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Etiqueta: conflictos socioambientales

Programa Alternativas debatirá la construcción de un tejido latinoamericano en ecología política

El programa Alternativas, espacio de análisis y reflexión impulsado por el colectivo Reflexión-Acción, dedicará su próxima edición a discutir el papel de la ecología política en América Latina y los desafíos de construir articulaciones regionales frente a las problemáticas socioambientales contemporáneas.

Bajo el título “¿Para qué un tejido latinoamericano en ecología política?”, el programa reunirá a especialistas provenientes de distintos países y disciplinas para analizar los aportes de este campo de estudio al debate sobre ambiente, territorio, cultura, economía y justicia social.

La actividad se realizará el 12 de junio de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC) y será transmitida en vivo a través de las plataformas de Facebook Live, YouTube y Spotify.

El panel estará integrado por:

  • Ayar Arawi Guanotuña Chusin, agrónomo y estudiante de la maestría en Ecología Política.

  • Martina Inés Casás Pino, licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Ecología Política.

  • Karina Nieves Marcano, licenciada en Química y magíster en Ecología Política.

  • Danissa Álvarez Salazar, lingüista y magíster en Ecología Política.

  • Álvaro Céspedes, sociólogo y magíster en Ecología Política.

La propuesta busca reflexionar sobre la necesidad de fortalecer redes de intercambio y colaboración entre personas investigadoras, profesionales, estudiantes y activistas de distintos países latinoamericanos que trabajan en torno a los conflictos socioambientales, la defensa de los territorios, la sostenibilidad y las relaciones entre sociedad y naturaleza.

El programa Alternativas se ha consolidado como un espacio de diálogo interdisciplinario que promueve el análisis crítico de los principales desafíos sociales, políticos, culturales y ambientales de la región, mediante la participación de especialistas y actores sociales de diversos ámbitos.

La transmisión contará además con el apoyo de las emisoras amigas Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución de CONACOOP, 506 Ondas Alajuelita y Radio Voces Libertarias 97.3 FM, que colaboran en la difusión de los contenidos del programa.

La actividad está abierta al público interesado en las temáticas ambientales, territoriales y sociales, así como a estudiantes, docentes, organizaciones comunitarias y personas vinculadas a los debates sobre ecología política en América Latina.

Jairo Mora: trece años después, la impunidad y la violencia contra quienes defienden la vida continúan

Bloque Verde

Han pasado trece años desde el asesinato de Jairo Mora Sandoval. Trece años desde aquella madrugada del 31 de mayo de 2013 en que Costa Rica despertó con la noticia del brutal asesinato de un joven defensor de las tortugas marinas en Playa Moín.

Trece años después, su nombre comienza a desvanecerse de la memoria colectiva. Para muchas personas jóvenes, Jairo es apenas una referencia ocasional en una noticia, una publicación conmemorativa o una fecha en el calendario ambiental. Sin embargo, para quienes vivimos aquellos días, su asesinato marcó un antes y un después en la historia del movimiento ecologista y de la defensa de los derechos humanos en Costa Rica.

La indignación que provocó su muerte no se explicaba únicamente por la brutalidad del crimen. También expresaba el hartazgo acumulado frente a años de agresiones, amenazas e impunidad contra personas que defendían los bienes comunes. Jairo no fue un hecho aislado. Su asesinato puso en evidencia una realidad que muchos sectores preferían ignorar: defender la naturaleza en Costa Rica también podía costar la vida.

Miles de personas salieron entonces a las calles para exigir justicia. Organizaciones ecologistas, movimientos estudiantiles, colectivos sociales, comunidades costeras y ciudadanía de distintas partes del país levantaron una voz común. Se exigió el esclarecimiento del crimen, pero también medidas efectivas para proteger a quienes defienden el ambiente, fortalecer el acceso a la justicia y combatir la impunidad que históricamente ha rodeado los conflictos socioambientales.

Trece años después, muchas de aquellas demandas continúan pendientes.

La violencia contra las personas defensoras ambientales no desapareció con el asesinato de Jairo. Las amenazas, el hostigamiento, la criminalización de liderazgos comunitarios, las campañas de desprestigio y la judicialización de quienes defienden ríos, bosques, humedales, territorios indígenas y zonas costeras siguen presentes en numerosos conflictos socioambientales del país.

A ello se suma un contexto político particularmente preocupante. Vivimos tiempos en los que desde diversos sectores de poder se promueve una creciente intolerancia hacia la organización social y hacia cualquier cuestionamiento a proyectos o actividades que generan impactos ambientales.

Mientras buena parte de América Latina avanza en el reconocimiento de los derechos de las personas defensoras ambientales mediante instrumentos como el Acuerdo de Escazú, en Costa Rica importantes sectores empresariales continúan bloqueando cualquier avance en esa dirección. A la vez, desde espacios institucionales y gubernamentales se desacredita con frecuencia a organizaciones sociales, comunidades organizadas y movimientos ambientales que ejercen su legítimo derecho a defender los bienes comunes.

Se intenta presentar a quienes defienden el agua, los bosques, los territorios indígenas, las costas o la biodiversidad como enemigos del desarrollo. Se alimentan discursos que buscan aislar, deslegitimar y desgastar a quienes cuestionan intereses económicos poderosos. Este clima de hostilidad no es inocente. Constituye una forma de violencia que crea condiciones para nuevas agresiones.

Por eso recordar a Jairo no puede limitarse a un acto simbólico o a una efeméride anual.

Recordar a Jairo implica preguntarnos qué ha cambiado desde entonces. Implica preguntarnos por qué continúan ocurriendo agresiones contra personas defensoras ambientales. Implica cuestionar por qué Costa Rica sigue sin contar con mecanismos robustos de protección para quienes arriesgan su seguridad en defensa de la naturaleza y de los derechos colectivos.

También implica mirar lo ocurrido en Moín.

Una de las exigencias que surgieron tras el asesinato de Jairo fue la protección efectiva de las playas donde anida la tortuga baula y de los ecosistemas que él dedicó su vida a defender. Sin embargo, durante estos años el Caribe costarricense ha experimentado profundas transformaciones asociadas al desarrollo portuario e industrial. La erosión costera, la alteración de hábitats y la presión creciente sobre los ecosistemas han afectado seriamente algunas de las áreas más importantes para la anidación de esta especie.

