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Etiqueta: corrupción

UNDECA presenta denuncia penal contra autoridades de la CCSS y ejecuta paro nacional por sistema ERP-SAP

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) interpuso una denuncia penal formal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra las más altas autoridades de la CCSS por presuntas irregularidades en la implementación del sistema ERP-SAP.

Según el comunicado emitido por la organización sindical, la denuncia se basa en «abundante prueba documental» y solicita la investigación de posibles delitos como incumplimiento de deberes, fraude de ley en la contratación pública, abuso de autoridad, prevaricato, administración en provecho de terceros y posibles actos de corrupción relacionados con el contrato N.º 2020-09.

UNDECA fundamenta su acción en oficios de la Auditoría Interna, informes técnicos institucionales y expedientes contractuales que señalan «posibles entregables defectuosos, pagos retroactivos sin respaldo legal y adendas contractuales irregulares» en un proyecto con un costo superior a los 50 millones de dólares.

La organización señala directamente a la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor Hernández, y al director del Plan de Innovación, Héctor Arias Mora, como responsables de impulsar la implementación del sistema en junio de 2025 «sin contar con condiciones técnicas mínimas» y en «claro desacato a informes institucionales que advertían sobre los riesgos operativos».

Paro nacional con alta participación

Paralelamente a la denuncia penal, UNDECA ejecutó un paro nacional este martes que, según la organización, alcanzó una participación de entre 80% y 90% en todo el país. El secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, indicó que el movimiento mantiene «la atención de servicios de emergencias y la atención a personas internadas, en apego a los principios éticos y solidarios del personal de salud».

La implementación del sistema ERP-SAP ha causado, según UNDECA, «caos en el abastecimiento de insumos y medicamentos, atrasos en pagos de salarios, demoras en el pago a proveedores, ausencia de trazabilidad financiera, de activos e inventarios, afectación de incapacidades y grave perjuicio a los servicios de salud».

La organización sindical denuncia que las jefaturas han sido obligadas a «firmar declaraciones juradas de responsabilidad, eximiendo a los verdaderos responsables del desastre» y que el proyecto se ejecutó con «preocupante permisividad institucional, validando entregables incompletos, omitiendo sanciones al contratista, aceptando servicios no contratados».

UNDECA exige al Ministerio Público que adopte «medidas cautelares personales y patrimoniales que garanticen la protección del erario» y sostiene que «la salud pública no se gestiona con improvisaciones ni contratos viciados: se defiende con transparencia, profesionalismo, compromiso y justicia social».

Del combate a la corrupción al abuso de poder: Costa Rica en la mira

Martín Rodríguez Espinoza

Yo no sé ustedes, pero a mí como ciudadano me preocupa como se vienen dando estas, y muchas otras cosas sin que se le ponga freno, antes de que sea tarde. ¿Violar la Constitución Política, las Leyes y autonomía de los Poderes de la República?, me suena a que se cocina un régimen autoritario, con sesgos cercanos al fascismo muy fuertes. Esto, aunque crea que crea en que vivimos en una democracia de los ricos y no del pueblo, la Constitución, no perfecta, pero con cosas importantes, es La Constitución.

También creo que, desde el golpe de Estado en 1948, los años 50’s, 60’s, 70’s, y profundizándose más fuertemente desde los años 80’s a esta parte del siglo XXI, la corrupción descarada, el saqueo y la estafa han prevalecido. Hay un poder financiero de un grupúsculo de familias que han manejado títeres en la silla presidencial y las curules legislativas, así como en gobiernos locales, para seguir acrecentando sus ganancias a costa de la clase trabajadora y el pueblo en general.

Ya lo vemos hoy con el tema de la CCSS, la jornada de 12 horas, la Ley antihuelgas, el Combo Fiscal, la Ley de Empleo Público, el TLC y tantos otros nefastos inventos impulsados por ese poder económico y ejecutado por los verdugos del pueblo desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aparte de los “medios de comunicación”, que pertenecen a esta casta financiera.

Claro que hay razón para hablar que hay una inmensa telaraña de corrupción y saqueo en Costa Rica, siempre dije que este país es de los más corruptos del mundo.

Pero en Costa Rica estamos viendo con profunda preocupación cómo el aparato estatal está siendo utilizado para perseguir políticamente a congresistas y periodistas, bajo el pretexto de combatir esa corrupción. Que una unidad como la UEI, adscrita al Ministerio de la Presidencia, reciba órdenes “de arriba”, como dicen los medios de comunicación, para vigilar a diputados vinculados a Huawei y a comunicadores sociales es un grave atentado contra la Constitución Política, aunque ya lo han hecho contra dirigentes sociales desde hace décadas.

