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Etiqueta: corrupción

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social exige investigación sobre presunto desvío de fondos en la CCSS

La organización Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social ha solicitado a la Contraloría General de la República y a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una respuesta sobre los posibles actos de corrupción denunciados por medio del oficio ACSS-004-2022, el pasado 29 de junio de 2022. En su solicitud, la organización insta a las autoridades a identificar a las personas responsables de dichas irregularidades y presentar denuncias formales por incurrir en actos de corrupción, violación al deber de probidad y al principio de legalidad.

Entre los señalamientos, se indica que la CCSS estaría facturando al Estado solo el 80 % del costo por concepto de atención médica a personas en condición de pobreza que no cuenten con seguro. A pesar de que según la Ley N° 5349 “Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” establece la responsabilidad del Estado en asumir la totalidad de los gastos incurridos por la institución por dicha labor.

Un segundo presunto acto de corrupción expuesto por la organización está relacionado con la aprobación de la Ley N° 7374 “Aprobación de los contratos de préstamo suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de mejoramiento de los Servicios de Salud y Construcción Hospital Alajuela”. Este caso tiene relación con el traslado a la CCSS la responsabilidad de la Atención Primaria de la Salud, sin embargo, el Estado debe encargarse de los costos incurridos. A pesar de esto a abril del 2025 no se le han desembolsado a la institución dichos recursos.

Ante dichas preocupaciones, la organización advierte sobre el uso de fondos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para cubrir los faltantes de recursos financieros por parte de la CCSS. Esta práctica vulnera las disposiciones constitucionales y legales que prohíben destinar estos recursos a objetivos distintos a los de su creación.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social a partir de los estados financieros del seguro de salud del año 2024 estima que las autoridades institucionales desviaron 1.2 billones de colones del IVM para solventar los recursos faltantes no girados por el Estado. Ante esta situación también se cuestiona la transparencia de los estados financieros de la CCSS. Alegando que debido a los movimientos realizados no estarían siendo considerados como parte de la deuda entre la CCSS y el Estado.

La solicitud se da por medio del oficio ACSS-001-2025 del 30 de abril de 2025. El documento está firmado por representantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, quienes reiteran la importancia de una acción pronta y efectiva por parte de las entidades encargadas de la fiscalización de los fondos públicos.

Contraloría General de la República señala débiles controles contra la corrupción en Consejo de Transporte Público

La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría al Consejo de Transporte Público (CTP) sobre la implementación de acciones en el Sistema de Control Interno para la prevención de la corrupción en los procesos de regulación del servicio de transporte público, como el otorgamiento de concesiones y permisos.

En el sector transporte, la corrupción puede deteriorar la calidad del servicio, comprometer la seguridad de las personas usuarias y debilitar la confianza ciudadana. Por ello, resulta fundamental que el CTP implemente acciones de control eficaces.

Hallazgos principales

La auditoría encontró:

  • Limitadas acciones para fortalecer el control interno. Falta de definición de roles y responsabilidades para prevenir incompatibilidades y conflictos de interés.
  • Carencia de valoración de riesgos relacionados con temas de corrupción, fraude o conflictos de interés.
  • Inexistencia de un canal, procedimientos formales y mecanismos de confidencialidad para realizar la gestión de denuncias y protección de denunciantes ante posibles casos de corrupción a nivel institucional.
  • No se han definido lineamientos o políticas internas para prevenir actos de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés en procesos sustantivos.
  • No se cuenta con una definición de los sistemas informáticos críticos para su operación, y la información de la página web no está actualizada ni completa.

Recomendaciones

Para avanzar hacia una gestión pública íntegra, transparente, eficiente y orientada al interés público, la Contraloría dispone al Consejo de Transporte Público la adopción de medidas estratégicas orientadas a fortalecer las acciones de control con énfasis en la prevención de la corrupción. Esto incluye:

  • Incorporar de forma explícita el riesgo de corrupción, fraude y conflictos de interés como parte de la gestión institucional de riesgos, desarrollando procesos formales de identificación, evaluación y priorización, en función de la naturaleza y criticidad de los procesos del CTP.
  • Consolidar una cultura organizacional basada en la integridad mediante la capacitación continua y la apropiación del código de ética por parte de los actores relevantes.
  • Establecer un procedimiento y un canal transparente para la atención de denuncias de corrupción, con garantías de confidencialidad y protección a la persona denunciante.
  • Analizar la estructura organizativa con criterios de segregación de funciones e implementar un manual de cargos.
  • Fortalecer la transparencia mediante la formalización de los sistemas de información críticos y la revisión y actualización de lineamientos y procedimientos internos que derive en la actualización oportuna y periódica de la información del sitio web conforme a la normativa vigente.

Estas acciones permitirán al CTP transitar hacia un modelo de control preventivo que promueva la confianza ciudadana y el valor público en la regulación del transporte.

El informe completo puede descargarse desde este enlace.

¿Campeones latinoamericanos de la libertad?

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

¿Quién iba a creerlo? De verdad que nadie es profeta en su tierra, pensará él; tenía que alzar su mano un cubano-americano, desde su «centro para la libre economía«, fundado hace escasos cuatro años, para condecorar al presidente Rodrigo Chaves, como paladín de la democracia. Como el Abraham Lincoln costarricense, el Thomas Jefferson del barrio El Carmen, el José Mujica tropical, el campeón de la libertad.

Como veremos, para el gestor Carlos Díaz no interesa que, para esta condecoración, se tuviera que obviar que nuestro «referente democrático», hubiese sido condenado por acoso sexual contra unas jóvenes, en un tribunal del Banco Mundial. Ni que, en nuestro país, y desde la primera semana como presidente, se esmerara en desconocer la separación e independencia de los poderes de la República, bastión de la democracia representativa. O que, con lenguaje vulgar, difamara al fiscal general, que responsablemente, dirige investigaciones en su contra, que podrían constituirse en delitos. Así como, los actos de rechazo, de las vitales acciones anticorrupción, que cumple la Contralora General de la República, que le ha impedido la comisión de diversos delitos, y los más recientes ataques contra la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, por cumplir con el Código Electoral que, felizmente, nos rige.

Don Carlos Díaz-Rosillo, al condecorar a Rodrigo Chaves, pretende desconocer los ataques chavistas, a los que él llama «corruptos magistrados de la Corte Suprema de Justicia», así como al «nido de alimañas» que se refugia en la Asamblea Legislativa, entre otros. ¡Esos «adornos», no le interesan a Díaz-Rosillos! No, jamás. Él , y los suyos, lo que valoran, es que nuestro presidente, unilateralmente, se alió a Trump, en la guerra comercial contra China, y que, pese al desfinanciamiento criminal que el actual gobierno, ha aplicado a los programas de asistencia social, educación, seguridad pública, vivienda de interés social, generación de empleo, agricultura, lucha contra el narcotráfico, obras públicas, seguridad social, turismo, ambiente, etc., lo que a ellos interesa, son los resultados macroeconómicos de una política monetarista de corte neoliberal, trumpista, que sirva de pretexto para agradecer a quien prestó, ilegalmente, el sagrado suelo costarricense, para la instalación de un campo de concentración de emigrantes, entre ellos niños, expulsados por el gobierno compartido por Donald Trump y Elon Musk.

El fundador y mandamás de este nuevo centro de la pública Florida International University (FIU), Carlos Díaz, durante la primera administración de Donald Trump, fungió como Asistente Adjunto del presidente y director de Política y Coordinación Interinstitucional, sobre política de seguridad nacional, y comunicación estratégica, así como, subsecretario adjunto interino de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional. Es reconocido, como uno de los líderes, de la guerra comercial contra China. Muy cercano al ministro Marco Rubio, quien, a su vez, como se sabe, es defensor de la ultraconservadora, Asociación Nacional del Rifle, de quien recibió millones de dólares para sus campañas políticas. Pieza importante de la administración republicana del Estado de Florida, fuertemente influenciada por cubano-americanos, fieles a Trump, que, como vemos, han contaminado una institución de Educación Superior estatal, con la promoción de políticas ultraconservadoras, que, por cierto, incomodan a algunos estudiantes y catedráticos, que abogan por una universidad independiente de los políticos de turno.

Ejemplo de esa irrespetuosa intromisión que compromete la independencia que habría de tener la FIU, Díaz condecoró el año pasado, al que presentó, como «primer presidente libertario» de Argentina, al ultraderechista Javier Milei, a quien valora como un “referente mundial”, que habría de imitarse en el planeta.

Sobre Milei, cabe recordar, que, sobre los recortes brutales a los presupuestos de las instituciones culturales, ejecutados por este enemigo del fallecido Papa Francisco, el actor Carlos Belloso expresó lo que piensa la mayoría del pueblo argentino, cuando señaló, que “Todo lo que tenga que ver con la ayuda a la cultura, es necesaria. Por eso lo que está haciendo Milei, es muy peligroso, es una injusticia”, pues, “además del ataque feroz a los jubilados, está atentando contra la soberanía, y el hambriento pueblo. Este gobierno, es cruel, inhumano, inoperante y fuera de sus cabales”, enfatizó.

Sobre el gravísimo aumento sostenido de la pobreza y la indigencia durante el gobierno de ese presidente, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, alzó también su voz, señalando que “El panorama es trágico en términos sociales, pues el gobierno de Milei, demuestra ser absolutamente inhumano. Ni siquiera intentan disimular frente a la tragedia que estamos transitando. Según el informe del INDEC, el 66,1 % de los menores de 14 años viven en hogares con ingresos inferiores a la Canasta Básica Total. Estos números lo reflejan claramente, pero el contraste con la actitud del presidente hace que estos datos sean aún más estremecedores», acotó.

