ACOJUPEMA y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna calificaron como una “burla más” el ajuste salarial establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45515-H-PLAN, al considerar que excluye a una gran parte del personal del sector público, especialmente a personas trabajadoras con mayor antigüedad en el régimen de salario compuesto. La agrupación sostiene que la medida profundiza desigualdades laborales y afectará directamente el monto de futuras pensiones.
Según el pronunciamiento, el decreto —emitido el 3 de marzo de 2026 y vigente desde el 1.º de abril— establece un incremento general de ₡10.000 al salario base, pero únicamente para escalas salariales entre ₡514.000 y ₡534.000, aplicable además a determinados esquemas salariales y no a quienes permanecen bajo salario compuesto con bases superiores.
Las organizaciones señalan que una parte importante del magisterio con categorías como PT6, MT6 y VT6 mantiene salarios base cercanos a los ₡600.000, monto que no recibiría el ajuste. Denuncian que esto ocurre tras seis años de congelamiento salarial, mientras continúan soportando deducciones obligatorias y aumento del costo de vida.
Impacto en jubilaciones futuras
Uno de los principales reclamos del grupo es que el congelamiento salarial no solo afecta ingresos actuales, sino también las futuras pensiones. Explican que en el régimen de Capitalización Colectiva, muchas personas se pensionarán con alrededor del 60% del salario base, por lo que una base devaluada reduciría severamente los ingresos al jubilarse.
La organización afirma que se está creando una división entre personas trabajadoras antiguas y nuevas, al coexistir esquemas salariales distintos que benefician a ciertos sectores mientras castigan a quienes permanecen bajo condiciones anteriores.
Llamado a revisar política salarial
El Movimiento Magisterial por una Pensión Digna y ACOJUPEMA cuestionan que personal con amplia trayectoria deba recurrir a recargos laborales adicionales para enfrentar deudas y gastos de salud, pese a años de servicio público. Por ello, demanda revisar la política salarial del sector público y adoptar medidas que garanticen justicia para personas trabajadoras activas y futuras jubiladas.
El Partido Vanguardia Popular toma nota de la noticia publicada este 29 de enero de 2026, en la que se informa que la ARESEP aprobó una rebaja en los precios de los combustibles.
Si bien toda disminución en los precios de combustibles es bienvenida, nos preguntamos: ¿Esta rebaja se traducirá en un alivio real para el bolsillo de las familias trabajadoras? La experiencia nos muestra que las rebajas en los combustibles nunca se reflejan de manera proporcional en la canasta básica. Mientras los precios de los alimentos siguen aumentando, y aunque se reporta una inflación negativa, las familias siguen sintiendo el peso de la carestía en los productos de primera necesidad.
Peor aún, el gobierno celebra esta rebaja marginal mientras mantiene congelados los salarios del sector público desde hace seis años. Los sindicatos han tenido que presentar proyectos de ley para exigir el descongelamiento salarial, porque los trabajadores no reciben un ajuste desde 2020. ¿De qué sirve que baje el precio del combustible si los ingresos de miles de funcionarios y trabajadores públicos siguen estancados, perdiendo poder adquisitivo año tras año?, eso es precarización laboral y empobrecimiento.
Por eso, el Partido Vanguardia Popular plantea dos interrogantes claves al pueblo costarricense:
1. ¿Por qué el dólar baja, el precio de combustibles baja, y el precio de los alimentos no? ¿Qué medidas concretas toma el gobierno para garantizar que esta rebaja en los combustibles se transmita a los precios de la canasta básica y no se quede en los márgenes de lucro de los intermediarios?
2. ¿Cuándo terminará el congelamiento salarial de 6 años? ¿Cuándo se dejará de castigar a la clase trabajadora con un congelamiento que viola sus derechos constitucionales y profundiza la desigualdad?
No basta con anunciar rebajas simbólicas en los combustibles mientras se ignora el drama cotidiano de las familias que ven cómo sus salarios no alcanzan para comer. Exigimos políticas integrales que combatan la especulación en los precios de los alimentos y que restablezcan la dignidad salarial de los trabajadores, pero también llamamos a la organización de la clase trabajadora por un ajuste salarial del 10% o más, sin lucha no hay victoria posible.
Partido Vanguardia Popular Por la justicia social y la soberanía nacional
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N9635, coronada por la Ley Marco de Empleo Público, N10159, impulsada por la rabiosa triada política del Diábolo (PLN, PAC Y PUSC), impuso una violenta disciplina fiscal, que le pasó muy caro la factura de la crisis a la clase trabajadora del sector público.
