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Etiqueta: Contraloría General de la República

Mala gestión de CEN CINAI afecta poblaciones vulnerables

Recientemente, la Contraloría General de la República realizó una auditoría a la Dirección Nacional del CEN-CINAI, con el objetivo de determinar si su proceso de planificación cumple con los marcos jurídicos y técnicos aplicables, así como la adaptación del modelo de compras institucional de la entidad. Actualmente, el CEN-CINAI, tiene como funciones:

  • Mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil
  • Promover el desarrollo de la niñez en condiciones de riesgo social o pobreza
  • Brindar atención diaria de calidad a la población menor de 13 en estas condiciones
  • Proporcionar servicios de atención a mujeres embarazadas y a sus familias

Además de esto, se busca que se brinde servicio a las familias de estas personas, para facilitar la participación de las personas responsables del cuido, en el sistema educativo y en el mercado laboral.

En esta auditoría se presentaron los siguientes hallazgos:

  • La población atendida en los servicios de atención, protección infantil y nutrición preventiva, mediante comidas servidas en el sitio, disminuyó un 37,3% en el período 2021-2023, lo que representa 19.986 personas menos en 78 cantones del país. 
  • Las estadísticas reflejan que la Dirección atiende a menos población que previo a la pandemia por Covid-19.
  • Pese a un aumento en la capacidad instalada de atención se estima una subutilización del servicio cercana al 26% durante el 2021-2023.
  • No es posible determinar a nivel local, si la cobertura se gestiona de acuerdo con la demanda real del servicio y según tendencias demográficas de cada comunidad.
  • La dirección no cuenta con un instrumento de planificación operativa y tampoco existen criterios para planificar la cobertura de los servicios en el corto y mediano plazo.
  • Se pretende ampliar la vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI) al año 2030 sin análisis técnico, ni evaluación de los resultados al cierre del periodo original, realidad del entorno, ni un detalle de la programación correspondiente a 2024 en adelante.

En general, se encontraron debilidades de planificación que afectan la prestación del servicio, además de que la cobertura de los servicios no se sustenta en una planificación estratégica y operativa que responda a las necesidades de la población, ni se efectúan acciones de mejora continua al servicio basado en seguimiento de cumplimiento de metas. Las estadísticas de los últimos años muestran disminuciones significativas en la población atendida dentro de los establecimientos, y una subutilización del servicio cercana al 26%, mientras que fuera de los establecimientos, la población atendida disminuyó un 34%. Estas cifras alarmantes muestran que la población meta de estas políticas no está siendo atendida de manera apropiada.

Le invitamos a informarse acerca de este tema, crítico para las poblaciones más vulnerables del país, por medio del informe completo en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2024/SIGYD_D/SIGYD_D_2024022768.pdf 

O una versión en video resumida:

Sala Constitucional encuentra vicios de constitucionalidad en Ley Jaguar 2.0

El primero de octubre del 2024 se llevó a cabo una evacuación de consultas de constitucionalidad presentadas por el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República al Proyecto de Ley N. 24.467 “Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica”. Ambas consultas versaban sobre los artículos 2, 4 y 5 del proyecto.

Se encontraron varios vicios de inconstitucionalidad, especialmente con el punto 4 y 5 del proyecto, listados abajo.

En el punto tercero se declaró por unanimidad que hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 4 del proyecto de ley, que reforma el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, ya que la reforma propuesta permite la contratación de diseño y construcción de obra pública sin los controles de fiscalización propios de la contratación pública, como dispone el artículo 182 de la Constitución Política.

En el punto cuarto se declara por unanimidad que hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 5 del proyecto de ley, que modifica el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA, debido a que la reforma que se propone permite la realización de alianzas estratégicas aun tratándose de infraestructura, lo cual resulta contrario al artículo 182 de la Constitución Política.

La resolución completa está en redacción en la Sala, por ahora invitamos a leer el documento divulgado el 1 de octubre.

