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LOS VERDADEROS RESPONSABLES

Escrito en 25/05/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez E.

Son los más grandes empresarios y sector financiero que, mediante la corrupción, carcome las entrañas de nuestra Patria, saquea y vacía las arcas del Estado, que privatiza empresas y servicios públicos indispensables para la clase trabajadora y nuestro pueblo, los más pobres, los más necesitados.

El entrelazamiento de los efectos sociales de la pandemia y la agudización de las contradicciones del capitalismo ha generado ya, en este momento, una crisis económica profunda y aguda. Crece la desocupación, aumenta la pobreza, quiebran las pequeñas y medianas empresas y se crean las posibilidades de una enorme concentración del gran capital.

En las crisis los más fuertes se enriquecen a costa de la quiebra de los más débiles.

Cientos y puede ser que hasta miles de medianas y pequeñas empresas tengan que terminar sus actividades. Las actividades de las pequeñas y medianas empresas que cierren serán absorbidas, al final de cuentas, por grandes capitalistas.

El brutal congelamiento de salarios, que además van perdiendo capacidad de compra, empobrece a miles o millones de familias costarricenses mientras unos pocos se enriquecen obscenamente.

URGE la unidad popular, por encima de diferencias.

URGE la construcción de una Agenda de lucha unitaria, patriótica y antiimperialista.

URGE la unión de las organizaciones sindicales y sociales, superando diferencias personales o gremiales.

URGE enfrentar, organizadamente, a una mafia que destruye a Costa Rica desde las entrañas del poder político.

Pero esta urgencia es ¡YA!, se hace tarde.

Asomándonos a las políticas de desarrollo de Rodrigo Chaves

Escrito en 22/04/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes, abril 2022

Desconocido del público en Costa Rica hasta su aparición en el equipo de Carlos Alvarado, su breve incursión en el ministerio de Hacienda le dio el impulso que lo llevó a la presidencia de la República.

Como en el caso de Alvarado, una serie de circunstancias –más que el peso mismo del candidato o lo atractivo de sus propuestas– hicieron posible el resultado electoral. El presidente electo no tenía antecedentes políticos conocidos en el país y esto –en las circunstancias actuales– terminó favoreciéndolo.

Pero su historia política no era del todo desconocida. Durante seis años –entre 2013 y 2019– fue el director de la oficina del Banco Mundial en Indonesia. Si no me equivoco, la mayor oficina del banco fuera de Washington. Desde allí implementó políticas que podrían ser también impulsadas aquí. No solo eso: esas políticas son parte de una visión del mundo, de una concepción de desarrollo que no fue discutida en campaña.

En las páginas del Banco se puede encontrar estimaciones positivas de esas políticas. En otras páginas hay evaluaciones críticas, aportes a un debate que no deberíamos rehuir.

Traté de buscar antecedentes cuando Chaves apareció en el ministerio de Alvarado. Algo escribí cuando fue designado en Hacienda. Durante la campaña no quise escribir nada. No me sentía representado por ninguna de las candidaturas en la segunda vuelta y expuse mi posición sobre eso en un artículo “En defensa del abstencionismo”.

Pero no dejó de sorprenderme que la candidatura de José María Figueres no hiciera ninguna alusión a las políticas promovidas por su adversario al frente del Banco Mundial en Indonesia. Hay algunos aspectos devastadores, como veremos.

Pensé, al principio, que era resultado de la dirección de una campaña mediocre. Pero después me pareció que no se podía descartar una cercanía a políticas privatizadoras, de promoción de mejores “ambientes de negocios”, cosas así, en las que ambas candidaturas se diferenciaban poco y que me hacían imposible inclinarme por alguna.

Lo cierto es que los grandes temas de campaña fueron el acoso o la corrupción, naturalmente relevantes pero insuficientes para ilustrar un debate entre aspirantes a la presidencia del país.

Escenario electoral

El resultado final es conocido: poco más de 43% de ciudadanos prefirió no participar. Si se les suman los votos blancos y nulos tenemos alrededor de 46% de los electores.

Me parece imposible disociar el crecimiento de ese porcentaje de una cierta desilusión con la política a partir del desarrollo del modelo neoliberal que, desde principios de los años 80, fue demoliendo las bases de un estado social cuya piedra angular –desde mi punto de vista– fue el decreto de nacionalización de los depósitos bancarios de junio de 1948.

Considerando que “las grandes ganancias de los bancos, garantizadas por el Estado y por el ordenamiento social, no es justo que pertenezcan a los accionistas que representan una parte exigua del capital movilizado, sino que deben convertirse en ahorro nacional, cuya inversión debe estar dirigida por el Estado”, la Junta Fundadora de la Segunda República decretó la nacionalización de la banca. Una lógica impecable, de la que se derivó la resolución de que “Sólo el Estado podrá movilizar, a través de sus instituciones bancarias propias, los depósitos del público”.

No es casualidad que el primer paso en el camino de las políticas neoliberales haya sido el de la privatización del negocio bancario, con plata de la AID norteamericana. El proceso siguió luego, implacable: la educación, la salud, las telecomunicaciones, los seguros, las carreteras, los aeropuertos, los puertos, etc… Lo público al servicio de los privados. El país transformado en una enorme alcancía donde los costarricenses echan sus monedas para engordar el chanchito de otros. Esas políticas fueron desdibujando el llamado “bipartidismo”. Uno y otro venían y avanzaban en la misma dirección, con las consecuencias conocidas para la forma de desarrollo del país y para el nivel de vida de las mayorías.

Para los que les gusta poner fecha a las cosas, permítanme sugerir una para el fin del bipartidismo en Costa Rica: el día en que Guido Fernández pasó a integrar el gobierno de Oscar Arias. El triunfo total de ANFE no puede haber pasado desapercibido por Figueres, en su tumba.

No es posible entrar aquí en detalles de ese proceso. El pasado 3 de abril los electores tenían dos opciones: votar por un candidato que no solo había sido parte de ese proceso de descomposición política, sino que se había ido del país para evitar ser preso por acusaciones de cohecho; y otro, del que el gran público desconocía todo…

… Pero no todo era desconocido

Sin antecedentes políticos en el país, volvamos la mirada al mundo político de Rodrigo Chaves: el del Banco Mundial en Indonesia, la oficina a su cargo.

Para dar seguimiento a esto nos parece útil un trabajo bien documentado –Indonesia: the World Bank failed East Asia miracle–, realizado por una fundación norteamericana orientada especialmente a temas ambientales: The Oakland Institute (el texto original, en inglés, puede ser visto aquí: https://www.oaklandinstitute.org/indonesia-world-bank-failed-east-asian-miracle).

No nos vamos a referir a las políticas promovidas por el Banco en Indonesia en los 31 años de la dictadura del general Suharto (1967-1998). Aunque sus consecuencias se extienden hasta hoy, trataremos de referirnos a lo más reciente, relacionado con el período en que Rodrigo Chaves estuvo al frente a la oficina, o a lo que, desde años anteriores, se proyectó sobre ese período.

