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Etiqueta: corrupción

Unión Sindical de la CCSS exige destitución de presidenta de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

La Unión Sindical de la CCSS, tras las consecutivas denuncias de mal uso de los fondos públicos en el caso que se investiga de presunto aumento irregular de contratación a cooperativas, expresa su complacencia hacia la Fiscalía por la detención de integrantes de la junta directiva de la Caja que participaron en la toma de decisión.

“Estas acciones afectan los fondos públicos que deben ser priorizados para la atención de los asegurados” señala la Unión Sindical de la CCSS, además de ser una actuación irresponsable, por parte de los directivos.

Exigen al presidente de la República que destituya a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel. 

Denuncias sindicales contra la jerarquía de la CCSS por adjudicaciones irregulares rinden frutos

Escrito en . Publicado en Trabajo.

En el transcurso de los últimos meses, distintos sindicatos y organizaciones, como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), y el Sindicato Nacional de Enfermería Afines han presentado denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República (CGR) contra la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presuntas adjudicaciones irregulares. Las acusaciones señalan que la junta favoreció contratos a cooperativas de salud mediante procesos que carecen de transparencia y con sobreprecios significativos.

Denuncias principales:

  1. ANEP: En mayo de 2024, ANEP presentó una denuncia ante la CGR, alertando sobre un sobreprecio en la adjudicación de la Licitación Mayor, que pretendía contratar los servicios de salud para 10 áreas de salud por un monto que excede los 210 mil millones de colones​. Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP, destacó que los precios adjudicados sobrepasan en un 60% las ofertas razonables, lo que podría haber sido suficiente para financiar 3 o 4 áreas de salud nuevas​.
  2. UNDECA: Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, en septiembre de 2024 presentó otra denuncia relacionada con un contrato de 4.000 millones de colones mensuales, destinado a beneficiar a cuatro cooperativas y a la empresa ASEMECO por un periodo de 10 años​. UNDECA sostiene que varios miembros de la junta directiva, incluida la presidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y María Isabel Camareno Camareno, tienen conflictos de interés, lo que cuestiona la legalidad del proceso​. Esa acción de UNDECA se suma a denuncias presentadas en abril del 2024.
  3. SINAE AFINES:  Lenin Hernández Navas, secretario general de SINAE AFINES, destacó los allanamientos realizados por la Fiscalía, señalando que las pruebas técnicas y legales presentadas respaldan la denuncia interpuesta en agosto de 2024. Según Hernández, este avance representa un paso importante en el proceso de investigación sobre las adjudicaciones irregulares en la CCSS.

Las denuncias se centran en la supuesta manipulación de informes técnicos y el establecimiento de un equipo técnico ad hoc para justificar los sobrecostos, lo cual ahora se investiga. Según ANEP, la junta directiva, liderada por Marta Esquivel, aprobó adjudicaciones a cooperativas con precios inflados sin considerar los criterios del Área de Costos de la CCSS​. También se señala que la representante del sector estatal, María Isabel Camareno, participó en la decisión a pesar de su vínculo con el sector cooperativo, lo cual viola las leyes de contratación pública​.

UNDECA, por su parte, destaca que la junta ignoró las advertencias de expertos que recomendaban declarar infructuosa la licitación debido a los costos elevados, y procedió con la adjudicación​.

Actualmente, la Fiscalía y la CGR han iniciado investigaciones para esclarecer las denuncias. Tanto ANEP, como UNDECA y SINAE Afines exigen que se protejan los fondos públicos y que los funcionarios responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes. Mientras tanto, las organizaciones sindicales se mantendrán vigilantes sobre el desarrollo de las investigaciones y continuarán denunciando actos que consideren perjudiciales para la seguridad social del país​.

Lenin Hernández critica a Esquivel y al gobierno por no atender las prioridades en la CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Lenin Hernández Navas, secretario general del sindicato SINAE AFINES, ha lanzado duras críticas contra Marta Esquivel, quien había presentado una iniciativa relacionada con la política de género institucional en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esquivel anunció la implementación de ropa hospitalaria específica para mujeres, compuesta por pantalones y blusas, lo cual fue calificado por Hernández Navas como una “distracción de los problemas realmente importantes que enfrentan los costarricenses”.

En su respuesta, Hernández Navas instó a Esquivel a enfocarse en lo urgente y relevante, señalando que los problemas de salud pública, como el cáncer y las listas de espera para procedimientos quirúrgicos, son cuestiones que exigen atención inmediata. El líder sindical subrayó la gravedad de la situación del cáncer en Costa Rica, destacando que anualmente se detectan 13,000 casos nuevos de diferentes tipos de cáncer y que 5,700 personas mueren a causa de esta enfermedad. Además, criticó la cantidad insuficiente de mamografías realizadas en la CCSS, mencionando que por cada 76 mamografías, una mujer fallece, lo que muestra un claro déficit en la prevención y el tratamiento de enfermedades graves.

Hernández Navas también abordó el alarmante aumento en las listas de espera desde que Esquivel asumió su cargo. El dirigente señala que la lista de espera para procedimientos quirúrgicos ha crecido en 19,000 personas, sumando un total de 188,600 personas que esperan atención médica. En los últimos cuatro meses, más de 2,000 personas adicionales se han sumado a estas listas, lo que ha generado una crisis en la atención de salud, que Hernández Navas califica como una situación de “listas de muerte” debido a la irresponsabilidad de Esquivel.

Además de responsabilizar a Esquivel, Hernández Navas acusó al presidente de la República de protegerla y no tomar medidas efectivas para resolver los problemas dentro de la CCSS. En su opinión, el presidente no solo es parte del problema, sino que también ha permitido que la corrupción dentro de la Caja siga proliferando. Para Hernández Navas, tanto Esquivel como el presidente son responsables de una situación que pone en riesgo la vida y la salud de miles de costarricenses.

Denuncia contra presunto nombramiento ilegal de directivo de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos.

El 11 de septiembre del 2024 se presentó una denuncia contra Jorge Porras López, directivo de la CCSS, y a los miembros del Consejo de Gobierno que participaron en su voto de nombramiento a la Procuraduría de la Ética Pública, la cual tiene la función de prevenir la corrupción, e incrementar la transparencia en los cargos públicos, por parte de Martha Elena Rodríguez, directiva representante de los trabajadores del sector Laboral-Sindical.

Esta denuncia se debe a que presuntamente el señor Porras López es trabajador del Banco Nacional, lo cual infringe el artículo séptimo, inciso b, de la Ley Constitutiva de la CCSS , que prohíbe nombrar funcionarios de cualquier banco, de acuerdo a su marco como Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

En virtud de la importancia que tiene que los nombramientos estén a debido derecho, por temas de anticorrupción y transparencia, se le solicita en esta denuncia a la Procuraduría agilidad para determinar si en efecto se ha violentado este artículo, y llevar a cabo la acción penal necesaria.

Se adjunta abajo la denuncia en su totalidad, detallando el marco jurídico de esta:

San José, 11 de septiembre 2024

Licenciado

José Armando López Baltodano 

Procurador Director del Área de la Ética Pública.

S.D.

ASUNTO: DENUNCIA CONTRA JORGE PORRAS LÓPEZ DIRECTIVO ACTUAL DE LA CCSS REPRESENTANTE DEL ESTADO Y CONTRA EL CONSEJO DE GOBIERNO POR PRESUMIBLE NOMBRAMIENTO ILEGAL.

La suscrita, MARTHA ELENA RODRIGUEZ GONZALEZ, cédula 2-0343-0472, mayor, casada, vecina de San Ramón de Alajuela, Directiva titular representante de los trabajadores Sector Laboral-Sindical, en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, presento formal denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública,  contra el señor JORGE PORRAS LÓPEZ, cédula 5- 0239- 0638 Directivo actual  de la CCSS en carácter de representante estatal y contra los miembros del CONSEJO DE GOBIERNO que participaron con su voto en el nombramiento ilegal del señor Porras López como Directivo de la CCSS, tanto en la Sesión Nº 40  Artículos 3 y 3.1 celebrada el día 8 de febrero de 2023 ( ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD)  como en  la Sesión Nº79 Artículo 3 celebrada el 8 de noviembre 2023 ( ACUERDO FIRME  POR MAYORÍA CALIFICADA ).

