edad también transita por los senderos proselitistas. Se da en el estadio etario y generacional que impone el acumulado de sabiduría; el uso de la voz; de la palabra, del escrito, expresada en nutriente a las nuevas generaciones. Receptora de ese discurso está la juventud rebelde, la de la primera línea vigente y actuante, en momentos difíciles y cruciales por el que transita la situación política del país. La valiosa decisión jurídica de la juez penal Heredia, contra el innombrable, también desbroza el trajinar de una actuación consecuente contra la empresa de la impunidad en Colombia. El veterano Alonso Ojeda Awad, como presidente de la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia ha alzado la voz y es un ejemplo para los jóvenes activistas de la provincia de Ocaña y El Catatumbo y emulación hacia la juventud colombiana, para que sean ellos quienes asalten la tarima política del debate ideológico de, por y con la izquierda hacia el poder popular.

Ante el coro de “reelección” que se escucha en las intervenciones del señor presidente, él mismo ha diferenciado que por reelección se entienda la continuidad e impulso a la reforma agraria integral, la implementación de los Acuerdos de La Habana, el impulso de contenido de las reformas estructurales y de fondo que requiere la sociedad colombiana. Reelección significa y refleja continuar con las tareas de ejecución de un gobierno popular por y hacia la toma del poder popular. Conjugar no solo ser gobierno sino también poder. Reelección se concreta en que la hegemonía contra insurgente oligárquica del enemigo interno no se imponga y concuerde con el logro de la salida política al fin del conflicto armado interno en Colombia. Todo el camino está despejado y con la intervención de timonel del señor presidente G. Petro, se evitará la división de las fuerzas progresistas y de izquierda hacia el triunfo electoral del año 2.026 y con la perspectiva de un gobierno revolucionario 2026- 2030.

Gracias Dr. Alonso Ojeda Awad por su preclara intervención, cual llamado participativo a los de la tercera edad generacional y en el alistamiento del deber ciudadano en lo electoral.

Convocan a manifestación pacífica por la neutralidad y la paz

La organización Mundo sin guerras y sin violencia convoca a una manifestación pacífica el sábado 12 de julio a las 9 a.m. en el Parque Central de San José. El objetivo es exigir el compromiso de Costa Rica con la neutralidad ante los conflictos bélicos y rechazar cualquier forma de participación directa o indirecta en guerras.

La actividad surge como respuesta al agravamiento de los conflictos armados, la expansión de la violencia estructural y los discursos de odio. También se alerta sobre la amenaza del uso de armas nucleares. Desde una visión humanista, se promueve la Noviolencia activa como camino para la construcción de paz duradera.

La organización hace un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta manifestación desde una perspectiva colectiva y solidaria. Bajo el lema “La guerra no es un destino, es el negocio de los poderosos. ¡La paz es de las y los valientes!”, se busca elevar una voz clara en favor de la vida, el respeto y la convivencia pacífica.

Libro “La salud entre fuegos” en la celebración del Sistema de Bibliotecas en Colombia

La celebración de los 90 años del Sistema de Bibliotecas, asociadas a la Universidad de Antioquia, se inaugura con una actividad de apertura que invita a fomentar la lectura. La presentación del libro “La salud entre fuegos” forma parte de la conmemoración e integra las actividades de la feria del libro con el lema “Leer y releer”. La exposición del texto se llevará a cabo en la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, en la Ciudad Universitaria Campus Medellín.

Programado para el 3 de junio de 2025 a partir de las 2:00 p.m (hora de Colombia), en el encuentro se cuenta con la participación de Saul Franco, excomisionado a la organización Comisión de la Verdad; Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia; Esperanza Echeverry, profesora e investigadora; y Maria Victoria Jiménez, lideresa de ANTOCH.

La presentación del libro forma parte de un programa conmemorativo que busca exaltar la función de las bibliotecas como espacios de aprendizaje, intercambio y reflexión. El libro ofrece una perspectiva profunda sobre la compleja relación entre el conflicto armado y el ejercicio de la salud, presentando situaciones vivenciales que reflejan la vulnerabilidad del sistema sanitario en entornos de violencia

Para participar de forma virtual en la actividad puede inscribirse en el siguiente enlace https://bit.ly/4mzX4bO

Superar lo de un único enemigo una única solución

Por Carlos Meneses Reyes

Dos sucesos al parecer disimiles: uno, la renuncia de la titular del ministerio de justicia y otro, el anuncio del señor presidente G. Petro de acudir a los buenos oficios del Estado Vaticano, para la reanudación de conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional de Colombia-ELN, motivan el presente artículo.

El entrabe gobierno-ELN

El presidente Gustavo Petro acude al Papa León XIV para destrabar lo de las conversaciones con el ELN. Se sabe que los acercamientos con el ELN continúan y de la labor de intermediación de la iglesia colombiana. Además, permanecen los países facilitadores. Prima lo de las acusaciones del señor presidente contra el ELN y calificativos de no hacer parte de una organización político-militar insurgente, sino de un bando del cartel de Sinaloa y que actúa desde Venezuela. Esto trajo consigo, por ende, la negación del conflicto armado interno y el retomar la fallida guerra contra las drogas, aludiendo a un problema de soberanía nacional, Así, construyó un nuevo relato de la existencia del enemigo interno para echar a rodar lo de en un mismo recipiente, el conflicto armado interno y el conflicto social y ante un único enemigo, una única solución. Corresponde aplaudir, la decisión del señor presidente, de acudir al Estado Vaticano. Falta ahora que aflore la conveniencia de un nuevo Alto Consejero y el surgimiento de encause de las dificultosas conversaciones.

