Ir al contenido principal

Etiqueta: contaminación del aire

Pronunciamiento de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias sobre el caos en el transporte y su impacto en la salud y la calidad de vida

Un serio problema que demanda atención urgente

Costa Rica vive un auténtico caos en el transporte. De acuerdo a índices internacionales, San José ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a peores condiciones de tránsito y de movilidad en general. Esta situación tiene múltiples aristas y causas que la hacen particularmente compleja. En el centro de esta crisis está una acentuada falta de planificación, aparejada del incremento acelerado en la flota vehicular privada y el debilitamiento sistemático del transporte público durante las últimas décadas. El número de operarios de autobuses disminuyó en un 24% y el número de personas usuarias de autobús se redujo en un 42% desde el año 2018.

Ello va de la mano de una deficiente infraestructura vial, con proyectos atrasados, de alto costo y con frecuencia insuficientes. A lo anterior se agrega un desarrollo inmobiliario descoordinado y sin planificación, lo cual se refleja en que 40 cantones no cuentan con planes reguladores y, entre los que sí poseen, muchos son parciales o están desactualizados. Los procesos de urbanización con frecuencia no toman en cuenta el tema del transporte y hay una enorme deficiencia en la sectorialización del transporte público. Todo ello nos ha llevado a la crítica situación actual.

Resulta paradójico que el país cuenta, desde 1976, con una gran cantidad de estudios técnicos que señalan claramente estas deficiencias y proponen formas de enfrentarlas; igualmente hay legislación en el tema, la cual a menudo se incumple. Con frecuencia intereses sectoriales prevalecen sobre el interés público y el país se ha quedado rezagado en la implementación de soluciones.

Impactos en la salud pública

El caos en el transporte tiene múltiples impactos negativos en la vida del país. En el ámbito de la salud, los accidentes de tránsito y las muertes derivadas de ellos representan un serio problema. El año pasado, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) reportó 44.000 personas atendidas en sus servicios por accidentes de tránsito, los cuales ocurren mayormente en la temporada seca. Estos accidentes se relacionan a menudo con conducción temeraria y exceso de velocidad. Esta problemática afecta principalmente a personas jóvenes entre 20 y 29 años, especialmente a peatones, ciclistas y motociclistas, con un predominio de los varones (72 % de los casos en 2025); ello conlleva un alto impacto en la fuerza laboral del país. En términos de número de casos atendidos en la CCSS en el período 2019-2025, los accidentes de tránsito ocupan la posición decimoquinta, mientras que en términos de mortalidad se ubican en el sexto lugar, lo que refleja la gravedad de estos eventos. Además, estos accidentes tienen un efecto significativo en los costos institucionales de atención y rehabilitación.

Más allá de la afectación física, el caos vial impacta en la salud mental, al causar estrés, irritación y fatiga, constituyendo un estresor crónico que golpea la calidad de vida de la población. La salud también se ve afectada por los congestionamientos, al dificultarse el traslado de personas a los centros de salud. Por otra parte, las emisiones de gases de la creciente flota vehicular representan la principal causa de contaminación del aire en el país, lo cual también tiene un efecto en la salud de la población al favorecer enfermedades respiratorias y crónicas diversas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y la del aire doméstico se asocian a 6,7 millones de muertes prematuras cada año en el mundo.

Esta problemática tiene un impacto asimétrico en diversos sectores de la población, afectando a personas en situación de discapacidad, mujeres y personas adultas mayores, dadas las deficiencias en accesibilidad y servicios del transporte público. Por otra parte, el efecto en salud mental y tiempo perdido por personas trabajadoras en las presas viales tiene serias consecuencias en la economía del país. Se estima que en la gran área metropolitana el tiempo perdido por congestionamiento vial le cuesta a las personas trabajadoras cerca de un 4.3% del producto interno bruto.

El camino hacia las soluciones

La seriedad y magnitud del problema demanda acciones claras y decididas por parte de autoridades de gobierno y municipales, con la participación activa de la ciudadanía. En el núcleo de las soluciones está la modernización del transporte público, el cual debe concebirse como un servicio esencial que, en parte, debe ser subsidiado por el Estado, como ocurre en muchos países. Se deben rescatar planes y análisis técnicos efectuados a lo largo de décadas y actualizarlos, siempre favoreciendo el bien común sobre los intereses sectoriales. Deben darse paralelamente transformaciones en los procesos de mejoramiento de la infraestructura vial, superando las crónicas deficiencias en este ámbito.

Se requiere trabajar en planes serios de sectorialización del transporte público, así como en una adecuada planificación del desarrollo urbano, el cual incluya implementación y actualización de planes de ordenamiento territorial por parte de las municipalidades. Es necesario hacer acopio de conocimiento científico-tecnológico existente en las universidades y otras instituciones del país para monitorear el tema del congestionamiento vial, la contaminación del aire y los accidentes de tránsito, de manera que se generen medidas de prevención e intervenciones adaptadas a los diferentes contextos territoriales del país. Es indispensable también hacer valer la legislación existente en los derechos de las personas, incluyendo aquellas que tienen alguna discapacidad, de contar con sistemas de transporte público que respeten sus necesidades.