Acudo a esa instancia pública, considerando que la competencia de la Procuraduría de la Ética Pública, está encaminada a realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública, por actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de éste, en las materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública (artículos 3,inciso h; 7 inciso r) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

HECHOS Y FUNDAMENTO LEGAL QUE SUSTENTAN LA DENUNCIA

PRIMERO: El señor Jorge Porras López en apariencia es funcionario del Banco Nacional de Costa Rica desde el año 2007: Desde esa fecha a la actualidad, ha desempeñado diferentes cargos en esa Institución Autónoma. Actualmente desempeña el cargo de Técnico Profesional Banca de Consumo.  

(Prueba: se está solicitando a esa Procuraduría gestionar certificación que lo acredite)

SEGUNDO: El Consejo de Gobierno en la Sesión Nº 40 celebrada el día 8 de febrero de 2023, Artículo 3 y 3.1 nombró en el cargo de Director pro tempore en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social al señor Porras López, en esa oportunidad, como representante del sector solidarista cuyo nombramiento rige a partir de la fecha indicada.  

En ese primer nombramiento, el  señor Porras López, fue nombrado  directivo en la Caja Costarricense de Seguro Social de manera provisional, en sustitución de la  directiva titular del sector solidarista de la CCSS, Maritza Jiménez Aguilar , separada de su cargo mediante una medida cautelar ordenada por el mismo Consejo de Gobierno por haber concurrido con su voto al pago salarial del aumento 2020 al personal de la CCSS (Sesión Nº33 del 7 de diciembre de 202, Expediente Procedimiento Administrativo Nº PR-SCG-OD-006-2022).

La titular, señora Maritza Jiménez Aguilar, fue restituida en su cargo por la Sala Constitucional mediante Resolución Nº.2023-018697 de las 14:20 horas del 28 de junio del 2023 que anuló la medida cautelar y en consecuencia el nombramiento pro tempore del señor Porras López fue anulado.

(Prueba: link actas del Consejo de Gobierno https://www.presidencia.go.cr/transparencia/actas-y-acuerdos)

TERCERO: El Consejo de Gobierno en la Sesión Ordinaria Nº79 celebrada el 8 de noviembre de 2023, Artículo 3, procede a nombrar por segunda vez al señor Porras López, directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero en esta oportunidad como representante del Estado.

Consta en la citada Acta de Consejo de Gobierno, que fue juramentado el mismo día según Artículo 8 de la  misma sesión.

(Prueba: link actas del Consejo de Gobierno https://www.presidencia.go.cr/transparencia/actas-y-acuerdos)

CUARTO: Los días jueves que sesiona la Junta Directiva en horas hábiles, el señor Porras López, asiste y eventualmente se dice que tiene permiso del Banco para asistir, pero queda la duda si está recibiendo en caso de ser empleado del Banco Nacional salario y dieta de manera concomitante.

QUINTO: La Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley Nº17 de octubre de 1943, regula la integración de la Junta Directiva, Órgano Supremo y los requisitos de cada uno de los directores y además las causales de impedimento.

Particularmente, en lo que aquí interesa, el artículo 7 dispone lo siguiente:

“Artículo 7º.- Regirán respecto de dicha Junta, las siguientes disposiciones:

  1. a) …
  2. b) No podrán formar parte de ella:

1.- …

2.- Los directores, gerentes, subgerentes, personeros, empleados o dueños de la mayoría de las acciones de algún banco…”

Esta norma establece una restricción, que impide a cualquier funcionario de algún Banco – desde los empleados contratados en régimen laboral o de empleo público hasta los miembros de las Juntas Directivas de los bancos- ser directores del Órgano Supremo de Gobierno de la Caja Costarricense de Seguro Social.

La prohibición que establece la norma es absoluta, limitando que puedan ejercer el cargo de miembros de la Junta Directiva a cualquier empleado, funcionario o miembro de la junta directiva de un banco.

Los nombramientos del señor Porras López realizados por el Consejo de Gobierno en las Sesiones Nº 40  y N° 79 reseñadas en los Hechos Segundo  y Tercero de este documento, de ser cierto que es funcionario del Banco Nacional actualmente y directivo de la CCSS, podrían violentar de manera manifiesta y evidente la prohibición que ordena la norma anteriormente citada, en virtud de que el señor Porras López es empleado regular del Banco Nacional de Costa Rica, que si se toma en consideración que el Banco Nacional, es un Banco del Sistema Bancario Nacional de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 de  la Ley Nº1644 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

En  consecuencia, si la investigación arroja que es un empleado del citado Banco, resultaría en un nombramiento insólito e ilegal, realizado  no en una, sino en dos ocasiones distintas, por el Consejo de Gobierno para designar al señor Porras López, quien actualmente se encuentra ostentando el cargo en la Junta Directiva de la CCSS.

No obstante que la norma anteriormente citada, de manera inequívoca, establece una prohibición de carácter absoluto y una restricción, por lo que el nombramiento actual del señor López Porras como directivo de la CCSS, podría ser un nombramiento espurio, ilegal que no puede tener ninguna otra explicación que no sea el de un favorecimiento ilícito, constitutivo aparentemente de un tráfico de influencias.

A los hechos y  fundamento legal citado, se sumaría la probable trasgresión al deber de probidad establecida en la Ley Nº8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública,  que  se materializa con  los acuerdos dictados por el Consejo de Gobierno que le da eficacia al nombramiento  ilegal del señor Porras López, como directivo de la CCSS, en lo que resultaría en una  flagrante violación del ordenamiento jurídico y  norma expresa establecidas por el legislador en la Ley Constitutiva de la CCSS para garantizar la transparencia y evitar el  aprovechamiento del poder, que trae consigo ciertos cargos en la función pública con potestad decisoria, que en esa condición, son aprovechadas para la comisión de presumibles actos ilícitos, que transgreden la probidad y podrían ser un “ tráfico de influencias”  por el conflicto de intereses que provocan, en  flagrante violación del ordenamiento jurídico y  norma expresa.

La Procuraduría General de la República, ha señalado:

“…En síntesis…las restricciones así previstas resultan, por consiguiente, legítimas en el tanto evitan los conflictos de intereses y garantizan la imparcialidad en el ejercicio de la función pública, como así tuvo ocasión de afirmarlo la Sala Constitucional en relación precisamente con el artículo bajo estudio al analizar su constitucionalidad en la resolución N° 2276-96, de las 14:54 horas del 15 de mayo de 1996…” (Procuraduría General de la República, OJ-066-2007 del 19 de julio de 2007). (Lo destacado es propio).

“…Los requisitos de elegibilidad implican que quienes no reúnan las condiciones que la ley establece para acceder al puesto, están imposibilitados para ser nombrados en él. Implícitamente la enumeración de esas condiciones opera como una condición de inelegibilidad. Pero estas últimas también pueden ser expresas y se dan en los supuestos en que la ley expresamente señala que no pueden acceder a los cargos públicos quienes se encuentren en las situaciones jurídicas que ella enumera. Asimismo, el legislador puede establecer que el puesto resulta incompatible con el desempeño de determinadas actividades públicas…ello necesariamente se engarza, a su vez, con el deber de probidad, que constituye un deber ya no sólo de carácter ético, sino también legal, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, toda vez que se encuentra consagrado  expresamente en el artículo 3° de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N° 8422 del 6 de octubre del 2004)[2] y cuya violación se constituye en causal para separación del cargo sin responsabilidad patronal (artículo 4° iusibídem). (Procuraduría General de la República, Dictamen C-153-2008 del 8 de mayo de 2008). (Lo destacado es propio)

 La Contraloría General de la República, en el desarrollo de su jurisprudencia administrativa ha dispuesto:

“…los miembros de la junta directiva se consideran servidores o funcionarios públicos, por lo que les alcanza la normativa aplicable en los supuestos de prohibición e impedimentos en lo que les resulta aplicable…” (Contraloría General de la República, Dictamen de la Dirección Jurídica DJ-3257-2010 del 17 de agosto, 2010). (Lo destacado es propio.)

