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Etiqueta: conflicto socioambiental

Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2022-2040: nuevas (y viejas) amenazas sobre territorios, comunidades y el propio ICE

Alberto Gutiérrez Arguedas (Universidad de Costa Rica/Coalición en Defensa del Modelo Eléctrico Solidario)
Simon Granovsky-Larsen (Universidad de Regina, Canadá)

Recientemente el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) publicó un informe ejecutivo del Plan de Expansión de la Generación Eléctrica para el período 2022-2040, cuya versión completa está próxima a ser publicada, según se indica en dicho informe. Los Planes de Expansión del ICE son documentos institucionales oficiales, en donde se trazan las líneas estratégicas de política pública en relación con la expansión de infraestructura eléctrica a futuro. De manera preocupante, este nuevo plan recicla viejas amenazas a territorios, comunidades y el propio ICE, al mismo tiempo que coloca en el escenario la posibilidad de nuevos riesgos. El propósito de este artículo es advertir sobre algunas de estas amenazas, como un insumo para el debate público.

El nuevo plan de expansión contempla varias medidas para el aumento en la oferta eléctrica, entre estas: la remodelación de plantas eléctricas existentes, la construcción de nuevas plantas, así como la renovación de contratos de compra de electricidad a plantas privadas. Algunas de estas medidas se muestran sensatas y razonables para atender la demanda eléctrica, mientras que otras parecieran responder a intereses particulares sin una justificación adecuada. En el presente artículo haremos referencia a tres aspectos preocupantes en el nuevo plan de expansión: (i) la inclusión del proyecto hidroeléctrico Diquís, (ii) la compra de electricidad a generadores privados y (iii) la expansión intensiva de proyectos eólicos.

Un primer aspecto preocupante es ver en la lista de proyectos candidatos (p.21) al proyecto hidroeléctrico Diquís, un megaproyecto de 646 megavatios -MW- ubicado en la Zona Sur del país, el cual impactaría directamente el Territorio Indígena Térraba, habitado por el pueblo bröran. Hace más de una década este mismo proyecto provocó un enorme conflicto y enfrentó fuerte oposición de este pueblo, acuerpado por un conjunto de organizaciones sociales y ambientales de todo el país. A raíz de tan fuerte oposición, en 2018 el ICE anunció la suspensión indefinida (no definitiva) de este proyecto. Si se concreta este plan de reactivar el Diquís, es de esperarse un clima de crispación y conflicto socioambiental semejante. También aparecen otros cuatro proyectos hidroeléctricos, algunos de ellos de gran tamaño (como el proyecto RG-430, de 156 MW).

En segundo lugar, inquieta la insistencia en la compra de electricidad a generadores privados, la cual ha mostrado ser innecesaria y nociva, para el ICE y para la sociedad costarricense en general. Estos contratos representan una pesada carga sobre las finanzas del ICE, el cual tendría capacidad de generar dicha electricidad en sus propias plantas, a un costo menor. En numerosas ocasiones se ha denunciado sobre esta problemática, la cual ha sido reconocida por autoridades como la Contraloría General de la República. De hecho, con base en recomendaciones técnicas de la Contraloría (Informe DFOE-AE-IF-00009-2019), en 2020 el ICE decidió no renovar cinco de estos contratos, lo cual provocó una reacción virulenta de parte de los generadores privados. Por lo visto, la presión política ejercida por estos surtió efecto, pues el documento es explícito al indicar como una medida prioritaria la “conveniencia en recontratar las plantas de generación privada existentes cuyos contratos vencen en el corto y mediano plazo” (p.24).

El tercer aspecto preocupante es la planificación de “una altísima penetración de energía solar y eólica en todo el período” (p. 29). Se pretende instalar nuevos proyectos con capacidad de generar 1.495 MW de energía solar y eólica entre 2022 y 2035, una capacidad casi cuatro veces mayor a la actual (5.4 MW solar y 390 MW eólica). Hasta la fecha casi no ha habido discusión política y académica en Costa Rica en relación con los impactos de proyectos eólicos, sin embargo, con base en experiencias vividas en otros países, hemos visto cómo la expansión de este tipo de proyectos -sobre todo los que incluyen grandes inversiones de capital extranjero- está asociada con un conjunto de daños sociales y ambientales, sobre los cuales queremos advertir.

