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Etiqueta: Consejo Universitario UCR

UCR recomienda no aprobar proyecto de ley “Polo de Desarrollo” sobre minería en Crucitas

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó, mediante el Acta N.° 6936, a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley denominado Ley para la recuperación sostenible de Crucitas y la creación del polo de desarrollo de la Región Huetar Norte de Costa Rica (Expediente n.° 24.675), tras realizar un análisis académico, jurídico, social y ambiental exhaustivo.

Este proyecto fue propuesto por el Frente Amplio y, en días pasados, la presidenta electa Laura Fernández lo planteó como una alternativa para discutir y comparar con el proyecto apoyado por el Poder Ejecutivo (Expediente n.° 24.717).

El criterio fue emitido por la UCR en septiembre pasado, a solicitud de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, en cumplimiento del artículo 88 de la Constitución Política. El análisis contó con la participación de múltiples instancias universitarias, entre ellas la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Económicas, la Escuela Centroamericana de Geología, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y el Programa Kioscos Socioambientales.

Desde una perspectiva social y comunitaria, el Consejo Universitario reconoce que la iniciativa contiene elementos relevantes, en tanto “procura abordar la problemática de la minería ilegal en Crucitas, con énfasis en la recuperación ambiental, la promoción del desarrollo sostenible para las comunidades locales y la diversificación económica”. No obstante, advierte que este enfoque “requiere delimitar mejor el alcance regional del proyecto e incorporar de manera explícita la perspectiva de género”, dada la alta vulnerabilidad social de la Región Huetar Norte.

El acuerdo destaca que cerca del 69 % de los distritos de la región presentan niveles muy bajos de desarrollo social, por lo que resulta indispensable que cualquier iniciativa de esta naturaleza incorpore planes de desarrollo obligatorios, mecanismos claros de evaluación y una articulación institucional robusta que priorice a las comunidades locales y a las poblaciones históricamente excluidas.

Sin embargo, desde el punto de vista ambiental y técnico, el Consejo Universitario concluye que el proyecto presenta debilidades estructurales graves. En particular, señala que “carece de una fundamentación técnica sólida” y que se sustenta en una lógica de “capitalismo verde que ha demostrado ser insuficiente para enfrentar los retos estructurales que implica la explotación ilegal de los bienes naturales”.

Entre las principales omisiones, la UCR subraya la ausencia de un diagnóstico ambiental científico sobre los niveles de contaminación por mercurio, la falta de protocolos de remediación, la inexistencia de estándares de calidad ambiental y la carencia de un sistema de monitoreo que permita evaluar la efectividad de las acciones propuestas. Asimismo, advierte que “no se presentan datos verificables sobre los pasivos ambientales existentes ni estimaciones técnicas o económicas sobre los costos reales de la remediación ambiental”.

Otro aspecto crítico señalado es la delimitación territorial del proyecto, ya que este se restringe a la antigua concesión minera de Crucitas, pese a que la minería ilegal “ha trascendido ampliamente esa área y se ha extendido a zonas colindantes y a lugares alejados como Abangares, e incluso con operaciones en territorio de Nicaragua”. Esta limitación, advierte el Consejo, podría provocar el desplazamiento del problema hacia otras regiones del país.

El Consejo Universitario también alerta sobre los riesgos éticos y jurídicos de la propuesta, al considerar que podría abrir la puerta a la mercantilización de la naturaleza y a la legitimación indirecta de actividades extractivas ilegales. En ese sentido, señala que la titularización del yacimiento de roca dura “podría sentar un precedente para la financiarización de la naturaleza, convirtiendo los ecosistemas en instrumentos sujetos a la especulación del mercado”.

Finalmente, el acuerdo concluye que el proyecto “no constituye una solución adecuada ni sostenible a la crisis legal, ambiental y social generada por la minería ilegal en Crucitas y sus zonas adyacentes”, y advierte que ninguna iniciativa será efectiva mientras el Estado no recupere un control real y sostenido sobre la seguridad y la soberanía del territorio. Según la UCR, “la ocupación informal del espacio por actores ilegales, la débil presencia institucional y la limitada capacidad de fiscalización convierten en ilusorio cualquier intento de establecer una solución integral sin antes atender las condiciones básicas que requieren las comunidades de la región”.