La jurisprudencia copiada, concierne  al caso concreto,  por existencia de   normativa expresa vigente, que regula la prohibición de que un empleado bancario sea integrante de la Junta Directiva de la CCSS, considerando  que inicialmente fue nombrado por el Consejo de Gobierno representante del sector solidarista y que actualmente en la Junta Directiva de la CCSS representa al sector gobierno,  todas acciones que en grado de causalidad podrían constituir violaciones al deber de probidad en el cargo público, nombramiento ilegal y tráfico de influencias,  tanto de los integrantes del Consejo de Gobierno que han participado en el nombramiento presuntamente ilegal, como personalmente del directivo Jorge Porras López.

Señala la Ley Nº 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública:

Artículo 1º–Fines. Los fines de la presente Ley serán prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública.

Artículo 3º–Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.

Artículo 4º–Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.

Artículo 52.-Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal…”

“Artículo 59.-Inhabilitación. A quien incurra en los delitos señalados en esta Ley, además de la pena principal, se le podrá inhabilitar para el desempeño de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerza, incluso los de elección popular, por un período de uno a diez años. Igual pena podrá imponerse a quienes se tengan como coautores o cómplices de este delito.”

El expediente de la Asamblea Legislativa Nº13.715 correspondió al Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, del cual se extrae el espíritu que inspiró la actual Ley Nº 8422 citada:

“.éste proyecto de ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito es un avance importante para colocar nuestra legislación en condiciones de combatir con mayor eficacia y presteza, el cáncer de la corrupción…” “…se regula de una forma más rigurosa delitos como el tráfico de influencias, ….el incumplimiento de prohibiciones para ocupar cargos…Este proyecto amplía la lista existente de faltas administrativas por parte de los funcionarios públicos, detallando aspectos como la realización de actos a favor de terceros, que comprometen la imparcialidad y que permitan un conflicto de intereses a la recepción de cualquier tipo de beneficio personal para ellos …” ( Folios 1171 y  4368 Expediente  de la Asamblea Legislativa Nº13.715)

La Procuraduría General de la República, en su labor técnica consultiva, también ha desarrollado jurisprudencia administrativa, que enmarca claramente los principios y postulados de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (Ley Nº8422):

“… En consecuencia, si está llamado a proteger y a defender el interés público y el interés de la institución a la cual sirve. no puede prevalecerse indebidamente de su posición dentro de la Administración Pública para favorecer sus intereses a nivel personal o familiar.” (Opinión Jurídica N° OJ-006-2007 del 29 de enero de 2007)

“…El deber de probidad obliga a no colocarse en ninguna situación que genere conflicto de intereses…” (Dictamen N° C-429-2005 del 12 de diciembre de 2005). (Lo destacado es propio)

Esta normativa, responde al deber del funcionario público estatuido en el numeral 11 de la Constitución Política, de actuar como simples depositarios de la autoridad conferida, sin arrogarse facultades no conferidas, con sometimiento estricto a rendición de cuentas y la consecuente responsabilidad personal de sus actos

FUNDAMENTO NORMATIVO

Me fundamento para la presente denuncia, en todo el elenco normativo citado: Constitución Política, Ley Constitutiva de la CCSS, artículo 7 inciso b), Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y de esa Procuraduría.

PRETENSIÓN

Con base en los hechos y fundamento legal expuesto, comparezco a interponer esta denuncia, para que se investigue si el señor Jorge Porras López y los miembros del Consejo de Gobierno que participaron con su voto en el nombramiento como Directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, violentó el ordenamiento jurídico, por lo cual solicito:

1.- Que esa Procuraduría de la Ética, de conformidad con las competencias legales que le asisten, realice la investigación pertinente, y en caso de determinarse que efectivamente es empleado del Banco Nacional el señor Jorge Arturo Porras López y los miembros del Consejo de Gobierno que participaron con su voto en el nombramiento del señor Porras López, como Directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que representó al sector solidarista parte del año 2023 y que actualmente funge como representante del Poder Ejecutivo en esa Junta Directiva.

2.- Que, de verificarse la comisión de actos ilícitos vinculados con el ejercicio del cargo de las personas acusadas, se proceda a presentar la debida denuncia ante el Ministerio Público para exigir responsabilidad penal por sus actuaciones. 

PRUEBA DOCUMENTAL QUE SE APORTA:

  1.   Acta del Consejo de Gobierno celebrada Nº 40 celebrada el 8 de febrero de 2023, que puede ser accesible  mediante el link: https://www.presidencia.go.cr/transparencia/actas-y-acuerdos
  1. Acta del Consejo de Gobierno  Nº 79 celebrada el día 8 de noviembre del 2023, Artículo 3, que puede ser accesible mediante el link: https://www.presidencia.go.cr/transparencia/actas-y-acuerdos
  2.   Foto de los emails de las convocatorias a las sesiones de Junta Directiva de la CCSS medio por cual nos remiten información, donde se observa que el email del señor Porras López supuestamente utiliza el correo del Banco Nacional. jporrasl@bncr.fi.cr

PRUEBA QUE SE SOLICITA DILIGENCIAR:

  1.   Se solicita a la Procuraduría de la Ética diligenciar ante la Gerencia General del Banco Nacional de Costa Rica, certificación de la fecha de ingreso del Sr. Jorge Porras López al Banco Nacional de Costa Rica, nombramientos que ha disfrutado y cargo actual que desempeña.

NOTIFICACIONES:

Las atenderé para el seguimiento de la denuncia presentada en  la dirección de correo electrónico:   martaerg@gmail.com

En caso de requerirse, se aporta el lugar donde pueden ser localizados los denunciados en el siguiente orden:

  •         El señor Jorge Porras López, en la Sala de Sesiones de Junta Directiva de la CCSS ubicada en las Oficinas Centrales de la CCSS, Avenida segunda.
  •         Los integrantes del Consejo de Gobierno, podrán ser localizados en Zapote, sede de la Casa Presidencial, 2do piso, Oficina de la Secretaría del Consejo de Gobierno.

Agradeciendo su atención,

Martha Elena Rodríguez González, Directora

Junta Directiva Caja Costarricense de Seguro Social

Cédula 2-0343-0472

Sin educación no se puede enfrentar al narcotráfico

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

¿Puede el narcotráfico tomar los gobiernos de América Latina? ¿Los gobiernos tienen las herramientas para combatir esta problemática? Prisma Latinoamérica, expande el tema sobre la problemática del narcotráfico. 

El narcotráfico no es únicamente un problema de seguridad, es un problema que tiene raíces en el sistema político. Especialmente en el centralismo, lo que trae como consecuencia un acceso limitado a oportunidades y recursos materiales por parte de un grupo de la población.  Se genera una exclusión social, que limita las oportunidades de trabajo, viendo como única solución el narcotráfico.

El narcotráfico es una empresa descentralizada, con una gran cantidad de recursos. Es una actividad delictiva, que se alimenta de diversas fuentes. Con gobiernos llenos de corrupción, permite en algunos casos que el narcotráfico entre a los gobiernos centrales y cometer sus actos delictivos.

La mejor manera para combatir es la capacitación y la educación hacia las personas que entran en esta alternativa, al no tener oportunidades para desarrollarse. Con una reforma de educación adecuada, que abarque a toda la población, integrando los diferentes grupos sociales y de edades distintas, proporcionando procesos de capacitación organizacional. Es la mejor manera para tomar medidas contra el narcotráfico. 

Para expandir el entendimiento del tema, se le invita a ver el siguiente video:

Supervivencia en una burbuja de ignorancia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore

No es una tarea nada fácil. Con el paso del tiempo, la sabiduría de nuestros antepasados al no enviar a sus hijos a ser educados bajo el sistema educativo poscolonial español demuestra haber sido una decisión acertada.

Como alternativa, financiaron sus propias escuelas privadas de inglés, que utilizaban los mismos libros de texto Royal Reader utilizados para educar a los niños en Gran Bretaña, en lugar de los Paco y Lola utilizados por los nativos.