Lo que sigue son referencias sacadas del texto del Oakland Institute. Ahí se menciona el “Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs report” donde el Banco destaca el papel de Indonesia como uno de los diez casos más exitosos de reformas económicas orientadas a “mejorar el clima de negocios” y atraer inversiones privadas.

Es el punto de vista optimista del Banco, para quien la aplicación de las políticas neoliberales hicieron de Indonesia un ejemplo de milagro económico en el lejano oriente. Pero el estudio analiza luego las diversas consecuencias de esa política. En la carrera por las reformas y por atraer inversiones, millones de hectáreas de bosques hasta entonces manejados por la población local, han sido entregadas a empresas privadas extranjeras, provocando inevitables conflictos sociales, deforestación, desigualdad y pobreza para la vasta población afectada.

Como Costa Rica, Indonesia adoptó las políticas de ajuste estructural en los años 90’s. En 1998 firmó un memorando con el FMI en el que, a cambio de apoyo financiero, debía promover una política de privatizaciones acelerada, de liberalización del comercio exterior y de las inversiones extranjeras y desregularización de las actividades locales. En 2003, los resultados de esas reformas, promovidas por el BM, desataron protestas en el país. Las imágenes que ilustran el texto son sobrecogedoras.

Entre 2009 y 2017 el Banco prestó o respaldó préstamos por 20,6 mil millones de dólares a Indonesia, 22% de los cuales se destinaron a promover medidas de desregularización en las más diversas áreas, como reducción de impuestos, facilitación de procedimientos administrativos, reformas en la administración de tierras o proyectos de infraestructura comercial, entre otros.

Todo esto puede presentarse como grandes avances modernizadores del país. Algo parecido a lo que ha hecho el actual ministro de Hacienda de la administración Alvarado, que presume de haber puesto “orden” en las finanzas de Costa Rica, como si eso reflejara el resultado exitoso de una administración.

Como consecuencia de estas reformas, Indonesia se adelantó rápidamente en el índice de negocios del Banco Mundial, pasando de la posición 106, en 2016, a la 72, en 2018, transformándose en la mayor economía del sudeste asiático. Supongo que el resultado fue considerado como un gran éxito de las políticas del Banco, precisamente en los años en que Chaves encabezaba la oficina. Un proceso del que es también gran entusiasta el presidente Joko Widodo, que gobierna Indonesia desde 2014. Widodo creó una Fuerza de Tarea coordinada por el ministro de Economía para promover las reformas. En Costa Rica un proyecto de reforma del Estado podrá estar en manos de una comisión legislativa que el diputado electo Rodrigo Arias ya anunció su interés en presidir, además de promover proyectos de cooperación público-privado mediante el cual avanzar en las privatizaciones.

Pero es evidente –dice el documento del Oakland Institute– que estos “logros” se alcanzaron a expensas de los trabajadores indonesios, de las comunidades indígenas y del ambiente. Un crecimiento destructivo mediante la atracción de inversión extranjera, que descuidó los derechos de los indígenas a la tierra.

En un documento sobre el marco de la cooperación con el país entre 2016 al 2020, el Banco reafirma su papel orientador en la política económica de Indonesia. La transferencia acelerada de tierras culturalmente ricas y productoras de alimentos a manos de empresas que buscan los beneficios corporativos “provocó el masivo desplazamiento de pequeños propietarios y de pueblos indígenas”. En muchos casos eso no se pudo hacer sin el uso de violencia extrema (nuevamente, las fotos que lo exhiben son estremecedoras). Solo en 2011 se registraron más de 600 conflictos por la tierra en Indonesia, con 22 muertos y centenares de heridos. Este proceso fue acelerado por el programa de reforma agraria aprobado en julio del 2018 y financiado por el Banco que, desconociendo el papel de las comunidades indígenas, sistemáticamente minó sus derechos en favor de las corporaciones.

Palma aceitera

Gracias a ese proceso, Indonesia se convirtió en el principal productor de palma aceitera del mundo. Las 6,9 millones de toneladas de aceite de palma que producía en 2000 se convirtieron en 32 millones en 2016. Más de 50% de los recursos dedicados por el Banco para la producción de palma se destinaron a Indonesia. “Solo entre 1995 y 2015 (Chaves asumió la dirección de la oficina en Indonesia en 2013), un promedio de 117 mil hectáreas anuales de bosques –un área mayor que Hong Kong– fue devastada todos los años para dar lugar a las plantaciones de palma aceitera. De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadísticas de Indonesia, el total del área de las plantaciones de palma aceitera en el país eran de cerca de 14 millones de hectáreas, en 2017. Un área mayor que la de Grecia.

“Las inversiones privadas en palma aceitera son presentadas por las compañías y los funcionarios gubernamentales como una forma de crear empleo y construir carreteras, escuelas y casas. Pero la expansión de grandes plantaciones también amenaza la supervivencia de cerca de 40 a 65 millones de personas que dependen directamente de los recursos del bosque para su sustento”. Los responsables de las plantaciones destruyen pequeñas aldeas, campos de arroz, cementerios ubicados en los bordes de sus concesiones, mientras contratan a obreros en zonas lejanas, sin contacto con la población local, para el trabajo en las plantaciones.

Minas

Pero no se trata solo de la palma aceitera. El Banco desempeña también un papel clave en el apoyo de actividades mineras en Indonesia, principalmente mediante operaciones de su International Finance Corporation (IFC) y la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Una actividad que, según el Banco, puede tener un impacto en la reducción de la pobreza.

Las enormes reservas de oro y de cobre son operadas por subsidiarias del gigante minero norteamericano Freeport McMoRan Inc, según el documento del Oakland Institute. Explotaciones que descargan diariamente 200 mil toneladas de productos contaminantes en los ríos. El resultado es que lejos de beneficiar a la población local, lo que fue alguna vez una fuente de alimentos para ellos se transformó en una tierra devastada por la minería. Como ocurre en todas partes y que también en Costa Rica ha provocado un intenso debate.

Turismo

En 2018, cuando preparaban su reunión anual en Bali, el Banco aprobó 300 millones de dólares para mejorar la infraestructura y el servicio y atraer inversión privada en el sector del turismo.

Pero construir nuevos aeropuertos y expandir el turismo de lujo para compartir la prosperidad con las comunidades locales es otra “falsa promesa”, dice el documento que hemos venido analizando.

Las políticas gubernamentales incluían una amnistía impositiva y eliminación de restricciones para nuevos proyectos de inversionistas extranjeros, incluyendo la expansión de la red nacional de carreteras, mil km de carreteras concesionadas; 3.258 km de nuevas líneas férreas; 15 nuevos aeropuertos (mejorías en otros 10) y 24 puertos marítimos (Indonesia es un archipiélago con más de diez mil islas, de las cuales 922 están habitadas).

