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Etiqueta: Contraloría General de la República

Organización ambiental cuestiona a la Contraloría por omitir pasos de fauna en ampliación de la Ruta 1

La Asociación Conservacionista Yiski, por medio de su presidenta María Elena Fournier, cuestionó a la Contraloría General de la República (CGR) ante la ausencia de información sobre pasos de fauna subterráneos y aéreos en el proyecto de rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional n.° 1, sección Barranca–Limonal, recientemente refrendado por la institución fiscalizadora.

El mensaje fue enviado directamente al equipo de prensa de la CGR, con copia a diversas personas y organizaciones, expresando preocupación por el incumplimiento de obligaciones ambientales esenciales que Costa Rica ha asumido internacionalmente.

Una omisión incompatible con los compromisos de conservación

Fournier recuerda que Costa Rica ha firmado y ratificado múltiples convenios internacionales vinculados con la protección de la biodiversidad y la vida silvestre. Sin embargo, en la práctica, miles de animales mueren cada año en las carreteras del país por atropellos evitables.

En su comunicación, plantea una pregunta central:

¿Están contemplados también, en esta rehabilitación y ampliación de Ruta Nacional No. 1 y otras mencionadas, los pasos de fauna subterráneos y aéreos?”

Subraya que la ampliación vial sin medidas de conectividad ecológica representa una grave falta de alineación con compromisos ambientales vigentes y con el deber estatal de protección de la fauna silvestre.

El refrendo de la CGR y la ausencia del componente ambiental

El comunicado enviado por Xinia Valverde Corrales, de la CGR, informaba que la entidad refrendó dos contratos para ampliar la Ruta 1 a cuatro carriles, adjudicados a:

  • Consorcio Barranca Ruta 1, por más de 121 millones de dólares, más servicios especializados.

  • Constructora Meco S. A., por más de 141 millones de dólares, más servicios especializados.

La CGR indicó haber verificado requisitos legales, técnicos, estudios de preinversión y disponibilidad de terrenos, pero no menciona en ningún punto el componente ambiental relacionado con la conectividad de fauna, un aspecto indispensable para obras dentro de un país megadiverso y con compromisos internacionales de conservación.

Un llamado urgente a la fiscalización ambiental

La Asociación Yiski insiste en que la rehabilitación y ampliación de la Ruta 1 debe incorporar de manera obligatoria:

  • Pasos de fauna aéreos y subterráneos en los tramos necesarios.

  • Respeto a la legislación y normativa ambiental vigente.

  • Coherencia con los compromisos internacionales de conservación firmados por Costa Rica.

Fournier concluye su mensaje recordando la urgencia de detener la mortalidad de fauna silvestre en las carreteras y la responsabilidad institucional de evitar proyectos viales que profundicen esta crisis ecológica.

UNDECA: ¡Autonomía no es impunidad!

UNDECA lamenta y expresa su profunda preocupación y rechazo a la decisión unánime adoptada por la Junta Directiva de la CCSS, de impugnar la orden N.º DFOE-BIS-ORD-00003-2025 de la Contraloría General de la República, que justamente exige medidas urgentes para detener el millonario desastre provocado por la salida forzada del sistema ERP-SAP.

Mientras la CGR actúa en defensa del interés público, la Junta Directiva, en un insólito acuerdo político, decide recurrir la orden del ente contralor y hasta solicitar medidas cautelares para suspender sus efectos.

Desde nuestra perspectiva esta acción representa un intento de blindar a la presidenta ejecutiva, como patrocinadora y al director del proyecto, responsables del caos del ERP, antes que asumir con transparencia las graves consecuencias del proyecto: cirugías suspendidas, desabastecimiento de medicamentos, pagos atrasados a proveedores, pérdida de control sobre activos públicos y riesgo para la salud y la vida de las personas.

El acuerdo aprobado -invocando la “autonomía”- distorsiona ese principio constitucional, pues la autonomía no justifica el abuso, la negligencia manifiesta, ni mucho menos, la evasión de la responsabilidad administrativa.

La Contraloría cumplió con su deber constitucional de fiscalizar el uso de los recursos públicos y de advertir que el ERP-SAP fue un fracaso operativo, logístico y financiero que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud costarricense.

La defensa de la autonomía no puede ser el escudo de quienes, ignorando advertencias técnicas, impusieron una “salida en vivo” que hundió los sistemas logísticos, financieros y de los centros de salud de toda la institución.

La Caja no es un botín político y la autonomía se defiende con honor y transparencia, no con impunidad.