La primera ley, reforzada por la segunda, contempló medidas extraordinarias de la Regla Fiscal, a cuyo recaudo se han mantenido congelados los salarios en los últimos 5 años, que no es poca cosa.
La pérdida del valor real de las remuneraciones en ese periodo va del 14 % al 35%, dependiendo de las instituciones y los sectores laborales afectados.
Vale advertir, aunque nadie lo recuerda, que, a finales del siglo pasado, en un histórico pronunciamiento, la OIT condenó al Gobierno de Costa Rica, por el congelamiento de las remuneraciones, que en esa Administración PLN también se impuso unilateralmente.
Ahora, tantos años después, mucho menos a la troika PLN/PAC/PUSC les importó esa condena internacional y volvieron a recetar otro congelamiento, solo que más salvaje y perpetuo.
El congelamiento se volvió insufrible e insoportable.
En realidad, francamente, no sabría a qué se le puede tener más miedo:
La Procuraduría General de la República no ha sido una instancia nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos, ni muchos menos de los derechos democráticos de los y las funcionarias públicas.
No obstante, en materia del congelamiento de las remuneraciones, la misma abogacía del Estado depredador de los salarios, en uno de sus dictámenes, señaló:
“(…) Lo anterior puesto que a dichos funcionarios {que tienen un salario compuesto mayor al correspondiente global} se les excluye de cualquier incremento salarial a la base o bien por el reconocimiento de incentivos; aspecto que si bien se deriva del Transitorio XI de LMEP, podría tener un efecto pernicioso en caso de mantenerse indefinidamente o por un plazo prolongado, que la torne irrazonablemente permanente”.
Como dicen los abogados encorbatados: a confesión, relevo de prueba.
Hasta los mismos defensores del Estado admiten que el congelamiento de los salarios por un periodo indefinido o por un plazo excesivo es pernicioso, irrazonable; es decir, insostenible.
Pues bien, resulta que el último informe de la Contraloría General de la República -tampoco nada sospechosa de ser filiosindicalista- estableció -ceteribus paribus- que hasta el lejano 2068, todas las personas públicas habrán transicionado al esquema de salario global.
¿Se entiende?
Es decir, hasta en 43 años.
Tal vez, como dice el tango, es un soplo la vida, que veinte años no es nada.
Pero, si 20 años de congelamiento no es nada, de los cuales ya han transcurrido una buena parte, mi estimado Gardel, 43 años, más del doble de su melancólico lamento, es algo social y humanamente insoportable para cualquier mortal trabajador que solo vive de su salario.
Pues sí, no se puede vivir con el alma aferrada al dulce recuerdo de aquellos ajustes salariales de otros tiempos pasados, porque lloro otra vez.
¡Romper el congelamiento salarial es un imperativo!
Y después de este febril comentario, errante en las sombras, mañana les voy con otro acerca de la más reciente jurisprudencia constitucional en la materia.
Leí con indignación en Semanario Universidad un artículo sobre lo que está ocurriendo con los fondos no ejecutados por el Ministerio de Hacienda, por el ministro de Hacienda Nogui Acosta, para programas esenciales del Ministerio de Educación Pública, MEP, y que es sencillamente, un crimen contra la niñez costarricense.
No se trata de una falla técnica, ni de un simple retraso administrativo, es un acto deliberado de abandono institucional, que golpea directamente a miles de niños y niñas en situación de pobreza y que para muchos el comedor escolar representa, literalmente, su única comida del día.
El hecho de que ₡14.000millones, aprobados desde el año anterior por la Asamblea Legislativa, sigan sin transferirse, y que más de ₡5.700 millones estén detenidos mientras los comedores escolares enfrentan carencias, es una muestra brutal de la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que vive la mayoría del país. Es aún más indignante cuando se recuerda que, incluso durante la pandemia, el Estado mantuvo la entrega de paquetes alimentarios. ¿Cómo es posible que hoy, en una supuesta “normalidad”, se retroceda de esta forma?