La costa fue entregada a inversionistas extranjeros. El Banco apoyó los megaproyectos de desarrollo turístico, provocando nuevos problemas. La construcción de la autopista Batang-Semarang, en Java central, por ejemplo, provocó el apoderamiento de tierras de la población local y el desplazamiento de la comunidad de nueve ciudades, en abril del 2018. Vía Campesina, una organización local, denunció que el ambicioso proyecto de infraestructura del presidente Widodo “había traído miseria para miles de familias campesinas”.

El documento concluye afirmando que la asesoría del Banco para favorecer la inversión extranjera en infraestructura y turismo se basa en la explotación de los exuberantes bosques y playas de Indonesia. Pero “el fanatismo de la atracción de inversionistas para la nueva frontera de desarrollo pasa por alto los severos impactos en los medios de vida de los habitantes locales y del ambiente”.

El escenario político

Este es precisamente el debate, en vísperas de que Chaves asuma ahora, no la jefatura de una oficina del BM, sino la presidencia de Costa Rica.

Es razonable pensar que traerá las mismas recetas al país. Si es así (y conociendo los resultados de su aplicación en Indonesia y en el mundo, donde los años del neoliberalismo han llevado las tensiones y las desigualdades a niveles nunca vistos), también es razonable que sectores importantes de la sociedad se opongan a su aplicación.

Chaves no ganó las elecciones con este proyecto de gobierno. Como sabemos, los programas presentados en las elecciones no solo pecan de vaguedades, sino que son, en gran medida, una formalidad para cumplir con los requisitos electorales.

Pero el futuro gobierno cuenta con amplio apoyo en la asamblea para este tipo de políticas. Con Rodrigo Arias en la presidencia de la asamblea tendría una palanca importante para avanzar sobre la institucionalidad y las empresas públicas que todavía resisten los intentos privatizadores. Una persistente y abusiva campaña sobre abusos del sector público (que deben ser corregidos) ha sido orientada a minar todo apoyo a esa institucionalidad , sin que sectores importantes de la población alcancen a ver el objetivo de esa campaña. Y que los sectores que la adversamos no hemos sido capaces de explicarlo claramente.

Este será el escenario de los próximos cuatro años y la debida discusión de esas políticas es indispensable para que podamos enfrentar los esfuerzos privatizadores que la alianza Arias-Chaves (a la que se sumarán otras fracciones) impulsará en los próximos cuatro años.

Reflexiones sobre el tráfico de influencias, deber de probidad y el Código de Deberes Éticos y Profesionales de los funcionarios públicos de la Universidad Técnica Nacional

Escrito en 18/04/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

MSc. Anais Patricia Quirós Fernández
Académica Universitaria, Escritora
Carrera de Idioma Inglés y Programa Institucional Ingles para el Trabajo PIT
Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI
Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN
Sede del Pacifico, Sede Central www.utn.ac.cr

1. El Tráfico de influencias: ¿Es una práctica ilegal? ¡SI! ¿En qué consiste? “Consiste en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o conexiones con personas que ejerzan autoridad para obtener favores o tratamiento preferencial; a menudo esto ocurre a cambio de un pago en dinero o especie” ¿Está penado en Costa Rica? ¡SI! La Ley No 8422 del 06 de octubre del 2004, “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública”, en su numeral 52, crea el delito de tráfico de influencias, sancionado con prisión de 2 a 8 años. El término es opuesto a la Transparencia.

2. En Costa Rica las formas de corrupción han variado desde el uso ilegítimo de información privilegiada, el patrocinio, sobornos, extorsiones, fraudes, y la impunidad. ¿Recuerdan MECO Y HSOLIS?

3. La corrupción política facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la prostitución ilegal. En Costa Rica, estamos guiados por la corrupción política sin restricciones. ¿Acaso vamos rumbo a la Cleptocracia? Del griego clepto, “robo” y cracia, “poder” = dominio de los ladrones donde todas las acciones delictivas quedan impunes, debido a que todos los sectores del poder ya están corruptos socavando la democracia, el buen gobierno, la legitimidad y los valores democráticos, tales como la confiabilidad y la tolerancia. ¡Se nos está acabando la paciencia! Costa Rica como organismo vivo está enfermo, tiene el pus y su tejido infectado consecuencia de corrupción política.

4. En la Universidad Técnica Nacional no solo debemos apegarnos a la normativa jurídica existente, para evitar caer en la tentación, sino también al Código de deberes éticos y profesionales de los funcionarios de la UTN como también a la Guía básica para ejercer con prohibidad la función pública de la Procuraduría de la Ética. El Código de deberes éticos UTN fue aprobado el 13 de agosto de 2015. Al 2022 solo tiene 6 años de su promulgación. Este es una herramienta de principios éticos que propone una cultura organizacional saludable dentro de un marco de legalidad y respeto. A su vez una educación basada en valores y correcto ejercicio profesional. Un documento vinculante. Este código, establece, que todas las actuaciones que realicen los funcionarios de la UTN deben ser jurídicamente validas y éticamente aceptables. Deseables para la sociedad y la institución, guiados por los principios de responsabilidad, calidad, equidad, respeto y compromiso. Quiere decir que al ser funcionarios públicos debemos cuidar nuestro accionar. No podemos olvidar que cada acción tendrá una consecuencia. En Código de la UTN establece que debemos ejercer nuestras labores de buena fe, respetando los principios de imparcialidad y transparencia, salvaguardando y dando preeminencia al bien común sobre lo particular.

5. Los conflictos de intereses – dice el Código- siempre suponen particular gravedad, especialmente, cuando implican decisiones sobre gestión de recursos, procesos de compras, contratación de personal y de servicios de terceros, entre otros. Por lo cual, en ninguna circunstancia, se debe poner en riesgo ninguno de los patrimonios de la Universidad.

6. En ese sentido, son deberes fundamentales del personal universitario, abstenerse de participar en los asuntos relacionados con la toma de acuerdos que impacten a la institución, mientras tengan algún tipo de interés personal diferente al de su esfera laboral o estén vinculados por relaciones de parentesco o afinidad. Así también, los procesos electorales internos deberán gestionarse con solvencia ética y jurídica, de conformidad con la regulación vigente del Tribunal Electoral interno y en pleno apego al ordenamiento jurídico costarricense.

7. Por último, un documento no menos importante en nuestra alma mater es la Guía básica para ejercer con prohibidad la función pública, de la Procuraduría de la Ética que textualmente nos expone que: “La probidad en el ejercicio de la función pública exige del servidor no sólo el cumplimiento estricto y riguroso de sus deberes y funciones (legalidad) sino, además, la convicción plena de hacerlo con apego a los principios y valores que demanda la sociedad, el servicio público y la investidura (ética).” El deber de probidad está asociado a la prevención de la corrupción, el incremento de la ética y la transparencia en la función pública. ¿Como buenos ticos diríamos que tiene este tema que ver con nosotros? ¡NOS INVOLUCRA EN MUCHO Y EN TODO! ¡A CADA UNO Y A CADA UNA! Como parte de esta institución de educación superior universitaria – www.utn.ac.cr-, y parte de una democracia, podemos levantar la voz y no permitir violaciones a nuestros derechos ni caer en el juego que es en realidad “fuego” de algunos que, por su posición, malversan sus acciones dejando luego una institución enferma, llena de funcionarios públicos indiferentes a lo que realmente nos involucra a todos y todas. ¡USTED TAMBIEN ES PARTE DE ESTA COMUNIDAD UNIVERSITARIA! ¡En guerra avisada mueren menos soldados!

