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Etiqueta: conservación del medio ambiente

Aprobado en segundo debate proyecto que declara de interés público el desarrollo turístico, cultural, ecológico y natural de Barrio Amón y Barrio Otoya

El 06 de febrero de 2024 se dio un dictamen unánime afirmativo por las suscritas diputadas y suscritos diputados integrantes de la Comisión Permanente Especial de Turismo a la iniciativa de la diputada Vanessa de Paul Castro Mora, con el proyecto “DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO DEL DESARROLLO TURÍSTICO, CULTURAL, ECOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO Y NATURAL DE BARRIO AMÓN”, publicado en La Gaceta N.° 162, Alcance 170 del 05 septiembre de 2023. 

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica decretó lo siguiente:

ARTÍCULO 1- Declaratoria de interés público

Se declara de interés público el desarrollo turístico, cultural, ecológico y natural de Barrio Amón y Barrio Otoya, para lo cual el Estado, por medio de sus instituciones públicas, podrá promover el desarrollo, conservación y promoción turística en la zona, bajo el esquema de un desarrollo sostenible y un manejo más adecuado de conservación del medio ambiente, que fortalezcan la condición social, cultural y económica de la zona.

ARTÍCULO 2- Apoyo institucional

El Estado apoyará las iniciativas de desarrollo local y las actividades de las micro, pequeña y mediana empresas, vinculadas al desarrollo turístico, buscando mantener, proteger y potenciar el patrimonio y los bienes culturales en la zona. 

La presente información fue enviada a SURCOS por el despacho de la diputada Vanessa de Paul Castro Mora. Para saber más sobre este dictamen refiérase al documento adjunto. 

Vanessa de Paul Castro Mora.

Urge aprobar el proyecto anti petrolero

Freddy Pacheco León

El proyecto de «Ley para declarar Costa Rica como país libre de exploración y explotación de petróleo y gas» (expediente N° 23.579), demanda ser aprobado urgentemente, para cortar de raíz la grave amenaza que hoy se cierne sobre nuestra Patria.

Y es que no es cuento, el peligro está latente, mientras se puedan otorgar PERMISOS y CONCESIONES, para que el mismo Estado (vía permisos) o empresas privadas, presumiblemente extranjeras, con o sin testaferros (vía concesiones), pudiesen lanzarse a diestra y siniestra, a buscar hidrocarburos en el subsuelo costarricense. Cabe resaltar el detallazo de prohibir el otorgamiento de «permisos», pues con ello se evita que el Poder Ejecutivo, con el impulso de un ministro cualquiera de Obras Públicas y Transportes, o de Ambiente, ¡como sucediera con ambos!, se impusieran como tarea medular, la tan destructiva tarea de buscar yacimientos, con la ocurrencia de hacerlo por medio del ICE que se encargaría de las perforaciones, como lo propuso el presidente ejecutivo de Recope, ahora a cargo del abastecimiento eficiente del agua potable. Cuando se prohibió la explotación minera a cielo abierto, solo se incluyó la prohibición de otorgar concesiones (obviamente a privados), pero no el otorgamiento de permisos, por lo que el Estado no tiene impedimento legal para, por ejemplo, explotar el oro de la mina en Crucitas, para aprovecharlo en el marco de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Gracias a esa redacción, tenemos la feliz oportunidad de dedicar más de US$120 millones anuales, para la atención médica de la creciente población de adultos mayores, en lo que hemos propuesto, sería un hermoso sistema hospitalario que hemos denominado “Hospital del Oro”. Pero bueno, volvamos al petróleo.

Reconocemos, que, algunas personas, gobernantes o no, después de estar escuchando por años a ciertos personajes, afirmar sin sonrojarse siquiera, que nuestro país esconde en el subsuelo gigantescas reservas de petróleo y gas metano, que nos permitirían saltar al grupo selecto de riquísimas naciones petroleras, se han creído ese cuento. Y ha sido así, pues, se han atrevido incluso, a dar cifras en centenares de miles de millones de dólares, que como no se podrían invertir sino en muchos años, se podrían ofrecer en Wall Street… por lo que no faltan quiénes se han frotado las manos, viéndose como ciudadanos del país más rico del continente.