El funeral del jaguar

Freddy Pacheco León

Cuando un jurista estudioso, competente, sin prejuicios, se refirió a las presumibles inconstitucionalidades del proyecto de referendo, desde el primer momento en que se le dieron a conocer los textos de la ley Jaguar original, dejó muy claro, ante el grupo de abogados reunidos en Zapote, que las ocho reformas inconstitucionales, que estaban impulsando, ¡para complacer a Chaves, Pilar, y otros, en sus deseos de derribar los cimientos institucionales, de la Contraloría General de la República, podría derivar en un fallo de tal contundencia, como el que se ha dado, pues eran inviables, como lo confirman los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Al leer el resumen de las 193 páginas de la resolución, que nos aporta Delfino, no nos hemos sorprendido, pues, de cierta manera, el doctor Manrique Jiménez Meza, nos había adelantado lo que vendría, aunque en su momento, sus palabras molestaran a los abogados Volio, Castro, Villalobos, Guevara, y al presidente y su mentora diputada, asesorados, a su vez, por el periodista Espinoza. Es obvio, que este fallo, emitido en respuesta a sendas consultas del TSE y la CGR, se lleva consigo, también, a la llamada ley Jaguar II, sacada de la manga, de un día para otro, cuando, en medio de declaraciones contradictorias, públicas, entre la Pilar y el Chaves, al conocer el fallo sin la redacción que ahora estamos viendo, se quedaron «desnudos en medio de La Sabana».

Ellos, entre la ilusión de sus incompetentes asesores, a partir de una deficiente lectura del pequeño texto, emitido por el departamento de prensa de la Sala IV, y ante el inminente cierre de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, pusieron a correr a la regularcita ministra Laura Fernández, para que el directorio legislativo, recibiera, y según ella, tramitara en unas pocas horas, el proyecto de ley de convocatoria de la ley Jaguar, que, aunque borrada en lo más trascendente, se aferraba a lo ya declarado inconstitucional. La segunda caída, fue inmediata, pues, otra vez se equivocaban los abogados que «no habían dormido», quizá, pensando intensamente, en cómo burlar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y, de paso, a los diputados de la Asamblea Legislativa. Al no lograrlo, se evidenció, que las cuatro convocatorias a referendo (dos por iniciativa ciudadana -de Espinoza y Cabezas- y dos por la vía conjunta de los poderes Ejecutivo y Legislativo), no son más, que parte de una estrategia aparentemente legal, de profundizar la «campaña electoral», que ha venido ejecutando el Chaves, desde hace más de dos años, CON FONDOS DEL ESTADO. Demostrando con ello, que ni la virtual «ciudad gobierno», ni la pequeña «marina turística» en Limón, realmente les interesaban.

Al cerrarse este capítulo (solo faltaría la reiteración de algunos argumentos), y en medio de los serios actos de presunta corrupción, que investiga en la CCSS la Fiscalía General de la República, habrá que esperar, hacia dónde se dirigen las esperables acciones del Poder Ejecutivo, en contra de la institucionalidad de nuestra Patria.

Denuncias sindicales contra la jerarquía de la CCSS por adjudicaciones irregulares rinden frutos

En el transcurso de los últimos meses, distintos sindicatos y organizaciones, como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), y el Sindicato Nacional de Enfermería Afines han presentado denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República (CGR) contra la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presuntas adjudicaciones irregulares. Las acusaciones señalan que la junta favoreció contratos a cooperativas de salud mediante procesos que carecen de transparencia y con sobreprecios significativos.

