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Etiqueta: Contraloría

Defensoría formula batería de inquietudes al ICE y a ARESEP sobre cortes

La Defensoría de los Habitantes formuló al ICE y a la Aresep una serie de preguntas relacionadas con los cortes de energía eléctrica en el país.

En el caso del ICE se presentó un total de 17 inquietudes, en las que destacan las medidas tomadas -aparte de los anunciados cortes de la energía- para incrementar la capacidad de generación de electricidad en el corto plazo sobre todo ante el escenario del fenómeno El Niño. los procesos de contratación que se detuvieron en su oportunidad, y los canales que habilitará para atender las previsibles quejas, consultas o requerimientos de información por parte de la población, entre otros asuntos.

En el caso de la Aresep, se hicieron 9 consultas relacionadas al seguimiento que dará la Intendencia de Energía a las acciones del ICE y las demás empresas distribuidoras ejecuten cuando se inicien los racionamientos, así como si la Autoridad Reguladora, en el ejercicio de sus competencias, instruyó acciones preventivas que ICE pudiera o no incumplido, entre otras inquietudes.

Compartimos ambas gestiones elevadas por la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, a Roberto Quirós Balma, gerente de Electricidad del ICE y, a Mario Alberto Mora Quirós, intendente de Energía.

Preguntas para el ICE:

  1. De acuerdo con el plan de expansión de la generación eléctrica 2022-2040; qué medidas está tomando el ICE, que no impliquen recortes de energía eléctrica, para incrementar la capacidad de generación de electricidad en el corto plazo (máximo 6 meses) sobre todo ante el escenario del “fenómeno del niño”.
  2. De acuerdo con las proyecciones de demanda que se encuentran en el documento “plan de expansión de la generación eléctrica 2022-2040”; qué factores extraordinarios (no afectadas por el fenómeno del niño) explican que estas proyecciones no se ajusten a la realidad ya que, de acuerdo con el escenario alto se estimaron 12532 GWh de energía y 1882 GWh de potencia.
  3. Cómo está conformada la capacidad instalada del Sistema Eléctrico al 30 de abril del 2024 según plantas: hidroeléctricas, térmicas, geotérmicas, eólicas,  biomasa y solar. Adicionalmente, cómo se encuentra dividida esta capacidad por operador, sea público o privado.
  4. De acuerdo con información del periódico La Nación del 9 de mayo; por qué el ICE detuvo los dos procesos de contratación, proceso 04-2023 para contratar generación solar y el 05-2023 para contratar producción eólica, y los retoma en marzo del 2024; yendo en contraposición de lo señalado en su plan de expansión.
  5. Dentro de la misma noticia mencionada en el punto anterior se indica que: que generar un kilovatio-hora (kWh) le cuesta al ICE, en promedio, un monto equivalente a $0,09, mientras que la electricidad importada el pasado 6 de mayo (117.000 kWh del Mercado Eléctrico Regional) la adquirió a un precio promedio de $0,41 cada uno (4,5 veces más de sus propios costos de generación); y la importada el martes 7 de mayo (92.000 kWh) a un costo unitario de $0,34 (3,7 veces que sus costos de generación); a partir de lo anterior, al momento de establecer las proyecciones de inversiones, de acuerdo con el plan de expansión, las mismas se realizan bajo el supuesto de autarquía o en función del MER?. Se le solicita incluir en su respuesta todos los detalles de análisis económico tomados en cuenta.
  6. Cuál es el peso de las inversiones vinculadas con la generación eléctrica, por fuente, dentro de la estructura tarifaria.
  7. Del 100% de la energía eléctrica generada, cuánto es a partir de combustibles fósiles. Indicar por planta en absolutos y relativos. Adicionalmente, para evitar los racionamientos de electricidad, cuánto se debería generar mediante combustibles fósiles, cuál sería el impacto en la tarifa y se cuenta con la capacidad instalada para ello.
  8. De acuerdo con el principio precautorio o de evitación prudente, referirse a las acciones que se están realizando para garantizar que la población no se vea afectada más allá de lo estrictamente necesario.
  9. Remitir copia del protocolo que se activa en este tipo de situaciones.
  10. Informar sobre los detalles operativos y los criterios que se utilizarán para establecer las zonas y los horarios en los que se ejecutarán los racionamientos.
  11. Indicar que zonas son las que más se van a ver afectadas y si se prevé que alguna zona no vaya a tener racionamiento y los motivos de ello.
  12. ¿Con qué antelación se informará a las y los abonados sobre la suspensión y restablecimiento del servicio? 
  13. Informar sobre los medios que pondrá a disposición de las y los abonados, para comunicar con suficiente antelación la suspensión del servicio.
  14. Informar sobre los canales extraordinarios que habilitará para atender las previsibles quejas, consultas o requerimientos de información por parte de las y los abonados, titulares de derechos ante ese Instituto.
  15. ¿Se prevé ofrecer una compensación económica a las y los consumidores, vía tarifaria o de otra índole, como consecuencia de la interrupción del servicio y consecuente afectación en sus actividades y necesidades?
  16. ¿Qué disposiciones adoptó el ICE ante el presunto incumplimiento contractual de algunos proveedores de plantas térmicas y generadores de electricidad con diésel, que incide en la insuficiencia eléctrica anunciada?
  17. ¿Qué medidas ha instruido para corregir las fallidas estimaciones de demanda eléctrica en los últimos años por parte de ese Instituto?

