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Etiqueta: Constitución Política

COSTA RICA 2021: LA COMMEDIA È FINITA

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (17).

Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El telón de la obra teatral que ha venido siendo representada durante los últimos ocho años en la escena política del pequeño país centroamericano que somos ha caído por fin: entre la penumbra reinante empezamos a distinguir ¿quién es quién dentro del juego político? Ya no se trata de seguir a los protagonistas por lo que dicen, o acostumbran a decir con suma ligereza, sino de establecer un inventario cabal de lo que han venido haciendo.

Los “progres” del PAC, esos maestros del fingimiento, no sólo nos han traicionado, ejecutando con saña la más agresiva contrarreforma neoliberal que acabó con nuestro estado social de derecho, y el pacto social establecido en la constitución de 1949, sino que terminaron por confundir a un gran sector de la población, que ante su postura mimética llegó a pensar que ellos son “comunistas”, “socialistas” o algo así, resultando muy difícil sacarles de la cabeza a muchas gentes semejante equívoco, por lo que no se han dado cuenta de que este gobierno representa a lo más rancio de la ultraderecha neoliberal. Contando con la ayuda y decidida participación de los restos ya descompuestos del otrora PLN socialdemócrata (en el buen sentido del término), de los del PUSC del tránsfuga Rodolfo Piza Rocafort, quien en esta campaña electoral se nos presenta con otro rostro, del también “progre” FA que se adhirió a la coalición gobernante desde el primer momento, en abril de 2018, de cuyo gabinete formó parte su presidenta durante casi tres años, sin deslindarse de manera clara y transparente del neoliberalismo (neoconservador y mercantilista, más bien) reinante, mientras sus líderes más conocidos dicen ubicarse hacia el centro, un gran sector de la población lo sigue y seguirá viendo como los temibles “comunistas”, “ socialistas” o “castrochavistas”, y aunque esas percepciones carezcan de todo asidero en la realidad, son válidas en las cabezas de quienes terminaron pensando de esa manera. Dado lo anterior, es que podemos comprender porque un gran sector de la población rural involucrado en la protesta social de agosto-octubre de 2020, en las filas del Movimiento Rescate Nacional, encabezado por Célimo Guido y Óscar Campos, decía que estaba luchando contra un gobierno “comunista”, a pesar de que la policía que los reprimía brutalmente sigue siendo entrenada por los Carabineros de Chile y la sanguinaria Policía Nacional de Colombia, consumadas expresiones de la política represiva de la ultraderecha en esta parte del mundo. Carlos Alvarado se negó a dialogar con quienes protestaban en las calles, y con la complicidad del FA formó unas “mesas de diálogo” (de un monólogo del régimen, en realidad) en las que terminaron dándole atolillo con el dedo a los participantes.

Una vez terminada la representación teatral, no podemos ponernos a reír, la comedia resultó ser una tragedia en la que los patos a sacrificar resultamos ser nosotros: lo peor de todo, es que nos quedamos sin herramientas políticas para enfrentar la catástrofe que se nos viene encima, tendremos que empezar de cero como en el viejo mito de Sísifo para llevar la roca hasta la cima de la montaña, pero metidos en un gigantesco mar de confusiones, donde a semejanza de Odiseo de Itaca tendremos que poner oídos sordos a los cantos de sirena, esos del régimen imperante que se tornarán más abundantes, cuando más profunda y evidente se nos haga la catástrofe, corremos el riesgo de encallar en las rocas.

Cambio de modelo en Chile: ¿El norte estará en el sur?

Luis Fernando Astorga Gatjens

El triunfo electoral de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales chilenas del 19 de diciembre anterior, tuvo su fragua en octubre del 2019, en un país marcado por un inesperado estallido social de alcances tsunámicos.

En ese octubre pre pandémico, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó un aumento del valor de los boletos del Metro de Santiago, los estudiantes protestaron brincándose los molinetes de ese sistema de transporte. Lo que fue inicialmente una acción puntual de protesta derivó pronto en un movimiento generalizado en la capital y en otras ciudades del país austral.

El fuerte contraste entre una élite económica y política, beneficiaria directa del modelo neoliberal y que se rodeó golosamente de privilegios, frente a amplias mayorías empujadas a la pobreza, acumuló las condiciones propicias para el intempestivo estallido social.

El modelo chileno que los políticos y medios adeptos a esa doctrina, habían convertido en un referente internacional, se derrumbó como un castillo de naipes. El proyecto marcado por la reducción del rol del Estado y la expansión del papel del sector privado, que impulsó e impuso la dictadura de Augusto Pinochet, con la asesoría de Milton Friedman, no resistió la acumulación de injusticias y desbalances sociales.

Las protestas fueron duramente reprimidas por la policía con un saldo tan trágico como doloroso: 20 muertos, 233 heridos y más de 700 personas detenidas. Empero la represión fue más gasolina que agua. Y lo que fueron, inicialmente, reivindicaciones económicas y sociales (centradas en pensiones, salud, educación) se tornaron en exigencias políticas. Ganó fuerza el reclamo de una Convención Constituyente que pusiera fin a la camisa de fuerza que ha sido la Constitución, creada a imagen y semejanza de la dictadura de Pinochet.

La acción de la protesta social fue tan fuerte que el gobierno de Piñera no tuvo más remedio que convocar a un referéndum para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente, para redactar una nueva Constitución y también para fijar el mecanismo del proceso. Originalmente, el referéndum fue convocado para el 26 de abril de 2020, pero a causa de la pandemia de la covid-19, hubo de ser pospuesto para el 25 de octubre del mismo año. El resultado aprobatorio fue contundente: Mas del 78 % de los que votaron dijeron que si aprobaban la Constituyente mientras menos del 22 % se inclinó, por lo contrario.

Así las cosas, el 15 y 16 de mayo de 2021 los electores chilenos acudieron a elegir a 155 constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna. Más de 6,3 millones votaron. Los resultados representaron una abrumadora derrota para la derecha, ya que, de los 155 elegidos, 48 fueron independientes, 52 de la oposición, los pueblos originarios obtuvieron 17 puestos y el oficialismo tan solo 38. Una cifra a todas luces insuficiente para fijar la agenda y acuerdos de la Convención, que arrancó sus tareas el 4 de julio de 2021 y las completará a finales de junio de 2022.

El 21 de noviembre de 2021 se celebraron los comicios para elegir quien dirigirá, desde la presidencia, los destinos de Chile entre 2022 y 2026. También fueron electos los senadores, diputados y consejeros regionales. A raíz de las situaciones y procesos desarrollados a partir de octubre de 2019, se esperaba un claro triunfo del candidato de la coalición de izquierda, “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric, aun cuando los números no le alcanzaran para evitar el balotaje. Sin embargo, en un resultado inesperado, el candidato ultraderechista, José Antonio Kast se impuso sobre Boric por dos puntos.

Este resultado envalentonó a la derecha que esperaba ganar en la segunda ronda, que se celebró el 19 de diciembre. Para esta elección se confabularon todos los ingredientes para la polarización política. Se enfrentaban dos proyectos diametralmente opuestos.

Kast (55 años), neoliberal confeso, detractor de la Convención Constituyente, simpatizante de Pinochet, admirador de Trump y Bolsonaro, y con una serie de proyectos amenazantes para los imperativos avances sociales y los derechos humanos, frente a Boric (35 años), líder de la nueva izquierda chilena, madurado al calor de las luchas estudiantiles y sociales, adversario abierto del modelo neoliberal e impulsor de una Constitución que sea llave y matriz de la imperativa e impostergable justicia social para un pueblo marcado por lustros de desigualdad y pobreza, en medio de la concentración indignante de la riqueza de las élites.

El 19 de diciembre se jugaba entonces algo más que una elección entre dos candidatos presidenciales; se jugaba la perpetuación del modelo neoliberal frente a su progresivo desmantelamiento. Eso lo comprendió el pueblo de Chile que acudió a las urnas en un porcentaje mayor que en la primera ronda y le dio un contundente triunfo a Boric (55,87 %) sobre Kast (44,13 %).

El nuevo presidente tomará posesión del cargo, en marzo de 2022 y tendrá como desafío el cambio de modelo, con la abierta oposición de la derecha y las élites económicas, cuyo peso es significativo. Eso se puso de manifiesto al día siguiente de la elección de Boric, cuando esa abstracción denominada mercado (que no son otra cosa que empresas y personas de carne y hueso), mostró su descontento con la caída de la bolsa de Santiago mientras el peso sufrió una significativa depreciación.

La elección de Boric no solo es muy importante para Chile. Lo es para América Latina, región donde las fuerzas progresistas han ido ganando terreno.

Chile ha sido destacado como un “milagro económico” aunque ese milagro siempre fue para una minoría y algunas trasnacionales avariciosas. Las mayorías, mientras tanto, lo vieron desde muy lejos. En el presente, puede emerger un modelo alternativo que consolide la democracia y haga renacer un Estado Social de Derecho, robusto y fuerte como lo soñó Salvador Allende. Esto le dará sentido al propósito y consigna el Norte está al Sur.

Imagen: https://www.radioagricultura.cl

¿La reforma a la reelección de autoridades políticas resolverá el problema?