Esto no es solo una negligencia. Es una política de desprecio hacia la infancia pobre costarricense. Mientras el gobierno habla de “eficiencia, contención del gasto y reformas estructurales”, hay niños y niñas que van a la escuela con hambre, que no pueden concentrarse, que abandonan sus estudios, que enferman, que pierden su infancia por culpa de un Estado que les da la espalda. Si a eso le agregamos que vivimos 6 años de congelamiento salarial para la clase trabajadora y que los padres de familia se ven “a palitos” para llegar a fin de mes, la situación de las familias costarricenses es brutal.
El hambre infantil no puede esperar a que el gobierno de Rodrigo Chaves y su títere en Hacienda decidan pagar, como no lo hace con la CCSS. La niñez costarricense no puede ser rehén de cálculos fiscales ni de juegos políticos, esta situación exige respuestas inmediatas, porque cada día que pasa sin esos recursos es un día de injusticia, exclusión y maltrato institucional, que con frialdad castiga a la población más vulnerable. El Estado tiene la obligación constitucional, moral, legal y política de protegerla. Lo demás es complicidad.
Sala de Operaciones en reunión el día 4 de febrero con la presencia de la Dirección Médica, Dirección de enfermería y UNDECA, conflicto de cirugías diferidas ya que existen diferencias salariales muy grandes entre los grupos ocupacionales lo cual genera una disconformidad en las partes, circulantes y auxiliares de quirófano.
Dirigentes de UNDECA, con trabajadores, buscan solución a este problemática, ya que, además, cargan con un congelamiento salarial de más de 5 años, lo que, ante el alto costo de vida, perjudica seriamente a las familias.
La misma situación enfrentan los trabajadores del Hospital México, y también analizan unirse al Calderón Guardia para enfrentar esto en conjunto.
Observatorio Económico y Social Escuela de Economía de la Universidad Nacional
Con la actualización más reciente de las cifras fiscales, según el Ministerio de Hacienda, el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la UNA, presenta esta actualización del análisis de la situación fiscal del país, en seguimiento de los Análisis de la Coyuntura Fiscal que se han hecho públicos en otros momentos del año 2024, a fin de contribuir a la discusión de la coyuntura fiscal y del estado de la economía de Costa Rica. Algunas variables han evolucionado de forma distinta a octubre, con respecto a meses previos, habiendo más ingresos con respecto al PIB, pero también un mayor crecimiento del gasto, lo que redundará en un cierre del 2024 muy similar al anteriormente proyectado.
En el caso de los ingresos públicos, su comportamiento, expresado como porcentaje del PIB, es el siguiente al concluir el mes de octubre para el caso de los años mostrados:
Cuadro 1
Ingresos del gobierno central con respecto al PIB, 2021-2024, acumulados a octubre
2021
2022
2023
2024
INGRESOS TOTALES
12,50%
13,36%
12,42%
12,34%
Ingresos Tributarios
10,92%
11,37%
11,11%
10,92%
Impuesto a los ingresos y utilidades
4,20%
4,49%
4,35%
4,02%
Sobre importaciones
0,36%
0,30%
0,29%
0,31%
Sobre exportaciones
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
IVA
4,07%
4,00%
4,03%
4,08%
Interno
2,43%
2,48%
2,52%
2,55%
Aduanas
1,65%
1,52%
1,50%
1,53%
Selectivo de Consumo
0,41%
0,38%
0,48%
0,55%
Interno
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Aduanas
0,39%
0,36%
0,46%
0,53%
Otros ingresos tributarios
1,87%
1,78%
1,95%
1,95%
Contribuciones sociales
0,97%
0,95%
0,98%
1,00%
Ingresos no tributarios
0,30%
0,55%
0,28%
0,32%
Transferencias
0,30%
0,48%
0,03%
0,09%
FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.
Los ingresos totales presentan una reducción al décimo mes del 2024, con relación a los tres años precedentes, explicado por una caída de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB (un 0,09% menos) con respecto al mismo periodo del año 2023, una caída menor que la que se contabilizaba a agosto del 2024, con respecto al PIB. En cuanto al comportamiento por rubro de ingreso, en el caso del impuesto a los ingresos y utilidades (renta) a octubre hay una reducción del 0,19% del PIB con respecto al comportamiento del mismo periodo del año 2023, que se recupera con respecto a la reducción en la recaudación del impuesto sobre la renta observada a agosto, pasando de una caída de 0,29% del PIB a una caída del 0,19% del PIB. La menor caída se produce como consecuencia del mejor comportamiento del impuesto sobre la renta a personas físicas, producto de los ajustes retroactivos pagados a lo largo del presente año en el sector público.