Denuncias principales:

  1. ANEP: En mayo de 2024, ANEP presentó una denuncia ante la CGR, alertando sobre un sobreprecio en la adjudicación de la Licitación Mayor, que pretendía contratar los servicios de salud para 10 áreas de salud por un monto que excede los 210 mil millones de colones​. Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP, destacó que los precios adjudicados sobrepasan en un 60% las ofertas razonables, lo que podría haber sido suficiente para financiar 3 o 4 áreas de salud nuevas​.
  2. UNDECA: Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, en septiembre de 2024 presentó otra denuncia relacionada con un contrato de 4.000 millones de colones mensuales, destinado a beneficiar a cuatro cooperativas y a la empresa ASEMECO por un periodo de 10 años​. UNDECA sostiene que varios miembros de la junta directiva, incluida la presidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y María Isabel Camareno Camareno, tienen conflictos de interés, lo que cuestiona la legalidad del proceso​. Esa acción de UNDECA se suma a denuncias presentadas en abril del 2024.
  3. SINAE AFINES:  Lenin Hernández Navas, secretario general de SINAE AFINES, destacó los allanamientos realizados por la Fiscalía, señalando que las pruebas técnicas y legales presentadas respaldan la denuncia interpuesta en agosto de 2024. Según Hernández, este avance representa un paso importante en el proceso de investigación sobre las adjudicaciones irregulares en la CCSS.

Las denuncias se centran en la supuesta manipulación de informes técnicos y el establecimiento de un equipo técnico ad hoc para justificar los sobrecostos, lo cual ahora se investiga. Según ANEP, la junta directiva, liderada por Marta Esquivel, aprobó adjudicaciones a cooperativas con precios inflados sin considerar los criterios del Área de Costos de la CCSS​. También se señala que la representante del sector estatal, María Isabel Camareno, participó en la decisión a pesar de su vínculo con el sector cooperativo, lo cual viola las leyes de contratación pública​.

UNDECA, por su parte, destaca que la junta ignoró las advertencias de expertos que recomendaban declarar infructuosa la licitación debido a los costos elevados, y procedió con la adjudicación​.

Actualmente, la Fiscalía y la CGR han iniciado investigaciones para esclarecer las denuncias. Tanto ANEP, como UNDECA y SINAE Afines exigen que se protejan los fondos públicos y que los funcionarios responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes. Mientras tanto, las organizaciones sindicales se mantendrán vigilantes sobre el desarrollo de las investigaciones y continuarán denunciando actos que consideren perjudiciales para la seguridad social del país​.

No se puede vender a la Caja por 30 monedas

Allanamientos de este lunes reafirman nuestra denuncia ante la fiscalía de probidad, transparencia y anticorrupción

Comunicado de UNDECA

UNDECA desde el pasado 4 de abril de 2024, solicitó a la Contraloría General de la República, a la Auditoría de la CCSS y a la Asamblea Legislativa investigar la adjudicación a cooperativas, debido a dudas sobre la transparencia y legalidad en la contratación de servicios privados.

De nuevo, el pasado 4 de setiembre del 2024, denunciamos con nuevos elementos a la presidenta ejecutiva de la CCSS Marta Esquivel y otros directores de la junta directiva de la CCSS, ante la Fiscalía adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción por presuntas dudas en la adjudicación de licitación mayor.

El proceso de licitación, que desde un inicio levantó dudas sobre su transparencia y equidad, compromete una cantidad significativa de recursos públicos a favor de Cooperativas.

Una adjudicación millonaria que además de irregular significaba la astronómica suma de 4.000 mil millones de colones mensuales en contratación de servicios de salud a entes privados.

Hoy nos satisface conocer la noticia de la investigación, allanamientos y detenciones que la Fiscalía de probidad realiza, que evidencia que sí hay algo irregular que investigar. Exhortamos a las autoridades a profundizar en las indagaciones y a llegar hasta las últimas consecuencias. Es fundamental que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Seguiremos atentos al desarrollo de las investigaciones y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los principios de transparencia y justicia, pilares sobre los cuales debe operar la CCSS.

Luis Chavarría Vega, 23 de setiembre, 2024

Análisis de Coyuntura: La administración Chaves Robles

La Escuela de Sociología de la Universidad Nacional compartió el análisis de coyuntura de la sociedad costarricense. En un documento detalla los puntos más importantes de la administración actual, retratan la situación y mantienen al día las cuentas del gobierno.