Vladimir de la Cruz

Cuando se dispuso separar la elección de Alcaldes de la elección nacional, y le siguió la elección de los miembros de los Consejos Municipales y Distritales, en la misma dirección, primero la de Alcaldes en el 2002 y luego los otros puestos concejales, a partir del 2006, haciéndolas el mismo año electoral, pero a finales, en diciembre, luego de la nacional, que se hacía en febrero, hasta que se llegó a separar totalmente el proceso en el 2014, que de manera excepcional, se prolongaron sus mandatos por seis años, hasta el 2020, para regularizar a partir de ese año 2020, períodos nuevamente de cuatro año, acordes con los períodos presidenciales y legislativos, fue para darle mayor importancia a las Municipalidades y sus respectivos cantones. Así cada dos años habrían elecciones, unas nacionales y otras municipales, cada uno de estos procesos electorales para elegir autoridades con mandatos de cuatro años, las municipales con posibilidad de reelección consecutiva. En el 2002, 2006 y en el 2010 el impacto de las elecciones nacionales quedó grabado en los resultados de las elecciones municipales que le siguieron cuando los partidos gobernantes, Unidad Social Cristiana en el 2002, el 2006 y el 2010 obtuvieran la mayoría bastante amplia, sobre los otros partidos, de los alcaldes electos. Empezó a cambiar esta situación en el 2016, cuando el Partido Acción Ciudadana, ganador en el 2014, no tuvo el músculo político de la elección de febrero de ese año, y tuvo que enfrentar las elecciones municipales en el 2016, con dos años de gobierno en marcha, cuyo resultado municipal no se le reflejó positivamente, sin obtener mayoría política de las municipalidades, que seguían mayoritariamente en manos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Con ello, con estas elecciones separadas, a los pueblos, conjunto de personas, de cada cantón, habitantes y electores, se pensaba en rematar en el fortalecimiento de la democracia representativa y electoral, para la mejor escogencia de sus autoridades políticas, separada su elección de la nacional presidencial y de diputados. Era para que los ciudadanos de los cantones pudieran concentrarse en sus propias autoridades, en su propio gobierno, para hacerlo más democrático, más directo, para participativo, y quizá también más efectivo. Eso sigue siendo válido.

El Código Municipal, antes que el Electoral nacional, establecía como figuras importantes la reelección consecutiva, el Referéndum, el Plebiscito y la Revocatoria de Mandato. Estas figuras poco se han practicado en el país. Los partidos políticos nacionales, que “mandan” teóricamente a los cantonales, de la misma bandera, no les ha interesado fortalecer estas figuras de movilización, de discusión y de poder ciudadano, ni a nivel local y mucho menos a nivel nacional. Algo parecido sucede a nivel nacional, con el Referéndum y el Plebiscito que son tan solo letra muerta en la Constitución Política, por esa abulia política que tienen los partidos y sus dirigentes políticos, y porque no les interesa empoderar o darle poder a los ciudadanos.

En ese sentido, en las municipalidades, se arrastraba la experiencia, la tradición y la legalidad de que las autoridades municipales podían elegirse continuamente, mientras sus electores así lo hicieran y quisieran en reconocimiento a obras de trabajo municipal y de buen ejercicio, sano, honrado y honesto, de gobierno local. Era al mismo tiempo una mejor escuela para la formación futura de dirigentes políticos nacionales, de donde podían ir saliendo hacia la Asamblea Legislativa, las instituciones del Estado, y los mismos Ministerios, con posibilidad de que algunos de estos dirigentes pudieran formarse con aspiraciones presidenciales, como resultado de una larga carrera política y administrativa, como hemos visto recientemente que han aspirado a luchas esas candidaturas nacionales. Al interior de algunos partidos importantes y nacionales, como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, de hecho los dirigentes municipales han acaparado la toma de decisiones importantes y se han impuesto hasta las Asambleas Nacionales quitándoles poder de nombramientos municipales y restringiendo, incluso, potestades, de los que salían candidatos presidenciales de esos partidos. Ese ha sido, como hemos venido viendo un camino a la muerte de la democracia interna de esos partidos, al autoritarismo municipal que les ha surgido, y a los cacicazgos locales, a veces con dudosos apoyos financieros municipales, y de sus campañas electorales, asociados a grupos tenebrosos de las narco mafias locales, lo que devienen en los liderazgos apadrinados por ellos originando la narco política y los dirigentes políticos sostenidos por estas redes de poder mafioso, y por la macabras y tenebrosas redes de los negocios que ellos mismos fraguan.

Los escándalos de corrupción que sacuden a algunas autoridades, personajes, municipales, nacionales y empresariales, por la telaraña que han construido con el tiempo, de favorecimientos mutuos, con perjuicio al interés público, nacional y municipal, a las obras, que resultaban mal hechas, a propósito, porque el negocio estaba también en la reparación constante de ellas, y no solo en la adjudicación de los carteles para sus construcciones, y por el daño resultante a la imagen pública de la democracia política, de los políticos, de las autoridades políticas, de los partidos políticos, a los cuales están ligados estos personajes, la confianza y fe pública en los procesos administrativos, a la seguridad jurídica que se supone debe haber en igualdad de trato para todos los ciudadanos, y para los mismos empresarios, que también algunos de ellos salieron afectados por este matrimonio y concubinato empresarial discreto, casi secreto, que habían establecido, hoy evidencia que la profundidad de este daño y de esta presencia en prácticamente en todo el país, en todas las municipalidades, especialmente donde estas empresas cuestionadas han actuado, y que deben investigarse a fondo, y con la mayor amplitud posible, si de verdad se desea acabar con esa hidra y con esos tentáculos. Recuerdo hace pocos meses en el Cantón de Santa Cruz, como la municipalidad cerró una calle pública, a Playa Mantas por favorecer intereses hoteleros locales, y la mantiene cerrada sin posibilidad para ningún costarricense, de hecho de poder llegar a esa playa por el camino existente, sobre el cual volcaron árboles para impedir el tránsito de vehículos. En este caso hasta la policía local está comprometida en este mafioso negocio, porque la misma policía impide el paso, aspecto que también debe ser investigado, como debe suceder en otros sitios.

Es igual que los negocios de las grandes construcciones, cuyos alcaldes, tiene capacidad de exonerar de ciertos pagos, que pueden ser multimillonarios según la inversión, a empresas constructoras, especialmente de condominios, y de torres condominiales, aspecto que también se puede investigar, seguro que dará positivos resultados, mientras a pequeños constructores, o a personas esas mismas autoridades municipales les ponen todas la trabas posibles para sus posibles proyectos habitacionales o de construcción. Conozco casos.

El punto en debate que se quiere introducir, casi como un distractor de la corrupción, es el de la reelección de alcaldes y de autoridades municipales, porque el de las autoridades nacionales no tiene discusión porque ya hay impedimentos de reelección consecutiva. ¿Por qué no se discute el caso de la reelección de partidos políticos, que son los que nombran y escogen a esas personas que salen malas personas? El que es pillo es pillo, el que roba poco termina robando mucho. El que tiene ocho o más años para ver que roba, tratará de robar en cuatro, si eso es lo que le ofrecen en posibilidad. Son las personas, son los candidatos los que hay que escoger, que sean buenos, correctos, honestos, honrados. ¿Pueden escogerse en un partido políticos buenos y honestos candidatos? Con limitarles el plazo de gobierno no les van a limitar su ansiedad por enriquecerse si el puesto se los permite. Con más avidez, gula y glotonería política irán. Y si están apoyados por grupos mafiosos, de cualquier naturaleza que sea, con más rapidez tratarán de actuar, hasta para dejar “herederos” del puesto, para hacer que la correa de trasmisión siga funcionando. Con limitar el plazo de gobierno de una autoridad a un solo período no van a acabar con la corrupción si no es la corrupción la que debe atacarse, si no es a los corruptos a los que se debe castigar y de manera ejemplar ante la sociedad nacional. Que el que se meta en ese camino sepa que de ser agarrado va a sufrir las máximas penas posibles.

Lo que hay en trámite legislativa son cantos de sirena contra autoridades políticas futuras pero fantasmas, suponiendo de previo que en ese futuro, que se regulará por esos cambios que se desean introducir todos los futuros alcaldes, y miembros de los consejos municipales y distritales son desde ahora concebidos de manera corrupta, salvo de que de previo demuestren lo contrario, lo cual es difícil. La corrupción se da en acto, por quien es corrupto, no de naturaleza, sino porque ha desarrollado una conducta, una moral y un ética de la corrupción, que le permite justificar lo que hace.

Con los límites al ejercicio del poder no se le está metiendo ningún límite a la corrupción ya existente. Ya lo veremos. Lo único que están haciendo algunos diputados con esa discusión es tratando de lavar su conciencia política, la de sus partidos, la de saber que ha hecho malas escogencias. Hay que dejar de hacer esas malas escogencias. ¿Pueden hacer esto los partidos? Para estas elecciones ya no lo hicieron. Veremos los malos frutos si sembraron malas semillas. Para las elecciones del 2022, de alcaldes y de consejos municipales, estaremos pendientes de por dónde va la comparsa política.

Los que están interesados en golpear partidos políticos, en esta lucha, de pronto alimentarán, con sus posiciones las tendencias autoritarias, despóticas y populistas, de cualquier tipo, quizá más peligrosas que lo que se quiere combatir hoy. La improvisación de dirigentes políticos, en todos los niveles de la vida y organización democrática, va a ser una de las variantes más peligrosas.

Sergio Ramírez Mercado y la Ciudadanía de Honor costarricense

Vladimir de la Cruz

La Ciudadanía Honorífica, de Honor, es una distinción que soberanamente otorgan los países, por decisión facultativa de sus máximos órganos políticos, sean del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. En el caso costarricense es el Poder Legislativo, llamado Asamblea Legislativa, el que tiene la facultad de realizar estos reconocimientos.

En Costa Rica, como lo es en general en todos los países, son pocas las personas que han recibido esta distinción, que se puede realizar a extranjeros, a ciudadanos no costarricenses, como también se ha realizado a costarricenses.

Pocas personas han recibido esta distinción, entre ellos Franklin Ramón Chang Díaz, astronauta de la NASA, Hans Dietrech Genscher, Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Antonio Giustiniani y Casablanca, médico, John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos, Stanley Lindo Morales, Juan Morera Coll, sacerdote español conocido como Fray Casiano, Arturo Romero López, Sor María Romero Meneses, religiosa nicaragüense, Franklin D. Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos, y José de la Cruz Turcios Barahona, sacerdote.

