Ir al contenido principal

Etiqueta: conservación ambiental

Alianza Siembra Futuro promoverá soluciones sostenibles para Crucitas

Comunicado

Las organizaciones APREFLOLFAS, UNOVIDA y el Parlamento Cívico Ambiental se unen hoy a las organizaciones jóvenes Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, Red de Jóvenes por el Agua, Capítulo de Costa Rica, Movimiento Laudato Si´y Fundación Operation Rich Coast, conformando una alianza que enfoca sus esfuerzos en la promoción de soluciones verdaderamente sostenibles para el futuro de Crucitas, en la región norte de Costa Rica.

Esta alianza surge como respuesta a los esfuerzos de las diputaciones de varios partidos políticos en la Comisión de la Provincia de Alajuela en la Asamblea Legislativa por impulsar un texto sustitutivo del Proyecto de Ley 24717 que pretende reformar el Código de Minería para permitir la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, San Carlos. Esta iniciativa fue promovida inicialmente por el Poder Ejecutivo.

En el acto se busca presentar un esfuerzo común de la sociedad civil para atender este tema que aglutina ya a casi 50 organizaciones del sector ambiental y combina ONGs, universidades, empresas, colectivos, organizaciones de juventud y de base espiritual.

Parten estas organizaciones de una posición común de que la minería a cielo abierto implica riesgos ambientales y sociales irreversibles. Décadas de evidencia científica, jurídica y económica —tanto a nivel nacional como internacional— demuestran que este tipo de minería provoca deforestación masiva, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y daños duraderos a las comunidades locales. Reiteran que legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas contradice los principios ambientales que históricamente han distinguido a Costa Rica, así como los derechos constitucionales y la jurisprudencia vigente que ampara los principios de no regresividad, prevención y objetividad científica en la toma de decisiones ambientales.

En contraste, reconocen que iniciativas como el Expediente Nº 24.675 son una alternativa viable y visionaria. Proponen la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la región Huetar Norte, con un enfoque en la restauración ambiental, el emprendimiento comunitario, el ecoturismo y la innovación en la gestión de recursos naturales. El proyecto plantea un plan integral con mecanismos de sostenibilidad financiera, formación técnica y articulación institucional. Estos esfuerzos incluyen un novedoso sistema de capitalización mediante la digitalización de los activos ambientales en el subsuelo sin necesidad de extraerlos, como fuente de recursos económicos.

Reiteran las organizaciones el llamado lanzado por el Parlamento Cívico Ambiental en el sentido de que:

La verdadera riqueza de Crucitas no está en el oro enterrado, sino en sus ecosistemas vivos y en el potencial de una economía regenerativa que valore la naturaleza, la comunidad y las futuras generaciones. Se hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa del patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.”

San José, Costa Rica – 21 de julio de 2025

Solicitan la nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y degradar el sitio Ramsar Gandoca‑Manzanillo

Una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR expone una denuncia que exige la nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y amenazar el equilibrio ecológico del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

El pasado 11 de julio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General y la Defensoría de los Habitantes para que se anule por completo la Ley 9223, conocida como “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”. La organización argumenta que esta norma fue aprobada con vicios legales, sin sustento técnico, y que su verdadero efecto ha sido abrir paso a la urbanización de un sitio Ramsar de importancia internacional.

De acuerdo con Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación, la ley permitió la desafectación de más de 400 hectáreas de bosque y humedal, así como la emisión de más de 200 permisos de uso sin controles ambientales adecuados. Esta situación ha generado impactos graves sobre el ecosistema y ha sido objeto de múltiples advertencias por parte de entidades técnicas y jurídicas.

Entre los documentos que respaldan la solicitud destacan un informe del Tribunal Ambiental Administrativo de 2011, que documenta tala, drenaje y fraccionamiento en 9.1 hectáreas de bosque húmedo tropical; un análisis jurídico del SINAC de 2019, que advierte la falta de expediente técnico para sustentar la ley; y el oficio TAA 0-361-2023, que confirma impactos persistentes en la finca Puket, uno de los casos más emblemáticos de irregularidades.

Aunque la Ley 9223 fue promovida como una forma de reconocer los derechos históricos de pobladores afrodescendientes en la zona, la denuncia sostiene que en la práctica ha facilitado una expansión inmobiliaria que amenaza la biodiversidad y viola principios internacionales de conservación.

La producción del Observatorio de Bienes Comunes subraya también la ausencia de acciones concretas por parte de las instituciones responsables y hace un llamado a fortalecer la vigilancia comunitaria como herramienta para la defensa del patrimonio natural.