Las tortugas que Jairo protegía continúan enfrentando amenazas. Los ecosistemas que defendía continúan bajo presión. Las causas que motivaron su compromiso siguen vigentes.

Pero la historia de Jairo también es una historia de esperanza.Porque su legado no pertenece únicamente al pasado. Vive en cada comunidad que se organiza para proteger una fuente de agua. Vive en cada pueblo indígena que defiende su territorio. Vive en cada organización que denuncia la destrucción ambiental. Vive en cada persona joven que decide involucrarse en una causa colectiva para proteger la vida.

Jairo nos recuerda que la defensa ambiental no es solamente una tarea técnica o científica. Es una lucha profundamente humana. Es la defensa de las condiciones que hacen posible la vida. Es la defensa de los derechos de las comunidades. Es la defensa del futuro.

Desde el Bloque Verde afirmamos que la mejor forma de honrar la memoria de Jairo Mora no es únicamente recordarlo. Es continuar las luchas que él ayudó a visibilizar.

  • Exigimos el reconocimiento y la protección efectiva de las personas defensoras ambientales.
  • Exigimos el fin de la impunidad frente a las agresiones contra quienes defienden los bienes comunes.
  • Exigimos el respeto a las comunidades que se organizan para proteger sus territorios.
  • Exigimos que Costa Rica asuma seriamente los compromisos internacionales orientados a garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.

Trece años después, Jairo sigue siendo un símbolo de dignidad, compromiso y resistencia.

Su legado nos recuerda que defender la naturaleza es defender la vida.

Y mientras existan personas dispuestas a proteger un río, una playa, un bosque, una montaña o una comunidad, Jairo seguirá caminando junto a quienes creen que otro futuro es posible.

Porque la memoria también es una forma de lucha. Y porque frente a la impunidad, el olvido nunca puede ser una opción.

Foro analizará disputas por la protección hídrica y la conservación del Cerro Chompipe

La Alianza por una Vida Digna, junto con la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes UCR, Kioscos Socioambientales y SURCOS Digital, realizarán el foro en vivo “Cerro Chompipe: disputas por la protección hídrica y la conservación del ecosistema”.

La actividad se transmitirá el lunes 18 de mayo a las 6:00 p.m. mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

El espacio busca abordar las tensiones y desafíos relacionados con la protección del recurso hídrico y la conservación ambiental en el Cerro Chompipe, ubicado en San Rafael de Heredia.

Participarán en el foro:

  • José Francisco Alfaro, integrante del Colectivo CONCEVERDE de San Rafael de Heredia.

  • María Eugenia Román, diputada.

  • Roberto Ramírez, de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA.

Las organizaciones convocantes señalaron que el foro pretende generar reflexión pública sobre las disputas socioambientales vinculadas con la protección del agua y los ecosistemas estratégicos del país.

Centroamérica ante la crisis climática: vulnerabilidad, conflictos y desafíos de integración

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Introducción

Centroamérica se encuentra entre las regiones más vulnerables del mundo frente a la crisis climática, no por figurar entre las mayores emisoras de gases de efecto invernadero, sino por la convergencia de fragilidades ecológicas, desigualdades socioeconómicas y debilidades institucionales. Desde Guatemala hasta Panamá, incluyendo a Belice el istmo experimenta con creciente intensidad fenómenos como sequías prolongadas, huracanes más destructivos, inundaciones, pérdida de biodiversidad y estrés hídrico.

Este ensayo sostiene que la crisis climática en Centroamérica no puede entenderse únicamente como un problema ambiental, sino como una crisis sistémica, donde confluyen modelos de desarrollo extractivistas, patrones históricos de desigualdad y limitaciones en la coordinación regional.

1. Una región altamente vulnerable

Centroamérica aporta menos del 1% de las emisiones globales de CO₂, es decir, una fracción mínima del total mundial, lo que contrasta con su alta exposición a los impactos del cambio climático. Este dato resulta aún más significativo si se considera que, incluso al desagregar la región, ningún país centroamericano representa individualmente una proporción relevante dentro del total global.

Esta vulnerabilidad responde a varios factores, entre otros citamos los siguientes:

  • Ubicación geográfica entre dos océanos, lo que la expone a tormentas tropicales y huracanes.

  • Alta dependencia de la agricultura de subsistencia.

  • Limitada infraestructura de adaptación climática.

  • Altos niveles de pobreza y desigualdad.

Eventos recientes han evidenciado esta fragilidad: huracanes como Eta e Iota (2020) devastaron amplias zonas del istmo, mientras que sequías recurrentes afectan gravemente al llamado Corredor Seco centroamericano.

2. El Corredor Seco: epicentro de la crisis

El Corredor Seco -que atraviesa buena parte del istmo centroamericano- se ha convertido en uno de los espacios más críticos de la región.

Allí se concentran:

  • Sequías prolongadas

  • Pérdidas recurrentes de cosechas (maíz y frijol)

  • Inseguridad alimentaria crónica

  • Migraciones forzadas

La crisis climática intensifica fenómenos preexistentes de pobreza rural, generando lo que algunos analistas describen como una “tormenta perfecta” socioambiental.

3. Deforestación y degradación ambiental

Aunque la región mantiene importantes reservas de biodiversidad, la deforestación continúa siendo un problema grave. Las principales causas incluyen:

  • Expansión de la frontera agrícola (ganadería y monocultivos)

  • Tala ilegal

  • Proyectos extractivos

  • Urbanización desordenada

En términos generales, la región ha experimentado en las últimas décadas una pérdida sostenida de cobertura forestal, con algunas excepciones puntuales asociadas a políticas exitosas de conservación. La deforestación no solo reduce la capacidad de captura de carbono, sino que también altera los ciclos hidrológicos y aumenta la vulnerabilidad frente a sequías e inundaciones.

4. Matriz energética y contradicciones del desarrollo

Centroamérica presenta una matriz energética relativamente más limpia que otras regiones en desarrollo, especialmente por el peso de las energías renovables, en particular la hidroeléctrica, la geotérmica y la eólica.

Sin embargo, esta aparente ventaja oculta tensiones importantes:

  • Conflictos socioambientales asociados a proyectos energéticos

  • Persistencia de un modelo extractivista

  • Dependencia de combustibles fósiles en el transporte

Estas contradicciones evidencian los límites de una transición energética que no siempre incorpora criterios de justicia social y sostenibilidad territorial.