Nuestra propia investigación en Panamá nos mostró de primera mano la amenaza que puede representar un proyecto eólico. Los vecinos de un proyecto de 66 MW en la región central de ese país (que está aprobado para una expansión a 110 MW en fases futuras) han visto severamente restringidos tanto su acceso al agua como su libre movimiento por el territorio. De acuerdo con una abogada local que realizó una encuesta a los campesinos sobre sus contratos con la empresa eólica: “lo que pudimos concluir es que ellos fueron totalmente engañados.” Los campesinos no sabían que sus contratos, que inicialmente ofrecían US $400 al año en ganancias de alquiler a cambio de albergar un aerogenerador, también incluían cláusulas para ceder la totalidad de su terreno para uso futuro de la empresa, o que los contratos podían extenderse por 40 años sin el consentimiento de la persona que firmó el contrato.

Con la construcción en marcha, los vecinos también se sorprendieron al encontrar un perímetro resguardado por guardias de seguridad privados que impiden el acceso a los terrenos tradicionalmente utilizados por la comunidad; solamente la persona firmante del contrato puede tener acceso sin tener que pedir permiso a la empresa. Además de los cambios en el uso de la tierra, los residentes afirman que el suministro local de agua se ha reducido a la mitad debido a una combinación de cementación de torres, construcción de carreteras sobre nacimientos de agua y deforestación.

Los proyectos de energía eólica no necesariamente tienen que causar tales daños, pero relatos similares en México, Colombia, Brasil y España demuestran que el caso panameño no está aislado. Una gestión ambiental cuidadosa podría evitar impactos negativos en el suministro de agua, mientras que procesos transparentes de negociación de contratos podrían evitar escenarios de comunidades despojadas de derechos y acceso a la tierra.

Hasta el momento, los proyectos eólicos existentes en Costa Rica no han generado procesos de conflicto evidentes (como sí los ha habido, en gran cantidad, con proyectos hidroeléctricos). Sin embargo, si este plan de expansión se impone bajo los mismos mecanismos de expropiación engañosos que hemos visto en otros países, es de esperarse que estos conflictos comiencen a ocurrir. En aras de garantizar una gestión responsable de los proyectos de energía eólica, es vital contar con vigilancia ciudadana, transparencia empresarial y marcos regulatorios sólidos antes de adjudicar las concesiones. El momento de ser cautelosos es ahora, antes de que comience una rápida ola de contrataciones y construcciones de proyectos eólicos en Costa Rica.

Las amenazas del nuevo plan de expansión eléctrica que aquí exponemos están inscritas en un contexto más amplio de amenazas generalizadas al modelo eléctrico público, solidario y universal que ha tenido Costa Rica desde mediados del siglo pasado. En la coyuntura política actual se está impulsando un conjunto de proyectos de ley (expedientes No. 22.561, 22.701 y 23.414) que proponen una reestructuración integral del sector eléctrico, en dirección a una mayor privatización y liberalización del mismo. Ello resulta muy preocupante porque, al privatizar un bien y un servicio estratégico como lo es la energía eléctrica, esta deja de ser un derecho y se convierte en una mercancía, cuya prioridad ya no es la atención de las necesidades sociales sino el lucro privado.

La experiencia de los demás países centroamericanos -los cuales privatizaron sus industrias eléctricas en la década de 1990- debería servir de advertencia para Costa Rica. Luego de casi tres décadas, se puede verificar que las privatizaciones han traído grandes fortunas para las empresas privadas -nacionales y transnacionales- del sector, sin embargo, del punto de vista de la calidad del sistema eléctrico y el servicio a los usuarios, sus resultados han sido muy cuestionables. A ello debemos sumar los graves impactos socioambientales y violaciones a los derechos humanos asociados con la expansión de proyectos eléctricos, promovidos e impulsados bajo una lógica mercantil.