Asimismo, pasó por su centro para «la libertad económica», entre otros, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, responsable de varios casos de violaciones a los derechos humanos, por lo cual, la ONG Human Rights Watch, lo ha denunciado. Varias personas cercanas a Uribe han sido encarceladas y otras tienen procesos judiciales, por casos como la “Yidispolitica”, donde se compraron votos en el congreso para aprobar su reelección, así como por el llamado Agro Ingreso Seguro, donde latifundistas propietarios de grandes extensiones de tierras, fraccionaron sus predios, con la complicidad de Uribe, para acceder a múltiples subsidios, y el de las «chuzadas» del DAS, caso de escuchas ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad, organismo de inteligencia estatal, contra políticos y periodistas.

Asimismo, manejó redes de informantes, que pusieron en riesgo a la población civil, cual si fuesen actores del conflicto armado contra el narcotráfico. Hace siete años, el Tribunal Superior de Antioquia, pidió iniciar una investigación contra Álvaro Uribe por su posible relación con las masacres de civiles provocadas por paramilitares. De hecho, se conoce que hay más de 28 procesos judiciales en su contra en la Corte Suprema de Justicia, que no avanzan y que han generado varias críticas a nivel nacional en torno a la crisis judicial de Colombia, aunque actualmente, Uribe se encuentra en juicio por fraude procesal y soborno.

En política internacional, este otro condecorado por Carlos Díaz, apoyó la guerra contra el terrorismo de George W. Bush, y avergonzó a los colombianos, por su apoyo diplomático a la invasión de Irak del 2003.

Sin embargo, para Carlos Díaz, lo único que importa, como merecedor de una condecoración, fueron los resultados macroeconómicos de su gestión…, pese a que, en el ámbito económico, sus “éxitos” son similares a los de Milei en Argentina y a los de Chaves en Costa Rica.

Pues amigos, ese es el contexto que rodea la cena y condecoración a nuestro presidente, que, con extraña pompa, se ha destacado en nuestro país por sus encargados de propaganda, quienes, por supuesto, ocultan bajo la tierra, ¡como los jaguares!, quiénes son los indeseables compañeros de viaje, que le han precedido, como socios de ese poco prestigioso club.

30.4.2025

Rodrigo Arias Sánchez, su necesaria Presidencia Legislativa

Vladimir de la Cruz

Las elecciones del 2022 fueron altamente sorpresivas e inesperadas, para las cuales la sociedad costarricense no estaba preparada, no por la derrota del Partido Liberación Nacional, que había terminado su jornada electoral en febrero como primer finalista ante la segunda ronda, sino porque para ese momento se había producido una situación cualitativamente diferente en ese resultado.

En las elecciones del 2014 el candidato presidencial de Liberación Nacional, renunciaba cobardemente a su participación, en la segunda ronda, dejando al garete a su partido y a los votantes nacionales, que, aunque veían inminente su derrota en la segunda vuelta, no esperaban que su “líder” saliera corriendo a esconderse.

En las elecciones del 2018 el Partido Liberación Nacional no llegó a la segunda ronda, en su segunda derrota nacional. La disputa se dio entre el Partido Acción Ciudadana, que había emergido desde las elecciones del 2006, con su candidato Carlos Alvarado Quesada, y el líder espiritual y político del actual Partido Nueva República, de Fabricio Alvarado, que ya venía debutando en la política nacional y en la electoral. El tema central de la campaña electoral se concentró, en la segunda ronda electoral, en el área de los Derechos Humanos y Ciudadanos, sintiéndose amenazada la sociedad nacional de retroceder por razones “religiosas evangélicas”, provocando con ello una reacción del electorado que se volcó por la candidatura de Carlos Alvarado, que había terminado de segundo finalista en la elección de febrero de ese año.

La derrota de Liberación Nacional, por segunda vez consecutiva no era novedosa. Ya había sucedido en 1998 y el 2002, cuando la Unidad Social Cristiana gobernó dos veces consecutivamente, con Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco.

Por su parte el partido Unidad Social Cristiana, como partido histórico, de larga tradición, desde el 2006 dejó de ser finalista electoral para primeras y segundas rondas, disminuyendo su presencia política nacional y de representación popular.

En el 2006 la candidatura de Oscar Arias Sánchez salvó al partido Liberación Nacional de caer en la postración, debilidad y cansancio político que ha caracterizado a su siamés político, la Unidad Social Cristiana, desde ese año hasta hoy, a pesar del aire fresco que le dio Rodolfo Piza en las campañas electorales del 2014 y 2018.

El gobierno de Oscar Arias Sánchez, guste o no, salvó a su partido y su gobierno. También, guste o no, catapultó a Laura Chinchilla Miranda a la presidencia de la República del 2010 al 2014, gobierno, a partir del cual Liberación Nacional se alejó del Poder Ejecutivo, tres veces seguidas, 2014, 2018 y 2022, enfrentando hacia las elecciones del 2026 la posibilidad de acompañar a la Unidad Social Cristiana en su descalabro electoral en sus aspiraciones de Ejecutivo Nacional, o de recuperarse al menos para estar de finalista en las elecciones del 2026.

Para las elecciones del 2022 José María Figueres era, a mi modo de ver, la mejor carta de presentación política que tenía Liberación Nacional para retornar al Poder Ejecutivo, quedando de primer finalista para la segunda ronda. En ese partido sabotearon su candidatura por quienes terminaron rodeándolo en su círculo electoral más cercano y con las políticas electorales conservadoras, y la mala campaña electoral, con la que lo impulsaron, alejada de la historia de ese Partido en el desarrollo nacional y por su alejamiento de las políticas sociales social demócratas que en otros tiempos fueron sus banderas de atracción política.

En todas estas elecciones, el juego estaba entre partidos “tradicionales” que venían de distintas campañas electorales y con candidatos presidenciales “conocidos” en sus partidos y en la vida parlamentaria y política nacional.

En la elección del 2022 irrumpió un nuevo partido político, Progreso Social Democrático, nada conocido, recién formado para esa, su primera participación electoral, por una importante exmilitante del partido Acción ciudadana. Sin líderes políticos conocidos y destacados en la arena electoral y política nacional, se les “coló”, con éxito, un personaje, Rodrigo Chaves Robles, que llegó al país después de un autoexilio dorado de trabajo en un organismo internacional, por más de tres décadas, a trabajar por un breve plazo al Ministerio de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado Quesada.

Rodrigo Chaves Robles supo interpretar el desánimo nacional, la frustración de la población, el desencanto político existente con partidos políticos y con líderes de los partidos políticos y de gobiernos anteriores. Apreció la corrupción institucional que histórica, real o de leyenda se sentía en el país y, sobre todo, el abandono de grandes regiones, con sus poblaciones, de las acciones y políticas públicas que provocaban extrema pobreza, pobreza, debilitamiento de las clases medias, mala infraestructura nacional, abandono institucional de regiones, exclusión, marginación, desempleo trabajo informal creciente y otros muchos e importantes problemas, como el de la inseguridad nacional, la inseguridad ciudadana, y el narcotráfico, que hizo sus banderas para hacerse representar de toda esta población y regiones como su “salvador”, enfrentando violentamente en su lenguaje político a todas las estructuras políticas e institucionales, señalando que él podía hacerlas funcionar para “resolver” esos problemas.

Frente a esto, en la segunda ronda electoral, el electorado “cansado” de Liberación Nacional, que era el primer finalista de la segunda ronda, y ampliamente “prejuiciado” con José María Figueres, que había ganado esa primera ronda, terminó ante las dos alternativas electorales, Figueres o Chaves, absteniéndose de ir a votar por Figueres y Liberación Nacional, lo que facilitó el acomodo de votos a favor de Rodrigo Chaves quien resultó Presidente de la República, quien se encuentra en su último año de gobierno.

Los tres años de gobierno que ha tenido los ha concentrado en su discurso antisistema, antidemocracia, anti poderes públicos, anti equilibrio de esos poderes públicos, contra todo lo que significa Política tradicional, sean partidos políticos existentes principalmente en la Asamblea Legislativa, contra todos los partidos políticos, todos los políticos, todos los disidentes políticos que no están de acuerdo con su gestión administrativa y política, con todos los que le critican, personas, analistas, periodistas y medios de comunicación en general.

La esencia de su discurso político, que le da réditos de simpatía política y personal, asociado a un líder carismático, de fuerza, autoritario que reclama, constantemente, que no gobierna “porque no lo dejan gobernar” la Asamblea Legislativa y sus diputados con sus partidos políticos, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República.

Esto se asocia hoy a su deseo de permanecer en el Gobierno, lo que no puede constitucionalmente porque no está permitida la reelección consecutiva de un presidente, por lo que tendrá que esperar ocho años, hasta el 2034, para poder aspirar a una nueva candidatura. En pocos meses, en mayo del 2026, fuera de gobierno, sin tener un partido político propio en el cual él sea el principal dirigente político, por los próximos ocho años, es muy difícil que él pueda desarrollarse como líder político nacional, aunque haya sido presidente. Solo podría mantenerse activo si en un próximo gobierno se le nombra ministro, o si renuncia en julio para lanzarse como candidato a diputado en las elecciones del 2026, lo que sí le daría músculo político para mantenerse activo en política y forjar su candidatura presidencial futura, con posibilidad de modificar la Constitución Política de manera que le permita ser candidato presidencial de nuevo en el 2030. Estas son las opciones constitucionales y legales de su posible partición electoral futura, salvo que intente, por algún motivo provocado por él mismo, de inestabilidad política nacional, que le conduzca a establecer un estado de emergencia nacional, el cual le permita suspender garantías constitucionales y ejercer un gobierno de excepción, de características autoritarias, despóticas y tiránicas, como constantemente señala que se debe gobernar para poder resolver problemas nacionales y desarrollar acciones políticas.

