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Etiqueta: corrupción

Costa Rica: Cómo los partidos tradicionales abrieron la puerta al populismo

Por JoseSo

Un análisis para entender la crisis política actual

¿Cómo llega aquí la Costa Rica que era el “ejemplo democrático” de América Latina? Un país sin ejército, con elecciones transparentes y alternancia en el poder. Pero detrás de esa imagen, algo se rompía. Hoy, un presidente como Rodrigo Chaves —con un estilo confrontativo y discursos que alarman a expertos— gobierna con un mensaje claro: “Los políticos tradicionales nos fallaron”. ¿Cómo llegamos aquí? La respuesta está en errores históricos de los partidos que dominaron Costa Rica por décadas.

Los “pecados capitales” de los partidos tradicionales

Vivir en una burbuja

Durante más de 60 años, dos partidos (PLN y PUSC) controlaron casi todo. Pero se desconectaron de la gente común. Mientras en el Valle Central había progreso, las regiones periférica y rurales (como Limón, Puntarenas o zonas rurales) vivían con menos oportunidades, peores servicios y abandono. Esta desigualdad creó un caldo de cultivo para el descontento.

Corrupción: La herida que no cerró

Casos como “Cochinilla”, “Cementazo” o “ICE-Alcatel” (donde políticos y empresarios hicieron negocios sucios) mancharon la imagen de los partidos grandes. La gente empezó a verlos como grupos privilegiados que servían a sus intereses, no al pueblo.

Un sistema lento e ineficiente

El Poder Judicial, las instituciones públicas… todo se volvió sinónimo de trámites eternos, burocracia y soluciones que no llegaban. Entre 2018 y 2020, la desconfianza en el sistema judicial subió del 49% al 59%. Carlos Alvarado (presidente antes de Chaves) tuvo solo un 15% de apoyo popular en 2020.

El vacío que dejaron: Cuando la gente buscó alternativas

Los partidos tradicionales no solo fallaron, no escucharon el malestar ciudadano. Esto generó:

Voto “castigo”: En 2018 y 2022, la gente votó masivamente contra el PLN y el PAC. No importaba tanto el nuevo candidato; importaba echar a los mismos de siempre.

Campañas emocionales: Figuras como Fabricio Alvarado (2018) o Juan Diego Castro usaron discursos simples: “¡Ellos son los corruptos, yo soy el cambio!”, Apelaron al cansancio y a la fe (en el caso evangélico) .

Volatilidad electoral: La gente decidía su voto a última hora, influida por escándalos o promesas. Los partidos ya no tenían votos fieles.

  • En 2022, el sistema de partidos pasó a ser de “pluralismo extremo” (fragmentado, con muchos actores). En este caos, los mensajes simples y radicales ganan terreno .

Chaves: El “outsider” (personaje fuera de la política tradicional) que supo leer el momento.

Rodrigo Chaves no es un accidente. Es el resultado de ese desencanto. Y su estrategia explota los errores históricos de los tradicionales.

Lo que falló en los partidos. Cómo lo usó Chaves

Los partidos tradicionales y sus gobiernos cayeron en una profunda desconexión con la periferia, por eso Chaves ganó apoyo en zonas rurales y costeras que se sentían abandonadas.

Corrupción impune. Chaves se presentó como el “luchador contra políticos corruptos” (aunque él fue ministro del PAC).

Instituciones lentas. Chaves critica jueces, Contraloría y prensa, llamándolos “obstáculos” para el pueblo.

Los Partidos usaban lenguaje técnico y frío, mientras que Chaves habla directo, con frases contundentes (y a veces pachucas) en redes sociales.

En resumen, Chaves tiene un discurso estratégico y una puesta en escena creíble, que el pueblo compra al sentirse representado.

Su método es peligroso (y efectivo):

– Crea “enemigos” duales. Por un lado, los políticos tradicionales; por otro, instituciones (medios, jueces) que según él “protegen a esos políticos”.

– Se muestra “del pueblo”: Aunque fue economista del Banco Mundial, usa un tono anti-elite (hipócrita porque negocia y hasta se financia de ellos) y habla de “recuperar el país”.

Ataca controles democráticos. Tilda a la prensa de “canalla”, acusa al Poder Judicial de lento, corrupto y politizado, y descalifica a la Asamblea Legislativa, rompiendo cualquier comunicación con los diputados, propios y extraños para justificar su necesidad de controlar todo a su antojo.

¿Está Costa Rica en riesgo? La advertencia que no podemos ignorar

Chaves no es un dictador. Pero su estilo sigue un guión preocupante visto en otros países, como Brasil, donde Bolsonaro deslegitimó instituciones y los Poderes del Estado hasta que sus seguidores asaltaron el Congreso.

O en la Nicaragua tomada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que llegaron por elecciones, pero después anuló toda oposición y terminó eliminando cualquier competencia dentro de su FSLN (que mancilla el legado revolucionario legítimo de Sandino) y encarcela a líderes de oposición.

En El Salvador, Bukele concentra poder a través de “un estado de excepción” eterno (empezó pidiendo 6 meses desde 2021 y se lo renuevan mensualmente hasta hoy), mientras debilita al Poder Judicial y encarcela opositores y críticos de medios de comunicación y ONGs de Derechos Humanos.

  • ¡No es alarmismo! Cuando un presidente normaliza el ataque a instituciones (Contraloría, Sala IV, TSE), agrieta la confianza en la democracia. Y eso abre paso al autoritarismo. Puede ser, o no, del mismo Chaves, que hemos visto que disfruta de los halagos, sus caravanas policiales a todas partes, incluida su casa en Monterán.

¿Hay salida?

Los partidos tradicionales no murieron por Chaves; se suicidaron con su corrupción, lentitud y desconexión. Pero la solución no es reemplazarlos por un líder que debilite los controles democráticos, que mantiene innegables muestras de corrupción y que encima tiene detrás a las mismas élites económicas que, por conveniencia, antes financiaban campañas a los partidos tradicionales y ahora están detrás del fenómeno chavista.

Para reconstruir la confianza se necesita:

Primero, una renovación real. Aquí no se trata de slogans vacíos como “el nuevo Liberación” o la “Unidad renovada”. Se debe permitir y fomentar el que surjan nuevos líderes en los partidos y no los mismos de siempre o sus delfines (sucesores) nombrados a dedo.

Segundo, conectar con la periferia. Llevar soluciones concretas a zonas olvidadas qué podríamos afirmar es todo lo que no está en el GAMA, salvo pequeñas excepciones.

Tercero, defender instituciones. Aunque sean imperfectas, son el único escudo contra el autoritarismo.

La democracia costarricense no está “condenada” al populismo. Pero si los partidos no aprenden de sus errores, el discurso de Chaves será solo el primer capítulo de una historia que otros países ya vivieron… ¡y hoy lamentan!

¿Y nosotros? Como ciudadanos, toca estar alertas: Criticar a los políticos tradicionales está bien. Entregarle todo el poder a un salvador, es un riesgo que no vale la pena tomar.

Continuará…

Denuncian irregularidades en progreso del proyecto para el abastecimiento de agua en la provincia de Guanacaste

La Asociación Confraternidad Guanacasteca denuncia públicamente las deficiencias en la ejecución de obras del actual gobierno, especialmente con lo relacionado al caso Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME). De acuerdo con la organización el proyecto tiene un costo estimado de unos 1.000 millones de dólares, lo que equivale a 500.000.000.000 de colones, una cifra que evidencia la magnitud de la inversión.