Tertulias nocturnas en el corredor con el abuelo

Escrito en 16/04/2022. Publicado en Comunidad, Equidad y derechos de la mujer.

Bernardo Archer Moore

Es un sabor de la historia reciente para los amantes de la lectura.

La mayoría de nuestros abuelos, y en muchos casos bisabuelos, llegaron a Costa Rica en los albores del siglo anterior (1900), con una mano delante y la otra detrás.

Hicieron cualquier trabajo disponible para sobrevivir y pasaron su tiempo fuera de las horas de trabajo de la hacienda haciendo sus propias granjas.

Impulsados por su propósito, soportaron alegremente tales sacrificios y, a veces, dificultades. Algunos pueden preguntarse, ¿cómo puede alguien ser feliz en circunstancias tan adversas?

Cada pequeño paso que dieron hacia su objetivo de brindar una mejor calidad de vida para sus futuras generaciones, trajo alegría a sus corazones y almas.

Fue así como en menos de cuatro décadas y, a pesar de no poder hablar el idioma español con fluidez, lograron forjar una base económica comunitaria autosuficiente, lo que captó la preocupación de los ciudadanos de clase alta, así como de los funcionarios del gobierno.

Que tomó cartas en el asunto de inmediato, al condicionar a la United Fruit Company, a «no emplear negros del Atlántico» en la nueva Concesión del Pacífico. Entidad que era el empleador más grande del país en ese momento.

Entonces, así fue como de repente se encontraron atrapados en un país extranjero, con las puertas del mayor empleador de mano de obra del país cerradas para los inmigrantes negros y sus hijos. (Decreto Ley No.13 de 1935).

Ese incidente marcó un hito para la relación racial en Costa Rica durante la siguiente mitad de siglo. Además de ser la primera evidencia documentada de políticas gubernamentales dirigidas a frenar la riqueza y el progreso de las familias negras en el Caribe.

Sin mucho alboroto las familias se dividieron, y mientras que los más adultos se quedaron para proteger sus tierras, los jóvenes más aventureros emigraron al sur para buscar empleo en el país vecino de Panamá, particularmente en las provincias de Bocas del Toro, Colón y Ciudad de Panamá.

Por medio de un mensajeros personales o viajeros («ferrocarril subterráneo») los hijos, hijas, padres y hermanos mantuvieron una comunicación constante a través de las líneas fronterizas, durante las siguientes dos décadas (mediados de los años 30 a mediados de los 50); cuando algunos decidieron regresar a casa, mientras que otros se dirigieron a Estados Unidos.

Aquellos que regresaron a Costa Rica, se unieron a sus padres o parientes mayores para proteger y continuar desarrollando las propiedades de la familia; eso para evitar que la historia se repitiera.

Por su parte, quienes continuaron su migración a Estados Unidos nunca olvidaron a sus familiares en Costa Rica.

Aparte de apoyarlos económicamente con remesas periódicas de acuerdo a sus propias limitaciones, ayudaron a sus familiares y amigos a llegar también a EE.UU. donde había mayores oportunidades de trabajo y una mejor calidad de vida.

Creándose así la corriente migratoria de la década de 1960 desde la provincia de Limón hacia América del Norte; que se convirtió en el bombo popular del momento.

Por otro lado, a principios de los años 70, la riqueza y la prosperidad de las familias negras costarricenses estaba en un pico histórico, con la tenencia masiva de tierras, que no solo incluían hermosas propiedades frente al mar; sino, también cientos, si no miles de hectáreas de las tierras más fértiles y productivas del interior de la región caribeña, pero sin las familias para desarrollarlas debido al ya citado desarraigo.

Evidentemente, la «gran solución» de las autoridades gubernamentales de 1935 no cumplió sus propósitos; lo que los llevó a experimentar con un nuevo método en la década de 1970.

Lo que resultó en la confiscación masiva de sus tierras, paralela a una política de redireccionamiento de inversiones destinadas para la región, tanto privadas como públicas; así como las de empresas extranjeras.

Si bien no se emiten recibos por actos de racismo y corrupción, tenemos el triste recuerdo del caso documentado de la compañía JACK ROYAL PARKER ASSOCIATE, INC.

Empresa con sede en New Jersey, Estados Unidos, que en 1978 se interesó en establecer Parques Industriales y Zonas Francas en Limón, para albergar al menos 22 empresas industriales, lo que generaría un estimado de 4,500 nuevos empleos en aquel momento.

A pesar de los esfuerzos incansables de nuestro entonces Congresista Daniel Jackson Freedman y el apoyo de la Junta Directiva y Ejecutivos de Japdeva, este esfuerzo pionero de crear PARQUES INDUSTRIALES Y ZONAS FRANCAS EN EL CARIBE se vio frustrado, solo para reaparecer con fuerza en el Valle Central una década después; específicamente en Alajuela y Heredia (Zona Franca BES en El Coyol de Alajuela y Ultrapark en El Barreal de Heredia). Ambos con autorización de funcionamiento a partir de 1990.

El alcance de dicha actividad económica hace 7 años superaba los 80.000 empleados.

Según un informe de PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior) titulado: «Balance de las Zonas Francas», «el empleo directo formal generado por las empresas en zona franca fue de 82.086 en el 2015». Con un «beneficio país neto de $3.179 millones».

Ahora, ¿te imaginas cómo se vería hoy el Cantón Central de Limón (Ciudad de Limón) y la costa del Caribe con una cuarta parte de esos empleos (20,000)?

Sin duda, habría alterado el continuo desarraigo de jóvenes limonenses hacia Estados Unidos y el valle central del país en busca de oportunidades laborales, con la consecuente división y debilitamiento de familias y comunidades; tal como les sucedió a nuestros antepasados cuatro décadas antes con la prohibición de trabajar con la United Fruit Company en las fincas del Pacífico, citada anteriormente.

Así las cosas, el fracaso del más reciente Proyecto “LIMÓN CIUDAD PUERTO”, liderado por el hermano del entonces Presidente de la República, debe verse en el contexto de una continuidad política institucionalizada, orientada al desarraigo y desintegración de las familias negras limonenses; aunque también afecta a familias no afrocostarricenses que ahora viven en el Caribe.

Bajo el mismo lente, debemos mirar y evaluar las políticas gubernamentales actuales respecto a las áreas de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), declaratorias de «Patrimonio Natural Estatal (PNE)» y Territorios Indígenas, que incluyen propiedades ancestrales de familias afrocostarricenses, y a quienes ellos hayan vendido por razones de necesidad y subsistencia.