Lo de la ex ministra de Justicia

Como resultado de la captura, el pasado 12 de febrero de 2.025, por parte de la Fiscalía General, del líder de los Comandos de la Frontera Giovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, luego de concluir una reunión en el ciclo de diálogos con el gobierno, alegando el cumplimento de una circular roja de interpol, en su contra, emitida sospechosamente en Lyon, Francia, y ejecutada en tiempo récord de 24 horas; la entonces ministra de Justicia Angela María Buitrago, armó una tenaza para que la orden directa presidencial de ser alias “Araña”, vocero de ese grupo insurgente, no continuara cumpliéndose. … Abrió un debate político-jurídico sobre el cumplimiento de los tratados internacionales y la protección de quienes han realizado acercamientos con el Estado para dejar las armas y en manifiesto desconocimiento de la dispuesto por el señor presidente. Dijo Buitrago: «No es una orden proferida internamente, por lo que no es un proceso que se esté ventilando en Colombia. Para nosotros, los tratados, las convenciones y los convenios son obligatorios de cumplir por el principio de la reciprocidad para efectos de justicia». Asumiendo argumentos de enredadera jurídica, lo cierto es que Angela María Buitrago, en forma desleal, se opuso a la directriz presidencial como responsable de la búsqueda del fin del conflicto armado con esa insurgencia. Cuando el señor presidente G. Petro tercia en la causa de la renuncia de la ex ministra citada y en el sentido que él, como nominador, le pidió expresamente la renuncia, es clara la relación causa y efecto en ese caso concreto. Por ello resulta inexplicable que no haya asumido la misma actitud con el Alto Consejero, siendo que este ante la ambiciosa política de “paz total”, por su actitud demostrada, en contrario, hace que esta no transcurra armoniosa. Impulsando el señor presidente una reunión de representantes del gobierno nacional, (quienes fungen como Estado), con la participación de 18 ex comandantes paramilitares, encabezados por Salvatore Mancuso, que firmaron el acuerdo de desmovilización de Ralito, en el año de 2.003 y en búsqueda a concluir el proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); fue notoria la no asistencia del Alto Consejero. Ello explica la contradicción manifiesta e improcedente de pretender verter en un mismo recipiente el conflicto armado interno con el agudo conflicto social. Se coloca al orden del día la definición de un plan piloto jurídico-político para enfrentar, con un calificado jurista penalista responsable, la propuesta de sometimiento a la justicia de las agrupaciones de delincuencia común del narcotráfico y paramilitares. No existe otra forma de entender y asimilar lo de la política de paz total.

Atreverse a pensar atreverse a opinar

Por Carlos Meneses Reyes

Un pasaje inédito del conflicto armado interno colombiano se viene sucediendo en El Catatumbo, en el Departamento de Norte de Santander, limítrofe con la República Bolivariana de Venezuela. El Frente Nor Oriental de Guerra, que opera en el Norte de Santander, inicio el viernes 18 de enero del corriente año de 2.025, una ofensiva en 7 municipios (Convención, El Carmen, Teorama, Hacarí, San Calixto, El Tarra, Tibú), afectando las áreas metropolitanas de Cúcuta y Ocaña, incluido el sur del Cesar. En un inusitado despliegue de fuerza y pie militar se dieron a la tarea de atacar a las unidades armadas del Frente 33 de las Farc, que hace parte de la atomización de las antiguas Farc-ep desmovilizadas, correspondiendo como estructura del Estado Mayor de los Bloques (EMB); comandada por alias “Calarcá” y que tiene como vocero a Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, cuya delegación gubernamental preside Camilo González.

La ofensiva comenzó con enfrentamientos armados directos hablándose de bajas en las huestes de las farc y no de los atacantes elenos. Procedieron, las unidades del ELN, lista en mano, a ubicar y retener a dirigentes de los municipios citados y en cada uno de esos municipios impusieron ordenes de comparendo, allanamientos a viviendas de colaboradores, simpatizantes del Frente 33 de las Farc, sin distinción de grado de familiaridad de esos buscados. Esto generó caos y traumatismo, optando los pobladores de esa región a movilizarse a las cabeceras de los municipios y de allí gravitar hacia los municipios de Cúcuta, Ocaña y Tibú, adonde han llegado miles de desplazados, trayendo imágenes desgarradoras de cuerpos de combatientes muertos, en una horrorosa muestra dantesca de desolación y destrucción, que conlleva a este relator proponerse a evitar señalar cifras precisas de muertos, desmovilizados y retenidos… De igual manera, son innumerables las caravanas de canoas, con máximo de 20 pasajeros, acompañados de colchones, enseres, alimentos, cobijas, que raudos navegan, por el río Catatumbo y afluentes, a refugiarse en Venezuela.

Resultan incontables las fuentes documentales y testimonios recolectados que permiten, con detalle y precisión, el recuento de los hechos, debido al fluir de las redes sociales, chateos y material, sin fin, que se han logrado recolectar; entre ellos un seriado de entrevistas, videos y comunicados que las fuerzas agresoras del ELN han publicitado, coordinadamente, al respecto.

Bosquejo del rutinario papel desempeñado por Otty Patiño como alto consejero para el fin del conflicto armado

El señor Otty Patiño, desde el inicio de su gestión pareció desconocer las temáticas e instrucciones aplicables a la búsqueda alterna de solución de un conflicto. Acudió a la costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática. Concibió la aplicación de una estrategia de dividir, prime faciae, al interlocutor. Un manejador de soluciones alternas jamás puede concebir que está frente a un contrincante. Ese ha sido su mayor desacierto. La estela de malas actuaciones se puede particularizar. No es el tema del presente artículo asumir el análisis del rotundo fracaso infligido al desarrollo de las conversaciones con las facciones de las Farc. Comenzó con el aglutinamiento del Estado Mayor Central de las Farc (EMC). Por una acción de control territorial de esa fuerza armada y el incidente que concluyó con la muerte de una gobernadora indígena, aconsejó al señor presidente, de romper las conversaciones con el bloque que lidera alias Iván Mordisco. Ello ha agudizado el conflicto en todo el sur occidente colombiano. Siendo que el Frente del Magdalena Medio de las Farc, que incluía el Frente 33 en El Catatumbo y hacían parte de la estructura del EMC y del citado dirigente traído a menos, la labor del representante Camilo González quedó circunscrita a menos de la mitad; sin que ello hubiera implicado manejo alguno de solución por parte del Alto Consejero, ni que se hayan mostrado resultados de solución del conflicto armado con esa facción. Por el contrario, la labor divisoria del Alto Consejero del Gobierno Nacional, ubica al citado Frente 33 Farc, no en el EMC, sino en un nuevo Estado Mayor de los Bloques (EMB), comandado por alias Calarcá. Esto es físico burocratismo. Y resulta de exigencia metodológica hacer énfasis en el ítem tratado para abordar lo critico de la situación, en tratándose con el manejo de las conversaciones con el ELN y que resulta con causal con la horrible situación que padece la población catatumbera.