5. Conflictos socioambientales y resistencias

La crisis climática también se expresa en conflictos entre comunidades locales, Estados y empresas.

En diversos territorios del istmo han surgido disputas en torno a:

  • Proyectos mineros

  • Represas hidroeléctricas

  • Expansión agroindustrial

Comunidades indígenas y campesinas han articulado formas de resistencia que no solo defienden sus territorios, sino que proponen alternativas de relación con la naturaleza, más equilibradas y sostenibles. Estas luchas se inscriben en una dinámica más amplia latinoamericana, donde la defensa del territorio se convierte en una respuesta directa a la crisis ecológica.

6. ¿Hacia una integración regional más sólida?

La magnitud de la crisis plantea una pregunta clave ¿pueden los Estados centroamericanos enfrentar estos desafíos de manera aislada?

La respuesta parece ser negativa. La crisis climática exige:

  • Coordinación regional en políticas hídricas

  • Integración de sistemas energéticos

  • Estrategias conjuntas de adaptación

  • Fortalecimiento de instituciones regionales

Sin embargo, los avances en integración han sido limitados, debido a:

  • Fragmentación política

  • Asimetrías económicas

  • Debilidad institucional

Aun así, la crisis podría actuar como catalizador de nuevas formas de cooperación.

7. Nuevas narrativas colectivas

Más allá de las respuestas técnicas, la crisis climática plantea un desafío cultural y político: la necesidad de construir nuevas narrativas colectivas.

Esto implica:

  • Superar la idea de crecimiento ilimitado

  • Replantear la relación sociedad-naturaleza

  • Reconocer el valor de los saberes locales

  • Promover modelos de desarrollo sostenibles, sustentables y equitativos con la vida, la naturaleza y los ecosistemas

No se trata de un cambio automático derivado de la crisis, sino de un proceso que depende de la acción consciente de los actores sociales y políticos. Por lo pronto, especialmente los actores políticos, no se ven dispuestos a acometer un desarrollo como el descrito que, supere las inequidades, la corrupción, el autoritarismo y el modelo altamente consumista que caracteriza la región habitualmente.

Conclusión

Centroamérica enfrenta la crisis climática desde una posición de alta vulnerabilidad estructural, pero también con importantes potencialidades. La región combina riqueza ecológica, experiencias relevantes de conservación y una creciente conciencia social sobre los límites del modelo de desarrollo vigente.

El futuro dependerá de la capacidad de articular respuestas integrales que combinen:

  • justicia social,

  • sostenibilidad ambiental,

  • y cooperación regional.

La crisis climática no es únicamente una amenaza: también es una oportunidad para redefinir el rumbo histórico del istmo.

Límites ineludibles y emergencia de una nueva conciencia: entre la acumulación y la vida

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Si algo distingue a la civilización contemporánea no es únicamente su extraordinaria capacidad de producir riqueza, sino su tendencia a expandirse sin reconocer los límites que la hacen posible. Durante décadas —incluso siglos—, este sistema ha logrado desplazar sus contradicciones: lo que no podía resolverse en un ámbito se trasladaba a otro; lo que no estallaba en el presente se difería hacia el futuro.

Pero no todos los límites son desplazables.

Los conflictos políticos pueden diferirse, las tensiones sociales pueden reprimirse y las crisis económicas pueden posponerse. Sin embargo, los límites ecológicos introducen una diferencia decisiva: no responden a la lógica del poder ni a la voluntad humana. No negocian, no se subordinan, no pueden ser contenidos por decretos ni por ejércitos.

En este punto emerge una contradicción de nuevo tipo: aquella entre un sistema que requiere expansión ilimitada y un planeta cuyos equilibrios biofísicos son finitos.

El poder que no puede dominar la Tierra

En su fase actual —marcada por el predominio de los combustibles fósiles— el capitalismo ha alcanzado una capacidad de intervención sobre la naturaleza sin precedentes. Las fracciones dominantes del capital financiero e industrial, apoyadas en la tecnología y en complejas arquitecturas de poder global, han extendido las fronteras de la acumulación hasta los rincones más remotos del planeta.

Y, sin embargo, ese mismo poder revela su impotencia frente a los límites ecológicos.

Ese poder financiero-industrial, puede intervenir gobiernos, condicionar economías, desatar guerras o reconfigurar territorios. Pero no puede alterar a voluntad los ciclos del clima, ni detener el deshielo polar, ni revertir por decreto la acidificación de los océanos.

Se trata de una paradoja histórica: el sistema más poderoso jamás construido por la humanidad se muestra incapaz de controlar las consecuencias de su propia expansión. Tal es en mi opinión, la nueva fase del desarrollo capitalista depredador de la naturaleza y de la vida.

América Latina: territorio de extracción y de resistencia

América Latina es una de las regiones del Planeta en donde esta contradicción se expresa con absoluta claridad.

La región ha sido históricamente integrada al sistema mundial como proveedora de naturaleza: minerales, petróleo, biodiversidad, agua, tierras fértiles y ahora inclusive en una parte del subcontinente, “tierras raras”. En la actualidad, esta función se ha intensificado bajo nuevas formas.

En la Amazonía —particularmente en Brasil— la expansión del agronegocio y la deforestación han llevado a este ecosistema a un punto crítico. Lo que está en juego no es solo un bosque, sino uno de los principales reguladores climáticos del planeta.

En los Andes —en países como Chile, Bolivia y Argentina— la extracción de litio, impulsada por la transición energética global, abre una nueva fase extractiva que tensiona territorios, comunidades y ecosistemas frágiles.

En buena parte de la comunidad andino-amazónica como son Colombia y Perú, la minería a gran escala y la explotación petrolera generan conflictos socioambientales persistentes, donde comunidades locales enfrentan a corporaciones transnacionales y a Estados que, muchas veces, actúan como intermediarios de la acumulación global.

Casos similares se observan en Ecuador y Venezuela. En la Amazonía ecuatoriana, comunidades como los Kichwa de Sarayaku, los pueblos Waorani del Yasuní y poblaciones de Sucumbíos y Orellana han enfrentado la expansión petrolera que vulnera sus territorios, su salud y sus derechos colectivos. En Venezuela, tanto las comunidades del Lago Maracaibo -afectadas por derrames petroleros- como los pueblos indígenas del Arco Minero del Orinoco evidencian los impactos sociales y ecológicos del extractivismo contemporáneo.