Puede leer la nota completa en: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/piden-nulidad-de-la-ley-9223-por-favorecer-intereses-inmobiliarios-y-degradar-el-sitio-ramsar-gandoca-manzanillo/

Le invitamos a visitar la página del Observatorio y compartir esta información para seguir visibilizando las amenazas sobre los bienes comunes de Costa Rica.

Defensores ambientales denuncian fallos graves en la gestión del sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo y solicitan recusación de funcionaria del SINAC

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) presentó el 26 de junio de 2025 una solicitud formal dirigida al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, para la recusación de la Licda. Maylin Mora Arias, actual directora regional a.i. del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC). La solicitud, registrada bajo el expediente AEL-00267-2025, acusa a la funcionaria de decisiones administrativas inconsistentes y de incumplimiento de sentencias de la Sala Constitucional, en perjuicio del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo y otros humedales del Caribe Sur.

Según la ADE, Mora Arias ha ignorado el informe técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” (SINAC-ACC-OTOF-698-2021), pese a que fue legitimado por la Sala Constitucional en la sentencia N.° 2024-010951. La funcionaria insiste en descalificar el documento como “no oficial”, lo que impide su uso para incorporar nuevos humedales al Inventario Nacional y actualizar certificaciones de Patrimonio Natural del Estado (PNE).

En una respuesta institucional fechada el 25 de junio (CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0642-2025), SINAC sostiene que el informe no ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y que por tanto carece de validez legal. Sin embargo, esta postura contraviene lo dispuesto por la Sala Constitucional, que ordenó utilizar dicho informe como parte del proceso de actualización de certificaciones oficiales.

La ADE también denuncia omisiones graves en casos específicos como los humedales de Punta Uva y Manzanillo, donde existen denuncias por rellenos y drenajes ilegales que no han sido adecuadamente abordadas. Aunque el área de Manzanillo ya fue certificada como PNE, aún no ha sido incorporada al registro nacional de humedales, lo que la deja en una situación de vulnerabilidad ante intereses privados.

La organización advierte además que estas inconsistencias institucionales generan condiciones de riesgo para las personas defensoras ambientales del Caribe Sur, quienes enfrentan amenazas mientras las instituciones se muestran omisas.

Entre las acciones solicitadas por la ADE destacan:

  • La recusación y eventual destitución de la Licda. Mora Arias.

  • El cumplimiento inmediato y completo de la sentencia constitucional.

  • Una auditoría interna sobre las decisiones de la ACLAC.

  • Protección efectiva para quienes defienden el patrimonio ambiental.

La controversia pone en evidencia una fractura entre los compromisos ambientales del Estado costarricense y su ejecución en el terreno, especialmente en territorios tan sensibles como Talamanca. La protección de los humedales del Caribe, reconocidos internacionalmente, depende de una acción institucional clara, transparente y respetuosa del marco legal.

Foto: Humedal costero en Punta Uva, en el Caribe Sur. (Foto: Katya Alvarado, Semanario Universidad).

AEL insiste en mayor diligencia estatal para proteger el Refugio Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) remitió una réplica formal a la Dirección del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), en la que cuestiona la respuesta institucional ante los hechos denunciados en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el marco de la causa penal 23-000452-0829-PE.

En el oficio AEL-00242-2025, con fecha del 9 de junio, se señalan preocupaciones sobre presuntas omisiones del ACLAC en la atención de posibles afectaciones ambientales vinculadas a tala ilegal, drenaje de humedales e instalación de infraestructura sin estudios ni permisos ambientales en la zona protegida. La organización argumenta que las acciones institucionales no han sido suficientes y solicita mayor transparencia, así como el cumplimiento estricto de la Ley de Biodiversidad y la Ley Orgánica del Ambiente.

Entre las peticiones concretas dirigidas al ACLAC se encuentran la entrega de dictámenes técnicos, informes sobre el estado de regeneración del bosque y monitoreo ambiental, una justificación legal de por qué no se solicitaron medidas cautelares al Ministerio Público, y la articulación con la Municipalidad de Talamanca para investigar posibles desarrollos inmobiliarios en el área.

AEL también advierte sobre la importancia de cumplir con el principio de prevención ambiental y el deber de diligencia de las instituciones responsables de custodiar el patrimonio natural.

El oficio fue suscrito por Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, y fue enviado con copia a entidades como la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, el Ministerio Público y el MINAE.