Preguntas para ARESEP:

  1. ¿Cuáles son los motivos que fundamentaron el anuncio de posibles racionamientos en la energía eléctrica?
  2. ¿Cuál es la responsabilidad del ICE como principal generador del país y cuáles son las responsabilidades de las empresas distribuidoras en relación con los abonados y la ejecución de los racionamientos?
  3. ¿Qué disposiciones regulan la obligación de brindar información oportuna, precisa y comprensible a los abonados afectados por los racionamientos y en particular a adultos mayores, personas con discapacidad, personas oxígeno dependientes entre otros y por qué medios se comunicarán los horarios de suspensión del servicio?
  4. En su condición de ente regulador y fiscalizador de la prestación óptima del servicio, ¿qué requerimientos mínimos considerará para evaluar la comunicación que brinde el operador a las y los usuarios, sobre la suspensión del servicio, y en qué criterios o normas fundamentará esa valoración?
  5. ¿Qué seguimiento dará la intendencia a las acciones del ICE y las demás empresas distribuidoras ejecuten cuando se inicien los racionamientos?
  6. Considerando que el racionamiento eléctrico anunciado incidirá en la calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio, ¿qué ajustes en precios y tarifas prevé exigir esa Autoridad Reguladora como compensación a las y los usuarios afectados?
  7. Considerando las responsabilidades de ARESEP en cuanto a velar por la calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio eléctrico en las etapas de generación, trasmisión, distribución y comercialización, ¿qué acciones instruyó al ICE para anticipar el inminente racionamiento que ahora se anuncia?
  8. Si esa Autoridad Reguladora, en el ejercicio de sus competencias, instruyó acciones preventivas que el ICE incumplió, ¿qué acciones correctivas ha instruido al respecto?
  9. ¿Qué disposiciones ha girado o prevé girar esa Autoridad Reguladora para anticipar el racionamiento futuro del servicio eléctrico?

SURCOS comparte los dos PDF con las preguntas.

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Contraloría confirma autonomía de la CCSS, legalidad de reajuste salarial y que regla fiscal no aplica

SURCOS comparte la siguiente información:

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) deberá aplicar el reajuste salarial a los empleados de la institución, a partir de diciembre, debido a que no existe fundamento jurídico para no hacerlo. 

Ha sido una constante lucha para que se realice el pago justo salarial que corresponde a los funcionarios de la CCSS, por ende, Lenín Hernández Navas, Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE AFINES) indica “nos sentimos muy satisfechos por el criterio emitido por la Contraloría General de la República, porque reafirma la autonomía que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social y reafirma también la posición de esta organización sindical a lo largo de este proceso. Este aumento salarial es legal, justo y proporcional”. 

“Lo que sí se siente por parte de los 62 mil trabajadores y trabajadoras de la Caja es un gran malestar en contra de doña Marta Esquivel por utilizar tácticas giratoria para no ejecutar y honrar la deuda de las y los trabajadores de la Caja, aunado a ello pretendió someter a la institución a la regla fiscal prácticamente colocando en riesgo la prestación de los servicios a favor de la ciudadanía”.