No faltan elementos de fondo para que un analista popular de opinión, pueda concluir y tener claridad, sobre el giro de la agudización de las contradicciones en el seno del pueblo armado, en el vasto territorio de El Catatumbo. Objetivamente, todo apunta al desastre de manejo que tiene Otty Patiño, como alto consejero del presidente G. Petro, en el fin del conflicto armado, que durante su gestión lo ha es agudizado. La respuesta de los Comisionados Oficiales del gobierno progresista – liberal, ante la denuncia de Otty Patiño que el ELN decidiera atentar contra Álvaro Jiménez, el asesor gubernamental del gobierno ante los del grupo paramilitar del Clan de Golfo; en el sentido que es falso y sin fuente real tal afirmación, constituye un revés político para el conflictivo asesor Otty Patiño, que ha debido renunciar o ser removido, por lo ineficaz de su gestión. Es el Alto Consejero Otty Patiño quien ha vertido en un mismo recipiente el conflicto armado interno y el conflicto social. Con esa Carta Pública buscaba implicar al ELN en los derroteros de la política de «paz total» con la delincuencia común, borrando diferencias en el carácter de trato y manejo político con los rebeldes e insurgentes. Téngase todo lo aquí escrito como una opinión de carácter político, esencialmente. En la controvertida carta pública de Otty Patiño, afirma que es el ELN el que busca su destitución. Falso. Durante la Asamblea Nacional de Delegados de Organizaciones Sociales y Movimientos Políticos, llevada a cabo en la UN de Colombia, el año pasado, se ventilo esa necesidad. Se impone el análisis con causales de fondo. Y esa temeraria acusación aplica la inteligencia que quien critique su mala gestión, sea aupado por el grupo insurgente. Mala calaña.

Aunque si es tema del presente artículo abordar la falta de cautela, recato y pudor del Alto Consejero, al señor presidente, para la solución del conflicto; dable es precisar aspectos temáticos.

En el itinerario del desarrollo de las Conversaciones del Gobierno Progresista con el ELN, se han dado seis fases o sesiones. También logrado 28 acuerdos, ninguno aplicado; pese a que se estableció la dinámica de “acuerdo firmado, acuerdo implementado”. Existe el llamado “Pacto Territorial Para El Catatumbo”, cual Acuerdo de compromiso por el Estado. El Alto Consejero lo aplaza. A eso se le llama lo impúdico de una gestión de un funcionario tal.

Para Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, hay varios pecados cometidos por la oficina del comisionado de Paz, Otty Patiño. La situación deja en evidencia «la incapacidad de este gobierno y su oficina de paz para haber ajustado el enfoque y método con el proceso con el ELN a medida que este se le salía de las manos o cogía otros rumbos. Un proceso de paz no se logra con solo retórica, voluntarismo y sin método».

La labor divisoria del Alto Consejero se materializa ante lo del Departamento de Nariño…Fue palpable que resultó ser un error priorizar y darle juego al frente Comuneros existiendo una mesa de conversaciones instalada de carácter nacional con el ELN. Es procedente que de existir un grupo que quiera avanzar en conversaciones hacia el fin del conflicto, sea acogido y vale atraerlo. Pero hacerle ese ejercicio al ELN, demuestra lo equivoco de esa estrategia y desde entonces se malograron las conversaciones con el ELN, que de por sí siempre venían tensas. No iban a quedarse callados y el primer batazo consistía en alertar al gobierno nacional que ese grupo de Nariño eran infiltrados y traidores a su causa. Es más, el Gobierno mismo se dividió alrededor de eso. Vera Grabe e Iván Cepeda, que estaban tratando de llevar a la mesa nacional, estuvieron en desacuerdo con lo de Nariño, que fue más una idea de Otty Patiño. Pero más aún: ¿qué logro ha materializado esa estrategia?, como no sea la aspiración a que hasta el año 2,026 se logrará una “acuerdo de desmovilización” con ese grupo denominado hoy de los bolivarianos. Asalta la inquietud que una vez desmovilizados sea el mismo ELN nacional el que entre a copar esos territorios “dejados” con la seguridad que no van a permitir que sea el narcoparamiltarismo el que los cope, tal como les enseña la experiencia con lo sucedido al desmovilizarse las antiguas Farc-ep.

El método materialista dialéctico nos permite el análisis objetivo del caso concreto y de la situación concreta. Se alimenta de la información objetiva, cierta, veraz. De manera que si se inocula elementos subjetivos y prejuicios pre concebidos a ese material de definición pues se llega a una conclusión errada. Eso es lo que sucede con la caracterización del conflicto armado interno y con el actor rebelde de estirpe esencialmente política. Al reducirlo todo al narcotráfico y al predominio de rutas para su comercialización, embalan el agudo conflicto de la lucha de clases en Colombia, cuya expresión directa es la lucha armada, en un galimatías de acomodos y conveniencias para la perpetuación de la salida militar; resultado de un lenguaje oficial impropio, de frases, generadores de confusión. Le endilgan a la insurgencia armada todos los males habidos y por haber. Conocedores que el insurgente armado es un delincuente político, lo elevan a la categoría de “narcotraficante” a sabiendas que el narcotráfico existe en Colombia con posterioridad al surgimiento de la lucha armada. Que el narcotráfico es un fenómeno del capitalismo y que la lucha armada tiene como egida la destrucción del Estado capitalista y, en consecuencia, por principio no son “narcotraficantes”. Reconocen la conexidad del delito político. Por ende; siendo que el insurgente armado viola todo el código penal, pues también lo viola en relación con el narcotráfico y su economía subterránea que infecta a todos los estadios y niveles de la sociedad colombiana. Entonces es cuando desvirtuando la técnica de búsqueda de la solución del conflicto, le imponen a la insurgencia la exigibilidad de otra conducta y un Alto Consejero para el fin del conflicto armado interno, logra es intensificarlo.