Relatan cómo su estilo político es uno de enfrentamiento, lejano a la negociación, y critica a los Poderes de la República o a partidos y personas con lenguaje fuerte.

La estrategia presidencial se ha enfocado en crear una oposición más sentida de grupos y la interpelación es directa con pocas posibilidades de acuerdos.

Hay también una serie de puntos importantes que trata, y se colocan abajo, del documento que invitamos a nuestros lectores a revisar ya que tiene información puntual e importante sobre la situación coyuntural de esta administración.

  1. Uno de los rasgos más característicos de la administración de Rodrigo Chaves Robles ha sido su persistente búsqueda del desmantelamiento de la institucionalidad pública, destacando particularmente intentos de vender empresas estatales, el cercenamiento del gasto público en sectores claves del país, el desfinanciamiento de instituciones públicas y el incumplimiento de deudas con estas. 
  2. Tanto en la praxis y el discurso: Chaves asume una retórica degradante contra las institucionalidad democrática y pública, intentando posicionarse como un líder popular y antisistema que incluso ha llegado a denominar a Costa Rica como una ‘‘dictadura perfecta’’, declaración que posteriormente fue rechazada públicamente por 8 expresidentes de la República (Campos, 2024, párr. 1). Tal y como señala Murillo (2024, párr. 6), para Chaves ‘‘su gobierno encarna una ‘revolución’ y aferrado a la figura de un ‘jaguar’ como metáfora de valentía en ocasión de un pretendido referendo… Chaves llegó a calificar como falsa la idea de que Costa Rica haya sido una democracia desde la mitad del siglo XX’’.
  3. La educación ha sido un reto para el gobierno Chaves Robles, nos hemos enfrentado a hitos históricos y múltiples ataques y recortes en búsqueda de un desmantelamiento de la Educación Pública tal y como la conocemos. El gobierno no ha planteado una ruta precisa y clara y directa tanto en sustancioso de alta vulnerabilidad reinserción escolar formación de personal académico y en la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso educativo.
  4. El enfrentamiento con la Contraloría se ha agravado en los últimos meses ya que en materia de contratación evaluación de órganos públicos y altos administrativos ha tratado de que esta institución salga del ámbito que le corresponde para tratar de limitar sus posibilidades, de hecho comenzó con un encuentro en la Contraloría General de la República para luego ampliar a otros niveles.
  5. El gobierno de Costa Rica ha mantenido como constante el reducir gastos públicos como una medida para lograr mayores equilibrios macroeconómicos con la finalidad de reducir el déficit a niveles aceptables. De hecho, el Ministro Acosta ha logrado reducir sustancialmente el déficit, pero con ausencia de un de una estrategia que permita establecer objetivos que son necesarios para el país de hecho, el sector educativo se ha visto cómo el sector donde la reducción es fuerte en un momento que el modelo educativo es muy endeble y, con una inercia que no le permite responder al requerimiento del país.
  6. Si bien en el plan internacional el gobierno de la república se ha comprometido con la cumbre del milenio y ser un país de vanguardia en esta materia. Las acciones parecieran ir en otro sentido. De hecho, el MINAE no cuenta con una política ambiental como fueron otros gobiernos que avanzaron hacia un país más sustentable por el contrario las mismas afirmaciones del presidente sobre la tala bosques en otro momento sobre explotación petrolera han puesto en duda la situación. De hecho, no se han firmado decretos que ayuden a mejorar, sino que en temas como la tala de bosques hay una omisión grande que ha terminado en un debate sórdido entre las partes lo cual nos indica que no hay élites que plantean acciones que mejoren en el campo ambiental.
  7. La violencia estructural indicada en los últimos tres meses se mantienen femicidios, raptos, violaciones, desaparición de personas jóvenes y el sicariato en su máxima expresión. Se hacen esfuerzos por la dureza pública y otros organismos para fortalecer la vigilancia pero se requiere fortalecer el número de personas, pero con tecnología de punta para poder combatir a la misma, de igual manera el fortalecimiento de la fuerza marina es una necesidad de primer nivel y contar con equipos y grupos especializados en la vida aérea es parte de lo que se requiere en esta área con una legislación más oportuna para combatir al narcotráfico y otras formas similares.
  8. Costa Rica ha vivido un periodo de intensos enfrentamientos entre los poderes del Estado, reflejando un deterioro notable en las relaciones institucionales y un ambiente político cada vez más polarizado. Durante estos meses, la confrontación entre el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional (Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Defensoría de los Habitantes (DH) y la Contraloría General de la República (CGR), ha alcanzado niveles sin precedentes, poniendo en cuestión la estabilidad democrática del país. 
  9. Se reconoce que, a pesar de las críticas hacia la labor de Luis Amador y del Ministro Marcelo Jenkins, ha habido una continuidad en los esfuerzos en esta área. Si bien se han logrado algunos avances, como en el caso de la carretera de circunvalación en Cartago, la ruta 32 con sus puentes y el mantenimiento estratégico, aún se está trabajando en lo que se ha denominado “rezago histórico”. El gobierno debería enfocarse en finalizar estas obras, como la carretera San Carlos, que son necesarias. Además, es fundamental fortalecer acciones en zonas de alta densidad, como los núcleos de zonas económicas y carreteras como Liberia-Nicoya, y dejar el planeamiento de estas iniciativas para los próximos años. 
  10. La inversión social no es un tema central en el gobierno de la república pese a que estamos en una situación en el cual la pobreza y las desigualdades las asimetrías son un factor presente con mayor profundidad para Costa Rica. Esta situación es preocupante porque más grupos se unen a la pobreza donde las oportunidades y por el tipo de formación no tiene posibilidades de desarrollarse. No hay recorrido del sector ni planes de mediano y largo plazo lo que se expresa en un alejamiento de la propuesta del plan nacional de desarrollo y se aleja fuertemente de los acuerdos firmados con la OCDE y la cumbre del 2030.