Centroamérica tampoco escapa a esta dinámica. En Honduras, Guatemala o El Salvador, la presión sobre los recursos naturales —agua, minería, monocultivos— ha generado resistencias comunitarias que, aunque frecuentemente invisibilizadas, constituyen expresiones de un conflicto más profundo: el choque entre la lógica de la vida y la lógica de la ganancia. En Nicaragua, comunidades campesinas e indígenas han cuestionado proyectos como el canal interoceánico por sus posibles impactos territoriales y ecológicos. En Costa Rica, pese a su imagen internacional de sostenibilidad, han surgido tensiones en torno a proyectos hidroeléctricos, monocultivos como la piña, la gestión del agua que afecta a comunidades locales, así como el conflicto minero por la explotación del Oro de Crucitas. En Panamá, pueblos indígenas han resistido iniciativas mineras e hidroeléctricas en sus territorios, denunciando afectaciones ambientales y falta de consulta sobre los proyectos. Incluso en Belice, la expansión de actividades extractivas y agroindustriales ha generado preocupaciones por la degradación de ecosistemas sensibles y el impacto sobre comunidades rurales.

Así, América Latina aparece simultáneamente como espacio de intensificación de la acumulación y como territorio de emergencia de resistencias que anticipan otras formas de relación con la naturaleza.

Guerra, acumulación y desplazamiento de las contradicciones

En paralelo, el sistema continúa desplazando sus tensiones a través de la geopolítica y la guerra.

Conflictos como el de Rusia y Ucrania, o las tensiones en Medio Oriente que involucran a Los Estados Unidos -ora financiando armamento, ora interviniendo directamente-, Israel, Irán y Palestina, no pueden entenderse al margen de disputas por recursos, territorios y hegemonía global.

La guerra opera, en este sentido, como mecanismo extremo de reorganización del sistema. Es decir, a lo largo de la historia, la guerra ha operado como un mecanismo extremo de reorganización del sistema al desencadenar transformaciones simultáneas en múltiples niveles: en el plano económico, al destruir capital y reactivar ciclos de acumulación mediante la reconstrucción; en el geopolítico, al redefinir jerarquías de poder y dar lugar a nuevos órdenes internacionales, como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial con la emergencia de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas y la configuración de la Guerra Fría, en el ámbito político interno, al concentrar poder estatal y reconfigurar regímenes; y en el social y cultural, al movilizar poblaciones enteras, transformar roles y producir narrativas colectivas. Como los relatos compartidos que una sociedad construye para darle “sentido” a la guerra y sus consecuencias: relatos de victoria o derrota, por ejemplo, la idea de “liberación” o “resistencia” tras la Segunda Guerra Mundial, memorias oficiales y conmemoraciones -héroes, mártires, fechas patrias, monumentos-. O también justificaciones del sacrificio, discursos que legitiman pérdidas humanas (“murieron por la patria”, “defensa de la libertad”). Identidades nacionales reforzadas o redefinidas: quiénes somos “después” de la guerra. Finalmente, la reorganización del sistema se refiere a advertencias o traumas colectivos, como cuando se dice “nunca más”, después de haber experimentado conflictos devastadores. En síntesis, son las historias que una sociedad se cuenta a sí misma para explicar la guerra y reorganizar su vida después de ella.

En este sentido, la guerra no aparece como una solución racional ni deseable, sino como una forma límite, profundamente destructiva, mediante la cual sistemas en crisis han sido históricamente reordenados.

Pero incluso aquí se manifiestan límites. Ninguna dominación ha sido absoluta ni definitiva. La historia del siglo XX —desde Adolfo Hitler hasta José Stalin— lo demuestra con claridad. Y en América Latina, las dictaduras de Jorge Ubico, de Anastasio Somoza García (el padre), de Anastasio Somoza Debayle (el hijo), o de Maximiliano Hernández Martínez evidenciaron que el poder puede reprimir, pero no suprimir definitivamente las contradicciones sociales. La lección es clara: la ausencia visible de contradicción no significa su desaparición, sino su desplazamiento.

El límite que no puede desplazarse

Sin embargo, como lo hemos explicado, el cambio climático introduce una ruptura en esta lógica.

A diferencia de las crisis anteriores, no puede ser trasladado geográficamente, ni diferido indefinidamente. No hay un “afuera” al cual exportarlo. No hay periferia que absorba sus efectos sin devolverlos amplificados.

Sequías prolongadas, incendios forestales, huracanes más intensos, pérdida de biodiversidad, desplazamientos humanos, derretimiento de casquetes polares, todos estos fenómenos no son eventos aislados, sino manifestaciones de un sistema que ha comenzado a encontrar un límite infranqueable.

Aquí, el desplazamiento deja de ser posible.

Conciencia, conflicto y posibilidad histórica

Pero este límite no implica una resolución automática.

Nada garantiza que la humanidad responderá de manera racional o solidaria. La historia no avanza por determinismos mecánicos. Lo que se abre es un campo de posibilidad, no una certeza. La clave reside en la conciencia.

En la medida en que la magnitud del peligro se haga cada vez más evidente, puede comenzar a configurarse una convergencia inédita de fuerzas sociales y políticas: trabajadores, comunidades, gestores comunitarios, movimientos ambientales, sectores medios, incluso fracciones disidentes dentro de las propias élites, además de los tradicionales movimientos sindicales, cooperativos y hasta en algunos casos cámaras empresariales que hayan captado que el desarrollo con justicia social y en equilibrio con la naturaleza, no pasa por la extracción y explotación de los combustibles fósiles que han enfermado la tierra acarreando el calentamiento global. Se puede prever incluso una coalición de fuerzas a escala mundial, por el vértice común que poseen los impactos del calentamiento climático global en todo el orbe.

No se trata de una alianza homogénea ni exenta de tensiones, sino de una articulación histórica frente a una amenaza común.

Esta convergencia no necesariamente requiere de la violencia como forma dominante. Puede expresarse en transformaciones políticas, culturales y económicas que desplacen progresivamente la centralidad de la ganancia como principio organizador de la vida social.

Frente a ella, -la centralidad de la ganancia- las élites que hoy concentran el poder económico podrían encontrarse crecientemente aisladas. No porque pierdan de inmediato su capacidad material, sino porque su lógica se vuelve incompatible con la sostenibilidad de la vida.

