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Etiqueta: consultorios jurídicos

Asistencia legal profesional y sin costo: la UCR tiene 10 consultorios jurídicos al servicio de quienes más lo necesitan

  • UCR Presente

Consultorios Jurídicos de la Facultad de Derecho, Sede Rodrigo Facio, 2018. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

En el 2018 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica atendieron más de 1900 casos y cerraron 666, cada uno una historia humana.

Uno de esos casos es el de una joven, quien fue sustraída a muy temprana edad de su hogar, secuestrada y prostituida; durante el tiempo de aislamiento obligado fue madre. Ella logra escapar y llega a pedir ayuda legal con tres menores de edad, no sabe reconocer cuál es el suyo, sus abusadores y proxenetas, no les permiten el reconocimiento de la maternidad como un elemento adicional para retenerlas.

Como el caso anterior, muchos otros se van resolviendo con el apoyo de 208 horas de práctica profesional que realiza cada estudiante de la Facultad, tiempo con el cual se atienden los 10 Consultorios Jurídicos que opera la Universidad de Costa Rica.

Estos espacios ofrecen servicios legales sin costo a población en condición de vulnerabilidad, se trata de un programa que existe desde finales de los años 60 y que ha acompañado desde entonces el proceso educativo de los profesionales en Derecho, marcándolos con el sello de una formación humanista.

La directora de Consultorios Jurídicos, María José Campos García, comenta que en la mayoría las consultas recibidas atienden temas de familia o filiación (derechos de visita, guarda y crianza de hijos), divorcios, separación judicial reconocimiento de unión de hecho, procesos civiles como desahucios, procesos sucesorios y derechos patrimoniales por citar algunos.

María José Campos García, directora de Consultorios Jurídicos, Facultad de Derechos, Universidad de Costa Rica. Foto: Karla Richmond.

Los usuarios deben considerar que el servicio no atienden temas de derecho penal, tránsito, contenciosos administrativos, ni adopciones, tampoco se ven procesos de insolvencia.

Los Consultorios Jurídicos son una práctica profesional obligatoria para los más de 2000 estudiantes de la Facultad de Derecho, cada uno deberá permanecer un año atendiendo por un total de 208 horas la atención de los mismos.

 Se trata de una experiencia que marcará el desempeño profesional de cada nuevo profesional en Derecho con un sello de sensibilidad y humanización en el ejercicio de la disciplina. Sin embargo, esta práctica de momento se limita mucho a los temas consultados que en un 80% son del ámbito del derecho de familia.

“Los Consultorios Jurídicos ofrecen un servicio de calidad, sensible y humanizado”.

Directora de Consultorios Jurídicos, María José Campos García

Consultorios Jurídicos en sede Regional de Occidente, 1993.

Por esa razón, en este 2019 se explora la posibilidad de abrir nuevas oportunidades para la práctica profesional en otras ramas del derecho.

Así operan los Consultorios Jurídicos

Los Consultores Jurídicos de la Universidad de Costa Rica, trabajan amparados en una Ley de consultorios Nº 4775 del 21 junio de 1971, y sus posteriores reformas.

Aunque en la tarea del Estado de ofrecer justicia pronta y cumplida, los consultorios son un actor secundario, estos sí gozan de la calidad técnica necesaria para poder llevar y cerrar procesos, aportando una colaboración significativa al Estado y sobre todo a los usuarios.

En la actualidad trabajan en ello, un total de 150 estudiantes avanzados de la carrera de Derecho, divididos en grupos de entre 8 y 16, docentes y 10 abogados, que se encargan de asumir la representación legal o el patrocinio letrado de cada usuario que pida el servicio.

Cada grupo de estudiantes estará vinculado a la atención de Consultorios Jurídicos durante un año completo, un proceso que se validará como su práctica profesional y en el cual además de atender a los usuarios, deberán cumplir horas de teoría, de audiencia y evaluaciones.

En la actualidad la Facultad de Derecho mantiene una población activa de 2.131 estudiantes, todos ellos en algún momento tendrán el contacto con la realidad de los Consultorios Jurídicos.

Información para el usuario

En la actualidad la UCR opera en total 10 Consultorios Jurídicos, los cuales atienden únicamente de forma presencial. La ubicación y los horarios de atención de cada uno de los consultorios la puede consultar en el siguiente: CONSULTE: Ubicación y horarios de Consultorios Jurídicos

El Consultorio Jurídico dirigido a servir a Personas Adultas Mayores sí ofrece servicio de atención vía telefónica a través de las líneas: 2511-1576 y 2511-1577

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR, Voz experta: En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

  • La Facultad de Derecho y el Conapam reflexionan sobre la justiciabilidad de los derechos humanos de las personas adultas mayores a partir de los resultados generados por el Consultorio Jurídico de la Persona Adulta Mayor

12/07/2016, Actividades deportivas del PIAM,
Clase de aeróbicos del Programa Institucional de la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM-UCR), 2016. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.