En estos tres años ha saboreado las mieles y los privilegios que da el ejercicio del Poder. Ambicioso políticamente, como se expresa, ha impulsado la creación de nuevos partidos políticos, para que participen en el proceso electoral del 2026, bajo el llamado movimiento de los jaguares, orientado a desplazar a todos los partidos que tradicionalmente han ejercido el dominio de la Asamblea Legislativa, con la intención de llegar a elegir 40 diputados como lo pregona.

En las elecciones de 2022 el partido que lo eligió solo sacó 10 diputados de 57 que tiene la Asamblea Legislativa, lo que no le dio músculo político legislativo para impulsar leyes, ni capacidad para negociar proyectos de ley, por sus ataques constantes a los diputados y a la Asamblea Legislativa como institución y Poder de control político de la República.

El gobierno del 2014, de Luis Guillermo Solís y el del 2018 de Carlos Alvarado, no pasaron de 12 diputados, que si tuvieron capacidad de negociación parlamentaria, y no tuvieron una “crisis política” de relación entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, como se ha dado en este descalabrado gobierno.

En la estructura organizacional del Estado costarricense tenemos los Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y, por asimilación, al Tribunal Supremo de Elecciones, que en teoría política y constitucional se desempeñan como pesos y contrapesos entre sí, no solo por el ejercicio y potestades de cada poder cuyas funciones son indelegables, sino por los controles que se establecen sobre ellos.

Los dos primeros, el Ejecutivo y el Legislativo tienen el mayor peso político por el carácter representativo que los constituye. Son el resultado, en su integración, de la elección directa del pueblo electoral, de los ciudadanos, quienes tienen el poder y la facultad de la representación política, quienes son el Poder Soberano y en quienes descansa la Soberanía Nacional.

Por el carácter de la representación política el Poder Legislativo es el más importante, por tener allí una mayor y más amplia representación ciudadana expresada en los 57 diputados, de una variedad de partidos y sectores políticamente organizados.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral tienen su máximo representante en quienes lo presiden. De estos Poderes el presidente de la Asamblea Legislativa está facultado para sustituir al presidente de la República en el caso extremo de que deje sus funciones temporal o permanentemente, y por ausencia extrema igual de sus vicepresidentes.

De allí que la elección del presidente de la Asamblea Legislativa, que debe hacerse cada primero de mayo, cobre una importancia política relevante. La importancia y relevancia política del Poder Legislativo descansa en hacer las leyes, interpretarlas auténticamente si es del caso, y ejercer control político sobre el Poder Ejecutivo y las autoridades ministeriales e institucionales, y tener en su seno una mayor representación política del Pueblo Soberano. Las leyes no las hace el presidente legislativo. Las hacen todos los diputados. El resultado de esas leyes se atribuye a los gobiernos, y a los presidentes de la República que lo ejercen, no a los diputados y a sus partidos, salvo cuando esos partidos y diputados destacan que son las leyes que ellos impulsaron y les fueron aprobadas.

El cargo de presidente legislativo por esta razón debe ser bien valorado y meditado políticamente por los diputados. No se trata de nombrar a cualquiera de los diputados, que todos tendrían igual posibilidad y oportunidad, sino de escoger entre todos ellos el que mejor acredite por su experiencia política y atestados personales, pero también por la madurez y sensatez que pueden dar la edad y la experiencia política.

En el momento que vivimos en el país, con las características autoritarias y poco democráticas del actual Presidente de la República, que ataca constantemente a la Asamblea Legislativa, a todos sus diputados, que desearía gobernar si un Poder Legislativo para dirigir el país con Decretos Leyes, como se hizo en la Junta de gobierno de 1948-1949, se requiere que el Presidente Legislativo sea un diputado de gran experiencia política, ecuanimidad personal, inteligencia emocional política, buena formación profesional y política, con señorío para el cargo que representa, con la personalidad suficiente y digna para ejercer la Presidencia de la República en el caso extremo si así fuere necesario.

El presidente legislativo tiene que salir como resultado de una negociación política que produzca 29 diputados a favor de nombrarlo. Es una cifra que tiene que negociarse. No se trata de improvisar candidatos ni diputados con la aspiración de dirigir el Poder Legislativo.

Tampoco se trata de que corresponde elegir una mujer por razón de género. Ya se han electo mujeres presidentas en el Poder Legislativo, Rosemary Karpinski Dodero, en 1986, Rina Contreras López, en el 2000, Carolina Hidalgo Herrera, en el 2018 y Silvia Vanessa Hernández Sánchez en el 2021, representándose en estas mujeres a los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, de los partidos que han gobernado el país, bajo gobiernos en que esos partidos ejercían la Presidencia de la República.

La Presidencia Legislativa en el período de la Segunda República, desde 1949 hasta hoy, la han ejercido tres veces consecutivas Marcial Rodríguez Conejo, Gonzalo Facio Segreda, Alfonso Carro Zúñiga y Rodrigo Arias Sánchez, dos veces consecutivas Abelardo Bonilla Baldares, Otto Cortés Fernández, Álvaro Montero Padilla, Daniel Oduber Quirós, Luis Alberto Monge Álvarez, Gerardo González Esquivel. El único, hasta hoy, que la ejercido cuatro años consecutivos ha sido Francisco Antonio Pacheco.

El próximo primero de mayo está la posibilidad de que Rodrigo Arias Sánchez continúe al frente, en su cuarto año de presidencia legislativa, de ser electo para ese cargo.

El Presidente de la República de forma endemoniada, como un energúmeno sin control mental, poseído de sentimientos perversos y malos, metiéndose, invadiendo, alterando la independencia de poderes públicos, ha venido llamando, en un primer momento a los diputados a no votar por la reelección de Rodrigo Arias, en un segundo momento, diciendo que él insta a votar incluso por un diputado del Frente Amplio, que él llama “diputados comunistas” para que presida la Asamblea Legislativa, y en un tercer momento ha amenazado de la manera más estúpida, tonta y absurda a los diputados que si eligen a Rodrigo Arias él no nombrará Ministro de la Presidencia, como si eso fuera a afectar en algo a la Asamblea Legislativa. Si él no nombra este ministro, él es que le pierde contacto con la Asamblea Legislativa para gestionar y negociar sus proyectos de ley, los que el Poder Ejecutivo puede impulsar de manera exclusiva seis meses al año. El presidente Chaves ha hecho de esta elección un problema personal, un berrinche político, contra Rodrigo Arias Sánchez.

Los diputados independientes identificados con el presidente, y leales a él, electos en 2022, son ocho, con unos cuantos más que le son afectos de los partidos Liberal Progresista, Nueva República, algunos de la Unidad Social Cristiana y uno de Liberación Nacional.

El momento político que vivimos de mantener el orden democrático, de asegurar la independencia de poderes públicos, obliga a que los diputados y sus partidos, frente a los ataques que el presidente Chaves hace constantemente contra ellos y el Poder Legislativo, nombren un presidente que garantice esa independencia, que sepa responder al presidente con respeto y señorío, pero contundente y enérgicamente, como lo ha hecho Rodrigo Arias Sánchez. Los ataques del presidente a Rodrigo Arias son la mejor carta de presentación ante los diputados para que lo reelijan. No reelegirlo puede asimilarse a la situación de la votación de la segunda ronda del 2022, cuando por no votar un candidato y un partido se produjo el presidente Chaves que está destruyendo la democracia nacional.

La defensa de la democracia nacional, con todo lo que significa, es la tarea política del momento. El Frente Amplio, con sus seis diputados, tiene una gran obligación y responsabilidad política de asegurar esta elección, más allá de las diferencias políticas partidarias y personales que puedan tenerle a Rodrigo Arias y a su partido. No es Rodrigo Arias ni el partido Liberación Nacional el que está en juego. Aquí se juega parte del futuro del país. Abstenerse, votar por ellos mismos, o por otro candidato de otro partido, o impulsar como se quiere una tendencia “feminista” para presidir el Congreso de la República es hacerle el juego al gobierno, es fortalecer al presidente Chaves en su discurso anti asamblea legislativa y anti diputados que él tiene, es fortalecer en este período electoral el autoritarismo y alentar sus grupos “jaguares” en sus intenciones diputadiles. El no elegir a Rodrigo Arias es darle su primera victoria legislativa y política a Chaves hacia las elecciones nacionales del 2026.

Rodrigo Chaves es más audaz de lo que el común de la gente valora. No se está haciendo una lectura correcta de hacia a dónde va Chaves. Ya ha quitado incluso “banderas” a la izquierda. Hay un spot publicitario, bastante bien hecho, alrededor de la figura del presidente Chaves, con el himno de la izquierda “El pueblo unido jamás será vencido…”

Lo único que se está percibiendo es que Chaves va a cambiar el modelo institucional con la destrucción del modelo actual. Si Rodrigo Arias no es electo, por ceguera política, por disidencias en Liberación Nacional, por no tener claras las intenciones del chavismo y sus partidos, por la incapacidad y prejuicios políticos que el mismo presidente Chaves alimenta hacia Rodrigo Arias, los partidos que así actúen están jugando al ahorcado y van hacia su descalabro electoral.

La primera derrota que hay que darle al chavismo, frente a las elecciones próximas es nombrar presidente de la Asamblea Legislativa a Rodrigo Arias Sánchez.

En el 2022 sin fuerza parlamentaria y por los ataques verbales denigrantes que había hecho contra los diputados electos no le dieron el beneplácito ni el favor de nombrar un presidente legislativo de su partido.

En el 2023 frente a una derrota electoral en la elección de la presidencia de la Asamblea Legislativa el presidente Chaves le dio el apoyo público a Rodrigo Arias, para su segunda presidencia legislativa.