Los efectos políticos adversos

Circulan opiniones que señalan a Otty Patiño como el gestor de la agudización del conflicto armado y el propulsor de dos escenarios de guerra durante este gobierno: El Cauca y ahora El Catatumbo. La desautorización a la Carta Pública de los delegados del Gobierno en la Mesa con el ELN, debía producir el efecto político de su destitución o renuncia; pero no, es premiado con el rompimiento de Conversaciones y fin de la mesa con el ELN.

La prensa intoxicante opositora, aplaude al unísono, la decisión del presidente G. Petro U, de cancelar las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. La derecha militarista osa pedir al señor presidente, en boca del gobernador de Antioquia, que también cese las conversaciones con las facciones de las farc. En tanto los líderes y voceros comunales del Catatumbo, clamando porque sea en las Mesas de Conversación y Diálogo, con el gobierno, que se busque solución a la contradicción existente entre el ELN y las Farc. En este escenario de fracaso en la búsqueda del fin del conflicto armado interno en Colombia, el creador de toda esta situación, Otty Patiño, permanece impoluto: sin pecado ni mancha. ¡Cese al fuego con todas las insurgencias Ya! Es el clamor nacional al orden del día.

Existe el 1er Acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y el ELN de participación de la Sociedad Civil en el fin del conflicto armado. Es fundamental la instalación de Mesas de Participación de las dos guerrillas enfrentadas, la sociedad civil y el Alto Gobierno. Se impone el Alto Al fuego bilateral con todas las insurgencias o rebeldes.

ANALISIS DEL CONTEXTO ACTUAL.

  1. El control de la extensa frontera colombo-venezolana, por parte del ELN, incide en el factor geopolítico,
  2. No va a permitir el ELN que al desmovilizarse el Frente 33 Farc, el territorio sea copado por elementos ligados al narcotráfico; al paramilitarismo y la corrupción en las Administraciones locales del Catatumbo.
  3. La ofensiva guerrillera en El Catatumbo, no está desligado de la espada de Demóstenes que amenaza la integridad soberana de intervención norteamericana al vecino país. Tampoco del próximo debate electoral 2.026, buscando evitar la acción del narcoparamiltarismo en el poder y el control electoral, bajo la egida de un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino imperante y tomado esto, como efecto político subsiguiente, de la organización político- militar que, al parecer, está en capacidad de cumplir sus objetivos de única organización rebelde en esos territorios.
  4. Ya existe Acuerdo Nacional del ELN y el Estado colombiano de participación de la Sociedad Civil en la búsqueda del fin del conflicto armado interno. Lo procedente y consecuente es implementar ese Acuerdo.

Se impone el cese al fuego bilateral nacional

Por Carlos Meneses Reyes

Se requiere de diferenciaciones y precisiones para abordar el tema álgido del fin del conflicto armado interno colombiano, con todas y cada una de las insurgencias actuantes en el territorio de Colombia y en el momento coyuntural, en el que un gobierno de inspiración popular rige los destinos del país.

El ataque del ELN a una guarnición militar del ejército nacional en Saravena, Arauca, califica como atentado o saboteo de una fuerza beligerante por parte de insurgentes armados. Se expresa la calidad de ese ataque dentro de las acciones insurgentes al aparato estatal, que una fuerza beligerante, desconoce y busca destruir. Esto conforme a la estructura denominativa del Derecho Internacional (DI); en tratándose de conflictos armados internos. Eso de “terrorismo” se atribuye a una ficción mediática a raíz de los sucesos de las Torres Gemelas y en modo alguno encausa dentro del cuerpo normativo internacional. La alusión, a que a 900 metros de la instalación militar atacada funciona una Escuela, pues habilita la denuncia a la no observación por el Estado- parte, a la diligencia y cuidado que no deben funcionar establecimientos educativos cerca a guarniciones militares, y, por consiguiente, no atribuible a carga para el sector insurgente. Sobre esto se debatió y hubo claridad en el extracto de las negociaciones con las antiguas Farc, que concluyó en los Acuerdos de la Habana y del Teatro Colon, años de 2.016 y 2.017

El no a las imposiciones unilaterales

Intentando expresar un criterio objetivo riguroso corresponde extraer, que la separación que he intentado hacer para el entendimiento de dos situaciones totalmente identificadas, como lo son el conflicto armado interno y el conflicto social en Colombia; se determina en forma expresa y clara, que tanto el desarrollo de las conversaciones con el Estado Mayor Central de las Farc- EMC; junto con la Segunda Marquetalia y las adelantadas con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia-E.L.N, yerran, en la aplicación y atención clara al carácter insurgente y con estatus de rebeldes, de esas organizaciones. El que se dediquen a acciones delincuenciales es propio de la esencia de ellos…

Ahora bien, los sucesos del pasado 8 de septiembre contra una comunidad indígena en el municipio de Tumaco, por parte de la fuerza de tarea conjunta Hércules del ejército, que, al mando de un general, abrió fuego, sin atender al principio de distinción, contra la población indígena Awua desarmada, de Inda Sabaneta; luego que la tropa intentó entrar a la fuerza al territorio indígena; resulta similar al accionar del grupo insurgente EMC-Farc, contra un autoridad indígena y que trajo consigo el cese de conversaciones, para el fin del conflicto armado con ese sector insurgente. En el agresivo comportamiento del ejército colombiano, murieron dos indígenas y siete más resultaron heridos. Al igual que la respuesta de la insurgencia armada EMC-Farc contra la comunidad indígena; la del ejército colombiano obedeció a oposición de los indígenas Awa a que vehículos blindados del ejército ingresaran a su sagrado territorio comunal.

