Según el economista Ottón Solís, en autos conocido, los gobiernos como el de Trump y Chaves podrían no cumplir ninguna de sus promesas de campaña y no se verían afectados en su popularidad. Su fuerza radica en otra parte. “Este tipo de políticos, afirma, son populares porque son voceros de los enojos que una buena parte de la población tiene contra todo lo que perciben como causante de su situación”.
Mucho se ha debatido acerca de por qué Chaves sigue siendo tan popular pese a que no ha hecho nada, y me parece que don Ottón da en el clavo. La fuerza de nuestro presidente se debe a la debacle de los demás, se debe a que la población se siente decepcionada de todos los demás políticos y de su discurso.
La fuerza de su política es que Chaves se presenta como el presidente del antisistema. Las debilidades de los otros, incluida la izquierda, es que son concebidos como los defensores del sistema, de un sistema detestable por muchas razones.
En primer lugar, porque es un sistema de desigualdad y de corrupción, donde los empleados rasos viven en pobreza o muy cerca de ella mientras los altos cargos devengan salarios incontrastables (superiores a los de sus homólogos de otros países); donde los costarricenses normales sufrimos más que disfrutamos de pensiones miserables mientras un grupito se ha ideado un régimen de lujos; mientras los costarricenses de a pie sufrimos de la ineficiencia de las instituciones, de su burocratización, del poco acceso a la educación de calidad; y así muchos etcéteras.
Y ese sistema es defendido por esos partidos que los han creado y también por el partido de don Ottón, el PAC, quien por ocho años ejerció un poder que solo dejó cifras en rojo en todos los campos.
No me digan que cambiar un sistema no es fácil, sobre todo si no se quiere echar al niño con el agua sucia, es decir, si se resguardan los derechos conseguidos por décadas de gran esfuerzo. Claro que no es fácil. Pero todo partido que mantenga su apoyo acrítico a ese sistema, que no se proponga un cambio rupturista, es decir, la ruptura de este sistema y su sustitución por otro, todo partido así, digo, está destinado al fracaso.
El PAC surgió, en medio de un gran entusiasmo, por cierto, porque ya estábamos hartos del bipartidismo corrupto. Nació de la decepción. Pero desdichadamente ese bipartidismo corrupto se convirtió muy pronto en tripartidismo corrupto, y esa triple decepción, esa triple tomada de pelo, sumió el pueblo en enojo, en la ira, en el deseo de venganza. “Dado que esa mayoría no tiene un micrófono o una cámara de TV para expresar su rencor contra los supuestos (o reales) culpables, se desahoga con el agresivo vocabulario de los Trump y los Chaves dirigidos a las élites de las instituciones, la prensa, los negocios y del resto de la política (el establishment)”, señala don Ottón. Nada más cierto. Por el pueblo llano aplaude la chabacanería, los insultos, los improperios, porque ese lenguaje soez representa lo que nosotros quisiéramos decirles a esos detentores del estatus quo.
Hay una arista más que señala el fundador del PAC como “la promesa incumplida que resultó ser el neoliberalismo”. ¿Promesa incumplida? En realidad se trató de la aplicación consecuente, hasta el fondo, del neoliberalismo.
No se puede olvidar que durante mucho tiempo los gobiernos fueron introduciendo o haciendo intentos por introducir esa filosofía, la filosofía de la selva. Pero circunstancias diversas, en especial la resistencia popular (recordemos la lucha entra el Combo), impidieron su puesta en marcha más allá de cierto límite profiláctico.
Fueron los gobiernos del PAC, especialmente el segundo, sospecho que con un decidido apoyo de don Ottón, el que pisó el acelerador hasta el fondo.
Cinco grandes proezas del PAC: desarmar años de esfuerzos por crear una ley procesal laboral moderna; aprobar un plan fiscal que nos puso a los pobres a tributar hasta por el aire que respiramos; someter al país a la camisa de fuerza de la regla fiscal con el fin de reducir servicios públicos y empobrecer salarios; someter al sector público a una homogenización que viola los derechos de cada sector de trabajadores y crea un estado centralista y corporativo (ley de empleo público).
Todo ello ha demostrado ser un enorme fracaso. El más grande de todos es la caída del caudal electoral del PAC a menos del 1% de los votos, una “proeza” única en el mundo. Pero esa Costa Rica que el PAC nos heredó sí ha abierto a Chaves, traído por el PAC desde el Banco Mundial, las puertas de su acción antipopular y privatizadora.
Frente a esta pesadilla que vivimos y otras que nos vaticinan, se habla mucho de la unidad de los buenos. Sí, esa es la fórmula: unirnos contra el neoliberalismo y sus apóstoles. Pero esa unidad no puede ser a cualquier precio. En primer lugar, no puede ser la unidad para regresar el poder a los que ya han estado allí. Debe ser una unidad que abra una nueva época que conduzca a un cambio profundo del sistema político, social y económico.
Al menos creo que esa unidad debe proponer volver la institucionalidad a su estado de 2018. Es decir, aprobar la ley procesal laboral, eliminar el plan fiscal, eliminar la regla fiscal, mandar al museo la ley de empleo público.
Pero además, debe proponer fórmulas jurídicas que protejan el sindicalismo, las huelgas y las convenciones colectivas y realizar una primera distribución de emergencia de la riqueza, que eleve salarios y pensiones ipso facto.
You may say I’m a dreamer. Espero vivir muchos años y, al final, morir así, como un dreamer.
Competencia con el Estado: Los cárteles de narcotráfico han adquirido un poder económico que les permite competir directamente con el Estado. Esto ha llevado a una erosión de la autoridad estatal, ya que los narcotraficantes pueden ofrecer recursos y servicios que el gobierno no puede proporcionar, creando así una alternativa al clientelismo tradicional.
Desplazamiento de Oligarquías: La industria del narcotráfico ha desafiado el poder de las oligarquías tradicionales, que históricamente han controlado las estructuras políticas y económicas. Al introducir una nueva dinámica de poder basada en la riqueza generada por el narcotráfico, se han abierto espacios para que actores previamente excluidos participen en la economía y la política34.
Fragmentación del Control: La estructura descentralizada y fragmentada del narcotráfico, donde múltiples grupos compiten por el control territorial y las rutas de tráfico, ha debilitado aún más la capacidad del Estado para mantener el orden. Esto ha llevado a un aumento de la violencia y a una lucha constante por el dominio entre diferentes organizaciones criminales12.