Sin duda estamos en la encrucijada de una batalla centenaria, que solo unidos venceremos tal desafío de no caminar por el mismo camino de nuestros ancestros.

Publicado originalmente en https://www.facebook.com/296937617065353/posts/5071836032908797/?sfnsn=mo

Segunda ronda: Triunfo del voto “Qué me da” sobre el voto “Caperucita Roja”

Escrito en 10/04/2022. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Edgar Chacón Morales

Segunda ronda: Triunfo del voto “Qué me da” sobre el voto “Caperucita Roja”. Conclusiones y … realidades que hablan en las urnas

El sábado 2 de abril hice públicas algunas reflexiones bajo el título: El voto “Qué me da” y el voto “Caperucita Roja”.

Hago esta mención, porque las reflexiones que siguen, están en relación directa con esas otras (https://wp.me/p6rfbZ-hC4).

Según los resultados de las votaciones del 3 de abril y contadas las papeletas depositadas en más del 90 por ciento de las mesas electorales, estos escrutinios daban a Rodrigo Chaves por ganador. Chaves 972.397 votos, el 52.89% y a José María Figueres Olsen 865.227 votos, el 47.11%.

Las tres provincias costeras: Guanacaste 53.443 votos a Figueres y 66.747 a Chaves; Puntarenas 57.920 votos a Figueres y 89.256 a Chaves y Limón 47.381 votos a Figueres y 80.665 a Chaves.

Las provincias de la Gran Área Metropolitana: San José 330.583 votos a Figueres y 315.359 a Chaves; Alajuela 157.321 a Figueres y 204.796 a Chaves; Cartago 120.991 a Figueres y 112.067 a Chaves; Heredia 97.588 a Figueres y 103.507 a Chaves.

Con estos conteos ya se daba por ganador a Chaves: En Alajuela y Heredia y a Figueres en San José y Cartago. Este último, sólo ganó en dos de las siete provincias del país y Chaves en cinco.

Siguiendo con las estadísticas, con muy poca diferencia Figueres ganó en San José y Cartago. Con alrededor de quince mil votos en San José y con alrededor de ocho mil votos en Cartago. Mientras que Chaves ganó en Alajuela con una diferencia de alrededor de cincuenta mil votos y en Heredia con una diferencia de alrededor de seis mil votos.

En las provincias costeras, Chaves ganó en Guanacaste con una diferencia de alrededor de trece mil votos; en Puntarenas con una diferencia de alrededor de treinta mil votos y en Limón con una diferencia de alrededor de treinta y tres mil votos.

Entonces Chaves ganó en las tres provincias más empobrecidas, olvidadas y abandonadas, con más votos “Qué me da”, que con votos “Caperucita Roja”.

Por otro lado, en las dos provincias de la GAM que ganó Chaves, sumadas las diferencias, son mayores que en las dos que ganó Figueres.

El dato relevante acá, es que en las cuatro provincias es notorio el aumento de los signos de pobreza, los datos sobre falta de oportunidades, entre otras evidencias de deterioro social, por lo que tiene elementos de acierto decir que aquí, también el voto “Qué me da” le ganó al voto “Caperucita Roja”.

Esto es la realidad objetiva. En cuanto a los factores subjetivos, los mensajes de Figueres al voto “Qué me da”, fueron más demagógicos y sin asidero. Mientras que los mensajes de Chaves hacían alusión a tomar medidas dirigidas a bajar los fondos del Estado que “se van” en la corrupción, para crear oportunidades a los sectores marginados, para dar opciones a acceder a algo más que sus tres necesidades básicas: comida, vestido y habitáculo. Y agregar acá, tal vez para algunos, celular y signos externos de marca.

Según un servidor de transporte público de taxi: “Sí, es que la gente piensa, y se lo digo porque aquí se sube toda clase de gente: Si el dinero de la corrupción sólo va a dar al bolsillo de los ricos, mejor que roben pero que venga a dar algo a nosotros. Porque Chaves no es ninguna “santa paloma”, también va a robar”.

El voto “Caperucita Roja”, con sus miedos, con el susto sobre que Chaves va a terminar siendo un dictador de bigotito corto y pelo alborotado, no aportó lo suficiente para un gane.

Tampoco alcanzó el juego de algunos personajes de entrevista, de “medios de comunicación” (que no son medios porque no median) de aquellos canales unidireccionales o correas de transmisión que sólo llevan des información en un sentido; esos a los que con desatino les dicen “prensa vendida”, sin saber que no es vendida sino parte del festín.

El voto tradicional de saga, con actitudes irreflexivas y desinformadas, se apresuró a degenerar refranes y dichos. Esta población, fue capaz de transformar el refrán “Mas vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer”, primero en “más vale lo malo conocido…” y luego en “más vale ladrón conocido…”, esto desde la primera vuelta del 6 de febrero, no sólo ante la disyuntiva Chaves-Figueres. La dignidad ciudadana parece que fue escondida por un miedo irracional, el conformismo, o el desinterés por informarse.

Aquí llegan al recuerdo cosas como: “Es que mi abuelita me hizo jurar que no iba a botar por otro partido”, sin reflexionar que esos eran los tiempos de Don Pepe y del Calderón Guardismo y no los tiempos de los que, con sus actos, han permitido que les llamen “Pinocho”, “Chemisillo”, o hasta “el hijueputa”, como uno de ellos lo admite y de otros que ellos mismos han patrocinado para convertirlos en azotes, para toda la población, que no es parte de sus grupos.

Recuérdese que cuando Figueres quiso evidenciar a Chaves como acosador, éste lo desnudó como agresor y abandónico.

Veremos si Chaves le sigue la pista al negocio de la energía privada, negocio de Figueres y otros. Tal parece que no.

Por otro lado, lo que para unos y para Chaves mismo parece “trapito de dominguear”, para otros es una vergüenza: funcionario del Banco Mundial, una organización nefasta para pueblos y países empobrecidos, en lo que, entre otros, este organismo tiene responsabilidad.

Algo o mucho, parece decir que el tiempo del PLUSC, cuando familias tenían un miembro en cada partido, sin importar cuál gana, está terminando, ufff.

Así también, el voto que le dio la pérdida a Figueres, es aquel voto de quienes ya están hartos de tanta corrupción y descaro y de otros que, con pragmatismo dicen: “Y para mí cuando”.

Ahora bien: Tanto Figueres como Chaves, los dos fueron a ofrecerse y pedir votos, a los “demonios de la Ideología de género”, los dos parecen congeniar los mismos intereses de servidumbre y propia servidumbre, ya se fueron a buscar entre ellos y se hicieron ofrecimientos mutuos y ya parecen delinear el camino: ellos ganan y los demás perdemos.

Tiempo para reflexionar: con la mayoría del voto “qué me da”, podría pensarse en un trabajo, para que sea protagonista y no sólo la mayoría manipulada que pone la mano en los procesos de votación.

Al voto “Caperucita Roja”, le queda entender que el miedo no es el mejor motor.

Al voto tradicional de zaga, le queda preguntarse y responderse: ¿va a la zaga de qué o de quiénes?

