Los amortiguadores de la República
Roger Ríos Duarte
Costa Rica construyó, quizá sin proponérselo del todo, uno de los entramados de amortiguadores más densos de América Latina. Un Poder Judicial que, dentro de sí, alberga una policía de investigación —el OIJ— deliberadamente separada del Ejecutivo, para que quien investiga el delito no dependa de quien gobierna. Una Sala Constitucional capaz de anular los actos del poder. Un Tribunal Supremo de Elecciones tan autónomo que se ganó el apodo de cuarto poder. Una Contraloría que vigila el gasto público. Universidades con autonomía constitucional, encargadas de pensar el país sin pedir permiso. La Caja, la Defensoría, la prensa independiente, las municipalidades. No son adornos institucionales: son los diques que han hecho de Costa Rica una excepción en la región.
Tienen un nombre antiguo: los cuerpos intermedios. Montesquieu los llamó pouvoirs intermédiaires, los poderes interpuestos entre el soberano y el súbdito, que impiden que el poder fluya sin diques desde el centro. Tocqueville, un siglo después, vio en ellos el secreto mismo de la libertad: las asociaciones, los tribunales independientes, la prensa, los gobiernos locales, las universidades. Son, a la vez, un freno y un refugio. Frenan al poder porque lo obligan a rendir cuentas; y le dan al ciudadano común un punto de apoyo para no quedar solo, inerme, frente a la maquinaria del Estado. Una democracia sin cuerpos intermedios no es una democracia más ágil: es un individuo aislado frente a un poder sin contrapeso.
Esos diques están siendo erosionados, y hay que decirlo con nombres. El Ministerio de Hacienda —hoy en manos del mismo Rodrigo Chaves, que además concentra la cartera de la Presidencia en un arreglo sin precedentes en nuestra historia— se ha negado a girar más de ₡8.600 millones que la Asamblea ya había aprobado para reforzar al OIJ y al Ministerio Público, mientras engrosaba la Fuerza Pública que responde al Ejecutivo. El oficialismo mantiene bloqueado, ronda tras ronda, el nombramiento de los magistrados suplentes que la Sala Constitucional necesita para operar. Y sobre las universidades públicas pende, año con año, la amenaza del recorte y el discurso que las pinta como privilegio y no como patrimonio. El patrón es reconocible: no se abolen las instituciones autónomas —eso sería escandaloso—, se las asfixia, se las bloquea, se las desprestigia. Se las vacía por dentro, con formas legales y en nombre del pueblo.
Hay una escena que lo resume. El 14 de mayo de 2025, en Casa Presidencial, el entonces presidente Chaves comparó en voz alta los cerca de 17.000 efectivos de la Fuerza Pública con los cerca de 1.000 agentes del OIJ. La comparación fue tan cargada que un diputado le preguntó si imaginaba a ambas policías dándose de balazos, y un periodista le consultó sin rodeos si aquello no era un llamado solapado a un golpe de Estado. El presidente esquivó la pregunta. Pero el mensaje implícito ya estaba dicho, y era el más primitivo de todos: nosotros somos más.
La pregunta no es quién tiene más fuerza; esa la responde cualquier autócrata. La pregunta, la que funda toda democracia, es cómo se logra que la fuerza se transforme en autoridad legítima y no en mera dominación. Weber lo vio con claridad: el poder desnudo, el que solo cuenta cabezas y fusiles, es preinstitucional; la civilización política empieza cuando ese poder acepta límites que no puede fijar él mismo. Tocqueville, por su parte, advirtió sobre dos tiranías, no una. La del poder central que absorbe a los cuerpos intermedios hasta dejar al ciudadano a solas con el Estado. Y la tiranía de la mayoría: aquella en la que un gobierno que invoca al pueblo y se sabe más numeroso atropella los límites que protegen a las minorías y a las instituciones. Lo inquietante de nuestro momento es que las dos operan juntas, y que la segunda se anunció con todas sus letras aquel 14 de mayo. «Somos más» no es un dato: es un programa.
Nada de esto niega que algunas de estas instituciones tengan defectos reales: un Poder Judicial con permanencias de décadas, procesos lentos, opacidades que irritan con razón. Pero hay una diferencia decisiva entre reformar un contrapeso y demolerlo. A un tribunal enquistado se lo renueva con reglas transparentes; no se lo deja sin presupuesto. A una universidad se le exige rendir cuentas; no se la ahoga. Quien confunde deliberadamente las dos cosas —reforma y demolición— no busca mejores instituciones: busca instituciones más dóciles.
Por eso hay que decirlo ahora, y no después. Los amortiguadores de la República no son obstáculos para gobernar: son la garantía de que, el día en que a cualquiera de nosotros le toque enfrentar el poder, no estará solo. Se los defiende cuando todavía están en pie, no cuando ya hicieron falta. Protegerlos no es asunto de tal o cual gobierno: es la condición para que siga habiendo democracia cuando los gobiernos cambien.