En el 2024 el presidente Chaves se apartó públicamente de dar apoyo o pedir votos en contra de Rodrigo Arias. Este año está con los tacos puestos contra Rodrigo Arias.

Rodrigo Arias Sánchez, aparte de su formación de abogado y notario, ha sido y es empresario activo, con un amplio conocimiento de las instituciones públicas, del sector privado y financiero. Su carrera política ha sido siempre en el Partido Liberación Nacional como presidente municipal del Cantón Central de Heredia, diputado y ministro de la Presidencia.

Lo que le conviene al país desde ese alto cargo político e institucional es una persona como Rodrigo Arias, un cuadro político bien formado, maduro, con esa capacidad que lo distingue de negociador y visionario del momento político que vivimos. Su gestión como presidente del Congreso, en estas tres Legislaturas que han pasado, ha sido muy buena, ampliamente satisfactoria y políticamente bien recibida por la ciudadanía y defensores del Estado de Derecho.

Rodrigo Arias ha sabido dirigir el Congreso con respeto hacia las fracciones parlamentarias, ha llevado bien la Agenda Parlamentaria, ha sabido distanciarse del Poder Ejecutivo con elegancia, con energía, señalando adecuadamente el rumbo que debe seguirse. Cuando ha tenido que enfrentar al gobierno lo ha hecho, le ha marcado los pasos no solo de la agenda legislativa y de la nacional, ha señalado las prioridades del país y las prioridades legislativas.

Lo que más le conviene a las fracciones parlamentarias, más allá de sus distancias históricas, o coyunturales, con Liberación Nacional, como partido, o con los reclamos que le hacen a su hermano, el presidente Oscar Arias, es la Presidencia Legislativa en manos de Rodrigo Arias, tanto para la dirección y representación del Poder Legislativo,

En imagen pública, en este momento político que vive el país, es conveniente que la Presidencia de Rodrigo Arias tenga la mayor cantidad de votos legislativos. Hasta ahora ya está asegurada aparentemente su Presidencia.

En mi opinión, de observador político, lo que más le conviene a la Asamblea Legislativa y al país, al margen y fuera de todo prejuicio político que se pueda tener, con él o su partido, es que el diputado, y actual presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, continúe en la Presidencia de este Poder de Estado.

En este momento político del país la Presidencia de la Asamblea Legislativa no se puede ni se debe improvisar.

La corrupción: delincuencia del sistema

Juan Huaylupo Alcázar1

1 Docente pensionado. Catedrático. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

La corrupción está asociada a distintas expresiones relacionadas a su significación del latín, alterar las cosas, que suele estar complementada con destruir, corromper, estragar, viciar, romper o pervertir. La corrupción es entendida como la acción que modifica las condiciones existentes, como un acto intencionado ajeno y contradictorio con la moralidad, legalidad, cultura o en general con las formas como son o deben ser efectuadas las relaciones en cada contexto social.

El delito de la corrupción es una interrelación desigual y engañosa, entre una alianza corruptos-corruptores contra alguna persona, organización o instituciones públicas, cuyo propósito es beneficiarse directa o indirectamente a costa de despojar el patrimonio de entidades o individuos, donde el protagonista corruptor-corruptores, asume la jerarquía o poder sobre la(s) víctima(s), legal o ilegalmente, para transferir fraudulentamente recursos, propiedades, realización pactos o contratos que perjudican los intereses de las personas e instituciones afectadas.

La diversidad de las concreciones disimiles sobre la índole y naturaleza de los actos calificados como corruptos (cohecho, malversación, abuso de autoridad, colusión, sobornos, tráfico de influencia, falsedad ideológica, fraude…), ha impedido tener un concepto que sea consensual, como por las diversas perspectivas analíticas y jurídicas sobre su concepción, prevención y de sanción a esta forma delincuencial.

Gran parte de los análisis sobre la corrupción inciden en aislar el fenómeno, según la naturaleza y las formas como se reviste, que incide en la atribución de responsabilidades a individuos aislados, a pesar de ser un proceso complejo que oculta e invisibiliza a los corruptos, así como omite la peculiaridad legal, moralidad, cultura y el impacto social de la corrupción e ignora las condiciones contextuales del delito.

El creer que la corrupción son actos simples e inherentes de las personas de cualquier condición social, sociedad y tiempo, es asumir que todos, o cualquier individuo, es susceptible de una actuación corrupta e inmoral, contra toda norma, las buenas costumbres, buena fe, etc., lo cual es una interpretación individualista que simplifica y supone que todos los individuos son, o tienen la potencialidad de ser corruptos e inmorales, que podría erradicarse con la vigilancia digital, la yatrogenia o el aislamiento carcelario. No obstante, esa concepción ni el control totalitario impiden las acciones corruptas y constituyendo un argumento que encubre las determinaciones contextuales para la inmunidad e impunidad de la delincuencia organizada.

La corrupción no es natural ni los inconmensurables casos son casuales en los espacios sociales. Es un fenómeno que trasciende a los individuos que comprometen las relaciones sociales y las instituciones públicas, en todos los espacios y tiempos, de modo particular en las sociedades dictatoriales y en las endebles democracias. Se podría afirmar que es una problemática política estructural entre clases segmentos sociales indistintos, sin otra consideración, que el beneficio, personal o grupal, contra los intereses y posesiones de otros. Sin embargo, la corrupción es una condición del devenir de la sociedad contemporánea, que no puede admitir ni reconocer que su constitución originaria que reproduce históricamente es un proceso corrupto que se apropia indebidamente de las riquezas y recursos de las sociedades, que se enriquece privadamente del trabajo social no pagado y que esclaviza a las poblaciones del mundo. Asimismo, tanto en el pasado como en el presente, se evidencia que el poder dictatorial, la explotación y las frecuentes defraudaciones y crisis financieras se sustentan en la corrupción, como fuentes para la expansión y crecimiento económico y político del sistema.

Concebir la corrupción como violación al orden constituido es contradictorio e inconsistente, pues ese orden, es el precisamente conservado y reproducido con las prácticas delincuenciales. La corrupción al profundizar la desigualdad y la privatización de los recursos de los subalternos y de la nación, evidencia ser la mediación funcional, útil y necesaria, del orden construido por el poder, como también lo son las leyes indignas y muchas prácticas cotidianas legalizadas, pero inmorales, ilegitimas y corruptas.

El individualismo metodológico, como determinación de la causalidad de los fenómenos complejos, es una simplificación, pero también es un prejuicio que ha servido y sirve para juzgar y condenar a subalternos que históricamente se les culpa y discrimina socialmente, mientras se pondera, justifica y legaliza la explotación, la desigualdad, inequidad y exclusión en las históricas prácticas estructurales y en las impuestas relaciones laborales, mercantiles y financieras, aun cuando determinan y perjudican la calidad y vida de millones de personas y naciones. El sistema imperante se nutre de la corrupción y desigualdad cotidiana.

La corrupción tiene determinaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales que inciden en la valoración y calificación de los delitos. Los corruptos en el mundo de los negocios, la política nacional, la administración justicia, derechos iguales entre desiguales, etc., no poseen sanciones similares, porque no dependen de la naturaleza del delito, sino básicamente de la condición social e influencias del poder delincuencial. Así, muchos son eximidos de culpa por dispensas jurídicas, por influencias políticas y compromisos judiciales, intimidación o por la relativización y dilución del delito.

En una sociedad que valida y reproduce desigualdad, inequidad y explotación, la corrupción se convierte en un medio adicional de enriquecimiento privado en perjuicio de sectores mayoritarios. Es una mediación que también promueve la desigualdad y la inmoralidad del poder en la sociedad contemporánea.

Las ejemplificaciones de corrupción abundan en Costa Rica, como las pseudos crisis de las financieras en el año 1987, donde incontables personas “perdieron” sus ahorros de liquidaciones y pensiones laborales. La administración corrupta de ALDESA, con la fiscalización de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), a fines de la década de 1990, donde se “esfumaron” cientos de millones de centenares inversionistas. La construcción de la carretera en la frontera con Nicaragua, conocida con “La Trocha Fronteriza”, en marzo de 2012, que fue calificada como una megacorrupción, donde autoridades políticas, constructoras y negociantes están implicados, pero no ha pasado nada y el sobreseimiento es la alternativa del poder para el poder. La crisis de Coopeservidores del 2024, es otra muestra de la negligencia de los entes fiscalizadores y reguladores de la situación y el manejo de los recursos financieros en dolosas administraciones que privatizaron los recursos y anhelos de los cooperativistas.

En ningún caso mencionado, entre otros, se ha culpado a los responsables, recuperado lo “perdido” ni se ha resarcido a las víctimas. Estos son solo algunos casos que no son objeto de indagación exhaustiva ni de condenas, como tampoco interesan los casos conocidos, pero no denunciados. La corrupción violenta los derechos ciudadanos, mientras que las autoridades se eximen de su responsabilidad, que bien deberían ser demandadas por el mismo delito que no dictaminan.

La corrupción es una problemática cada vez más acuciante en la cotidianidad de la heterogeneidad social, que con otras formas delincuenciales, como el tráfico de drogas, son parte inherentes del sistema global, cuya práctica sistemática contribuyen al crecimiento, acumulación y expansión del poder político y económico mundial.

La corrupción no es un proceso simple es complejo que compromete a subalternos, funcionarios, al Estado y al poder geoestratégico imperial, pero es afín al sistema, pues contribuye a polarizar más la desigualdad y el empobrecimiento social y la magnificación del enriquecimiento de la posesividad del poder.