Mientras que el sistema británico se centraba en la lectura, la ortografía, la comprensión y la resumición; Paco y Lola se centró principalmente en la lectura y la escritura (gramática).

Creando así una burbuja de ignorancia, una sociedad donde la comprensión lectora es un recurso escaso y el privilegio de unos pocos; lo que lo convierte en un comportamiento normal, que de por sí desalienta el interés por la investigación para escapar de la burbuja de la ignorancia.

A diario criticamos la corrupción de funcionarios públicos, que piden dádivas por el cumplimiento de sus deberes, o de quienes lo ejercen en supuesto beneficio propio en lugar del bien común. Pero ninguno de ellos nació torcido, sino, como un bebé bonito con esperanzas positivas.

La transformación de los políticos y empleados gubernamentales se da dentro de la susodicha burbuja, y al escalar posiciones se escapan y al operar fuera de la misma, se aprovechan a voluntad de los que aún permanecen adentro.

Llevándolos a la corrupción, gestión en beneficio propio y el de sus más allegados. Desde un permiso de construcción hasta contratos de concesiones por obras públicas multimillonarias.

De allí los calificativos de «ser un pueblo domesticado» y la «dictadura en democracia».

¿Cuarenta años de qué?

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

En un artículo recientemente publicado en La Revista, por Alfonso Chase sobre el libro “La educación en Costa Rica” del distinguido historiador y colega Iván Jiménez se nos recuerda que el 11 de agosto se cumplieron cuarenta años de la reestructuración del gabinete por el presidente Luis Alberto Monge, y con ello, el ingreso del Lic. Eduardo Lizano Faith a la Presidencia del Banco Central de Costa Rica y Benjamín Piza como ministro de Seguridad, hecho que marca un hito importante en la Historia de Costa Rica. Como bien lo señala don Iván, aquellos cambios fueron el producto de las presiones recibidas por Monge Álvarez desde muy diversas trincheras: la oposición legislativa, la prensa, las cámaras patronales, la propia Embajada de los Estados Unidos y la representación de la AID del gobierno de ese país.

Entonces yo era diputado de la Coalición Unidad y en el mes de mayo de aquel año había terminado mi periodo como jefe de Fracción, por lo que esos hechos los viví y vi en primera fila. No voy a entrar aquí en los detalles de aquella movida ministerial, que puso a don Luis Alberto Monge bajo el alero de la política internacional de USA contra los sandinistas nicaragüenses, gracias la actitud “generosa” del gobierno y su nuevo Ministro de Seguridad, que nunca vieron los movimientos de la llamada “Contra” en la zona norte o la apertura del aeropuerto clandestino en Murciélago todo financiado por orden de Mr. Ronald Reagan a través de la llamada “Iráncontras” , una red de narcotráfico desde Colombia hasta Irán coordinada por la CIA y que abrió el camino de la droga en Costa Rica, que financiará la candidatura de Oscar Arias, como ha sido reconocido por él mismo. Monge y su gobierno, por su parte, fue premiado con todo tipo de ayudas y créditos para solventar la crisis de los años 80, que distribuidos en. diferentes momentos del cuatrienio daría un promedio aproximado de un millón de dólares diarios.

Pero lo que aquí nos interesa destacar es que la implementación de todo lo concerniente a la globalización y el famoso Consenso de Washington, llegó de la mano de Lizano Faith y a la labor realizada por varios de sus discípulos que también ocuparon las sillas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, como por ejemplo Jorge Guardia, Thelmo Vargas, Fernando Naranjo, y casi todos los que, desde entonces, han estado en esos cargo, pero especialmente debo mencionar a Francisco de Paula Gutiérrez G. (QdDg), quien además de lo señalado, tuvo un exitoso paso por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en aspectos como el control y disminución de la inflación, por ejemplo.

Pero aquí nos interesa señalar, al igual que don Iván Jiménez, como la llegada de don Eduardo Lizano al Banco Central marcó un cambio de época y de mentalidad a la hora de gobernar este país. Por su influencia en el Banco Central, las aulas universitarias, la Academia Centroamericana o en Consejeros Económicos y Financieros CEFSA, los medios de comunicación o sus libros y su cercanía a políticos como Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres o Miguel Ángel Rodríguez, no cabe duda que su pensamiento, influencias y acción fueron determinantes para que en Costa Rica los gobernantes, políticos, empresarios y medios de comunicación en general, pero especialmente La Nación y Canal 7, aceptarán sin cortapisas las ideas neoliberales, la implementación de la globalización con todo lo que eso significó no solo en lo económico, sino también en lo político y lo social. A partir de ese momento se impuso en Costa Rica el pensamiento único, pues los medios se encargaron de defender e impulsar como línea editorial las nuevas ideas y la educación empezó también un cambio de rumbo a su servicio.

Recuerdo bien como con aquellos cambios políticos de la administración Monge, se intensificó la presentación en la Asamblea Legislativa de proyectos de ley que impulsaran los procesos de privatización y desregulación, como por ejemplo implementación la venta de las empresas de CODESA, la eliminación de aranceles proteccionistas en las aduanas y la apertura de cuentas corrientes en favor de la banca privada, como una forma tibia de empezar a tocar la nacionalización bancaria, que encontró un furibundo defensor en el diputado Jorge Luis Villanueva Badilla. Con la apertura hacia la globalización empezó un furibundo ataque a lo público, especialmente durante el gobierno de Oscar Arias en el que, en junio de 1989 y financiada por el BIRF o Banco Mundial, se creó la Comisión Consultiva Para la Reforma del Estado (COREC) integrada por ocho profesionales nombrados de común acuerdo por los candidatos del PLN y el PUSC, en lo que sería el primer gran acuerdo del bipartidismo o PLUSC como la gente lo llamará luego.

A partir de aquel momento, con el apoyo del FMI, el BM y la AID fundamentalmente, se reorientó el país hacia la nueva mentalidad globalista, donde había que hacer reverencia al nuevo dios: el dinero y el mercado. Desde entonces se le ofreció al costarricense el oro y el moro, entraríamos en una época de gran crecimiento de la producción, habría más riqueza para repartir y el dinero caería en cascada desde las copas de champagne de los ricos hacia los bolsillos de los pobres, habría más equidad, trabajo, una mejor y mayor acceso a la educación, salud boyante y comida para todos, además de buenas carreteras para correr los carritos, aunque fueran de segunda, comprados a los coreanos a pagos.

Pero también el FMI impuso una política que resultó fatal a la larga, todas las obras de infraestructura como las represas del ICE, acueductos o construcción de carreteras, serían consideradas como un gasto del Estado y no como inversión, que realmente lo eran, lo que trajo serias repercusiones presupuestarias con respecto al gasto público, la construcción de esas obras y el mantenimiento de las existentes cuyos nefastos resultados, advertidos por muchos en ese momento, hoy los estamos vivencio.

Para realizar la apertura hacia las nuevas políticas del mundo globalizado hubo condiciones, entre ellas, había que desmantelar las instituciones públicas y la COREC hizo su propuesta en un librito sobre la reforma del estado publicado en octubre de 1990 que se supuso iba a ser, sino la Biblia, por lo menos el Breviario que debían seguir los políticos, gobernantes y administradores públicos para lograr aquel supuesto milagro. Pero resulta que ni los PAE o planes de ajuste estructural, o los acuerdos firmados con el FMI, ni la venta de las empresas de CODESA y la apertura bancaria, el incremento de la educación privada, ni los intentos de privatización del ICE o el surgimiento de los tratados de libre comercio bilaterales con algunos países y otros ejemplos que se podrían citar, habían logrado que el milagro neoliberal diera los resultados ofrecidos, y algunos índices en salud, educación, vivienda y producción empezaban a hacer agua ya a fines del siglo XX.