Por estas razones, el Consejo Universitario acordó comunicar a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley, al tiempo que reiteró la disposición de la Universidad de Costa Rica de colaborar con criterios técnicos y académicos para la construcción de alternativas integrales, sostenibles y socialmente justas frente a la problemática de la minería ilegal en el país.

A lo largo de más de dos décadas, la Universidad de Costa Rica, a través de distintas rectorías y Consejos Universitarios, ha emitido numerosos criterios técnicos, científicos y académicos en oposición a los intentos de reactivar la minería en Crucitas. Se trata de pronunciamientos construidos desde múltiples disciplinas que, pese a partir de enfoques diversos, han coincidido de manera consistente y contundente en señalar los riesgos e impactos de esta actividad.

El acuerdo más reciente reafirma esta posición histórica y da cuenta de la coherencia institucional de la UCR frente a este tema de interés nacional. Puede consultarse en la sesión N°6967, un acuerdo ( CU-160-2025), relativo al proyecto de “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, y reforma parcial al Código de Minería” (Expediente n.° 24.717), actualmente en conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Acta y acuerdo completo en: https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/minute/2025/6936.pdf#page=81

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Consejo Universitario solicita suspender licitación de uso y explotación del espectro radioeléctrico

La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas en la materia. (Foto: Cortesía Semanario Universidad)

María del Mar Izaguirre Cedeño, Periodista

El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica acordó, en la sesión de este martes 18 de noviembre, instar al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a suspender de forma precautoria la licitación para el uso y explotación del espectro radioeléctrico destinado a la radiodifusión y a la televisión abierta.

El Órgano Colegiado fundamenta su petición en la “amenaza a la democracia sustantiva” y el potencial riesgo a la libertad de prensa y la diversidad cultural que representan los requisitos que contiene la Licitación Mayor n.° 2025LY-000003-SUTEL. De acuerdo con lo analizado los requisitos son desproporcionados y podría conducir a un “cierre técnico” de medios existentes, ya que se promovería la concentración de medios en pocas manos y se facilitaría el uso de dineros ilícitos en el proceso.

El acuerdo unánime del Consejo Universitario surge tras analizar las preocupaciones expresadas por múltiples sectores, nacionales e internacionales, respecto a los efectos adversos que tendría la subasta de frecuencias.

Según el Órgano Colegiado, el proceso licitatorio actual podría contravenir el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente la cláusula que prohíbe restringir la libertad de expresión por vías indirectas, como el abuso del control de frecuencias radioeléctricas.

Adicionalmente, el Consejo Universitario alerta que la reasignación de frecuencias podría entrar en contradicción con el desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales, tal como lo establecen tratados internacionales como el Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

En virtud de estas preocupaciones, el plenario acordó, además, designar a los siguientes miembros para que hagan la entrega formal del acuerdo a las autoridades correspondientes: Lic. William Méndez Garita, Dra. Ilka Treminio Sánchez, M. Sc. Esperanza Tasies Castro, Sr. Fernán Orlich Rojas y Srta. Isela Chacón Navarro.

Consejo Universitario de la UCR se pronuncia ante denuncia contra miembro de la Asamblea Legislativa

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió un acuerdo firme en el que expresa su posición frente a la denuncia presentada contra un miembro de la Asamblea Legislativa por presunto abuso sexual contra una mujer menor de edad al momento de los hechos.

En el acuerdo, tomado en la sesión ordinaria N.º 6942 del 9 de octubre de 2025, el órgano universitario recordó su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y la condena a toda forma de violencia de la que puedan ser objeto.

Principales consideraciones del acuerdo

El Consejo Universitario señaló que, ante denuncias de esta naturaleza, las personas funcionarias públicas, especialmente quienes ocupan cargos de elección popular, deben responder al principio de transparencia y rendición de cuentas, conforme al mandato constitucional.

El documento también hace referencia a los recientes cuestionamientos sobre la ética y probidad de algunos miembros de la Asamblea Legislativa, tras el rechazo a una solicitud de levantamiento de inmunidad presidencial.