¡UNDECA firme y vigilante!

FESITRAES reafirma que oficio de la CGR carece de efecto vinculante sobre los regímenes salariales universitarios

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) emitió un pronunciamiento público en el cual fija su posición frente al oficio DFOE-CAP-2066-(21839)-2025, emitido el 5 de noviembre por la Contraloría General de la República (CGR) en respuesta a una consulta de la Rectoría de la Universidad Nacional (UNA) sobre el alcance del voto 008201-2025 de la Sala Constitucional.

Según la Federación, el tema consultado corresponde exclusivamente al ámbito de interpretación y aplicación interna de las universidades públicas, amparadas por su autonomía constitucional. Por tanto, FESITRAES señala que la CGR no tiene competencia para pronunciarse sobre los efectos de resoluciones constitucionales ni sobre derechos laborales derivados de la negociación colectiva o de normativas internas.

Asimismo, subrayan que el propio órgano contralor reconoce en su respuesta la ausencia de carácter vinculante del oficio emitido. En consecuencia, dicho documento administrativo no puede modificar los alcances del voto 008201-2025, que permanece vigente y obligatorio.

Derechos adquiridos y progresividad salarial

El pronunciamiento enfatiza que la resolución de la Sala Constitucional resguarda:

  • Los derechos adquiridos del personal universitario.

  • El principio de irretroactividad de la ley.

  • La progresividad de incentivos salariales reconocidos en convenciones colectivas, reglamentos o estatutos internos.

Todo lo anterior fue afectado por la aplicación de normativa que FESITRAES ha denunciado como inconstitucional.

Ley 9908 y su inaplicabilidad a las universidades públicas

FESITRAES recuerda que la Ley 9908 (Ley COVID-19) estableció únicamente una suspensión temporal del pago de anualidades durante el periodo de emergencia sanitaria, pero no afecta derechos adquiridos ni disposiciones posteriores.

Además, la Federación subraya que esta ley no se aplica a las universidades públicas, tal como lo confirman criterios legales emitidos por asesorías jurídicas de las instituciones de educación superior, entre ellos:

  • OJ-58-2019 y OJ-250-2025 (UCR)

  • UNA-AJ-DICT-609-2020 (UNA)

  • OF-AL-105-2025 (OF-CDJ-02-2025) de la Comisión de Directores Jurídicos del CONARE

Estos dictámenes señalan expresamente que las universidades están excluidas del artículo 26 de la Ley de Salarios, por lo que el transitorio que limita el pago de anualidades no aplica para estas instituciones.

Llamado a la defensa de la autonomía universitaria

FESITRAES sostiene que las decisiones sobre aplicación del voto constitucional deben tomarse dentro de la institucionalidad universitaria, bajo los principios de:

  • Autonomía

  • Legalidad

  • Progresividad

  • Respeto a los derechos laborales adquiridos

La Federación hace un llamado a sus bases y a la clase trabajadora universitaria a mantenerse vigilantes y preparadas ante posibles acciones interuniversitarias para defender los derechos laborales y humanos fundamentales, así como las conquistas históricas del sector.

El pronunciamiento está firmado por representantes de los sindicatos que conforman FESITRAES: SINDEU, AFITEC, SITUN, SIUNED y UTRAUTN.

CGR aprueba recursos para el pago de licencias de cuido de la CCSS

La Contraloría General de la República (CGR) aprobó de forma parcial el presupuesto extraordinario N.º 2-2025 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que incluye ₡2.700 millones destinados al pago de licencias de cuido para personas responsables de pacientes en fase terminal o con enfermedades graves, conforme a lo establecido en la Ley N.º 7756.

El presupuesto extraordinario, por un total de ₡50.458,8 millones, fue remitido por la CCSS el 6 de noviembre de 2025 y aprobado por la Contraloría el 12 de noviembre de 2025.
La CGR aclaró que ahora corresponde a la CCSS ejecutar dichos recursos, trámite en el cual la Contraloría no tiene responsabilidad directa.

Fondos aprobados

De acuerdo con el informe DFOE-BIS-0653-2025, los recursos aprobados comprenden:

  • ₡2.700 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para financiar el subsidio de licencias de cuido.

  • ₡42,5 millones por ingresos no tributarios para la compra de insumos médicos.

  • ₡10.832,6 millones en transferencias corrientes del Gobierno Central para cubrir servicios a trabajadores independientes y asegurados voluntarios.

  • ₡25.329 millones en transferencias del Gobierno Central para amortizar deudas con la CCSS.