De colmillos desafilados y felinos desdentados

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Celebro que en Costa Rica desde hace más de 170 años, tengamos una prensa libre capaz de criticar a sus gobernantes y escribir sobre lo que deseen. Grandes presidentes como Juan Rafael Mora y José Maria Castro Madriz allá por 1850, enfrentaron duros ataques de la prensa, posiblemente muchas veces justificados y en otras no tanto, pero ninguno fue capaz de amenazar y mucho menos cerrar algún medio. Desde los albores de la vida republicana y más atrás, saliendo del periodo colonial, en Costa Rica existían periódicos para una pequeña comunidad que desde muy temprano poseía el germen por la lectura e informarse. Con la independencia, llegó pocos años después prensa libre e independiente como el Noticioso Universal.

Hago este necesario señalamiento, pues gracias a la libertad de prensa e independencia de la misma, nos damos cuenta de matráfulas y actos de corrupción, una vez consumados o evitando que se materialicen, habiendo de por medio enriquecimiento inmoral para algunos pocos y el sonrojo y furia para todos los demás, al ver cómo se festinan las arcas públicas. Guardamos la esperanza de que aún hay periodismo investigativo y decente, que ventile las cosas, que de no ser de esa manera, difícilmente la población se daría cuenta, de la conducta inescrupulosa de unos y otros. La otra forma es a través del control político que ejercen los diputados serios y estudiosos, y las denuncias ciudadanas ante los órganos de control o el mismo Poder Judicial.

Llevo tres años escribiendo en torno a las características de la administración Chaves Robles y nuestra desazón es cada vez mayor. En el poder político…el traje se lleva por dentro (4-V-23); Songo le dio a Borondongo(14-VII-24); De cómo Tío Conejo no aparece en el cuento Domingo Siete (14-I-25); De aprendices y absolutistas (27-I-25).

Los costarricenses hemos estado preocupados por la retórica incendiaria, poses autoritarias y de matonismo, con que esta administración ha intentado dar solución a los problemas nacionales. De los gestos y ademanes no han pasado. El presidente Chaves ha desaprovechado ese gran regalo que es el tiempo; renunció a gobernar desde muy temprano, tuvo la oportunidad de desarrollar importantes obras, dejar tras de sí un importante legado histórico positivo, cumplir algunas de sus promesas y apuntalar aún más nuestro bicentenario régimen democrático. No ha sido así. Se la ha pasado repartiendo culpas, buscando enemigos un día sí y otro también. Chaves Robles y el grupito que le acompaña, profundizan hoy una peligrosa y antidemocrática ruta de desmantelamiento del Estado Social de Derecho, dejan sin financiamiento programas sociales como: becas, red de cuido infantil, atención de personas en situación de discapacidad, abandono del adulto mayor; menos recursos para educación, salud, transporte estudiantil, comedores escolares; propician una mayor desregulación de las empresas; se descuida la infraestructura pública al no invertirse; constriñen derechos y libertades civiles, propician el atentar contra nuestra biodiversidad y patrimonio natural; y se lucen con una absoluta y monumental incapacidad para atender temas apremiantes desde el Ejecutivo en materia de crimen organizado, tráfico de drogas, contrabando y violencia social. No les ha bastado mostrar torpeza y estulticia cuando la mitad del tiempo de la agenda legislativa le corresponde a ese poder de la república proponer iniciativas de ley, tal y como reza nuestra Constitución. Se han peleado con la prensa, con los diputados, la contralora y el poder judicial. No me sorprendería que pronto inicien sus ataques al Tribunal Supremo de Elecciones. Los pocos proyectos enviados a la Asamblea Legislativa han sido tan mal hechos que denotan una gran falta de conocimiento y de cuidado. Las poses fascistas y de matonismo, características en estos tres años, riñen con las profundas y sabias tradiciones costarricenses de cómo vivir en democracia, donde convivimos y cada uno tiene su espacio. Hace casi un año el presidente anunció un referendo y la fenestrada ley Jaguar, ambos tan descabellados como mal planteados. En el fondo interesaba restar potestades a la Contraloría General de la República. En vez de optar por la vía constitucional y las formas definidas por ley, buscaron otra ruta, done pareciera que lo que interesaba era meter ruido y generar mayor distracción sobre la agudización de los problemas nacionales y el que salga a la luz pública, posibles actos de corrupción que se han estado incubando. Tan escaso es su talante civilista y de vocación democrática que renuncia también a establecer un vínculo político con la Asamblea Legislativa, desconociendo que el Primer Poder de la República es la representación legal y constitucional, de la esencia misma de la soberana de un pueblo. Ese grupo de diputados, hombres y mujeres, unos muy buenos y capaces y otros no tanto, queramos o no nos representan por este periodo de cuatro años.

El cacareado combate a la corrupción, del presidente Chaves y sus acólitos, de “que los corruptos son otros y ellos no”, se desgasta y en estas semanas vamos viendo las verdaderas dimensiones de lo que enfrentamos, una rapaz conducta carroñera para enriquecerse rápidamente y a costa de millonarios contratos de algunas empresas con el sector público. No olviden que en el sector público los tres instituciones más grandes con presupuestos multimillonarios, lo son la Caja Costarricense del Seguro Social, el ICE y el MEP. El país absolutamente, es testigo del escándalo que estalló el año pasado en la Caja Costarricense del Seguro Social cuando la presidenta Ejecutiva y algunos de los miembros de su junta directiva propiciaron el otorgar nuevos contratos para tercerización de servicios médicos en diversos EBAIS en áreas de salud de la Gran Área Metropolitana, pagando sobreprecios, lo que hubiera costado a los costarricense más de 126 mil millones; donde era evidente y manifiesto la existencia de precios inflados. Voces a lo interno de la institución y de otros sectores, alertaron sobre semejante desaguisado fraguado ante la vista y paciencia de Marta Esquivel, expresidenta Ejecutiva, y directivos representantes del sector empresarial y del gobierno, así como gerencias alineadas con semejante despropósito. Hoy hay 8 investigados y más de 300 correos electrónicos borrados de forma siniestra y sospechosa, de los servidores que podrían construir importante prueba en este infernal y desafortunado hecho de corrupción, propiciado desde las altas esferas de la institución y en colusión de empresarios del ámbito del sector salud. Doña Marta fue separada del cargo, para luego ser premiada por el presidente Chaves al nombrarla como ministra y aún hoy no devuelve dineros cobrado de más. Este el Caso Barrenador, así bautizado por autoridades judiciales donde hay colusión de intereses empresariales y de funcionarios de dudosa honorabilidad. Esta semana -gracias a Dios- hemos sido testigos de que la Junta Directiva con votación de 6 a 7 acuerda anular dicho contratos. Ya la fiscalía y Contraloría General de la República están tras el caso, de la actuación indebida, irregular, ilegal, inmoral y hasta criminal, al pretenderse festinar recursos públicos dedicados a la salud pública de todos los costarricenses. Aquí la prensa ha jugado un papel muy importante, en sus ámbitos de denuncia e investigación.

En esta administración y apenas iniciando, impulsaron la ruta del Arroz, en la que en tres años, el precio no ha bajado, destruyeron a los productores del sector y eso sí, se han enriquecido un puñado de importadores granos básicos, algunos de ellos importantes contribuyentes en la campaña de Chaves Robles y en la constitución del espurio fideicomiso Costa Rica Prospera para financiar su campaña electoral. Repito, el precio no ha bajado y el fisco ha dejado de percibir miles de millones colones. Ofrecieron bajar los medicamentos y ello no ha ocurrido. En tres años intentaron vender el Banco de Costa Rica para que, con varios proyectos torpemente elaborados una y otra vez, fuese adquirido por los financistas de su campaña y ya el tiempo no les alcanzó. El intentar drenar las finanzas de la CCSS y agudizar su eficacia y calidad con que presta servicios a la población, gracias a Dios, ha topado con diversas resistencias.

Pero en medio del mutismo y la oscuridad, estaban fraguando un oscuro negocio con las finanzas del ICE y la adquisición de tecnologías para echar adelante la red 5G y todo lo que ello implica.

Gracias a la curiosidad de un medio como Semanario Universidad y la perspicacia y profesionalismo y disciplina de sus redactores -principalmente tres de ellos-; desde febrero de este año este medio nos ha venido regalando una serie de notas, todas ellas referidas a la presumible comisión de actos de corrupción en el ICE. Al tenor del liderazgo histórico que dicha institución ha mantenido por décadas de desarrollo y progreso, el mismo requiere de tomar importantes medidas para que dicha condición estratégica no se pierda. Tan noble aspiración no debe servir jamás como oportunidad para que algunos se aprovechen. En el ámbito de las telecomunicaciones y el desarrollo de infraestructura moderna, deben tomarse las mejores y más sagaces decisiones. Ante el fenómeno de la corrupción no perdamos de vista, la existencia de dos partes: el corrupto y el corruptor. Y en este caso particular que nos ocupa, estamos en presencia de que se consuma una posible contratación donde hay de por medio el favorecimiento a una sola empresa por más de 160 millones de dólares, contrato fraguado en las sombras de las oficinas del ICE, casa presidencial y el MICITT y en menor proporción COMEX. Hablo de esta administración, no en la de don Rodrigo Carazo, ni en la de don Ricardo Jiménez, ni en la de don Cleto González, o don Próspero Fernández; ¿es en esta administración, donde ha habido mucha alharaca y ruido contra de la corrupción… por qué tanta mentira y cinismo? Criticar y señalar a otros como corruptos y sinvergüenzas. “Ellos son los sinvergüenzas y nosotros no”, dicen: han venido a “acabar con la corrupción, a combatirla y a desenmascarar”,somos diferentes, somos distintos a ellos”. Sobre ello, lo único que hemos visto desde hace meses, es ver teatralmente al presidente Chaves con la señora Esquivel, llevar varias cajas con papeles viejos a la fiscalía, alegando que son actos de corrupción a lo interno de la CCSS, que deben ser investigados. ¡No! El combate a la corrupción no alcanza con asumir una retórica vacía, hueca e inoperante; tampoco vociferando y despotricando, jugando con la honra de muchos.