La obra recibió orden de inicio el 27 de julio de 2023 y, a 22 meses aproximadamente de haberse comenzado, la evolución ha sido mínima. Se evidencia un retraso notorio en la ejecución de la obra, lo que genera preocupación entre quienes exigen mayor eficacia y transparencia en el gobierno, poniendo en tela de juicio el manejo de los fondos del proyecto.

De acuerdo con actividades iniciales se realizó una contratación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sin licitación para aplanar tierras, construir una oficina y gestionar la tramitación de siete permisos forestales para la tala de aproximadamente 7.000 árboles, lo que pone de manifiesto la rapidez con la que se han tomado decisiones, aunque sin la rigurosidad y transparencia que demanda la ciudadanía.

La situación se agrava al constatar que, tras la gestión del primer desembolso del préstamo tramitado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la ejecución de las obras, solo se ha alcanzado el 1,2 % del monto total comprometido, lo que evidencia una desconexión entre la inversión realizada y los avances obtenidos. Además, la asociación resalta la falta de transparencia en la gestión del proyecto al denunciar que se ha recurrido a instancias judiciales con el propósito de acceder a información del SENARA y el MAG con relación al proyecto.

Frente a la lentitud del avance y a las irregularidades presentadas, la asociación espera que la Sala Constitucional, en su proceso de valoración del amparo contra PAACUME y de la acción de inconstitucionalidad por las tarifas de agua para riego, logre una sentencia que permita detener de manera definitiva este proyecto, considerado en el fondo como beneficio exclusivo de un reducido grupo cercano al gobierno.

Además, la organización, alude a otros proyectos como Ciudad Gobierno y Muelle Japdeva han quedado en meras promesas sin materializarse, mientras que el caso PAACUME, la obra más costosa iniciada por este gobierno, ha generado profundas inquietudes sobre el uso de los recursos públicos y el avance real de la ejecución.

¿Democracia e institucionalidad pública en Costa Rica?

Juan Huaylupo Alcázar

La historia política costarricense no solo es una retórica, un discurso o una narrativa que solo sirve para charlas de café, como afirman algunos de los personajes desde hace más de medio siglo de un caduco partido político que aspira la próxima presidencia de Costa Rica.

El orgullo de un pasado democrático no suele reconocer que esos momentos se han esfumado y convertido en un fantasma que teme el poder y sus partidos políticos que pueda renacer, por ello destruyen todo vestigio de esperanza, libertad y progreso social, con el apoyo de los mercantilizados medios para convertir a la ciudadanía en una complaciente cómplice, o sin suficiente oposición ni resistencia que lo impida.

La memoria histórica no lo confirma nuestro presente, a pesar de la incesantemente repetición sobre la importancia sobre democracia y la defensa de la institucionalidad pública, como una añoranza, que las palabras no describen ni construyen. Al parecer como afirma Watzlawick (1994) vivimos una realidad inventada, una ficción que nos imagina ser felices, igualitarios, solidarios, o tener un gobierno democrático, aun cuando, es evidente la existencia de una estructura social, económica y jurídica que regula e impone condiciones que reproducen y extienden la desigualdad, explotación, apropiación de los recursos de las poblaciones y de la nación. ¿Es que la miseria, la perdida de derechos y la generalizada explotación, no tienen vinculo alguno con la democracia y la libertad?

No es posible asumir democracia cuando no es posible modificar los medios y formas de explotación y la apropiación de los recursos sociales por los entes financieros nacionales ni internacionales que incrementan su rentabilidad parasitaria, ni con gobiernos que garantizan presupuestos para la privatizar del bienestar, con gobernantes que conviven con la corrupción y otras formas delincuenciales, porque ayudan a perpetuar el miedo y enlutan los hogares.

La educación formal, los medios y los discursos del poder falsifican la historia e invisibilizan al pueblo como gestor de la democracia, lo público y el progreso, lo cual no es nada nuevo, la historia en Costa Rica, como en otros espacios, también ha sido escrita por el poder, independientemente de los partidos políticos y de las caretas usadas por los gobernantes de turno. Esos partidos del pasado que acompañaron las conquistas populares y que aun, sin merecerlo, usufructúan las conquistas sociales del pasado, son los artífices que destruyen, desde hace más de cuatro décadas, todo resquicio del Estado Social costarricense, para continuar privatizando la historia, esta vez con el auxilio de nuevos partidos similares, que sin principios, mediocres, corruptos y privatizadores, buscan imponerse como dictaduras electorales.

La década del ochenta del siglo pasado, la hegemonía imperial de sus nefastos organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y de partidos políticos que se turnaban el poder, fueron radicales y feroces implementadores liberales, que iniciaron la privatización del Estado, en una continuidad sin pausa, hoy con el concurso del exfuncionario del BM en el poder, ejecuta acciones afectando a los trabajadores empobrecidos con salarios miserables, liquida las políticas sociales y de seguridad, para magnificar estadísticamente las cifras macroeconómicas y beneficiar a las corporaciones internacionales y propietarios del capital financiero, en sus salvajes apropiaciones de los recursos de los sectores pobres y medios de la sociedad y también a los amigos, imitando las prácticas autocráticas de Milei y de otros ignorantes dictadores.

En Costa Rica existe una implícita alianza electoral entre los partidos enemigos del bienestar social y nacional, unidos corruptamente, para ganar las elecciones y repartirse influencias y privilegios en la privatización de las instituciones del Estado. El gobernar sin resistencia ni oposición, con leyes indignas, la eliminación de la división de poderes del Estado y empobrecimiento generalizado a trabajadores, como se experimenta en otras naciones, muestran el asomo político totalitario en Latinoamérica, mientras que los consorcios empresariales crecen enriqueciéndose con extremo cinismo, lo cual no es ningún vaticinio fatalista, es una práctica recurrente en esta fase de las relaciones con el imperio y Costa Rica no es una excepción, como se evidencia en los rastreros juegos del poder.

La degradación de los partidos políticos en la actualidad es extraordinaria, no representan a la ciudadanía ni lo público, tampoco son entes democráticos que aspiren la libertad ni el progreso social nacional, son agrupaciones formales que tienen dueños, o son controlados por perennizadas camarillas que cínicamente expresan representar intereses privados, nunca la heterogeneidad social, la pluralidad del pensamiento ni las alternativas sobre el devenir nacional. Esos partidos no constituyen guías para la organicidad, participación y lucha por la conquista de derechos y el bienestar para todos. Hoy, esos partidos políticos, reproducen imponen la privatización de la economía, como interés de toda la sociedad. De modo similar lo efectúa el gobierno y el poder económico, al imponer que el interés privado es de todos y del Estado, así como repetir incansable e ignorantemente, que los empresarios son los creadores de riqueza. Así, no se requiere demostración alguna sobre el gobierno que impondrán, a quienes favorecerán y a las poblaciones que perjudicarán. El saber popular afirma que “ante la confesión de parte, relevo de pruebas”, así como, es posible complementar que las prácticas infames contra la salud, la educación, la libertad y democracia de quienes han saboreado las mieles del poder que, sin enmienda alguna, aspiran la presidencia de la república. Así, no es posible esperar algo distinto a lo que ya ocurre para las poblaciones necesitadas ni para los requerimientos nacionales. Las palabras pierden su sentido y significación en aquellos partidos y candidatos que aspiran el poder por cualquier medio.