Desde el año 2011, al aprobarse la Resolución A/RES/66/127 por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Estados miembros han designado el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

Tal reconocimiento exhorta a los gobiernos a operacionalizar la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, suscrita en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en abril del 2002.

Esta Declaración y Plan de Acción plantean un cambio de paradigma respecto a cómo se percibe el envejecimiento en pleno siglo XXI, especialmente, respecto a los aspectos vinculados con: el desarrollo, la promoción de la salud y el bienestar, y la generación de entornos emancipadores y adecuados para esta población.

En los ámbitos recién mencionados, como eje transversal encontramos el necesario acceso a la justicia de las personas adultas mayores, reflexión que ya había sido abordada en el 2008 a través de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, promulgadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana.

Este acceso a la justicia puede ser entendido, desde la perspectiva de Cárcova (2004), como la respuesta emancipadora a “la falta de instrucción elemental, tanto como la marginalidad, es el resultado de la aplicación de ciertas políticas; porque el saber jurídico monopolizado en pocas manos significa reparto del poder y eso es producto de decisiones políticas; porque el despliegue del derecho como discurso ideológico, que promete lo que en la práctica niega, es recurso de hegemonía y eso es decisión política”. (pp. 15-16)

Así, garantizar el acceso a la justicia implica, en un primer nivel, brindar la información legal oportuna y adecuada a la población beneficiaria. Esto conlleva una nueva distribución del poder monopolizado por los Estados, sus representantes y los operadores jurídicos que participan en la toma de decisiones sobre los derechos, intereses y necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad, en el caso particular, los adultos mayores.

En un segundo momento, la accesibilidad remite a generar una igualdad plena de derechos, cumpliéndose así con el derecho humano de igualdad de todas las personas. Siguiendo a Hopenhayn y Gutiérrez (2008), determinar si existe o no discriminación respecto a poblaciones específicas en una sociedad resulta posible mediante la operacionalización de la igualdad a partir de las variables del reconocimiento 1 y el reparto 2 como dimensiones principales, a ser constatadas empíricamente, en cuanto al acceso, goce y disfrute de los derechos humanos.

A partir del grado de incidencia de estas dos dimensiones en las dinámicas sociales donde interactúan las personas adultas mayores es que podría determinarse si hay o no desigualdad a la hora del ejercicio y justiciabilidad de sus derechos, donde quedarían visibilizadas las prácticas y dinámicas sociales estructuralmente discriminatorias dirigidas hacia esta población.

Estas situaciones, en un inicio pueden ser rastreadas a partir del grado de incidencia del reparto y reconocimiento de derechos en términos de igualdad, pero son verificables a través de la inversión del gasto público, la elaboración de políticas públicas y la reglamentación de las normas que regulan los derechos específicos, esto para detectar la inclusión o discriminación de un grupo o población específica de la sociedad.

Esta reflexión es relevante, puesto que el Área de Acción Social de la Facultad de Derecho, a partir de su alianza estratégica con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), ha pretendido generar una incidencia positiva en la justiciabilidad de los derechos de las personas adultas mayores a través de dos estrategias, a saber: a) mediante la creación de un Consultorio Jurídico especializado; y b) inaugurando, el día hoy, el Observatorio sobre Acceso a la Justicia de las Personas Adultas Mayores.

Finalmente, ambas iniciativas responden al desafío que presenta una implementación realista de los cuerpos normativos acá mencionados, y que remiten a la necesidad de repensar la participación activa de las personas adultas mayores en la sociedad actual, desde una perspectiva humanista y respetuosa de la dignidad humana, aspectos con los que se encuentran comprometidos los miembros del equipo de trabajo del proyecto acá referido.

1 El reconocimiento “se refiere a la visibilidad que obtienen los diversos agentes sociales. Es una noción que tiene una dimensión política: habla de que todos seamos reconocidos como ciudadanos, visibles y visibilizados en la deliberación pública, en la política, en los espacios públicos. […] significa que la sociedad permite, y se permite a sí misma, la existencia de diversas perspectivas y formas de creación y reproducción culturales, sin sofocar ni erosionar estas expresiones con sus mecanismos de homogenización. Se reconoce que existen y coexisten puntos de vista y perspectivas muy distintas, que todas ellas forman parte de la organización social y que encuentran en ella un espacio de expresión y desarrollo sin dañar ni estructura y organización del grupo social ni su identidad global”. (Hopenhayn y Gutiérrez, 2008, pp. 43-44)