No estamos hablando de una investigación judicial legítima, sino de seguimientos extralegales ordenados desde el poder Ejecutivo, lo cual recuerda los peores momentos del autoritarismo disfrazado de lucha contra la corrupción. Cuando el Estado vigila a quienes deben fiscalizarlo, cuando se espía a la prensa y al parlamento, no estamos ante un gobierno transparente, sino ante uno que abusa del poder para silenciar y amedrentar. La verdad no se busca con espionaje, se exige con rendición de cuentas, respeto a la libertad de expresión y al proceso de recolección de pruebas que demuestren el delito.

Esto que vivimos en este momento, como sucedió en la Alemania Nazi, en el Chile de Pinochet, de Efraín Ríos Montt en Guatemala, los Somoza en Nicaragua y tantos otros, puede convertirse en una dictadura fascista. Eso, quiéranlo aceptar o no, es una tragedia social de grandes y nefastas consecuencias.

En mi siguiente comentario, “El bonapartismo en Costa Rica”, que estoy por terminar, comentaré sobre cómo y por qué surgen este tipo de peligrosos sujetos, y cómo desde el marxismo ya estaba identificado este tipo de situaciones producto de la podredumbre del sistema capitalista en decadencia.

29 de junio de 2025

Costa Rica: Cómo los partidos tradicionales abrieron la puerta al populismo

Por JoseSo

Un análisis para entender la crisis política actual

¿Cómo llega aquí la Costa Rica que era el “ejemplo democrático” de América Latina? Un país sin ejército, con elecciones transparentes y alternancia en el poder. Pero detrás de esa imagen, algo se rompía. Hoy, un presidente como Rodrigo Chaves —con un estilo confrontativo y discursos que alarman a expertos— gobierna con un mensaje claro: “Los políticos tradicionales nos fallaron”. ¿Cómo llegamos aquí? La respuesta está en errores históricos de los partidos que dominaron Costa Rica por décadas.

Los “pecados capitales” de los partidos tradicionales

Vivir en una burbuja

Durante más de 60 años, dos partidos (PLN y PUSC) controlaron casi todo. Pero se desconectaron de la gente común. Mientras en el Valle Central había progreso, las regiones periférica y rurales (como Limón, Puntarenas o zonas rurales) vivían con menos oportunidades, peores servicios y abandono. Esta desigualdad creó un caldo de cultivo para el descontento.

Corrupción: La herida que no cerró

Casos como “Cochinilla”, “Cementazo” o “ICE-Alcatel” (donde políticos y empresarios hicieron negocios sucios) mancharon la imagen de los partidos grandes. La gente empezó a verlos como grupos privilegiados que servían a sus intereses, no al pueblo.

Un sistema lento e ineficiente

El Poder Judicial, las instituciones públicas… todo se volvió sinónimo de trámites eternos, burocracia y soluciones que no llegaban. Entre 2018 y 2020, la desconfianza en el sistema judicial subió del 49% al 59%. Carlos Alvarado (presidente antes de Chaves) tuvo solo un 15% de apoyo popular en 2020.

El vacío que dejaron: Cuando la gente buscó alternativas

Los partidos tradicionales no solo fallaron, no escucharon el malestar ciudadano. Esto generó:

Voto “castigo”: En 2018 y 2022, la gente votó masivamente contra el PLN y el PAC. No importaba tanto el nuevo candidato; importaba echar a los mismos de siempre.

Campañas emocionales: Figuras como Fabricio Alvarado (2018) o Juan Diego Castro usaron discursos simples: “¡Ellos son los corruptos, yo soy el cambio!”, Apelaron al cansancio y a la fe (en el caso evangélico) .

Volatilidad electoral: La gente decidía su voto a última hora, influida por escándalos o promesas. Los partidos ya no tenían votos fieles.

  • En 2022, el sistema de partidos pasó a ser de “pluralismo extremo” (fragmentado, con muchos actores). En este caos, los mensajes simples y radicales ganan terreno .

Chaves: El “outsider” (personaje fuera de la política tradicional) que supo leer el momento.

Rodrigo Chaves no es un accidente. Es el resultado de ese desencanto. Y su estrategia explota los errores históricos de los tradicionales.

Lo que falló en los partidos. Cómo lo usó Chaves

Los partidos tradicionales y sus gobiernos cayeron en una profunda desconexión con la periferia, por eso Chaves ganó apoyo en zonas rurales y costeras que se sentían abandonadas.

Corrupción impune. Chaves se presentó como el “luchador contra políticos corruptos” (aunque él fue ministro del PAC).

Instituciones lentas. Chaves critica jueces, Contraloría y prensa, llamándolos “obstáculos” para el pueblo.

Los Partidos usaban lenguaje técnico y frío, mientras que Chaves habla directo, con frases contundentes (y a veces pachucas) en redes sociales.

En resumen, Chaves tiene un discurso estratégico y una puesta en escena creíble, que el pueblo compra al sentirse representado.

Su método es peligroso (y efectivo):

– Crea “enemigos” duales. Por un lado, los políticos tradicionales; por otro, instituciones (medios, jueces) que según él “protegen a esos políticos”.