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Comisión Legislativa de Ambiente investigará Plan Regulador de Talamanca

En la sesión de Comisión del día de ayer 30 de agosto, se votó unánimemente una moción del diputado Ariel Robles para abrir una investigación sobre el polémico Plan Regulador Costero del cantón Talamanca.

La moción solicita “abrir un expediente de investigación que indague sobre la metodología, el procedimiento y los criterios técnicos y científicos que se utilizaron por la Municipalidad de Talamanca y las demás entidades públicas involucradas para generar dicho Plan Regulador”.

Para el diputado proponente “dicho proyecto ha generado total oposición de las comunidades y numerosas organizaciones no gubernamentales con el objetivo de salvaguardar el recurso hídrico en el lugar, evitar la densidad de construcción en áreas de alta fragilidad ambiental, entre otras posibles afectaciones al medio ambiente”.

Recalca que “dicho Plan Regulador también existe la posible violación al constitucional derecho de participación ciudadana y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

El Diputado Robles recuerda que “la Municipalidad de Talamanca publicó un Plan Regulador Costero, que, de acuerdo a su propuesta, podría permitir el cambio de uso de suelo en los sectores boscosos, colocando en riesgo inminente la biodiversidad del lugar”.

Si bien la fracción de Liberación Nacional quiso que este tema se discutiera en la Comisión Legislativa de la provincia de Limón, el diputado fue vehemente que sin importar el color político la Comisión de Ambiente es el lugar temático que corresponde y que hasta el día de hoy la comisión ha tenido una práctica abierta y unánime de llevar a cabo este tipo de investigación, como también lo señaló el mismo presidente de la Comisión, el diputado Gilberth Jiménez Siles.

Finalmente, por unanimidad fue votada con 6 votos a favor por las y los diputados: Gilberth Jiménez Siles, Kattia Cambronero Aguiluz, Oscar Izquierdo Sandí, Manuel Morales Díaz, Katherine Moreira Brown y Ariel Robles Barrantes.

Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur, Movimiento Cahuita Unida, Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), se señalan: (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019, ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.

Ver video de votación,en minuto 1:54:46 / 2:16:11 y moción adjunta.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Agroindustria y pandemia en Costa Rica: conflictos laborales y socioambientales

Por Cristopher Pérez Núñez y Valeria Montoya Tabash, Programa Kioscos Socioambientales

Durante los últimos 20 años la agroindustria piñera se ha posicionado como uno de los sectores más dinámicos del país, lo que se ha visto reflejado en el volumen y valor de sus exportaciones y en el acelerado proceso de expansión territorial que experimentó durante este periodo. Ese a su vez se ha visto acompañado de no pocos cuestionamientos, denuncias y conflictos de carácter socioambiental y laboral.

En 2020 la pandemia sacó a relucir una serie de situaciones que venían dándose a lo interno del sector, pero que se habían mantenido alejadas del debate público por el poco interés de la hegemonía política y mediática. Esto debido a los altos índices de contagio que experimentó la zona norte durante los meses de mayo y junio, en donde, tanto la frontera como las empresas dedicadas a la producción monocultivista se posicionaron como importantes focos de contagio, dando inicio así a la segunda ola que enfrentó el país.

Ahora bien, una de las situaciones más graves que sacó a la luz esta emergencia fue la de la existencia de un esquema de contratación ilegal, por medio del cual algunas de estas empresas recurrían a la contratación de personas migrantes en condición irregular, y que además les permitía evadir de manera sistemática el cumplimiento de garantías laborales. Esto permitió visibilizar las pésimas condiciones de trabajo que imperan en buena parte de las plantaciones del sector, así como el incumpliendo de las medidas y protocolos sanitarios necesarios para la prevención y disminución de los contagios. Incluso, a varias fincas les fueron giradas órdenes sanitarias por otro tipo de irregularidades.