En el caso del impuesto al valor agregado, al mes de octubre también mejora la recaudación, incrementándose un 0,05% del PIB, con una mejora tanto en el impuesto recaudado a lo interno como en el IVA recaudado en aduanas. En el caso del impuesto selectivo de consumo también presenta un mejor desempeño, sumando un crecimiento de 0,07% del PIB con respecto a lo recaudado a octubre del 2023, lo que compensa la caída de los ingresos del impuesto sobre la renta. En el rubro de otros ingresos tributarios, en el que Hacienda clasifica varios impuestos menores y dentro de los que se incluye el impuesto único a los combustibles (el más grande de todos en esta clasificación) y el impuesto a la propiedad de vehículos, la recaudación se mantuvo sin cambios con respecto al PIB, explicado por el crecimiento de 14,7% en el impuesto único a los combustibles, a pesar de la caída en otros rubros.
GASTO PÚBLICO
En cuanto al gasto público, los primeros diez meses del 2024 suman un mayor gasto con respecto al mismo periodo del 2023, un 0,34% del PIB más, explicándose este aumento como consecuencia de un mayor gasto en remuneraciones, que aumenta este año con relación al PIB luego de varios años de disminuir y de un mayor gasto de capital. El gasto en intereses se mantiene casi sin cambios en su total, apenas un 0,01% del PIB más en octubre del 2024 con respecto a octubre del 2023, aunque sí hay un cambio en su composición, pues hay menos gasto en intereses de deuda interna y más gasto en intereses de deuda externa.
En el caso del gasto en remuneraciones con respecto al PIB, a octubre del presente año el porcentaje aumentó con respecto al mismo periodo del año 2023, explicado por el pago del ajuste retroactivo pendiente, creciendo un 0,11% del PIB. La partida de transferencias corrientes también se mantiene sin cambios significativos, aunque con una disminución en las transferencias corrientes al sector privado, que reflejan principalmente el gasto del gobierno en el pago de pensiones con cargo al presupuesto nacional y que se redujeron un 0,07% del PIB, mientras que las transferencias corrientes al sector público crecen un 0,06% del PIB.
En cuanto al gasto de capital, a octubre del 2024 creció con respecto al PIB, con relación al mismo periodo del 2022 y del 2023, a pesar de presentar variaciones importantes en su tasa de crecimiento a lo largo del 2024. A octubre del 2024 el gasto de capital con respecto al PIB alcanza un 1,07%, mientras en el mismo periodo del 2023 fue de 0,92% del PIB y en el 2022 fue de 0,93% del PIB.
Cuadro 2
Gastos del gobierno central con respecto al PIB, 2021-2024, acumulados a agosto
2021
2022
2023
2024
GASTOS TOTALES
16,31%
15,16%
14,88%
15,22%
Gastos totales sin intereses
12,22%
11,10%
10,68%
11,01%
Gastos corrientes
15,26%
14,22%
13,95%
14,08%
Remuneraciones
5,09%
4,61%
4,46%
4,57%
Bienes y Servicios
0,56%
0,54%
0,49%
0,49%
Intereses
4,09%
4,06%
4,20%
4,21%
Deuda Interna
3,48%
3,42%
3,40%
3,29%
Deuda externa
0,61%
0,64%
0,80%
0,92%
Transferencias
5,51%
5,02%
4,80%
4,81%
Sector Privado
1,85%
1,71%
1,66%
1,59%
Sector Publico
3,60%
3,29%
3,08%
3,14%
Sector Externo
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
Gastos de Capital
1,04%
0,93%
0,92%
1,07%
Inversión
0,45%
0,34%
0,41%
0,39%
Transferencias
0,59%
0,59%
0,51%
0,68%
Transferencias con recurso externo
0,09%
0,13%
0,03%
0,11%
FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.
RESULTADO FISCAL
Al mes de octubre del 2024 el país presenta un superávit primario que se reduce con respecto a lo observado en el mismo periodo del 2023. En los primeros diez meses del año el superávit primario alcanzó un 1,33% del PIB, para el mismo periodo del 2023 el superávit primario fue de 1,75%, la reducción se explica por la caída en los ingresos totales y el repunte del gasto en remuneraciones y del gasto de capital, cuya combinación (menos ingresos y más gasto) impactó el resultado primario. En cuanto al resultado financiero, el déficit a octubre del 2024 fue de 2,88% del PIB, mayor al déficit a octubre del 2023 que fue de 2,45% del PIB.