Consecuencias Sociales y Económicas
Inseguridad Ciudadana: La expansión del narcotráfico ha contribuido a un aumento significativo en la inseguridad y la violencia en muchas comunidades, lo que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y su confianza en las instituciones13.
Corrupción Institucional: La infiltración del narcotráfico en las instituciones gubernamentales ha generado casos de corrupción que socavan la efectividad de las políticas públicas. Esto crea un ciclo vicioso donde los gobiernos son incapaces de actuar eficazmente contra el crimen organizado debido a su propia corrupción interna4.
Nuevas Formas de Organización Social
El narcotráfico no solo altera las dinámicas de poder tradicionales, sino que también ha llevado a nuevas formas de organización social. Las comunidades afectadas por la violencia y la exclusión están comenzando a buscar alternativas al clientelismo, promoviendo una ciudadanía más activa y autónoma que desafía tanto al narcotráfico como al Estado en su forma actual34.
En resumen, la aparición del narcotráfico en América Latina ha transformado radicalmente las relaciones de poder, desafiando tanto al Estado como a las estructuras sociales tradicionales, lo que plantea serios retos para la construcción de democracias efectivas en la región, a menos que se prepare una reforma progresiva del Estado que habilite con organización autónoma y educación actualizada a los sectores excluidos.
SURCOS presenta una síntesis del libro América Latina: crisis del estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas enviado por Miguel Sobrado, uno de los autores:
De acuerdo con el premonitorio libro «América Latina: crisis del estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas» de Miguel Sobrado y Juan José Rojas, (2003 Mx y 2006 CR) no abordar los problemas estructurales asociados al clientelismo y no avanzar hacia la construcción de repúblicas ciudadanas conlleva varios riesgos graves para el desarrollo político, social y económico de América Latina.
Algunos de los principales riesgos señalados en el texto son los siguientes:
Persistencia de la corrupción sistémica
El clientelismo fomenta un sistema en el que las decisiones políticas y la asignación de recursos están motivadas por intereses personales o partidistas, en lugar del bien común. Si no se desmantelan estas prácticas, la corrupción se vuelve estructural, perpetuándose en todos los niveles de gobierno.
Esto genera desconfianza hacia las instituciones, debilitando la legitimidad de los gobiernos y alejando a los ciudadanos de los procesos democráticos.
Crisis de gobernabilidad
La incapacidad para responder de manera efectiva a las demandas ciudadanas y combatir la desigualdad genera un clima de inestabilidad política y social. Esto puede derivar en protestas masivas, disturbios sociales y una mayor polarización política.
Los autores advierten que esta crisis de gobernabilidad puede llevar a ciclos de autoritarismo, donde sectores políticos buscan imponer orden mediante la represión y la limitación de derechos democráticos.
Consolidación de las desigualdades estructurales
El clientelismo tiende a beneficiar a pequeños grupos de poder, dejando de lado a los sectores más vulnerables de la población. Si no se hacen cambios, las brechas económicas, sociales y de acceso a oportunidades continuarán ampliándose.
Esta exclusión social crónica fomenta resentimientos y divisiones dentro de la sociedad, dificultando la cohesión social necesaria para el progreso.
Debilitamiento de la democracia
Los sistemas clientelistas socavan los principios democráticos al priorizar las lealtades personales sobre el voto informado y la participación ciudadana. Esto genera una cultura política basada en el oportunismo y la falta de accountability.
La permanencia de estas prácticas pone en riesgo la calidad de la democracia, abriendo paso a regímenes populistas o autoritarios que se aprovechan del descontento social.
Estancamiento económico
La corrupción y el clientelismo afectan negativamente el desarrollo económico, ya que distorsionan la asignación de recursos públicos y desincentivan la inversión extranjera y nacional. Además, generan ineficiencia en la gestión pública y la provisión de servicios esenciales.
En un entorno marcado por la corrupción y el favoritismo, las oportunidades de desarrollo y crecimiento económico quedan restringidas a unos pocos, perpetuando la pobreza y el subdesarrollo.
Aumento de la violencia y el crimen organizado
Los autores señalan que, en ausencia de instituciones fuertes y transparentes, el crimen organizado y la violencia pueden florecer, aprovechándose del debilitamiento del estado de derecho. Esto pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y socava aún más la confianza en las instituciones públicas.
Pérdida de la cohesión social
En una sociedad marcada por el clientelismo, las relaciones sociales tienden a basarse en la dependencia y los favores, en lugar de la igualdad y el respeto mutuo. Esto genera divisiones sociales, fragmentación comunitaria y una menor capacidad para organizarse colectivamente.
Sin cambios, los lazos comunitarios se debilitan y los ciudadanos se sienten impotentes frente al sistema, lo que perpetúa la apatía política.
Riesgo de colapso institucional
Si no se abordan las raíces del clientelismo y la corrupción, las instituciones públicas pueden entrar en un proceso de degradación progresiva, volviéndose incapaces de cumplir con sus funciones básicas.
Esto podría desembocar en el colapso de la confianza pública y en una crisis institucional de gran magnitud, que amenace la estabilidad del sistema político en su conjunto.
Conclusión:
El libro advierte que, de no implementarse los cambios necesarios, América Latina corre el riesgo de quedar atrapada en un ciclo de subdesarrollo político, económico y social. Esto no solo limita las posibilidades de progreso, sino que también perpetúa la desigualdad, la corrupción y la violencia endógena, dificultando la construcción de sociedades más justas y democráticas. Para los autores, la superación del clientelismo es clave para garantizar la sostenibilidad de las democracias en la región.
Los partidos políticos y los gobiernos de extrema derecha o de ultraderecha, aparecen como anti-sistema, sea enemigos del viejo modelo de gobierno basado en el bipartidismo, la corrupción y los privilegios. Las banderas que levantaron por décadas la izquierda y el movimiento progresista fueron arrebatadas por la extrema derecha, que se rebeló contra un sistema político necrosado, con gangrena.
Esta “rebelión” de la extrema derecha contra ese sistema anquilosado es lo que le genera influencia y apoyo en amplios sectores populares, incluso de los trabajadores y de las trabajadoras. El pueblo ya estaba cansado de tanta promesa que no cambiaba nada.
En Costa Rica ese hartazgo se empezó a manifestar en el gobierno de Laura Chinchilla y fue el partido Acción Ciudadana, PAC, quien logró aprovecharlo; era claro, entre Johnny Araya y Luis G. Solís, que la decisión fue contra el statu quo político corrupto.