Cuando se le dio a Franklin Chang Díaz, en reconocimiento a sus hazañas espaciales, y ser el primer cosmonauta y científico distinguido, de origen costarricense, de la NASA, se produjo un cambio en la legislación nacional en torno a la ciudadanía. Hasta entonces, a finales del siglo XX, la ciudadanía costarricense se perdía cuando un ciudadano adoptaba otra nacionalidad. Había de hecho una renuncia tácita u obligada por ese motivo.

En el caso de los astronautas extranjeros de la NASA, para ascender en su carrera, debían ser ciudadanos estadounidenses, lo que obligó a Franklin Chang a renunciar a la ciudadanía costarricense.

En el acto de Juramentación de los ciudadanos que adoptan la nacionalidad estadounidense al jurar esa nacionalidad y las leyes norteamericanas, juran a la vez su compromiso de luchar y defender ese país ante cualquiera otro, incluso el país originario del nacionalizado. Así, Franklin Chang juró luchar, en el campo militar, si fuera del caso contra Costa Rica, como ciudadano norteamericano que pasaba a ser.

Para esos días, con gran reconocimiento nacional de sus méritos espaciales, el Partido Liberación Nacional valoró la posibilidad de que Franklin Chang fuera un posible candidato a la Presidencia de la República, lo que chocó inmediatamente con la renuncia a la nacionalidad que había hecho, lo que se exigía para ser Presidente de la República, ser costarricense. Además, las fuerzas políticas de izquierda, y sectores académicos, culturales y universitarios, en ese momento, alertaron sobre el juramento que había hecho el Astronauta Chang Díaz de combatir contra Costa Rica, empañando esa posible escogencia candidatura presidencial y obstaculizándola.

Así, por disposición judicial se estableció, por este caso, que la Ciudadanía costarricense no era renunciable, y por ello se permitía la doble nacionalidad para aquellos ciudadanos, que por diversas circunstancias tuvieran que adoptar otra nacionalidad junto a la costarricense.

De acuerdo con la Constitución Política ciudadano costarricense es el que nace en Costa Rica, derecho de ius solis, y el que nace en el extranjero por ser hijo de padre o madre costarricense, derecho de ius sanguinis.

Sin embargo, a los hijos de los costarricenses, en el extranjero, que no son inscritos antes de los 18 años en el Registro Civil, se les niega la nacionalidad que tienen por el ius sanguinis, que no es renunciable, que se arrastra y se tiene por toda la vida, y que permitiría que en cualquier momento ese costarricense, demostrando su raíz paterna o materna pudiera gestionar su nacionalidad costarricense. Tiene esto más fuerza que la renuncia y recuperación de la nacionalidad, como se estilaba antes, porque la renuncia es un acto de voluntad, mientras la nacionalidad es una consecuencia genética irrenunciable.

El mérito para distinguir a un ciudadano con este reconocimiento, Ciudadano de Honor, lo analiza la Asamblea Legislativa, lo que es finalmente una decisión política del Pueblo Soberano allí representado.

El principio general es que se otorga por servicios notables que se prestan a la República, o como ha venido sucediendo por la altas distinciones nacionales o internacionales del Homenajeado que se le reconocen.

La Asamblea Legislativa puede otorgar la Ciudadanía de Honor sin restricción de límite, mientras que para otras distinciones, como los Benemeritazgos de la Patria, solo puede otorgar una por Legislatura, lo que se ha roto, recientemente, por una reforma al Reglamento Legislativo, que por cascada, en abundancia, se han hecho Declaraciones de Benemeritazgos de la Patria, en un solo día, el 21 de julio pasado, a catorce mujeres, y el 11 de agosto se tramitaron otros reconocimientos, más por la necesidad de llenar el vacío de que pocas mujeres que tenían este reconocimiento.

Las recientemente declaradas Beneméritas son Yolanda Oreamuno Unger, Anna Gabriela Ross González, María Teresa Obregón Zamora, Ana Rosa Chacón González, Luisa González Gutiérrez, Mireya Barboza Mesén, Olga Espinach Fernández, Pacífica Fernández Oreamuno, Virginia Grütter Jiménez, Estela Quesada Hernández, Adelaida Chaverri Polini, Manuela Tattenbach Yglesias, Carmen Naranjo Coto y Emilia Prieto Tugores, todas ellas que destacan en la ciencia, la política, la salud, la poesía, el arte y el medio ambiente entre otros campos.

Hace pocas semanas se presentó, ante la Asamblea Legislativa, una propuesta de Declaración de Ciudadano de Honor, para el distinguido y reconocido escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado.

El trámite que en la Comisión Permanente Especial de Honores, de la Asamblea Legislativa, debió ser secreto en su deliberación, que debía conocer los atestados, de manera confidencial, a favor como las facetas negativas que se consideraran en su contra, salió a la luz pública, por cuanto la Presidenta de esa Comisión Parlamentaria, que se integra de manera secreta por el Presidente Legislativo, hizo pública su oposición a este reconocimiento, opinando negativamente sobre unos pasajes de uno de sus libros, desatando con ello una polémica nacional sobre la validez de su distinción.

Recientemente la Academia Costarricense de la Lengua le ha declarado Miembro de Honor de la misma, y la Universidad Nacional, de Heredia, le ha otorgado el Doctorado Honoris Causa.

Sergio Ramírez es nicaragüense por nacimiento, pero ha vivido mucho tiempo, en distintos momentos de su vida, y por largas temporadas, en Costa Rica, que lo ha tenido como un hijo adoptivo, ligado por sus aportes a la cultura nacional, y desde aquí a la cultura centroamericana cuando estuvo ligado al Consejo Superior de las Universidades de Centro América, CSUCA, en la década de 1970, época en la que procreó tres hijos en Costa Rica, que por esa razón son costarricenses, derecho de ius solis, y que sería buen fundamento para que, por ese motivo, también se pueda acoger al trámite de la nacionalidad costarricense, como lo hacen inmensa cantidad de ciudadanos de Nicaragua y otros países, que al tener descendencia en el país, les facilita la adquisición de la nacionalidad costarricense.

Sergio Ramírez ha sido permanentemente nicaragüense por su propia voluntad, porque nació en Nicaragua, porque ama su país, su cultura, su Historia, porque se crio en Nicaragua, porque allí permanece su Biblioteca principal, que es como su alma, porque vivió y luchó en Nicaragua contra la dictadura de la Familia Somoza por procurar un país más digno, más democrático, más justo.

Sus vínculos afectivos con Costa Rica los tiene no solo por su convivencia con nosotros, por sus hijos nacidos en Costa Rica, por los trabajos realizados desde Costa Rica, sino también porque en la práctica Costa Rica ha sido su Patria adoptada, la tierra y la Nación que le produjo fuertes vínculos históricos, laborales, afectivos y jurídicos, porque se siente ligado al ser humano costarricense, porque se identifica y mimetiza con él, porque es tan costarricense como los que nacemos aquí, porque conoce la Historia costarricense como propia, porque su Humanidad a la par de nicaragüense, es costarricense, es centroamericana, como lo es también ciudadano del mundo, ciudadano Universal, por los reconocimientos internacionales que recibe y, por las protecciones que, igualmente, le brindan ante las amenazas que recibe del actual gobierno nicaragüense, que ponen en peligro su vida, su existencia, su palabra creadora con filo, su compromiso de seguir anhelando y luchando por una Patria nicaragüense democrática, no autoritaria, no dictatorial.

Desde Costa Rica también lo hizo en esa la década, 1970-1979, hasta el triunfo, en aquel año del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del que formó parte del Gobierno inicial de la Revolución triunfante, permaneciendo en su Patria toda la década siguiente, contribuyendo en la lucha por afianzar el proceso revolucionario gestado en 1979 en el poder.

A Sergio Ramírez la Ciudadanía Honorífica, que se le pudiera dar por la Asamblea Legislativa, no lo va a hacer más costarricense de lo que ya es. Es Costa Rica la que se va a enriquecer con un Ciudadano y una persona como él que honrará a la Nación Costarricense por su creación literaria, por su reconocimiento y distinción internacional.

La Ciudadanía Honorífica para Sergio Ramírez va a contribuir a afirmar y afianzar más la identidad nacional costarricense, como sentimiento subjetivo que lleva Sergio Ramírez, en sus venas, en su corazón, en su pluma y lengua creadora, que le unen desde esas trincheras a nuestra Historia Cultural y Literaria, a nuestra esencia costarricense.

Sergio Ramírez con su Ciudadanía de Honor contribuirá al fortalecimiento del Estado y de la República de Costa Rica desde la Cultura.

Con la Ciudadanía de Honor a Sergio Ramírez también estaremos contribuyendo con el pueblo nicaragüense en las preservación de sus valores, de su lucha por la Libertad y la recuperación de la Democracia.

En 1855 el Presidente, y Padre de la Patria costarricense, Juan Rafael Mora Porras, ante la oprobiosa presencia del filibustero norteamericano William Walker en Nicaragua, quien quería esclavizar a los pueblos centroamericanos y anexarlos a los Estados Unidos, invitado por malos nicaragüenses que lo hicieron llegar a Nicaragua, y después allí establecido prácticamente por la fuerza, tomó, Juan Rafael Mora, la decisión de marchar sobre Nicaragua para liberarla, de asegurar su Libertad, Independencia y Soberanía, y también la de Costa Rica y la de Centroamérica, como finalmente se logró con la rendición de Walker el 1 de mayo de 1857, después de dos años de combates.

Hoy, de nuevo los costarricenses podemos contribuir con la Democracia en Nicaragua y en la región dándole la Ciudadanía de Honor a Sergio Ramírez, brindándole la Bandera Nacional como su manto protector ante la persecución internacional que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo han desatado contra él, como uno de los símbolos de la resistencia intelectual, cultural y política, y de la lucha democrática nicaragüense.