  • ₡10.054,7 millones del FODESAF para pensiones de personas adultas mayores en situación de pobreza.

Aprobación y fundamentos legales

La resolución se fundamenta en las atribuciones de la Contraloría establecidas en los artículos 184 de la Constitución Política y 18 de la Ley Orgánica de la CGR N.º 7428, así como en la Ley N.º 7756, que garantiza el subsidio a responsables de pacientes terminales o menores gravemente enfermos.

Además, la aprobación responde al cumplimiento de resoluciones recientes de la Sala Constitucional (N.º 2025035754 y N.º 2025035801), que ordenaron a la CCSS y al FODESAF realizar los pagos de manera inmediata, al considerar que estos subsidios tienen carácter constitucional y no pueden ser postergados.

La CGR precisó que el análisis de legalidad del presupuesto se limita al cumplimiento de los requisitos normativos, y que la ejecución de los fondos es responsabilidad exclusiva del jerarca y los titulares subordinados de la CCSS.

Finalmente, el documento reitera que la aprobación de los recursos no implica pronunciamiento sobre la elegibilidad individual de las personas beneficiarias, sino sobre la congruencia legal y constitucional de la incorporación presupuestaria.


📘 El informe completo puede descargarse en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/SIGYD_D_2025026401.pdf

Contraloría advierte debilidades en la gestión de riesgo de corrupción en la evaluación ambiental de la SETENA

La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría en el que señala deficiencias significativas en la gestión del riesgo de corrupción dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que realiza la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

El documento evidencia que la gestión institucional frente al riesgo de corrupción es débil, inoportuna y carece de un enfoque integral, lo que afecta la calidad y trazabilidad de la información técnica utilizada para aprobar proyectos con impacto ambiental.

Según la auditoría, en algunos casos se otorgaron viabilidades ambientales basadas en estudios técnicos correspondientes a otros proyectos, lo que compromete la objetividad y fiabilidad de las evaluaciones. Además, el 90% de los casos analizados fueron aprobados sin inspección de campo previa por parte de la institución.

La Contraloría también determinó que el seguimiento que realiza la SETENA sobre las viabilidades otorgadas es principalmente reactivo, limitándose a responder solicitudes del desarrollador o de terceros. Esto deja en manos de profesionales externos la responsabilidad directa del cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos, reduciendo la capacidad institucional para fiscalizar efectivamente los impactos reales de los proyectos.

Entre los hallazgos más relevantes, se reporta que el 74% de las evaluaciones revisadas presentan debilidades de control, y que el 60% de las inspecciones de cumplimiento planificadas no se ejecutaron. Asimismo, un 25% de los estudios de impacto ambiental no fueron publicados en el sitio web institucional, afectando la transparencia y el acceso público a la información.

Un caso destacado es el de un proyecto en Quepos (ver infografía adjunta), que recibió viabilidad ambiental pese a encontrarse en una zona con cobertura boscosa. Posteriormente, se detectaron 16 incumplimientos a las condiciones establecidas, con daños graves al ecosistema local, lo que evidencia las consecuencias reales de no aplicar controles efectivos.

La Contraloría subraya que, por el alcance de las decisiones que toma la SETENA y los intereses económicos que involucra, es esencial fortalecer los controles internos, garantizar criterios técnicos y verificables, y fomentar la rendición de cuentas. El informe señala que una gestión ambiental transparente no solo protege los ecosistemas, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Acceda al informe completo haciendo click en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025025505.pdf

Contraloría desmiente obstrucción en instalación de escáneres

La Contraloría General de la República (CGR) desmintió categóricamente las declaraciones del ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, y del presidente de la República, quienes afirmaron que esta institución había obstaculizado la colocación de escáneres en puertos y puestos fronterizos.

En el oficio DFOE-DEC-5849(17029)-2025 / DFOE-FIP-0593(17027)-2025, enviado el 25 de setiembre al MAG, la CGR aclaró que:

  • El financiamiento estaba disponible desde 2020. El país contaba con un crédito externo de hasta $25 millones para adquirir e instalar escáneres. Sin embargo, en mayo de 2024 el propio Ministerio de Hacienda decidió no utilizar esos fondos, dejando sin financiamiento el proyecto.

  • Contratación irregular. En 2023 se pretendió adjudicar “a dedo” un contrato a Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), para que actuara como intermediaria en la selección de empresas proveedoras. Este mecanismo habría impedido garantizar competencia, idoneidad y las mejores condiciones para el uso de recursos públicos.