Hacia un nuevo horizonte civilizatorio

Nos encontramos, entonces, ante una bifurcación histórica. De un lado, la persistencia de una lógica de acumulación que, de no ser contenida, profundizará las condiciones de destrucción ecológica y social.

Del otro, la posibilidad de una reorientación civilizatoria basada en la primacía de la vida, en la reconstrucción de vínculos con la naturaleza y en la redefinición de lo que significa prosperar.

No es necesario que la humanidad alcance un punto de colapso total para emprender este camino. Pero el tiempo histórico disponible para hacerlo no es indefinido; porque determinados impactos ambientales sobre la naturaleza pueden tornarse irreversibles. Un caso muy citado es el del derretimiento de los casquetes polares como consecuencia del calentamiento global, tanto de la atmósfera como de las aguas oceánicas.

La pregunta permanece abierta —y con ella, la responsabilidad colectiva—:

¿será capaz la humanidad de reconfigurar su destino antes de que los límites que ha desbordado se impongan de manera irreversible?

La Amazonía: umbral de irreversibilidad y destino compartido

No todos los procesos de deterioro ambiental avanzan de forma lineal. Algunos sistemas naturales, al ser sometidos a presiones crecientes, pueden alcanzar umbrales críticos a partir de los cuales su transformación se vuelve abrupta e irreversible. La Amazonía constituye uno de los ejemplos más inquietantes de este tipo de dinámica.

Diversos estudios científicos advierten que la selva amazónica —el mayor bosque tropical del planeta— podría aproximarse a un punto de no retorno si se combinan tres factores: la deforestación sostenida, el aumento de las temperaturas y la alteración del régimen de lluvias. En ese escenario, amplias zonas de bosque húmedo podrían degradarse progresivamente hasta convertirse en sabanas, con una pérdida masiva de biodiversidad y una drástica reducción de su capacidad para almacenar carbono, vital, como es obvio, para la supervivencia de la flora universal.

Pero, la Amazonía no es solo un reservorio de especies o un “pulmón del mundo” en sentido metafórico. Es, sobre todo, un regulador climático de escala continental. A través de los llamados “ríos voladores” —corrientes de humedad que se desplazan desde la cuenca amazónica hacia otras regiones de América del Sur—, este ecosistema sostiene ciclos de lluvia fundamentales para la agricultura, el abastecimiento de agua y la vida urbana en países como Brasil, Perú, Bolivia y más allá.

El debilitamiento de este sistema tendría efectos en cascada: sequías más intensas, pérdida de suelos fértiles, inseguridad alimentaria y presiones migratorias. En otras palabras, lo que podría parecer un problema localizado en la selva se convertiría en una crisis civilizatoria extendida.

Aquí se vuelve tangible la tesis central: el tiempo histórico disponible no es indefinido. Si la Amazonía cruza ese umbral, ya no se tratará de mitigar daños graduales, sino de enfrentar una transformación estructural del sistema climático regional con consecuencias imprevisibles.

Sin embargo, también en este caso emerge la posibilidad de una convergencia inédita: Pueblos indígenas, comunidades locales, científicos, movimientos ambientales e incluso sectores económicos comienzan a reconocer que la defensa de la Amazonía no es una causa sectorial, sino una condición de posibilidad para la continuidad de la vida tal como la conocemos en la región.

El agua y la crisis hídrica

América Latina, históricamente rica en recursos hídricos, comienza a experimentar tensiones cada vez más visibles: agotamiento de acuíferos, contaminación de fuentes y desigual acceso. Grandes ciudades enfrentan ya escenarios de estrés hídrico, mientras comunidades rurales ven comprometidas sus formas de vida. El agua deja de ser un bien abundante para convertirse en un eje de conflicto social y territorial.

Migraciones climáticas

A su vez, el deterioro ambiental comienza a traducirse en desplazamientos humanos. Sequías prolongadas, eventos extremos, como los incendios forestales, por un lado, y huracanes indómitos y desbordamientos de ríos, por otro, juntamente con la pérdida de medios de subsistencia, obligan a miles de personas a abandonar sus territorios. Estas migraciones, aun insuficientemente reconocidas en los marcos legales internacionales, anticipan tensiones sociales y políticas que redefinirán las dinámicas regionales.

Estos tres casos —la Amazonía, la crisis hídrica y las migraciones climáticas— serán abordados con mayor detenimiento en una próxima entrega, en la que se examinarán sus dinámicas específicas y sus implicaciones para América Latina y el mundo.

Más de 40 organizaciones advierten: Crucitas revela una crisis estructural en la gobernanza ambiental de Costa Rica

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), integrado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, advierte que la situación en Crucitas no puede entenderse como un problema aislado ni como una simple consecuencia de la minería ilegal. Por el contrario, constituye la expresión visible de una crisis estructural en la gobernanza ambiental, la capacidad institucional y el modelo de desarrollo del país.

En su acuerdo 2026-015 y con base en análisis recientes, incluyendo hallazgos del Programa Estado de la Nación, el PCA señala que lo que hoy ocurre en Crucitas es el resultado de décadas de debilitamiento institucional, regresión normativa y decisiones políticas que han erosionado la capacidad del Estado para proteger el ambiente y ordenar el territorio.

La crisis actual refleja una convergencia de factores críticos: reducción de capacidades técnicas, presiones sobre los recursos naturales, cambios en las prioridades de política pública y un discurso que reabre la puerta a actividades extractivas incompatibles con la trayectoria ambiental del país.

Un debilitamiento progresivo de la institucionalidad ambiental

El PCA alerta que Costa Rica ha experimentado en los últimos años una preocupante pérdida de capacidad en su gestión ambiental. Recortes presupuestarios, disminución de personal técnico especializado y crecientes interferencias políticas han limitado la acción del Estado en la protección de ecosistemas y el cumplimiento de la normativa vigente.

A esto se suma una flexibilización de salvaguardas ambientales que genera señales contradictorias y debilita principios fundamentales como la prevención y la precaución.

Un modelo de desarrollo que incrementa la presión ecológica

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, Crucitas ocurre en un contexto donde el país enfrenta una presión ambiental creciente derivada de patrones de desarrollo insostenibles.

Entre estos destacan la mayor dependencia de combustibles fósiles, el aumento de emisiones, la presión sobre los recursos hídricos y la expansión de modelos productivos que comprometen el equilibrio ecológico. Estas tendencias han llevado a Costa Rica a una condición de déficit ecológico, donde el consumo de recursos supera su capacidad de regeneración.