Pero el siglo XXI trajo un proyecto que suponían vendría a dar un nuevo y necesario impulso a aquellas ideas de un neoliberalismo y globalización que empezaban a ser cuestionados por algunos sectores académicos e intelectuales a nivel mundial: un tratado de libre comercio con Centro América, Estados Unidos y luego se agregó Republica Dominicana. Y empezó a moverse la maquinaría, los tiquetes de avión y reservas hoteleras cundieron por la movilización de los “negociadores” que iban y venían repartiendo, regalando y embuchando las joyas de la abuela. Mientras tanto, los medios de comunicación en manos de la plutocracia nacional. se encargaban de publicar artículos de opinión, entrevistas y reportajes con esos personajes de la esfera económica y política del país, que de nuevo, no se cansaban se alabar las maravillas que nos esperaban. Como olvidar, por ejemplo, la demagogia exacerbada de Oscar Arias cuando señaló que los costarricenses podrían cambiar el Hyundai por un Mercedes Benz y la bicicleta por una moto, para caricaturizar el progreso que nos traería el TLC, porque que 20 años después, seríamos un país del “primer mundo”. Así en unas amañadas votaciones, donde la mente del costarricense se manipuló de muchas maneras por el gobierno de Arias, la Embajada de los Estados Unidos, la empresa privada y los medios de comunicación, el 7 de octubre fue aprobado el referéndum del TLC por una muy ajustada mayoría, a pesar de que los opositores habían logrado montar una campaña que tocó el corazón del costarricense.

Pasados 40 años desde aquel cambio de mentalidad en los años 80 y casi los veinte ofrecidos por Arias para llegar a un país de primer mundo; cabe que nos preguntemos: ¿cómo estamos, se han cumplido las promesas, o tienen razón los costarricenses de estar enojados, resentidos y frustrados?, veamos algunos ejemplos ilustrativos.

Empecemos con la educación, su calidad y el estado de centros docentes declarados como inhabitables y con orden de cierre del Ministerio de salud, hoy es mucho peor; la Caja Costarricense del Seguro Social daba mejor servicio, las listas de espera eran tan numerosas y de tiempos tan extendidos, la corrupción interna era tan evidente y la deuda del gobierno con ella era de tal magnitud como hoy, definitivamente no; la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y ¿el número de asesinatos en incomparable con los ocurridos hace cuarenta años y se ha incrementado, casualmente, después del 2006? definitivamente sí. ¿Si bien es cierto se ha dado una mayor producción y aumento de la riqueza en el país, hay también una distribución equitativa de ella, que permita una efectiva disminución de la pobreza?, tristemente la respuesta es un no rotundo; hay una capa más delgada de la sociedad que incrementó su riqueza ofensivamente frente a una clase media que disminuye y una de pobreza que aumenta, convirtiéndonos en un país más desigual cada día. Por otra parte, el irrespeto a la legislación laboral, el incumplimiento de normas fundamentales como las jornadas de trabajo o el pago de horas extra, se hace cada día más frecuente y común en muchas empresas, al igual que el impago de las cuotas empresariales a la CCSS, que equivale a que muchas empresas se dejan en sus cuentas los dineros rebajados a los trabajadores, siendo uno de los principales defraudadores de la Caja el propio Estado, acto delictuoso que ha crecido casi exponencialmente en estos cuarenta años. A la par de ello, se produce el incremento de la informalidad, como una realidad objetiva denunciada casi a diario y factor determinante en el aumento de la pobreza.

Mencionemos ahora la aparición de una corrupción galopante unidas a los negocios ilícitos con el Estado, la evasión y elusión fiscal, así como la existencia de un narcotráfico que cada día con más violencia se apodera del país; son realidades objetivas como para pensar con certeza, que todas las ofertas hechas con la globalización y el cambio de mentalidad, fueron frutíferas para unos pocos, muy pocos, y para las grandes mayorías un engaño más.

Por eso, cabe preguntarse cuarenta años después de la incursión neoliberal y veinte de su consolidación con el TLC, con esos y otros resultados negativos contra ese estado social de derecho que nos ha caracterizado y una desigualdad creciente, si esa masa ciudadana que manifiesta su inconformidad con no asistir a las urnas electorales; y si lo hace, es para darle su voto rencoroso a un movimiento sin partido, sin arraigo político y social, sin conocimiento de la historia y la realidad nacional, de nuestros valores democráticos profundos y su institucionalidad. Se debe denunciar que con mentiras o posverdad, han sabido tocar las fibras de ese resentimiento a través de poses populistas sin contenido profundo, pero que lograron polarizar la sociedad costarricense produciendo una división entre malos y buenos, corruptos o impolutos, costarricenses con corona o sin ella, privilegiados o explotados; lo que evidentemente no obedece a una realidad objetiva de nuestra sociedad. Una muy peligrosa división que pone al país en la única “ruta” que ha sabido crear y proponer este gobierno: la del odio, el rencor y, por qué no, hasta la violencia. Cuidado costarricenses, estamos en peligro.

Esa versión maniquea de la sociedad costarricense la ha creado con éxito, no se puede negar, el presidente Rodrigo Chaves y su cuadrilla de “sacerdotes y sacerdotisas” que en los diferentes centros de poder rinden culto, sin cuestionamiento alguno, al sumo sacerdote y oráculo de toda la posverdad del chavismo, inspirada en sus particulares y trastornados humores.

El Cartel de la Toga

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“Ninguna clase social renunciará voluntariamente al ejercicio

del poder” (posiblemente V.I. Lenin lo dijo).

Por Habib Succar Guzmán

¿Patadas de ahogados?

En mi artículo “El manifiesto de los bobos”, aludí al pronunciamiento público de algunos de nuestros expresidentes de la República, quienes se expresaron enérgicamente en contra de la iniciativa del presidente AMLO de reformar el Poder Judicial, con el fin de “limpiarlo de corrupción, separarlo del poder económico de las élites, y permitir su democratización por medio de la elección mediante voto secreto, libre y universal, de jueces, magistrados y ministros”.

En México se llama “ministros” a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 11 integrantes), quienes han sido nombrados siempre a partir de la propuesta del presidente de la República, que el Senado ratifica mediante votación calificada de dos tercios de los senadores presentes. En la actualidad, de las 5 propuestas que ha realizado el presidente AMLO al Senado, con una terna para que los Senadores(as) escojan surgieron José Luis González, Margarita Ríos, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. No obstante, de esas 5 personas escogidas, propuestas por AMLO, solo tres muestran una clara afinidad con las políticas generales del gobierno de AMLO y los dos primeros, González y Ríos, “traicionaron” a AMLO y se unieron a las filas de la oposición. Recordemos que ser de oposición en la SCJN ha significado conformar una mayoría anti AMLO que ha rechazado y desechado muchas de las leyes que el Congreso de la Unión ha aprobado en los últimos 3 años y que la Suprema Corte “ha tumbado”.

Curiosamente, el sistema mexicano permite que, de la propuesta de una terna que envía el presidente al Senado, sino hay una mayoría calificada (porque los partidos no se ponen de acuerdo), obliga al presidente a enviar una nueva terna y de esas 3 personas, la que tenga mayor votación simple queda elegida integrante de la SCJN.

Es decir, con el mecanismo actual de elección de ministros(as) de la Suprema Corte (SCJN), aunque el partido de gobierno no tenga las 2/3 de los votos (mayoría calificada) el mecanismo permite que al final el presidente imponga a la persona que desea nombrar con solo que su partido de gobierno que tiene mayoría simple, vote por esa persona y obtenga el nombramiento y no por mayoría calificada. Con este mecanismo, el presidente AMLO podría nombrar a todos(as) los ministros(as) de la Suprema Corte que le correspondan en su sexenio y que pueden ser hasta 6 o 7 ministros(as) durante el periodo, lo cual, le garantizaría una mayoría en la SCJN de 7 votos necesarios para aprobar todas sus propuestas que hayan sido aprobadas en el Congreso.

Parecería entonces que ante la lógica del poder, no tiene mucho sentido que el presidente AMLO quiera modificar este sistema y se pase a un mecanismo de elección popular mediante voto directo, secreto y universal de los ministros(as) de la SCJN y además, de los(as) magistrados(as) de las demás instancias del Poder Judicial, el Poder Electoral (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE). El presidente AMLO estaría renunciando al ejercicio de una parte importante de su poder en beneficio de una elección más democrática y popular de ministros, jueces y magistrados.