  • Escáneres donados sin usar. Desde noviembre de 2024 el país cuenta con dos equipos donados, valorados en casi ₡1.900 millones, que permanecen guardados sin ser instalados ni utilizados.

  • Gestión deficiente. En marzo de 2025, la Contraloría concluyó que de los nueve puestos fronterizos del país, solo dos tenían equipos operativos, lo que provocó que el 73% de las mercancías que entraron o salieron del país en 2024 no fueran sometidas a control no intrusivo.

La CGR señaló que los retrasos y la inacción son consecuencia de decisiones de la propia Administración, no de la labor de fiscalización. “La falta de voluntad ha sido la verdadera causa de que los escáneres no se instalaran”, afirma el documento.

Finalmente, la institución llamó a las autoridades a asumir la responsabilidad que les corresponde, recordando que los funcionarios públicos están obligados a decir la verdad y rendir cuentas.

Fuente: Contraloría General de la República. Oficio DFOE-DEC-5849(17029)-2025 / DFOE-FIP-0593(17027)-2025.

Grave conflicto ambiental y legal en el Caribe Sur

Documentos revelan irregularidades en la Ley 9223 y daños al Refugio Gandoca-Manzanillo

Una serie de documentos oficiales, legislativos y denuncias ciudadanas revelan un entramado de irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales en torno a la Ley N.º 9223, “Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, aprobada en 2014 y que redefinió los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El análisis de estos materiales muestra cómo, a lo largo de más de una década, se acumularon advertencias de instituciones estatales, consultas de constitucionalidad y denuncias ciudadanas que alertaban sobre riesgos para el ambiente y para el cumplimiento de convenios internacionales, sin que fueran atendidas oportunamente.

Informes legislativos y advertencias técnicas

En 2012, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que el proyecto de ley (Expediente 18.207) carecía de estudios técnicos específicos que demostraran la viabilidad ambiental de la medida. El informe señaló que la modificación de límites del Refugio Gandoca-Manzanillo podría violar el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a un ambiente sano.

A pesar de estas alertas, en febrero de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la ley, redefiniendo los linderos del refugio y excluyendo más de 400 hectáreas de su área protegida, de las cuales más de 200 eran bosques, incluyendo áreas en excelente estado de conservación.

Consulta de constitucionalidad

Un grupo de diputados y diputadas presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional. En su escrito, señalaron dos vicios principales:

  1. La ausencia de consulta directa a pueblos afrodescendientes e indígenas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.

  2. La falta de estudios técnicos completos y confiables, contraviniendo lo ordenado por la Sala en resoluciones anteriores.

Además, indicaron que la ley violaba compromisos internacionales de Costa Rica, como la Convención Ramsar y el principio de no regresión ambiental, al desafectar humedales y áreas costeras que forman parte de la lista de humedales de importancia internacional.

Informes internos del SINAC

Documentos técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) revelan irregularidades en la forma en que se respaldó el proyecto de ley:

  • El informe técnico de 2013 tuvo dos versiones: la primera incluía recomendaciones y advertencias ambientales; la segunda, enviada a la Asamblea, eliminó esas observaciones y presentó conclusiones más generales.

  • El Informe SINAC-SE-PPC-320-2017 documentó ocupación irregular en Playa Chiquita, Punta Uva y Cocles, con infraestructura hotelera y viviendas sin los debidos Estudios de Impacto Ambiental. Además, constató que humedales y bosques no fueron debidamente certificados como Patrimonio Natural del Estado.

  • El Informe SINAC-ACTO-AL-55-2019 concluyó que la aprobación de la Ley 9223 se dio sin sustento técnico suficiente, y recomendó abrir procedimientos administrativos contra funcionarios del SINAC que eliminaron conclusiones y recomendaciones del informe original, lo que pudo inducir a error a los legisladores.

Denuncias ciudadanas recientes

El ambientalista Marco Levy Virgo ha presentado numerosas denuncias desde 2017. En septiembre de 2025, dirigió un escrito a la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes exigiendo acciones urgentes para detener lo que calificó como un “saqueo ambiental” del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo.

Levy señaló que se han devastado aproximadamente 165 hectáreas de humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, y acusó la existencia de una red organizada que promueve desarrollos inmobiliarios ilegales con la presunta complicidad de autoridades locales y nacionales.

Entre sus exigencias destacan:

  • La recusación del ministro de Ambiente y de funcionarios del SINAC.

  • La coordinación con la Fiscalía General y el OIJ para una valoración técnica del daño ambiental.