Muestro un conjunto de casos que a todos debe movernos a la reflexión y sobre todo a desenmascarar una serie de acciones poco transparentes, en las cuales están en juego miles de millones de colones y el colapso de importantes servicios públicos, que deben garantizar el desarrollo económico del país y el funcionamiento normal de empresas pequeñas y medianas, así como instituciones y diversidad de estable cimientos; pues al encarecerse los servicios y desmejorar la calidad de los mismo, se pone en riesgo la competitividad y equilibrio financiero de las mismas.

A) Tras la adjudicación por parte de RACSA de contratos a DATASYS; esto generó que 5 empresas interpusieran recursos contra dicha adjudicación. Ante ello la fiscalía decide actuar en salvaguarda de los recursos públicos. Dicha contratación ligada al despliegue de la red 5G, pasó de 3 millones de dólares a más de 25 millones de dólares en menos de un año -desde 1 de diciembre 2022 a 2 de noviembre 2023. También este hecho es investigado por la Contraloría General de la República.

B) En un año, las compras a la empresa CISCO, una de las chineadas y miradas con mayor simpatía desde Zapote, en el ámbito de las telecomunicaciones y desarrollo de software y diversos servicios; aumentaron sus ventas al sector público, pasando al cabo de 12 meses, de un millón de dólares a 13 millones de dólares; o sea un monumental aumento de 1 248%. Dichas compras son de equipos y de licencias. Antes de este periodo 2022- 2023, las compras de equipo tecnológico a dicha empresa alcanzaban un promedio de $1,4 millones de dólares. Y aquí entre las instituciones que adquirieron dichos equipos y servicios, destacan el ICE y RACSA. Dentro de este contexto bajo una forma excepcional de contratación la Comisión Nacional de Emergencias cedió un contrato por $2,4 millones de dólares, para adquirir 100 000 licencias en 2023.

C) Desde mediados de 2022 y hasta el 2024 continuaron los coqueteos entre esta administración -sobre todo ICE, MICITT y casa presidencial- con CISCO. A fines de 2022, personal de alta gerencia de dicha empresa establece contactos con Chaves y otros jerarcas de esta administración, de manera que se propicia un vínculo más fuerte, entre la empresa y esta administración, tanto es así que la ministra que hoy ocupa la cartera MICITT, señora Vega, viaja varias veces a EEUU a la sede dicha empresa y a diversos foros ligados a telecomunicaciones. También diputados de diversas fracciones lo hicieron.

D) El tiempo en su marcha inexorable, genera que en el ámbito nacional se suscite la discusión en torno a la red 5G. Chaves y su grupo se inclinan por favorecer a CISCO con un contrato superior a $160 millones de dólares; propuesta notablemente más cara que todas las demás ofertas que hubo sobre la mesa. Detalles de este posible contrato se han afinado en Zapote. Desde ese momento en que se empiezan a materializar dichas reuniones en Casa Presidencial, a lo interno del ICE se levantan diversas voces alertando sobre las presumibles irregularidades que rodean dicho contrato. Se ha intentado mantener en la oscuridad la negociación del mismo, alejada del escrutinio público, carente de transparencia; y si no es por este medio nacional -Semanario Universidad-, a lo mejor todavía no conociéramos nada de lo que se está fraguando. Es que hablamos de una formidable y exorbitante cantidad de $160 millones de dólares y no con cualquier institución, sino una en régimen de competencia y que resulta estratégica para el desarrollo nacional. Dicho proceso licitatorio inicialmente fue concebido como un proceso abierto, como debe ocurrió en un régimen democrático, respetuoso de la ley, ello ocurre en marzo de 2024. Luego se toma la decisión de que sea “un proceso de contratación directa” para la sustitución de la red IP. Según expertos y las mismas empresas en competencia, el costo de dichos cambios sería de aproximadamente $42 millones de dólares. Desde agosto de 2024 circulan informes a lo interno del ICE, advirtiendo sobre dicho sobrecosto, injustificado y astronómico. Sin embargo, los poderosos intereses y de cúpula que se mueven en el ICE, respaldados por casa presidencial, MICITT, COMEX, hacen que desde noviembre 2024 la balanza se vaya inclinado por este leonino contrato.

Esta semana que recién concluye desde Casa Presidencial notifican al pueblo costarricense, distraído con topes y corridas toros, que se descarta la implementación de la salida más barata y se opta sospechosamente por la más onerosa, ya no $160 millones de dólares sino $187 millones de dólares si sumamos el complemento con RACSA.

Esto de designar y otorgar contratos a dedo es propio de regímenes espurios, opacos y totalitarios sistemas de contratación pública similares a los que operan actualmente en El Salvador, Nicaragua y Venezuela. Pare gestar esas formas rápidas de enriquecimiento indebido, desde lo público estorba el control la fiscalización. Por eso interesa debilitar a la Contraloría y las leyes que rigen dicha materia, alegando que obstruyen. Claro, dicha institución, los controles existentes y una prensa libre independiente, estorba a quienes desean operar de esa manera.

¿Han desaprovechado tres años, lo harán este último? Dios quiera que no. Nunca es tarde. La democracia siendo imperfecta es la mejor forma de gobierno. Y la corrupción se ataca con acciones vigorosas y leyes robustas, no con demagogia ni poses teatrales, mucho menos despotismo. Hace un año anunciaron un jaguar, nunca fueron claro qué entender por ello, por esa especie de felino. El jaguar, salvaje bestia silvestre, posee hábitos alimenticios nocturnos; que la oscuridad no se convierta en una triste analogía y augure un escenario escogido por estos gobernantes, para maquinar generosos negocios y burlarse de la paciencia y buena voluntad del pueblo costarricense. Bien decía mi abuelita, lo que se hace de noche, se ve de día.

Gracias a este conjunto de valientes jóvenes periodistas que no se cansan de denunciar aquello que está mal y que durante los últimos días otro medios han replicado satisfactoriamente. Veremos que tendrán que decir la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, en caso de que se materialice dicho contrato.

30-III-25

Aportes para un perfil de Estado que aglutine a los productores agrícolas y combata corrupción y poder creciente del narco

Aportes para un perfil de Estado que aglutine a los productores agrícolas para colocar en primer lugar los intereses nacionales y combatir la corrupción y el poder creciente del narco.

Propuesta elaborada por Miguel Sobrado y Fernando Naranjo Retana
Santa María de Dota
Marzo 2025

Justificación

Costa Rica se encuentra en una etapa de transformaciones profundas de su sistema económico social y político.

Las últimas 4 décadas de neoliberalismo, han concentrado la riqueza en tres sectores principalmente:

a) El denominado sector moderno ubicado en especialmente en las zonas francas, cuyos propietarios, en su mayoría no residen en el país y por lo tanto no sufren directamente los problemas de la falta de infraestructura, al mismo tiempo que gozan de grandes ventajas fiscales.

b) El narcotráfico, aunque no es un sector formal de la economía, es una realidad con peso propio, que aprovechando la corrupción endémica imperante en el país, ha venido penetrando sistemáticamente desde las costas y zonas fronterizas, al punto de transformarlo en el principal centro de acopio de las drogas para exportarla a los Estados Unidos y Europa.

c) Mientras que el llamado sector tradicional, especialmente agrícola, aunque mantiene influencia directa e indirecta en la generación de empleo, ha venido perdiendo su importancia en la economía nacional, al mismo tiempo que si contribuye a sostener el Estado.

En este contexto, como lo ha afirmado el director del Estado de la Nación en radio Monumental, “si bien se ha multiplicado por 4 el producto interno nacional (PIB) y se han multiplicado por 8 las exportaciones, al mismo tiempo los ingresos promedio de los hogares son menores que hace 15 años”, situación que generado inestabilidad en el país y contribuido a incubar un conflicto social de gran envergadura, caracterizado por el descontento del sector agrícola abandonado a su suerte y matizado por la presencia creciente de los sicarios al servicio del narco tráfico.

El sector tradicional, que fue el protagonista del origen a la Segunda República a mediados del siglo pasado, se encuentra sin rumbo ni liderazgo en un momento donde la corrupción ha salpicado a gran parte de los dirigentes políticos tradicionales desmoralizando la fe de la población en los antiguos partidos políticos. Los cambios de personas en las candidaturas, llenos de promesas de arreglarlo todo, no genera confianza en ese ambiente de desmoralización y ha sido motivo para justificar el retiro de las urnas de la población.

En estas condiciones, de debilitamiento del aparato político, de desmoralización y de falta de una de visión país creíble que abra un camino de esperanza, adquiere grandes posibilidades de que se imponga la reorganización del Estado impulsada por el populismo y el narcotráfico a través de la corrupción. Al crecer la importancia económica e influencia política de los narcos elevan sus posibilidades de configurarse como rector del futuro inmediato del país. Es momento para que una tercera fuerza política (los agricultores) alcen su voz para integrarse a una propuesta real de un proyecto aterrizado.

¿Es posible una alternativa enraizada en nuestra cultura?

Existen experiencias regionales relevantes en el sector tradicional profundamente enraizadas en la cultura nacional, que aunque poco conocidas y desapercibidas por el mundo político, pueden marcar senderos de esperanza, si se dan a conocer y se difunden sus logros así como las limitaciones que han tenido por las estructuras centralistas. Sus logros podrían contribuir a marcar las transformaciones que requiere nuestro país y aglutinar fuerzas y optimismo a nuestro desarrollo.