Quienes imaginan que las creencias y las especulaciones cambian las realidades, repiten una afirmación de “creer es poder” de la antigua Grecia particularmente de los filósofos estoicos, una visión individualista que desde el siglo XIX aún tiene continuidad con el positivismo y la psicología entre otros seguidores. Así, se cree que los individuos poseen la capacidad de autodeterminación, la de definirse a sí mismo y el suponer que las realidades cambian según sus creencias, como una convicción idealista, que las realidades son, según las interpretamos, creemos o imaginamos. Estas posiciones no son del todo ajenas de las convicciones y relaciones cotidianas, dado que se han inventado intencionalmente leyes, decretos, reglamentos o disposiciones tiránicas a los pueblos y creado a través del tiempo un sistema con estructuras y relaciones, que han afectado y concretado condicionamientos, regulaciones y pautado las acciones y conciencias, así como hacer de la explotación y la esclavitud de las colectividades un proceso natural.

Nuestra historia pionera de un Estado democrático y moderno nos permite apreciar las profundas diferencias con el presente, como también nos muestra, que no ha sido una fantasía el haber construido temprana y peculiarmente un Estado de Bienestar en Costa Rica, como tampoco, es una utopía la concreción de un Estado obediente de las necesidades del pueblo y la realización de los anhelos y el bienestar de todos los ciudadanos, lo cual es imposible de los que recrean incesantemente los poderes privativos heredados. Pero, no ha sido solo el poder autoritario quien han destruido la democracia también comprometió nuestra responsabilidad política con el futuro. No defendimos lo conquistado.

La obediencia sustenta al sistema de papel de las dictaduras de todo tipo, mientras que la desobediencia civil es un proceso que construye democracia y justicia social, que no es un invento, pues la historia de los pueblos son hechuras colectivas y ciudadanas. Es inhumano y tiránico, en un mundo interdependiente, que unos pocos determinen el destino y vida de todos en las sociedades.

Mientras no exista un pensamiento que aglutine críticamente el devenir político de la sociedad civil, es difícil esperar un mandato presidencial progresista de cualquier partido. Sin organización ni acción colectiva solidaria, la ambición destructora, explotadora y privatizadora del sistema y del poder autoritario, nos asesina suicidándose.

El presidente exacerba sistemáticamente la violencia y la inseguridad

Marco Vinicio Fournier

Marco Vinicio Fournier

En los últimos meses, diversas encuestas muestran que la población costarricense coloca la inseguridad ciudadana como el principal problema del país. Esta es una percepción muy realista de la situación nacional, puesto que el análisis de cualquier indicador de violencia señala claramente un aumento abrupto a partir de finales de la década pasada. Las estadísticas muestran un descenso importante durante la pandemia de COVID-19, para volver a incrementarse en los últimos años, alcanzando en muchos casos cifras récord.

El problema actual de la violencia abarca todos los ámbitos y dimensiones del fenómeno. Además de la conocida tasa de homicidios, el incremento en la violencia cubre cualquier ámbito de la interacción social, de modo que el aumento se refleja de forma crítica en la violencia doméstica y en la cantidad de femicidios, en los accidentes de tránsito y las muertes en sitio, los conflictos en las comunidades o las agresiones en los centros educativos. Es natural entonces que las y los habitantes de nuestro país vivan un ambiente de alta inseguridad y con la sensación de su constante agudización.

La violencia, como cualquier fenómeno social, tiene múltiples y diversas causas; sin embargo, nuestros estudios muestran una relación muy importante con los niveles de desigualdad social, el deterioro del sistema educativo, la deslegitimación del sistema político y el desgaste de la confianza en las instituciones. Cada una de estas dimensiones viene mostrando indicadores negativos en lo que va del presente siglo. Una consecuencia muy importante de este proceso de deterioro es la acumulación de estrés, resentimiento y frustración que redunda en un enojo que se generaliza y que refuerza a su vez la deslegitimación. Todo lo anterior redunda en mayor individualismo, menor respeto por las leyes, por el sistema de valores y normas culturales y por los principios políticos de la democracia, facilitando que una proporción creciente de la población busque seguridad y refugio en una figura autoritaria. Esta coyuntura política, cultural y social estuvo en la base del triunfo electoral del actual presidente, quien utilizó como una de sus propuestas más importantes el combate a la corrupción.

Pero la labor del presidente dista mucho de acercarse a un real enfrentamiento de la corrupción en el país. Hasta el momento, no existe ni una sola iniciativa importante por parte del gobierno para combatir situaciones pasadas o presentes de corrupción. Por el contrario, abundan las denuncias de actos ilícitos asociados a una cantidad importante de sus principales colaboradores y a él mismo.

Lejos de combatir la corrupción, el presidente ha reaccionado en la inmensa mayoría de los casos negando la situación y cuestionando directamente a los entes estatales que han manejado las denuncias, entre otros, OIJ, Fiscalía, Tribunal Supremo de Elecciones y Contraloría General de la República. El ataque a estos entes tiende a generalizarse a todos los poderes y a todas las instancias de fiscalización y control. En lugar de buscar un mejor enfrentamiento de la corrupción, ha insistido en debilitar los mecanismos estatales que precisamente se encargan de los hechos ilícitos, de los abusos de poder y de las opciones de encubrimiento.

En lugar de reforzar y sistematizar la lucha contra la corrupción, el actual gobierno ha debilitado y deslegitimado aún más todo el sistema político y jurídico del país. Situación que, como vimos más arriba, no hará más que incrementar los niveles de estrés, enojo y frustración en la población, para estimular a su vez las manifestaciones de violencia y la correspondiente sensación de inseguridad y miedo. Al perder respeto por las leyes y los sistemas de control, mayor será la probabilidad de manifestar directamente las emociones de enojo y frustración y más débiles serán los mecanismos de autocontrol, produciéndose un círculo vicioso, porque la violencia engendra violencia.

Para agudizar aún más la situación, las políticas fiscales del actual gobierno han reducido significativamente el presupuesto de instituciones claves como el Ministerio de Educación, se han negado a pagar la deuda de la Caja Costarricense de Seguro Social y han debilitado los principales mecanismos de redistribución de la riqueza y el combate a la pobreza. A la postre, la desigualdad social se incrementa y la calidad de vida se deteriora para la mayoría de la población, facilitando aún más la deslegitimación del sistema y los niveles de emociones negativas.

Pero, además de todo el desmoronamiento del Estado, el presidente está dando un pésimo ejemplo sobre la manera de manejar el enojo. Lejos de canalizarlo mediante mecanismos de diálogo y búsqueda conjunta de soluciones, cada vez muestra mayores niveles de agresividad y de irrespeto y menor control racional de sus impulsos emotivos. ¿Cómo pretender reducir los niveles de violencia en el país cuando su presidente actúa cada vez de manera más agresiva?

A mi parecer, la conferencia de prensa de ayer sobrepasó todos los límites de violencia. El presidente planteó ayer amenazas bastante explícitas sobre una solución armada a su conflicto con los otros poderes de la República y con los principales mecanismos de control. ¿Cómo pretender reducir los niveles de femicidios cuando el presidente pretende legitimar soluciones armadas ante conflictos sociales?

Por otra parte, también en estos días el presidente ha vetado importantes iniciativas para combatir el crimen organizado y la corrupción y amenaza con seguir vetando cualquier iniciativa que provenga de los otros poderes de la República. ¿Cómo pretender reducir el poder del crimen organizado cuando el presidente rechaza cualquier iniciativa para enfrentarlo?