En eso del gobierno del cambio, todo apunta a un comportamiento, con calificación y acción, que lo diferencie de los gobiernos anteriores. Pero no parece ser así. El manejo conduccionista de lo noticioso, continua, al igual que sucedía con la acción y efecto, que, bajo la egida contra insurgente del Terrorismo de Estado, redundaba en el simplismo calificativo del síndrome de la fracasada guerra imperialista contra el narcotráfico y que, en conjunto, determina la motivación de la oficialidad castrense, en su “guerra” de micrófonos y de declaraciones, con el sobado y gastado argumento, que el trasfondo del escenario, en las regiones, es la pelea o enfrentamiento, por las “rutas del narcotráfico”. Más le afecta la humedad al pato que a la insurgencia continuar denominándola narcotraficantes. Esto pareciere de apariencia inocente; pero resulta malvado, puesto que afecta al factor metodológico de trato y manejo del análisis concreto de la situación concreta. Un presupuesto falsario para abordar lo magnánimo del fin del conflicto armado interno en Colombia, no puede continuar girando sobre previsión de planes falsos. Ello no augura un desenlace feliz en los propósitos que alienta a la nación colombiana.

Pero la realidad es otra. La dinámica de las actividades políticas en los territorios, ha conllevado al empoderamiento de las masas movilizadas, en torno a las soluciones concretas de sus problemáticas. Son las mismas masas las que han colocado “en cintura” el accionar de presencia tradicional de las fuerzas armadas (o militarización) en las zonas del conflicto armado interno y se han opuesto a ello, acudiendo a acciones de desobediencia civil; a ejercicio soberano popular de impedir la presencia del ejército, cuando ello implica el enfrentamiento inminente de las fuerzas rebeldes con la de la oficialidad estatal y a toda costa y con acciones concretas, neutralizan, hasta a centenares de soldados, impidiendo los inminentes enfrentamientos o acciones armadas que implican el desalojo y el éxodo de sus regiones o de los territorios ancestrales, en tratándose de la población indígena. No se puede ocultar que tanto el campesinado, como sujeto de derechos actuante; así como las comunidades indígenas, con su ejercicio constitucional, entran en contradicciones, con los miembros armados de la oficialidad estatal y con los irregulares rebeldes e insurgentes. Este aspecto de intereses contrarios, no ha sido objetiva y correctamente abordado tal como es: de agudas contradicciones en el seno del pueblo.

Otro aspecto de la falsaria mass media impuesta, consiste en que los agudos enfrentamientos armados se dan entre fuerzas rebeldes, entre sí (calificadas como rebeldes por el gobierno, puesto que fungen en mesas de conversaciones, por separado); dándole a las fuerzas armadas estatales el papel de meros espectadores. Pareciere que, por arte de magia, hubiere desaparecido el factor paramilitar del escenario del conflicto armado interno colombiano. Sabido es que en la medida en que opere una acción contrainsurgente, en Colombia, va de la mano el accionar de las huestes paramilitares, para la “lavada de cara” al ejército estatal, en lo que concierne al mantenimiento y respeto de los Derechos Humanos. Con anterioridad he citado, como referente, el espíritu de la Ley 1.908 de 2.018; resultado de una concepción contrainsurgente del Estado colombiano, que, al asimilar a las organizaciones criminales comunes, en el raudal autónomo que concede la caracterización de los grupos armados insurgentes y rebeldes, con el de las denominadas bandas criminales o grupos armados organizados, se efectuó, en la práctica, una legalización del paramilitarismo en Colombia. Al “pan pan y al vino vino” que cuando se registran choques armados entre algunas de las insurgencias y denominaciones de “autodefensas gaitanistas”; o “clanes del golfo”, etc., etc., se esta ante el mismo juego, de lo no ha mucho llegó a denominarse “la sexta división del ejército” colombiano; aludiendo al recurso contrainsurgente estatal del uso del paramilitarismo. No es que, por obra y gracia de la desmovilización de las antiguas Farc y los acuerdos de paz firmados, el paramilitarismo dejó de actuar en Colombia. “Dejémonos de eso!” exclama el campesino catatumbero, enseñado en identificar que el cordón umbilical del actual paramilitarismo, continúa atado a las fuerzas armadas estatales, sin excepción, en cuanto perdura con la permanencia de la doctrina militar de seguridad “del enemigo interno”. Esa esencia contrainsurgente de las fuerzas armadas estatales continua, en tanto, perdure, el conflicto armado interno en Colombia. No se maquilla con decretos y cambios de personal u oficialidades…

Insisto en que eso de los denominados “procesos de paz” no encaja. Que Colombia transita por un proceso de solución política para el fin del conflicto armado interno. Ese proceso precisa darse con todas y cada una de las insurgencias existentes o que surgieren. Lo de Paz Total es una aspiración. Aplica a una metodología asequible para un fin ultimo en beneficio de todos los habitantes. Esta dentro del amplio campo y acepción de lo posible. Corresponde, por el momento, despejar el camino de las conversaciones consensuadas y de no imposiciones, para tomar pista en el enrumba miento de la temática y contenido de fondo, de ese ejercicio dialectico, que significa el logro de objetivos y alcances de conquistas, para llegar a la etapa sublime del fin de conflicto armado interno, en Colombia y que como colombianos y colombianas, apremiamos vivir en la construcción de una sociedad próspera sin el asomo del recurso de la lucha armada, en forma definitiva.