Todo ello, sobra decir, sin poder mostrar ni un barril lleno de ese supuesto petróleo, que haría ricos a los promotores nacionales, gracias a las jugosas comisiones que, ellos esperan, pagarían los consorcios extranjeros, a los que, brindando “asesorías”, logren eliminar de la legislación tica, los conocidos impedimentos, que al lograrlo gracias a sus “contactos” a los más altos niveles gubernamentales y empresariales, les pudieren abrir, de par en par, las puertas que les permitan formalizar con el Estado costarricense, los respectivos contratos de exploración y contratación, sin tener que hacer sustanciosas inversiones financieras. Y todo bajo la sombrilla de una entreguista Ley de Hidrocarburos, que determina beneficios económicos extraordinarios a favor de las petroleras extranjeras.

Los que han venido pujando desde Zapote, unos pocos gremios de profesionales, organizaciones empresariales y algunos individuos «dispuestos a sacrificarse», ocultan que, detrás de esas iniciativas se esconde algo realmente tenebroso para Costa Rica, al enfrentarnos al dilema de escoger, entre un desarrollo turístico sustentado en nuestra riqueza ambiental, o entre un amenazante e imprevisible, «desarrollo» a partir de un supuesto «oro negro», que, reiteramos, NADIE podría afirmar con certeza, existe en nuestro pequeño y vulnerable país. Y es que hay que tener presente, que, pese a la «tecnología de última generación«, que siempre ofrecen sería utilizada, múltiples ejemplos tenemos de desastres ambientales, intrínsecos a la industria petrolera.

Por ello, el solo anuncio de esa posibilidad, acabaría inmediatamente, con potenciales inversiones en infraestructura turística, y provocaría comprensible desazón, entre los que hoy luchan por sacar adelante sus, mayoritariamente, pequeños proyectos hoteleros. La degradación instantánea del prestigio ambiental de Costa Rica, además de la vergüenza que nos provocaría como Estado, no es algo menor. Asimismo, los compromisos adquiridos formalmente, ante la comunidad de las naciones, en pro de mitigar los efectos del cambio climático, comprometiéndonos con los principios del desarrollo sostenible, se irían al carajo.  Y todo para que, como es muy posible, sean vanos los intentos, por encontrar cantidades comerciales de petróleo de calidad, que pudiesen llenar las expectativas, de los amantes de los hidrocarburos causantes del desastre climático que ya el planeta está sufriendo.

Finalmente, invitamos a reflexionar a los amigos lectores, sobre lo que piensan sería el modelo de desarrollo de la Costa Rica actual, si en los años 80, durante el gobierno de don Luis Alberto Monge, se hubiese aprobado y construido un gigantesco oleoducto interoceánico, desde Limón a Guanacaste. Resulta que la terminal en la costa del Pacífico, infraestructura para la recepción de inmensos petroleros, con su correspondientes muelles y gigantescos tanques de almacenamiento, para bombear 1.200.000 barriles de petróleo diarios de costa a costa, se habría ubicado donde hoy, en tierras del Estado, se levanta el proyecto turístico Golfo de Papagayo, motor indiscutible del desarrollo turístico de Costa Rica, o sea, en la península de Nacascolo y sus magníficas playas, en playa Panamá y en bahía Culebra. ¿Se habría constituido el turismo en la principal fuente de empleo y divisas extranjeras, de haberse levantado ese complejo petrolero en ese vital centro de turismo? ¿Cuánto habríamos perdido, como nación, si tal fuente constante de contaminación hubiera evitado el empuje turístico que hoy conocemos?

Pues amigos, es conveniente que esa lucha realizada hace 40 años, fuertemente criticada entonces por los que soñaban con falsos beneficios económicos, sirva de ejemplo para reflexionar, repetimos, acerca de la trascendencia del proyecto de ley que hoy apoyamos con entusiasmo, pues, sin duda, es de significativa importancia para la Patria.

17.3.2024

CODECE, Pico Blanco de Escazú y otros grupos firman acuerdo de conducta voluntaria

De acuerdo con una publicación de Javier Sánchez en Facebook, la noche del 4 de diciembre la Asociación CODECE, Pico Blanco de Escazú (propietarios de terrenos), así como un numeroso grupo de senderistas ecológicos, firmaron un acuerdo que les compromete a cumplir un código de conducta voluntario. Este favorece la conservación del ambiente, la seguridad de las personas visitantes a la Zona Protectora y el resguardo de las propiedades privadas. 

Fotografías de Meylin Chamorro.