SURCOS comparte los materiales del análisis.

Errores administrativos provocados por la jerarquía del SINART agudizan la crisis de la institución

Ante el comunicado a la opinión pública emitido por el Presidente Ejecutivo del SINART, Fernando Sandí Chacón, la seccional ANEP-INART, manifiesta lo siguiente:

Con profunda preocupación hemos leído el comunicado en el que el señor Sandí Chacón deja ver que el futuro del SINART será definido en una reunión “crucial” que sostendrán en la Contraloría General de la República (CGR), con la contralora, Marta Acosta, en la que pretenden la resolución de dos temas pendientes ante el ente contralor.

El primero tiene que ver con un pronunciamiento emitido por la CGR, en el que los ingresos que percibía el SINART por concepto del 10% de los presupuestos de publicidad de las entidades estatales, fueron suspendidos en su aplicación.

El segundo tema tiene que ver con la aprobación de los recursos contenidos en el presupuesto extraordinario de la República, en el que se asignan a la institución, mil millones de colones, con los que la administración del SINART pretende llevar a cabo un proceso de reestructuración, a nuestro criterio, desde su génesis viciado de nulidad.

Pretende ahora el señor Sandí justificar su mala gestión al frente de la institución, alegando que, de no aprobarse los recursos de dicho presupuesto extraordinario, el SINART está en franco peligro de cierre, ya que se ha vuelto insostenible.

Pero qué fácil resulta ahora venir a decir que la institución es económicamente inviable cuando desde el inicio de su gestión no ha habido un plan claro para hacer del SINART, el grupo de medios de comunicación que establece la ley 8346.

Qué fácil resulta ahora aplicar una despiadada medida que podría dejar sin trabajo a doscientas familias costarricenses.

Qué fácil es ahora pedir recursos para despedir trabajadores, pero nunca hizo lo necesario para poner al Sinart a producir y generar sus propios recursos, con los mecanismos que claramente están establecidos para tal fin en la ley 8346.