Analizaremos aquí una de esas experiencias arraigadas en nuestra cultura que tienen perspectivas de convertirse en virales que aporten un importante efecto multiplicador.

El caso de la zona de Los Santos

Una región de particular interés por su arraigo en la cultura nacional histórica y convencida de su poder y misión progresista en el país

Está integrada por los cantones de León Cortés 14097 h, Tarrazú 12000 h, y Santa María de Dota 9364 h. En total 35461 personas que representan numéricamente apenas el 0.67 de la población nacional, pero que, la naturaleza de la actividad cafetalera que produce cerca del 50% del café nacional junto a los cantones vecinos de Aserrí, Desamparados, Acosta, El Guarco, Cartago, Parrita y Quepos. La calidad de su producción, su tradición organizacional y la importancia que ha tenido esta en la configuración de la cultura regional y nacional, debe ser considerada con atención como una de las mejores prácticas, que ha marcado en el desarrollo regional y su posible ejemplo para el país en este momento de transición donde el narco tráfico toma la delantera.

Antecedentes relevantes

Aspectos demográficos y físicos

La región de los Santos se repobló, después de haberse despoblado durante la colonia, con personas provenientes del Valle Central occidental, especialmente San José, Heredia y Alajuela. Provincias en las cuales se había desarrollado una economía mercantil a raíz del monopolio del tabaco implantado en el siglo XVIII.

Tradición mercantil que se fortaleció con el desarrollo del cultivo del café en el siglo XIX. Los migrantes que no siguieron hacia el Valle del General se establecieron en las fértiles tierras de la región de los Santos. Encontraron ahí, no solo una tierra óptima, sino un microclima que bajo la influencia del pacífico incidía en que los suelos fueran especialmente generosos con la calidad del café. Esta región es al mismo tiempo muy vulnerable frente a los deslizamientos y desastres naturales, lo que marcará, junto con las ventajas anteriores las condiciones de organización y sobrevivencia.

El capital social emergente

Esta combinación de factores de las particularidades del terreno, demográficas y naturales, donde por una parte se abrían las puertas para el bienestar, pero por otra la falta de caminos y posibilidades de auxilio del gobierno central en caso de desastres estimuló la cooperación y auxilio entre los vecinos en los momentos difíciles. Las limitaciones en el transporte de las personas y de los productos propició la cooperación y la confianza en la población local, generándose lo que se ha dado en denominar capital social, que es un tipo de capital, no individual como el financiero o las instalaciones, sino un tipo de capital colectivo basado en la confianza y la cooperación recíproca que ha sido uno de los pilares del progreso regional y que tiene sus orígenes en el Valle Central.

La guerra civil de 1948 y la organización cooperativa

La población de Los Santos apoyó a José Figueres Ferrer en la contienda por la creación de la llamada Segunda República, que le atribuía un papel protagónico a los productores agrícolas organizados en cooperativas en el nuevo ordenamiento nacional con fundamento en un papel proactivo del Estado.

Las organizaciones cooperativas y el empoderamiento regional

Las organizaciones de productores de café llevaron en primera instancia a estos a liberarse de los precios prefijados por los grandes exportadores tradicionales, gracias a sus organizaciones cooperativas. Estas, no solo facilitaron el procesado del café en la región, sino que crearon condiciones para su mercadeo nacional e internacional.

El éxito fue contagioso y del café saltaron a otro problema regional que era la falta de energía que resolvieron inicialmente redistribuyendo la energía del ICE, posteriormente realizando inversiones en plantas hidroeléctricas y finalmente con un gran parque eólico propio, que genera energía renovable partir de las generosas corrientes de viento prevalecientes en la zona montañosa. Las cooperativas florecieron en la región junto a la diversificación agrícola y la industrialización de nuevos productos en pequeñas empresas.

El surgimiento de los micro beneficios

Las cooperativas fueron un elemento de progreso importante para competir en el mercado internacional mientras se mantuvo el Convenio Internacional del Café impulsado por la socialdemocracia, donde productores y consumidores controlaban el precio. Esto cambió radicalmente con la llegada de la economía neoliberal impulsada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan a nivel planetario, por la cual los organismos internacionales financiaron la siembra masiva de café en la India y Vietnam especialmente.

Esta situación cambió radicalmente el panorama regional cuando empezaron a producirse cosechas masivas en Asia que bajaron los precios del café impidiendo a los productores locales sacar sus costos. Muchos productores quebraron y tuvieron que vender sus tierras, o emigrar temporalmente a los Estados Unidos para reunir un dinero y recuperarlas.

Las cooperativas en este nuevo contexto siguieron vendiendo en un mercado que valoró el café de Costa Rica a un precio mejor que la bolsa de Nueva York, concentrándose en una gestión corporativa, sin establecer nuevas opciones en un mundo en transformación ni explorar con firmeza el mercado nacional. De tal forma que tuvieron serios problemas para atender las demandas crecientes de sus socios.

Esta situación provocó que algunos de sus mayores asociados se salieran de las cooperativas y montaran sus propios micro beneficios orientados a conquistar el mercado nacional y abrir nuevos espacios de comercialización internacional con cafés de calidad, en un intento marcado por el ímpetu cafetalero.

Lo logros alcanzados por lo micro beneficios han sido destacados tanto en la penetración del mercado de calidad nacional donde han realizado proyectos comunes con importantes supermercados. Al mismo tiempo que han atraído nuevos socios internacionales a través de las ferias de las tasas de excelencia y en las subastas posteriores. Todo esto ha motivado a un ajuste en las políticas de las cooperativas que, después de un rechazo inicial, han seguido su ejemplo, aunque mantienen la esencia el trabajo corporativo.

Logros de lo que denominaremos aquí el Modelo de Descentralización de Los Santos

Como se puede apreciar, la organización de las comunidades gestó un proceso de descentralización en el ámbito productivo regional, congruente con las políticas nacionales socialdemócratas de estimular la economía interna, especialmente agrícola, desarrollando caminos de penetración, fijando precios de sustentación a los granos, nacionalizando la banca y creando crédito rural, diversificando la agricultura e impulsando la agroindustria, entre otras.

Estas condiciones generadoras de bonanza regional cambiaron al imponerse las políticas neoliberales, que modificaron las políticas proteccionistas del Estado socialdemócrata nacional. Como respuesta externa a la debacle local se ofreció, por parte de los organismos internacionales elevar la calidad y la capacidad administrativa introduciendo en las empresas cooperativas, que son sociales, las técnicas e indicadores de la empresa privada, generando un corporativismo hacia adentro de la estructura administrativa.

Esto no impidió, a pesar de las grandes pérdidas y las limitaciones para adecuarse a las nuevas condiciones, que las cooperativas sobrevivieran ampliando sus servicios de abastecimiento y procesado industrial al mismo tiempo que, lenta pero decididamente, siguieran los senderos abiertos con gran esfuerzo por los micro beneficios.

Reflexiones en cuanto los senderos abiertos por la experiencia de Los Santos

La exitosa experiencia de Los Santos de liberarse a través de la organización cooperativa del control de los precios que establecían las exportadoras y tostadores en países de destino, creo las condiciones el desarrollo económico y cívico de la región mientras las políticas públicas priorizaron los intereses nacionales. Todo esto dentro de una política nacional estimulante de la organización y participación de los campesinos en la producción agroindustrial.

Al cambiar las condiciones proteccionistas nacionales, por la libre competencia sin restricciones del neoliberalismo internacional, se hizo evidente, a pesar de sus logros, la debilidad de una descentralización limitada a lo productivo regional.

¿Qué nos enseña la experiencia de descentralización parcial vivida por la región de Los Santos?

1) Que las decisiones políticas centralizadas que obedecen a los intereses del gran capital internacional, sobre las cuales no tienen incidencia las regiones y organizaciones locales ni en su contenido ni en la forma pueden afectar muy seriamente el desarrollo regional y local provocando animadversión de los productores.

2) La política internacional de las grandes potencias no puede estar por encima de los intereses locales, regionales y nacionales, y debe requerir, antes de ponerse en práctica, la aprobación, regional. Al mismo tiempo que las políticas públicas deben estimular el producto terminado desde el origen.

3) Que el poder de participación cívica de una comunidad radica en su organización. Como dijo José Figueres Ferrer, “los hombres sin organización no tienen ningún poder”.

4) En este sentido la descentralización encuentra terreno fértil ahí donde existe gente organizada autónomamente. No debe confundirse con estructuras clientelistas basadas en personerías jurídicas creadas en escritorios, pero manejadas por “punteros” que negocian los votos. En esas condiciones la descentralización se puede transformar en una pantalla para ocultar el poder de la mafia. La autonomía debe ser soberana y blindada.

5) Las organizaciones cooperativas son empresas sociales, que si bien deben ser eficientes en el manejo de sus recursos, deben medir sus resultados, ante todo dirigiéndose por las necesidades de sus comunidades y socios; esto es promoviendo la continuidad de los emprendimientos a través de formación de sus hijos de cara al futuro, al mismo tiempo que garantizando la vejez de los asociados por obligación estatutaria.

6) La descentralización no puede limitarse a lo económico ya que la sociedad es un todo donde se articula lo económico con lo social y lo político. No puede pensarse, sobre todo en una época de transformaciones radicales, como la que vivimos, donde el conocimiento juega un papel preponderante en el desarrollo, que la educación, la capacitación, la salud y la seguridad, no se encuentren bajo auditoria y evaluación ciudadana, dando al pueblo agricultor poder de decisión.