El fin último de esta propuesta de AMLO, incluida en la llamada “Reforma Judicial” que se está tramitando en estos días en el nuevo Congreso de la Unión (Diputados y Senadores 2024-2027), sería que el Poder Judicial sea realmente independiente de los partidos políticos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de los poderes fácticos (oligarcas, empresarios, medios de prensa, banqueros, etc. etc.); y por qué decir “realmente independiente”, por la sencilla razón de que los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, durante las últimas décadas, ha estado sometido al Poder Ejecutivo, a la oligarquía y los poderes fácticos, sobre todo los medios de prensa, que antes incluso ponían presidentes en México, como Televisa.

La Reforma Judicial

En nuestro artículo citado El manifiesto de los bobos mencionamos que algunos de nuestros incautos (¿?) expresidentes de la República que firmaron el oprobioso manifiesto que les redactó una organización de derecha europea dizque a favor de la democracia, dirigida por Kevin Casas Zamora, se manifestaron así: “Rechazamos enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral; como la propuesta del partido oficial Morena, que busca implementar elecciones populares para la selección de estos cargos, haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una Justicia de opinión. Una reforma que implique el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial (…) representa un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden constitucional”, concluyen los 20 expresidentes firmantes del hipócrita libelo.

No me voy a extender aquí en toda la corrupción que impera en el Poder Judicial mexicano y que he señalado con lujo de detalles en otros artículos (Véanse: El poder más corrupto, Guerra en redes y Lawfare, El juico del siglo, la Corte y la prensa, por citar estos 3 artículos, pero hay más). No, el tema de la corrupción del Poder Judicial mexicano ameritaría aquí muchísimas páginas y páginas de fechorías inimaginables cometidas por jueces, magistrados y ministros del sistema judicial mexicano. Otro tanto muy parecido sucede en muchos otros países de Latinoamérica sobre todo, pero el caso mexicano se lleva todas las medallas de oro de una olimpiada de la corrupción y el nepotismo.

Un ejemplo demoledor

En 1994 “Al entonces presidente Ernesto Zedillo no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero de 1995 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, mediante la figura de jubilación inmediata, separar de su cargo a sus 26 ministros. Sucedió en 26 días: el primer mandatario firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, cuya génesis tomó 52 días (del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995).” Entonces, el presidente Zedillo (1994-2000) mandó a jubilar de forma vitalicia a los 26 integrantes de la Suprema Corte de Justicia y volvió a integrar una nueva Corte con tan solo 11 miembros nombrados únicamente por el presidente de la República. “La interpretación generalizada fue: Zedillo no quiere una Corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.” (las citas entre comillas son de la revista Contralínea).

Es notable cómo en aquel entonces, Zedillo obtuvo muy fácilmente la mayoría calificada del Congreso (Diputados y Senadores) mediante acuerdo entre los partidos PRI y PAN, que se suponía eran opositores a muerte desde casi 50 años de enfrentamientos políticos. Pero es que según AMLO el PRIAN (PRI + PAN) ya venía funcionando desde 1988 con el fraude electoral pactado a favor de Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, que fue avalado por el partido de oposición, el PAN, robándole la presidencia al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, efectivo ganador de la contienda electoral de 1988 con una alianza de partidos en el Frente Democrático Nacional (de izquierda). Ante este fraude, los medios de comunicación se apresuraron a legitimar “la elección de Carlos Salinas” ante el “peligro” que significaba Cárdenas.

Ni la oligarquía, ni los empresarios, ni los medios de prensa y sus opinadores, ni toda la nomenklatura del Poder Judicial se quejaron en absoluto del golpe autoritario y anti democrático cometido por Zedillo (llamado también Golpe de estado), con la complicidad de la mayoría calificada del Congreso. “Nadie dijo esta boca es mía”.

Zedillo nombró directamente 2 de 11 ministros, y el Congreso, por unanimidad, nombró a los otros 9 que Zedillo les propuso (los 3 Diputados del PRD se ausentaron de la votación).

No sin razón y con muchísimas pruebas, se afirma que la democracia en México está recién estrenada desde 2018 a partir de la elección de AMLO, porque desde entonces ya no se cometen fraudes electorales desde el gobierno (lo que llaman “una elección de estado”) y solamente han persistido prácticas nefastas de fraudes en algunos estados donde todavía gobierna la oposición a Morena.

Además, AMLO ha mantenido una prudente distancia de la Suprema Corte y no como en gobiernos anteriores, cuando la SCJN estaba sometida al mandato del presidente. Además, durante su sexenio AMLO no ha contado siempre con una mayoría calificada en el Congreso y ha tenido que lidiar con la oposición del PRIAN-RD + MC, pero aún así durante sus primeros 3 años 2018-2021, se lograron varios acuerdos con la oposición y la mayoría calificada para la aprobación de ciertos proyectos de ley y modificaciones constitucionales.

Por otro lado, en artículos anteriores dimos cuenta de cómo el Poder Electoral, básicamente en el Instituto Nacional Electoral, el presidente y la mayoría de los consejeros(as) se comportaban como partido opositor a AMLO y no como un juez imparcial en las contiendas electorales.

En palabras de AMLO, en los sexenios anteriores, básicamente desde 1988 hasta el 2018, lo que tenían en México era una simulación de sistema democrático, porque el cogobierno del PRI + PAN + PRD cubría con máscaras todo el andamiaje institucional, incluyendo en primer lugar el Poder Judicial, arrodillado ante el Poder Ejecutivo. Por ello es una verdadera hipocresía el dicho de la oposición, que repiten los incautos expresidentes de Costa Rica, de que la Reforma Judicial propuesta por AMLO tiende a “debilitar la independencia y autonomía de los jueces” (sic) y que la propuesta de elección popular de los jueces los hará “depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios” (sic), cuando lo cierto es que nunca ha existido esa independencia e imparcialidad del Poder Judicial como un todo.

La peor calificación

“El poder más corrupto” fue el título de un artículo que publicamos sobre el Poder Judicial en México y que ya citamos aquí también. Pero resulta que en las encuestas de opinión entre el pueblo mexicano, el Poder Judicial no solo sale muy mal librado sino que, la propuesta de Reforma Judicial que hizo AMLO ante el Congreso el 5 de febrero de 2024, es ampliamente aceptada por la enorme mayoría del pueblo. Veamos. Sobre la corrupción imperante en el Poder Judicial:

No solo el 61% considera que hay mucha corrupción en la mayoría de funcionarios (jueces, magistrados y ministros) sino que dentro de un 35% adicional se considera que “pocos son corruptos”, pero los hay.

En cuanto a la opinión sobre la forma en que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un abrumador 75% desea que sean elegidos por votación directa del pueblo mexicano y un 21% considera que debe elegirlos el Senado de la República:

En cuanto al control y sanción de la conducta de los jueces, magistrados y ministros, una apabullante mayoría desea que sea un órgano independiente del Poder Judicial, porque actualmente esas funciones las realiza el Consejo de la Judicatura, que es presidido por la misma presidencia de la SCJN, quien se convierte en juez y parte:

El nepotismo

Hay estudios sobre el nepotismo en el Poder Judicial que dejan pasmado a cualquier observador imparcial, con un 26% de jueces, magistrados y ministros que tienen familiares directos trabajando ahí. Hay casos donde se cuentan hasta 76 personas que son familiares directos y que laboran en un mismo despacho o en despachos cercanos. La muy cacareada “carrera judicial” es realmente una máscara para disfrazar el tráfico de influencias y la necesidad de contar con “un padrino/ madrina” que le permita el ascenso o nombramiento a una persona dentro del sistema. Pero no nos vamos a extender en este tema que se suma a la corrupción pura y simple.

El Cartel de la Toga

Así le han venido llamando a la casta judicial que se cubre y defiende entre ellos mismos ante cualquier ataque o cuestionamiento externo al Poder Judicial. Con ello se alude a la delincuencia organizada, sobre todo los carteles de la droga y se establece un parangón de los funcionarios judiciales con estos delincuentes.