La Ciudadanía de Honor para Sergio Ramírez lo distinguirá a él, ciertamente, pero también a los costarricenses que lo tendremos como un costarricense más que nos resaltará, honrará y distinguirá con su existencia, como un Hijo distinguido de la Patria costarricense.

La Asamblea Legislativa debe proceder con la Declaratoria de Ciudadano de Honor para Sergio Ramírez Mercado.

Los méritos literarios son bien reconocidos. Su obra de muchos libros tiene la calidad de los Premios internacionales que les han dado. Por ellos hasta el Premio Cervantes, considerado el más importante de la lengua castellana.

Su paso por la política nicaragüense también es bien conocida y destacada, desde la trinchera política, hasta el Gobierno y el Parlamento nicaragüense, pero también continuando en la oposición política, como dirigente político sandinista y fuera del sandinismo oficial. También ha sido editor profesor universitario, invitado de varias Universidades en diversos países, columnista regular destacado en muchos periódicos, escritor de novelas, cuentos, ensayos, de relatos, con obras literarias relacionadas directamente con Costa Rica, antologador del pensamiento del General de Hombres Libres, de Augusto César Sandino, publicada su antología en varios países.

No debe atrasarse su trámite ni dejarse para después del receso parlamentario, que, con motivo de las elecciones, se aproxima.

Empleo público: parches, remiendos ¿y el respeto a la constitución?

SURCOS comparte la siguiente información:

Este lunes 22 de noviembre a las 5:00 pm se llevará a cabo el programa radial Orden del Día, en el cual se realizará un análisis del tema: “Empleo público: parches, remiendos ¿y el respeto a la constitución?”.

Se transmitirá por Facebook Live de Orden del Día o por Radio Universidad de Costa Rica 96.7.

Participarán:

  • Mauricio Castro Méndez 
  • Shirley Benavides Vindas

Moderadoras: Guiselle Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón

Adjuntamos invitación formal al evento:

El proyecto de empleo público en el martirio de la cruz

Manuel Hernández

Esta semana, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público recibió dos certeros martillazos, que no le ayudan mucho a sostenerse en el madero.

A inicio de la semana, fue primero el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, que reiteró su oposición al proyecto, porque lesiona el principio de separación de poderes e independencia del Poder Judicial, y además, porque afecta el funcionamiento y organización de este poder de la República.

Ahora, a finales de la semana, este viernes, definitivamente, viernes negro para el proyecto, la Procuraduría General de la República rindió su opinión a la Asamblea Legislativa, sobre la última versión del texto que se le consultó.

De esta opinión, amerita destacar las consideraciones que contiene acerca de las modificaciones que incluyó el informe de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, que no fueron objeto de pronunciamiento de la Sala Constitucional en el Voto N° 2021-017098-0007-CO.

La opinión de la Procuraduría señala –lo cual ya habíamos advertido- que hay dos aspectos que fueron modificados por esa Comisión, que en su oportunidad no se   consultaron al Tribunal Constitucional.

Por una parte, el informe de la Comisión, aprobado por el plenario, excluyó, ex oficio, al propio Poder Legislativo de la aplicación de varios artículos del proyecto.

Por otra parte, tratándose del salario global de los rectores de las universidades públicas, que la Sala estableció que es inconstitucional que el tope esté en función del salario del Presidente de la República, y lo fije la Autoridad Presupuestaria, el informe de la Comisión, motu proprio, extendió esa exclusión al Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones e instituciones con autonomía de gobierno u organización (artículo 37).   

La opinión de ese órgano subraya que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad, como lo ha resuelto el Tribunal Constitucional “no puede variar lo que no ha sido objeto de pronunciamiento de este Tribunal” (Voto N° 12026-2010).

Asimismo, sostiene que la Comisión únicamente podía considerar los “efectos directos” que se derivan de la opinión de la Sala Constitucional, pero no incorporar aspectos novedosos, que no fueron consultados, “so pena de ser declarado como vicio de procedimiento.”

Al final, concluyó lo siguiente:

“De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultado sigue presentando inconvenientes a nivel jurídico, incluso eventuales roces de constitucionalidad”.

Efectivamente, aunque no sólo por este motivo sustancial de procedimiento, porque también contiene vicios que alteran las reglas del sistema democrático y derrumban la Constitución Política, el controversial proyecto, como concluyó la Procuraduría, contiene graves vicios de constitucionalidad.

Ya habíamos comentado, en un artículo anterior, que la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad se extralimitó, porque modificó a su arbitrio, varios artículos del proyecto, que no fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional, incurriendo en una grave anomalía de procedimiento, lo cual viene a confirmar la Procuraduría General de la República.

Ahora, el proyecto, de nuevo, se vuelve a meter en un estrecho y difícil laberinto, que, parafraseando a Unamuno, tal vez sea su última agonía, y que, quien quita, podría ser la crónica de una muerte muy anunciada.

19/11/2021

La desconstitucionalización de las autonomías y empleo público

“La tesis según la cual el Presidente, o el Ejecutivo, deben tener todas las atribuciones en última instancia, (…), esa es la teoría estatista o totalitarizante; la de las autonomías, (…) para evitar la concentración de poder y recursos, es la tesis democrática.” (Diputado Constituyente Rodrigo Facio)

Manuel Hernández

En un artículo de opinión que recientemente me publicó el Semanario Universidad, titulado “El virus del malinche universitario”, critiqué, desde el punto de vista jurídico, la pusilánime posición de CONARE acerca del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

A raíz de ese artículo, funcionarios de otras instituciones públicas, que me honran con su lectura, me solicitaron que, más allá de los confines de los campus universitarios, expusiera los alcances que tiene el proyecto, en general, en el ámbito de las autonomías institucionales.

Pues bien, trataré de cumplir este particular cometido.

1.- La ruptura de las autonomías constitucionales

El último texto de Empleo Público, que podría estar la próxima semana, en la agenda de primeros debates, que ya va por la cuarta edición, y que en cada versión de esta tragedia legislativa, como decía Unamuno, se mantiene en estado de agonía, conserva, en lo esencial, el mismo libreto totalitario y antidemocrático, trastocando las autonomías de las universidades públicas, Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.

Al tenor de la nueva cirugía reconstructiva que sufrió el accidentando proyecto, fundamentado en un singular voto de la Sala Constitucional (N° 017098-2021), que como la serpiente que se come su misma cola, ese Tribunal se volvió contra su propia doctrina y jurisprudencia, el proyecto estableció que quedan excluidas de la rectoría de MIDEPLAN, únicamente “las relaciones de empleo de personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sea exclusivas o excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas“ a aquellas entidades públicas.

La regulación de la relación de empleo de esta única categoría de personas trabajadoras, la retendrán simbólicamente los órganos supremos de cada una esas entidades, pero que no quedan excluidas de la cobertura del proyecto, y en consecuencia, estarán sometidas al rigor de sus cánones autoritarios y fiscalistas. Por contrario, la rectoría y regulación de la relación de empleo, en materia de reclutamiento, selección, contratación, concursos, evaluación de desempeño, remuneraciones, entre otras, de todas las demás personas trabajadoras de esas instituciones, la asumirá y definirá unilateralmente MIDEPLAN.

Entonces, a esta dependencia del Poder Ejecutivo, transmutada en el emergente Leviatán, el proyecto, haciendo una regresión en el tiempo, que nos devuelve más de 70 años atrás, a la época del clientelismo y reparto del botín político (spoils system), le transfiere a MIDEPLAN la gobernanza y regulación de la relación de empleo de significativas categorías de trabajadoras y trabajadores de dichas instituciones.

De esta manera, tratándose de estos amplios colectivos laborales, se desposeen las competencias constitucionales de esas entidades, cuya regulación, mediante políticas, directrices, reglamentos y ordenanzas, la realizará ese despacho del Gobierno.

Esta transferencia de competencias tendrá consecuencias directas muy graves en el conjunto de las autonomías, el funcionamiento regular de las instituciones y no menos, en la prestación de los servicios públicos.

2.- La autonomía constitucional de las instituciones es unitaria e indivisible

Esta segregación competencial y configuración de un régimen dual de empleo público, es absolutamente artificiosa.

La autonomía de las entidades descentralizadas es indivisible, resultando contrario a los preceptos constitucionales, quebrar de esa manera la autonomía y repartir las competencias regulatorias entre la respectiva institución y MIDEPLAN.

El proyecto violenta la máxima Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos distinguir), vaciando de contenido el ejercicio de una potestad constitucionalmente asignada, que produce la ineficacia de la norma constitucional; es decir, trayéndose al suelo, de un solo golpe, el principio de supremacía constitucional.

La autonomía de las universidades públicas, la CCSS y las municipalidades, es unitaria, inescindible, por lo que no se podría sostener ese espurio reparto de competencias y ese régimen bifronte de empleo público, dentro de cada una de ellas, salvo que sea a contrapelo de los artículos 84, 86, 87, 73, 169, 170 y 175 de la Constitución Política.

Así, cada institución autónoma, podría representarse con una caricatura de un monstruo de dos cabezas, que se vuelven y destruyen a si mismas, cuya lucha terminará causando, por una parte, hacia afuera, una constante inestabilidad política-institucional, y por otra parte, hacia dentro, una permanente conflictividad laboral.

3.- La alteración del diseño constitucional del Estado democrático

Este ficticio reparto de competencias funcionales y materiales, entroniza aquella tesis autocrática que vehemente rebatió el constituyente Rodrigo Facio, la intervención política del Poder Ejecutivo, residenciado en MIDEPLAN, en materias que constitucionalmente están reservadas a cada una de esas instituciones.

Por esto es que el proyecto quiebra la arquitectura del diseño orgánico del Estado, definido por el constituyente, porque sacrifica la autonomía de las instituciones.

La ruptura del diseño constitucional, que no es cualquiera cosa, significa una grave alteración de las reglas del sistema democrático.

Además, esta alteración de las reglas constitucionales tendrá serias consecuencias en la prestación de los servicios públicos asignados a cada institución.