El PAC capitalizó todo el malestar popular contra el sistema político desde una perspectiva progresista. En otras palabras, el PAC fue la expresión progresista contra el sistema bipartidista, corrupto y anti-democrático.
El gobierno de Solís rápidamente se distanció de sus postulados anti-sistema para caer en las redes de la politiquería, torpedeado incluso desde sus propias filas por Ottón Solís.
El segundo gobierno fue producto aún de la lucha entre el modelo político corrupto bipartidista (PLN-PUSC) y una nueva forma de hacer política. Ante el peligro de que la ultraderecha neopentecostal tomara el gobierno, las fuerzas progresistas y otras, inclinaron la balanza. Pero ya se percibía en el horizonte a la ultra-derecha queriendo capitalizar todo ese descontento, pero lo reducimos solo a un asunto de derechos sexuales.
La entrega y traición del PAC de Alvarado, entregando el gobierno a la ultraderecha del PUSC, terminó de alejar a los sectores populares de cualquier alternativa progresista. El PAC pagó su traición con la muerte.
Sin embargo, los sectores populares no querían volver al viejo sistema corrupto del bipartidismo y menos después de la enorme decepción del supuesto progresismo proclamado por el PAC. Era preferible un desconocido que Figueres, sin lugar a dudas.
Rodrigo Chaves es la manifestación de la ultraderecha contra el bipartidismo corrupto y ahora contra el progresismo que incumplió con su traición.
Sus improperios contra diputados, jueces, magistrados, universitarios y todo aquel que ose oponérsele, es bien recibido por esa masa que considera que cualquiera que esté mejor es su enemigo y debe ser condenado. Es la gente contra un sistema de justicia que no solo es lento, sino que ha favorecido a los ricos, un poder legislativo improductivo, un sistema tributario inequitativo, pensiones de lujo, etc., que ha calado hondo en las gentes. Aunque, Chaves y su gobierno no han resuelto los problemas más sensibles de la gente, lo apoyan por su actitud contra esos privilegios y corruptelas.
Me refiero rápidamente a estos elementos porque son el contexto en que se encuadra una política de alianzas.
Los retos, peligros y amenazas a los cuales se enfrenta el país son reales e inmediatos y hay que hacerles frente. Por eso ante ello es conveniente una política de alianzas y unidad de puertas abiertas, para aglutinar a todos los ciudadanos dispuestos a detener el deterioro democrático y defender las libertades conquistadas.
Pero la unidad no es para volver al pasado.
La Alianza no puede ser para defender el viejo “orden” del bipartidismo corrupto.
Se trata de una alianza para avanzar, para recuperar el sistema democrático, pero para mejorarlo y ampliarlo, para iniciar una trasformación progresista, sea en bien del pueblo, ante el sistema corrupto del bipartidismo.
Una Alianza para acabar con los peligros del grupo ultraderechista de Chaves y su séquito, pero también para superar el viejo sistema político del bipartidismo-corrupción.
Este martes 19 de noviembre, el presidente de SINAME, Dr. Mario Quesada, compareció por segunda ocasión ante la Comisión Investigadora de la CCSS para referirse a las presuntas irregularidades que han sido denunciadas en torno a esta institución.
Durante la comparecencia, el presidente de SINAME, indicó a los diputados que el país no tiene un faltante de médicos especialistas, de acuerdo con datos del Colegio de Médicos y Cirujanos.
Además, destacó la importancia de aprobar el proyecto de ley 24.239 presentado por SINAME y la diputada del PLN, Kattia Rivera, el cual permitiría a los médicos especialistas trasladarse a salario global.
Recientemente, más de 90 de estos profesionales presentaron su renuncia o realizaron un cese de nombramiento a la CCSS ante la falta de solución a esta problemática por parte de las autoridades.
En esa línea, el Dr. Mario Quesada destacó que cada vez que se va un profesional de la CCSS, también se pierde un profesor, pues ellos mismos fungen como tutores en el posgrado de Especialidades Médicas de la UCR.
Agregó también que el Gobierno de Rodrigo Chaves continúa acumulando una deuda con la seguridad social, siendo esta ahora mayor a 4 billones de colones.
A esta deuda se suman 29 mil millones de colones correspondientes a impuestos al tabaco -que por ley le corresponden a la CCSS- y que el Ministerio de Hacienda no está trasladando. Este dinero es utilizado en la institución para atender a pacientes con cáncer.
Finalmente, el presidente de SINAME destacó a los legisladores que se han presentado problemas por programas que se manejaron políticamente, como las listas de espera en mamografías. En su criterio esta fue una idea que salió del Ministerio de Salud sin sustento técnico.
Nota: Pueden observar la audiencia de este martes en el siguiente enlace:
La sociedad costarricense del presente no es la misma que la de ayer. Aclaro eso sí que no soy un nostálgico del pasado. Los significativos avances sociales, producto del Estado Social de Derecho (ESD), que logramos desarrollar entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior, se ha erosionado tanto que cada vez es más irreconocible.
El neoliberalismo económico que emergió, con fuerza en la década de los años ochenta del siglo XX, hizo lo que hace una lluvia tenaz sobre un terreno fértil sin barreras de protección. Lo erosionó de tal manera que hoy es un terreno cada vez más pobre.
Así las cosas, lo que el país construyó en cuarenta años, aún con todas sus limitaciones y defectos, empezó una cuenta regresiva que nos ha llevado a un presente cada vez más sombrío.
Los avances en derechos sociales en salud, en educación y en protección social, que singularizaron a Costa Rica en el contexto latinoamericano, se han convertido en una casa llena de goteras donde no alcanzan los baldes para recoger tan consumado deterioro.
Aun cuando los organismos financieros internacionales hegemonizados por Estados Unidos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no lo quieran reconocer, sus recetas neoliberales han fracasado y siguen fracasando al llevar progreso y desarrollo a los países que las aplican. Son pequeñas minorías y élites rapaces las grandes beneficiarias mientras la pobreza y desigualdad golpea a amplios sectores sociales. No por casualidad, los avances y logros en erradicar la pobreza en nuestro país, muestra magros resultados y el país se encuentra entre los diez más desiguales del mundo.
La cultura individualista ha ganado terreno en nuestra sociedad al compás del avance neoliberal, en detrimento de valores y políticas centradas en la solidaridad y los derechos sociales.