Rectoría UCR pone a disposición del público documentos sobre el Caso CIL

Miembros del Consejo Universitario explican su voto

Pronunciamiento de la Contraloría Universitaria, de la Oficina Jurídica y acuerdos del Consejo Universitario

 

Pablo Mora Vargas, Periodista de Rectoría

henning jensen
En los documentos adjuntos a esta nota puede encontrar el descargo que hace el rector Henning Jensen sobre la autorización que dio para el nombramiento de su hija (foto Karla Richmond).

En aras de la transparencia, la Rectoría de la Universidad de Costa Rica decidió el martes 16 de agosto publicar en la sección de Documentos de su sitio web todos los archivos relacionados con el Caso CIL, en el que se cuestionó la actuación del rector, Dr. Henning Jensen Pennington, por haber autorizado el presupuesto para el nombramiento interino de su hija, Elena Jensen Villalobos, como psicóloga del Centro Infantil Laboratorio (CIL), el cual sirve de guardería para los hijos e hijas de los funcionarios universitarios.

La Rectoría puso a disposición del público el pronunciamiento tras la investigación realizada por la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU), el descargo hecho por el señor rector ante la OCU, el acuerdo del Consejo Universitario (CU), así como varias referencias a consultas hechas por la Rectoría y el CU a la Oficina Jurídica (OJ).

La administración espera que, con esta decisión, la opinión pública valore este tema desde una perspectiva más integral.

Para consultar los documentos puede utilizar este enlace.

Además cinco miembros del Consejo Universitario que votaron a favor del acuerdo tomado por este organo el viernes 12 de agosto explicaron en un documento dado a conocer este jueves 18 de agosto a la comunidad universitaria las razones por las cuales decidieron aprobar la moción.

En este enlace puede ver los razonamientos de Eliécer Ureña Prado, José Francisco Aguilar Pereira, Marlen Vargas Gutiérrez, Yamileth Angulo Ugalde y Jorge Murillo Medrano.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Contraloría Universitaria descarta mal uso de recursos públicos en Escuela de Geología

Recursos se invirtieron en compra de equipos, vehículos y remodelaciones para actividades de apoyo científico a la gestión del riesgo.

Contraloría Universitaria descarta mal uso de recursos públicos en Escuela de Geología2
Según el informe de la Contraloría Universitaria, los fondos recibidos por la UCR de la Ley de Emergencias se utilizaron en la adquisición de equipos, remodelaciones y compra de vehículos para actividades relacionadas con la prevención de riesgos y atención de emergencias (foto ilustrativa archivo ODI).

No ha habido corrupción, malversación de fondos públicos o utilización de estos para beneficio personal en la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR), según un informe especial de auditoría de la Contraloría Universitaria.

Esta instancia investigó 15 denuncias contra el M.Sc. Rolando Mora Chinchilla, director de dicha Escuela, a quien se le acusaba de haber dado un uso distinto a los dineros asignados por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

Las presuntas irregularidades del académico consistían en la compra de equipo de laboratorio, vehículos, remodelaciones y uso de los activos para la venta de servicios, con los fondos destinados al equipamiento y fortalecimiento de la Red Sismológica Nacional (RSN).

En su informe, el ente contralor destaca que la RSN funciona mediante un convenio de cooperación técnica y científica entre la UCR y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), suscrito en 1982 y ratificado en el 2014. En esta interacción también participa la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), como entidad rectora en esta materia. Las tres instituciones comparten recursos humanos, técnicos y financieros, y por esta razón, no hay una separación tajante de los recursos destinados a ese fin.

Por otro lado, aclara que la RSN no es una entidad jurídica, sino un programa de apoyo científico en materia sismológica y vulcanológica de la Escuela de Geología y, por lo tanto, no puede tener bienes a su nombre. Por esa razón, los bienes que se adquieren pasan a formar parte de los activos de esa Escuela.

A la fecha, la UCR ha recibido para la RSN un total de ¢2 543,40 millones del fondo transitorio asignado por ley. La Contraloría constató que con estos recursos se adquirieron equipos para los laboratorios de Geofísica y de Petrografía, los cuales no solo sirven para fortalecer las actividades propias de la RSN, sino también para su uso en labores propias de los laboratorios especializados de la Escuela de Geología.