Los servicios públicos que prestan las universidades, la CCSS, municipalidades y otras entidades, constituyen la infraestructura de la democracia, los cuales no quedan indemnes del otro objetivo que tiene el proyecto, tendiente a reestructurar las instituciones y privatizar los servicios que se les cometieron.

4.- La eliminación de las estructuras salariales propias de las instituciones

Pero, además, hay que tener muy claro que la competencia exclusiva y residual que el proyecto reserva a las instituciones autónomas, limitada únicamente a aquel colectivo de funcionarios, queda muy restringida y condicionada, porque, de toda suerte, su ejercicio tiene que adecuarse a sus reglas fiscalistas. No se olvide que las autónomas, no quedan excluidas de su cobertura (artículo 2), sobre las cuales cae, con todo el peso, esa espada de Damocles.

Lo anterior implica, por ejemplo, en materia de remuneraciones, que las estructuras salariales propias que actualmente tiene cada una de esas instituciones, que evolutivamente se configuraron de acuerdo con la naturaleza y especialidad del servicio que ejecutan, amparadas a sus autonomías, quedarán derogadas, suprimidas, y en su lugar, se sustituirán por el esquema de salario global único.

Este esquema salarial es el producto estrella, pero el más opaco, que constituye la punta de lanza de la política fiscal del proyecto de ley.

Otra grave vulneración de la Constitución, porque la ley ordinaria le está imponiendo a esas instituciones un esquema salarial determinado, irreconciliable con las autonomías constitucionales.

Además, como si lo anterior fuera poco, ese esquema salarial se complementa con el congelamiento y estancamiento de los salarios de todas y todos los trabajadores que prestan sus servicios en los Poderes del Estado e instituciones públicas que cubre el proyecto, a merced de la salvaje regla fiscal y los transitorios XI y XII del proyecto, que recibieron la bendición neoliberal de la Sala Constitucional.

Quedará por ver, como suele ocurrir en las películas de terror, si en los últimos capítulos, el monstruo muere ajusticiado por un héroe, que aplaste las cabezas del Leviatán.

16/11/2021

UNA FISCALÍA PARA LA DEMOCRACIA

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado CSJ. Profesor catedrático UCR.

         Hay que insistir en la importancia que tiene, en una democracia, la cabeza del Ministerio Público. Es vital en la medida de los poderes discrecionales que por ley se le asignan, tanto por lo que debe hacer, como por lo que no debe hacer. Dirigir el monopolio de la acción penal pública no es poca cosa, cuestión relativamente compleja y llevadera en la delincuencia convencional (robos, estafas, violaciones, homicidios); pero tremendamente compleja en cuanto a la delincuencia no convencional (corrupción público/privada, narcotráfico, sicariato, tráfico de personas o de armas). Los principios de independencia y objetividad rigen para toda su actividad. Tan dañino puede ser un fiscal con mentalidad de acusador a ultranza, como aquél que, por negligente o corrupto, fomenta la impunidad.

         Quien ocupe la fiscalía general tiene que demostrar que ha estudiado la teoría fundamental de los derechos humanos y sabe aplicarla; tiene que demostrar que conoce la Constitución Política, el derecho penal y de manera especial el derecho procesal penal. Debe además demostrar que maneja los requerimientos mínimos de una denuncia, el tratamiento que debe llevar una investigación preliminar en coordinación con la policía judicial, y tener entrenamiento en la formulación de un dictamen acusatorio, o cualquiera de las otras salidas procesales. Quien ocupe este cargo estratégico para la sobrevivencia de la democracia, tiene que demostrar que sabe escuchar y trabajar en equipo, y que ha manejado, con pericia, un alto número de subalternos.

         Este país no puede darse el lujo de designar para los más altos cargos judiciales, por mucho apoyo político que tengan, a personas que en su vida han tratado casos y expedientes, los requerimientos y las resoluciones para desempeñarse con solvencia. No podemos poner a pilotar el avión a quien cuenta apenas con licencia para motocicleta. Importa saber de qué universidad es graduado, si de las de verdad o las de garaje. Para esto hay que ver los índices de promoción en las pruebas del Colegio de Abogados.

         Pero la fiscalía general no es sólo cuestión de conocimientos jurídicos. Es también de rasgos de personalidad, psicológicos y de carácter. Tiene que cultivar la sabiduría para tomar decisiones y hacerlo de manera oportuna; tiene que ser valiente para resistir presiones internas y externas, de grupos de poder legítimos e ilegítimos; además debe tener la destreza de ponerse en el lugar del otro, y de manera especial en nuestros tiempos, en el lugar de la otra. La prudencia y la serenidad son indispensables, un rasgo de personalidad sin el cual, toda pericia se pone en riesgo.

         Guárdenos la Providencia de un fiscal o fiscala débil, influenciable, manipulable, presto a recibir instrucciones de los de arriba, agradecido por el nombramiento, displicente, venal, servil. La valentía es la base de la integridad. Cumplirá con su delicada función si no se doblega ante nada ni ante nadie.

         Por eso la Fiscalía General debería tener el indispensable rango Constitucional; debería ser la culminación de toda una carrera y tener las condiciones profesionales, salariales y demás ventajas de un miembro de Corte Suprema. La tentación de pasar de la Fiscalía a la Corte debería evitarse, no sólo por decisiones personales, sino por impedimentos legales.

         He visto una precalificación que ha hecho la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia en el certamen abierto para nombrar Fiscal General. Considero que en ella hay nombres con los mínimos de experiencia, conocimientos y personalidad adecuada para el cargo. Pero hay otros nombres que paran el pelo. Al menos, si no se tiene el perfil ideal, la Corte debería designar a alguien que no haya manifestado públicamente sus miedos y fobias a determinadas minorías de la población, alguien que al menos sepa la diferencia entre delito y pecado. Lo graves es que una vez nombrado, todas y todos estaremos en manos del nuevo fiscal o fiscala. Y sólo hago este último señalamiento porque he constatado la existencia de algún candidato impresentable con nota superior a 90. La resurrección en pleno siglo XXI de los Torquemadas medievales que en el mundo han sido. Una involución inaudita. Una auténtica catástrofe.

CONTROLAR LA JUDICATURA

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado y Profesor Catedrático UCR.

         Tal parece que la crisis de la democracia contemporánea en todo el mundo, y con ella la deriva autoritaria que la acompaña, tiene un síntoma claro y siempre presente: el ansiado control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo o el Legislativo.

         Sea que volvamos los ojos a Europa, donde destacan, entre otros, los casos de Polonia, que ha obligado la intervención de las instancias externas de la Unión Europea para preservar un mínimo de independencia de la judicatura; o bien el caso de España, donde la situación resulta ya alucinante, dado que partidos conservadores de derecha, principalmente el PP, se niegan a renovar el Consejo de la Judicatura, acumulándose cuatro años de caducidad del mandato de los antiguos integrantes, asegurándose su control y haciendo de la Constitución letra muerta.

         Si nos fijamos en el continente americano, en estos momentos están declarados varios incendios en la casa de la democracia. En Brasil, el presidente Bolsonaro no está dispuesto a someterse a decisiones de la Corte Suprema de Justicia –que obviamente no controla-, y está acudiendo al apoyo del ejército y de seguidores en las calles para legitimar un eventual golpe de estado. Y en el barrio centroamericano, un muchachito de gorrita con visera hacia atrás, envalentonado por un apoyo popular fruto del desgaste de las fuerzas partidarias tradicionales, está haciendo mesa gallega con las instituciones salvadoreñas, en cuenta y en primer lugar, todas las instancias judiciales, comenzando por el Tribunal Constitucional, la cabeza del Ministerio Público, y más recientemente, todos los jueces y juezas que en principio considera desconfiables (mayores de 60 años o con 30 de servicio).

         Ciertamente los casos mencionados son algunos de los más groseros, que ilustran las intromisiones político-partidarias en el Poder Judicial, su independencia y el rol de árbitro que se supone debe jugar en un régimen democrático sano. Pero éstos no son los únicos caminos que el autoritarismo elige para asegurarse un ascendiente determinante para tener a la judicatura arrodillada. Hay vías más sutiles, aunque no menos peligrosas. El reciente caso de los Estados Unidos de América, donde haciendo uso de los mecanismos legales para designar a los miembros de una de las cortes de justicia más prestigiosas del mundo, un Donald Trump prepotente y una mayoría senatorial republicana ultraconservadora, maniobraron para impedir la última propuesta del presidente Obama e impusieron un control mediante varios nombramientos nuevos, todos adeptos a su línea ideológica, poniendo así en riesgo los avances conquistados durante siglos de jurisprudencia progresista, destruyendo sanos equilibrios y poniendo en capilla ardiente temas fundamentales de derechos humanos.

         En Costa Rica, con exhibición del peor rasgo de carácter tico, es decir, el “mátalas-callando”, y en el contexto de varias resoluciones lamentables para nuestra Constitución, tales como la autorización de la reelección presidencial o la aprobación de la agenda complementaria al TLC, la ruta seguida sobre todo desde las mayorías parlamentarias, ha sido tomar control de la Corte Suprema a través de un régimen de nombramientos patético, donde se juega a la objetividad mientras se maniobra de mil maneras para designar las candidaturas políticamente “confiables” o “inofensivas”. Todo lo que se perciba como excelencia académica o profesional, todo lo que pueda garantizar independencia y objetividad en los fallos, todo lo que pueda repetir condenas por corrupción a políticos o gentes de poder cuestionados, es inmediatamente descalificado, en un “diálogo” cada vez más intenso y pernicioso entre algunos vecinos de González Lahman y otros de Cuesta de Moras.

         El síntoma de descomposición institucional más grave que se percibe en este degradado régimen de nombramientos, está en los mismos agentes internos del Poder Judicial, con suficiente conexión e influencia político-partidario como para recomendar o descalificar a los aspirantes a la magistratura. Si infundir miedo en una democracia es el recurso más vil que pueda concebirse para conquistar las mayorías, llevar esa estrategia de terror al terreno de la justicia, prepara el colapso definitivo de todo el sistema. Jueces con miedo equivale a médicos hipocondriacos o a sacerdotes ateos.