El gobierno de Rodrigo Chaves es la culminación de un proceso erosionador del ESD, que se refleja en el deterioro de la CCSS y su rol en la atención de la salud; en una educación pública sin ruta para la movilidad social y donde la reducción presupuestaria es su guía; y en el progresivo debilitamiento de programas sociales, que afectan a distintos sectores y grupos sociales. Para este gobierno, su presidente y ministro de Hacienda, su desvelo son las cifras macroeconómicas y la atención obsesiva de los golosos acreedores, externos e internos.
Y este momento de deterioro social se da en medio de una crisis de inseguridad como nunca había padecido el país, donde los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado han alcanzado todos los poderes sin que el Estado dé muestras de que está ganando la batalla. Todo lo contrario.
Asimismo, la corrupción se ha convertido en la noticia cotidiana. Ahí donde hay poder político siempre emerge la tentación del acto corrupto, el robo y apropiación de recursos públicos, utilizando mil maneras en función de asegurarse la impunidad. Actos de corrupción siempre han existido en toda nuestra historia republicana. Sin embargo, tales actos se han venido exacerbando en los últimos gobiernos del siglo anterior y en todos los del presente siglo XXI. Ninguno se libra y muchos de esos escándalos no han terminado en alguna condena. La impunidad se ha salido con la suya y la justicia no ha prevalecido.
En este presente sombrío muchos de los políticos responsables de las políticas neoliberales, del deterioro del ESD e, incluso, responsables por acción u omisión de actos corruptos, señalan a Rodrigo Chaves como responsable de lo que sucede, después de dos años y medio de su nefasto gobierno. Tienen razón en algunas caracterizaciones y diagnósticos de quizás una de las peores administraciones, pero pareciera que perdieron la memoria histórica y política. Es como si este gobierno de rasgos autoritarios hubiese surgido por generación espontánea.
Su desmesurada ambición politiquera y su escasez autocrítica los hace señalar todo a partir del 8 de mayo del año 2022. No. Señoras y señoras del PLN, del PUSC, del PAC y de otros partidos neoliberales minoritarios, Rodrigo Chaves (incluidos su legión de troles y fanáticos), es un producto depurado de su abandono de las políticas sociales, de su corrupción y de ver la hacienda pública como un botín de corsarios y piratas.
Tengo la convicción de que no todo está perdido y que hay esperanzas redentoras. Pienso que en lo que queda de esos partidos, con seguridad hay costarricenses honestos que realmente quieran que Costa Rica avance por una senda de profundización de la democracia, de la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Ahí no incluyo a quienes siempre llegaron a servirse y lucrar con recursos públicos, aunque tengan un mentiroso discurso pseudo-progresista. Tampoco incluyo entre los que la autocrítica es brisa y no huracán.
Aquí si incluyo a las y los jóvenes que no han sido contaminados por las miasmas de la politiquería centrada en la ambición personalista y la insolidaridad.
Se puede construir una Patria buena y justa en un país que tiene reservas humanas, sociales y recursos naturales suficientes para emprender ese camino.
Ya no serán las mismas sendas del siglo anterior. Serán otras que se deberán combinar con los avances científicos y técnicos del presente, las redes sociales y la Inteligencia Artificial. Pero hay que empezar por identificar, sin subterfugios, las raíces de los males del presente.
El reciente escándalo conocido como «El caso barrenador» ha dejado al descubierto un esquema de corrupción que involucra tanto a funcionarios como a empresarios. La trama giraba en torno a la manipulación de contratos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que resultó en graves perjuicios para la institución y sus asegurados.
Con el objetivo de profundizar en este tema, el Observatorio de la Política Nacional (OPNA) organizará un conversatorio en Facebook Live con el Dr. Álvaro Ramos Chaves, exdirector de la CCSS. Durante la actividad, se discutirán las implicaciones de este caso de corrupción, la gestión de la Caja durante la Administración Chaves Robles, y las posibles repercusiones en el futuro de la seguridad social en Costa Rica.
Es menester reflexionar, en estos días de tanto desbarajuste provocado por acciones antidemocráticas gubernamentales, que matizan la realidad nacional. Comentar que, planeada desde el Poder Ejecutivo, se desarrolla una estrategia propagandística populista, demagógica, perversa, que atrapa a incautos, en la que el Chaves se presenta como un «súper héroe» nacido del tugurio, en combate cuerpo a cuerpo contra los corruptos, que invita a que lo sigan cual cabeza de un cardumen.
Y es que, a año y medio de finalizar la administración, incapaz de mostrar siquiera, algunas pequeñas cosas buenas, se ha optado por reforzar una «campaña electoral», similar a la desarrollada en la segunda ronda que lo hizo presidente. Por ahí iba su intención de usar la figura del referendo, y, también, los anuncios de promesas, que, sabe muy bien, jamás se van a ejecutar, como son, luchar contra la criminal evasión de impuestos, fortalecer el Seguro Social, llevar bienestar a las ciudades costeras para liberar a sus habitantes de la tentación de buscar ingresos económicos en el narcotráfico, de fortalecer la seguridad ciudadana y acabar con los asesinatos cotidianos, de reafirmar compromisos con el ambiente, de garantizar el eficaz abastecimiento de agua potable…
Promesas y más promesas, que, bien divulgadas, y anunciadas con megáfonos, levantan la esperanza de un pueblo desvalido, que, al no poder superar su pobreza, a veces, extrema, quisieran creerle como último recurso. Pueblo que, dichosamente, poco a poco, parece ir despertando de su letargo.
Pues bien, como parte de esa nada sutil estrategia de campaña, una administración que se dice obstaculizada por caros principios democráticos, como la separación y respeto entre los poderes de la República, y por las instituciones de control del gasto público, ahora promueve la presencia de un cuestionado presidente centroamericano, con la intención de que éste le ayude en su vigente «campaña electoral», presentándolo como un ejemplo demócrata a seguir. Por ello, porque se viene ese incómodo acontecimiento, es pertinente mirar hacia la esencia del gobierno de Nayib Bukele, el ahora colaborador electoral de Rodrigo Chaves.