En conclusión, puede fácilmente comprobarse que el presidente ha contribuido de manera sistemática al aumento de la violencia en el país y por ende a los niveles de inseguridad percibidos por la población. Específicamente, el presidente ha deslegitimado aún más los sistemas estatales de control y fiscalización, ha facilitado un mayor deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población, está dando un muy mal ejemplo al mostrar un inadecuado manejo y control del enojo, una incapacidad para relacionarse positivamente con otras personas y un rechazo de las posibilidades de diálogo y búsqueda conjunta de soluciones, tan importantes en una democracia.

Guatemala: Carta pública denuncia nuevos actos de persecución contra la exfiscal Virginia Laparra

Las Américas, 12 de mayo de 2025 — Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han enviado una carta pública a las autoridades guatemaltecas para expresar su profunda preocupación ante nuevos actos de criminalización y persecución dirigidos contra Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala, actualmente en el exilio.

En la misiva, las organizaciones denuncian que el Ministerio Público, con apoyo de querellantes adhesivos ligados a actores señalados por perseguir a operadores de justicia, ha solicitado revocar las medidas sustitutivas otorgadas a Laparra y ordenar su inmediata aprehensión, incluyendo una solicitud de alerta roja ante INTERPOL para su captura internacional. La solicitud, basada en publicaciones en redes sociales sin sustento probatorio sólido, se encuentra en revisión por parte de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango, que ha comenzado a actuar de oficio, generando preocupación sobre su imparcialidad.

Las organizaciones firmantes recuerdan que Virginia Laparra fue condenada en dos procesos plagados de irregularidades y que su labor anticorrupción ha sido reconocida ampliamente. Después de más de 680 días de detención arbitraria, la exfiscal se vio obligada a exiliarse en julio de 2024 para resguardar su vida.

La carta pública exhorta a las autoridades guatemaltecas a:

  • Garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia en el caso de Virginia Laparra.

  • Poner fin a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en el exilio.

  • Tomar en cuenta los antecedentes de persecución contra operadores judiciales al valorar este caso.

Finalmente, las organizaciones instan a la comunidad internacional, a la ciudadanía y a las representaciones diplomáticas a expresar su preocupación y a escribir a las autoridades guatemaltecas y a sus embajadas en el extranjero.

La carta enviada lleva la firma del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS Alianza Global, Due Process of Law Foundation (DPLF), Entraide et Fraternité- Bélgica, Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Guatemala Solidarity Network – GSN -UK , Law Society of England and Wales, Prisoners of Conscience -UK, Protección Internacional Mesoamérica y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

Las paradojas de una democracia sin demócratas: antecedentes – Parte 2

Esteban Rodríguez-Dobles
Docente
Historiador
Escuela de Estudios Generales UCR

Parte 1

Con este segundo artículo terminamos de establecer el contexto histórico que enmarcan los escándalos relacionados con las acciones de diferentes funcionarios y cuerpos colegiados, posteriormente abordaremos aspectos más específicos.

Para el ciudadano que no tiene tiempo de reflexiones sobre la calidad de la democracia, hoy el Estado y sus instituciones son vistos por una gran parte de personas como un estorbo y una carga económica, con funcionarios con sueldos multimillonarios, un modelo que sirve a unos pocos, con un rígido sentido burocrático, parasitario y corrupto. Esta indignación contra las instituciones públicas, este desencanto por el sistema democrático tiene sus antecedentes en una multitud de situaciones.

Las filtraciones de Wikileaks en noviembre de 2010 nos mostró el negocio militar de la guerra en Irak y Afganistán, a ello se sumaron los Panama Papers (2016) y los Pandora Papers (2021), develando los mecanismos de elusión y evasión fiscal, detallaban operaciones offshore de políticos, empresarios, celebridades y criminales. En la filtración de Pandora fueron más de 11.9 millones de archivos procedentes de 14 despachos legales especializados en servicios offshore, exponiendo a más de 300 políticos y funcionarios públicos de más de 90 países. Según datos del Ministerio de Hacienda, se identificaron 120 entidades costarricenses, entre personas físicas y jurídicas; los límites de lo verdadero y lo falso perecieron estar dando paso a un ethos individualista, tiránico y revanchista.

Tomemos en cuenta además que Costa Rica experimentó una seguidilla de escándalos indignantes de corrupción en obra pública. Casos como La trocha fronteriza o Ruta nacional 1856 Juan Rafael Mora Porras (2011), El Cementazo (2017), el caso Diamante (2021), empujaron al proceso electoral de 2022 a una segunda vuelta donde el cuestionado José Figueres Olsen (PLN) y Rodrigo Chaves Robles (PPSD), también altamente cuestionado, se enfrentaron por la presidencia de la República. El resultado era previsible, el cambio aunque incierto dejaba atrás al bipartidismo, al supuesto comunismo y al PAC, todo con el apoyo popular aunque significara un balazo en el pie, fue un cambio al fin. No todo cambio es para bien.

Es en este marco donde las acciones cometidas por funcionarios de la OEPI, el Consejo Universitario de 2024, y la administración Araya Leandro durante 2025, tienen una mayor repercusión y significado, pues han dotado de armas a los propios detractores de la universidad pública y a los enemigos de la autonomía universitaria.

Señala el filósofo francés Eric Sadin, que dada la acumulación de estas evidencias y decepciones producto de un sistema político global corrupto, estas cosas produjeron un ambiente propicio para un tipo de individuo que se ha convertido en un tirano, vota para castigar, de manera que vivimos en la era de la tiranía de los individuos con smartphone, una especie de totalitarismo de la multitud en la internet, apáticos con la democracia, y afines a un recambio que responda a los intereses personales y no a un proyecto colectivo sostenible, ¿estamos ante el fin de un mundo común? ¿Estamos ante el fin de un proyecto común de universidad?

Es como si existieran realidades paralelas, semejante a lo que acontece a lo interno de la UCR por parte del arayismo. ¿Pueden estas paradojas incidir en las prácticas de la vida democrática de una institución como la UCR? En el siguiente artículo continuaremos problematizando.

Imagen: Esteban Rodríguez-Dobles.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social exige investigación sobre presunto desvío de fondos en la CCSS

La organización Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social ha solicitado a la Contraloría General de la República y a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una respuesta sobre los posibles actos de corrupción denunciados por medio del oficio ACSS-004-2022, el pasado 29 de junio de 2022. En su solicitud, la organización insta a las autoridades a identificar a las personas responsables de dichas irregularidades y presentar denuncias formales por incurrir en actos de corrupción, violación al deber de probidad y al principio de legalidad.

Entre los señalamientos, se indica que la CCSS estaría facturando al Estado solo el 80 % del costo por concepto de atención médica a personas en condición de pobreza que no cuenten con seguro. A pesar de que según la Ley N° 5349 “Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” establece la responsabilidad del Estado en asumir la totalidad de los gastos incurridos por la institución por dicha labor.

Un segundo presunto acto de corrupción expuesto por la organización está relacionado con la aprobación de la Ley N° 7374 “Aprobación de los contratos de préstamo suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de mejoramiento de los Servicios de Salud y Construcción Hospital Alajuela”. Este caso tiene relación con el traslado a la CCSS la responsabilidad de la Atención Primaria de la Salud, sin embargo, el Estado debe encargarse de los costos incurridos. A pesar de esto a abril del 2025 no se le han desembolsado a la institución dichos recursos.