– Se muestra “del pueblo”: Aunque fue economista del Banco Mundial, usa un tono anti-elite (hipócrita porque negocia y hasta se financia de ellos) y habla de “recuperar el país”.

Ataca controles democráticos. Tilda a la prensa de “canalla”, acusa al Poder Judicial de lento, corrupto y politizado, y descalifica a la Asamblea Legislativa, rompiendo cualquier comunicación con los diputados, propios y extraños para justificar su necesidad de controlar todo a su antojo.

¿Está Costa Rica en riesgo? La advertencia que no podemos ignorar

Chaves no es un dictador. Pero su estilo sigue un guión preocupante visto en otros países, como Brasil, donde Bolsonaro deslegitimó instituciones y los Poderes del Estado hasta que sus seguidores asaltaron el Congreso.

O en la Nicaragua tomada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que llegaron por elecciones, pero después anuló toda oposición y terminó eliminando cualquier competencia dentro de su FSLN (que mancilla el legado revolucionario legítimo de Sandino) y encarcela a líderes de oposición.

En El Salvador, Bukele concentra poder a través de “un estado de excepción” eterno (empezó pidiendo 6 meses desde 2021 y se lo renuevan mensualmente hasta hoy), mientras debilita al Poder Judicial y encarcela opositores y críticos de medios de comunicación y ONGs de Derechos Humanos.

  • ¡No es alarmismo! Cuando un presidente normaliza el ataque a instituciones (Contraloría, Sala IV, TSE), agrieta la confianza en la democracia. Y eso abre paso al autoritarismo. Puede ser, o no, del mismo Chaves, que hemos visto que disfruta de los halagos, sus caravanas policiales a todas partes, incluida su casa en Monterán.

¿Hay salida?

Los partidos tradicionales no murieron por Chaves; se suicidaron con su corrupción, lentitud y desconexión. Pero la solución no es reemplazarlos por un líder que debilite los controles democráticos, que mantiene innegables muestras de corrupción y que encima tiene detrás a las mismas élites económicas que, por conveniencia, antes financiaban campañas a los partidos tradicionales y ahora están detrás del fenómeno chavista.

Para reconstruir la confianza se necesita:

Primero, una renovación real. Aquí no se trata de slogans vacíos como “el nuevo Liberación” o la “Unidad renovada”. Se debe permitir y fomentar el que surjan nuevos líderes en los partidos y no los mismos de siempre o sus delfines (sucesores) nombrados a dedo.

Segundo, conectar con la periferia. Llevar soluciones concretas a zonas olvidadas qué podríamos afirmar es todo lo que no está en el GAMA, salvo pequeñas excepciones.

Tercero, defender instituciones. Aunque sean imperfectas, son el único escudo contra el autoritarismo.

La democracia costarricense no está “condenada” al populismo. Pero si los partidos no aprenden de sus errores, el discurso de Chaves será solo el primer capítulo de una historia que otros países ya vivieron… ¡y hoy lamentan!

¿Y nosotros? Como ciudadanos, toca estar alertas: Criticar a los políticos tradicionales está bien. Entregarle todo el poder a un salvador, es un riesgo que no vale la pena tomar.

Continuará…

Denuncian irregularidades en progreso del proyecto para el abastecimiento de agua en la provincia de Guanacaste

La Asociación Confraternidad Guanacasteca denuncia públicamente las deficiencias en la ejecución de obras del actual gobierno, especialmente con lo relacionado al caso Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME). De acuerdo con la organización el proyecto tiene un costo estimado de unos 1.000 millones de dólares, lo que equivale a 500.000.000.000 de colones, una cifra que evidencia la magnitud de la inversión.

La obra recibió orden de inicio el 27 de julio de 2023 y, a 22 meses aproximadamente de haberse comenzado, la evolución ha sido mínima. Se evidencia un retraso notorio en la ejecución de la obra, lo que genera preocupación entre quienes exigen mayor eficacia y transparencia en el gobierno, poniendo en tela de juicio el manejo de los fondos del proyecto.

De acuerdo con actividades iniciales se realizó una contratación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sin licitación para aplanar tierras, construir una oficina y gestionar la tramitación de siete permisos forestales para la tala de aproximadamente 7.000 árboles, lo que pone de manifiesto la rapidez con la que se han tomado decisiones, aunque sin la rigurosidad y transparencia que demanda la ciudadanía.

La situación se agrava al constatar que, tras la gestión del primer desembolso del préstamo tramitado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la ejecución de las obras, solo se ha alcanzado el 1,2 % del monto total comprometido, lo que evidencia una desconexión entre la inversión realizada y los avances obtenidos. Además, la asociación resalta la falta de transparencia en la gestión del proyecto al denunciar que se ha recurrido a instancias judiciales con el propósito de acceder a información del SENARA y el MAG con relación al proyecto.