Nos preguntamos: ¿por qué en vez de pedir mil millones de colones para aplicar un plan de despidos, no se pidieron esos recursos para poner al Canal 13, la Radio Nacional y los medios digitales con los que cuenta el SINART para renovar la programación y mejorar la cobertura? pues es muy fácil, simplemente porque ha demostrado el señor Sandí que no tiene ni la experiencia, ni el conocimiento ni la capacidad para hacerlo.

¡No señor Sandí! El SINART no es como crear el mall Oxígeno, logro del que se ha jactado hasta el cansancio. El SINART es muy diferente y obedece a otros intereses que, en definitiva, usted ha demostrado desconocer totalmente.

El SINART, en efecto, está en crisis, pero esa crisis la ha generado el señor Sandí por su demostrada incapacidad para hacer del SINART la institución que debe ser, y todo por su ego que no le permite ver más allá de sus narices, un ego y un orgullo que lejos de construir, ha destruido lo poco que quedaba de esta querida institución después de la catástrofe que le significaron dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Jamás pudo usted señor Sandí, comprender que el SINART es una institución que nació para servir a la educación y la cultura del pueblo costarricense, y la administró, si es que así se puede llamar su desastrosa gestión, de manera tal que la postró en una parálisis que la tiene en coma, y después de tal desplante, ahora solo pretende los recursos para dar el tiro de gracia.

Hoy, por la dignidad y el derecho de las personas trabajadoras del SINART, le pedimos vehementemente, si es que aún le queda un poco de vergüenza, renuncie, y llévese con usted a las personas que, junto a usted, han hecho este desastre.

“Que raro, (…) se me olvidó tu nombre”

Manuel Hernández

La misión que tiene la Sala Constitucional es proteger los derechos fundamentales y garantizar la supremacía de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

La Sala, hace mucho tiempo abandonó esa misión.

Más que abandonada, ha sido retraída y burlada.

La Sala Cuarta distorsionó su cometido constitucional y se transmutó en una especie de Cámara Baja, en un Senado Político, que muy lejos está de respetar el principio de separación de poderes y, por tanto, el principio de autocontención.

Ahora, todo el mundo celebra, hasta aplaudiendo con las orejas, la resolución de la Sala que sepultó en el inframundo la famélica e impresentable Ley Jaguar (qdep).

Es que, no obstante, la pérdida de la capacidad regulatoria de la Constitución y el desmontaje progresivo de los diques normativos contra el poder que la misma establece, no era jurídicamente sostenible ninguna otra resolución que no fuera esa.

Pero, entre tanta algarabía democrática, también se olvida que esa misma Sala blanqueó el tridente del Diablo, conformado por la Ley de Ajuste Fiscal, la Ley Frankenstein (Ley Marco de Empleo Público) y la Ley Antihuelgas.

La Sala ha cumplido a cabalidad el mandato de des-constitucionalizar el derecho de negociación colectiva y huelga en los servicios públicos.

Cómo si lo anterior fuera poco, la Sala le dio un espaldarazo al Transitorio XI de la Ley Frankenstein, que impone el congelamiento de las remuneraciones de los servidores públicos y además, prohijó la ignominiosa Regla Fiscal, obedeciendo fielmente el mandato de FMI y otros organismos financieros internacionales.

No se olviden tampoco que aquellas dos primeras leyes fueron inoculadas por el veneno fiscalista y antisindical de la Contralora General de la República, que ya más de uno le estará prendiendo velitas, a la par de la estampita de la imagen del Dr. Moreno Cañas.

Tenía tanta razón Hegel: “Lo único que enseña la historia es que no nos enseña nada”

La Sala representa lo que es: el Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución.

Es tan fácil darle pan y circo a un pueblo que hasta la memoria le vaciaron.