Desorden territorial y aumento de la conflictividad

El caso de Crucitas también evidencia fallas profundas en la gestión del territorio. La ausencia de planificación efectiva, la debilidad en el control institucional y la falta de coherencia en las políticas públicas han generado condiciones propicias para la proliferación de actividades ilegales y la degradación ambiental.

El aumento sostenido de conflictos socioambientales en el país —muchos de ellos dirigidos hacia instituciones públicas— refleja una creciente desconfianza ciudadana y una crisis en la gobernanza territorial.

Crucitas como síntoma de una crisis estructural

El PCA enfatiza que Crucitas no es una anomalía, sino el resultado de: un debilitamiento institucional sostenido, políticas públicas contradictorias, falta de ordenamiento territorial efectivo y tensiones no resueltas entre el modelo económico y la sostenibilidad ambiental.

En este contexto, insistir en soluciones extractivistas como la minería metálica a cielo abierto no solo es técnicamente injustificado, sino que profundiza las causas del problema en lugar de resolverlas.

Un llamado a una respuesta estructural, no superficial

El Parlamento Cívico Ambiental compuesto por 40 organizaciones, sostiene que atender la situación en Crucitas exige mucho más que medidas de control o enfoques de seguridad. Requiere una respuesta estructural basada en ciencia, institucionalidad sólida y visión de largo plazo.

Entre las prioridades fundamentales se destacan: el fortalecimiento real de las instituciones ambientales, la recuperación de la autonomía técnica en la toma de decisiones, la inversión en ordenamiento territorial y participación comunitaria y la transición hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.

Es importante destacar que Costa Rica enfrenta una decisión de fondo: corregir el rumbo y fortalecer su legado ambiental, o continuar debilitando las bases que lo han sostenido históricamente. Crucitas no es solo un conflicto local. Es una señal de alerta país. La forma en que se responda a esta crisis definirá no solo el futuro de un territorio, sino la coherencia ambiental de toda la nación, según señala Bermardo Aguila, presidente del Parlamento Cívico Ambiental.

Puede descargar el manifiesto desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-015-Manifiesto-Crucitas-sintoma-de-crisis.pdf

Más de 300 personas denuncian impacto ambiental del proyecto inmobiliario SAVIA en Ulloa de Heredia

Vecinos y vecinas de distintas comunidades de Ulloa de Heredia presentaron el pasado 6 de marzo de 2026 una denuncia formal ante varias instituciones públicas por los impactos ambientales y de salud que, según indican, está generando el proyecto inmobiliario SAVIA, desarrollado por PIMSA Portafolio Inmobiliario.

La gestión fue presentada con más de 300 firmas de residentes, quienes solicitan la intervención inmediata de las autoridades para verificar las condiciones del proyecto y adoptar medidas correctivas ante la emisión recurrente de polvo y material particulado asociado a las obras de construcción.

La denuncia fue dirigida a SETENA, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Municipalidad de Heredia y el Ministerio de Salud, instituciones a las que se pide realizar inspecciones y aplicar las medidas preventivas y cautelares correspondientes.

Denuncia por emisiones de polvo y afectación a la salud

De acuerdo con el documento presentado ante las autoridades, las comunidades cercanas al proyecto han experimentado en las últimas semanas emisiones recurrentes y significativas de polvo producto de las actividades constructivas y del movimiento de materiales en el sitio.

Según señalan las personas denunciantes, este material particulado se desplaza hacia zonas residenciales cercanas, afectando comunidades como Condominio Blue, Condominio Vita, Residencial Los Arcos en Cariari y otros sectores aledaños.

La denuncia advierte que la situación genera afectaciones directas a la salud de las personas, particularmente en quienes padecen problemas respiratorios o pertenecen a grupos vulnerables, para quienes la exposición constante a partículas en suspensión representa un riesgo prolongado.

Asimismo, los residentes reportan que el polvo se deposita de forma persistente en viviendas, terrazas, vehículos y otras superficies, alterando la vida cotidiana y el uso normal de los hogares.

Solicitud de inspección y medidas cautelares

En el documento dirigido a la Municipalidad de Heredia, específicamente al Departamento de Control Constructivo, Ingeniería Municipal y Gestión Ambiental, solicitan una inspección urgente del proyecto.

La petición plantea que las autoridades verifiquen la situación denunciada y adopten medidas correctivas, preventivas y cautelares frente a la emisión recurrente de polvo proveniente del proyecto SAVIA.

Según la denuncia, el desarrollo se ubica en Barreal de Heredia, con conexión a la Ruta 1, zona donde anteriormente existían cafetales.

Preocupación por impacto ambiental y fauna silvestre

Además de los efectos en la salud y en la calidad de vida de las comunidades cercanas, las personas firmantes de la denuncia expresan preocupación por impactos ambientales adicionales derivados del desarrollo del proyecto.

En la nota enviada indican que en los últimos meses se ha observado un aumento en la presencia de fauna silvestre desplazada de su hábitat, especialmente animales que habitaban en los antiguos cafetales de la zona.

Entre los casos reportados se mencionan armadillos y garzas atropelladas, lo que, según los denunciantes, evidencia los efectos del cambio en el uso del suelo y del avance de las obras constructivas.

Denuncian abandono institucional

Las personas residentes que impulsan la denuncia manifiestan sentirse abandonadas en su lucha por obtener respuestas institucionales, pese a que —según indican— la situación ha sido persistente y afecta a varias comunidades del sector.

Por esta razón, solicitan a las autoridades competentes actuar con prontitud, verificar las condiciones del proyecto y garantizar la protección de la salud de las personas y del entorno ambiental de la zona.

¿Qué está pasando hoy en los territorios de América Latina?: prender los conflictos socioambientales, las resistencias y la defensa de la vida

Once personas provenientes de nueve países de América Latina, entre académicas y académicos, ex autoridades públicas, activistas socioambientales con amplia trayectoria y representantes de pueblos originarios maya Q’eqchi’, cabécar, Ngäbe-Buglé y maya K’iche’, contribuirán a comprender el actual momento histórico que atraviesa la región, marcado por el avance de los extractivismos, la intensificación de los conflictos territoriales y la criminalización de quienes defienden la vida y los bienes comunes.