Referencia de imagen adjunta:

Radio 8 de Octubre. (2023). Costa Rica: ¿Quiénes son los detenidos en el caso de la destrucción del bosque del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo? Recuperado de:

https://radio8deoctubre.org/costa-rica-quienes-son-los-detenidos-en-el-caso-de-la-destruccion-del-bosque-del-refugio-de-vida-silvestre-gandoca-manzanillo

Organización exige medidas urgentes al ministro de Ambiente ante daños ambientales en el Refugio Gandoca-Manzanillo y el ACLAC

El pasado 5 de junio, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AED), con sede en Limón, envió una carta al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, en la cual solicita la implementación de medidas urgentes para reparar los daños ocasionados al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) y para reestructurar el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC).

El documento, firmado por Marco Vinicio Levy Virgo, presidente de la AED, señala una serie de omisiones y decisiones administrativas que habrían deteriorado ecosistemas protegidos del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, en lo que considera un debilitamiento sistemático de la gestión ambiental.

Entre los antecedentes mencionados por Levy Virgo, se encuentran: la emisión de la Directriz 09-2023 y el rechazo inicial del documento Caracterización y Delimitación de Humedales; el desconocimiento del sitio Ramsar 783 (Gandoca-Manzanillo) en 2017; el impulso de proyectos inmobiliarios en la Zona 1 del refugio; y una gestión empírica del ACLAC, encabezada por el ingeniero Edwin Cyrus Cyrus durante más de 30 años.

Ante esta situación, la AED plantea ocho peticiones específicas:

  1. Que se realice una evaluación integral, a cargo de expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el fin de dimensionar el daño ambiental en la zona.

  2. Que se ordene un estudio fotointerpretativo, utilizando las ortofotos del Registro Nacional de la Propiedad, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el MINAE, para identificar los cambios en el uso del suelo en zonas clave del REGAMA.

  3. Que se emita una certificación oficial que respalde el registro legal de todos los humedales incluidos en el documento Caracterización y Delimitación de Humedales.

  4. Que se ordene el desalojo inmediato de ocupaciones ilegales en los humedales y en el sitio Ramsar 783, Gandoca-Manzanillo, a fin de detener la degradación de estos ecosistemas.

  5. Que se asigne un especialista en planificación territorial para apoyar técnicamente los procesos de restauración ecológica en la zona.
  6. Que se reestructure el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), mediante una nueva administración basada en criterios técnicos.
  7. Que se realice una auditoría operativa del ACLAC, enfocada en detectar fallas de gestión, omisiones en la caracterización de humedales y permisividad frente a intereses inmobiliarios.

  8. Que se implementen acciones concretas para reorientar la gestión del ACLAC, garantizando un abordaje integral que proteja los recursos naturales del Caribe Sur.

La carta concluye con un llamado al ministro a asumir su responsabilidad institucional y ejecutar un “golpe de timón” que garantice una administración pública eficaz, técnica y transparente en la protección de los recursos naturales.

La AED solicita una respuesta en un plazo de 10 días hábiles, con fundamento en la Ley General de la Administración Pública.

Foto: Semanario Universidad.

Colectivo CONCEVERDE agradece presentación de proyecto de ley que busca proteger zona de recarga hídrica en Heredia

El colectivo CONCEVERDE expresó su agradecimiento al diputado Jonathan Acuña por haber acogido su solicitud de presentar el proyecto de ley 25016, el cual busca transformar en ley el decreto ejecutivo 39259-MINAE.

Este decreto, firmado en Concepción de San Rafael de Heredia el 15 de octubre de 2015, anexó más de 2300 hectáreas de terreno de la zona inalienable establecida por la ley 65 de 1888 al Parque Nacional Braulio Carrillo.

Imagen 1. Mapa de la ampliación propuesta del Parque Nacional Braulio Carrillo, se señala el área anexa mediante el decreto 39259-MINAE. Fuente: Tomado: https://www.facebook.com/photo?fbid=664059306620025&set=a.105237009168927

CONCEVERDE considera que la aprobación de esta propuesta legislativa contribuiría no solo a garantizar la protección de fuentes de agua fundamentales, sino también al fortalecimiento de las acciones nacionales frente a la crisis climática.