Jaguar y auxilio de cesantía

Freddy Pacheco León

¿Qué pensaría usted sobre un proyecto de ley, de iniciativa popular, en que se pretenda eliminar el derecho de los trabajadores que se pensionan, a recibir «las prestaciones»? Pues, amigos, no solo fue propuesto, sino que, al no avanzar, por razones comprensibles, dicho proyecto fue rescatado, hace poco más de dos años, ¡como gran cosa!, por un dirigente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para que fuese tramitado en la Asamblea Legislativa, como parte de esas “negociaciones” por puestos, de algunos de ese partido con el oficialismo, por lo cual no sería raro verle asomar su cabeza en cualquier momento.

El argumento esbozado por el abogado proponente y su eco en el Congreso es que el auxilio de cesantía, parte fundamental del Código de Trabajo, es un oneroso derecho laboral, que no tiene sentido alguno, pues todo pensionado, desde el momento en que inicia esa etapa de su vida como jubilado, empezará a recibir una pensión mensual; que, por tanto, es un despilfarro de los recursos, que le cuesta mucho a los patrones. Según ambos gestores, el trabajador «Queda totalmente protegido por su pensión, razón por la cual no debe indemnizarse con el auxilio de cesantía«.

Pues bien, para que entendamos un poquito más, lo sucedido con el mamarracho de proyecto de «ley jaguar», presentado por dos vías para ser votado en referéndum, veamos en qué se relaciona, con lo anotado sobre el no pago del auxilio de cesantía.

Resulta que, uno de los malos albañiles, quizá el que fungió como maestro de obras, de ese tambaleante edificio, con nombre de “ley jaguar”, fue también proponente del proyecto que busca cercenar del Código de Trabajo, el derecho a las prestaciones. Ese señor, junto a otros albañiles, un poco menos diestros, presentaron al presidente de la República, lo que éste calificó de obra de arte, como misión cumplida, que era el edificio que buscaba, les habrá dicho.

Y lo aplaudió, pues mientras, por un lado, erosiona las funciones constitucionales de la Contraloría General de la República, ¡que tanto le incomodan!, por otro, le permiten, en su particular estilo, levantar una campaña electoral, con el cuento de la recolección de firmas, y una votación de carácter nacional, financiada con fondos públicos, a favor de una desteñida ministra, con quien confía perpetuarse en el poder, tal vez como “asesor” con puesto de ministro. Estrategia que no solo le permitiría seguir mandando, sino que, muy importante para él, le mantendría su inmunidad ante el medio centenar de causas judiciales que ha acumulado, hasta ahora. De ahí que, sin entender los alcances jurídicos del feo edificio que le presentaron, lo importante era que, según le explicaron los que jugaron de arquitectos, era lo ideal para sus aspiraciones políticas, pues no tenía un plan alternativo.

Por ello, su entusiasmo era evidente, pues, según su limitado entender, la que el día menos pensado, fue bautizada como «ley jaguar» (de paso, nuestro desagravio a tan admirable y silencioso felino, venerado por pueblos aborígenes), era, para él, el pretexto perfecto, para, continuar con sus poses populistas, cien por ciento demagógicas, de denuncias insulsas, con las cuales no solo disimular, lo que sin duda ha sido un improductivo gobierno, dedicado a “cosas raras”, como las que se han denunciado en el Caribe sur, muy relacionadas con su ataque feroz a la Ley Orgánica del Ambiente, sino también, para mantener ocupado a un cardumen de seguidores, que aún le siguen ciegamente.

Por ello, al derrumbarse por inconstitucional tal proyecto de referéndum, son pertinentes unas breves observaciones. ¡Veamos!

Debido a que el mismo es un producto jurídico muy deficiente, desde que naciera a la luz pública, evidenció graves deficiencias en su redacción, por lo cual, la verdad que no fue nada difícil, para juristas y otros ciudadanos estudiosos, diagnosticar sus severas malformaciones. Falencias imposibles de corregir, por haberse iniciado, precipitadamente, sendos procesos de referéndum para la misma “ley jaguar”, por iniciativa ciudadana, y en forma conjunta por los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El día del fallo unánime de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lejos de recordarse como un día de “luto nacional”, como dijo una, por cierto, improductiva diputada, dedicada casi exclusivamente a dirigir acciones en la Casa Presidencial, ha de celebrarse, más bien, como una fecha memorable, en defensa de la democracia y la institucionalidad, que, desde el siglo XIX, se ha venido forjando en nuestra querida Patria.