La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias hace un vehemente llamado de atención a las autoridades y a la sociedad para que se atienda de forma decidida este serio problema. Muchas de las soluciones al mismo ya se conocen. Pero se requiere voluntad política y una amplia participación ciudadana, incluyendo a la comunidad científico-tecnológica, para tomar decisiones claras y efectivas que redunden en una transformación sustantiva de nuestro sistema de transporte, en beneficio de la calidad de vida de la población y del ambiente, un sistema que sea público, interconectado, limpio, eficiente y seguro.

*Este pronunciamiento fue elaborado por José María Gutiérrez Gutiérrez, Rolando Herrero Acosta, María L. Ávila-Agüero, Henriette Raventós Vorst, Berendina (Berna) van Wendel de Joode, Catharina Wesseling y Edgardo Moreno Robles, integrantes de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias. El texto tiene como base los análisis presentados en el foro organizado por esta comisión titulado “El caos en el transporte y su impacto en la salud pública”, celebrado el 22 de abril del 2026 con la participación como panelistas de Leonardo Castro, Roy Wong, José Rojas, Leonardo Merino y Nicole Mesén.

El video de este foro se puede ver en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=gpQlyTm6Dbw

La piña deja huellas amargas en Costa Rica

Comunicado

  • Los impactos ambientales y laborales de las piñeras no se pueden ocultar
  • Es urgente la intervención del gobierno para obligar al cumplimiento de la legislación nacional e internacional

 

Las comunidades que alojan plantaciones piñeras en Costa Rica, muchas en las zonas más pobres del país, conviven diariamente con riesgos de contaminación del agua y aire, pérdida de bosques y biodiversidad, erosión y cambios en el uso del suelo, y graves afectaciones a la salud de la población y a la producción ganadera por la plaga de la mosca Stomoxys calcitrans.

Los trabajadores de las plantaciones piñeras tienen suerte cuando les pagan el salario mínimo por jornadas extenuantes bajo el sol y por arriesgar su salud al exponerse a agroquímicos reconocidos como altamente tóxicos. Cuando tratan de organizarse en sindicatos para defender sus derechos, son perseguidos y corren el riesgo de perder sus inestables empleos.

Esas realidades han salido a la luz en la prensa nacional recientemente, a raíz de la investigación que realizó Oxfam Alemania en nuestro país en el marco de su campaña “Hacer la fruta justa”. En su última visita en octubre, esa organización internacional denunció que la situación en Costa Rica no ha mejorado desde su primera visita en 2008, al contrario la expansión del cultivo de piña ha llevado sus impactos a más comunidades costarricenses.

Sin embargo CANAPEP, la CNAA y COMEX dicen que estas denuncias son falsas. No quieren reconocer la responsabilidad de la producción piñera en la contaminación de acuíferos en Siquirres (Cairo, Milano y La Francia), que hace años limita el derecho humano de acceso al agua potable de miles de familias. Tampoco en la contaminación del acuífero de Veracruz en Pital, San Carlos, donde este año se encontraron en el agua rastros de bromacil, un herbicida altamente tóxico utilizado en las fincas piñeras que rodean el acuífero. No quieren reconocer las malas condiciones laborales que sufren los trabajadores de las piñeras, ni la persecución sindical que enfrentan cuando se organizan de forma independiente para defender sus derechos.

El sector piñero se niega a reconocer lo que viven a diario las comunidades cercanas a sus fincas y los trabajadores que sostienen su producción. Le quitan importancia a la preocupación que llevó al Consejo Municipal de Los Chiles a decretar una moratoria a la expansión del cultivo de piña, que sin embargo fue contradecida por la Sala IV. Si un gobierno local no puede ejercer sus potestades para organizar el territorio y garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a su población, ¿quién nos ampara?

Por lo tanto:

  1. Celebramos la visita de Oxfam Alemania a Costa Rica, porque nos ayuda a llamar la atención sobre esas realidades que enfrentamos todos los días, y que no deberían preocupar a las autoridades nacionales solamente cuando trascienden las fronteras.
  2. Rechazamos las declaraciones irresponsables del Ministro de Comercio Exterior, que prefiere defender los poderosos intereses económicos de compañías inescrupulosas antes que el interés nacional y los derechos humanos de las comunidades afectadas, tal como lo hiciera también Oscar Arias con la minería en Crucitas.
  3. Exigimos el respeto a la legislación nacional e internacional en temas laborales y ambientales, especialmente el reconocimiento en las fincas piñeras de la libertad sindical, que es el mejor mecanismo para que los trabajadores puedan defender sus derechos y denunciar las irregularidades sin temor a persecución o despidos.
  4. Seguiremos denunciando estas situaciones en alianza con los movimientos de consumidores y consumidoras conscientes, que quieren conocer las condiciones en que se produce la piña en Costa Rica y que están dispuestos a usar su poder de compra para mejorar esas condiciones.

 

Acueducto de Milano, Siquirres

Alianza de Redes Ambientales, ARA

Alianza Nacional en Defensa del Agua, ANDA

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente, ARCA

Bloque Verde

Campaña Piña sin Derechos

Coeco-Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica

Comité de Ganaderos de Los Chiles

Federación Ecologista Costarricense, FECON

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña, FRENASAPP

Fundación Bandera Ecológica

Fundación Neotrópica

Red Centromericana de Acción del Agua, FANCA

Unión de Asociaciones para el Desarrollo Sostenible de Upala, UNADESU

Unión Nacional de Trabajadores/as, UNT

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por ARCA.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/