El pueblo mexicano sabe que solamente reciben justicia quienes tienen el dinero para pagar por ella. Es decir, la gente adinerada tiene patente o inmunidad para violentar las leyes y cuenta con el sistema judicial para garantizar que no será juzgada y condenada, eso se queda solamente para los pobres que no pueden pagar costosos abogados o jueces corruptos, venales. Los casos de impunidad en delitos graves y homicidios son pasmosos. Los feminicidios usualmente resultan en absoluciones de los culpables. Todo tipo de despojos, atropellos e injusticias se cometen por doquier y no hay quien le garantice imparcialidad o independencia del juez que atiende y resuelve diariamente los asuntos.

Esto es especialmente evidente cuando los involucrados en un proceso judicial son miembros de la élite económica, empresarial, financiera o delincuentes de cuello blanco o de la delincuencia organizada de muy alto perfil, cuyos casos generalmente son resueltos a su favor, aun en contra de todas las pruebas y evidencias aportadas en el proceso. Los tristemente famosos “sabadazos” son aquellas resoluciones que ponen en libertad a esos delincuentes de alto perfil, usualmente narco traficantes o políticos, que son liberados en la madrugada del sábado, porque las Fiscalías no laboran fines de semana sino hasta el lunes y cuando regresan a funciones, ya es tarde para apelar o volver a aprehender a los peligrosos o famosos delincuentes liberados.

Lo más paradójico y escandaloso, y se ha puesto en evidencia en estos días, es cómo la SCJN es la primera instancia donde se violan la Constitución y las leyes, en aras de obtener un fin político o politiquero, que defienda los privilegios de esa casta judicial que ofende con su existencia al pueblo mexicano. Los casos relacionados con el gobierno de AMLO o el mismo trámite actual de la Reforma Judicial en el Congreso harían sonrojar a un estudiante primerizo de Derecho, por la clase de violaciones al sistema jurídico que la SCJN está acuerpando, al extremo de admitir recursos de amparo contra el Congreso para impedirles sesionar y legislar en materia constitucional, algo que está expresamente vedado por diferentes preceptos constitucionales y ordinarios. El descaro de la casta judicial no tienen límite.

Alegan los trabajadores de base del Poder Judicial que serán afectados negativamente con la Reforma Judicial, pero están siendo instrumentados por jueces, magistrados y ministros, cuyos salarios y prestaciones están totalmente fuera de la Constitución y la ley, llevando incluso a miles de trabajadores a sumarse a una huelga general, a la cual, increíblemente, se ha sumado también la SCJN. No hay palabras para describir la desfachatez de los ministros de la Suprema Corte.

En su lucha contra la Reforma Judicial, la derecha mexicana no ha escatimado esfuerzos ni recursos y han acudido a la ONU, la OEA, la CIDH y, desde luego, la prensa internacional a la cual han de pagarle jugosamente para promocionar sus causas en contra de la decencia, la democracia y la justicia pronta y cumplida en el Poder Judicial mexicano.

No me voy a extender con los casos de espanto, pero ya dijimos en otro artículo aquí que México es el único país del mundo donde existen miles de personas privadas de libertad, que acumulan más de 10 y 15 años encarceladas, sin juicio ni condena. Así de ineficiente y corrupto es el Poder Judicial en México y las víctimas más frecuentes y abundantes de estos abusos son las mujeres y los y las indígenas.

La Reforma Judicial va porque va. Claudia Sheinbaum lo dijo y lo repitió mil veces durante la campaña electoral: “pedimos al pueblo que nos de una mayoría calificada en el Congreso (el Plan C de AMLO), para llevar a cabo las reformas constitucionales que nos permitan modificar al Poder Judicial y otras instituciones”, así como variar la legislación para brindar mayor justicia social y protección a los pobres de México. Y el pueblo acudió masivamente a las elecciones y le otorgó a la Coalición Juntos Hacemos Historia la mayoría calificada en el Congreso y una altísima votación del 60% para la presidencia, frente al escuálido 28% que obtuvo la candidata de la derecha que se lanzó en oposición a la candidata Sheinbaum.

5/9/24

Martha Rodríguez González, representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS denuncia ante la clase trabajadora y a la opinión pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Continúa el juicio político, acoso y persecución contra representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS, por haber aprobado legítimo ajuste salarial de 7 mil colones a trabajadores de la Caja.

Martha Rodríguez González, en su calidad de representante de los trabajadores, se dirige con firmeza tanto a la clase obrera como a la opinión pública para exponer una situación que ha venido denunciando de manera constante: la persecución política y el terrorismo de estado del que ha sido víctima. Durante los últimos dos años, Martha ha estado sometida a un proceso que busca, a través de presiones sistemáticas, que renuncie a su cargo. Sin embargo, ella ha resistido en defensa de los intereses de la clase trabajadora y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entendiendo que su labor no solo es un compromiso con los trabajadores, sino también con el pueblo costarricense.

Ahora, enfrentando un nuevo proceso de destitución, Martha reafirma su decisión de no ceder ante las presiones. Su postura es clara: no abandonará su cargo, independientemente de lo que sus opositores puedan pensar o sentir. Para ella, esta batalla es más que una lucha personal; es una defensa colectiva de los derechos de los trabajadores y de la dignidad del movimiento sindical. Su compromiso con la justicia social y la protección de los derechos laborales la impulsa a mantenerse en pie de lucha, resistiendo los embates de aquellos que buscan silenciarla. Con esta convicción, Martha Rodríguez González continúa al frente de la defensa de los trabajadores, segura de que la verdad y la justicia prevalecerán.

Campaña de firmas en apoyo a Martha Rodríguez González: siga este enlace.

Corrupción, evasión y venta de bienes del Estado-Empresario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

En referencia al robo de impuestos, que, agregamos, supera la deuda interna, dijo, lo siguiente, el señor expresidente don Rodrigo Carazo: “¡Corrijamos esa corrupción! ¿Por qué no se ponen detrás de esos recursos antes de querer vender las cosas que son de todos? Y es que lo que se han llevado no son seis reales», manifestó. Argumentó que el objetivo de una reforma estatal y de la globalización debe ser el beneficio de todos. «Es contradictorio pensar que eso se va a lograr entregando todo lo que tenemos. Los países que lo han hecho han pasado y están pasando tristísimas experiencias». Convencido estaba de que, los inversionistas extranjeros que comprarían las empresas estatales, que dan servicios sin fines de lucro, son personas que también quieren convertirlo todo en oro para su propio y exclusivo beneficio, sin pensar en las necesidades ajenas, lejos del espíritu solidario que privó en su gestación.

«No crea usted que (tales empresarios) van a venir a satisfacer nuestras necesidades. Vaya a Chile y verá que cuando se privatizan las comunicaciones, disminuye el número de chilenos que tienen teléfono porque no lo pueden pagar», dijo a propósito de la imposición de políticas neoliberales durante la dictadura de Pinochet.

Al otro lado de la ancha avenida, otro Rodrigo, éste de apellido Chaves, desde antes de iniciar su Presidencia, en su papel de vendedor de bienes del Estado, no esperó mucho para poner precio a la compra-venta, que, por supuesto, recibe aplausos, desde los clubes de comerciantes que le presentaron su propuesta al amigo venido del Banco Mundial.

Para este Rodrigo, útil vocero de los de su casta, el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), tiene un valor de $200 millones. El precio del Banco de Costa Rica (BCR), andaría entre $800 millones y $1.200 millones. La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) valdría entre $350 millones y $1.000 millones, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) $20 millones y, ¡aquí la voló!, Kölbi (marca del ICE) se vendería en $1,2 millones. ¡Una especial ganga para los compradores que, todavía, esconden sus pretensiones! Aclaramos sí, que la lista no es exhaustiva, ni mucho menos, pues también, incluye la privatización de servicios como, la administración del acueducto metropolitano, hoy mal gestado por el AyA, servicios médicos de la Caja, a la que tienen, intencionalmente cerca de la inanición, y servicios de generación y distribución eléctrica, cumplidos por el ICE, aunque su más alto jerarca, actúa en contra del Instituto.