Puede leer el proyecto de ley completo en este enlace: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/06/Proyecto-ampliacion-Braulio-Carrillo.pdf

Exposición “Reflejos del Mar” destaca la mirada juvenil sobre el océano y las comunidades costeras

La agrupación Reflejos del Mar y el Centro Cultural de España inaugurarán la exposición “Reflejos del Mar: Una iniciativa sobre mares y comunidad” el próximo lunes 9 de junio a la 1:00 p.m. en el Estadio Nacional. Esta es una muestra fotográfica que busca crear puentes entre comunidades costeras y urbanas a través del arte y la fotografía subacuática.

La exposición estará disponible hasta el 9 de septiembre de 2025. Esta exhibición presenta obras de jóvenes del Caribe Sur costarricense que retratan su cotidianidad y vínculo con el océano como espacio de identidad, cultura y vida. Las imágenes fueron creadas como resultado de talleres participativos de fotografía liderados por la agrupación Reflejos del Mar y en colaboración con la Cooperación Española en Costa Rica.

Las obras de Libertad Van Dyke Arias, Maiten Moore, Matthieu Benneton y Santiago Sarmiento abordan temáticas como la migración en las costas, la diversidad cultural, la vida submarina y la conservación ambiental. Estas visibilizan la riqueza del entorno marino desde una perspectiva local y joven.

Esta actividad forma parte de las conmemoraciones del Día Internacional de los Océanos y se enmarca en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se celebrará en Niza, Francia, del 9 al 13 de junio de 2025.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y Juventud, ICODER, Centro Cultural de España, Embajada de España en Costa Rica y con el apoyo de SelfArea y RapiFoto.

Lugar: Estadio Nacional, entrada principal Noroeste, La Sabana, San José

Fechas: Del 9 de junio al 9 de septiembre de 2025

Inauguración: 9 de junio a la 1:00 p.m. – Entrada gratuita

Reflejos del Mar invita al público a sumergirse en una experiencia visual que nos recuerda que el mar también vive en la memoria y las historias de quienes lo habitan.

«Allá en la fuente, había un chorrito…»

Freddy Pacheco León

¿Con qué argumentos razonables, se pretende disminuir un área para conservación de la naturaleza, de medio kilómetro cuadrado, rodeada de un desorden citadino?

Cuando el desordenado desarrollo urbano, demanda un «estate quieto», en ese camino destructivo que nos agobia, lo peor que pueden hacer autoridades del Poder Ejecutivo, es ignorar el clamor de comunidades, en defensa del ambiente. Si, el expresidente don Abel Pacheco, declaró, hace 22 años, la «Paz con la Naturaleza«, en la cumbre ambiental de la ONU, en Suráfrica, es un sinsentido, irrespetar ese compromiso, planetario y nacional, cuando a nuestros niños y jóvenes, se les enseña la importancia de proteger el planeta.

En zonas de la Gran Área Metropolitana, en general, y específicamente hacia el oeste, la ausencia de efectivos planes de dirección urbanos, literalmente, arrinconan a sus habitantes, sin considerar sus necesidades fundamentales, su calidad de vida. Las más de 53 hectáreas que, generosamente legaran hace 49 años, para dedicarlas a la conservación, la pareja Lorne y Agnes Ross, han resistido, el ataque del cemento, las varillas de construcción, y el ingreso de maquinaria pesada, nos llaman a salir en su defensa, no solo por su ubicación, sino por sus características ecológicas. Además, los habitantes, también tienen derecho a respirar aire limpio, de vez en cuando, así como el derecho sagrado, de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en la Constitución.

Mientras la Cisneros, provoca el desperdicio de recursos financieros, al poner zancadillas al proyecto de ley para crear un parque natural, nacido desde la comunidad, para los costarricenses, nos atrevemos a sugerirle, que retire el medio centenar de vergonzosas mociones, lanzadas, con el fin exclusivo, de evitar la aprobación de dicha iniciativa. Como alternativa, la invitamos a propiciar, algo más urgente que su proyecto de construir una fuente circular, con tres imitaciones de volcanes, lanzando chorritos de agua, enmarcado en el arte kitsch, que como sabemos, es de reconocido mal gusto. En lugar de ello, hay algo que también tiene que ver con agua, y que clama por su auxilio. Nos referimos al laguito de La Sabana, que es ahora un barreal. Su agua podría captarse de un pozo, que no parece estar en los planes gubernamentales, pese a su importancia y viabilidad. Por ello, para la señora diputada, sería, una mucho mejor idea, rescatar lo que hace pocos años, era todavía, un gran atractivo del Parque Metropolitano. Todos estaríamos de su lado, apoyándola en una propuesta semejante, también relacionada con el agua, que ahora, de pronto, tanto le interesa.