Al ponerle la lupa, la imagen captada, muestra a alguien que ha demostrado, un total menosprecio por las normas jurídicas salvadoreñas, como, por ejemplo, su menosprecio a la Constitución Política, conque fue electo la primera vez, síntoma evidente, de una deriva autoritaria, aplicada en el pequeño país hermano. Un caso grave es el de su forzada candidatura a la reelección presidencial. Resulta que la Constitución de 1983, prohíbe la reelección inmediata, y dicha prohibición había sido reafirmada por un fallo del 2.014. Sin embargo, gracias a una circunstancial mayoría absoluta, obtenida en las elecciones legislativas de febrero de 2.021, Nayib alteró las reglas constitucionales, gracias a una serie de maniobras alejadas de la legalidad. Cuando su sumisa Asamblea Legislativa, aprobó reemplazar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, le abrió camino a ejercer, una dictadura maquillada de democracia. De este modo, sus «piezas» judiciales resolvieron en el 2.021, que el presidente en ejercicio podía postularse legalmente para el cargo, si se alejaba del poder, un tiempito (seis meses) antes de las elecciones, como simuló hacerlo en el papel, para cumplir con ese fraudulento requisito.
Ejecutada esa maniobra, se postuló nuevamente. Asimismo, procedió a acabar con los vitales entes contralores, dándole vía libre a la corrupción galopante, donde su familia, por cierto, juega un papel determinante.
El enfrentamiento con los pandilleros expulsados de los EE.UU., que acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de gravísimas acusaciones, lanzadas al basurero, después de la destitución del fiscal general, cerrándose así la investigación penal sobre las negociaciones del gobierno con los líderes de las pandillas. El enfrentamiento con los pandilleros, que expulsados de los EE.UU. (desde donde 2,5 millones de salvadoreños, con remesas anuales de US$8.000 millones, sostienen la economía de su país) acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de acusaciones, muy serias. Sin embargo, después de la destitución del fiscal general, se cerró la investigación penal sobre las negociaciones amistosas del gobierno con los líderes de las pandillas, truncando un enjuiciamiento oficial sobre el caso, que, por supuesto, empañaba «el único logro» exhibido por Nayib, pese a la gran indignación, nacional e internacional, por las violaciones de derechos humanos, relacionadas con las detenciones arbitrarias de más de 73.000 personas, muchas inocentes, sin contar con el fundamental debido proceso. Pero era tanta la delincuencia, que el pueblo salvadoreño apoyó abrumadoramente las drásticas medidas oficiales, convirtiendo, por ello, a Nayib, en el líder más popular de América Latina, debido a la disminución de las tasas de violencia y homicidios, aunque obedecieran a acciones ilegales por él propiciadas.
El “estado de emergencia” que siguió al aumento de la violencia de las pandillas, le dio a su gobierno, como sucediera antes con la pandemia del Covid 19, un camino libre, bien oscuro, tenebroso, para las irregularidades y la corrupción. El resultado fue una falta de transparencia y de acceso a la información pública, así como una total ausencia de rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, al eliminarse las restricciones legales sobre el manejo de fondos del Estado. Hasta hoy, dicho «estado de emergencia» se ha prorrogado 22 veces (la última vez en enero de 2024), por lo cual, la pareja corrupción e impunidad, viven una eterna luna de miel. Por ejemplo, se desconocen los déficits presupuestarios crónicos, pese a las remesas que representan el 28 % del PIB, pues se publican pocos datos sobre la composición exacta del presupuesto del Estado. Por ello, pese a que se asignan cifras gigantescas para «seguridad», la supervisión de las finanzas públicas es prácticamente inexistente.
Y como era previsible, como resultado de la cobertura crítica sobre la corrupción y las políticas públicas, vino el ataque a la prensa independiente. Los periodistas han sufrido la autocensura, al enfrentarse a la intimidación y las agresiones. Otros fueron obligados a abandonar el país, como el medio El Faro, que, habiendo informado sobre la corrupción institucional de El Salvador durante décadas, hubo de salir del país, para trabajar digitalmente desde Costa Rica. De hecho, Departamento de Estado de EE.UU., ha acusado de corrupción a más de una docena de funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, por lo que muchos de ellos figuran en la «Lista Engel» del gobierno estadounidense, que incluye a personajes corruptos y enemigos de la democracia.
Así, con el Poder Legislativo bajo su control total, el Poder Judicial manejado por sus fieles partidarios y el Poder Ejecutivo concentrado en su figura, con un círculo de confianza formado por hermanos y leales servidores, Nayib logró un poder indiscutible en El Salvador, que, por lo conocido, está muy lejos de merecer levantar un estandarte democrático, aunque sí, el de una dictadura que busca entronizarse por muchos años, cuando pise suelo patrio.
Preguntamos, ¿A de ser un modelo ejemplar para los costarricenses? ¿Se justifica honrarlo con una invitación a visitar las sedes de los tres poderes de la República? ¿Su amistad con el presidente Chaves, estará por encima de los principios democráticos, que movilizan a muchos compatriotas? ¿Qué beneficios obtendría nuestra Patria, con su visita oficial, aparte de, supuestamente, ayudar con la «campaña electoral» adelantada, que se desarrolla desde nuestra Casa Presidencial? Finalmente, ¿Será que Chaves aspira a gobernar como su admirado dictador?
Para nosotros, las respuestas son obvias, como también lo es, que repudiamos su inoportuna presencia en Costa Rica.
En 1941, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue creada a partir de un pacto histórico entre el entonces presidente, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el líder comunista Lic. Manuel Mora Valverde y el Obispo Víctor Manuel Sanabria. Este acuerdo garantizó a las familias costarricenses el acceso equitativo a servicios de salud de alta calidad, consagrando un derecho humano fundamental para todos.
En su 83º aniversario, se hace un llamado a proteger la institución de la corrupción para preservar su legado y seguir brindando salud digna para todos los ciudadanos.
Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario Rodrigo Arias López. Actuario y matemático
Dedicado a todas las víctimas del reformismo costarricense, que nos enfermó generación tras generación, en especial a todos los asegurados, trabajadores/as y pensionados/as de nuestra Caja, que han sentido en carne propia como cercenaron sus derechos a salarios justos y jubilaciones dignas, por las políticas de la oligarquía criolla rapaz, con sus sartas de cuadrilleros convenciéndonos que todo se trata de pegar más parches.
Los veremos ahorita con cara de preocupados porque estamos perdiendo la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), herencia innegable de una institución revolucionaria para la época, visualizada entonces por los calderocomunistas y aquellas mentes humanistas que pusieron a la persona como eje central de la justicia social, pero son los mismos que callaron cuando descubrieron el millonario negocio de que es mejor “tratar” la enfermedad, en lugar de prevenirla. Identifíquelos: son los mismos que vieron “normal” obligar a los empleados y pensionados de la CCSS a “reajustar” sus ingresos con verdaderas garroteras internas que no daban abasto con los créditos urgentes. Ni dijeron nada cuando empezaron a tercerizar la producción de medicamentos y servicios de la entidad aseguradora, con el mismo cuento de ahora: es más barato.