Ante dichas preocupaciones, la organización advierte sobre el uso de fondos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para cubrir los faltantes de recursos financieros por parte de la CCSS. Esta práctica vulnera las disposiciones constitucionales y legales que prohíben destinar estos recursos a objetivos distintos a los de su creación.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social a partir de los estados financieros del seguro de salud del año 2024 estima que las autoridades institucionales desviaron 1.2 billones de colones del IVM para solventar los recursos faltantes no girados por el Estado. Ante esta situación también se cuestiona la transparencia de los estados financieros de la CCSS. Alegando que debido a los movimientos realizados no estarían siendo considerados como parte de la deuda entre la CCSS y el Estado.

La solicitud se da por medio del oficio ACSS-001-2025 del 30 de abril de 2025. El documento está firmado por representantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, quienes reiteran la importancia de una acción pronta y efectiva por parte de las entidades encargadas de la fiscalización de los fondos públicos.

Contraloría General de la República señala débiles controles contra la corrupción en Consejo de Transporte Público

La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría al Consejo de Transporte Público (CTP) sobre la implementación de acciones en el Sistema de Control Interno para la prevención de la corrupción en los procesos de regulación del servicio de transporte público, como el otorgamiento de concesiones y permisos.

En el sector transporte, la corrupción puede deteriorar la calidad del servicio, comprometer la seguridad de las personas usuarias y debilitar la confianza ciudadana. Por ello, resulta fundamental que el CTP implemente acciones de control eficaces.

Hallazgos principales

La auditoría encontró:

  • Limitadas acciones para fortalecer el control interno. Falta de definición de roles y responsabilidades para prevenir incompatibilidades y conflictos de interés.
  • Carencia de valoración de riesgos relacionados con temas de corrupción, fraude o conflictos de interés.
  • Inexistencia de un canal, procedimientos formales y mecanismos de confidencialidad para realizar la gestión de denuncias y protección de denunciantes ante posibles casos de corrupción a nivel institucional.
  • No se han definido lineamientos o políticas internas para prevenir actos de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés en procesos sustantivos.
  • No se cuenta con una definición de los sistemas informáticos críticos para su operación, y la información de la página web no está actualizada ni completa.

Recomendaciones

Para avanzar hacia una gestión pública íntegra, transparente, eficiente y orientada al interés público, la Contraloría dispone al Consejo de Transporte Público la adopción de medidas estratégicas orientadas a fortalecer las acciones de control con énfasis en la prevención de la corrupción. Esto incluye:

  • Incorporar de forma explícita el riesgo de corrupción, fraude y conflictos de interés como parte de la gestión institucional de riesgos, desarrollando procesos formales de identificación, evaluación y priorización, en función de la naturaleza y criticidad de los procesos del CTP.
  • Consolidar una cultura organizacional basada en la integridad mediante la capacitación continua y la apropiación del código de ética por parte de los actores relevantes.
  • Establecer un procedimiento y un canal transparente para la atención de denuncias de corrupción, con garantías de confidencialidad y protección a la persona denunciante.
  • Analizar la estructura organizativa con criterios de segregación de funciones e implementar un manual de cargos.
  • Fortalecer la transparencia mediante la formalización de los sistemas de información críticos y la revisión y actualización de lineamientos y procedimientos internos que derive en la actualización oportuna y periódica de la información del sitio web conforme a la normativa vigente.

Estas acciones permitirán al CTP transitar hacia un modelo de control preventivo que promueva la confianza ciudadana y el valor público en la regulación del transporte.

El informe completo puede descargarse desde este enlace.

¿Campeones latinoamericanos de la libertad?

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

¿Quién iba a creerlo? De verdad que nadie es profeta en su tierra, pensará él; tenía que alzar su mano un cubano-americano, desde su «centro para la libre economía«, fundado hace escasos cuatro años, para condecorar al presidente Rodrigo Chaves, como paladín de la democracia. Como el Abraham Lincoln costarricense, el Thomas Jefferson del barrio El Carmen, el José Mujica tropical, el campeón de la libertad.

Como veremos, para el gestor Carlos Díaz no interesa que, para esta condecoración, se tuviera que obviar que nuestro «referente democrático», hubiese sido condenado por acoso sexual contra unas jóvenes, en un tribunal del Banco Mundial. Ni que, en nuestro país, y desde la primera semana como presidente, se esmerara en desconocer la separación e independencia de los poderes de la República, bastión de la democracia representativa. O que, con lenguaje vulgar, difamara al fiscal general, que responsablemente, dirige investigaciones en su contra, que podrían constituirse en delitos. Así como, los actos de rechazo, de las vitales acciones anticorrupción, que cumple la Contralora General de la República, que le ha impedido la comisión de diversos delitos, y los más recientes ataques contra la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, por cumplir con el Código Electoral que, felizmente, nos rige.

Don Carlos Díaz-Rosillo, al condecorar a Rodrigo Chaves, pretende desconocer los ataques chavistas, a los que él llama «corruptos magistrados de la Corte Suprema de Justicia», así como al «nido de alimañas» que se refugia en la Asamblea Legislativa, entre otros. ¡Esos «adornos», no le interesan a Díaz-Rosillos! No, jamás. Él , y los suyos, lo que valoran, es que nuestro presidente, unilateralmente, se alió a Trump, en la guerra comercial contra China, y que, pese al desfinanciamiento criminal que el actual gobierno, ha aplicado a los programas de asistencia social, educación, seguridad pública, vivienda de interés social, generación de empleo, agricultura, lucha contra el narcotráfico, obras públicas, seguridad social, turismo, ambiente, etc., lo que a ellos interesa, son los resultados macroeconómicos de una política monetarista de corte neoliberal, trumpista, que sirva de pretexto para agradecer a quien prestó, ilegalmente, el sagrado suelo costarricense, para la instalación de un campo de concentración de emigrantes, entre ellos niños, expulsados por el gobierno compartido por Donald Trump y Elon Musk.

El fundador y mandamás de este nuevo centro de la pública Florida International University (FIU), Carlos Díaz, durante la primera administración de Donald Trump, fungió como Asistente Adjunto del presidente y director de Política y Coordinación Interinstitucional, sobre política de seguridad nacional, y comunicación estratégica, así como, subsecretario adjunto interino de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional. Es reconocido, como uno de los líderes, de la guerra comercial contra China. Muy cercano al ministro Marco Rubio, quien, a su vez, como se sabe, es defensor de la ultraconservadora, Asociación Nacional del Rifle, de quien recibió millones de dólares para sus campañas políticas. Pieza importante de la administración republicana del Estado de Florida, fuertemente influenciada por cubano-americanos, fieles a Trump, que, como vemos, han contaminado una institución de Educación Superior estatal, con la promoción de políticas ultraconservadoras, que, por cierto, incomodan a algunos estudiantes y catedráticos, que abogan por una universidad independiente de los políticos de turno.

Ejemplo de esa irrespetuosa intromisión que compromete la independencia que habría de tener la FIU, Díaz condecoró el año pasado, al que presentó, como «primer presidente libertario» de Argentina, al ultraderechista Javier Milei, a quien valora como un “referente mundial”, que habría de imitarse en el planeta.

Sobre Milei, cabe recordar, que, sobre los recortes brutales a los presupuestos de las instituciones culturales, ejecutados por este enemigo del fallecido Papa Francisco, el actor Carlos Belloso expresó lo que piensa la mayoría del pueblo argentino, cuando señaló, que “Todo lo que tenga que ver con la ayuda a la cultura, es necesaria. Por eso lo que está haciendo Milei, es muy peligroso, es una injusticia”, pues, “además del ataque feroz a los jubilados, está atentando contra la soberanía, y el hambriento pueblo. Este gobierno, es cruel, inhumano, inoperante y fuera de sus cabales”, enfatizó.