Tanto en el resultado primario como en el resultado financiero, hay un deterioro de poco más de 0,30% del PIB, que mejora con respecto a agosto, cuando el deterioro en relación al mismo periodo del 2023 era de un 0,40% del PIB. Para el cierre del año la pérdida de recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos podría disminuir con respecto a lo recaudado en el 2023, volviendo a complicar el panorama fiscal, mientras que una menor dinámica económica en la segunda mitad del presente año podría afectar la mejora en la recaudación del IVA. El Observatorio Económico y Social, con los datos a octubre del presente año, prevé los siguientes resultados para el 2024:
El déficit financiero del 2024 se ubicaría en un 3,8% del PIB.
El resultado primario se ubicaría entre un 1,1% del PIB.
El gasto en intereses sería de un 4,9% del PIB.
La deuda del gobierno central se mantendría alrededor del 62% (+/- 0,5%) del PIB, suponiendo que el crecimiento del 2024 se mantiene en el nivel previsto por el Banco Central, que no hay variaciones importantes en el tipo de cambio y que no hay un cambio brusco de tendencia en la inflación al cierre del 2024.
Las anteriores proyecciones se hacen considerando que cualquier cambio en las variables señaladas, vendría a modificar dichas proyecciones. El Observatorio presentará un nuevo análisis de coyuntura fiscal con la información del cierre fiscal del 2024, a fin de analizar lo sucedido en este año y confirmar las proyecciones hechas.
Reiteramos que la posibilidad de hacer ajuste fiscal por el lado del gasto se acabó, muchos rubros de gasto urgen de una mayor asignación de recursos, mientras hacemos un respetuoso llamado a evitar un debilitamiento adicional del sistema tributario, con reducciones de impuestos o incorporaciones de nuevas exoneraciones, tal y como se hizo el año anterior con el impuesto a la propiedad de vehículos, la pérdida de potestades de la administración tributaria en la última reforma del impuesto sobre la renta o las reformas recientes en el IVA. Recuperar los espacios de gasto perdidos requerirá de más ingresos tributarios y la discusión sobre cómo hacer eso deberá empezar pronto.
Insistimos en la necesidad de impulsar una política pública que reduzca el costo del financiamiento de la deuda pública, a fin de reducir el pago de intereses, que para este año incluso alcanzaría un 4,9% del PIB. Parte de los recursos pagados en intereses podrían ser utilizados en la atención de necesidades apremiantes de la población, de ahí la urgencia de plantear medidas para reducir el pago de intereses en próximos años.
Finalmente, considerando que se prevé que la deuda se mantendrá por encima del 60% del PIB en el 2024 y en el 2025, la aplicación de las restricciones sobre los ajustes salariales y la inversión pública seguirán vigentes, incluso todavía en el 2025. Urge una revisión de la eficacia y la aplicación de la regla fiscal, aún y cuando se deje atrás la parte más restrictiva de la misma, a fin de solventar problemas de la legislación que crea ese mecanismo de control del gasto, además de evitar que se exacerben otros problemas que incluso hoy se están presentando, como la extensión indefinida del congelamiento salarial en la remuneración de los funcionarios públicos.
Observatorio Económico y Social Escuela de Economía, UNA 17 de diciembre de 2024
Para los que creen en los dogmas cuasi religiosos, de la macroeconomía y sus gurúes, es de aplaudir el congelamiento salarial, perverso e inhumano, que rige desde el 2019. «No hay vuelta atrás», dicen Chaves y Nogui.
¡No hay ajustes salariales, mientras la manoseada deuda pública, sea un 60 % superior al Producto Interno… Bruto!, agregan.
Así, los fallidas tesis macroeconómicas, que por años vienen dando malos resultados, para ambos, están escritas en mármol, mientras los empobrecidos trabajadores, tienen que enfrentar severos aumentos en alquileres, víveres, medicamentos, electricidad, agua potable, transporte colectivo, educación privada, medicina extra-Caja…
Y es que, aunque la evasión de impuestos, de parte de grandes empresas, supera esa deuda pública, se reafirma la injusta condena, caída sobre inocentes mujeres y hombres: ¡No tendrá derecho a incrementos salariales; no jodan!