Frente a la lentitud del avance y a las irregularidades presentadas, la asociación espera que la Sala Constitucional, en su proceso de valoración del amparo contra PAACUME y de la acción de inconstitucionalidad por las tarifas de agua para riego, logre una sentencia que permita detener de manera definitiva este proyecto, considerado en el fondo como beneficio exclusivo de un reducido grupo cercano al gobierno.

Además, la organización, alude a otros proyectos como Ciudad Gobierno y Muelle Japdeva han quedado en meras promesas sin materializarse, mientras que el caso PAACUME, la obra más costosa iniciada por este gobierno, ha generado profundas inquietudes sobre el uso de los recursos públicos y el avance real de la ejecución.

¿Democracia e institucionalidad pública en Costa Rica?

Juan Huaylupo Alcázar

La historia política costarricense no solo es una retórica, un discurso o una narrativa que solo sirve para charlas de café, como afirman algunos de los personajes desde hace más de medio siglo de un caduco partido político que aspira la próxima presidencia de Costa Rica.

El orgullo de un pasado democrático no suele reconocer que esos momentos se han esfumado y convertido en un fantasma que teme el poder y sus partidos políticos que pueda renacer, por ello destruyen todo vestigio de esperanza, libertad y progreso social, con el apoyo de los mercantilizados medios para convertir a la ciudadanía en una complaciente cómplice, o sin suficiente oposición ni resistencia que lo impida.

La memoria histórica no lo confirma nuestro presente, a pesar de la incesantemente repetición sobre la importancia sobre democracia y la defensa de la institucionalidad pública, como una añoranza, que las palabras no describen ni construyen. Al parecer como afirma Watzlawick (1994) vivimos una realidad inventada, una ficción que nos imagina ser felices, igualitarios, solidarios, o tener un gobierno democrático, aun cuando, es evidente la existencia de una estructura social, económica y jurídica que regula e impone condiciones que reproducen y extienden la desigualdad, explotación, apropiación de los recursos de las poblaciones y de la nación. ¿Es que la miseria, la perdida de derechos y la generalizada explotación, no tienen vinculo alguno con la democracia y la libertad?

No es posible asumir democracia cuando no es posible modificar los medios y formas de explotación y la apropiación de los recursos sociales por los entes financieros nacionales ni internacionales que incrementan su rentabilidad parasitaria, ni con gobiernos que garantizan presupuestos para la privatizar del bienestar, con gobernantes que conviven con la corrupción y otras formas delincuenciales, porque ayudan a perpetuar el miedo y enlutan los hogares.

La educación formal, los medios y los discursos del poder falsifican la historia e invisibilizan al pueblo como gestor de la democracia, lo público y el progreso, lo cual no es nada nuevo, la historia en Costa Rica, como en otros espacios, también ha sido escrita por el poder, independientemente de los partidos políticos y de las caretas usadas por los gobernantes de turno. Esos partidos del pasado que acompañaron las conquistas populares y que aun, sin merecerlo, usufructúan las conquistas sociales del pasado, son los artífices que destruyen, desde hace más de cuatro décadas, todo resquicio del Estado Social costarricense, para continuar privatizando la historia, esta vez con el auxilio de nuevos partidos similares, que sin principios, mediocres, corruptos y privatizadores, buscan imponerse como dictaduras electorales.

La década del ochenta del siglo pasado, la hegemonía imperial de sus nefastos organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y de partidos políticos que se turnaban el poder, fueron radicales y feroces implementadores liberales, que iniciaron la privatización del Estado, en una continuidad sin pausa, hoy con el concurso del exfuncionario del BM en el poder, ejecuta acciones afectando a los trabajadores empobrecidos con salarios miserables, liquida las políticas sociales y de seguridad, para magnificar estadísticamente las cifras macroeconómicas y beneficiar a las corporaciones internacionales y propietarios del capital financiero, en sus salvajes apropiaciones de los recursos de los sectores pobres y medios de la sociedad y también a los amigos, imitando las prácticas autocráticas de Milei y de otros ignorantes dictadores.

En Costa Rica existe una implícita alianza electoral entre los partidos enemigos del bienestar social y nacional, unidos corruptamente, para ganar las elecciones y repartirse influencias y privilegios en la privatización de las instituciones del Estado. El gobernar sin resistencia ni oposición, con leyes indignas, la eliminación de la división de poderes del Estado y empobrecimiento generalizado a trabajadores, como se experimenta en otras naciones, muestran el asomo político totalitario en Latinoamérica, mientras que los consorcios empresariales crecen enriqueciéndose con extremo cinismo, lo cual no es ningún vaticinio fatalista, es una práctica recurrente en esta fase de las relaciones con el imperio y Costa Rica no es una excepción, como se evidencia en los rastreros juegos del poder.