Persistir en el cese al fuego bilateral

Por Carlos Meneses Reyes

El ataque del ELN a una guarnición militar del ejercito nacional en Saravena, Arauca, califica como atentado o saboteo de una fuerza beligerante por parte de insurgentes armados. Se expresa la calidad de ese ataque dentro de las acciones insurgentes al aparato estatal, que una fuerza beligerante, desconoce y busca destruir. Esto conforme a la estructura denominativa del Derecho internacional (DI); en tratándose de conflictos armados internos. Eso de “terrorismo” se atribuye a una ficción mediática a raíz de los sucesos de las Torres Gemelas y en modo alguno encausa dentro del cuerpo normativo internacional. La alusión, a que a 900 metros de la instalación militar atacada funciona una Escuela, pues habilita la denuncia a la no observación por el Estado- parte, a la diligencia y cuidado que no deben funcionar establecimientos educativos cerca a guarniciones militares, y, por consiguiente, no atribuible a carga para el sector insurgente.

Se requiere de diferenciaciones y precisiones para abordar el tema álgido del fin del conflicto armado interno colombiano, con todas y cada una de las insurgencias actuantes en el territorio de Colombia y en el momento coyuntural, en el que un gobierno de inspiración popular rige los destinos del país.

Colombia es un país de múltiples conflictos que demarcan el derrotero de su vida política e institucional. Se mencionan los siguientes conflictos: 1. El conflicto armado interno. 2. El conflicto social. 3. El conflicto económico. 4. El conflicto político. 5. El conflicto ecológico.

Me detendré sobre los dos primeros citados:1. El Conflicto Armado Interno. Caracterizado por una guerra civil no declarada. Se extiende desde el cenit de la hegemonía conservadora, resultado del triunfo de las huestes conservadoras y la derrota del ejercito liberal en la Batalla de Palonegro, en mayo de 1900 y resultado de la Guerra de Los Mil días (1899 a noviembre de 1902). Se toma como punto de referencia histórico el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 09 de abril de 1948. Inicio con el pasaje de la violencia liberal conservadora que conllevó a las primeras guerrillas liberales campesinas para enfrentar el poder hegemónico conservador. Esta fase fue transformada en el luctuoso periodo del llamado Frente Nacional, consistente en que las oligarquías liberal-conservadoras, llegan a un acuerdo político para repartirse, milimétricamente, el funcionamiento burocrático del Estado colombiano, excluyendo las expresiones políticas del movimiento popular, del sindicalismo urbano y agrario en ascenso; de las fuerzas políticas socialista y comunistas, expresadas en movimientos y partido político. Esto generó una casta burocrática privilegiada, que engendró situaciones, motivo de mayor detenimiento. El enfrentamiento bipartidista cesó y se incrementó la agudización de la lucha de clases en Colombia. Ello trajo consigo el surgimiento del movimiento guerrillero de inspiración comunista, en Colombia, alentado por la escisión del movimiento socialista internacional de 1963; apareciendo primero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc (“línea Moscú”) en 1964. Luego El Ejército de Liberación Nacional de Colombia- E.L.N(“línea cubana”) en 1965. Y en el año de 1967, hace presencia el Ejército Popular de Liberación-EPL (“línea china”). Todos los citados, inspirados bajo un programa político de concepción socialista; de no participación electoral y abstención beligerante y activa. Para el año de 1970, como resultado de un fraude electoral, surge la guerrilla, predominantemente urbana y de extracción de clase pequeño burguesa, conocida como el M-19; sin un ideario socialista. De manera, que la fase de conflicto armado interno en Colombia se extiende desde el año 1948 al presente, en una sumatoria de 76 años.

2.El Conflicto Social. Es un término de contenido sociológico. Como conflicto refleja un proceso de oposición o contradicción de intereses tangibles, no satisfechos, en un núcleo humano. Cuando se agudiza esa contradicción entre grupos relevantes, resaltan estatus; recursos de poder entre oponentes, que buscan dañar o eliminar, al contrario; lo cual trasciende de lo individual y/o grupal y afecta el funcionamiento y estructura propia de la sociedad. Como prolegómenos del actual conflicto social en Colombia, corresponde ubicar la contradicción surgida entre el campo y la ciudad, resultado del prolongado periodo de violencia bipartidista, que trajo consigo el éxodo desmesurado de población campesina, que fue asentándose en cinturones de miseria en las grandes y medianas ciudades, crecidas al azar, sin planificación alguna. Luego el imperio del narcotráfico, de las economías ilícitas y el funcionamiento paralelo de una economía subterránea en Colombia. Se fue consolidando un efecto de falta de oportunidades; de arraigos inequitativos; de situaciones de injusticia y condiciones precarias; de desarrollo desigual, en todos los aspectos. Siendo estos efectos citados verdaderos caldos de cultivo de enfrentamiento en lo social; contribuyó, a ese escenario de conflicto, el surgimiento del narcotráfico, que permeo todos los estratos de la sociedad colombiana, con sus secuelas de miseria, desastre humanitario y mínima convivencia de permisividad social.

Lo relevante en ambos conflictos mencionados

He de destacar lo caracterizado de cada conflicto, sobresaliendo, en torno a la efectividad o mejor complejidad jurídica que de ellos emanan, la importancia de diferenciar el uno del otro. Así, el conflicto armado interno obedece a una caracterización de tipificación particular, en torno al contenido del Derecho Internacional (DI). Por ende, al abordarse este conflicto resalta lo extra legal y extra constitucional vernáculo, explicable en el denominado bloque de constitucionalidad para la asimilación y aplicación en cada país. Con respecto al conflicto social, este ajusta al marco jurídico nacional; superpone a la conducta de individuos y no de grupos o colectividades; en cuanto concierne abordarlo para su manejo, trato y solución. Del conflicto armado interno se deriva una conflictividad de tipo político, toda vez que su surgimiento obedece a causas originadas en el ejercicio de lo gubernamental y trasciende a escalas de enfrentamiento militar, resultado de agudas contradicciones. Y de una motivación de carácter esencialmente político. No sucede lo mismo con el conflicto social, parejo a ruptura de la armonía en el conglomerado colectivo, por conductas de comportamiento individual; en “el que”, a sabiendas, transgrede la ley; el orden legal y de convivencia social; independiente de motivaciones políticas, puesto que su valoración encausa en una conducta delictiva común. Es la propia profilaxis de la sociedad, expresada en el órgano estatal, la que aplica las medidas de protección y prevención, bajo la egida imprescindible de la aplicación de la ley, el sometimiento de los delincuentes comunes y su consecuente castigo.