A través del tiempo y por diversos medios de comunicación, tantos radiales, televisivos, escritos y ahora más, comúnmente, lo vemos a través de distintos dispositivos tecnológicos por las redes sociales; notamos un fenómeno que se da en nuestra Latinoamérica sobre la migración masiva de muchas personas de países específicos que buscan una mejor calidad de vida, paz, libertad, o, simplemente salir de un país que no les dio la oportunidad de desarrollarse, en búsqueda de lo que comúnmente se le ha llamado el “sueño americano”; o, ahora que se ha popularizado como el “sueño europeo”.
Para las personas que no se han familiarizado con estos términos, les menciono un poco de lo que dice el internet:
El sueño americano se le conoce como «la mayoría de la gente diría que tiene que ver con el éxito individual conectado con la riqueza y con el sueño del inmigrante; que cualquiera puede llegar a Estados Unidos y convertir su vida en un éxito»; según lo dijo la escritora Sara Chuchwell a BBC Mundo, en el marco del HAY Festival Cartagena
Por su parte, el “sueño europeo” se define, según el diario digital Prometeo, como la idea de trabajar para vivir y no vivir para trabajar.”
Como pudimos leer, estos “sueños” se resumen en dos aspectos: vivir mejor y tener mejor poder adquisitivo. Esto ha generado que cada vez más jóvenes de nuestra Latinoamérica sueñen en emigrar de sus respectivos países como Venezuela, México, Salvador, Nicaragua, República Dominicana, entre otros…
Hoy, hay una realidad en nuestro país, una realidad que no podemos minimizar y mucho menos ocultar sobre la Costa Rica, que antes era receptora de migrantes, a una Costa Rica donde la población joven, por las muy escasas posibilidades que existen, se ha vuelto en un país expulsor de migrantes.
Hoy, hay una realidad: en nuestro país existen muy pocas posibilidades de poder tener una vida digna, donde existen dos clases sociales muy bien marcadas; una de ellas es una clase con mucho poder adquisitivo; y, la otra, una clase más y más empobrecida que ha dejado de vivir a simplemente sobrevivir a los embates de la desigualdad social.
Para darles unos pequeños detalles de lo que hablo, actualmente en el sector público por la ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas y por la Ley Marco de Empleo Público, cada vez más son los puestos suprimidos o congelados del sector, con su único fin de ahorrar dinero para pagar la deuda pública del Estado; disminuyendo la posibilidad de poder contratar más personas que puedan asumir esos puestos vacantes y que, además, las personas que hoy trabajan en este sector, también han visto disminuido sus ingresos al existir un aumento desmedido del costo de la vida agravado por el congelamiento salarial total e inhumano que se le impuso al sector público desde el año 2020 y según el Ministro de Hacienda podría extenderse hasta el año 2028, es decir más de 8 años con los salarios congelados del sector público.
Y, por otra parte, en el sector privado donde cada vez más son los requisitos académicos para ser parte de este sector y donde cada vez más es la solicitud de experiencia y el mal llamado dicho de “ponerse la camiseta”, con la única intención y de una forma sutil de sacar más provecho de las personas trabajadoras, con salarios bajos a diferencia de las cosas que les solicitan día a día. Además, sin dejar de lado que ya la misma ONU pidió más medidas, ya que, en muchos sectores privados del país, se ha encontrado de forma alarmante un aumento de esclavitud laboral moderna.
Ya sea que seas joven y pudiste conseguir trabajo, independientemente del sector en el cual estés trabajando y del exceso de aumento del costo de la vida, no podemos dejar a un lado el exorbitante pago de impuestos en los salarios, IVA entre otros y la vulgaridad de los sobre precios de las casas de alquiler, que en muchos casos puede ser hasta más de un 50% del salario actual de muchas personas jóvenes.
Cada vez más es atractivo como personas jóvenes, salir de un país donde no se nos dan las oportunidades de poder tener una vida digna y decente y, por el contrario, tenemos a un gobierno que con más recortes a la educación, seguridad, cultura, deporte, salud entre otros sacrificando a la población con su único objetivo de tener una reputación a nivel internacional sobre el pago de la deuda, según el PIB.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) anuncia una huelga el 28 de agosto de 2024, y en las regiones el 29 de agosto, en protesta contra el congelamiento salarial.
Advierten que, si no se actúa, en 2025 se enfrentarán al sexto año consecutivo sin un reajuste salarial.
Durante la huelga, las oficinas estarán cerradas, e invitan a unirse a la protesta. Le invitamos a ver el video de ANEP con el llamado a huelga.