  • La suspensión de actividades en la Zona Marítimo-Terrestre que carezcan de viabilidad ambiental.

  • El cumplimiento forzado de la resolución 2019-012745 de la Sala Constitucional, que ordena medidas correctivas en el refugio.

Una década de retrocesos ambientales

En conjunto, los documentos revisados muestran un proceso en el que prevaleció la inseguridad jurídica y la presión por modificar los límites del refugio, con graves consecuencias para la biodiversidad y las comunidades costeras.

Desde las primeras advertencias de 2012 hasta las denuncias más recientes de 2025, persiste la preocupación de que la Ley 9223 haya abierto la puerta a un negocio inmobiliario en detrimento de un ecosistema de valor mundial, protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

La situación del Refugio Gandoca-Manzanillo evidencia la urgencia de retomar principios básicos del derecho ambiental: precaución, prevención y no regresión, así como el respeto a los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas históricamente afectadas por decisiones estatales que las excluyen de los procesos de consulta.

Auditoría Ciudadana cuestiona atención de Contraloría y Auditoría Interna de la CCSS sobre denuncias de presunta corrupción

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) envió el pasado 12 de agosto un oficio dirigido a Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, y a Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el que amplía y reitera solicitudes sobre denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la institución.

En la carta, la ACSS señala que la Contraloría General informó haber remitido al Ministerio Público un expediente por supuestas irregularidades en las proyecciones y resultados actuariales de la CCSS. Sin embargo, advierte que sus denuncias abarcan aspectos más amplios que el tema actuarial, como el presunto incumplimiento de leyes que regulan el financiamiento del Seguro Social y la utilización indebida de fondos destinados a salud y pensiones.

La organización solicita aclarar si en la denuncia presentada por la Contraloría ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) se incluyeron los señalamientos específicos planteados desde el 2022, entre ellos que la CCSS no estaría cobrando al Estado el 100% de los costos que le corresponden y que habría desvíos anuales de recursos del Seguro de Pensiones al Seguro de Salud.

Además, la ACSS pide acceso al expediente abierto en la FAPTA y copia del documento de la Contraloría remitido a ese órgano, en aras de garantizar el principio de transparencia. También solicita que se incorporen sus oficios como prueba en el proceso y ofrece a cinco de sus integrantes como testigos expertos.

El oficio ACSS-002-2025 está firmado por Alfredo Ramírez Montero, Juan Carlos Aguilar Zamora, Rodrigo Arias López, Jorge García Araya y Carlos Eduardo González Arroyo, miembros de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social.

Carta de la contralora al presidente y anexos que deben leerse en conferencia de prensa

La contralora general, Marta E. Acosta Zúñiga exigió al presidente Chaves un derecho de respuesta que debe leerse en la próxima conferencia de prensa. SURCOS transcribe la carta íntegra y ofrece en el último párrafo el enlace al documento anexo que contiene el texto que debe leerse. La exigencia de la contralora se da al “amparo del derecho de rectificación y respuesta dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.

Señor
Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República
Señor Presidente:

El pasado miércoles 20 de agosto, al final de la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial y dirigida por usted, en el período de consultas, pero también en otros espacios públicos en los que participa, falsamente se atribuyen actuaciones a los funcionarios y funcionarios de la Contraloría General de la República; falsedad que se ha puesto de moda en sus conferencias y discursos públicos. Lo hace sobre temas sensibles en materia de educación y salud; entre otros, mintiendo de forma reiterada y con saña para engañar a costarricenses decentes y de buena fe. Utilizar a las comunidades de la forma en que lo hace; aunque sus mentiras no sean sostenibles en el tiempo, es más que deplorable.

Estupor causa que durante la conferencia y ante consulta de un periodista, su respuesta haya sido decir: “Uy don Nino, yo creí que ya le había dado suficiente a la Contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar, je je je”. Respuesta violenta y además misógina hacia mi persona, así como irrespetuosa hacia la entidad que represento. Han sido meses de agresiones; todas ellas debidamente documentadas como lo exige la ley para cualquier demanda o proceso judicial posterior.

Uno de los temas expuestos en la conferencia corresponde a las Escuelas Santa Elena en Monteverde y Portalón en Quepos, con respecto a las cuales se nos endilgan actuaciones ilegales cuando lo cierto es que la actuación de la División de Contratación Pública de la CGR se enfoca en resolver dos recursos de apelación, respetando los procedimientos BCIE y las condiciones específicas, a partir de las cuales se anuló la decisión del Ministerio de Educación Pública de declarar fracasadas las licitaciones.