Acuerdos adoptados

  1. Expresar solidaridad con las mujeres víctimas de violencia sexual.

  2. Instar a las personas funcionarias de elección popular a que, cuando existan denuncias en su contra por violencia sexual o actos de corrupción, se sometan al proceso judicial correspondiente.

  3. Reprochar el uso indebido de la inmunidad por parte de personas funcionarias públicas con fines distintos a los que motivaron su creación. El Consejo recordó que someterse a un proceso judicial no implica violar el principio de inocencia.

  4. Comunicar el acuerdo a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, así como a los medios de comunicación.

El acuerdo fue firmado por la directora del Consejo Universitario, Patricia Fumero Vargas, Ph.D., y establece que la ética y la responsabilidad pública son condiciones indispensables en el ejercicio de cargos de representación popular.

Rector de la UCR destaca acuerdo sobre distribución del FES 2026

La Universidad de Costa Rica comunicó que, en el marco del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), se alcanzó un acuerdo para la distribución del incremento del Fondo Especial para la Educación Superior (FES) correspondiente al año 2026 entre las universidades públicas del país.

El rector agradeció al Consejo Universitario por asumir con valentía y compromiso la defensa de la institución, al movimiento estudiantil por su lucha decidida en favor de una visión humanista del desarrollo nacional, y al Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica por su constancia en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras.

En su mensaje, señaló que el esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria refleja la fuerza y el valor de una institución que sigue siendo pilar de excelencia académica, investigación y aporte a la sociedad costarricense. A su vez, reconoció la apertura al diálogo y al consenso por parte del CONARE.

El rector subrayó que, en tiempos de polarización, este acuerdo demuestra que la colaboración es posible y que fortalece la educación superior pública. Enfatizó que la Universidad de Costa Rica no es solamente una institución académica, sino también el hogar del pensamiento crítico, el refugio de la esperanza y un faro para el porvenir de la nación.

Finalmente, reiteró que defender a la Universidad de Costa Rica es, en lo más profundo, defender el futuro del país.

Le invitamos a ver el video completo aquí.

UCR hace llamado para garantizar la calidad y seguridad del agua potable en el país

La Universidad de Costa Rica pone a disposición del país, todos los conocimientos científicos y personas especializadas para contribuir a mitigar dicha problemática.

María del Mar Izaguirre Cedeño, Periodista, UCR

PRONUNCIAMIENTO COMPLETO AQUÍ

Luego de realizar un detallado análisis de la propuesta de reforma al Decreto Ejecutivo N.o 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 12 de enero de 2015, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, instó a las autoridades competentes a reconsiderar su decisión en cuanto al aumento en los límites de plaguicidas permitidos en el agua potable para consumo de la población.

Así lo hizo saber mediante un pronunciamiento, en el cual esta casa de estudios superiores mostró su preocupación, pues de aprobarse el proyecto se modificaría el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, para introducir nuevos Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo, los cuales superan ampliamente los límites establecidos en la normativa nacional actual.

Para la Universidad de Costa Rica, la propuesta que salió a consulta por parte del Poder Ejecutivo, permitiría que el agua potable en el país contenga niveles alarmantes del plaguicida clorotalonil, prohibido desde 2023 por su clasificación como cancerígeno y detectado en numerosas fuentes de agua. En consecuencia, la reforma podría exponer a la población al consumo de agua con mayores concentraciones de residuos de pesticidas, lo que representa un potencial riesgo para la salud pública.

Adicionalmente el Órgano Colegiado señaló la importancia de especificar cómo se abordarán las dificultades técnicas para determinar los valores de riesgo para la población y, en consecuencia, cómo se garantizará la implementación ágil de medidas de control.

El decreto propuesto presenta una deficiencia técnica, ya que no establece los mecanismos con los cuales estas metodologías serán definidas. Esto es especialmente crítico cuando se detectan múltiples residuos químicos en una muestra de agua.

Para los integrantes del Consejo Universitario es importante contar con las regulaciones y normativas rigurosas, así como actualizadas para garantizar la calidad y seguridad del agua potable, protegiendo así la salud pública.