Asimismo, se realizaron remodelaciones en el edificio que alberga a la Escuela Centroamericana de Geología, sede oficial y centro de operaciones de la RSN, con el objetivo de optimizar la utilización del espacio, la funcionalidad, seguridad y el aislamiento acústico.

Según la Contraloría, las denuncias eran anónimas, de carácter repetitivo y fueron enviadas desde una cuenta de correo electrónico desconocida, excepto una de ellas presentada ante la rectoría de la UCR por el diputado Mario Redondo Poveda, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, quien recibió en su despacho una denuncia de forma anónima. Las pruebas tuvieron que ser recabadas por los auditores, debido a que la información aportada por las denuncias era insuficiente y, en algunos casos, incorrecta.

Desde marzo pasado, esta entidad solicitó por escrito al director de la Escuela de Geología que se abstuviera de brindar información sobre este caso en estudio, a fin de respetar el principio constitucional de inocencia de las personas relacionadas y en cumplimiento de la normativa vigente.

M.Sc. Rolando Mora Chinchilla

Teléfonos: 2511-8138 / 2511-8128

*Imagen con fines ilustrativos.

 

Enviado a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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Los cánones que se le pagan a ARESEP y su rendición de cuentas

Boletín # 23 del 18 de noviembre 2015

Comunicado a todas y todos nuestros afiliados y pueblo costarricense en general

 

En los últimos años hemos venido percibiendo como entes creados con la finalidad de establecer tarifas, ejercer mecanismos de control y tratar de eliminar los problemas de corrupción que se han estado carcomiendo nuestro país, se han convertido en una especie de gobierno paralelo que ninguno de nosotros los costarricenses elegimos en las urnas.

Es así como la ARESEP, SUTEL, Concesiones, COSEVI, CONAVI, la Contraloría, la autoridad presupuestaria y otros, están liderando la embestida contra las instituciones que están bajo su regulación e intentan incluso impedir al propio Poder Ejecutivo o Asamblea Legislativa (electos por voluntad popular para gobernar) cualquier posibilidad de gobernar y de tomar decisiones que le permitan fortalecer la democracia, buscar el equilibrio necesario entre el bien común y el los intereses de las empresas privadas el funcionamiento de la institucionalidad.

No estamos en contra de que existan mecanismos de regulación, por el contrario, aplaudimos esta posibilidad, pero lo que no podemos entender, ni aceptar, es que estas instituciones trasciendan sus potestades y amarren cualquier posibilidad de alcanzar acuerdos en un país donde siempre hemos puesto el diálogo, la negociación y el respeto a los derechos humanos como garantía de la paz social y la convivencia democrática de nuestro pueblo.

Estos entes le piden cuentas a todo el mundo, pero ¿quién se las pide a ellos?, solo como ejemplo resaltamos el caso de la ARESEP, que está recaudando solo en el 2015 casi 12 mil millones de colones. Donde JAPDEVA tuvo que pagar 238 millones, sin recibir absolutamente nada a cambio, RECOPE les pago 2.547 millones, el ICE 1.380 millones, el AYA 1.814 millones, los autobuseros 2.159 millones, taxis 1.267 millones y otro montón de millones de otros entes. Entendemos que tienen 200 empleados y solo realizan servicios como estudios tarifarios y regulaciones.

Consideramos que todas y todos los costarricenses merecemos conocer ¿en que se gastan esos millones?, ¿cómo se distribuyen los salarios de sus empleados?, ¿de qué beneficios disfrutan?, igual como lo han hecho con todos los demás. Pero más importante aún es conocer ¿a qué intereses obedecen? y ¿si tienen la potestad legal de emitir resoluciones que estén por encima de la Constitución Política, los Tribunales, de la existencia misma de las Instituciones y los derechos de los Trabajadores?, ¿Será acaso que estamos ante vacas sagradas que no puede tocar ni el poder político que el pueblo costarricense depositó en la figura del Presidente de la República?

Con el pueblo costarricense no se juega y merecemos explicaciones.

 

Lic. Ronaldo Blear Blear, secretario general

Liroy Pérez Pérez, Secretario de Prensa

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Liroy Pérez Pérez.

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