A diferencia de lo sucedido en el marco de la pandemia, los conflictos aparejados al desarrollo de este monocultivo han sido omitidos por los diferentes gobiernos de turno, lo cual ha demostrado no solo el poder de este sector, sino, también, el abandono estructural que sufren estas poblaciones por parte del Estado costarricense. Esta situación ha sido el resultado de décadas de políticas que anteponen los cálculos económicos por encima del bienestar de la población, y que han permitido el desarrollo de un modelo basado en la socialización de los costos y en la concentración de las ganancias.

Según datos de Procomer, durante el 2020 el sector piñero registró una variación de un -6% en el valor de sus exportaciones con respecto al 2019, cerrando el año con la cifra de $888,219.7, superior a los $874,176.5 registrados en 2016. Por otro lado, a pesar de la disminución en el valor de sus exportaciones, durante el 2020 la piña se mantuvo como el segundo principal producto de exportación del sector agrícola y entre los cuatro principales productos de exportación a nivel nacional, representando el 8% del total de las exportaciones del país. Ya en el primer trimestre del 2021 dicho sector registró signos claros de recuperación al reportar un valor de exportaciones por el monto de $236,363.6, superior al registrado durante los últimos 4 años (Procomer: Anuario estadístico 2020; Portal estadístico 2021).

Estos datos no hacen más que evidenciar el peso económico que posee este sector dentro de la economía nacional, así como su consolidación en términos comerciales a nivel internacional. Sin embargo, el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2020, elaborado por la Escuela de Estadística de la UCR en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pone nuevamente en evidencia el escaso desarrollo que han alcanzado los cantones de la zona norte, especialmente los que cuentan con la mayor extensión de hectáreas dedicadas a la producción de este monocultivo. El caso de San Carlos es particular, porque a pesar de presentar mayores índices de desarrollo humano, contiene importantes desigualdades a nivel intracantonal, en donde, al igual que a nivel regional, los distritos que poseen la mayor cantidad de hectáreas dedicadas a la producción de piña son también los que registran los índices de desarrollo social más bajos (Mideplan 2013 y 2017; Moccup 2020).

Ante esta realidad resulta alentador que, a pesar del fuerte apoyo político y mediático con el que cuenta este sector, y del lobby empresarial que durante muchos años logró instalar la narrativa de que la expansión piñera era sinónimo de desarrollo, hoy en día, según datos de la última encuesta realizada por el CIEP-UCR, cerca de un 50% de la población sostiene que el Estado debería limitar la producción piñera a pesar de los beneficios económicos que esta conlleva.

Imagen cabecera tomada de UCR: UCR alerta nuevamente sobre consecuencias de la producción y agroindustria piñera

Compartido con SURCOS por Kioscos Socioambientales.

Palmar Sur contrarresta impacto socioambiental de la mano de la UCR

Esteban Hidalgo Pena

Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social

Palmar Sur contrarresta impacto socioambiental de la mano de la UCR
Cristopher Meza y María José Sevilla, estudiantes del TCU, en la zona de Palmar Sur. Foto: María José Guillén.

La zona de Palmar Sur en la península de Osa se caracteriza por el desarrollo de economías campesinas y por un vasto patrimonio cultural y biológico, sin embargo, la creciente expansión de monocultivos y proyectos de infraestructura han generado una serie de obstáculos sociales, económicos y ambientales que amenazan la autonomía y cultura de estos territorios.

Así lo explica María José Guillén, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y encargada del proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) “Cartografiando el conflicto socioambiental” (TC-684), una propuesta que pretende formar conocimientos y prácticas acordes con las necesidades de estas comunidades por medio de la cartografía.

El proyecto nace de una investigación realizada en la zona del Caribe Sur y Talamanca y funciona en conjunto con el programa Kioscos Socioambientales como un amarre entre la investigación universitaria y la acción social.