2 Se entenderá como reparto el “[…] acceso a los servicios y activos que caracterizan el producto y el grado de desarrollo en que se encuentra una sociedad específica. Estos servicios pueden ser bienes públicos como educación, salud o alimentación. Los activos se relacionan con el acceso, como el acceso a la educación, a los recursos financieros, a la capacitación o a la cultura. […] acceso a todo aquello que hace posible mejorar no solo las trayectorias laborales, sino también las trayectorias como personas y seres humanos”. (Hopenhayn y Gutiérrez, 2008, p. 43)

 

Marcela Moreno Buján

Directora del Área de Acción Social, Facultad de Derecho

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR ofrece Consultorios Jurídicos gratuitos para personas de escasos recursos

Pablo Mora Vargas

Periodista, Rectoría

UCR ofrece Consultorios Jurídicos gratuitos para personas de escasos recursos
En los primeros 10 meses del año pasado, los Consultorios Jurídicos atendieron 4597 casos de personas con vulnerabilidad económica. (foto con fines ilustrativos).

Aquellas personas que perciben ingresos económicos bajos y que no cuentan con los recursos para pagar un abogado que resuelva temáticas como conflictos familiares, laborales, administrativos, civiles, de herencias y otros, tienen la opción de solicitar el servicio de los Consultorios Jurídicos, que pone a su disposición la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) tras un estudio detallado de su condición de vulnerabilidad.

Los casos que llegan a estos consultorios son atendidos por estudiantes de Derecho, quienes a manera de práctica brindan la consulta jurídica como parte de su programa de estudios en el segundo semestre de cuarto año. Ellos son asesorados por 16 abogados profesionales.

Cada estudiante debe asistir a los consultorios jurídicos de la UCR cuatro horas por semana, hasta completar las 208 horas que exige el programa de estudios. Los centros de atención están ubicados en la Facultad de Derecho, en el I y II Circuito Judicial, Desamparados, Pavas, Defensoría de los Habitantes, Instituto Nacional de las Mujeres, Heredia y la Sede de Occidente (San Ramón). Los horarios varían, dependiendo del lugar de atención.

Los estudiantes que acuden a los consultorios deben incluso trabajar en su casa, de forma que puedan elaborar escritos propios de los casos. Al llegar a la Facultad de Derecho, revisan las notificaciones y atienden a las personas.

De enero a octubre de 2015, los Consultorios Jurídicos analizaron 3037 casos activos, 690 quedaron archivados y 870 fueron concluidos, para un total de 4597 casos. Este es un número considerable de procesos que no podrían ser asumidos económicamente por la Corte Suprema de Justicia debido a su alto costo, de ahí la importancia que tiene esta iniciativa de la UCR para la sociedad.

Para conocer si los solicitantes de los Consultorios Jurídicos cumplen con los requisitos de atención, uno de los abogados y un estudiante revisan los documentos que el interesado debe traer: la orden patronal o de desempleo, residencia, propiedades inmuebles, certificaciones de vehículos y otros. Una vez presentado el expediente, se analiza la necesidad de la persona y se la anuncia el resultado de la valoración.

La Facultad de Derecho de la UCR forma parte de la Comisión para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, donde hay representación de jerarcas de todas las instituciones del Estado que tienen relación con el derecho: Contraloría, Procuraduría, Defensoría de los Habitantes, Colegio de Abogados, el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea Legislativa y la Facultad de Derecho de la UCR. Esta es presidida por el magistrado Román Solís.

Según explica la directora de Acción Social de la Facultad de Derecho, Prof. Olga Marta Mena, “esta comisión diseña estrategias para el mejoramiento de la administración y el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Las alianzas que tenemos con otros organismos son muy importantes porque colaboramos con las necesidades de la Corte, ya que ellos no pueden atender de forma gratuita esta población. Ellos nos ayudan económicamente para que nosotros lo hagamos”.

El apoyo que brinda la Corte Suprema de Justicia a los Consultorios Jurídicos incluye la autorización a los estudiantes de Derecho para asistir a las audiencias para representar a sus usuarios. “Es por ello que los alumnos universitarios tienen una preparación especial, pues una vez en los tribunales, ellos son quienes deben exponer los casos”, señaló la Prof. Mena.

Otro servicio ligado a los Consultorios Jurídicos es la Casa de la Justicia, creada desde 2007, producto de un convenio de la Facultad de Derecho con el Ministerio de Justicia. Está ubicada en el primer piso de Derecho y es administrada por abogados – mediadores, pero siempre bajo la tutela del Ministerio de Justicia.

En este sistema, las partes enfrentadas resuelven conflictos como disputas vecinales, de arrendamiento, divorcios, laborales y otros. El abogado y cada lado intentan consensuar un acuerdo hasta llegar a un punto que las deje satisfechas. El caso solo se archiva si uno de las partes (o ambas) abandona el proceso. Una vez alcanzado un acuerdo, el único paso pendiente es la homologación del juez para declarar resuelto el diferendo. Actualmente hay 375 casos en esa instancia.

 

Información enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, periodista Oficina de Divulgación e Información UCR.

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