La degradación de los partidos políticos en la actualidad es extraordinaria, no representan a la ciudadanía ni lo público, tampoco son entes democráticos que aspiren la libertad ni el progreso social nacional, son agrupaciones formales que tienen dueños, o son controlados por perennizadas camarillas que cínicamente expresan representar intereses privados, nunca la heterogeneidad social, la pluralidad del pensamiento ni las alternativas sobre el devenir nacional. Esos partidos no constituyen guías para la organicidad, participación y lucha por la conquista de derechos y el bienestar para todos. Hoy, esos partidos políticos, reproducen imponen la privatización de la economía, como interés de toda la sociedad. De modo similar lo efectúa el gobierno y el poder económico, al imponer que el interés privado es de todos y del Estado, así como repetir incansable e ignorantemente, que los empresarios son los creadores de riqueza. Así, no se requiere demostración alguna sobre el gobierno que impondrán, a quienes favorecerán y a las poblaciones que perjudicarán. El saber popular afirma que “ante la confesión de parte, relevo de pruebas”, así como, es posible complementar que las prácticas infames contra la salud, la educación, la libertad y democracia de quienes han saboreado las mieles del poder que, sin enmienda alguna, aspiran la presidencia de la república. Así, no es posible esperar algo distinto a lo que ya ocurre para las poblaciones necesitadas ni para los requerimientos nacionales. Las palabras pierden su sentido y significación en aquellos partidos y candidatos que aspiran el poder por cualquier medio.

Quienes imaginan que las creencias y las especulaciones cambian las realidades, repiten una afirmación de “creer es poder” de la antigua Grecia particularmente de los filósofos estoicos, una visión individualista que desde el siglo XIX aún tiene continuidad con el positivismo y la psicología entre otros seguidores. Así, se cree que los individuos poseen la capacidad de autodeterminación, la de definirse a sí mismo y el suponer que las realidades cambian según sus creencias, como una convicción idealista, que las realidades son, según las interpretamos, creemos o imaginamos. Estas posiciones no son del todo ajenas de las convicciones y relaciones cotidianas, dado que se han inventado intencionalmente leyes, decretos, reglamentos o disposiciones tiránicas a los pueblos y creado a través del tiempo un sistema con estructuras y relaciones, que han afectado y concretado condicionamientos, regulaciones y pautado las acciones y conciencias, así como hacer de la explotación y la esclavitud de las colectividades un proceso natural.

Nuestra historia pionera de un Estado democrático y moderno nos permite apreciar las profundas diferencias con el presente, como también nos muestra, que no ha sido una fantasía el haber construido temprana y peculiarmente un Estado de Bienestar en Costa Rica, como tampoco, es una utopía la concreción de un Estado obediente de las necesidades del pueblo y la realización de los anhelos y el bienestar de todos los ciudadanos, lo cual es imposible de los que recrean incesantemente los poderes privativos heredados. Pero, no ha sido solo el poder autoritario quien han destruido la democracia también comprometió nuestra responsabilidad política con el futuro. No defendimos lo conquistado.

La obediencia sustenta al sistema de papel de las dictaduras de todo tipo, mientras que la desobediencia civil es un proceso que construye democracia y justicia social, que no es un invento, pues la historia de los pueblos son hechuras colectivas y ciudadanas. Es inhumano y tiránico, en un mundo interdependiente, que unos pocos determinen el destino y vida de todos en las sociedades.

Mientras no exista un pensamiento que aglutine críticamente el devenir político de la sociedad civil, es difícil esperar un mandato presidencial progresista de cualquier partido. Sin organización ni acción colectiva solidaria, la ambición destructora, explotadora y privatizadora del sistema y del poder autoritario, nos asesina suicidándose.

El presidente exacerba sistemáticamente la violencia y la inseguridad

Marco Vinicio Fournier

Marco Vinicio Fournier

En los últimos meses, diversas encuestas muestran que la población costarricense coloca la inseguridad ciudadana como el principal problema del país. Esta es una percepción muy realista de la situación nacional, puesto que el análisis de cualquier indicador de violencia señala claramente un aumento abrupto a partir de finales de la década pasada. Las estadísticas muestran un descenso importante durante la pandemia de COVID-19, para volver a incrementarse en los últimos años, alcanzando en muchos casos cifras récord.

El problema actual de la violencia abarca todos los ámbitos y dimensiones del fenómeno. Además de la conocida tasa de homicidios, el incremento en la violencia cubre cualquier ámbito de la interacción social, de modo que el aumento se refleja de forma crítica en la violencia doméstica y en la cantidad de femicidios, en los accidentes de tránsito y las muertes en sitio, los conflictos en las comunidades o las agresiones en los centros educativos. Es natural entonces que las y los habitantes de nuestro país vivan un ambiente de alta inseguridad y con la sensación de su constante agudización.