Éste implementa la ciencia de la construcción de mapas conocida como cartografía para facilitar un proceso de formación y autoconocimiento en la población. Sin embargo, esta herramienta es solo uno de los pasos que conlleva el TCU, no necesariamente el fin.

Para Guillén, no solo se trata de contrarrestar y aliviar problemáticas, sino también de facilitar el empoderamiento y la acción política de uno de los territorios “con mayor conflictividad socioambiental del país”.

Grace Vargas fue una de las primeras personas de la comunidad en relacionarse con el proyecto. Para ella, Palmar Sur es una comunidad con mucho terreno pero donde la gente no tiene tierra propia para trabajar, problema que se agudiza con las “llenas” o inundaciones que presentan estos territorios.

Vargas también añade que previo a la participación del TCU, no existía el conocimiento en la comunidad para relacionar las diferentes problemáticas ni la oportunidad para poder actuar de manera directa con base en información propia.

Entre los logros concretados por la comunidad, Vargas destaca el paro del proyecto del Aeropuerto Internacional de la Región Brunca, edificación que se habría construido a 5 km de Palmar Sur y del Humedal Nacional Térraba-Sierpe y hubiera requerido la reubicación de 125 familias. De la misma manera, señala el inicio de procesos productivos en la zona de la mano del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) y el fomento de festivales culturales.

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Miembros del TCU realizando una gira de investigación. Foto: cortesía del TC-684.

Cristopher Meza, estudiante de Ciencias Políticas que participa en este proyecto ve la experiencia como una oportunidad para ejercer la disciplina fuera de las aulas y poder palpar las diferentes realidades más allá del conocimiento académico.

A la hora de interactuar con las comunidades, Meza afirma que lo más importante es forjar una relación de confianza con las personas y dejar claro que el objetivo no es extraer información, sino generar procesos de comprensión. “Si logramos que las personas reciban favorablemente la información es porque hicimos un buen trabajo”, resume.

Cartografía como herramienta social y política

El TCU implementa una cartografía participativa, en las que los miembros de la comunidad intervienen en la construcción de los mapas. “La cartografía lo que busca es que sea la misma gente generando sus propios productos, sus propios saberes y sus propios discursos, que es algo que de lo que se les ha privado”, resume la profesora María José Guillén.

Según la docente, la cartografía usualmente ha sido un monopolio utilizado por universidades, institutos geográficos y agrupaciones militares para transmitir un cierto conocimiento; el proyecto pretende romper con esta dinámica y crear una plataforma para el reconocimiento del espacio y la historia de Palmar Sur.

Las necesidades de esta población son variadas y cambian dependiendo del contexto inmediato; a finales del año pasado, con la llegada de La Tormenta Nate y los estragos que causó en la zona, el interés de los habitantes ha girado a la práctica de gestión de riesgo por medio de la cartografía.

No obstante, los mapas planteados por el TCU no solo cumplen una función de diagnóstico y visualización de zonas vulnerables, sino también de recuperación de saberes y defensa del territorio, en donde se visibiliza las relaciones de poder que se construyen en el espacio.

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La profesora Maria José Guillén y los estudiantes del TCU impartiendo un taller en Palmar Sur. Foto: cortesía del TC-684.

José Antonio Mora, geógrafo y profesor universitario, asistió en parte del proceso técnico de la elaboración de los mapas. Mora también es coordinador de un proyecto de Extensión Docente en la zona (ED-3193) y rescata la gran memoria espacial que poseen los habitantes de Palmar Sur, factor que facilita la confección y lectura cartográfica.

Yo pensé que iba a ser más difícil, […] desconozco si es que las personas tenían acercamientos previos con la cartografía, pero sí hay una lectura bastante buena del territorio a través de los mapas”, revela el docente.

El TCU también ha creado diferentes productos como un Manual Comunitario en donde transmiten conocimientos sobre derecho y política agraria, una encuesta de diagnóstico socioeconómico y capacitaciones para mujeres en materia legal sobre organización social.

 

Información generada desde la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR: www.accionsocial.ucr.ac.cr

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