Lo concreto en el caso colombiano

Lo elemental diferenciatorio conviene explicarlo, en Colombia, por la particular situación de los variados conflictos, que como a nación la aquejan y que fueron mencionados en cinco aspectos o temas. No es dable calificarlos, mediante clasificaciones de prioridad. No se puede caer en ese mecanicismo. Todos los citados son de álgida importancia e igual atención. Para todos y cada uno de ellos, debe existir métodos y políticas de acción para su solución total.

No se puede decir que Colombia transita por un proceso de paz. En realidad, vale mencionar, que Colombia transita por el fin del conflicto armado interno y de sus variados conflictos en forma definitiva. Destaca la denominada política gubernamental de “paz total” como ambiciosa aspiración del actual gobierno progresista-liberal de cambio.

Desafortunadamente, ante la disyuntiva de solución del conflicto armado interno y paralelamente, de superación a la agudización del conflicto social, la mala praxis conllevó a que se haya vertido, en un mismo recipiente, la solución de ambos conflictos, es decir, el conflicto armado interno y el conflicto social. Lo anterior ha traído notorias dificultades en el manejo de la situación. Personalmente llegué a pensar que convenía designar a un alto consejero gubernamental, experto en soluciones alternativas de conflicto, de bagaje en conocimientos socio-jurídicos; así como en el conocimiento, aplicación y manejo de figuras del derecho penal moderno, para la obtención del sometimiento a la justicia de la delincuencia común.

Se parte del presupuesto que los actores del agudo conflicto social en Colombia, lo constituyen actores individualmente considerados. Independiente que asuman nombres y/o estructuras organizativas, no se produce ficción alguna, que los excluya de responsabilidad penal individual; que determina al sujeto individualizado en un accionar, cuyas voluntades convergen para realizar colectivamente un programa criminal. Esa asociación es un delito autónomo que existe por sí mismo cuando se presentan sus elementos constitutivos esenciales, con independencia de los delitos que se cometan por su causa. Esa relación o elemento: independencia-causa, es determinante en la caracterización de la constante jurídica de calificación de los delitos así cometidos, como delitos comunes. Por consiguiente, el sindicado, actor, o reo, es un delincuente común; a quien se le atribuye la carga de responsabilidad penal; sin ambages, rodeos, calificativos, consideraciones o enredos, que conlleven a intrincados laberintos, que buscan el desvió hacia la impunidad.

Pero fue a partir de la expedición de la Ley 1908 de 2.018, que predomina una tendencia contrainsurgente en el Establecimiento, tendiente a asimilar a las organizaciones criminales comunes en el raudal autónomo que les concede caracterización propia a los grupos armados insurgentes y rebeldes, que fundamentan su razón de ser en el Derecho Internacional (DI) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Esas bandas no son parte del conflicto armado interno. Comenzaron por darles el nombre de bandas emergentes; bandas criminales (las bacrim); bajo un sobrenombre general de grupos armados organizados (GAO) o grupos delincuenciales organizados (GAO); también como el de grupos armados organizados residuales (GAOR), que son lo mismo. Se dice que obedece a una concepción de doctrina militar, de habilitar el accionar congénere estatal de los grupos paramilitares, en el escenario de actores con connotación política. Es decir, el espíritu de la Ley 1908 de 2.018, institucionaliza o legaliza al paramilitarismo, que encauza es en el conflicto social y no en el conflicto armado interno; incluso, llegándoles a llamar o asimilándolos a grupos equiparados como aliados estratégicos de los grupos rebeldes. Esto no corresponde a un desface o ignorancia crasa sobre la materia; como si a una pretendida acción contrainsurgente de deslegitimar el carácter internacional de la organización político-militar rebelde. Los alzados en armas e insurgentes, están inspirados en la destrucción del Estado Constitucional vigente. Grosso modo, el accionar de un grupo rebelde, insurgente, alzado en armas no va contra un gobierno de turno en particular, sino contra la existencia misma de ese Estado contra el que acciona.

El mismo espíritu de la citada ley aplica es para la sujeción a la justicia ordinaria de las organizaciones criminales y sabido es que las organizaciones armadas rebeldes e insurgentes, si son sometidas, derrotadas militarmente, dejan de existir y esto está bien lejos de suceder en el escenario colombiano. Por ello se impone- pese a la obtusa posición de la derecha militarista- la salida política para el logro definitivo del fin del conflicto armado interno con el total de las diversas insurgencias actuantes.

El no a las imposiciones unilaterales

Intentando expresar un criterio objetivo riguroso corresponde extraer, que la separación que he intentado hacer para el entendimiento de dos situaciones totalmente identificadas, como lo son el conflicto armado interno y el conflicto social en Colombia; se determina en forma expresa y clara, que tanto el desarrollo de las conversaciones con el Estado Mayor central de las Farc- EMC; junto con la Segunda Marquetalia y las adelantadas con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia-E.L.N, yerran, en la aplicación y atención clara al carácter insurgente y con estatus de rebeldes, de esas organizaciones. El que se dediquen a acciones criminales es propio de la esencia de ellos…

Demasiado costo político ha significado para el gobierno, el rompimiento del cese al fuego con el EMC-Farc. Todo, en resumen, por la exigibilidad de otra conducta al ente insurgente, resultado del lamentable ataque de unidades del EMC-Farc, a la población civil indígena con el resultado trágico de la muerte de una autoridad indígena. Su accionar fue, desde todo punto de vista, violatorio al DIH y han de responder ante la jurisdicción internacional por cargos contra lo reglado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

Ahora bien, los sucesos del pasado 8 de septiembre contra una comunidad indígena en el municipio de Tumaco, por parte de la fuerza de tarea conjunta Hércules del ejército, que, al mando de un general, abrió fuego, sin atender al principio de distinción, contra la población indígena Awua desarmada, de Inda Sabaneta; luego que la tropa intentó entrar a la fuerza al territorio indígena; resulta similar al accionar del grupo insurgente EMC-Farc. En el agresivo comportamiento del ejército colombiano, murieron dos indígenas y siete más resultaron heridos. Al igual que la respuesta de la insurgencia armada EMC-Farc contra la comunidad indígena; la del ejército colombiano obedeció a oposición de los indígenas Awa a que vehículos blincados del ejército ingresaran a su sagrado territorio comunal.