Comprender lo que está ocurriendo hoy en América Latina exige ir más allá de los titulares y abrir espacios de intercambio y reflexión colectiva. Escuchar a quienes investigan, enseñan, resisten y habitan los territorios permite construir una mirada crítica sobre las dinámicas extractivas, las disputas por el agua, la tierra y los bienes comunes, así como sobre las múltiples formas de organización y defensa de la vida que emergen desde abajo, en comunidades, pueblos originarios y movimientos socio territoriales.

La región atraviesa una coyuntura socioambiental decisiva y, mediante estas sesiones, se busca responder a interrogantes fundamentales como: ¿cuáles son hoy las principales luchas que se libran en los territorios?, ¿qué amenazas enfrentan las personas defensoras ambientales?, ¿qué significan los derechos de la naturaleza, la memoria ecológica y las respuestas de los pueblos y organizaciones frente a estas ofensivas?

En este contexto, el curso Derechos Ambientales, de la Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, desarrollará un ciclo de siete sesiones abiertas y gratuitas dedicadas al análisis de la actualidad de las problemáticas socioambientales en América Latina. Se trata de conferencias, foros y espacios de diálogo que proponen construir una radiografía crítica de la región a partir de diversos ejes socioambientales.

El ciclo iniciará el 26 de febrero, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., con la sesión El aporte de la memoria en la construcción de una historia ecológica, a cargo de Ramón Vera-Herrera (México), editor, traductor y comunicador, cofundador del suplemento Ojarasca del diario La Jornada y editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, referente clave del pensamiento crítico ambiental en la región.

El 5 de marzo, la sesión Del extractivismo colonial a los extractivismos contemporáneos estará a cargo de Emiliano Terán Mantovani (Venezuela), sociólogo, profesor universitario e investigador en ecología política, actualmente es el facilitador de la red Oilwatch Latinoamérica, instancia con 30 años de resistencia a la actividad petrolera en la región y el Sur global.

El 26 de marzo se desarrollará la sesión Experiencias desde la institucionalidad ambiental en el Gobierno de Colombia, con la participación de Tatiana Roa Avendaño (Colombia), exviceministra, académica e investigadora reconocida por su trabajo en justicia ambiental, conflictos territoriales y políticas públicas, desde una mirada crítica.

Posteriormente, el 23 de abril, se abordará la sesión Génesis, evolución y estado de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador, con Esperanza Martínez Yánez (Ecuador), abogada y bióloga, fundadora de Acción Ecológica y una de las principales impulsoras del reconocimiento constitucional de los Derechos de la Naturaleza, con una larga trayectoria en la defensa de los territorios frente al extractivismo petrolero y minero.

El 14 de mayo, la sesión Criminalización de las personas defensoras ambientales en la región contará con la participación de Diana Murcia Riaño (Colombia), abogada y defensora de derechos humanos, con amplia experiencia en el acompañamiento jurídico y político a comunidades criminalizadas por la defensa del territorio en la región andina.

El 21 de mayo se realizará el foro Criminalización, exilio, cárcel y persecución de defensores ambientales en Mesoamérica, con la participación de Ana Laura Rojas (Guatemala), defensora de derechos humanos y comunicadora comunitaria; Bernardo Caal Xol (Guatemala), maestro y defensor del territorio del pueblo maya Q’eqchi’, criminalizado por su lucha en defensa de los ríos; y Adriana Ramírez (El Salvador), activista ecológica y parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES), organización político-ambientalista que articula luchas contra el extractivismo, la criminalización de liderazgos comunitarios y la degradación socioambiental en su país.

Finalmente, el 4 de junio, en el marco del Día Mundial del Ambiente, se llevará a cabo el foro Mujeres de pueblos originarios en defensa de la vida, con la participación de Weny Bagama (Panamá), lideresa del pueblo Ngäbe-Buglé y delegada del Congreso General Ngäbe ; Doris Ríos Ríos (Costa Rica), lideresa del pueblo cabécar de China Kichá y defensora del territorio; y Sebastiana Par Álvarez (Guatemala), autoridad ancestral maya K’iche’, ajq’ij (guía espiritual maya) y defensora de los territorios indígenas y la vida comunitaria.

Las sesiones se transmitirán en vivo a través del canal de YouTube del Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA (https://www.youtube.com/@infolatinoidela262), los jueves señalados, en horario de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., y estarán abiertas a todo público. Este espacio formativo y de diálogo ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll – Oficina Guatemala, la Internacional de la Educación (IE) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Este esfuerzo busca llevar el análisis no solo a la población estudiantil universitaria, sino también al público en general, ampliando el acceso al debate informado sobre los conflictos y las resistencias que atraviesan nuestros territorios, desde las voces y experiencias de quienes los habitan, los defienden, los piensan y los construyen cotidianamente.

Gandoca-Manzanillo: una disputa por el Estado de derecho ambiental

El conflicto en torno al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) no es un episodio aislado ni reciente. Se trata de un proceso acumulativo en el que convergen denuncias ciudadanas, cuestionamientos técnicos, actuaciones administrativas controvertidas y resoluciones institucionales que, lejos de cerrar el tema, han abierto nuevas interrogantes.

Las cartas enviadas por el ciudadano Marco Levy durante 2026, así como las respuestas oficiales emitidas por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), evidencian un punto central: la controversia ya no es únicamente ambiental. Es institucional.

Un territorio bajo tensión

El REGAMA fue creado para proteger ecosistemas costeros y marino-costeros de alto valor ecológico, incluyendo humedales, manglares, bosque tropical húmedo y hábitats críticos para especies amenazadas. Su importancia es estratégica tanto para la biodiversidad como para la seguridad climática y la resiliencia costera.

Sin embargo, durante los últimos años se han denunciado:

  • Cambios en límites del refugio.

  • Permisos de construcción en zonas sensibles.

  • Intervenciones sobre humedales.

  • Interpretaciones jurídicas que favorecen intereses privados.

Las cartas de Levy insisten en que ciertas actuaciones administrativas podrían estar debilitando el régimen de protección original del área.

El eje del debate: legalidad vs. discrecionalidad

El núcleo del conflicto gira en torno a tres preguntas fundamentales:

  1. ¿Se están aplicando correctamente las normas ambientales vigentes?

  2. ¿Las actuaciones administrativas respetan el principio de no regresión ambiental?