La violencia, como cualquier fenómeno social, tiene múltiples y diversas causas; sin embargo, nuestros estudios muestran una relación muy importante con los niveles de desigualdad social, el deterioro del sistema educativo, la deslegitimación del sistema político y el desgaste de la confianza en las instituciones. Cada una de estas dimensiones viene mostrando indicadores negativos en lo que va del presente siglo. Una consecuencia muy importante de este proceso de deterioro es la acumulación de estrés, resentimiento y frustración que redunda en un enojo que se generaliza y que refuerza a su vez la deslegitimación. Todo lo anterior redunda en mayor individualismo, menor respeto por las leyes, por el sistema de valores y normas culturales y por los principios políticos de la democracia, facilitando que una proporción creciente de la población busque seguridad y refugio en una figura autoritaria. Esta coyuntura política, cultural y social estuvo en la base del triunfo electoral del actual presidente, quien utilizó como una de sus propuestas más importantes el combate a la corrupción.

Pero la labor del presidente dista mucho de acercarse a un real enfrentamiento de la corrupción en el país. Hasta el momento, no existe ni una sola iniciativa importante por parte del gobierno para combatir situaciones pasadas o presentes de corrupción. Por el contrario, abundan las denuncias de actos ilícitos asociados a una cantidad importante de sus principales colaboradores y a él mismo.

Lejos de combatir la corrupción, el presidente ha reaccionado en la inmensa mayoría de los casos negando la situación y cuestionando directamente a los entes estatales que han manejado las denuncias, entre otros, OIJ, Fiscalía, Tribunal Supremo de Elecciones y Contraloría General de la República. El ataque a estos entes tiende a generalizarse a todos los poderes y a todas las instancias de fiscalización y control. En lugar de buscar un mejor enfrentamiento de la corrupción, ha insistido en debilitar los mecanismos estatales que precisamente se encargan de los hechos ilícitos, de los abusos de poder y de las opciones de encubrimiento.

En lugar de reforzar y sistematizar la lucha contra la corrupción, el actual gobierno ha debilitado y deslegitimado aún más todo el sistema político y jurídico del país. Situación que, como vimos más arriba, no hará más que incrementar los niveles de estrés, enojo y frustración en la población, para estimular a su vez las manifestaciones de violencia y la correspondiente sensación de inseguridad y miedo. Al perder respeto por las leyes y los sistemas de control, mayor será la probabilidad de manifestar directamente las emociones de enojo y frustración y más débiles serán los mecanismos de autocontrol, produciéndose un círculo vicioso, porque la violencia engendra violencia.

Para agudizar aún más la situación, las políticas fiscales del actual gobierno han reducido significativamente el presupuesto de instituciones claves como el Ministerio de Educación, se han negado a pagar la deuda de la Caja Costarricense de Seguro Social y han debilitado los principales mecanismos de redistribución de la riqueza y el combate a la pobreza. A la postre, la desigualdad social se incrementa y la calidad de vida se deteriora para la mayoría de la población, facilitando aún más la deslegitimación del sistema y los niveles de emociones negativas.

Pero, además de todo el desmoronamiento del Estado, el presidente está dando un pésimo ejemplo sobre la manera de manejar el enojo. Lejos de canalizarlo mediante mecanismos de diálogo y búsqueda conjunta de soluciones, cada vez muestra mayores niveles de agresividad y de irrespeto y menor control racional de sus impulsos emotivos. ¿Cómo pretender reducir los niveles de violencia en el país cuando su presidente actúa cada vez de manera más agresiva?

A mi parecer, la conferencia de prensa de ayer sobrepasó todos los límites de violencia. El presidente planteó ayer amenazas bastante explícitas sobre una solución armada a su conflicto con los otros poderes de la República y con los principales mecanismos de control. ¿Cómo pretender reducir los niveles de femicidios cuando el presidente pretende legitimar soluciones armadas ante conflictos sociales?

Por otra parte, también en estos días el presidente ha vetado importantes iniciativas para combatir el crimen organizado y la corrupción y amenaza con seguir vetando cualquier iniciativa que provenga de los otros poderes de la República. ¿Cómo pretender reducir el poder del crimen organizado cuando el presidente rechaza cualquier iniciativa para enfrentarlo?

En conclusión, puede fácilmente comprobarse que el presidente ha contribuido de manera sistemática al aumento de la violencia en el país y por ende a los niveles de inseguridad percibidos por la población. Específicamente, el presidente ha deslegitimado aún más los sistemas estatales de control y fiscalización, ha facilitado un mayor deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población, está dando un muy mal ejemplo al mostrar un inadecuado manejo y control del enojo, una incapacidad para relacionarse positivamente con otras personas y un rechazo de las posibilidades de diálogo y búsqueda conjunta de soluciones, tan importantes en una democracia.

Guatemala: Carta pública denuncia nuevos actos de persecución contra la exfiscal Virginia Laparra

Las Américas, 12 de mayo de 2025 — Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han enviado una carta pública a las autoridades guatemaltecas para expresar su profunda preocupación ante nuevos actos de criminalización y persecución dirigidos contra Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala, actualmente en el exilio.