Sobre el gravísimo aumento sostenido de la pobreza y la indigencia durante el gobierno de ese presidente, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, alzó también su voz, señalando que “El panorama es trágico en términos sociales, pues el gobierno de Milei, demuestra ser absolutamente inhumano. Ni siquiera intentan disimular frente a la tragedia que estamos transitando. Según el informe del INDEC, el 66,1 % de los menores de 14 años viven en hogares con ingresos inferiores a la Canasta Básica Total. Estos números lo reflejan claramente, pero el contraste con la actitud del presidente hace que estos datos sean aún más estremecedores», acotó.

Asimismo, pasó por su centro para «la libertad económica», entre otros, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, responsable de varios casos de violaciones a los derechos humanos, por lo cual, la ONG Human Rights Watch, lo ha denunciado. Varias personas cercanas a Uribe han sido encarceladas y otras tienen procesos judiciales, por casos como la “Yidispolitica”, donde se compraron votos en el congreso para aprobar su reelección, así como por el llamado Agro Ingreso Seguro, donde latifundistas propietarios de grandes extensiones de tierras, fraccionaron sus predios, con la complicidad de Uribe, para acceder a múltiples subsidios, y el de las «chuzadas» del DAS, caso de escuchas ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad, organismo de inteligencia estatal, contra políticos y periodistas.

Asimismo, manejó redes de informantes, que pusieron en riesgo a la población civil, cual si fuesen actores del conflicto armado contra el narcotráfico. Hace siete años, el Tribunal Superior de Antioquia, pidió iniciar una investigación contra Álvaro Uribe por su posible relación con las masacres de civiles provocadas por paramilitares. De hecho, se conoce que hay más de 28 procesos judiciales en su contra en la Corte Suprema de Justicia, que no avanzan y que han generado varias críticas a nivel nacional en torno a la crisis judicial de Colombia, aunque actualmente, Uribe se encuentra en juicio por fraude procesal y soborno.

En política internacional, este otro condecorado por Carlos Díaz, apoyó la guerra contra el terrorismo de George W. Bush, y avergonzó a los colombianos, por su apoyo diplomático a la invasión de Irak del 2003.

Sin embargo, para Carlos Díaz, lo único que importa, como merecedor de una condecoración, fueron los resultados macroeconómicos de su gestión…, pese a que, en el ámbito económico, sus “éxitos” son similares a los de Milei en Argentina y a los de Chaves en Costa Rica.

Pues amigos, ese es el contexto que rodea la cena y condecoración a nuestro presidente, que, con extraña pompa, se ha destacado en nuestro país por sus encargados de propaganda, quienes, por supuesto, ocultan bajo la tierra, ¡como los jaguares!, quiénes son los indeseables compañeros de viaje, que le han precedido, como socios de ese poco prestigioso club.

30.4.2025

Rodrigo Arias Sánchez, su necesaria Presidencia Legislativa

Vladimir de la Cruz

Las elecciones del 2022 fueron altamente sorpresivas e inesperadas, para las cuales la sociedad costarricense no estaba preparada, no por la derrota del Partido Liberación Nacional, que había terminado su jornada electoral en febrero como primer finalista ante la segunda ronda, sino porque para ese momento se había producido una situación cualitativamente diferente en ese resultado.

En las elecciones del 2014 el candidato presidencial de Liberación Nacional, renunciaba cobardemente a su participación, en la segunda ronda, dejando al garete a su partido y a los votantes nacionales, que, aunque veían inminente su derrota en la segunda vuelta, no esperaban que su “líder” saliera corriendo a esconderse.

En las elecciones del 2018 el Partido Liberación Nacional no llegó a la segunda ronda, en su segunda derrota nacional. La disputa se dio entre el Partido Acción Ciudadana, que había emergido desde las elecciones del 2006, con su candidato Carlos Alvarado Quesada, y el líder espiritual y político del actual Partido Nueva República, de Fabricio Alvarado, que ya venía debutando en la política nacional y en la electoral. El tema central de la campaña electoral se concentró, en la segunda ronda electoral, en el área de los Derechos Humanos y Ciudadanos, sintiéndose amenazada la sociedad nacional de retroceder por razones “religiosas evangélicas”, provocando con ello una reacción del electorado que se volcó por la candidatura de Carlos Alvarado, que había terminado de segundo finalista en la elección de febrero de ese año.

La derrota de Liberación Nacional, por segunda vez consecutiva no era novedosa. Ya había sucedido en 1998 y el 2002, cuando la Unidad Social Cristiana gobernó dos veces consecutivamente, con Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco.

Por su parte el partido Unidad Social Cristiana, como partido histórico, de larga tradición, desde el 2006 dejó de ser finalista electoral para primeras y segundas rondas, disminuyendo su presencia política nacional y de representación popular.

En el 2006 la candidatura de Oscar Arias Sánchez salvó al partido Liberación Nacional de caer en la postración, debilidad y cansancio político que ha caracterizado a su siamés político, la Unidad Social Cristiana, desde ese año hasta hoy, a pesar del aire fresco que le dio Rodolfo Piza en las campañas electorales del 2014 y 2018.

El gobierno de Oscar Arias Sánchez, guste o no, salvó a su partido y su gobierno. También, guste o no, catapultó a Laura Chinchilla Miranda a la presidencia de la República del 2010 al 2014, gobierno, a partir del cual Liberación Nacional se alejó del Poder Ejecutivo, tres veces seguidas, 2014, 2018 y 2022, enfrentando hacia las elecciones del 2026 la posibilidad de acompañar a la Unidad Social Cristiana en su descalabro electoral en sus aspiraciones de Ejecutivo Nacional, o de recuperarse al menos para estar de finalista en las elecciones del 2026.

Para las elecciones del 2022 José María Figueres era, a mi modo de ver, la mejor carta de presentación política que tenía Liberación Nacional para retornar al Poder Ejecutivo, quedando de primer finalista para la segunda ronda. En ese partido sabotearon su candidatura por quienes terminaron rodeándolo en su círculo electoral más cercano y con las políticas electorales conservadoras, y la mala campaña electoral, con la que lo impulsaron, alejada de la historia de ese Partido en el desarrollo nacional y por su alejamiento de las políticas sociales social demócratas que en otros tiempos fueron sus banderas de atracción política.

En todas estas elecciones, el juego estaba entre partidos “tradicionales” que venían de distintas campañas electorales y con candidatos presidenciales “conocidos” en sus partidos y en la vida parlamentaria y política nacional.

En la elección del 2022 irrumpió un nuevo partido político, Progreso Social Democrático, nada conocido, recién formado para esa, su primera participación electoral, por una importante exmilitante del partido Acción ciudadana. Sin líderes políticos conocidos y destacados en la arena electoral y política nacional, se les “coló”, con éxito, un personaje, Rodrigo Chaves Robles, que llegó al país después de un autoexilio dorado de trabajo en un organismo internacional, por más de tres décadas, a trabajar por un breve plazo al Ministerio de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado Quesada.

Rodrigo Chaves Robles supo interpretar el desánimo nacional, la frustración de la población, el desencanto político existente con partidos políticos y con líderes de los partidos políticos y de gobiernos anteriores. Apreció la corrupción institucional que histórica, real o de leyenda se sentía en el país y, sobre todo, el abandono de grandes regiones, con sus poblaciones, de las acciones y políticas públicas que provocaban extrema pobreza, pobreza, debilitamiento de las clases medias, mala infraestructura nacional, abandono institucional de regiones, exclusión, marginación, desempleo trabajo informal creciente y otros muchos e importantes problemas, como el de la inseguridad nacional, la inseguridad ciudadana, y el narcotráfico, que hizo sus banderas para hacerse representar de toda esta población y regiones como su “salvador”, enfrentando violentamente en su lenguaje político a todas las estructuras políticas e institucionales, señalando que él podía hacerlas funcionar para “resolver” esos problemas.