En fin, según aquellas palabras de Joseph de Maistre: “Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.

Abril de 2022.

Mensaje del Partido Acción Ciudadana de cara a los resultados de las elecciones de Segunda Ronda

Escrito en 09/04/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

En torno a los resultados de la segunda ronda electoral Costa Rica concluyó su jornada electoral en orden y en paz a pesar de los fuertes cuestionamientos a los partidos y las candidaturas finalistas. El candidato Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático resultó electo con más del 50% de los votos válidos emitidos y un abstencionismo cercano al 43% (el más alto desde 1948), un ambiente político adverso, altamente polarizado y con grandes desafíos ante la recuperación postpandemia.

Finalizado el proceso electoral, reconocemos y aceptamos la voluntad popular, como lo hemos hecho siempre y el reto de continuar trabajando por la Costa Rica que queremos.

La pasada contienda electoral deja claro que ninguna de las opciones políticas en juego tiene la fuerza suficiente para hacer cambios que trastoquen el complejo tramado de la corrupción, los abusos de poder, el clientelismo y el populismo. Es necesario insistir en la búsqueda de acuerdos multisectoriales, sin exclusiones, que deberán fundarse en la visión del bien común, el respeto a los derechos humanos, la igualdad y equidad de las mujeres, el desarrollo sostenible, la descentralización y la gobernanza multinivel.

La atención a las provincias costeras y a las poblaciones en condición de vulnerabilidad se impone como prioridad nacional y para ello, se requiere ajustes estructurales de gran calado que deberán hacerse por la vía democrática y respetando los procesos legítimos que establece la institucionalidad pública.

Sin diálogo y sin búsqueda de acuerdos justos de largo plazo, este país podría verse sumergido en protestas de todo tipo, debilitando aún más la credibilidad en el sistema de partidos políticos, las oportunidades de desarrollo económico y las capacidades del Estado para encontrar soluciones que beneficien a la toda la ciudadanía en un ambiente de paz.

Se requieren reglas claras y transparentes para abordar con diligencia las grandes necesidades de los sectores más vulnerables, en una coyuntura global desfavorable, que impone ajustes radicales al estilo de desarrollo. El Partido Acción Ciudadana se encuentra en un proceso de diálogo partidario, basado en la autocrítica de su gestión política para renovar su propuesta programática y la ruta de trabajo con atención a la experiencia de las dos administraciones y 21 años de existencia. Trabajamos en la promoción de los diálogos territoriales, sectoriales y de poblaciones para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y una cultura de responsabilidad con la ética pública y privada.

Por nuestra parte, el compromiso es promover y contribuir en la formulación de acuerdos multisectoriales, vigilar la ejecución eficaz y transparente de los fondos públicos, ambientes de trabajo respetuosos de la dignidad de las personas y particularmente de las mujeres.

Nos mantendremos vigilantes de los derechos humanos, la cultura de paz, la justa distribución del ingreso, la protección de los recursos naturales, la separación de poderes, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, el ejercicio responsable y democrático del poder. Propiciaremos encuentros con sectores progresistas para la elaboración de una agenda común y la defensa del Estado social de derecho.

¡Por Costa Rica siempre!

El impuesto a los combustibles: La historia que nunca nos contaron

Escrito en 09/04/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, CICDE-UNED

¿Es este un “impuesto al carbono”? ¿Quizá un “impuesto verde”? Es decir, ¿es un impuesto cuyo objetivo es desestimular el uso de combustibles fósiles y promover el cambio hacia formas de energía limpia? ¿Es entonces un impuesto animado por el objetivo de combatir los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global?

Remotamente podría tener ese aspecto. Pero hay al menos dos graves problemas que lo lastran significativamente: su mal diseño y su desconexión respecto de cualquier estrategia de políticas, más o menos integral y coherente.

En primer lugar, para darle viabilidad política y legitimidad social, un impuesto de esta naturaleza debía cumplir con al menos dos condiciones:

Debieron contemplarse mecanismos que redujesen su efecto sobre los grupos de ingresos medios y bajos, de modo que su incidencia se hiciera sentir principalmente en los de más altos ingresos. No es un problema fácil de resolver, pero podría intentarse por medio, por ejemplo, de algún tipo de subsidio, y mediante créditos fiscales a favor de micros y pequeñas empresas.
Los recursos provenientes de un impuesto con estas características, deberían destinarse principal -si no exclusivamente- a satisfacer objetivos ambientales. Claramente no es el caso, puesto que solo una fracción muy pequeña (3,6%) de la recaudación del impuesto, se destina a objetivos propiamente ambientales.

En segundo lugar, y si los objetivos fuesen realmente de combate al cambio climático, el impuesto no debería quedar como una medida aislada, sino como una pieza dentro de un engranaje mucho más amplio. Junto al impuesto, y mucho más allá de éste, se requieren al menos dos grandes políticas, ambas de amplia envergadura.

Primero, un programa de inversión a gran escala, que mejore radicalmente la calidad y eficiencia del servicio de transporte público. Se hace necesario todo un cambio cultural, que despoje al auto personal del aura de prestigio que recubre, y que lo convierte en una ambicionada meta dentro de los patrones de consumo de amplios sectores de la población. Pero es innegable que ello no se logrará si persisten las graves y evidentes deficiencias del transporte público, las cuales proporcionan un poderoso estímulo a favor del uso de ese tipo de vehículo.

Segundo, un programa de inversión, igualmente ambicioso, que promueva la migración hacia energías limpias en el transporte y en otras actividades en las que los combustibles fósiles siguen desempeñando un importante papel. O sea, más allá del limitado estímulo que el precio pueda proporcionar, es necesario que existan las condiciones efectivas para que otras fuentes de energía, realmente limpias, estén disponibles a costos razonables.

Nada de eso es posible, sin un vigoroso liderazgo estatal. Y la verdad es que el viraje ideológico que se hizo dominante desde hace más de 35 años, ha despojado al Estado costarricense de ese liderazgo. En el proceso ha proliferado un picadillo institucional, con organizaciones inconexas y sumamente débiles. En ello ha incidido una ideología que combina el antiestatismo con la idea de que la institucionalidad pública, tan solo debe cumplir un rol como facilitadora de la inversión privada en obra pública, lo que implica la privatización de facto de esa infraestructura pública. Esto ha dado lugar a un coctel tóxico: una institucionalidad débil y troceada, incoherente y muy vulnerable a la corrupción.

En el caso del transporte público ello es clarísimo, lo que ha facilitado que algunos cuantos consorcios privados impongan sus intereses a capricho, mientras las inversiones necesarias se posponen de forma indefinida, y los servicios resultan cada vez más defectuosos.