         En nuestro país ya no basta la afinidad ideológica de los jueces, lo cual puede ser comprensible. Se está exigiendo algo más. Una clase política miope y regresiva, está queriendo imponer un modelo de sociedad con pensamiento único, en el que frases como “dictadura en democracias” o “en Costa Rica hay exceso de democracia”, son ya consignas que están dispuestos a imponer al precio que sea necesario.

         En la antesala de un campaña política más, donde el debate sobre la Justicia y el Poder Judicial siempre han estado ausentes, valdría la pena que una iniciativa ciudadana le pregunte a candidatos y candidatas si realmente creen en el Poder Judicial, y el necesario control que los jueces deben tener frente a los conflictos entre ciudadanos y de éstos frente al Estado.

Los 200 años de la República de Costa Rica

(Conferencia del Historiador Vladimir de la Cruz, en el acto de Clausura del XXXIII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Patología, SLAP, realizado en San José, Costa Rica, los días 25 y 26 de setiembre del 2021)

Celebramos en Centroamérica, y en Costa Rica, los 200 años de la Declaración de la Independencia de España.

Con la celebración del Bicentenario deberíamos estar valorando el desarrollo de nuestros países durante estos 200 años. Sin embargo, la atención de los historiadores y especialistas, así como de los comentaristas de diverso tipo, no han atendido este proceso histórico y, por el contrario, se han concentrado en recordar la fecha de la Independencia, de acuerdo al Acta de Independencia de Guatemala del 15 de setiembre de 1821, que actuó como detonante de las Declaraciones de Independencia de El Salvador, el 21 de setiembre, de Comayagua, Honduras, y de Nicaragua, el 28 de setiembre y de Costa Rica, el 29 de octubre.

Los sucesos que provocaron la Independencia de Guatemala, entonces, la cabecera de la vieja Capitanía General de Guatemala, del Reino de Guatemala y de la Diputación de Guatemala, según lo queramos considerar, fueron el resultado de luchas anteriores.

En 1808, el costarricense, joven estudiante de Medicina en la Universidad de San Carlos, de Guatemala, Pablo Alvarado Bonilla, el 15 de setiembre de ese año, enterado de los sucesos de ocupación francesa de España, y ante los movimientos que se orientaron a favor de la monarquía, inmerso en las ideas de la Ilustración que ya se conocían en Guatemala, y de los grupos que a su alrededor se formaban con sentido republicano e independentista, se alejó de esas posiciones exaltando opiniones contra la presencia española.

Las mismas razones de protesta y de lucha contra la ocupación francesa de España eran válidas para los movimientos anti españolistas e independentistas de la América Hispana. La lucha contra la ocupación francesa de España era igualmente válida contra la ocupación española de América, la lucha por la Libertad de los españoles de Francia, era igualmente válida de la libertad de los americanos de España, la lucha por la Independencia de España de la ocupación francesa era igualmente válida de la independencia de América de la ocupación española, la lucha por la expulsión de los ocupantes y usurpadores franceses de España era también igualmente válida en América, de la expulsión de los españoles y del cese de su autoridad colonial.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, de carácter pontificio, como lo fueron prácticamente todas las universidades durante la colonia, fue fundada en 1681. La práctica médica durante esos años de la colonia fue fundamentalmente asistencialista en los dos hospitales que se fueron creando en Guatemala, administrados por órdenes religiosas.

Desde la fundación de la Universidad se dieron los estudios de Medicina, iniciados el 20 de octubre de 1681. Así, puede considerarse a la Universidad de Guatemala como la primera del imperio hispanoamericano en desarrollar estudios de Medicina, en tener una Cátedra de Medicina, en tanto en México, en el Virreinato, la carrera de Medicina se estableció hasta 1729.

Los médicos Manuel de Avalos y Porres, Joseph Felipe Flores y Narciso Esparragosa y Gallardo marcaron los primeros pasos de los estudios de Medicina en Guatemala colonial. Estos médicos influyeron, en su formación, a discípulos que en los días de la lucha por la Independencia destacaron, como médicos comprometidos en esta lucha, entre ellos, a Pedro Molina, uno de los más prominentes patriotas, liberal y luchador por la Independencia.

El estudiante de medicina Pablo Alvarado se formó en esos últimos años de la colonia, al calor de estos ilustres médicos guatemaltecos, inquietos políticamente y comprometidos en la lucha anticolonial.

Así el 15 de setiembre de 1808 publicó Pablo Alvarado unas notas en El Hispanoamericano, que le provocaron la cárcel en Guatemala, considerándose Pablo Alvarado el primero en haber caído preso por esta lucha en la Capitanía General, y de hecho en el Virreinato de Nueva España.

Su Grito de Independencia fue precursor de estos movimientos en la región. Pedro Molina, profesor de Medicina en la Universidad de Guatemala, impulsor del periódico El Editor Constitucional, luego llamado El Genio de la Libertad, donde difundía las ideas liberales, junto con el prócer independentista salvadoreño José Matías Delgado, ambos eran amigos de Pablo Alvarado.

Al declararse la Independencia en Guatemala junto con la copia que se envió a las Provincias de la Capitanía, Pablo Alvarado envió escritos a los costarricenses para apoyar la Independencia. Días después, proclamada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821, había enviado escritos que fueron la base de la redacción de la Primera Constitución Política de Costa Rica, que se denominó Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia.

Así, con el Acta de Independencia de Guatemala operando como el detonante de la Independencia, el resto de las Provincias lo hicieron de seguido, terminando esas Declaraciones con la de Costa Rica.

Entre el Grito de Independencia de Pablo Alvarado, en 1808, y los días que precedieron la Declaración de Guatemala, en Centroamérica, el 15 de setiembre de 1821, se dieron una serie de movimientos anti españolistas e inconformistas que prepararon el rompimiento con el orden colonial español, entre ellas en 1809 la insurrección en Ciudad Real de Chiapas, en 1810 el intento del Ayuntamiento de Guatemala de desconocer el Consejo Supremo de Regencia y establecer la autonomía del Reino de Guatemala, en 1811 la sublevación de San Salvador, León y Granada de Nicaragua, Honduras, en 1812, la sublevación de Chiquimula en Guatemala y la Segunda Conspiración de San Salvador, en 1812 y 1813 la Conspiración de Belén en Guatemala, en 1814 la Conspiración de San Salvador, y en 1812 las protestas contra los estancos y estanquillos en Costa Rica.

A ello se sumaron las luchas internas en el Virreinato de México que culminaron en febrero de 1821 con el Plan de Iguala de Agustín de Iturbide, quien también se proclamó emperador, invitando a la anexión a su Imperio, arrastrando a las Provincias de la Capitanía General de Guatemala a sumarse.

Declarada la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821, se inició la marcha de estos 200 años, que se acaban de celebrar el pasado 15 de setiembre, que se tiene como fecha oficial de celebración de la Independencia de Centroamérica. En Costa Rica se celebrará el próximo 29 de octubre.

El arranque inicial, por impulso de la Declaración de Independencia de Guatemala fue la convocatoria a un Congreso centroamericano para tomar una decisión conjunta, ya declaradas las independencias de cada provincia, para valorar la continuidad de una unidad política regional, en período independiente, como se había tenido y vivido en el período colonial.

Así entramos a partir de 1823 a las llamadas Provincias Unidas de Centroamérica y en 1824 a la República Federal de Centroamérica, siguiendo el modelo de federalismo que se había constituido en las colonias que se habían independizado de Inglaterra, las que impulsaron la creación de los Estados Unidos.

Como símbolos de las Provincias Unidas y de la República Federal se imitó la Bandera de Argentina en sus colores, celeste, blanco, celeste, de igual forma, que la creó Manuel Belgrano, ya enarbolada el 27 de febrero de 1812 que, junto con su Sol, recuerda la gesta del 25 de mayo de 1810, cuando inicia el proceso independentista en el Virreinato del Río de la Plata.

Bajo la Federación Centroamericana, con un régimen presidencialista, y la constitución de los tres poderes clásicos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, impuso la creación de Estados en las antiguas Provincias coloniales, de manera que a partir de 1824 empezamos a tener la forma de Estado de Costa Rica, con la estructuración de los tres poderes políticos.

Las Provincias Unidas de Centroamérica dio paso a la República Federal de Centroamérica, que por circunstancias internas, se desagregó de hecho en 1838. Costa Rica, bajo la Jefatura de Francisco Morazán, en 1842 intentó reunirla de nuevo. Sin embargo, por la caída de Morazán y su fusilamiento en setiembre de ese año, este proyecto federal fracasó. Costa Rica bajo la Jefatura de Estado de José María Castro Madriz declaró la República el 31 de agosto de 1848, elaboró su nuevo símbolo nacional, la Bandera, siguiendo los colores de la Bandera de Francia y lo que ellos enarbolaban de la Gran Revolución Francesa.

Durante el período de 1821 a 1823 Costa Rica estuvo gobernada por una Junta de Legados y Juntas Superiores Gubernativas. La primera, nombrada el 12 de noviembre de 1821, la cual impulsó la redacción de la Primera Constitución Política, el 1 de diciembre de ese año. Las otras dos Juntas impulsaron dos Estatutos Políticos dando origen a nuestro desarrollo constitucional, que desde esos tiempos hasta hoy ha tenido 13 Constituciones Políticas, 11 de ellas entre 1821 y 1871, período clave en la gestación del sólido Estado Derecho que se ha formado en el país. La última, y vigente, Constitución viene desde el 7 de noviembre de 1949

La estructuración política del país se ha mantenido con los tres poderes clásicos. De excepción el Poder Legislativo, en breves períodos, ha tenido un sistema bicameral, con Congreso y Senado. La última vez que existió el Senado fue entre 1917 y 1919.