7) La educación y la capacitación organizacional, en todos los órdenes, son estratégicas. Así como en el pasado la posesión de la tierra o el capital material eran claves para el progreso, hoy el conocimiento es lo que transforma y empodera a los individuos y comunidades siempre enseñando que el principal activo del productor es el suelo y su dignidad. No se puede crear un futuro para las nuevas generaciones con una educación del siglo XX.

8) En otras palabras, empoderar responsablemente al agricultor sobre su futuro en el proceso de transformación que vive el mundo. En este sentido los poderes locales, dirigidos por ellos, se verán estimulados a exigir regularmente la actualización y evaluaciones de resultados en estos campos, así como tener atribuciones de intervención activa removiendo funcionarios en caso de incumplimiento.

9) La experiencia de la región, como buena práctica nacional, abre senderos para una descentralización, no solo local, sino progresiva que se inicie con los cantones de cultura cívica cafetalera y perfile una democracia participativa eficiente arraigada en lo nacional, pero que se guie hacia una descentralización con rendición de cuentas y revocatoria de los cargos, como la que existe en Suiza.

La política exterior en una región de importancia geopolítica

Así como debemos fortalecer nuestro Estado aprendiendo de las mejores prácticas internas, debemos aprender de nuestra experiencia como nación en una región de gran importancia geopolítica. De hecho, existimos como nación por la visión que tuvo nuestro prócer Juan Rafael Mora Porras del carácter estratégico de Centro América y de nuestro país en el contexto mundial. Gracias a su visión supo hacer valer nuestra posición geopolítica frente a la expansión de la creciente potencia norteamericana, realizando una alianza estratégica con Gran Bretaña, la potencia dominante de entonces. Tal como se relata en el libro “El lado oscuro del presidente Mora” de don Humberto Vargas Araya, difundido ampliamente en nuestro siglo por la Academia Morista. A los estados pequeños en regiones estratégicas como la nuestra, no pueden “casarse” con los intereses de una potencia si quieren mantenerse vivos deben, hacer valer su importancia estratégica manteniendo buenas relaciones con todos, pero colocando eso sí los intereses nacionales en primer plano. En este sentido hay que revalorar las políticas económicas y comerciales del país ubicándolas dentro de las posibilidades que genera el nuevo contexto regional y mundial. En particular la posibilidad de hacer alianzas comerciales, con países como México, Colombia y Centro América para rediseñar la comercialización café arábica internamente y en el mercado mundial emergente.

En síntesis

Se trata de rescatar los logros y limitaciones que ha tenido esta experiencia parcial de descentralización organizada regional, para trazar e incorporar líneas de cambio institucional que hayan demostrado arraigo en la experiencia nacional, así como invitar al movimiento cooperativo, comunal y popular en general a impulsar un proyecto de transformación nacional impulsado por las organizaciones del sector agrario que genere esperanza, control sobre la gestión pública, moral y unidad internamente y regionalmente frente al populismo y el crimen organizado.

Objetivos para un documental histórico que impulse la reflexión y el estudio sobre lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo, estimulando la organización de las fuerzas políticas, regionales y nacionales en primer lugar y posteriormente latinoamericanas con arraigo en la nueva coyuntura internacional.

1) Describir logros de la gestión local impulsada por las comunidades en los todos los cantones que rodean a la zona de los Santos a partir de 1950.

2) Describir las limitaciones que ha tenido este tipo de descentralización restringida a lo productivo y económico para a una buena gestión integral de la región.

3) Que aspectos de modelo de gestión local de Los Santos pueden contribuir a configurar un modelo de descentralización que confluya, progresivamente, partiendo de las regiones cafetaleras en un modelo descentralizado nacional, que abra un sendero al desarrollo nacional, con raíces en su cultura básica. Un modelo que ha logrado industrializarse y exportar producto terminado; generar combustible y fertilizante con energías limpias. Que ha evidenciado la necesidad de reformar el modelo de aseguramiento, póliza y pensión del agricultor y su familia que estimule el empalme de integración generacional.

4) Importancia de la geopolítica para destacar los intereses nacionales y regionales presentando la región como ejemplo para organización de los sectores cafetaleros y campesinos latinoamericanos.

5) Contribuir a aglutinar y dinamizar, alrededor de un proyecto nacional y regional, a las fuerzas nacionales que hoy se encuentran desorientadas.

ISFODE destaca aumento en apoyo ciudadano a la democracia en América Latina

El Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE) presentó un informe sobre la «Resistencia sindical por la democracia», donde destaca una reciente recuperación en el apoyo ciudadano hacia los sistemas democráticos en América Latina, tras años de deterioro en la confianza institucional.

Según el documento, el apoyo a la democracia en la región experimentó fluctuaciones significativas, alcanzando un punto bajo del 48% en 2018, nivel que se mantuvo hasta 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una tendencia positiva que indica una recuperación en la confianza hacia el sistema democrático como alternativa de gobierno.

A pesar de esta tendencia favorable, el ISFODE señala que la región continúa enfrentando problemas estructurales y políticos que afectan la calidad de sus democracias. Entre estos desafíos se encuentran el manejo político de la mentira como estrategia, la corrupción, el narcotráfico, el personalismo y la permanencia en el poder más allá de las reglas establecidas.

En el caso específico de Costa Rica, el informe identifica problemáticas que debilitan la legitimidad del sistema democrático: el crecimiento de la polarización política, la desconfianza hacia los partidos políticos, la desinformación en redes sociales, el aumento del crimen organizado, la violencia y la desigualdad social.

El ISFODE advierte que la próxima campaña electoral costarricense podría poner de manifiesto la manipulación de las clases trabajadoras, «que ya no saben qué es verdad y qué es mentira pero que siguen ciegamente el discurso de odio y polarización».

Como respuesta a este contexto, el instituto propone diversas estrategias para fortalecer la democracia desde el movimiento sindical:

  1. Promover el reagrupamiento de organizaciones sindicales y populares.

  2. Fomentar instancias de coordinación abiertas, menos personalistas y burocráticas, y más flexibles.

  3. Establecer coordinadores regionales bajo criterios geo-económicos y culturales (América del Norte, Centroamérica, Andina y Cono Sur).

  4. Operar bajo criterios de composición plurales, proponiendo alianzas estratégicas.

  5. Incluir en estas alianzas a fuerzas de estudiantes, universidades, pueblos indígenas, grupos femeninos, personas con discapacidad, personas jubiladas y migrantes.

  6. Fomentar la comunicación moderna mediante internet, redes sociales de apoyo y trabajo virtual.

El documento concluye que la resistencia sindical y la resistencia democrática están interrelacionadas y son fundamentales para el desarrollo y la estabilidad de la región. Además, subraya que, en el caso costarricense, si bien la tradición democrática y la estabilidad de sus procesos electorales constituyen fortalezas, es necesario gestionar las tensiones derivadas de la polarización política y otros problemas estructurales.

El ISFODE enfatiza que resulta esencial que los actores sociales y políticos trabajen conjuntamente para enfrentar los desafíos y fortalecer tanto las instituciones democráticas como las sindicales.

Imagen con fines ilustrativos.

El gobernante ignorante

Marco Tulio Araya Barboza

Había una vez un gobernante que juraba que su país era el más feliz y próspero del mundo porque cuando viajaba en tren, observaba por la ventana, las casitas bien pintadas y la gente saludándolo con alegría.

Lo que el gobernante no se sabía, es que un grupo de sus seguidores, montaban las fachadas del pueblo por donde iba a pasar y pagaba a la gente para que lo saludara, para hacerle creer que todo andaba bien. Una vez que el gobernante pasaba, se adelantaban y hacían lo mismo en otro y en otro pueblo, de tal manera que el gobernante siempre miraba felicidad y bienestar en toda la nación.

Rodrigo Chaves, al igual que ese gobernante, ignora mucha de la realidad de la Costa Rica que gobierna. Lo engañan los expertos en mercadeo político, lo engañan sus seguidores fanatizados y se engaña solo. Los troles pagados son los que pintan las fachadas de los pueblos prósperos y de gente alegre, en las redes sociales y en los medios comprados.

La Costa Rica, que no conoce, la que no tiene fachadas, es orgullosa de su paz, de su democracia, es de costumbres sencillas y valores profundos como el respeto, la solidaridad, el buen trato… es una Costa Rica desigual, con gente viviendo en pobreza, pero con ganas de luchar.

Rodrigo Chaves y su grupo de expertos, aprovecharon el malestar y la impotencia de la gente ante la corrupción y la impunidad que gozan sectores políticos y económicos tradicionales, recogen esa frustración y utilizan la estrategia de aparecer como el líder fuerte, valiente, confrontativo, justiciero… el que se va a comprar todas las broncas y va a vengar todas las injusticias.

Pero esa imagen se aleja del ser costarricense porque en lugar de paz, genera violencia con su forma de hablar y tratar a los demás. No dialoga, no soluciona, impone. Golpea la democracia burlándose de las instituciones del Estado. Amenaza y humillan a los ganaderos y agricultores, desconoce las carencias y luchas de la gente en los campos, sueña con grupos militares y con un ejército. Le quita el valor y el presupuesto a la cultura, a las artes, a la música. Quiere desmantelar la educación y el seguro social, insiste en vender el Banco de Costa Rica… ese es el tren por el que transita el presidente Chaves y cree que está haciendo las cosas bien, por las fachadas de reverencias y aplausos que observa en cada visita.

El presidente Chaves no acepta que está equivocado, que no es “pura vida” y que la mayoría de la gente rechaza esa manera de gobernar. El problema es que está envuelto en esa estrategia de mercadeo, que no le permite reconocer el error pues sería señal de debilidad y porque cree que está en el camino correcto por los aplausos que recibe de los aduladores y serviles, que lo tienen rodeado y que le colocan fachadas que ocultan la realidad en la que vive la gente.