En lo que a las nuevas energías se refiere, el prejuicio ideológico impide impulsar las reestructuraciones y reorientaciones necesarias, y bloquea los necesarios mecanismos de coordinación. El ICE y RECOPE son, naturalmente, las instituciones públicas que deberían asumir ese liderazgo, en colaboración con las universidades públicas y algunas otras entidades. Un detalle curioso es que el famoso astronauta Franklin Chang tiene esto muy claro, pero, en cambio, estas ideas, absolutamente elementales, no logran taladrar la coraza ideológica que anestesia la inteligencia de las élites políticas y empresariales de Costa Rica. Debe quedar claro que esto no lo puede resolver el libre mercado. Si el Estado no asume un rol de liderazgo, el mercado a lo sumo aportará soluciones inconexas y muy parciales. Lo que, a fin de cuentas, significa no resolver nada.

Pero hay todavía un detalle adicional que no podemos omitir: el diseño actual del impuesto a los combustibles tiende a ser injusto y regresivo. Su incidencia sobre las tarifas del transporte público implica trasladarlo al bolsillo de los hogares y personas pobres. Pero tratándose del transporte privado, su peso relativo es mayor conforme más bajo el ingreso de la persona u hogar. Para micros y pequeñas empresas que requieren del uso de un vehículo, resulta una carga onerosa.

Digámoslo claro: este impuesto existe para satisfacer objetivos recaudatorios, o sea, para llevarle dinero al Ministerio de Hacienda y reducir un poco el déficit fiscal. Sus objetivos son fiscalistas y nada más. Hasta 2019, antes del impacto de la pandemia que, en 2020, e incluso en 2021, redujo la circulación de vehículos, este impuesto aportaba arriba del 11% de todos los ingresos tributarios (más de ₡ 600 mil millones en 2019). Claramente no hay detrás de este tributo ni objetivos ambientales, ni mucho menos objetivos de promoción de la equidad social.

Pero, en realidad, la existencia de este impuesto, tan mal diseñado y, en muchos sentidos, tan dañino, se explica porque no existen los impuestos que SI deberían existir, aquellos que gravan los rentas y ganancias de capital más elevadas, los grandes patrimonios privados y las grandes herencias. La cuestión es que la ideología de moda ordena que a los muy ricos de Costa Rica no se les deben cobrar impuestos, como asimismo prescribe que las corporaciones transnacionales, que tan jugosas ganancias obtienen en Costa Rica, tampoco tienen obligación alguna con nuestro país, no obstante, las beneficiosas condiciones que les ofrecemos. Pero, además, recordemos que en los últimos años se ha afirmado la tendencia que convierte las zonas francas en paraísos fiscales insertos en el propio territorio nacional, un refugio legalizado para la evitación de impuestos, en favor de un número creciente de grandes empresas costarricenses.

Es por eso, a fin de cuentas, que existe el impuesto a los combustibles: para intentar llenar una parte del hueco que abren esos manirrotos privilegios tributarios a favor de los grupos más ricos y poderosos.

Artículo relacionado: La ilusión del oro negro

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Los perdedores, los ganadores y la izquierda

Escrito en 06/04/2022. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Oscar Madrigal

La sorpresa no es que Figueres haya perdido. Lo sorprendente es que no haya sido barrido electoralmente. Prácticamente en todas las elecciones de América Latina la corrupción ha sido el tema definitorio y Figueres reunía todos los componentes de la corrupción: había recibido comisiones de Alcatel y representaba al Partido, que casi por definición, es la corrupción personificada. Al final de la campaña logró aglutinar a algunos sectores políticos y sociales que vieron en Chaves un contrincante aún peor. Liberación Nacional perdió no solo por representar la corrupción sino porque durante los últimos años ha cogobernado con el PAC; de su cosecha fueron las leyes más negativas contra el movimiento social y avaló con entusiasmo la contrarreforma neoliberal. Así que pagó su apego a un neoliberalismo viejo y hasta superado. El futuro de este partido es un cambio no solo de líderes sino de mensaje o seguirá el camino del PUSC.

El otro gran perdedor de esta campaña electoral es la prensa. Trataron por todos los medios de impedir que Chaves ganara y fracasaron. La prensa escrita y televisiva -habrá que estudiarlo mejor- han perdido legitimidad y credulidad. El resultado puede indicar que ya el pueblo no les cree o no son ya los grandes determinantes de lo que llaman la “opinión pública”. Los directores de esos medios deberían presentar las renuncias irrevocables a sus puestos, tal y como ellos exigen de los políticos. Las redes sociales pasaron a jugar un papel más importante, aunque los mensajes fueron igual de manipulados y mentirosos.

Los movimientos sociales fueron presa de su falta de estructuración nacional y de unidad popular por lo que no lograron reaccionar a tiempo ante las propuestas regresivas de Chaves en el campo ambiental, de mujeres o social. La enseñanza podría ser la indispensable coordinación y unidad de ellas para ejercer una influencia importante en los asuntos de Estado.

Rodrigo Chaves venció siendo el abanderado de muy diversos sectores sociales, desde un sector importante de la burguesía, de las clases medias altas, pero lo que definió su triunfo fue el apoyo de los grupos sociales más pobres de las costas y la zona norte. En el centro del país prácticamente empató y definió con los grupos más empobrecidos, los olvidados de siempre. Chaves logró personificar el combate a la corrupción y las argollas políticas; ofreció eliminar las pensiones de lujo, eliminar monopolios como los del arroz y las medicinas, reducir la evasión fiscal y cambiar el acuerdo con el FMI. Ya veremos.

¿Y el Frente Amplio que es la izquierda de este país? Creo que se le abren grandes posibilidades de desarrollo y crecimiento con vistas a convertirse en una alternativa real de gobierno en las próximas elecciones. Su postura parlamentaria debe ser de oposición RADICAL, sin que eso signifique dejar de ser una fuerza propositiva, entendiendo por radical hacer propuestas que ataquen los problemas desde la raíz.

Se dice que nos espera la calle. Es posible. Pero ello será positivo si la calle se une con una propuesta, un programa alternativo que logre emocionar y motivar a los amplios sectores productivos y sociales del pais. De lo contrario seguiremos golpeando la cabeza contra una pared o dando vuelta en un mismo círculo.

¿Por qué América va tan rezagada?

Escrito en 28/02/2022. Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Miguel Sobrado

América ha sido un continente poblado inicialmente por los amerindios, que fueron conquistados posteriormente por gente de todo el planeta, especialmente de Europa. La colonización posterior se realizó sobre la base de la servidumbre, la esclavitud e incluso en algunos casos, con el exterminio de la población originaria.

El racismo abierto o subyacente, cimentó las relaciones de dominación, tanto en relación con los indígenas a quienes se sometió en Iberoamérica a la servidumbre a través de las llamadas “Encomiendas”, como de la esclavitud a que se sometió a la población traída de África.

La gran riqueza americana y la base del capitalismo mundial se generaron en este proceso que André de Melo E Castro, Conde de Galveias y Virrey de Brasil definía en 1739: “Sin negros, no puede haber oro, azúcar ni tabaco”.