No es ganancia para las comunidades que por aspectos intrascendentes se declaren fracasadas las licitaciones promovidas para construir las escuelas, ni tampoco plantear cuestionamientos que no fueron vistos en apelación. El MEP es quien puede seguir con los procedimientos y permitir la construcción. A las comunidades afectadas y al país debe decírseles la verdad, la resolución de la Contraloría General permite seguir con el trámite que el mismo Ministerio de Educación frenó en su momento por un tema intrascendente.

Si ya es nefasto pretender obstaculizar que se sigan los procedimientos iniciados para la construcción de las escuelas también lo es referirse al Hospital de Cartago para atribuirle a la Contraloría el supuesto incumplimiento de plazos para resolver. Le recuerdo que esta contratación cuenta con adjudicación en firme y que pese a ello la CCSS demoró un mes el envío de información necesaria para concluir el estudio del proceso de refrendo, siendo responsabilidad de la CCSS presentar los documentos completos oportunamente, máxime que se trata de la satisfacción de necesidades apremiantes de las personas.

A todo ello, se suma utilizar la inauguración de la nueva sede de Coopesalud, en el Llano de Desamparados, el 19 de agosto anterior como espacio para atacar a los funcionarios de esta Contraloría General en relación con el caso “Barrenador”, llamándonos “sinvergüenzas” y acusándonos de tener una alianza “inmoral” con otros funcionarios y de los delitos de colusión y corrupción.

Rechazamos las declaraciones difamatorias y calumniosas que con tanta facilidad y sin prueba alguna se lanzan contra funcionarios de la Contraloría General. Nuestras actuaciones ajustadas a la técnica y a la ley no han tenido nunca un afán intimidatorio como sí lo tiene la campaña sistemática de ofensas, violencia y mentiras que desde hace meses recibimos. Demandamos que cese inmediatamente ese tipo de manifestaciones y si tiene pruebas presente las denuncias que correspondan. La dignidad de nuestros funcionarios y la autonomía de esta institución son innegociables.

Por la extensión de sus declaraciones, las respectivas transcripciones y nuestros argumentos están en documento anexo, acompañados de los párrafos que exigimos sean leídos en la próxima conferencia de prensa al amparo del derecho de rectificación y respuesta dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y por brindar las declaraciones en un formato de amplia difusión en youtube y por redes sociales en el que se intercalan también presentaciones en videos previamente preparados.

Seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de forma firme e indeclinable.

Sin otro particular,
Marta E. Acosta Zúñiga
Contralora General de la República

CGR revela que 6 de cada 10 instituciones públicas no gestionan integralmente bienes y servicios

La Contraloría General de la República (CGR) evaluó la capacidad de gestión de bienes y servicios en 275 instituciones públicas, analizando la planificación, adquisición, administración, seguimiento y evaluación de los recursos requeridos para su operación.

Durante el 2024, se ejecutaron ₡6.490 millones en este ámbito, lo que evidencia la relevancia de contar con una gestión integral y estratégica que garantice servicios públicos de calidad, alineados con las necesidades reales de la población y que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

El Índice de Capacidad de Gestión de Bienes y Servicios, emitido tras la revisión, muestra que seis de cada diez instituciones aún no gestionan de forma completa ni articulada los bienes y servicios que requieren. El 68,4 % de las instituciones no cuenta con una política para la gestión de bienes y servicios, lo que afecta áreas clave como estrategia y planificación, adquisición, administración, y seguimiento y evaluación.

En cuanto a la protección de los recursos públicos, el 71,3 % de las instituciones no gestiona los riesgos asociados a los bienes y servicios, y un 54,2 % no aplica mecanismos de control para cumplir con la normativa de prevención contra la corrupción. Además, el 52,4 % de las entidades carece de un registro de control formal sobre los bienes adquiridos y servicios contratados.

Estas deficiencias incluyen la ausencia de estrategias que orienten las compras, generando adquisiciones fragmentadas y aumentando el riesgo de bienes o servicios innecesarios o mal definidos. La falta de controles expone a las instituciones a irregularidades y limita la capacidad para anticiparse a amenazas.

Después de adquirir bienes o contratar servicios, muchas entidades pierden trazabilidad, lo que incrementa la probabilidad de desperdicio, deterioro de activos, incumplimiento de lo pactado y toma de decisiones sin información confiable.

Para leer el documento completo y conocer los resultados detallados, disponibles por institución, acceda al siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017279.pdf