Y es así, pues la sociedad costarricense, lejos de querer abrir portillos a la corrupción y el indebido uso de los recursos públicos, aspira a que se fortalezcan los mecanismos de control, especialmente preventivos, que, a veces parecen ser laxos, por lo cual, la resolución unánime de los magistrados de la Sala IV, en que se reafirman las ya ocurrentes deficiencias, ha de ser bienvenida.

Nuestro pueblo aspira forjar una nación, donde impere la ética en el servicio público, y no puedan suceder, eventuales actos delictivos, tan comunes y costosos en los últimos años, como el sucedido, mediante engaños usando el tema de emergencias, en el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, que provocara la huida precipitada, hacia Canadá, de un ministro de Estado, no sin dejar tras de sí, una estela de aparente corrupción, que está en investigación.

Deseamos la construcción de un Estado, que facilite y promueva, una mejor calidad de vida para sus habitantes, con mucha menor pobreza y pobreza extrema, con especialísima atención médica para sus Ciudadanos de Oro, donde la educación, en todos sus niveles, sea un pilar fundamental para el ascenso social, donde se respeten los objetivos del desarrollo sostenible, que se han venido forjando desde hace más de medio siglo, donde imperen los principios democráticos, la libertad y la paz. Podemos lograrlo, tenemos la capacidad para ello, pese a ciudadanos díscolos que, temporalmente ocupan puestos de dirección gubernamental, a quienes, inexorablemente, les llegará su momento de partir.

30/7/2024

Denuncia por nombramiento irregular en el puesto de gerente de Infraestructura y Tecnologías de la CCSS y otros

El documento dirigido a la contralora de la República, Lcda. Marta Acosta Zúñiga, y firmado por el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas Barrantes, expone la preocupación ante las irregularidades de nombramientos en espacios de poder político de instituciones públicas. Esta organización sindical supone que entró en vigor una “segunda fase” de lo que en su momento catalogaron como un golpe de estado, siendo que dicha lectura está sustentada en las señales, acciones y decisiones desde el Poder Ejecutivo. 

El ANEP señala que “entendemos que existe un manual organizativo para la Gerencia General, pero es menester informar que presuntamente el mismo no fue confeccionado y acordado por la Junta Directiva, previo o paralelamente a la creación de la Gerencia General de la Caja, lo cual resulta cuestionable, pues deviene en una práctica errónea, para usar un calificativo bastante condescendiente.”

La organización menciona el posible alineamiento del presunto cambio en el manual de organización y la necesidad de la Presidencia Ejecutiva de la Caja, de tener dentro del engranaje estratégico institucional a una figura con afinidad con la agenda que promueve el Ejecutivo dentro de la institución en la actual coyuntura y de cara al cierre de sus dos últimos años.

Descrito el caso a manera de lectura sindical y en grado de presunción, ANEP le solicita a la Contraloría General de la República que se les brinde un informe, en el sentido de indicar si la institución ha promovido acciones recientes relacionadas con el manual de organización, pues este resulta ser un elemento vital de cara al escenario institucional en desarrollo y vinculado a la funcionaria Gutiérrez Brenes, que en su momento parece ser tuvo un nombramiento presuntamente ilegal.

Por último, ANEP le solicita a la Contraloría General colocar su mirada en la CCSS, ya que notan señales muy poco halagüeñas para esta institución que requieren una intensa fiscalización, pues está en desarrollo un momento muy complejo, que coloca en un predicado muy riesgoso los cimientos propios de esta institución.

Se les invita a descargar el documento para informarse con más detalle sobre lo sucedido.