En nuestras tres entregas anteriores desvelamos el plan capitalista de estos enterradores de ayer y hoy, de fortalecer a la CCSS en un negocio mercantil iniciado por el PLN en la década de 1970, continuado por el PUSC en 1990, el PAC en 2014 y el PPSD en 2022; en contraposición al derecho a la vida, la salud y a una vejez digna como seres humanos. Mostramos el nefasto impacto de esas políticas reaccionarias y reformistas sobre los servicios de salud de la CCSS, en particular en un aumento en las llamadas listas de la muerte, así como en el deterioro de las finanzas y reservas del régimen de pensiones (IVM). A este, presuntamente, cada año, le dan un “manazo” de ¢1 billón (nada que ver con Aldesa, La Trocha, Banco Nacional, Coopeservidores, el Cementazo, entre otros en etapa de investigación judicial, a vista y paciencia de Edmundo y todo el mundo). ¿Y ello cómo lo afecta a usted mujer trabajadora, trabajador estatal o de fábrica, estudiante o jubilado? Ahora bien: ¿Qué proponen estos reformistas frente a un inminente colapso? La gran solución propuesta es reducir aún más los beneficios ofrecidos por el IVM, aumentar sus contribuciones y las edades de retiro, frente a el envejecimiento de la población advertidos desde hace 40 años. No se deje engañar por los cuadrilleros de la oligarquía y sus voceros ahora “preocupadísimos”. Sus preocupaciones son falsas y productos de la politiquería de los partidos citados anteriormente. El plan es sencillísimo: Confundir a los asegurados y pensionados de la CCSS y enfrentarnos unos contra otros para que veamos oscuro el horizonte en relación con el futuro de la seguridad social y aceptemos las filas en los EBAIS, las listas de espera, la falta de especialistas etc., justificado todo con un datito por aquí, otro por allá, declaraciones oficiales, un parchecito aquí, esta promesa electoralista del candidato a diputado, haciendo que cambiemos derechos que nos corresponden desde hace décadas para revertir la situación y acabar con la enfermedad y el dolor ajeno como negocio de unos pocos; por lo tanto nada hay que agradecer por sus supuestos regalos (Ver Parte III). Nos corresponde realizar un inventario en nuestro barrio, en nuestro sindicato, asociación de mujeres, de estudiantes, etc., sobre qué niveles de articulación tenemos y empezar a darnos cuenta, que no solo está en crisis la Caja, sino todo el modelo reformista y que nos urge ampliar nuestra práctica democrática de abajo hacia arriba y no como nos quieren acostumbrar de arriba hacia abajo.
Lo anterior, si bien en nuestro país, la soberanía no radica en el pueblo, al tenor del artículo 2 de nuestra Constitución Política, cuando señala que “la soberanía reside exclusivamente en la Nación”, el 9 nos da asidero cuando nos dice en sus primeras líneas que todo gobierno de la República “es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”. Esas seis condiciones, una vez cumplidas, las “…Ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial…” A nadie obligan a pensar como partido político, esta o aquella organización, ni prohíbe la búsqueda de la democracia participativa como forma de convivencia pacífica y democrática.
Por tanto, esta última entrega de los suscritos deja en sus manos, el daño ocasionado por años de reformismo a todos los trabajadores y trabajadoras, desempleados, pensionados, amas de casa, profesionales, campesinos, etc., sin ningún distingo religioso ni partidario que, aunque el camino no es fácil, el horizonte está clarito, siempre y cuando entendamos que el objetivo fundamental de estos cuatro esfuerzos nunca se apartó de un primer y segundo objetivo. Por un lado, entregar un camino para que construyamos, como sujetos activos en transformar sí lo queremos, sin farsas ni simuladas intermediaciones, para alcanzar un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos y para sus futuras generaciones, el segundo objetivo depende del primero: organizarse con articulación como obligación primigenia y perder el miedo por el debate de ideas, solo así distinguimos cuando estamos frente a nuevos o viejos lobos que se visten con piel de oveja.
El derecho a la vida y a la salud se materializan con la prevención de enfermedades y no esperar el tratamiento y el dolor como negocio, de tal manera que cuando haya necesidad de hospitalización o cirugías para quienes contribuyen y contribuyeron solidariamente con la Caja encuentren un internamiento inmediato, una operación quirúrgica oportuna y medicamentos de calidad. Mientras nuestra CCSS la tengan cabeza hacia abajo y sus pies apuntando a el cielo raso, el derecho humano a la vida es un eufemismo expresado en más de 4000 recursos de amparo tramitados por la Sala Constitucional. Habrá además salarios justos e ingresos suficientes -subsidios y pensiones- en caso de enfermedad, incapacidad temporal y permanente, vejez y muerte, como derechos fundamentales para toda la población, aún para aquellos sectores que defienden una especie de “secuestro” del Seguro Social desde sus posiciones privilegiadas, con las que procuran su eliminación, reduciendo sus capacidades, por afanes, como se ha dicho, meramente mercantiles.
La piedra en el zapato para lograr este objetivo está en el Estado, administrado en su totalidad bajo los gobiernos del PLN, el PUSC, el PAC y el PPND, porque como quedó demostrado desde hace décadas no giró a la CCSS los dineros ordenados por los artículos 2 de la Ley N° 5349 y el 9 de la Ley N° 7374, con la complicidad de las altas cúpulas de la Caja, incluyendo juntas directivas, gerentes y mandos medios.
Viene acotación a lo anterior porque por años y hasta nuestros días, nos hacen creer que hay un “socialismo democrático”, “sociedad inspirada” en las Encíclicas papales o las órdenes de los gerentes del Banco Mundial, capaz de desarrollar un “capitalismo bueno”, como resumió una vez un personaje de nuestra política, cuando prometió “un país de propietarios y no de proletarios”, sí empezábamos a vender hasta la forma de caminar a cambio de endeudarnos. Las oligarquías y sus burguesías no funcionan así.
Estas cúpulas dicen a todas las víctimas del reformismo que la opción es este o aquel parche y jamás replantearse la Caja con la inspiración de hace 83 años, produciendo sus medicamentos, promoviendo la prevención de la enfermedad, cada comunidad con su médico familiar, acceso a los mejores especialistas del continente que sientan devoción por la salud pública, tecnología de punta, etc., dado, según te argumentan, que no hay plata. Veamos los siguientes gráficos y no coma cuentos.
