El reloj roto de la historia: crónica de una jornada en retroceso
Frank Ulloa Royo
Hay relojes que no marcan la hora, sino la vergüenza. Relojes que no avanzan, sino que giran hacia atrás, como si el tiempo fuera un capricho de los poderosos y no una conquista de los pueblos. En Costa Rica, ese reloj se rompió en 1920, cuando los trabajadores, tras huelgas y revueltas, lograron que el Estado reconociera su humanidad en forma de ley: ocho horas de trabajo, ni una más. Fue una victoria contra el agotamiento, contra la lógica colonial del cuerpo como recurso. El tiempo, por fin, era también territorio obrero.
Pero hoy, cien años después, los nuevos conquistadores—con corbata y logo corporativo—exigen doce horas de jornada. No con látigo, sino con decreto. No desde Sevilla, sino desde San José. El Estado nacional, que antes legislaba para proteger, ahora legisla para rendirse. Se invoca el desarrollo como antes se invocaba la evangelización. Se ofrece el cuerpo del trabajador como incentivo, como moneda de cambio. Y el reloj, ese viejo testigo de las luchas, empieza a girar hacia atrás, como si la historia fuera un error que conviene corregir.
El derecho laboral de Indias fue un campo de batalla entre la ley y la realidad, entre el discurso humanista y la práctica colonial. Las leyes proclamaban dignidad, pero legitimaban el despojo. Su legado es ambivalente: testimonio de una voluntad reformista y evidencia de su fracaso. Sin embargo, en medio de sus contradicciones, esta legislación dejó huellas profundas que aún resuenan en los sistemas jurídicos modernos.
Muchos de sus principios —aunque nacidos en contextos de dominación— anticiparon derechos que hoy consideramos fundamentales. La limitación de la jornada laboral, la protección de la maternidad, el reconocimiento del salario justo, la regulación de oficios peligrosos, la prohibición del trabajo infantil y la defensa de la salud en el trabajo fueron formulados como alternativas al trabajo forzoso y a la esclavitud. Estas propuestas, aunque incompletas y muchas veces incumplidas, constituyen los primeros esbozos de una ética laboral que buscaba humanizar la producción.
La legislación indiana, entonces, no puede ser leída únicamente como instrumento de control. También fue espacio de disputa, de reforma, de resistencia jurídica. En sus márgenes se gestaron debates sobre la humanidad del otro, sobre la legitimidad del poder, sobre el derecho al descanso, al cuerpo, al salario. Como señala Borrajo Dacruz (2003), “la historia del derecho del trabajo no comienza con la revolución industrial, sino con los primeros intentos de limitar el abuso en contextos coloniales”.
Lo irónico es que ni las Leyes de Indias, redactadas en pleno siglo XVI por una monarquía esclavista, se atrevieron a tanto. Felipe II, en su Instrucción de 1593, ordenaba que los obreros trabajaran ocho horas, repartidas para evitar el rigor del sol. ¡Felipe II, nada menos! El mismo que gobernaba sobre minas, encomiendas y amputaciones, reconocía que el cuerpo humano tenía límites. Hoy, en cambio, se pretende que el trabajador moderno—con más derechos, más ciencia, más Constitución—trabaje más que un indígena bajo el sol colonial. ¿Progreso? ¿Modernidad? No. Es el regreso al feudo, pero con Wi-Fi.
La ley que se propone no es una reforma: es una parodia. Una tragicomedia legislativa donde el Estado se disfraza de gestor, pero actúa como capataz. Se redactan protocolos, se celebran foros, se imprime el retroceso en papel membretado. Y mientras tanto, el reloj sigue girando hacia el abismo, marcando no las horas trabajadas, sino las horas perdidas. Perdidas en la historia, en la dignidad, en la memoria.
Porque legislar doce horas no es solo legislar tiempo: es legislar olvido. Es borrar la huelga de 1920, la Revolución del Sapoá, los sindicatos que entendieron que el cuerpo no es mercancía. Es decirle al trabajador: “Tu historia no importa. Tu cansancio no cuenta. Tu tiempo no es tuyo.”
Pero el reloj, aunque roto, recuerda. Y cada vuelta hacia atrás es también una señal de alarma. Porque hay memorias que no se archivan, cuerpos que no se rinden, y pueblos que saben que el tiempo no se negocia: se conquista.
Y mientras se redactan leyes para extender la jornada, se archivan las inspecciones, se recortan pensiones, se normaliza el despojo. El trabajador accidentado, incapacitado, descartado, se convierte en expediente. Se le quita el cuerpo, luego el trabajo, luego el nombre. Se le deja la espera. Se le deja la nada.
Hoy más que nunca, el movimiento de los que trabajan bajo una jornada debe levantar la voz y no permitir que las agujas del reloj retrocedan. No para pedir favores, sino para recordar conquistas. No para negociar retrocesos, sino para defender el tiempo como derecho. Porque si el reloj gira hacia atrás, que sea para recordar quiénes somos, de dónde venimos, y por qué luchamos.