Desde los días de la Independencia se establecieron mecanismos de elección de autoridades políticas y de representantes populares, que con el tiempo se han ido perfeccionando, y de amplia participación ciudadana en cabildos y ayuntamientos. Al inicio el sistema electoral era muy excluyente. No podían votar las mujeres, los analfabetas, los que carecieran de cierto monto de ingresos o rentas. Había un sistema de elección de Electores, entre los que tenían la capacidad de votar o la condición de ciudadanos políticos, y de votación de segundo grado, donde los electores escogían entre ellos a otros que finalmente votaban o elegían, y lo hacían de manera pública.

Con motivo de unos sucesos que se interpretaron como una intención de posible fraude a favor de un candidato en la elección de 1889, que tenía esas condiciones de elección, se produjo una movilización ciudadana, entonces cercana a los 5000 habitantes, cerca de medio millón hoy, entre ellas mujeres para hacer respetar el resultado electoral. Ello, dio origen a que esa fecha 7 de noviembre de 1889, haya sido declarada como fecha de la Fundación de la Democracia Nacional, asociada en este caso a la defensa de un resultado electoral.

De esta fecha destaca la participación de las mujeres en esa lucha cívica que dio base para que el Presidente José Joaquín Rodríguez, 1890-1894, favorecido por esa elección, empezara a hablar del reconocimiento de voto de las mujeres, lo que se alcanzó hasta la Asamblea Constituyente de 1949, que estableció el voto universal, a pesar de que desde ese momento, 1889, se empezara a agitar la idea del sufragio femenino, más tarde alentado por la Liga Feminista y sufragista, y por intenciones que así se plantearon en la Asamblea Constituyente de 1917 y en otros movimientos políticos.

De esa fecha, del 7 de noviembre de 1889, destaca también el surgimiento de un régimen electoral basado en partidos políticos, de manera que desde esa época hasta hoy solo por medio de partidos políticos los ciudadanos pueden aspirar a cargos de elección popular.

En 1913 se introdujo la reforma electoral del voto directo de los ciudadanos, eliminando el voto indirecto, pero manteniendo aún el voto público, que se eliminó en 1924 cuando se estableció el voto secreto. Más tarde, en 1935 se realizó otra modificación en el sistema electoral que estableció que los resultados electorales para elegir presidente se resolvían con el 40% o más de los votos a favor de un candidato, lo que le empezó a dar más estabilidad al sistema electoral y al resultado de las elecciones.

Hasta 1948 los resultados electorales se pasaban al Congreso para conocer de los mismos y resolver sobre ellos, si fuera del caso, cuando no se alcanzaba, en esa época, el 50% de los votos por algún candidato.

Las leyes electorales que venían funcionando hasta 1948 daba esa facultad al Congreso y los Tribunales Electorales que operaban eran muy controlados por el Poder Ejecutivo. Esto empezó a corregirse en 1946 y en 1949 cuando se constituyó el Tribunal Supremo de Elecciones como un Poder de Estado, absolutamente independiente y director con facultad declarativa de los procesos y resultados electorales.

La integración de los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones es de elección de la Corte Suprema de Justicia. Interesante es que el Tribunal Supremo de Elecciones desde que se declara el período oficial de elecciones, y se convoca a las mismas, a inicios del mes de octubre, del año anterior a las elecciones, hasta 3 meses después de las mismas, todas las autoridades policiales y de seguridad del Estado quedan bajo la potestad y mando de este Tribunal para asegurar el mismo proceso electoral y evitar cualquier intromisión política de gobiernos que pudiera haber. De igual modo es prohibido a los miembros de los cuerpos policiales y de la Fuerza Pública durante el día de las elecciones asistir a los recintos electorales con armas. Como ciudadanos en ejercicio de su función policial deben presentarse, a las urnas, para emitir su voto, sin armas. Los recintos electorales están al cuidado de Juntas Electorales compuestas por ciudadanos, así como las mesas electorales están bajo el cuido de delegados que nombran, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos políticos.

Los otros avances en materia electoral dentro de estos 200 años de Independencia, es el voto de los jóvenes mayores de 18 años logrado en 1994, y especialmente las leyes que se han ido aprobando para asegurar la mayor equidad e igualdad entre hombres y mujeres en la participación como candidatos a elección, así se llegó a la paridad vertical en las listas de diputados y se avanzó a la paridad horizontal, obligando a los partidos políticos que participan en varias provincias a que también haya igualdad de posibilidad electoral en los primeros puestos de elección por provincia.

Administrativamente con la Independencia se tuvo un país que era una unidad en sí mismo, sin ninguna división interior. Costa Rica como región era una parte de la Capitanía General de Guatemala y de la Diputación de León de Nicaragua. Al independizarnos la región se mantuvo tan solo dividida por la presencia de los distintos pueblos, villas y ciudades existentes. En 1824 se unió a Costa Rica el Partido de Nicoya, que era una región territorial autónoma entre Nicaragua y Costa Rica, dependiente tanto de Guatemala como de Nicaragua en distintos aspectos administrativos de la colonia.

Con la Independencia, la población del Partido de Nicoya, por plebiscito, el 25 de julio de 1824, acordó su agregación a Costa Rica. Esto facilitó para que en 1835 se estableciera una división interna territorial que comprendía tres Departamentos, el Oriental y el Occidental, que se dividían en el Valle Central del país, y el de Guanacaste como se conocía el Partido de Nicoya. En 1848 con el Dr. José María Castro Madriz se estableció la actual división administrativa por Provincias. En ese momento cinco, San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y dos Comarcas, Puntarenas y Limón, que luego alcanzaron la condición de Provincias. A su interior se fueron creando Cantones y al interior de los Cantones se crearon Distritos administrativos. Actualmente el país se constituye de 7 Provincias, 82 Cantones y alrededor de 487 Distritos.

Las Provincias hasta 1998 tuvieron de autoridad superior un Gobernador, cargo que fue eliminado ese año. Se fortalecieron los órganos de representación popular cantonal y distrital con Consejos Municipales y Consejos Distritales, y a partir del año 2002 con Alcaldes cantonales, cuya elección separada de las elecciones nacionales se hace desde el 2010, para darle más importancia a los gobiernos locales.

Desde 1821 se empezó a fortalecer la educación y los valores cívico ciudadanos. La educación en la colonia fue muy reducida, muy pocas escuelas con una orientación de enseñar a leer, escribir y contar. En 1814 se creó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás que fue un bastión importante, a pesar de las limitaciones de época, de divulgación de las ideas liberales.

Con la Independencia, y bajo la dirección del primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, que era educador, se dio impulso a las escuelas con apoyo municipal, tanto para la educación de niños como de niñas. Más tarde, en 1847, se fortaleció la enseñanza de mujeres y hacia 1885-1887 se produjo una revolución educativa bajo la dirección del Ministro de Instrucción Mauro Fernández, fortaleciendo la educación secundaria y la formación de maestros. Esto se fortaleció luego con otras reformas impulsadas, entre otros, por Miguel Obregón Lizano, otro Ministro de Instrucción, que también impulsó Bibliotecas, entre ellas la Nacional, que esta semana acaba de ser declarada Institución Benemérita Nacional.

En 1914 se creó la Escuela Normal, en la ciudad de Heredia, para la formación y preparación de maestros y profesores, que en esos días jugaron también un importante papel en la lucha contra la dictadura de Federico Tinoco Granados, 1917-1919, con cuyas movilizaciones junto a las luchas populares y el movimiento cívico militar encabezado por Julio Acosta la derrumbaron.

Dentro de esos alcances educativos estuvo la Reforma Liberal que, desde 1882, separó la educación religiosa de la enseñanza pública estatal, lo que se mantuvo hasta 1940, junto con otras reformas liberales de julio de 1884, que también se mantuvieron casi todas hasta 1940.

La Universidad de Santo Tomás creada en 1843 fue cerrada en 1888, manteniendo unas pocas áreas de estudio abiertas. En ella se impulsaron los estudios de Medicina, con poca participación de estudiantes. Los jóvenes que deseaban estudiar Medicina lo hacían yendo a la Universidad de Guatemala, o a la de León de Nicaragua, que se había fundado al calor de los sucesos de Cádiz. Unos pocos, a partir de la década de 1840 pudieron ir a estudiar a Europa, especialmente con motivo de los primeros contactos comerciales de exportación de café a partir de 1843.

En 1940 se creó la Universidad de Costa Rica y en 1956 dentro de ella la Escuela de Medicina. La Universidad de Costa Rica por su proyección regional centroamericana es la más importante en investigaciones y programas académicos. La Escuela de Medicina ha sido modelo de formación de médicos desde su creación. Hoy Costa Rica tiene una medicina de primer mundo prácticamente en todos los campos médicos, disciplinas y especialidades.

La educación ha sido un gran motor del desarrollo nacional. En el siglo XX ha tenido grandes reformas. En 1956 la reforma que amplió y fortaleció la escuela primaria y secundaria.

A nivel universitario se diversificó los estudios. La escuela privada se desarrolló como complemento de la pública. A partir de la década de 1970 se amplió la educación superior pública que hoy tienen seis universidades, y a nivel privado hay 50 universidades y más de 60 instituciones parauniversitarias. La población estudiantil de escuelas y colegios alcanza el 1.200.000 niños y jóvenes, hoy gravemente afectados en sus estudios por el impacto de la Pandemia del Coronavirus, que ha sacado del proceso educativo a cerca de 120.000 estudiantes en el último año.

Las tierras que pertenecieron al Rey y a la Corona durante al período colonial, al momento de la Independencia pasaron a ser tierras estatales, conservando y respetando los títulos que en el régimen colonial se habían dado a particulares. Esto hizo posible importantes políticas de colonización por parte del Estado desde 1821 hasta 1948 cuando todavía se daban tierras para colonizar o había grupos sociales, políticamente organizados, que luchaban por tierras para colonizar. Esto permitió desarrollar un régimen de pequeña propiedad muy desarrollado asociado al cultivo del café principalmente, producto que se había introducido en el país a finales del siglo XVIII.