Gráfico N° 1. Gastos del gobierno central en millones de colones
En este Gráfico N° 1, observe que el gasto en transferencias, en donde están, entre otros, los aportes estatales a la CCSS, así como en “otros”, es prácticamente el mismo, desde el año 2019; en salarios el gasto es el mismo desde 2021, mientras que el gasto en pago de intereses crece como la espuma desde 2017. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 2. Gastos del gobierno central como porcentaje del PIB
En el Gráfico N° 2 vemos que desde 2013 se ha venido reduciendo el gasto en remuneraciones; a partir del año 2018 ya se atisba una baja en las transferencias. Todo esto en beneficio de los banqueros nacionales e internacionales, pasando el gasto en pago de intereses de un 2,5% sobre el PIB (Producto Interno Bruto) en 2013 a un 4,8% sobre el PIB en 2023. El gobierno de Chaves vino a ponerle la cereza al pastel, reduciendo el gasto social a un 6,1% sobre el PIB, promoviendo una política que nos regresará a los valores que teníamos en el año 2006.
Mientras tanto, el gasto en el pago de intereses ha crecido, en promedio, un 15,5% anual, desde el año 2013, el gasto en remuneraciones y transferencias ha aumentado solo un 4,8% anual. El PIB creció en promedio un 6,5% en el mismo período, véase el Gráfico N° 3. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 3. Tasas de variación del PIB y de gasto del gobierno central
En este gráfico tenemos que desde el 2006 a 2023 los gastos totales crecieron un 10,1% anual en promedio y el PIB creció un 8,7% anual en promedio, Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 4. Ingresos del gobierno central en millones de colones
En este Gráfico N° 4 el lector observa como los ingresos, en cambio, han crecido en los últimos años, justo lo necesario para pagar a los banqueros, es decir a la oligarquía que nos gobierna desde hace décadas, gracias al IVA impuesto por sus diputados en la Asamblea Legislativa desde 2019. Igualmente, por el impuesto a los ingresos y utilidades que pagan los trabajadores y las empresas, aunque en última instancia, son los asalariados y los pensionados los sacrificados. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 5. Ingresos del gobierno central como porcentaje sobre el PIB
En este Gráfico N° 5 observemos como con el TLC de Oscar Arias Sánchez, Aduanas pasó de ser la principal fuente de ingresos en 2008, a convertirse en la tercera fuente en 2020 y 2023. En 2008 este rubro era el 4,9% del PIB y en 2023 fue 2,7% del PIB. La fuente principal de ingresos pasó a ser el impuesto a los ingresos y utilidades, que pasó de 4,3% sobre el PIB en 2008 a 5,3% en 2023, seguido del impuesto de ventas (IVA), que pasó de 2,7% a 3,0% del PIB en los mismos años, respectivamente. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 6. Tasas de variación de los ingresos del gobierno central
En el Gráfico N° 6 pueden verse las variaciones de los ingresos, en los cuales se evidencian los efectos del TLC (Tratado de Libre Comercio) y de la pandemia de Covid 19. Las altas variaciones de los “Otros” ingresos son el efecto de las transferencias a las que recurren los gobiernos para tratar de mitigar el faltante de recursos, evitando que la foto salga muy fea ante los organismos financieros internacionales. De 2006 a 2023 los ingresos crecieron en promedio un 9,6% anual. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 7. Déficit del Gobierno Central en millones de colones y % del PIB
El déficit del gobierno se financia básicamente con deuda, no porque vos y nosotros hayamos querido, como está resumido en la ilustración número 7. Allí, indicamos, que este faltante creció de ¢0,5 billones en 2009 (2,9% del PIB) a ¢2,9 billones en 2020 (8% del PIB), bajando a ¢1,1 billones en 2022 (2,5% del PIB), gracias al sacrificio a que nos han sometido, sin excepciones a la regla, quienes supuestamente nos han gobernado. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
Gráfico N° 8. Deuda del gobierno central como porcentaje del PIB
Hemos confeccionado este gráfico numerado como 8, con el fin que vos veas y analices, para que quienes hablen de “alianzas” electorales pegadas con saliva – porque hay ausencia de un proyecto de nuevo país, producto de soluciones al atolladero que nos dejaron-, convocatorias coyunturales, diálogos, etc., puedas confrontarlos con la deuda pública del gobierno central (no conocemos quienes son las familias los tenedores de sus bonos), que pasó de un 24% sobre el PIB en 2008, a un 61% sobre el PIB en 2023, acelerando su aumento en 2016, principalmente, con endeudamiento interno y, a partir de 2020, con deuda externa (Gráfico N° 8). Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.
Gráfico N° 9. Gasto del gobierno central en intereses por la deuda, % del PIB
El proyecto de nuestra oligarquía y burguesías internas, robustecido en 2008 con el TLC del PLN, vitaminado por el PAC en 2014 y fortificado por el PPSD en 2022 -sin dejar de mencionar a los flamantes partidos de “oposición” caracterizados por una amplia gama también de reaccionarismo y reformismo, ya no saben cómo complacer la denominada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A todos consta como recientemente la OCDE comparó el gasto en pago de intereses de la deuda del gobierno central de Costa Rica, con el de la misma organización OCDE, así como con el de algunos países de América Latina. Por ejemplo, en 2022, indicó, que el gasto en pago de intereses de la deuda supera el 5% del PIB en Costa Rica, mientras que en otros países de América Latina es la mitad y en la OCDE un tercio de esa cifra (Analice, no lo vea solamente, el Gráfico N° 9 para evitar que nos den gato por liebre). Fuente: Resumen-Ejecutivo. Notas: CRI: Costa Rica; ALC: Chile, Colombia, México y Brasil.
Para la OCDE se debe reducir aún más el gasto y controlar la evasión fiscal. Señala que los “ingresos tributarios, que representan el 23% del PIB, se ven disminuidos por los altos niveles de evasión fiscal, bases impositivas estrechas y una multiplicidad de gastos fiscales. El sistema tributario apenas reduce la desigualdad de ingresos.” (Ver Resumen-Ejecutivo).
Para que no crean las promesas reformistas de que con el aumento de los impuestos iban a combatir la evasión fiscal, recordemos que en 2013 la evasión y elusión fiscal rondaba el 8,22% del PIB (Ver OCDE-2017) y para el año 2022 aumentó a un 10,2% sobre el PIB, según declaraciones de las autoridades de Hacienda (Ver SemanarioU). Por lo tanto, con solo un poco de aritmética, entonces la cifra de evasión y elusión anual rondaría los ¢5 billones en 2024. ¿Cuántas escuelas, hospitales del primer mundo, casas para trabajadores/as, colegios, centros de alta tecnología para aplicación de nuestros pequeños y medianos productores etc., podríamos construir con esa platilla?