Pero la decisión abrupta de la contraparte gubernamental resultó ser impracticable, en tratándose del campo de búsqueda de solución alternativa del conflicto. Es en momentos tan álgidos como se demuestra la capacidad de los negociadores de la contraparte estatal y a fuer de argumentación, resultó contrario al mandato constitucional de la búsqueda de la paz…

Ya es el momento de entrar en razón acercando nuevamente a la mesa de conversaciones a los voceros designados del E.M.C-Farc, para transitar, otra vez, por la consecución del cese al fuego bilateral con ellos.

Similar yerro ocurre con el tratamiento dado por la contraparte gubernamental en el escenario de las conversaciones con el ELN. De inexplicable dilación la no exclusión de una fuerza rebelde – como lo es el ELN – en la forzada clasificación legal de delincuencia común organizada (GAO). Los voceros gubernamentales, en la mesa de conversaciones, han hecho caso omiso a tal solicitud. Sobrevino el plazo del cese al fuego bilateral, y la responsabilidad estatal en cabeza de un ineficiente y conflictivo alto consejero para la paz, del gobierno del presidente G, Petro, ha entrabado la rueda al funcionamiento de una reanudación de conversaciones con esa importante fuerza insurgente. Se dio el lamentable ataque de unidades del Ejecito de Liberación Nacional de Colombia – ELN, a la base militar en Saravena, Arauca. El señor presidente lo equiparó al ataque a la Escuela de Cadetes de la Policía, durante el auge del Terrorismo de Estado, anunciando que el fin del ciclo de conversaciones con esa fuerza insurgente se cierra con un pasaje de sangre. La suerte del fin del conflicto armado interno en Colombia no puede ser echado por la borda. Seria incurrir en violación constitucional a la búsqueda de la paz. Los tales “gestos de paz” no pueden continuar siendo una imposición unilateral, por fuera de la meza, al igual que en gobiernos anteriores y en eco de resonancia a la imposición de la mass media alienante.

Es dable argumentar, que la finalidad del presente análisis es el llamado conmensurado y respetuoso al gobierno nacional para que destrabe la mesa de negociaciones con el E.L. N, decretando la salida de esa organización político-militar de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO). En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Que se aplique, a contrario sensu, el Parágrafo de la Ley 1908 de 2.018 que dice así: “En todo caso, para establecer si se trata de un grupo armado organizado, será necesaria la clasificación previa del Consejo de Seguridad Nacional” y concluyo afirmando: es falso que se trate de una oportunidad para el E.L.N, se trata es de una oportunidad para la Nación colombiana.

Y por qué la actitud de “oídos sordos” a la petición de La Segunda Marquetalia, en el sentido que su máximo dirigente conocido como “Iván Márquez” disponga de una conmutación o cambio a la orden de extradición que pesa sobre él. Resulta viable, en ejercicio soberano nacional, que esa petición proceda. Huelga asomar el calificativo de los delitos conexos. Y también, como simple ciudadano alertar, que si está conmocionada la opinión de la Provincia de Ocaña y del Catatumbo, con la aparición o resurgimiento de una facción, o nuevo frente guerrillero, del Ejército Popular de Liberación -EPL, asuma la Dirección de Inteligencia Nacional la verificación de tal infundio; o si de patraña o realidad se tratare, se aplique la agilidad gubernamental en que sean llamados a sumarse- desde ya- al torrente de la solución definitiva del conflicto armado interno en Colombia.

En eso del gobierno del cambio, todo apunta a un comportamiento, calificativo y acción, que lo diferencie de los gobiernos anteriores.

Respuesta del rector de la UCR ante el genocidio en Gaza

Costa Rica ha logrado una imagen de país pacífico desde la época post colonial.

Desde nuestros inicios de vida independiente, la paz ha jugado un rol muy importante en la creación de nuestra identidad por lo que el ciudadano costarricense asumió esta posición como característica de su idiosincrasia. Así debutó su reconocimiento internacional como tierra pacífica, donde se resuelven los conflictos por vías legales, democráticas y sin intervenciones o amenazas militares.

El premio Nobel al expresidente Oscar Arias y los pactos en los que se cimienta la postura costarricense, pacto social y con la naturaleza, además de la eliminación del ejército, le han fortalecido dicha imagen. Podríamos concordar además que históricamente este pequeño país siempre ha abogado por la paz mundial, ha sido visto como un país modelo, el cual inspira a otras naciones en cuanto a su cultura de paz sostenible.

A pesar de dichas circunstancias, al país le ha resultado un tanto complejo tomar una postura concreta con respecto al conflicto armado mantenido hasta el momento entre Israel y la Franja de Gaza. Si bien es cierto Costa Rica ha abogado por la paz, también ha manifestado su apoyo y solidaridad al estado de Israel, condenando el ataque de Hamas. Esto refleja en parte lo complejo de las relaciones diplomáticas. Algunos especialistas consideran que la inclinación del apoyo a Israel podría ser resultado de la presión ejercida por intereses económicos.

Sea cual sea la intención que se baraja en la posición asumida por nuestro país no podemos pasar por alto que lo que está sucediendo en Gaza es una crisis humanitaria de gran magnitud y extremadamente desalentadora. Por consiguiente, en mi opinión, Costa Rica debe mantener una posición de rechazo ante estos ataques y ser parte de esa presión internacional que demanda un alto al fuego en esa zona y restablecimiento de la paz y estabilidad de los afectados.