Hay que recordar que las repúblicas latinoamericanas fueron producto de la sublevación de los criollos descendientes de los conquistadores, cuando se vieron relegados a un segundo plano por los privilegios que la Corona española les daba a los peninsulares, en la gestión y acceso a las riquezas. Los fundadores de estas nuevas repúblicas se habían convertido en dueños de las tierras, de las minas y otros medios de riqueza. No incluían, más que formalmente, a los indígenas y a los esclavos que no tenían peso económico.

Las nacientes repúblicas nacieron “con los dados cargados”. Los criollos ocuparon todo el espectro de poder, frente a las grandes mayorías étnicas incluidas solo como carne de cañón en los combates por la independencia y las múltiples guerras civiles.

Este desequilibrio de pesos e influencias sociales es el que ha pesado en las relaciones de poder en nuestra América y ES UN PROBLEMA SISTÉMICO, QUE NO SE ARREGLÓ NI CON LAS INDEPENDENCIAS NI CON LOS LLAMADOS PROCESOS DE REFORMA AGRARIA.

Los indígenas, los afrodescendientes y los pobres en general, sin facilidades de acceso a la propiedad y a una educación de calidad vieron disminuidas sus posibilidades a los trabajos manuales de menor remuneración. Por otra parte, las elites acostumbradas a vivir de la renta y de las relaciones de poder clientelistas, orientaron sus ingresos hacia el consumo y el comercio. La innovación no encontró un clima favorable, ni estímulos en las políticas públicas, los empresarios creativos no siempre pudieron alcanzar sus metas.

El menosprecio latente del potencial de los nativos y afrodescendientes restringió la inversión en capital humano y esto no fue problema mientras la demanda de trabajo físico era determinante. Al reducirse esta, producto del desarrollo tecnológico, se resquebrajó la estabilidad del tejido social. Carentes de oportunidades los excluidos engrosaron las filas de la marginalidad, la delincuencia y el narcotráfico.

En otros contextos

Las experiencias de reforma agraria después de la II guerra mundial, en Japón, Corea y Taiwán impulsadas por los Estados Unidos en parte por la urgencia política de entonces, pero fundamentalmente para estimular el desarrollo de los mercados internos que estaban cautivos por las estructuras agrarias latifundistas. Estas reformas, apoderaron con medios de producción a amplios sectores campesinos y contribuyeron a generar una clase media que incidiría posteriormente en las transformaciones políticas de esos países.

Otra suerte corrió la reforma agraria impulsada con fondos del Programa Alianza para el Progreso, para contrarrestar la Revolución cubana. Los fondos de este multimillonario programa administrados por los estados latinoamericanos se utilizaron en muchos casos para “colonización”. Esta resulto ser la compra de fincas alejadas a buen precio de los políticos, para realizar asentamientos de campesinos en las remotidades sin vías de comunicación ni servicios básicos.

Contrasta en ambos casos cómo la decisión política de hacer una reforma agraria, hecha desde el poder de militar de la ocupación, funcionó en Asia apoderando a los beneficiarios, pero no así en América Latina, donde la resistencia de las estructuras de poder la transformó en una forma más de hacer negocio para la elite.

En la actualidad, este rezago se MANTIENE Y SE SUSTENTA en el desigual acceso a los medios de producción, acaparados, en gran medida, por los colonizadores y en las limitantes de acceso educativo y de formación profesional de las cuales dependen sus ingresos.

Esto no se puede cambiar solo luchando contra la corrupción, requiere transformaciones en las políticas públicas de inversión, fortaleciéndolas y haciéndolas inclusivas para toda la población, especialmente de oportunidades educativas, de capacitación organizacional y de acceso a la propiedad que generen el capital humano y social del cambio sistémico.

El Discurso de la Anticorrupción

Escrito en 24/02/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En la reciente campaña electoral no hubo un tema que polarizara la contienda, como el del matrimonio igualitario en la del 2018. Esta vez, la agenda temática fue más diversa y abordada de manera más distendida. Incluso, en algunos temas hubo enfoques similares y hasta compartidos. En este contexto, las candidatas y candidatos apelaron al discurso de la anticorrupción, procurando sacarle dividendos político-electorales, pero con un abordaje sesgado.

Existen diferentes tipos de corrupción: la clientelista que reparte favores para ganar votos, la mercantilista que compra políticos para obtener concesiones, la burocrática, pública y privada o corporativa, que legitima las malas prácticas y, quizá, la más pura y dura, la de las políticas neoliberales que favorecen al gran capital empresarial y financiero, generando más pobreza y desigualdad. Pero, quienes enarbolan el discurso de la anticorrupción pocas veces hacen referencia a este último tipo, protegiendo intereses igualmente espurios.

Hoy, nuestro Estado Social de Derecho está en la picota, en buena medida, por este conjunto de prácticas perniciosas. Sin embargo, el abordaje de la corrupción sigue siendo sesgado, al punto de legitimar su institucionalización, debido al apoyo y sometimiento incondicional a esas políticas que se nos imponen desde afuera. Es decir, se continúa hipotecando nuestro futuro y, principalmente, el de las nuevas generaciones, por la entrega de la soberanía económica y política a poderes fácticos foráneos y sus pares nacionales.

De ahí que uno de los desafíos fundamentales, para lograr tanto una reactivación económica como social salvaguardando los intereses nacionales, sea convertir a la ética de la solidaridad en el eje transversal de todas las políticas públicas. De esta manera, asegurarse que estas políticas estén al servicio de la equidad, la inclusión y la justicia social. Asimismo, democratizar más el proceso de su formulación y ejecución, ensanchando el espacio del diálogo ciudadano, que es el medio por excelencia para garantizar una gestión democrática y el antídoto para los autoritarismos.

Si de algo ha venido adoleciendo el proyecto globalizador dominante ha sido, precisamente, de una ética de la solidaridad humana, como lo ha señalado reiteradamente el papa Francisco. Así, por ejemplo, a propósito de la pandemia, en su última encíclica Fratelli Tutti destaca: “Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío” (La cursiva es nuestra).

Nuestro país y la humanidad entera están urgidos de ejercitar una ética para la solidaridad y la equidad. Nos estamos jugando la vida. El descalabro planetario producido por el cambio climático y la escandalosa concentración de la riqueza, están marcando el rumbo de la autodestrucción. Y un país, pequeño como Costa Rica, que ha logrado avances importantes tanto en bienestar social como en preservación de la naturaleza, cuenta aún con reservas éticas y humanistas para avanzar en una mejor dirección, y heredar un futuro más promisorio a las nuevas generaciones.

Hay que superar el uso sesgado del discurso de la anticorrupción con fines puramente político-electorales. Proponerse, más bien, construir una mejor sociedad de ciudadanas y ciudadanos dedicados al cultivo de la amistad solidaria. Y, de esta manera, defender y fortalecer, remozando, el Estado Social de Derecho: esa gran conquista de nuestros antepasados, producto de una valiente lucha social que desembocó en una convergencia ética y humanista de líderes tan visionarios como patriotas.

¡Claro que tenemos la responsabilidad histórica de gestar un nuevo pacto social por la solidaridad, la inclusión y la justicia social!