Entonces, volviendo a lo inducido en nuestra CCSS, en el corto plazo, las clases populares dejan perder la institución o ya dejamos de comer cuentos, obligando de una vez por todas a recaudar parte de ese dinero evadido y eludido y con esos recursos frescos, sacar a la Caja de la politiquería barata, dotándole, por un lado, fondos directos, independientemente de a quienes pongan como presidente y diputados los dueños del capital. Esto tendría que incluir financiamiento para el gasto del seguro de salud de los asegurados por cuenta del Estado, según ordena el artículo 2 de la Ley N° 5349. Por otro lado, poco se logra con lo anterior, sí dejamos por fuera, el financiamiento del gasto o inversión en la atención primaria de la salud, a que obligaron asumir a la Caja con la imposición de los artículos 7 y 8 de la Ley N° 7374. Esto no solo dotará de financiamiento al llamado SEM, sino que le dará sostenibilidad al IVM, pues se dejarían de usar sus fondos para fines de dudosa autorización.
Mientras los asegurados actuales y futuros, así como los jubilados o pronto a pensionarse, no tengamos claro estas dos luchas a muy corto plazo, frente a toda fuente de los problemas de la CCSS, marginando estas dos cuestiones de fondo (son solo dos), todo llamamiento a manifestarnos, a qué defendamos la Caja, así en abstracto, diálogos por la seguridad social, solemnes comisiones en la Asamblea Legislativa, marcadas en el pasado por aires circenses de vez en cuando, etc., tememos que nuestros oligarcas y nuestra burguesía impondrán la medicina privada y la salud como negocio y nuestro seguro social será convertido en un cascarón desnaturalizado y vacío.
Recordemos que el 9 de octubre de 2024, representantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS), se reunieron con funcionarios de la Defensoría de los Habitantes para solicitar apoyo del órgano defensor para la presentación de proyectos de leyes encaminados a ayudar a resolver lo que en el párrafo anterior denominamos problema a resolver en el corto plazo, así como pedirle su intervención para reducir las llamadas listas de la muerte, presionando a la CCSS para la contratación de al menos 2 mil médicos, la mitad en el primer nivel de atención y el resto en los otros dos niveles.
Tengamos presentes que toda recuperación de derechos no cae del cielo y es producto de niveles de conciencia alcanzados y expresados al unísono en determinados momentos históricos por los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, los desempleados, etc.
Es cuando comprendemos que toda riqueza de unos pocos tiene el mismo origen de la pobreza en las mayorías. Los primeros vienen acumulando abundancia de poder desde hace más de 500 años, porque el imperialismo europeo basó su bienestar material porque saqueó inmisericordemente a América y África. Luego cede esta práctica a las trece colonias del Norte que no detiene el saqueo hasta nuestros días, siendo en ambos casos sus riquezas proporcionalmente a la pobreza en que dejan a los saqueados.
Mientras no tengamos claro este postulado a la hora de explicar la llamada acumulación originaria en nuestras naciones, cualquier “alianza” política luce pegada con saliva, es pasajera y hasta falsa, porque carece del cemento solido aportado por los trabajadores, trabajadoras, obreros, estudiantes, campesinos, etc., en plena unidad aglutinados conscientemente en qué solo son ellos quienes tienen capacidad plena para producir lo que nos comemos, sin el visto bueno del extranjero, son ellos, únicamente ellos, quienes deciden la convivencia y las relaciones con todos los pueblos del mundo, sin sumisión alguna ni exclusiones odiosas. Son estas mujeres y hombres costarricenses unidos, y no alianzas electoralistas, quienes tienen el poder de definir cómo vamos a crear biotecnología médica para aplicarla gratuitamente en nuestra CCSS, qué uso vamos a dar a la tecnología qué vamos a crear para beneficiar el pequeño y mediano productor, a nuestros estudiantes de toda la educación pública, a ese pequeño y mediano empresario, primer productor de empleo en nuestro país. ¿Cuántas viviendas vamos a crear este año? ¿Cuántas represas nos toca levantar para que dentro de cinco años todos tengamos electricidad y agua potable, gracias al talento de nuestros profesionales y obreros?
¿Tan inalcanzable es eso? La respuesta es suya; nosotros terminamos estas cuatro entregas, porque durante meses sentimos que el silencio equivale a complicidad y deshonestidad y, teníamos entonces, nos dictaba nuestra conciencia, la obligación ética y moral de entregar humildemente nuestro esfuerzo a quienes por décadas han quitado sus voz y avasallado su salario, su derecho a un empleo decoroso, a su jubilación, sus citas en el Seguro, su derecho a la prevención de la enfermedad, a vivienda digna, a producir lo que nos comemos, a qué no vengan a decirnos quiénes son nuestros amigos, etc.
Comunicado de grupo de personas de diversas creencias políticas y ocupaciones
Frente al montaje de hechos falsos, para intentar coaccionar al fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, firmamos este manifiesto.
Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina y uno de sus pilares fundamentales ha sido el Estado de Derecho, construido a lo largo de muchas generaciones, que hoy día se ve acosado por los ataques y mentiras de un Poder Ejecutivo, con oscuros propósitos.
Como parte del ataque a nuestra democracia y a la división de poderes, el fiscal general está siendo objeto de amenazas y calumnias que buscan intimidarlo para que la fiscalía no proceda con la función encomendada por el Estado y la Constitución Política en el combate a la corrupción y los delitos contra la hacienda pública.
La fiscalía no ha actuado de oficio en este caso llamado “barrenador” (los EBAIS concedidos a algunas cooperativas y asociaciones privadas por la junta directiva de la CCSS), lo hace obligada por una denuncia de la auditoría interna de la CCSS, que la compromete, por ley a intervenir para esclarecer si hubo o no delito.
Conscientes de eso y también de la necesaria independencia, libre de presiones o amenazas en su actuar, es que damos nuestro indiscutible apoyo a las funciones que realiza la fiscalía, sobre todo en este caso que es objeto de chantaje para intentar obstruir su accionar por parte del Poder Ejecutivo.
La campaña ya cuenta con más de 1200 firmas, si desea agregar la suya siga este enlace.