En fin, lo que el presidente actual, el otro Rodrigo, no parece considerar es que, la estructura institucional costarricense, que tantos beneficios le ha traído al país y sus habitantes, tiene raíces históricas profundas, principalmente a partir de mediados del siglo XIX. Que sus sólidos cimientos le han permitido, soportar embates neoliberales destructivos, gracias, precisamente, a que no se gestaron tales instituciones, a partir de ocurrencias, sino como parte de una visión muy especial de algunos muy bien valorados líderes.

Un buen ejemplo, fue la creación de la Fanal en 1850, que demostró a través del tiempo, haber sido una muy buena decisión del presidente don Juan Rafael Mora. Creada originalmente como Fábrica Nacional de Aguardientes, con el propósito de fomentar la industria cañera, y defender a la población del consumo de licores altamente tóxicos, con contaminantes, que se comercializaban al margen de la ley, al tiempo que afectaban los ingresos del Estado. Hoy, 174 años después, gracias a su sostenida renovación, la Fanal aportó de junio del 2018 al 2020, cerca de C. 50.000 millones de colones, a instituciones promotoras de desarrollo social, como son el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), a la Municipalidad de Grecia, y una cifra casi igual en impuestos, al Ministerio de Hacienda.

Es igualmente relevante, la creación en el año 1924, del monopolio estatal del negocio de los seguros, dando nacimiento al Banco Nacional de Seguros, que luego se transformaría en el Instituto Nacional de Seguros (INS) en 1948, como parte de la creación del régimen de instituciones autónomas del Estado, proceso en que sobresale la figura de Rodrigo Facio Brenes, recordado exrector de la Universidad de Costa Rica. Instituto que, pese a la forzada apertura comercial a empresas extranjeras de seguros, se mantiene como la más grande empresa de seguros del istmo centroamericano, con un total de $1.323 millones en primas, durante el 2023, gracias a un crecimiento del 21,2%.

Por ello, y más, ahora que el señor Chaves propone su venta, cual aparente ocurrencia que, pensándolo bien, no tiene nada de ello, cabe preguntarse ¿cómo se sustituirían los cerca de C.100.000 millones de colones, que, anualmente, aporta el INS, en cargas fiscales y parafiscales a otras entidades del país? Y si, como también se ha propuesto, se vendiera “solo” el 49% de sus activos, habría que ver si los compradores estarían dispuesto a colaborar, solidariamente, a partir de las ganancias, con las citadas contribuciones fiscales y parafiscales, dentro de las cuales aparecen beneficiarios destacables, como el imprescindible Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (0,5 % de las primas), así como al impuesto de utilidad y título valores del Estado (25% de la utilidad disponible neta), a la Reserva de Capital de Riesgos del Trabajo, y al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, producto de los excedentes de los seguros que comercializa. ¿Verdad, amigos, que la prudencia exige no correr mucho con esas ideas de compra y venta, y reflexionar, antes y con sustento técnico, acerca de las consecuencias que se vislumbran?

Creemos que la responsabilidad exige distinguir entre un Estado-Empresario, y “políticos empresarios”, pues, son conceptos diametralmente opuestos, a los que poco se les dedica, análisis con la profundidad que merecen.

La matriz empresarial-institucional del Estado (descrita por Alberto Cortés https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQVzNtMXJqpzTKKvMgTRPjhPwhM?projector=1&messagePartId=0.1) entre los años 40-48, nos muestra la creación de dos de las instituciones públicas, más importantes en términos de su impacto social: la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1940, y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 1943, ambas con una enorme peso en el desarrollo social y cultural del país, que han sido fundamentales, para democratizar solidariamente, la atención en salud de los costarricenses, independientemente de su estatus socioeconómico, y el acceso a la educación universitaria de excelencia, sin discriminar, igualmente, sobre la condición social de sus estudiantes.

Cabe resaltar, que luego de la guerra civil del año 1948, tanto desde la Junta de Gobierno, presidida por don Pepe Figueres, como desde la Asamblea Constituyente (1949) las ideas de orientación socialdemócrata que germinaban en Costa Rica, y la reflexión histórica que tuvo lugar, llevaron hacia la creación de trascendentales instituciones autónomas y empresas públicas, que permitieran impulsar la necesaria modernización económica y política del país. En ese contexto, sobresale, por extraordinaria y visionaria, la creación del sistema de banca comercial pública, con la tarea de ejercer estricto control de las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, aunado al objetivo de colocar crédito al servicio de la modernización agrícola y el incipiente desarrollo industrial. Nacieron así el Banco Anglo Costarricense (BAC), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

Asimismo, la junta fortaleció la autonomía del Consejo Nacional de Producción (CNP) como instrumento de fomento de la producción agrícola para el mercado interno, que tantos servicios prestó al control de precios de granos y otros productos básicos. Y, como la gran institución insigne de ese modelo de Estado empresario, se creó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para garantizar la producción y control estratégico, de la generación y distribución de la energía eléctrica, ampliada eventualmente, al monopolio de las telecomunicaciones y la telefonía celular. Instituto que ha venido enfrentando, embates privatizadores, de parte de comerciantes e ideólogos, para quienes el Estado no puede participar de actividades donde la empresa privada puede lucrar. Ideas que, divulgadas con megáfonos virtuales, han llevado a muchos compatriotas, a ver como algo nefasto para el desarrollo de Costa Rica, la estructura y funcionamiento del Estado-Empresario, que, paradójicamente, favorece a las mayorías y al fundamental sustento democrático.

Instituto Costarricense de Electricidad, que, pese a las amenazas, y gracias a sus servicios y fidelidad de los habitantes (aún con los desaciertos recientes de sus jerarcas), se mantiene entre las tres mayores empresas del istmo incluidas en el Ranking América Economía de las 500 Mayores Empresas de América Latina, al lado de Recope, y la Autoridad del Canal de Panamá.

Y, es que, esos resultados exitosos, son, paradójicamente, su debilidad, pues permiten vislumbrar el por qué, ambas empresas del Estado costarricense, ICE y Recope, son tan apetecidas por ciertos compradores privados, deseosos de lucrar con sus gigantescas ganancias. Por otro lado, sus deseos sí los cumplieron, lamentablemente, con Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), a la cual, con un contrato entreguista, le regalaron el muy eficiente, monopolio constitucional que tenía la empresa nacional creada en 1963, en el trasiego de contenedores, a una empresa transnacional escandinava (APM Terminals), que, lejos de los empleos ofrecidos, vino a profundizar, más bien, el desempleo en la provincia de Limón, sin que los anunciados beneficios que traería una terminal portuaria “del primer mundo”, se hicieran realidad. Ejemplo de cómo, el desdén ciudadano, de la mano de la demagogia de ciertos políticos, provocó tanto daño, en tan corto tiempo, por lo cual, esperamos que se haya aprendido la lección.

Finalmente, ha de valorarse objetivamente, la creación de 113 instituciones descentralizadas, entre los años 48 al 79, algunas autónomas o semiautónomas, que vinieron a generar, a través del tiempo, conforme se estructuraban y empezaban a brindar servicios, resultados positivos que se reflejaron en indicadores sociales, como en el empleo público, que llevaron a engrosar las capas medias, al tiempo que se disminuía la pobreza. Pobreza que se redujo, de manera altamente significativa, al pasar del 50,3 %, en 1961, al 18,5 %, en 1977, gracias la combinación de políticas públicas, como el citado mayor empleo, el desarrollo de infraestructuras básicas, y el acceso a los servicios públicos, con tarifas subsidiadas.

Hoy vemos grandes esfuerzos por “reformar el Estado”, según le dicen, y, para ello, han creado hasta una comisión legislativa especial, para acelerar esa tarea. Labor que, estamos seguros, enfrentaría a los dos “Rodrigos”, pues representan, por un lado, una visión en defensa de la institucionalidad costarricense, caracterizada por un Estado-Empresario, que propició el desarrollo de la Costa Rica, y que, hasta hace unos años, se caracterizaba por la solidaridad, por el valor de la soberanía, por la responsable consideración de la situación de los desposeídos, por el fomento de la paz social y el desarrollo sostenible, según el pensamiento de don Rodrigo Carazo. Mientras, por otro lado, para ahorrarnos palabras y su tiempo de lector, lo que vemos es ¡todo lo contrario!

26.8.2024