De ese período traíamos como cultivo principal el tabaco, y se tenía el cacao, además de otras actividades productivas o agro productivas, como la ganadería. Hacia la década de 1840, sobre experiencias del cultivo de caña en la colonia, se vuelve a activar sus cultivo en Valle Central.

Desde 1819 hasta 1844 se explotaron minas en los Montes de los Aguacates, en el Valle Central, que sirvieron de acumulación de riqueza que fue reinvertida en café y caña de azúcar en esos años.

En 1843 se empezó a realizar comercio de café con Europa. Fue exitoso y poco tiempo después se fortaleció dando origen a la construcción de la vía férrea al Atlántico, como se denominaba la región Caribe. Para ello se trajo a contratistas extranjeros que entre 1870 y 1884 terminaron la construcción del Ferrocarril al Atlántico. De ello derivaron beneficios para los contratistas que estimularon las plantaciones de banano en toda la región Atlántica caribeña y de explotaciones mineras en las regiones norte del país, en los distritos de Abangares y de Tilarán.

Junto a los constructores del ferrocarril se abrió el país a procesos migratorios fuertes tanto para trabajar directamente en esa obra, dado que la mano de obra del país no podía desplazarse a esos trabajos por estar, prácticamente empleada en su totalidad a los cultivos agrícolas de Café y Caña de azúcar en el Valle Central. Aquí hubo migraciones de negros traídos de Panamá, cesantes de los trabajos en la construcción del canal cuando paralizaron su obra, y de Jamaica.

Igualmente trajeron ciudadanos de Italia y chinos que eran literalmente comprados, bajo la fórmula de contratos de trabajo con los cuales podían adquirir su libertad laboral.

También migrantes de Europa, de todos los países, en la segunda mitad del siglo XIX, que se proyectaron en los campos de la cultura, la educación, las ciencias, las artes, la ingeniería y la arquitectura, y en la medicina.

El progreso social y material que se iba desarrollando con la Independencia cubrió las preocupaciones por las obras públicas básicas, las de impulsar caminos que comunicaran a los principales pueblos el Valle Central y del resto del país, especialmente hacia los puertos del Pacífico y en la búsqueda de la ruta hacia el Caribe. Se dio la preocupación por el saneamiento público, letrinas, aceras y desagües en la construcción de poblados, desarrollo de hospitales, el Leprosario o Lazareto y luego el Hospital San Juan de Dios en 1845. A finales del siglo XIX ya había varios hospitales en otras partes del país y se habían desarrollado los llamados médicos de pueblo.

Se impulsó el consumo de agua potable con una cañería pública en 1865. Desde entonces hasta hoy, en todo el territorio nacional se puede consumir o beber agua de cualquier tubo de agua de la administración pública de Acueductos y Alcantarillado.

En las actividades agrícolas se impulsaron grandes campañas de saneamiento, especialmente en la de grandes cultivos como el banano con el concurso en la década de 1920 de las Fundaciones Rockefeller y Kellogg.

En 1924 se creó la Secretaría de Salud que jugó un papel muy importante en este sentido, y en 1928 se creó la Secretaría de Trabajo.

Intentos de políticas de seguridad social se dieron en 1917 cuando en la Constitución Política de ese año se estableció la obligación del Estado por políticas de seguridad social, lo que se logró hasta 1940 cuando se fundó la Caja Costarricense de Seguridad Social. Siendo hoy, esta institución, junto con el Ministerio de salud, los dos pilares más importantes de atención de la salud de los costarricenses, y los grandes buques insignia en la lucha contra la Pandemia del Coronavirus que nos afecta a todos. En materia de salud basta señalar que en 1800 la expectativa de vida de los costarricenses era de 30 años, en 1900 era de 35 años, en 1943 era de 45 y hoy es de 82 años las mujeres y de 78 los hombres. Hoy también tenemos una zona azul, en la región de Nicoya, donde se alcanzan edades mayores de los 100 años.

En cuanto a otros eventos que afirmaron la independencia, y aseguraron el desarrollo del Estado y de la democracia costarricense podemos señalar lo siguiente:

En 1841, el Jefe de Estado Braulio Carrillo estableció lo que se llamó el Código General de Carrillo, que fue un compendio de legislación básica nacional que dejaba atrás la legislación española que todavía se usaba, por lo que se le llama el constructor del Estado costarricense.

En 1856 la amenaza de la intervención filibustera norteamericana en Centroamérica, en Nicaragua particularmente, y en Costa Rica, nos hicieron desarrollar el Ejército Nacional, pero después de esos sucesos por contradicciones políticas y económicas internas profundas, que provocaron el asesinato de Estado, de los héroes nacionales y jefes de la lucha antifilibustera, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, hicieron que el Ejército poco a poco fuera debilitándose, al reducirle sus gastos para dárselos a la educación. En 1949 en la Asamblea Constituyente se tomó la decisión de eliminar el Ejército Nacional, lo que ya se había propuesto en el Congreso en 1946. Del impacto del asesinato de Estado contra el Presidente Mora y el general Cañas se abolió la pena de muerte en 1882.

La clave más importante del desarrollo de la democracia nacional fue que en el ejercicio de la Jefatura de Estado o de la Presidencia de la República, y en el ejercicio del cargo de diputados, han predominado educadores, abogados, médicos y civiles sobre militares. Los militares casi no han ejercido cargos públicos, de tipo político, de importancia. El debilitamiento de lo militar fortaleció la educación pública, en general, y se ha alcanzado un régimen de garantías individuales, de libertades públicas y de derechos ciudadanos amplio, hoy fortalecido con políticas audaces de Derechos Humanos.

Otro elemento que caracteriza la Costa Rica de estos 200 años es que, desde el inicio de la vida republicana, aún sin imprenta, en el período 1821-1830, se estimuló prensa escrita en periódicos murales, con fortalecimiento en la libertad de opinión, de pensamiento. Con la imprenta, en 1833 aparecieron los primeros periódicos que fueron de gran vida ciudadana, de organización alrededor de ellos de grupos preocupados por la política y por la formación ciudadana. En los gobiernos del Dr. José María Castro Madriz se fortaleció la libertad de prensa y de la prensa crítica opositora al gobierno. Desde entonces se ha tendido a fortalecer el ejercicio de la libre emisión y publicación del pensamiento, y de la libertad de prensa.

Los proyectos unionistas centroamericanos, tratando de mantener la unidad regional existente antes de la Independencia, solo se dieron en el período 1823-1838, luego en 1842 y con la proclamación de la República en 1848 empezamos a caminar por cuenta propia en el escenario internacional. Se iniciaron las relaciones diplomáticas con Europa, el Vaticano y Estados Unidos principalmente. Con el Vaticano se logró en 1852 la Diócesis de Costa Rica con lo cual se creó la Iglesia Católica costarricense con autoridad propia. Antes de esto se dependía de la Iglesia de León, de Nicaragua.

La apertura a procesos migratorios, de carácter laboral, principalmente, en el siglo XIX fue importante para estimular una sociedad tolerante y solidaria, que han permitido que hoy el país se defina como una país multiétnico y pluriracial.

La Guerra Nacional y Centroamericana contra los filibusteros norteamericanos, encabezados por William Walker, que llegando invitados a Nicaragua en 1855, amenazaron con anexar los territorios centroamericanos a los estados sureños de los Estados Unidos y de esclavizar estos pueblos a sus intereses. Walker estableció el esclavismo en Nicaragua en 1855. La Guerra Nacional dirigida por Juan Rafael Mora, su hermano Joaquín y el General José María Cañas, con colaboración de los ejércitos centroamericanos, después de la peste del cólera en 1856, que derrota a los filibusteros, afirma la Soberanía, la Independencia y la Libertad de Centroamérica, y de Costa Rica, en lo podría considerarse la primera gran derrota, de este tipo, que sufrió Estados Unidos, el único país que reconoció a William Walker como Presidente de Nicaragua.

Desde 1849 los procesos electorales han sido bastante estables, con períodos de gobierno de 6 o cuatro años, con ligeros momentos de interrupción, lo que ha hecho en el país, una práctica democrática de ejercicio político cada vez más consolidado. Así desde 1882 el proceso político solo se ha interrumpido ligeramente en noviembre de 1889, bajo la dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919, y bajo el Gobierno de Facto de José Figueres, 1948-1949.

El desarrollo municipal desde el siglo XIX fortaleció la democracia política, distribuyendo poder y aliviando tensiones políticas.

A partir de 1980 con el impulso de los Planes de Ajuste Estructural, y a partir de 1990, con la política de Tratados de Libre Comercio, que se han firmado 17, Costa Rica ingresa a un nuevo modelo de desarrollo económico, que hace girar las exportaciones de pocos productos tradicionales, café, azúcar, ganadería y algunos otros a una canasta de exportación de más de 5000 productos.

En política exterior del país ha girado alrededor de los siguientes ejes, como políticas de Estado: derecho de asilo político, defensa de la democracia y del sistema democrático, la paz, la lucha contra el militarismo y la defensa de los derechos humanos en todas sus formas, lucha y condena contra regímenes militares y dictaduras, atención de refugiados, la defensa del derecho de asilo.

La inserción en las nuevas relaciones internacionales, abiertas. Especialmente las relaciones con la República Popular China desde el 2008 ha hecho gravitar la economía nacional con otros motores, y potenciarlos en esta década 2020-2030, que se vislumbra que China llegará a ser el principal motor económico del mundo. La Incorporación a la OCDE y la posibilidad del Tratado de la Cuenca del Pacífico serían también parte estos pilares del desarrollo próximo.

Estos han sido algunos de los principales caminos de estos 200 años en la construcción de la actual Costa Rica.