Frente a esto, en la segunda ronda electoral, el electorado “cansado” de Liberación Nacional, que era el primer finalista de la segunda ronda, y ampliamente “prejuiciado” con José María Figueres, que había ganado esa primera ronda, terminó ante las dos alternativas electorales, Figueres o Chaves, absteniéndose de ir a votar por Figueres y Liberación Nacional, lo que facilitó el acomodo de votos a favor de Rodrigo Chaves quien resultó Presidente de la República, quien se encuentra en su último año de gobierno.

Los tres años de gobierno que ha tenido los ha concentrado en su discurso antisistema, antidemocracia, anti poderes públicos, anti equilibrio de esos poderes públicos, contra todo lo que significa Política tradicional, sean partidos políticos existentes principalmente en la Asamblea Legislativa, contra todos los partidos políticos, todos los políticos, todos los disidentes políticos que no están de acuerdo con su gestión administrativa y política, con todos los que le critican, personas, analistas, periodistas y medios de comunicación en general.

La esencia de su discurso político, que le da réditos de simpatía política y personal, asociado a un líder carismático, de fuerza, autoritario que reclama, constantemente, que no gobierna “porque no lo dejan gobernar” la Asamblea Legislativa y sus diputados con sus partidos políticos, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República.

Esto se asocia hoy a su deseo de permanecer en el Gobierno, lo que no puede constitucionalmente porque no está permitida la reelección consecutiva de un presidente, por lo que tendrá que esperar ocho años, hasta el 2034, para poder aspirar a una nueva candidatura. En pocos meses, en mayo del 2026, fuera de gobierno, sin tener un partido político propio en el cual él sea el principal dirigente político, por los próximos ocho años, es muy difícil que él pueda desarrollarse como líder político nacional, aunque haya sido presidente. Solo podría mantenerse activo si en un próximo gobierno se le nombra ministro, o si renuncia en julio para lanzarse como candidato a diputado en las elecciones del 2026, lo que sí le daría músculo político para mantenerse activo en política y forjar su candidatura presidencial futura, con posibilidad de modificar la Constitución Política de manera que le permita ser candidato presidencial de nuevo en el 2030. Estas son las opciones constitucionales y legales de su posible partición electoral futura, salvo que intente, por algún motivo provocado por él mismo, de inestabilidad política nacional, que le conduzca a establecer un estado de emergencia nacional, el cual le permita suspender garantías constitucionales y ejercer un gobierno de excepción, de características autoritarias, despóticas y tiránicas, como constantemente señala que se debe gobernar para poder resolver problemas nacionales y desarrollar acciones políticas.

En estos tres años ha saboreado las mieles y los privilegios que da el ejercicio del Poder. Ambicioso políticamente, como se expresa, ha impulsado la creación de nuevos partidos políticos, para que participen en el proceso electoral del 2026, bajo el llamado movimiento de los jaguares, orientado a desplazar a todos los partidos que tradicionalmente han ejercido el dominio de la Asamblea Legislativa, con la intención de llegar a elegir 40 diputados como lo pregona.

En las elecciones de 2022 el partido que lo eligió solo sacó 10 diputados de 57 que tiene la Asamblea Legislativa, lo que no le dio músculo político legislativo para impulsar leyes, ni capacidad para negociar proyectos de ley, por sus ataques constantes a los diputados y a la Asamblea Legislativa como institución y Poder de control político de la República.

El gobierno del 2014, de Luis Guillermo Solís y el del 2018 de Carlos Alvarado, no pasaron de 12 diputados, que si tuvieron capacidad de negociación parlamentaria, y no tuvieron una “crisis política” de relación entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, como se ha dado en este descalabrado gobierno.

En la estructura organizacional del Estado costarricense tenemos los Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y, por asimilación, al Tribunal Supremo de Elecciones, que en teoría política y constitucional se desempeñan como pesos y contrapesos entre sí, no solo por el ejercicio y potestades de cada poder cuyas funciones son indelegables, sino por los controles que se establecen sobre ellos.

Los dos primeros, el Ejecutivo y el Legislativo tienen el mayor peso político por el carácter representativo que los constituye. Son el resultado, en su integración, de la elección directa del pueblo electoral, de los ciudadanos, quienes tienen el poder y la facultad de la representación política, quienes son el Poder Soberano y en quienes descansa la Soberanía Nacional.

Por el carácter de la representación política el Poder Legislativo es el más importante, por tener allí una mayor y más amplia representación ciudadana expresada en los 57 diputados, de una variedad de partidos y sectores políticamente organizados.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral tienen su máximo representante en quienes lo presiden. De estos Poderes el presidente de la Asamblea Legislativa está facultado para sustituir al presidente de la República en el caso extremo de que deje sus funciones temporal o permanentemente, y por ausencia extrema igual de sus vicepresidentes.

De allí que la elección del presidente de la Asamblea Legislativa, que debe hacerse cada primero de mayo, cobre una importancia política relevante. La importancia y relevancia política del Poder Legislativo descansa en hacer las leyes, interpretarlas auténticamente si es del caso, y ejercer control político sobre el Poder Ejecutivo y las autoridades ministeriales e institucionales, y tener en su seno una mayor representación política del Pueblo Soberano. Las leyes no las hace el presidente legislativo. Las hacen todos los diputados. El resultado de esas leyes se atribuye a los gobiernos, y a los presidentes de la República que lo ejercen, no a los diputados y a sus partidos, salvo cuando esos partidos y diputados destacan que son las leyes que ellos impulsaron y les fueron aprobadas.

El cargo de presidente legislativo por esta razón debe ser bien valorado y meditado políticamente por los diputados. No se trata de nombrar a cualquiera de los diputados, que todos tendrían igual posibilidad y oportunidad, sino de escoger entre todos ellos el que mejor acredite por su experiencia política y atestados personales, pero también por la madurez y sensatez que pueden dar la edad y la experiencia política.

En el momento que vivimos en el país, con las características autoritarias y poco democráticas del actual Presidente de la República, que ataca constantemente a la Asamblea Legislativa, a todos sus diputados, que desearía gobernar si un Poder Legislativo para dirigir el país con Decretos Leyes, como se hizo en la Junta de gobierno de 1948-1949, se requiere que el Presidente Legislativo sea un diputado de gran experiencia política, ecuanimidad personal, inteligencia emocional política, buena formación profesional y política, con señorío para el cargo que representa, con la personalidad suficiente y digna para ejercer la Presidencia de la República en el caso extremo si así fuere necesario.

El presidente legislativo tiene que salir como resultado de una negociación política que produzca 29 diputados a favor de nombrarlo. Es una cifra que tiene que negociarse. No se trata de improvisar candidatos ni diputados con la aspiración de dirigir el Poder Legislativo.

Tampoco se trata de que corresponde elegir una mujer por razón de género. Ya se han electo mujeres presidentas en el Poder Legislativo, Rosemary Karpinski Dodero, en 1986, Rina Contreras López, en el 2000, Carolina Hidalgo Herrera, en el 2018 y Silvia Vanessa Hernández Sánchez en el 2021, representándose en estas mujeres a los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, de los partidos que han gobernado el país, bajo gobiernos en que esos partidos ejercían la Presidencia de la República.