Para este Órgano, estas normativas deben basarse en evidencia científica, aplicar el principio precautorio y asegurar un monitoreo constante, permitiendo la detección y mitigación de riesgos para la población.

El plenario se solidariza con las comunidades que actualmente enfrentan la exposición a plaguicidas en su agua de consumo, reconociendo los riesgos que esto supone para la salud y bienestar.

Carta abierta al Consejo Universitario de la UCR solicita plazas para la Unidad de Género

SURCOS recibió una carta abierta dirigida al Consejo Universitario y a la comunidad universitaria de la UCR con el fin de hacerles saber la problemática que se está presentando con respecto al rechazo de la creación de plazas para la Unidad de Género.

Se intenta crear espacios donde todas las personas se sientan incluidas y seguras en las universidades, sin embargo, este proyecto fue rechazado dada la incertidumbre que se está viviendo actualmente con el FEES.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la carta se invita a suscribirse para apoyar la petición para la creación de plazas para la Unidad de Género.

Pueden utilizar el siguiente enlace para leer la argumentación amplia: https://airtable.com/appWLoJ2ns9oXfR5V/pagZNPZrL8Eu6gly8/form 

UCR insta a trabajar de manera colectiva para solucionar los problemas nacionales en educación

La UCR reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo del país y el apoyo a todas las personas que han luchado, luchan y lucharán por una enseñanza de calidad y accesible para toda Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Laura Rodríguez, OCI)

Alejandra Amador Salazar, Periodista

Mediante un pronunciamiento aprobado la mañana de este martes, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) insta a las autoridades gubernamentales a trabajar de manera conjunta con todos los sectores involucrados en el ámbito educativo de forma que se puedan abordar los problemas nacionales, con una visión integral y participativa, gestada desde el dialogo horizontal y respetuoso entre las partes.

Como institución Benemérita de la Cultura y la Educación costarricense esta casa de estudios superiores está sumamente preocupada por la grave crisis que se presenta en los diversos ciclos del sistema educativo público de nuestro país, producto de rezagos históricos, los efectos del denominado “apagón educativo” y la pandemia, lo cual se manifiesta en las debilidades de gestión, disminución del financiamiento, el deterioro en la infraestructura, bajos niveles de conocimiento y los resultados educativos en diversas pruebas nacionales.

La UCR reconoce que la educación pública ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho y favorece tanto la movilización social de todos los sectores en especial los más vulnerables, así como el logro de las aspiraciones de desarrollo del país.

Sin embargo, en este momento se muestra inquieta por la ausencia de un documento técnico que marque la ruta para abordar la crisis educativa que afrontamos; y por los cuestionamientos a la gestión de la Ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, entre ellos el voto de censura que aprobó la Asamblea Legislativa el pasado 17 de julio.

En ese sentido, el Consejo Universitario destacó la enorme responsabilidad que recae sobre los hombros de la persona a cargo del Ministerio de Educación Pública, quien debe velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Costa Rica y la Ley Fundamental de Educación, garantes del derecho a una enseñanza pública de calidad, inclusiva y accesible para todas las personas estudiantes.

Para el Órgano Colegiado, es vital promover el diálogo y que la Ministra escuche a las partes para alcanzar un acuerdo nacional sobre el desarrollo del sistema educativo, que logre superar los problemas históricos evidenciados.

Autonomía del Movimiento Estudiantil

De igual manera, el Consejo Universitario reafirmó la importancia de garantizar la autonomía del Movimiento Estudiantil como un principio inviolable que debe ser protegido, y respetar su derecho a la libertad de expresión mediante un diálogo abierto y constructivo.

Asimismo, reconoce que en la historia costarricense los diversos movimientos estudiantiles han sido agentes que contribuyen a la sensibilización frente a los problemas nacionales, promueven el cambio social, el fortalecimiento del sistema democrático y son un pilar fundamental en la defensa de la educación superior pública.

De esta manera, el Órgano Colegiado respeta la voz del movimiento estudiantil, la cual debe enmarcarse dentro de las reglas del respeto mutuo, la escucha atenta y la argumentación rigurosa propia del estudiantado universitario.