En un Estado en que la administración del agua que hace el AyA, es una desdicha, lo que menos hace falta, son unas fuentes mecánicas, que, usualmente ha sido así, terminan en estado de abandono.

«Allá en la fuente, había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito», dice la canción de Cri Cri, cantada por generaciones; muy linda, de grandiosos recuerdos, pero para niños. En cambio, el proyecto de las fuentes de Cisneros, por las que ya se han gastado US$30.000, aunque quizá elevarán el ego de su proponente y del ministro Tattenbach, sin duda, de ejecutarse, se les recordarán como lo que son, una ocurrencia caprichosa, inconsecuente con la lucha en contra del cambio climático.

14.10.2024

Luchando contra una persona o cosa, nunca ganarás nada

Bernardo Archer Moore

Luchemos todos por Cahuita, hasta el último respiro de vida.

Bernardo Archer Moore

Se entiende claramente que la Ley 35 del 5 de julio de 1915 es una norma que reconoce y protege los derechos de propiedad privada de los habitantes de  la Comunidad Tribal Costera Afrodescendiente de Cahuita,  sobre sus tierras y recursos naturales, con excepción del mineral en el subsuelo; esto, sin distinción de etnia o lugar de origen de los propietarios.

El incumplimiento de esta ley por parte del Estado costarricense durante un período tan prolongado, ha traído graves consecuencias económicas para esta comunidad Tribal, sus raíces y la preservación integra  de su cultura y forma de vida.

Algunos puntos a considerar sobre el incumplimiento de la Ley 35 de 1915 por parte del Estado incluyen:

1. Derechos Tribales: 

La Ley 35 reconoce los derechos territoriales de la comunidad Tribal Costera y garantiza la protección de  sus tierras ancestrales. El incumplimiento de esta ley ha puesto en riesgo la supervivencia de esta comunidad y su identidad cultural.

2. Conservación Ambiental: 

Con mucha frecuencia las tierras tribales e indígenas se encuentran en áreas de gran importancia ambiental y ecológica; y el caso del poblado de Cahuita no es una excepción. 

Por lo que  el incumplimiento de la supra citada  Ley 35 ha provocado una  degradación sistemática y continua de estos ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad.

3. Conflictos Sociales: 

El incumplimiento de la ley de marras ha generado conflictos entre los propietarios de tierras de la comunidad y las políticas de desarrollo de las entidades  estatales, como lo es el caso de los Planes de Desarrollo Costeros y Cantonales,  lo cual  afecta la convivencia pacífica y la estabilidad social en la comunidad.

4. Responsabilidad del Estado: 

Es responsabilidad del Estado velar por el cumplimiento de la Ley 35 y proteger los derechos de la Comunidad Tribal de Cahuita. Por lo anterior, el  incumplimiento de la misma  puede considerarse una violación a los derechos humanos de los habitantes de esta comunidad.

En resumen, es crucial confrontar  de manera inmediata el incumplimiento de la Ley 35 de 1915 por parte del Estado para proteger los derechos ancestrales de propiedad privada en la zona costera de la comunidad de Cahuita; así como conservar los recursos naturales. 

Se requiere que el Estado respete y cumpla con las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y fomente un diálogo constructivo para encontrar soluciones justas, sostenibles y sobre todo,  reparadoras de los daños causados por su incumplimiento.

La lucha debe centrarse en el cumplimiento de la Ley de Cahuita de 1915 y el Convenio 169 de la OIT.

Personas expertas analizaron futuro ambiental de Costa Rica

Con el objetivo de celebrar el Día del Ambiente, el pasado 4 de junio la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (Edeca-UNA), organizó con el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión, el foro: Ambiente y Desarrollo en Costa Rica. En la actividad participaron Leonardo Merino Trejos, politólogo y especialista del programa Estado de la Nación; Alberto López Chaves, gerente general del Instituto Costarricense de Turismo; Heidy Vega García, académica del Centro de Estudios Generales Sergio Molina Murillo, académico de la Escuela de Ciencias Ambientales, ambos de la Universidad Nacional (UNA).

“El desarrollo sostenible implica integralmente distintos ámbitos de acción no solo la naturaleza, si no el desarrollo económico, social e incluso los cambios culturales y la dimensión política”, dijo Martín Parada, vicerrector de la UNA.

Merino Trejos explicó que entre los años 50 y 90 se creía que el ambiente se relacionaba solo con conservar los ecosistemas y la biodiversidad, y que el país tomó algunas decisiones tempranas para conservar gran parte de su territorio bajo el esquema de áreas protegidas.