En la misiva, las organizaciones denuncian que el Ministerio Público, con apoyo de querellantes adhesivos ligados a actores señalados por perseguir a operadores de justicia, ha solicitado revocar las medidas sustitutivas otorgadas a Laparra y ordenar su inmediata aprehensión, incluyendo una solicitud de alerta roja ante INTERPOL para su captura internacional. La solicitud, basada en publicaciones en redes sociales sin sustento probatorio sólido, se encuentra en revisión por parte de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango, que ha comenzado a actuar de oficio, generando preocupación sobre su imparcialidad.

Las organizaciones firmantes recuerdan que Virginia Laparra fue condenada en dos procesos plagados de irregularidades y que su labor anticorrupción ha sido reconocida ampliamente. Después de más de 680 días de detención arbitraria, la exfiscal se vio obligada a exiliarse en julio de 2024 para resguardar su vida.

La carta pública exhorta a las autoridades guatemaltecas a:

  • Garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia en el caso de Virginia Laparra.

  • Poner fin a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en el exilio.

  • Tomar en cuenta los antecedentes de persecución contra operadores judiciales al valorar este caso.

Finalmente, las organizaciones instan a la comunidad internacional, a la ciudadanía y a las representaciones diplomáticas a expresar su preocupación y a escribir a las autoridades guatemaltecas y a sus embajadas en el extranjero.

La carta enviada lleva la firma del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS Alianza Global, Due Process of Law Foundation (DPLF), Entraide et Fraternité- Bélgica, Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Guatemala Solidarity Network – GSN -UK , Law Society of England and Wales, Prisoners of Conscience -UK, Protección Internacional Mesoamérica y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

Las paradojas de una democracia sin demócratas: antecedentes – Parte 2

Esteban Rodríguez-Dobles
Docente
Historiador
Escuela de Estudios Generales UCR

Parte 1

Con este segundo artículo terminamos de establecer el contexto histórico que enmarcan los escándalos relacionados con las acciones de diferentes funcionarios y cuerpos colegiados, posteriormente abordaremos aspectos más específicos.

Para el ciudadano que no tiene tiempo de reflexiones sobre la calidad de la democracia, hoy el Estado y sus instituciones son vistos por una gran parte de personas como un estorbo y una carga económica, con funcionarios con sueldos multimillonarios, un modelo que sirve a unos pocos, con un rígido sentido burocrático, parasitario y corrupto. Esta indignación contra las instituciones públicas, este desencanto por el sistema democrático tiene sus antecedentes en una multitud de situaciones.

Las filtraciones de Wikileaks en noviembre de 2010 nos mostró el negocio militar de la guerra en Irak y Afganistán, a ello se sumaron los Panama Papers (2016) y los Pandora Papers (2021), develando los mecanismos de elusión y evasión fiscal, detallaban operaciones offshore de políticos, empresarios, celebridades y criminales. En la filtración de Pandora fueron más de 11.9 millones de archivos procedentes de 14 despachos legales especializados en servicios offshore, exponiendo a más de 300 políticos y funcionarios públicos de más de 90 países. Según datos del Ministerio de Hacienda, se identificaron 120 entidades costarricenses, entre personas físicas y jurídicas; los límites de lo verdadero y lo falso perecieron estar dando paso a un ethos individualista, tiránico y revanchista.

Tomemos en cuenta además que Costa Rica experimentó una seguidilla de escándalos indignantes de corrupción en obra pública. Casos como La trocha fronteriza o Ruta nacional 1856 Juan Rafael Mora Porras (2011), El Cementazo (2017), el caso Diamante (2021), empujaron al proceso electoral de 2022 a una segunda vuelta donde el cuestionado José Figueres Olsen (PLN) y Rodrigo Chaves Robles (PPSD), también altamente cuestionado, se enfrentaron por la presidencia de la República. El resultado era previsible, el cambio aunque incierto dejaba atrás al bipartidismo, al supuesto comunismo y al PAC, todo con el apoyo popular aunque significara un balazo en el pie, fue un cambio al fin. No todo cambio es para bien.

Es en este marco donde las acciones cometidas por funcionarios de la OEPI, el Consejo Universitario de 2024, y la administración Araya Leandro durante 2025, tienen una mayor repercusión y significado, pues han dotado de armas a los propios detractores de la universidad pública y a los enemigos de la autonomía universitaria.

Señala el filósofo francés Eric Sadin, que dada la acumulación de estas evidencias y decepciones producto de un sistema político global corrupto, estas cosas produjeron un ambiente propicio para un tipo de individuo que se ha convertido en un tirano, vota para castigar, de manera que vivimos en la era de la tiranía de los individuos con smartphone, una especie de totalitarismo de la multitud en la internet, apáticos con la democracia, y afines a un recambio que responda a los intereses personales y no a un proyecto colectivo sostenible, ¿estamos ante el fin de un mundo común? ¿Estamos ante el fin de un proyecto común de universidad?

Es como si existieran realidades paralelas, semejante a lo que acontece a lo interno de la UCR por parte del arayismo. ¿Pueden estas paradojas incidir en las prácticas de la vida democrática de una institución como la UCR? En el siguiente artículo continuaremos problematizando.

Imagen: Esteban Rodríguez-Dobles.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social exige investigación sobre presunto desvío de fondos en la CCSS

La organización Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social ha solicitado a la Contraloría General de la República y a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una respuesta sobre los posibles actos de corrupción denunciados por medio del oficio ACSS-004-2022, el pasado 29 de junio de 2022. En su solicitud, la organización insta a las autoridades a identificar a las personas responsables de dichas irregularidades y presentar denuncias formales por incurrir en actos de corrupción, violación al deber de probidad y al principio de legalidad.

Entre los señalamientos, se indica que la CCSS estaría facturando al Estado solo el 80 % del costo por concepto de atención médica a personas en condición de pobreza que no cuenten con seguro. A pesar de que según la Ley N° 5349 “Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” establece la responsabilidad del Estado en asumir la totalidad de los gastos incurridos por la institución por dicha labor.

Un segundo presunto acto de corrupción expuesto por la organización está relacionado con la aprobación de la Ley N° 7374 “Aprobación de los contratos de préstamo suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de mejoramiento de los Servicios de Salud y Construcción Hospital Alajuela”. Este caso tiene relación con el traslado a la CCSS la responsabilidad de la Atención Primaria de la Salud, sin embargo, el Estado debe encargarse de los costos incurridos. A pesar de esto a abril del 2025 no se le han desembolsado a la institución dichos recursos.

Ante dichas preocupaciones, la organización advierte sobre el uso de fondos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para cubrir los faltantes de recursos financieros por parte de la CCSS. Esta práctica vulnera las disposiciones constitucionales y legales que prohíben destinar estos recursos a objetivos distintos a los de su creación.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social a partir de los estados financieros del seguro de salud del año 2024 estima que las autoridades institucionales desviaron 1.2 billones de colones del IVM para solventar los recursos faltantes no girados por el Estado. Ante esta situación también se cuestiona la transparencia de los estados financieros de la CCSS. Alegando que debido a los movimientos realizados no estarían siendo considerados como parte de la deuda entre la CCSS y el Estado.

La solicitud se da por medio del oficio ACSS-001-2025 del 30 de abril de 2025. El documento está firmado por representantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, quienes reiteran la importancia de una acción pronta y efectiva por parte de las entidades encargadas de la fiscalización de los fondos públicos.

Contraloría General de la República señala débiles controles contra la corrupción en Consejo de Transporte Público

La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría al Consejo de Transporte Público (CTP) sobre la implementación de acciones en el Sistema de Control Interno para la prevención de la corrupción en los procesos de regulación del servicio de transporte público, como el otorgamiento de concesiones y permisos.

En el sector transporte, la corrupción puede deteriorar la calidad del servicio, comprometer la seguridad de las personas usuarias y debilitar la confianza ciudadana. Por ello, resulta fundamental que el CTP implemente acciones de control eficaces.

Hallazgos principales

La auditoría encontró:

  • Limitadas acciones para fortalecer el control interno. Falta de definición de roles y responsabilidades para prevenir incompatibilidades y conflictos de interés.
  • Carencia de valoración de riesgos relacionados con temas de corrupción, fraude o conflictos de interés.
  • Inexistencia de un canal, procedimientos formales y mecanismos de confidencialidad para realizar la gestión de denuncias y protección de denunciantes ante posibles casos de corrupción a nivel institucional.
  • No se han definido lineamientos o políticas internas para prevenir actos de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés en procesos sustantivos.
  • No se cuenta con una definición de los sistemas informáticos críticos para su operación, y la información de la página web no está actualizada ni completa.

Recomendaciones

Para avanzar hacia una gestión pública íntegra, transparente, eficiente y orientada al interés público, la Contraloría dispone al Consejo de Transporte Público la adopción de medidas estratégicas orientadas a fortalecer las acciones de control con énfasis en la prevención de la corrupción. Esto incluye:

  • Incorporar de forma explícita el riesgo de corrupción, fraude y conflictos de interés como parte de la gestión institucional de riesgos, desarrollando procesos formales de identificación, evaluación y priorización, en función de la naturaleza y criticidad de los procesos del CTP.
  • Consolidar una cultura organizacional basada en la integridad mediante la capacitación continua y la apropiación del código de ética por parte de los actores relevantes.
  • Establecer un procedimiento y un canal transparente para la atención de denuncias de corrupción, con garantías de confidencialidad y protección a la persona denunciante.
  • Analizar la estructura organizativa con criterios de segregación de funciones e implementar un manual de cargos.
  • Fortalecer la transparencia mediante la formalización de los sistemas de información críticos y la revisión y actualización de lineamientos y procedimientos internos que derive en la actualización oportuna y periódica de la información del sitio web conforme a la normativa vigente.

Estas acciones permitirán al CTP transitar hacia un modelo de control preventivo que promueva la confianza ciudadana y el valor público en la regulación del transporte.

El informe completo puede descargarse desde este enlace.