La Presidencia Legislativa en el período de la Segunda República, desde 1949 hasta hoy, la han ejercido tres veces consecutivas Marcial Rodríguez Conejo, Gonzalo Facio Segreda, Alfonso Carro Zúñiga y Rodrigo Arias Sánchez, dos veces consecutivas Abelardo Bonilla Baldares, Otto Cortés Fernández, Álvaro Montero Padilla, Daniel Oduber Quirós, Luis Alberto Monge Álvarez, Gerardo González Esquivel. El único, hasta hoy, que la ejercido cuatro años consecutivos ha sido Francisco Antonio Pacheco.

El próximo primero de mayo está la posibilidad de que Rodrigo Arias Sánchez continúe al frente, en su cuarto año de presidencia legislativa, de ser electo para ese cargo.

El Presidente de la República de forma endemoniada, como un energúmeno sin control mental, poseído de sentimientos perversos y malos, metiéndose, invadiendo, alterando la independencia de poderes públicos, ha venido llamando, en un primer momento a los diputados a no votar por la reelección de Rodrigo Arias, en un segundo momento, diciendo que él insta a votar incluso por un diputado del Frente Amplio, que él llama “diputados comunistas” para que presida la Asamblea Legislativa, y en un tercer momento ha amenazado de la manera más estúpida, tonta y absurda a los diputados que si eligen a Rodrigo Arias él no nombrará Ministro de la Presidencia, como si eso fuera a afectar en algo a la Asamblea Legislativa. Si él no nombra este ministro, él es que le pierde contacto con la Asamblea Legislativa para gestionar y negociar sus proyectos de ley, los que el Poder Ejecutivo puede impulsar de manera exclusiva seis meses al año. El presidente Chaves ha hecho de esta elección un problema personal, un berrinche político, contra Rodrigo Arias Sánchez.

Los diputados independientes identificados con el presidente, y leales a él, electos en 2022, son ocho, con unos cuantos más que le son afectos de los partidos Liberal Progresista, Nueva República, algunos de la Unidad Social Cristiana y uno de Liberación Nacional.

El momento político que vivimos de mantener el orden democrático, de asegurar la independencia de poderes públicos, obliga a que los diputados y sus partidos, frente a los ataques que el presidente Chaves hace constantemente contra ellos y el Poder Legislativo, nombren un presidente que garantice esa independencia, que sepa responder al presidente con respeto y señorío, pero contundente y enérgicamente, como lo ha hecho Rodrigo Arias Sánchez. Los ataques del presidente a Rodrigo Arias son la mejor carta de presentación ante los diputados para que lo reelijan. No reelegirlo puede asimilarse a la situación de la votación de la segunda ronda del 2022, cuando por no votar un candidato y un partido se produjo el presidente Chaves que está destruyendo la democracia nacional.

La defensa de la democracia nacional, con todo lo que significa, es la tarea política del momento. El Frente Amplio, con sus seis diputados, tiene una gran obligación y responsabilidad política de asegurar esta elección, más allá de las diferencias políticas partidarias y personales que puedan tenerle a Rodrigo Arias y a su partido. No es Rodrigo Arias ni el partido Liberación Nacional el que está en juego. Aquí se juega parte del futuro del país. Abstenerse, votar por ellos mismos, o por otro candidato de otro partido, o impulsar como se quiere una tendencia “feminista” para presidir el Congreso de la República es hacerle el juego al gobierno, es fortalecer al presidente Chaves en su discurso anti asamblea legislativa y anti diputados que él tiene, es fortalecer en este período electoral el autoritarismo y alentar sus grupos “jaguares” en sus intenciones diputadiles. El no elegir a Rodrigo Arias es darle su primera victoria legislativa y política a Chaves hacia las elecciones nacionales del 2026.

Rodrigo Chaves es más audaz de lo que el común de la gente valora. No se está haciendo una lectura correcta de hacia a dónde va Chaves. Ya ha quitado incluso “banderas” a la izquierda. Hay un spot publicitario, bastante bien hecho, alrededor de la figura del presidente Chaves, con el himno de la izquierda “El pueblo unido jamás será vencido…”

Lo único que se está percibiendo es que Chaves va a cambiar el modelo institucional con la destrucción del modelo actual. Si Rodrigo Arias no es electo, por ceguera política, por disidencias en Liberación Nacional, por no tener claras las intenciones del chavismo y sus partidos, por la incapacidad y prejuicios políticos que el mismo presidente Chaves alimenta hacia Rodrigo Arias, los partidos que así actúen están jugando al ahorcado y van hacia su descalabro electoral.

La primera derrota que hay que darle al chavismo, frente a las elecciones próximas es nombrar presidente de la Asamblea Legislativa a Rodrigo Arias Sánchez.

En el 2022 sin fuerza parlamentaria y por los ataques verbales denigrantes que había hecho contra los diputados electos no le dieron el beneplácito ni el favor de nombrar un presidente legislativo de su partido.

En el 2023 frente a una derrota electoral en la elección de la presidencia de la Asamblea Legislativa el presidente Chaves le dio el apoyo público a Rodrigo Arias, para su segunda presidencia legislativa.

En el 2024 el presidente Chaves se apartó públicamente de dar apoyo o pedir votos en contra de Rodrigo Arias. Este año está con los tacos puestos contra Rodrigo Arias.

Rodrigo Arias Sánchez, aparte de su formación de abogado y notario, ha sido y es empresario activo, con un amplio conocimiento de las instituciones públicas, del sector privado y financiero. Su carrera política ha sido siempre en el Partido Liberación Nacional como presidente municipal del Cantón Central de Heredia, diputado y ministro de la Presidencia.

Lo que le conviene al país desde ese alto cargo político e institucional es una persona como Rodrigo Arias, un cuadro político bien formado, maduro, con esa capacidad que lo distingue de negociador y visionario del momento político que vivimos. Su gestión como presidente del Congreso, en estas tres Legislaturas que han pasado, ha sido muy buena, ampliamente satisfactoria y políticamente bien recibida por la ciudadanía y defensores del Estado de Derecho.

Rodrigo Arias ha sabido dirigir el Congreso con respeto hacia las fracciones parlamentarias, ha llevado bien la Agenda Parlamentaria, ha sabido distanciarse del Poder Ejecutivo con elegancia, con energía, señalando adecuadamente el rumbo que debe seguirse. Cuando ha tenido que enfrentar al gobierno lo ha hecho, le ha marcado los pasos no solo de la agenda legislativa y de la nacional, ha señalado las prioridades del país y las prioridades legislativas.

Lo que más le conviene a las fracciones parlamentarias, más allá de sus distancias históricas, o coyunturales, con Liberación Nacional, como partido, o con los reclamos que le hacen a su hermano, el presidente Oscar Arias, es la Presidencia Legislativa en manos de Rodrigo Arias, tanto para la dirección y representación del Poder Legislativo,

En imagen pública, en este momento político que vive el país, es conveniente que la Presidencia de Rodrigo Arias tenga la mayor cantidad de votos legislativos. Hasta ahora ya está asegurada aparentemente su Presidencia.

En mi opinión, de observador político, lo que más le conviene a la Asamblea Legislativa y al país, al margen y fuera de todo prejuicio político que se pueda tener, con él o su partido, es que el diputado, y actual presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, continúe en la Presidencia de este Poder de Estado.

En este momento político del país la Presidencia de la Asamblea Legislativa no se puede ni se debe improvisar.