  3. ¿Existe coherencia entre el mandato legal de protección y las decisiones concretas tomadas en el territorio?

Las respuestas oficiales de SINAC tienden a sostener que las actuaciones se enmarcan dentro de la legalidad vigente. No obstante, las observaciones ciudadanas apuntan a posibles contradicciones entre la finalidad del refugio y algunas autorizaciones otorgadas.

En otras palabras: la discusión no es solamente técnica; es jurídica y ética.

Más allá de Gandoca: lo que está en juego

El caso Gandoca-Manzanillo se ha convertido en un referente nacional porque pone a prueba:

  • La solidez del sistema de áreas protegidas.

  • La independencia técnica de las autoridades ambientales.

  • La capacidad del Estado para resistir presiones económicas en territorios de alto valor inmobiliario.

  • La vigencia real del principio precautorio.

Cuando un refugio de vida silvestre entra en disputa, lo que se discute no es únicamente un expediente administrativo. Se discute el modelo de desarrollo y la prioridad que el país otorga a su patrimonio natural.

Una disputa abierta

Las cartas enviadas durante 2026 muestran que el debate está lejos de cerrarse. Más bien, se encuentra en una fase de mayor escrutinio público.

En este contexto, la vigilancia ciudadana ha sido un componente clave. Sin ella, muchos de estos temas permanecerían invisibles.

El caso Gandoca exige transparencia, trazabilidad documental y claridad institucional. Porque en materia ambiental, la opacidad casi siempre favorece la degradación.

Solidaridad con Stella Chinchilla

Costa Rica, 13 de enero de 2026. Desde los colectivos, movimientos sociales y organizaciones aquí firmantes, alzamos la voz con profunda preocupación ante el señalamiento público y la exposición mediática que hoy enfrenta nuestra querida compañera, comunicadora y activista Stella Chinchilla. Lo que se intenta instalar en la opinión pública no es únicamente una acusación sin sustento probado: es un mensaje de amedrentamiento dirigido a quienes se atreven a incomodar al poder.

Stella es una mujer comprometida que ha puesto su voz, su tiempo y su cuerpo al servicio de causas colectivas: la defensa de la vida, del ambiente, de los territorios y de las comunidades históricamente ignoradas. Su trabajo como comunicadora nace desde el afecto, la cercanía y la convicción ética de qué informar y acompañar también es una forma de cuidar. Pretender vincularla con un delito gravísimo, sin indicios ni elementos verificables, constituye un acto de violencia política y simbólica que no podemos ni debemos normalizar.

Los supuestos “indicios” y los insumos de la denuncia que han sido filtrados públicamente no corresponden a un plan ni siquiera mínimamente creíble. Por el contrario, presentan rasgos burdos, prefabricados y carentes de rigor, y que carecen de lógica y seriedad. Resulta poco creíble que, en una época de tecnologías avanzadas y capacidades técnicas reales, se pretenda sostener una acusación de esta naturaleza a partir de audios y mensajes de WhatsApp. Subestimar de ese modo la inteligencia social resulta inaceptable.

Por otro lado, la actuación de cuerpos como la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la DIS ha sido reiteradamente cuestionada en contextos de conflicto socioambiental. En numerosas comunidades del país se ha documentado su presencia para el seguimiento de personas y colectivos considerados “incómodos”, mediante prácticas de vigilancia abiertas o poco transparentes. En ese sentido, no sorprende que esta denuncia surja en un contexto electoral y previo a la visita del presidente Nayib Bukele, en un intento por instalar la narrativa de que el encarcelamiento y la mano dura constituyen la solución a problemas estructurales como el narcotráfico y la violencia.

Este hecho no ocurre en el vacío. Forma parte de un patrón cada vez más evidente de hostigamiento, estigmatización y persecución contra personas defensoras ambientales y sociales en Costa Rica, muchas de ellas señaladas, amenazadas o judicializadas por enfrentar intereses económicos y decisiones gubernamentales que ponen en riesgo bienes comunes. El mensaje es claro y profundamente peligroso: se puede montar cualquier denuncia sin mayor sustento y dañar gravemente la imagen pública de quienes se organizan, cuestionan o se oponen al poder.

Además, no es casual que hayan escogido a Stella Chinchilla como nuevo blanco de sus ataques. Su selección revela un componente profundamente misógino y patriarcal, coherente con un clima político que ha normalizado el ataque a las mujeres que piensan, cuestionan y se organizan. Atacarla a ella no es solo intentar silenciar su trabajo, sino amenazar de forma ejemplarizante a comunicadores independientes, activistas y ecologistas, y debilitar de paso a la oposición política y a la democracia costarricense.

Stella encarna el perfil que el autoritarismo prefiere atacar: mujer, madre soltera, luchadora, crítica y pensante. Golpearla a ella es intentar sembrar miedo en muchas otras; por eso nuestra respuesta debe ser colectiva, firme y sin concesiones.

Denunciamos que este clima ha sido alimentado por discursos y prácticas provenientes del propio poder político, que presentan a activistas y voces críticas como enemigas, obstaculizadoras o amenazas, debilitando la legitimidad de la defensa socioambiental y erosionando las bases democráticas del país.

Solicitamos a los medios de comunicación mayor rigor, responsabilidad y ética profesional, para que no se presten a este montaje, mantengan un enfoque balanceado y no pierdan de vista que esta acusación se inscribe en un patrón más amplio de acoso, descalificación y violencia contra periodistas, comunicadores y medios críticos.

Exigimos a las autoridades judiciales y políticas que se abstengan de utilizar el aparato institucional y mediático como herramientas de persecución y disciplinamiento social. Asimismo, demandamos el cierre definitivo de la policía política, ya sea en su versión DIS o UEI.

Hacemos un llamado urgente a la sociedad civil, a las organizaciones nacionales e internacionales y a los organismos de derechos humanos a mantenerse alertas frente a esta escalada de criminalización del activismo.

Nuestra solidaridad con Stella. La abrazamos con el cariño que se le da a quien cuida, acompaña y quien no ha dejado de creer en la fuerza de lo común incluso en los momentos más duros. No está sola. Defender el ambiente, la vida y los derechos humanos no es un crimen. Criminalizar a quienes lo hacen sí lo es.

Bloqueverde

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)

Red de Coordinación en Biodiversidad

COECOCeiba-Amigos de la Tierra CR

Frente Eco Cipreses