En los últimos años, el equilibrio ambiental se refiere a lo que hace un país en todo su territorio, tanto en el uso del suelo como en el uso de recursos. De acuerdo con el experto Costa Rica aparece en el puesto 16 de América Latina y el Caribe y en el 68 a nivel mundial, esto debido a que se toman en cuenta nuevos elementos como el manejo de las aguas residuales, uso de agroquímicos y transporte público entre otros.

Para Merino, es urgente proteger y profundizar los esfuerzos en conservación y recuperación forestal, principalmente en la zona norte; contener y reducir los impactos y riesgos del uso urbano del suelo, donde no ha habido planificación en transporte, red vial y desarrollo territorial; abordar la problemática del acceso al agua potable y fortalecer la gestión y las capacidades institucionales.

Mirada académica

Vega García habló sobre el trabajo que se realiza desde la academia, donde afirma que hay una educación y sensibilización eco ciudadana por medio de los docentes, programas y proyectos de investigación con la vinculación con la comunidad y el voluntariado, y por medio de la producción intelectual que se realiza por en diversos foro y publicaciones en libros y revistas, entre otros.

La académica enfatizó en que la sostenibilidad ambiental y turística debe ponerse en una balanza, por ejemplo: el deterioro y la restauración; generación presente y generación futura; huella ecológica individual y huella ecológica colectiva, entre otros.

Entre los desafíos ambientales y de desarrollo, mencionó la extensión de monocultivos, uso de plaguicidas y fertilizantes, mitigación y adaptación al cambio climático, y la regulación del turismo en las áreas protegidas, entre otras.

Vega aseguró que la academia crece y consolida su aporte a la sostenibilidad en el territorio nacional, al generar alternativas económicas de desarrollo, salud y bienestar.

López Chaves hizo un llamado ante la falta de preocupación de las generaciones actuales sobre el cambio climático, pues es un concepto que ya “no asusta a nadie” y que debe cambiarse por emergencia climática, y se puedan tomar acciones consecuentes a la emergencia.

Dentro de los instrumentos o programas que generan resiliencia que menciona López están:

  1. Plan Nacional de la descarbonización de la economía 2050: Costa Rica ha logrado completar el 61% de las metas planteadas para la primera etapa del PND en el periodo 2018-2022. El 22% de las metas estaban en marcha al año 2021 y un 17% se categoriza con riesgo de incumplirse.
  2. Propuestas de grupos multilaterales para subir el tono de cambio climático a emergencia climática: el ICT trabaja por medio de la Comisión Interinstitucional del Turismo (CITUR), donde se coordinan grupos de trabajo de sostenibilidad y ambiente. También por medio de la ONU Turismo, donde se trabaja con agenda prioritaria con temas como: emergencia climática, biodiversidad y resiliencia y el tema de agua y manejo de plásticos en océanos.
  3. Pago por servicios ambientales: es un convenio firmado en el 2020 con el objetivo de facilitar la captación de recursos financieros para el pago de servicios ambientales del programa y seguir posicionando a Costa Rica como un destino turístico sostenible.
  4. Programa Bandera Azul Ecológico. Galardón o distintivo que se otorga anualmente, el cual premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en la búsqueda de conservación y el desarrollo, en concordancia con la protección, de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar la emergencia climática.
  5. Certificación de Sostenibilidad Turística: ICT otorga desde hace tres décadas y es un trabajo entre el sector privado y público y el objetivo es integrar en la política de sostenibilidad y plan de acción, acciones climáticas que potencien oportunidades de reducción, mitigación, adaptación y gestión de riesgo.

Sergio Molina hizo énfasis en la extracción de recursos, donde mencionó que todo lo que es intensivo es contaminante y desigual, por lo que se deben ver alternativas más participativas, de bajo impacto ambiental y con beneficios compartidos.

Lo que se busca, de acuerdo con Molina, es una alternativa circular, renovable y ecoeficiente, donde se produzca más con menos contaminación y energía.

Para Molina, la protección ambiental se ve como una restricción a las necesidades y un costo innecesario, cuando debería verse como una forma de resguardar valor e invertir.

El objetivo de este foro fue analizar temas de interés que afecten a la población costarricense, y forma parte de un ciclo de debates, análisis, reflexión y discusión para la comprensión de las implicaciones en el ámbito social, ambiental, económico y cultural en la institucionalidad del país, que organiza la Edeca-UNA para este mes.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica