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Etiqueta: corrupción

Cómo echar a perder la democracia

Alberto Salom Echeverría

Lo primero es lo primero

Entre todo lo que nos debe preocupar para no dejar que una democracia que ha sido ejemplar se debilite o muera, algo de lo más importante es el contrato que contrajo un presidente con la ciudadanía, es decir con su pueblo, el soberano. Es el programa de gobierno, de donde deben emanar sus promesas de campaña. Por ahí comienza todo; porque ese es el contrato, es la carta de navegación que nos dice hacia dónde nos vamos a dirigir; el contrato es un compromiso que debería ser sagrado. Solo es aceptable que se deje de lado aquello que, por circunstancias completamente ajenas a la voluntad del gobernante, no puede ser realizado. Pero cuando, como ocurre con frecuencia en la contemporaneidad, lo que se desdeña y se deja botado es todo o la mayor parte del contrato que el gobernante estableció con la ciudadanía, se puede decir que el gobernante es un falso, es un político engañoso, y conduce sus pasos a debilitar las bases del sistema democrático que pretende defender. Peor aún cuando verificamos que, nunca hubo carta de navegación; todo fue un fraude, una cháchara, frases huecas basadas en datos falsos, es decir un falseamiento completo de la realidad, demagogia, paja o pura hojarasca. En cualquiera de estos casos la democracia, por sólida que sea está en verdadero peligro.

¿Cuál es el caso en Costa Rica hoy?

Cuando un presidente se comprometió a vitalizar el sistema democrático, eliminando o al menos reduciendo la burocracia y la corrupción, pero en el lapso de dos años de gobierno, se pone en evidencia que el 42% del gasto en remuneraciones para el sector público se concentra en el Gobierno Central, y que por lo tanto la planilla estatal aumentó en 34.106 puestos en tan solo un año, según datos del INEC, sin que haya mejorado la eficiencia y eficacia en el rendimiento gubernamental, estamos en serios problemas. Advierto que no es que esté yo de acuerdo con la política de reducir la institucionalidad estatal “a troche y moche”, no. Lo que sucede es que cuando una planilla crece en esas proporciones, sin un plan serio de por medio, y el presidente se había comprometido a hacer lo contrario, la credibilidad del mandatario se reduce drásticamente, y, el único responsable por ello es él.

Cuando el presidente de los costarricenses, hace poco más de un año, dejándose llevar por el autoengaño y el entusiasmo infantil, dijo en una conferencia de prensa que “El ICE está volando” y que, “una institución que perdía miles y miles de millones al año, hoy es una institución robusta y sólida”, una de dos, o no era cierto que el ICE se había debilitado al ritmo que el presidente quiso dar a entender, o las frases expresadas por el jerarca eran puro espejismo, cháchara otra vez, y demagogia.

Cuando el presidente ejecutivo del ICE, con desparpajo se precipitó a expresar hace unos pocos meses que: “Tomamos las previsiones, tanto financieras, técnicas, comerciales, desde el año pasado, desde julio y antes, cuando sabíamos que el niño se iba a extender (…) yo puedo decir que el equipo ha hecho el trabajo necesario para que Costa Rica tenga el servicio eléctrico continuo en los meses bastante críticos, que son los que vienen”, o estamos en una “torre de Babel”, donde el lenguaje ha sido vaciado de su contenido, o el funcionario cree que puede engañar a todo el mundo impunemente, y que todos aquí nos estamos “chupando el dedo”. Una de dos, otra vez, o por falta de planificación el ICE no estaba volando, como se nos aseguró, o al mandatario lo pusieron a planear por encima de todo el territorio nacional, en un mágico ensueño dorado destinado a un brusco despertar, un forzoso aterrizaje en la realidad. Agrega el periodista Fernando Lara: “Una administración distinta del vital líquido en el 2022 habría dejado más agua en el embalse Arenal y otros embalses del ICE en el 2023, para evitar la condición crítica a la cual se llegó este año, cuando el ICE anunció racionamientos nacionales de electricidad a partir del lunes 13 de mayo.” (Cfr. véase el artículo “El ICE está volando, aseguró Rodrigo Chaves hace un año.” La Nación, 12.05.24 Pp. 15).

Cuando a estas alturas el gabinete de Chaves ya ha perdido a 15 jerarcas del equipo que empezó con él, y, de los 41 funcionarios que comenzaron el 1 de mayo del 2022, solo le quedan 26, esto constituye un porcentaje sin precedentes que evidencia inestabilidad y autoritarismo. Cuando además hay ministerios como el de comunicación e instituciones como el PANI, que pasaron largos meses sin jerarca, se revela una alta incapacidad administrativa que quien la paga es Costa Rica. Además, se muestran los datos de seis entidades públicas, por las que han pasado en un corto lapso, tres jerarcas, lo que pone al descubierto una supina improvisación en lo administrativo. Cuando tres de esas entidades son nada menos que los ministerios de Salud, trabajo y vivienda, y una de las instituciones es Acueductos y Alcantarillados, ocasionando un grave perjuicio a sectores importantes de la sociedad costarricense, la responsabilidad fundamental recae en el presidente que es el jefe del gabinete, no debe, no puede trasladársela a nadie más, la debería asumir él con todas las consecuencias del caso.

Cuando en materia cambiaria, cada vez que el tipo de cambio ha caído de manera indefinida, los jerarcas se lo atribuyen a “las fuerzas del mercado”, pero si el mismo tipo de cambio se aprecia y sube, se admite que lo frenarán las fuerzas del Central, nadie puede entender semejante contradicción, todo un galimatías. Se trata de un gobierno, cuyos jerarcas acomodan la realidad a sus intereses particulares; ocurre así como cuando Procusto se acostó en su lecho y como le faltaba cama y le sobraban pies, optaron por cortarle los pies sin más. Qué pena, conciudadanos, da pena ajena.

Cuando se han cometido toda clase de tropelías en este gobierno contra la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo una de las faltas más graves contra esta institución emblemática de nuestra democracia, que el gobierno de un pronto al otro, decidió suspender el pago a la Caja con el que ella atiende a personas en pobreza y pobreza extrema, nos dejó a todos los demás con la boca abierta, estupefactos, por la ausencia total de valores costarricenses de que adolecen y hacen gala muchos de los funcionarios de este gobierno, empezando por el presidente de la República. Más atónitos quedamos, al enterarnos que la Contraloría General de la República en el 2023, afirmó que FODESAF disponía de 36.715 millones de colones para pagarle a la Caja por los asegurados por cuenta del Estado. Pero, está de Dios que la partida como por arte de magia, experimentó modificaciones presupuestarias que la redujeron hasta 2.715 millones de colones (si, así como lo están leyendo), pero, solté una risa antes verme abocado a las lágrimas, ese remanente tampoco le fue transferido a la Caja. Además de lo dicho ¡caigámonos todos de espaldas!!!, el gobierno también incrementó su deuda en cuanto al pago de las cuotas para las pensiones de los trabajadores.

Cuando en la campaña electoral del 2022, se nos aseguró a todos que bajaría el precio de las medicinas, pero en su lugar subieron (¿se acuerdan?); cuando se nos dijo también que se controlaría el precio del arroz, defendiendo a los pequeños y medianos productores, pero eso no ocurrió, sino todo lo contrario; cuando se prometió que la seguridad volvería a las calles costarricenses y se controlaría a las bandas, pero el crimen organizado continúa presente y está a la orden del día, algo muy malo está ocurriendo entre los personeros del gobierno central, nuevamente, del presidente de la República para abajo. Algo pernicioso acurre también, cuando Chaves pomposamente prometió que las sesiones del consejo de gobierno se harían públicas, y, en vez de eso tenemos un gobierno opaco, que actúa las más de las veces bajo la sombra, o en la penumbra. La obra pública, que se había dicho que, su manejo sería ejemplar, es hoy un perfecto desorden y sufre de los peores atrasos.

Tenemos un presidente autoritario, que ni siquiera respeta la división de poderes, ni la libertad de prensa, y un día sí y el otro también amenaza con desbaratar las instituciones de la seguridad social, o atrabiliariamente vender el Banco de Costa Rica, o ponerse a explorar, para después explotar el petróleo y el gas natural, y salirse así con las suyas y las de sus amigotes.

No, nuestra democracia es sólida, pero no es indestructible. Ciertamente ahí permanece indemne a pesar de los embates recibidos principalmente por el gobierno, pero debe ser defendida por todos. ¿Se han hecho obras buenas? Lo digo sin ambages, sí; pero los desafueros, la falta de planificación y de decoro para reconocer los yerros son a la vez demasiados como para dejarlo pasar como si éste, fuera un gobierno más. ¡NO! No es un gobierno más, es el gobierno de la inflexión que nos empuja al autoritarismo, al desorden y la antidemocracia, y ¡ya basta, ya fue suficiente de prepotencia y de torerías!!!

Compartido con SURCOS por el autor.

Crema de rosas

Adriano Corrales Arias

Adriano Corrales Arias*

Luego de la victoria electoral del actual presidente, sus fanáticos, en redes sociales y otros medios, recetaban, a diestra y siniestra, la ya célebre crema de rosas que despacha masivamente nuestra querida Caja del Seguro Social (CCSS). La simbología de esta “receta” no sólo es grotesca, refiere a un fanatismo exacerbado, al irrespeto con los “perdedores” y, sobre todo, a la ausencia de seso a falta de argumentos, como veremos.

Algunos estudiosos indican que los pueblos guerreros precolombinos del área mesoamericana, especialmente los dominantes, como los aztecas, cuando tomaban rehenes en sus guerras floridas –que eran las más de las veces– los sodomizaban como símbolo de victoria, pero, a su vez, cual ejemplar humillación, para que se apercibieran realmente vencidos, derrotados, dominados. De igual modo, los fans chavistas, al recetar la popular cremita, intentaban sodomizarnos simbólicamente.

A dos años de gobierno, y ya develado el misterio de lo que realmente significaba “comerse la bronca” (perpetrar lo que no consiguieron los anteriores presidentes de la contrarreforma neoliberal: desmontar el Estado Social de Derecho), consigna electoral del macho que ostenta la silla presidencial, muchos fans chavistas han abierto los ojos. Sin embargo, la mayoría sigue aferrada a la cremita de rosas. Es decir, ante la apabullante cantidad de actos de corrupción y ante la incapacidad e impericia de un gobierno que lo único que propone es favorecer a sus financistas de campaña y “dejar hacer, dejar pasar” para desestructurar instituciones y privatizar, los seguidores del cada vez más autoritario presidente continúan con la misma cantaleta.

La mayoría de esos fans consideran el torneo electoral cual torneo de fútbol o cualquier otro deporte desconociendo el significado de la institucionalidad costarricense –el Estado Social de Derecho– dividida en tres poderes para evitar el autoritarismo presidencialista, parlamentario o judicial, y ante las crecientes críticas a una gestión mediocre, ineficiente y en contra de los sectores más desfavorecidos, continúan esgrimiendo la vieja receta con su cremita. A falta de argumentos para defender a un presidente ególatra cada vez más imperativo y antidemocrático, al punto de proponer una Constituyente para acabar de una vez con todas con el ordenamiento jurídico que aún nos sostiene como pálida democracia, el fanatismo chavense sigue apostando por la alicaída y estropeada crema.

Desconocen estos fanáticos, o no quieren aceptar – el engaño ha sido tan brutal que no se permiten aceptarlo–, que en realidad la estrategia de “presidente” y su desprestigiado gabinete, con los funcionarios de entes autónomos y troles a bordo, está en contra de ellos mismos, pues casi todos pertenecen a los sectores populares o a capas medias amenazadas por las políticas neoliberales absolutistas: quiebra de instituciones y activos para privatizarlos tales como la CCSS, el Banco de Costa Rica, Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ministerio de Educación Pública (MEP) Ministerio de Salud, universidades públicas, y un largo etcétera. Dicho de otro modo, desmantelamiento del estado que nos permitió, bien que mal, cierta estabilidad social y un desarrollo sostenido hasta el inicio de la contrarreforma neoliberal en los años ochenta del siglo pasado.

El actual gobierno viene a “comerse la bronca”, es decir, a rematar un proceso de contrarreforma y de zapa institucional orquestado desde el poder por el PLUSCPAC y sus adláteres, tales como liberticidas y fundamentalistas tipo Guevara o el Fabricismo, más otras franquicias electorales acuerpadas por la prensa canalla y los operadores mediáticos de los grandes empresarios y transnacionales que se frotan las manos ante tal desbarajuste: en río revuelto ganancia de pescadores. Todo ello sin oposición política, con un movimiento social inexistente y con el aplauso de los fans cremosos intoxicados por el discurso único de la contrarreforma y los aullidos hiperbólicos y falaces de su líder. Tigre suelto contra burro amarrado.

El problema que enfrentará esa masa de fans chavistas es que, cuando despierten –si acaso alcanzan a despertar– de la orgía neoliberal, tendrán que acudir –qué duda cabe– a la harto manoseada cremita de rosas. Para entonces habrán de comprarla en el mercado que “produce libertad”, porque la Caja Costarricense de Seguro Social ya estará privatizada. Lo peor: a precios exorbitantes puesto que la demanda será altísima y la farmacéutica monopólica no tendrá compasión en cuanto los precios.

*Escritor

Dos años moviditos

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

¿Se ha comprado la bronca el presidente Chaves? Desde luego que sí. La tiene con el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la prensa, que él llama canalla.

En esa bronca no le ha ido tan mal.

Prueba de ello es que Rodrigo Arias Sánchez, que ahora se rasga las vestiduras, y todo el resto de los candidatos a la presidencia de la Asamblea, corrieron a su despacho en busca de su apoyo. Prueba de ello es que también tiene “comprados” al partido de los neopentecostales de Fabricio y a una parte de la Unidad.

La bronca contra la llamada elite política por lo menos no es desaprobada por un grupo cercano a la mitad de la población; pelear contra los políticos, sus partidos y los jueces y legisladores, tan venidos a menos, no es tan negativo en cuanto a opinión pública.

Chaves, además, se presenta como el adalid contra la corrupción de los políticos y contra los grandes negociados de algunos, lo cual se asienta en una verdad. Sin embargo, lo que él oculta es que lo que propone es eliminar procedimientos para saltarse los procesos de contratación pública y con ello otorgar las contrataciones millonarias con mecanismo poco claros, lo que aumentaría aún más la corrupción. O sea, propone un sistema más corrupto.

Pero Chaves mete gato por liebre, hace que algunos ciudadanos se vayan por la forma, mientras propone liquidar el Estado de Bienestar. La bronca, el escándalo, distraen, oculta y desorienta de lo esencial o fundamental: la aprobación de medidas contra el pueblo.

La agenda que ha propuesto Chaves para las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa es el mejor ejemplo: propone vender el Banco de Costa Rica, imponer las jornadas 4×3, quitar la dirección del sector electricidad al ICE, imponer la renta global que es aumentar los impuestos de renta a las micro y pequeñas empresas, a los asalariados y las personas físicas sin toca a las compañías, empresas o personas jurídicas, reformar leyes para reducir los mecanismos de contratación administrativa, así como una serie de proyectos de seguridad encaminados a aumentar penas y reducir garantías.

Esto es lo que este gobierno propone a los diputados. Claramente solo proyectos contra el pueblo. Es un programa del más rancio neoliberalismo.

En esta agenda profundamente regresiva y neoliberal es muy posible que estén de acuerdo, con algunos arreglos y matices, los de Nueva República, los de Eli, los de Pilar, la Unidad y una parte de Liberación Nacional, probablemente comandados por Rodrigo Arias. Ya los amenazó y chantajeó: me aprueban eso o voy a referendo, les dijo Chaves el pasado dos de mayo.

Habrá que movilizarse contra esta agenda de Chaves que está en la Asamblea Legislativa.

Si no prefiero el referéndum. Y a ganarlo.

Lo que sí está claro es que nos esperan dos años bastantes moviditos.

La lucha presidencial, en Zapote, ha agudizado y limpiado su terreno con la destitución del ministro

Vladimir de la Cruz

Mas allá de cualquier situación anómala, alrededor de la contratación para construir, o arreglar la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, lo que tendrá que dilucidarse, ojalá con gran trasparencia y conocimiento público, lo que se ha desatado es un escándalo político, cosa que le gusta impulsar al presidente Chaves, como elemento distractor de la realidad política nacional.

Para mí, lo sucedido, con la forma realizada de la destitución del Ministro de Obras Públicas y Trasportes y del Director General de Aviación Civil, estando ellos en viaje oficial en Canadá, viaje con conocimiento y acuerdo del Presidente Chaves, y de las instancias administrativas correspondientes, fue una verdadera cochinada, una asquerosidad de actuación gubernamental, de deslealtad mínima hacia colaboradores, de la presidencia de la República, que mide, ubica y exhibe, una vez más, al Presidente; no a los destituidos.

La destitución del ministro de Obras Públicas y Trasportes y del Director General de Aviación Civil, no obstaculiza ni impide lo que tiene que resolverse en el Aeropuerto Daniel Oduber. La situación hay que atenderla, con la empresa calificada que pueda resolver los arreglos que tengan que hacerse. Esto está ligado a la responsabilidad de manejo de aeropuertos internacionales, que están también regulados y vigilados por la IATA, lo que debe preocuparnos como país, por el papel que hoy tiene el turismo extranjero en Costa Rica, y por la cantidad millonaria de turistas que llegan a Liberia anualmente.

La destitución realizada fue un acto qué, por su naturaleza, envía un mensaje directo a todos los miembros del Consejo de Gobierno, y a todos los funcionarios de nombramiento del Presidente, o del Gabinete ministerial. Ninguno está seguro, en sus actuaciones dirigidas por el presidente, aunque viajen con su autorización oficial. Todos están sujetos a las condiciones hepáticas, biliosas, atrabiliarias del presidente… hasta el país. Todos los ciudadanos, todos los sectores sociales, económicos, políticos y productivos penden y están sujetos a estos estados biológico-patológicos del presidente… ¡cosa muy grave!

Es claro que los ministros son de nombramiento del presidente, y que solo él los puede destituir. Eso no está en discusión. El que nombra destituye. Es la forma lo que ha trascendido como presunto escándalo político y de posible corrupción pública, situación que no era de desconocimiento del presidente, por la forma como se giró instrucciones para las instancias, que no eran las pertinentes, que resolvieron el trámite del arreglo del aeropuerto de Liberia. Por eso, en la destitución del ministro, y su sustitución, inmediatamente el presidente giró instrucciones, al nuevo jerarca de Obras Públicas, para que destituyera al director de Aviación Civil, puesto que sí dependía jerárquicamente del ministro y no del presidente.

La otra parte del mensaje cifrado, que le debe llegar a los miembros del Consejo de Gobierno, y a los funcionarios que el presidente nombra, es que deben tomar precauciones de sus actuaciones institucionales, sobre todo cuando esas actuaciones son directamente diseñadas, vigiladas, en cierta forma interesadas del propio presidente, y por ello ejecutadas indirectamente, o en paralelo, con el funcionario, de manera que ante una situación que luego se presenta en la forma como irregular, a cargo del funcionario, y no del presidente, deben tener a resguardo su espalda y asegurados los pasos de sus actuaciones, donde quede precisa la huella indeleble también del mandatario, sabiendo, sobre todo que el presidente los deja solo, a la intemperie del aguacero, a cielo descubierto, sin resguardo alguno.

Si esas precauciones incluyen grabaciones, como las que realizó, en su momento, la entonces ministra de Comunicación, son válidas; no solo para proteger al funcionario, que puede ser embarcado en una acción, que luego puede presentarse públicamente como dolosa, sino también para proteger la legalidad del acto, de la actuación, de lo realizado por el funcionario cuestionado. Así, se desprende, de lo actuado por el presidente… que todos los funcionarios de su nombramiento deben andar con su grabadorcita o tener su teléfono celular prendido en grabación… Ese puede ser su mejor seguro de vida, tal vez su garantía para no ser pasados a la Fiscalía, ni ser indagados judicialmente, aunque dicen que a todos los funcionarios que se reúnen con el presidente les revisan electrónicamente, no solo para ver si están armados, sino para detectarles cualquier dispositivo electrónico que porten. Si esto que se dice es real, lo que pone en evidencia es la desconfianza que se produce de cualquier conversación presidencial donde se traten asuntos de negocios del Estado o del Gobierno, discútanse o no montos de dineros, donde se trata de evitar que lo que no esté escrito no quede grabado. Esto es lo que públicamente se percibe de lo que sucede en Zapote.

Digo esto porque, para mí está claro que las actuaciones del ministro de Obras Públicas, y Trasportes y del director general de Aviación Civil, estaban con el aval y apoyo del presidente. Lo demás son discusiones de montos de dinero más, o montos de dinero menos, y de cuál empresa salió favorecida y cuáles perjudicadas, que es como se está presentando el caso del Aeropuerto de Liberia.

La destitución del Ministro de Obras Públicas y Trasportes y del Director General de Aviación, calza con lo que he afirmado en otros artículos, de la estrategia del caos, que el presidente trata de provocar, de desastre nacional, de crisis gubernativa o de gobernanza, que le permita preparar las condiciones para el ejercicio de un gobierno de fuerza, de excepción, o para preparar el intento de una posible convocatoria de un plebiscito o referéndum nacional, lo que se analiza en Zapote, para valorar las posibilidades de extender el mandato presidencial por una vía de excepción política, que no es fácil realizarla en Costa Rica.

La imagen de Bukele, solo falta que se coloque en el despacho del presidente, en apoyo a la idea centroamericanista que comparten, el presidente Chaves y el presidente Bukele, de El Salvador, con la posibilidad, de qué si el presidente Chaves no puede resolver los problemas nacionales, lo haga Bukele, como ya han empezado a proclamar algunos seguidores del actual gobierno. No sé si Bukele interviniendo directamente en la política nacional, cosa que no se podría, o como presidente centroamericano, formando nosotros parte de una nueva República Centroamericana, como la ha anunciado y proyectado Bukele, y como la acaricia Rodrigo Chaves. Sus flirteos con Bukele y el mismo Daniel Ortega tan solo son indicios, según se puede percibir.

La destitución realizada fue una carambola bien tirada del presidente. El presidente constantemente se luce como un buen billarista político. Sabe hacer, y está bien asesorado, en estas jugadas de distracción política en el escenario nacional. Por ahora yo lo veo así. Se presenta ante su audiencia fiel como el combatiente de la corrupción, de los supuestos chorizos y malos manejos de la cosa pública. Sus seguidores le aplauden en el circo que nos presenta.

Cuando en su gobierno, apenas de 22 meses, se han producido 42 cambios, a razón de uno cada quince días, lo que se evidencia es una crisis de gobierno, de conducción, de visión nacional, de no tener equipo de gobierno, de ausencia de un Gran Timonel, cuando el capitán del barco quiere realizar todas las funciones, que no puede dirigir.

La idea central de la crisis no está en las debilidades o falencias del presidente, sino en su mensaje de que no se le deja gobernar, como él quisiera, verticalmente, sin intromisión de organismos o instancias administrativas intermedias de control. Gira en lo que el presidente constantemente señala, que necesita que lo dejen gobernar, cómo él quiere dirigir el país, para lo que hay que eliminar a todos los funcionarios e instancias de control administrativo y político, que le estorban u obstaculizan su gestión autoritaria, como lo ha dicho claramente.

Cuando fui embajador en Venezuela conocí una situación similar de renuncias y cambios gubernamentales. Desde el 2000 hasta el 2009 el Presidente Hugo Chávez, de Venezuela, también tenía una rotación, por destitución o cambios en Gabinete, muy similar al gobierno de Chaves, el costarricense. En Venezuela, 209 cambios en esos diez años. En una conversación que tuve con un alto funcionario de la Cancillería venezolana, le hice ver esa situación y cómo nos afectaba, en las gestiones diplomáticas que teníamos que realizar por medio de la cancillería, de atrasos burocráticos, en los trámites solicitados, y cómo creía yo que también afectaba a la propia obra gubernativa del Presidente Hugo Chávez. El funcionario tan solo me dijo: “Mire Embajador… Ese es el tiempo que da el Presidente Chávez”, frase que me quedó sonando… “tiempo Chávez qué da” … para robar…esa era la esencia. No es la situación de cambios ministeriales e institucionales que hay en el país, pero, ojalá no lleguemos a situaciones como ésa. No hay en Costa Rica los montos presupuestarios que puede generar una economía basada en la producción de petróleo y de gastos públicos, que autorizadamente el presidente puede gestionar casi discrecional y confidencialmente, como sucede en Venezuela. Pero, en grandes contrataciones para ciertos proyectos, pueden suceder “gastos”, “pagos” o “reconocimientos”, “favores”, como se señaló de una importante empresa constructora, en otros negocios de Estado, aún sin concluir sus indagaciones judiciales, en otros gobiernos, como se han conocido que ocurrieron en el país.

En torno a la bulla de la destitución del Ministro de Obras Públicas se ha cuestionado lo sucedido por su cercanía con el presidente Chaves, la consideración pública que se hacía de que era su delfín para la próxima campaña presidencial, de que hubiera manifestado públicamente que podría aspirar a una candidatura en esa dirección, que era el funcionario del Gabinete mejor calificado, que tenía mejor percepción pública que el mismo presidente, lo que sí afectaba el estado de ánimo presidencial, porque de las personas que le rodean y trabajan con él, nadie puede estar más arriba de la línea de flotación del presidente. Todo se hacía con conocimiento del presidente Chaves, y la buena imagen solo podía favorecer la imagen del gobierno y del presidente, aunque el presidente no lo entendiera o aceptara. Pero, volvemos a empezar de cero.

Dice mi buen amigo, el biólogo Freddy Pacheco, que el Ministro Amador “estaba en «alitas de cucaracha» por haber engavetado o destruido, proyectos como la autopista Barranca-Limonal, el urgentísimo tren metropolitano, una justa revisión vehicular, el regular ordenamiento vial, las carreteras a Cartago y Limón, el nuevo aeropuerto internacional en Orotina, con nueva carretera hacia el Pacífico (en lugar de la ocurrente ampliación de la ruta 27), el insostenible por ineficiente muelle de Caldera, el costoso espejismo de APM Terminals, el caos vial provocado por el puentecito del bajillo de Los Ledezma, el sueño irreal de la carretera a San Carlos, las decenas de puentes sin intervenir, los abandonados puentes peatonales, el incompetente proceso hacia la frustrada ciudad gobierno”.

Todo esto ocurría y se hacía al amparo y supervisión también del presidente de la República. Si todo esto es cierto, ¿cómo se había ganado tan buena imagen el ministro? Y, si todo eso es cierto, ¿había o no razón para destituirlo?, a pesar de que todo eso se hacía con el aval del presidente, y que “esa buena fama” le ayudaba a la imagen del gobierno. ¿Si todo eso es cierto, la responsabilidad compartida, del Ministro con el Presidente, vale o no para que el Presidente también renuncie, y deje su cargo?

La fresita del postre fue, como se ha dicho y publicado, una licitación para la urgente rehabilitación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, «a la medida» de la empresa MECO, que estaba cobrando cerca de mil millones de colones más, denunciado ante el presidente por sus amigos de las otras dos empresas, Pedregal y Hernán Solís, “como presunto acto de corrupción”, negociación que en alguna parte no se le consultó, participó o no fue atendido por el presidente Chaves, hasta que le advirtieron que estallaría el escándalo.

Alrededor de la destitución del ministro se movieron otras fuerzas, y personajes políticos y empresarios importantes, que sí tenían interés de sacar al ministro del escenario presidencial, por tener ellos ese interés presidencial, y por tener algunos de ellos gran influencia en el aparato de asesoría que gira alrededor del presidente, de quienes manejan hoy su estrategia electoral hacia las elecciones del 2026, y de la postulación del eventual relevo de Chaves. Esos asesores ya se mueven en la dirección de impulsar a un empresario, y financista, con lazos importantes internacionales, por ahora en la discreción pública de su conocimiento, como el natural relevo del presidente Rodrigo Chaves, con la certeza de que él no puede continuar continua o sucesivamente la presidencia como él quisiera.

Por ahora la candidatura de la ministra libertaria Natalia Díaz, no es la del presidente Chaves. La eventual candidatura de Natalia es, por ahora, la de la propia Natalia. Si la ministra llega a enero próximo, veremos si sigue o no en el gobierno por su propia voluntad, o se sale para lanzar su candidatura.

El ministro Amador promocionó su propia candidatura entre la afición chavista, poniéndole así, travesaños y zancadillas, a los deseos de los asesores de Zapote, a la misma ministra de la Presidencia, y a quien por debajo impulsan los asesores y financistas que llevaron a Rodrigo Chaves a la presidencia.

La candidatura que Rodrigo Chaves apoye o impulse la definirán quienes le asesoran fuera de la Casa Presidencial, y quienes le financiaron su campaña.

En este molote político, del escándalo de la destitución de estos funcionarios públicos, no perdamos la perspectiva… El aeropuerto tiene que repararse en lo que corresponda…separemos la paja del grano de la destitución… entendamos que la lucha presidencial en Zapote se ha agudizado y, por ahora, se ha limpiado su terreno con la destitución del ministro… Nuevos nubarrones vendrán que contribuirán a continuar la distracción política que se impulsa desde el despacho y oficinas en Zapote.

Víctimas del Caso Aldesa claman por justicia ante el fiscal general de Costa Rica

La carta dirigida a Carlo I. Díaz Sánchez, Fiscal General de la República de Costa Rica, el 8 de marzo de 2024, por parte de víctimas del caso Aldesa, recalca que son cinco años desde que Aldesa anunció que dejaría de pagar los intereses a los ahorros y prometió reanudar los pagos en tres años, lo cual no ocurrió. 

En la carta, los firmantes expresan su descontento ante la falta de acción en el caso, y comentan que se manifiestan el 8 de marzo ante el Ministerio Público, en representación de muchas víctimas del Caso Aldesa, entre ellas muchas que por su estado de salud y edad no pueden unirse y también por quienes fallecieron esperando justicia.

Se presentan con dos mantas que resumen el reclamo y señalan que este caso específico ha sido tratado con inacción, lo cual genera una sensación de impunidad, que ha propiciado sucesivos fraudes similares en especial después del caso Aldesa.

A finales del pasado mes de octubre del año anterior, el señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, recibió a los representantes y escuchó sus inquietudes, expresando su deseo de que el caso no prescriba. Sin embargo, dejó claro que, al estar judicializado, tenía limitaciones en cuanto a las acciones que podía emprender. A pesar de esto, permitió a los representantes hacer divulgación a nivel nacional sobre la preocupación por la prescripción y la falta de justicia.

En esa misma ocasión, los firmantes sostienen que don Carlo Díaz, aseguró tener un cronograma y transmitió la tranquilidad de que no debían temer que algo así sucediera. Sin embargo, el Fiscal Christopher Moreno Chaves tardó un mes adicional en presentar la acusación, y han transcurrido más de tres meses desde entonces sin que se observe un progreso significativo en el caso.

Desde la indagatoria de Javier Chaves Bolaños el 7 de junio de 2019, principal responsable del caso, han transcurrido cinco años, marcando el inicio del conteo hacia la prescripción del caso. La preocupación por esta prescripción es palpable hoy, dado el lento progreso del caso y la cercanía de la fecha límite, con tan solo 60 días hábiles restantes (excluyendo feriados, Semana Santa y fines de semana).

La convocatoria de audiencia preliminar por parte del juez con un plazo prolongado genera aún más inquietud, ya que muchos de los afectados son adultos mayores, algunos cercanos a los 90 años, y existe el temor de que fallezcan sin ver justicia.

La situación económica de los afectados es desesperada. Desde que fueron despojados de sus ahorros, hace ya cinco años, muchos adultos mayores han fallecido en una situación económicamente vulnerable tras años de trabajo y sacrificio.

Muchos de los afectados han perdido las necesidades que antes disfrutaban, como el acceso a medicina privada y terapeutas para prevenir úlceras por presión debido a la postración prolongada en camas mientras. Muchos se han visto obligados a vivir con familiares y vender sus posesiones, como vehículos y muebles, para comprar medicamentos o simplemente para comer. La situación es tan grave que algunos, siendo adultos mayores, se han visto obligados a trabajar nuevamente, ya sea dando clases en sus hogares, haciendo teletrabajo o realizando trabajos ocasionales a cambio de un pequeño ingreso.

Ante la falta de respuesta por parte del Poder Judicial, los afectados se preguntan qué les queda. Temen resignarse a que la justicia no sea cumplida, pues consideran que si no se cumple, no es justicia, y creen que eso ya ha sucedido en este caso. Además, si el caso queda impune y no logran recuperar ni un céntimo de lo perdido, la pena será aún mayor, especialmente al constatar que los activos de Aldesa son insuficientes para cubrir las enormes deudas que mantienen.

Si el caso no es elevado al juez penal de manera inmediata y si la convocatoria de audiencia se programa para dentro de un período excesivamente largo, ya sea en seis meses o incluso años, muchos de los afectados habrán fallecido y no podrán presenciar el cumplimiento de la justicia que tanto han clamado.

Los afectados expresan su esperanza de no perturbar la tranquilidad del destinatario, pero señalan que la suya propia está destrozada. Sin otro particular, se despiden atenta y cordialmente.

Dicha carta reúne las firmas en el momento de entregar la carta con las personas afectadas que lleguen a la manifestación. 

Para acceder a la carta oficial, dirigirse al documento adjunto. 

¿Alguien cuidaba a la “valienta y patriótica” Abigail?

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR

Las atrocidades financieras de la FEITEC se iniciaron hace mucho tiempo y es evidente que diferentes instancias del TEC están implicadas. La plata no llegó sola a manos irresponsables. Desde hace años también estudiantes lo habían denunciado, pero obviamente no fueron escuchados por la FEITEC, ni por las autoridades del TEC que están obligadas a aplicar los controles correspondientes. Algunas asociaciones estudiantiles señalaron “que la administración del Consejo Ejecutivo liderada por el Sr. Alcides Sánchez Salazar y su coautora, la Srta. Abigail Quesada Fallas, han sido las más terroríficas en cuanto a la ejecución de los recursos de la Federación”.

Durante la administración anterior, en la Sesión Ordinaria No. 3285. del 19 de octubre de 2022 “Medidas para la ejecución del presupuesto asignado a la Federación de Estudiantes del ITCR (FEITEC)”, el Consejo Institucional del TEC acordó que la FEITEC dejaría de recibir dinero como “Transferencias al Sector Privado”, y en adelante sería mediante un “Centro funcional”. También se le encomendó a la Rectoría que presentara “antes del 15 de noviembre de 2022, la propuesta de ajustes reglamentarios, que sean necesarios para que el cambio del modelo en la ejecución permita el cumplimiento de los objetivos, para los cuales se asignan estos recursos a la FEITEC”. Se le pedía a la Rectoría explicitar junto con la FEITEC la justificación de gastos y capacitar a quienes manejarían los fondos. A la Auditoría también se le pidió “llevar a cabo las modificaciones que correspondan en Sistema de Implementación de Recomendaciones”.

El asunto se revisó de nuevo en la Sesión Ordinaria No. 3298. del 1 de marzo de 2023, a partir del “Informe de advertencia sobre el uso de los fondos que el Instituto Tecnológico de Costa Rica asigna a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el 2021”, de la Auditoría Interna. Pero esos intentos de enmiendas terminaron en el papel, pues al 30 de junio 2023 que finalizó el mandato de rectoría anterior, no se había cumplido con nada de lo acordado por el Consejo Institucional. ¿Será que los votos de los y las estudiantes tenían más peso del imaginado para elegir autoridades?

En la Sesión Ordinaria No. 3343, Artículo 15, del 13 de diciembre de 2023 (pág. 12) se discutió sobre “la asignación presupuestaria 2024 para la FEITEC” y se conoció el “Acuerdo Mutuo” en el cual se indica la propuesta de asignación presupuestaria 2024 para la FEITEC. “Sin embargo esa información resulta incompleta”, advirtió la Comisión de Planificación y Administración que lo revisó. Esa Comisión confirmó que el Plan de Trabajo 2024 de la FEITEC no permitía “asegurar el cumplimiento del fin público encomendado, constatar la vinculación de las actividades planificadas para el periodo con la solicitud de recursos que se presenta y con el Plan Anual Operativo 2024”. En vista de esas debilidades se aprobó el presupuesto general del TEC, con “excepción de los recursos reservados para dotar de presupuesto a la FEITEC”.

Sin que se haya resuelto ni juzgado el despilfarro de la FEITEC al mando de Alcides Sánchez Salazar y Abigail Quesada Fallas, en los últimos días hemos conocido señales positivas. El miércoles 28 de febrero 2024, la rectora María Estrada Sánchez comunicó que desde julio del 2023 su administración está revisando lo relacionado con el presupuesto de la FEITEC y “llevando a cabo un estudio con perspectiva técnica y legal”, “siguiendo las instrucciones de nuestro Consejo Institucional”. Pero más contundente y necesario fue el plazo de 5 días hábiles que le dio a la FEITEC el 1 de marzo 2024 para que entregue los estados financieros del periodo 2022, el informe de cumplimiento al Plan de Trabajo 2023 y el “Informe de ejecución y liquidación de presupuesto correspondiente al 2022”. La Rectora le recuerda a la FEITEC otros incumplimientos y sus obligaciones de “Cumplir con los requisitos generales y específicos requeridos para recibir el beneficio patrimonial, según los procedimientos definidos por el ITCR” y “Mantener los registros contables de la FEITEC al día y presentar trimestralmente los siguientes Estados Financieros al Departamento Financiero del ITCR: Balance de Situación, Estado de Resultados y el Flujo de Efectivo, con sus respectivos comprobantes”, los cuales evidentemente no han sido presentados, a pesar de que como señalaron las Asociaciones de estudiantes que mencionamos, “Curioso es para nosotros ver que siempre se reporta un 100% de ejecución de los recursos de la FEITEC, pero como asociaciones durante todo el año no alcanzamos ni el 15% de ejecución de nuestros recursos porque desde el Consejo Ejecutivo se nos imposibilita hacerlo”.

De estos hechos y otros se desprenden muchas preguntas como ¿quiénes fueron las personas que autorizaron que la FEITEC siguiera recibiendo dinero si estaban incumpliendo todas las normas internas y condiciones establecidas? Es indispensable conocer de quiénes provino cualquier “autorización para adelantos de dinero”, liquidación o reembolsos que deben realizarse bajo normas de aplicación obligatoria. Si desde hace años se contaba con evidencias de uso indebido de recursos por qué las autoridades correspondientes no actuaron en consecuencia. ¿Sería que a algunas personas les convenía cuidar y complacer a la “valienta y patriota” Abigail, a su círculo íntimo y a sus antecesores?

En el supuesto (imposible) de que la FEITEC presente facturas que den cuenta de todos los gastos como los pide la Rectora, ¿se aceptarán como válidos gastos en “juguetes sexuales por ₡105.750,44; a saber, tres “anillos básico”, cuatro “bala vibradora USB”, dos “dado posiciones”, dos “dado luminoso”, cinco “dado cuarteto” y una “ducha anal”? ¿Y se justificaría también gastar recursos públicos por “₡1.120.931 por la compra de sostenes, preservativos marca Durex, ropa íntima, entre otros”? Con facturas o no, ese tipo de uso de recursos públicos procede llevarlos y conocerlos en instancias judiciales. En eso le estamos debiendo a la sociedad costarricense si queremos demostrar que no admitiremos más esta estafa económica y ética.

En el escenario interno es indispensable que cada una de las personas implicadas rindan cuentas. Que como anunció la Rectora se cumpla “con el resguardo y la óptima utilización de los recursos públicos, bajo los principios de la normativa a la que nos debemos las personas funcionarias públicas”. A partir de la evidencia con que se cuenta es indignante y vergonzoso que la presidenta de la FEITEC siga ocupando puestos en las instancias decisorias de nuestra universidad. Debiera estar destituida o al menos suspendida. Esto por cuanto hasta ahora ella ha demostrado que renunciar no está en su agenda.

En el escenario nacional ahora somos una universidad hazmerreír porque muy poca gente distingue entre la FEITEC y el TEC como universidad. La FEITEC atropelló hasta el último reducto de la decencia y es urgente que demos un mensaje claro a la sociedad costarricense de que podemos limpiarnos de cualquier forma de corrupción.

Otra desgracia común para todas las universidades públicas es que la “valienta y patriótica” Abigail Quesada, como la llama el presidente Chaves, sea parte del grupo que irá a negociar el presupuesto de las universidades públicas con el Gobierno. Por decoro las U públicas deberíamos impedirlo.

Carta abierta a Telenoticias: Demandas de cobertura y llamado a manifestación sobre el caso Aldesa

En una carta dirigida a Ignacio Santos Pasamontes, Director de Telenoticias, se aborda la insatisfacción y la necesidad de una cobertura más profunda sobre el caso de Aldesa, una situación que ha afectado gravemente a numerosos ciudadanos, en su mayoría adultos mayores, quienes se sienten abandonados por las autoridades y la falta de atención mediática adecuada.

En la edición del sábado 24 de febrero, Telenoticias abordó el caso de Aldesa de manera superficial, dejando mucho que desear en términos de justicia informativa. Las víctimas, la mayoría de ellas personas mayores, quedaron decepcionadas por la falta de profundidad en el análisis y la ausencia de un enfoque investigativo sólido.

El viernes 8 de marzo marca el quinto aniversario desde que los afectados fueron despojados de sus ahorros y de los intereses que les permitían subsistir. A pesar de las promesas incumplidas de Aldesa, hasta la fecha no se ha realizado la devolución del dinero.

La indignación crece al observar cómo la prensa tradicional, con su amplia cobertura, ha descuidado un caso de tal magnitud. Según los emisores, el monto afectado, que asciende a $350.000.000,00 (dólares estadounidenses), supera incluso la suma de todos los actos corruptos desde el Banco Anglo hasta la fecha, planteando la pregunta: ¿No merece este caso una mayor investigación y divulgación?

Dos años después de la quiebra de Aldesa, los tribunales aún no han emitido un veredicto definitivo sobre su situación, lo que ha generado preocupación al observar cómo las entidades de supervisión y regulación, como la Superintendencia de Valores y la SUGEF, parecen no haber logrado garantizar la protección adecuada de los ciudadanos.

Resaltan que la falta de acción por parte de las autoridades competentes, así como de los órganos de supervisión financiera, ha dejado a las víctimas en un estado de desamparo y desesperación. 

Los firmantes subrayan que el viernes 8 de marzo, se estarán manifestando a partir de las 9:00 frente al Ministerio Público, representando una llamada urgente a la acción y a la búsqueda de justicia. 

Ante esto, esperan que Telenoticias cubra este evento y recoja información de primera mano, profundizando en un caso que merece la atención de toda la sociedad. Exigen una cobertura más consistente y reveladora que destaque la magnitud del escándalo de Aldesa.

Al final de la carta, se concluye con que se espera que la carta sea recibida con el respeto y la seriedad que merece, con el fin de que se logren tomar medidas para brindar una cobertura justa y exhaustiva sobre este tema de importancia nacional.

Para ver la lista completa de firmantes y la carta en su totalidad, dirigirse al documento adjunto. Después del documento puede ver el estado actual del edificio de ALDESA, lo que para las personas afectadas resulta simbólico. Puede hacer clic sobre cada imagen para ampliar.

Resumen Ejecutivo: Caso de la Asada Cipreses de Oreamuno 

El Frente Eco Cipreses compartió con SURCOS el documento “Resumen Ejecutivo Informe atención memorando GG-2023-03086, caso de la Asada Cipreses de Oreamuno”, emitido el 23 de febrero del 2024, donde se hace un análisis de la situación de la Asada Cipreses de Oreamuno en Costa Rica, destacando varios problemas en su gestión del agua potable. Dicho documento es firmado por Vladimir Mesén Montenegro, de la UEN Gestión de Acueductos Rurales. 

La Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) de Cipreses de Oreamuno, ubicada en la zona de Cartago y que abastece a más de 5 mil personas, ha sido objeto de análisis por parte de la Oficina Regional de Atención de Asadas (ORAC) Central Este. 

Según el informe PRE-J-2023-04471 del 17 de noviembre de 2023, solicitado por la Dirección de la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) Asadas de la Subgerencia de Sistemas Delegados, la ASADA se clasifica como un operador tipo C en desarrollo bajo, según los estándares del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Desde 2018, la ORAC Central Este y la Subgerencia de Sistemas Delegados han estado brindando asesoramiento, evaluación y supervisión a la ASADA, revelando deficiencias en su gestión. Esto ocurre en un contexto de escasez de agua crítica y limitaciones en la capacidad hidráulica del sistema de acueducto, resultando en racionamientos frecuentes para los usuarios y la incapacidad de brindar servicio a nuevos usuarios.

Para abordar esta situación, la ORAC Central Este y la Subgerencia de Sistemas Delegados han ofrecido acompañamiento y emitido órdenes al operador del servicio delegado para estabilizar el suministro de agua potable, siguiendo los reglamentos establecidos. Sin embargo, hasta la fecha, la ASADA de Cipreses no ha aceptado ni la asesoría ni las instrucciones de la Subgerencia de Sistemas Delegados.

Además, el caso de la ASADA de Cipreses ha generado denuncias en varias instituciones, incluyendo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y el Ministerio de Salud.

El resumen ejecutivo revela las deficiencias en la gestión de la Junta Directiva de la ASADA de Cipreses, liderada por un empresario agroindustrial. Se destaca su enfoque prioritario en el uso agroindustrial y comercial del agua, descuidando el consumo humano. Se señala la falta de control de cultivos en áreas protegidas y la manipulación de válvulas para beneficiar a fincas productivas. Además, se evidencia la entrega irresponsable de nuevas disponibilidades de servicio sin respaldo técnico adecuado.

Ante estas irregularidades, la Junta Directiva del AyA ha intervenido, buscando asumir el sistema de acueducto y delegar su operación a otra ASADA, Santa Rosa de Oreamuno, mediante el Acuerdo 2021-124. Sin embargo, la ASADA de Cipreses ha contratado al expresidente ejecutivo del AyA como asesor legal, llevando a cabo una campaña interna para cuestionar la decisión del AyA y suspender temporalmente el retiro del convenio de delegación (Acuerdo 2022-287) a través de una «mesa técnica tripartita».

Esta mesa técnica produjo dos resultados principales: un balance hídrico que evidenció la crítica situación del acueducto y la necesidad de nuevas fuentes de agua, así como obras de mejora hidráulica que mostraron la falta de inversión de la ASADA en infraestructura. Sin embargo, la ASADA desestimó los resultados de este proceso y los estudios técnicos contratados, y durante dos años ha ignorado las solicitudes del AyA para realizar las obras necesarias.

La situación se ha agravado con la confirmación de la contaminación de las fuentes de la ASADA de Cipreses, lo que llevó al cierre por parte del Ministerio de Salud. A pesar de esto, la ASADA ha continuado una campaña de desinformación y no ha tomado medidas para controlar la agricultura intensiva en las áreas de protección.

La ASADA ha hecho un mal uso de los fondos públicos, realizando inversiones sin aprobación, como la contratación de personal sin los debidos atestados académicos, remodelación de oficinas administrativas, compra de equipos costosos y contratación de servicios profesionales sin respaldo

técnico. Además, ha empleado tácticas cuestionables, como el pago a periodistas para difundir información falsa y la contratación de abogados para atacar al AyA.La recomendación de la Subgerencia de Sistemas Delegados a la Administración Superior es retomar el acuerdo 2021-124. Se sugiere realizar una adenda para que el AyA asuma plenamente la operación del sistema de abastecimiento de agua potable y lleve a cabo todas las acciones institucionales necesarias para su adecuada gestión.

Se adjunta el documento “Resumen Ejecutivo Informe atención memorando GG-2023-03086, caso de la Asada Cipreses de Oreamuno”.

FEITEC: una “fiestec” imparable e impune

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR

Vergüenza ajena e indignación. Eso es lo que muchas personas hemos sentido en los últimos años por el manejo financiero de la Federación de Estudiantes del TEC, FEITEC, porque siendo ese grupo (secta o cofradía dicen algunos) parte de la comunidad universitaria, sus actuaciones nos colocan a todas las personas del TEC en evidente vulneración y ante el dedo acusador como eventuales corresponsables por millonarios gastos que resultan obscenos. También es comprobable que la FEITEC en los últimos años ha enfilado sus escopetas contra el sistema de educación superior pública. Nos sigue tocando “dormir con el enemigo”. Pero eso será materia para otra oportunidad.

Desde hace años circula información sobre los abusos financieros de la FEITEC. En las últimas semanas el remolino ha sido sobre viáticos. Pero antes de hablar sobre eso es necesario (aunque sea nauseabundo) recordar otros gastos y los insostenibles y vergonzosos “argumentos” de justificación FEITEC. Desgraciadamente ese despilfarro deja por el suelo la honestidad de los y las estudiantes del TEC, en general, dado que la FEITEC es la instancia legal que los incluye. Pero corresponde a las personas estudiantes descobijarse y deslindarse de esa “fiestec”, si es que lo desean. Los montos millonarios y los hechos son lapidarios.

¿Se le ocurriría a alguien equilibrado y honesto reclamar que le paguen “gastos por un total de ¢1,717,648.81, por concepto de alimentación” sin comprobantes ajustados a la ley? Pues ese monto fue reclamado por la FEITEC. Según los registros esos gastos incluyeron “cena en Chichis Sport Bar & Grill, por un monto de ¢102,593.09, reintegro de caja chica por ¢670,380.72, correspondiendo el 81% a gastos de alimentación, cena de fin de año por ¢78,000.00, soporte a personas de diferentes zonas fuera de la GAM durante 3 semanas (miembros FEITEC) por ¢518,925.00 y reintegro a un estudiante por cenas por la suma de ¢347,750.00”, “sin información que permita dar seguimiento para determinar la razonabilidad del gasto”. Eso fue una total desfachatez, por decirlo con caricias. Esos gastos, y muchos más similares, están registrados en un oficio dirigido a Abigail Quesada Fallas, presidenta FEITEC firmado por Claudia Madrizova, Vicerrectora Vida Estudiantil y Servicios Académicos, con fecha 10 de febrero del 2022, con el “Asunto: Respuesta al oficio FEITEC PRES-0116-2021”.

Resultan ofensivos en sumo grado y hasta pareciera que nos toman por subnormales los estudiantes de la FEITEC con sus “justificaciones”. Una de esas “justificaciones” de antología es la de Abigail Quesada, actual presidenta de la FEITEC, cuando dijo que “muchas veces, las facturas eran altas porque una sola persona asumía la alimentación del grupo total que estaba trabajando en el momento”. Ella cobró ₡2.928 555 de viáticos. Si alguien a cargo de una tarea universitaria requiere aplicar fondos para un gasto en cualquier rubro y donde sea, hay condiciones claras y estrictas que incluyen tanto la autorización para adelantos de dinero como para su liquidación o reembolsos y son de aplicación obligatoria. ¿Acaso al FEITEC goza de un régimen distinto y exclusivo?

No menos reprochables son los dichos de Alcides Sánchez, expresidente de FEITEC 2020 y 2021, cuando se habló sobre su cobro de viáticos por ₡5.420.500. “Yo fui -dijo Sánchez- y revisé los estados financieros y vi que en cuestión del tema de viáticos se gastaron ₡20 millones en el año y yo dije: ‘mae, yo fijo me eché diez’. Y dije yo: ‘Y eso se va a ver horrible”. Cuando ese individuo dice “Si el tema de los traslados y viáticos a final de cuentas fueron abuso o no, yo creo que eso es percepción de cada uno”, deja clara su irresponsabilidad absoluta, un cinismo intolerable, se burla de cada persona honesta y por supuesto nos dice que no le importa. “Echarse” diez millones en viáticos, o 5,4 millones y ni siquiera inmutarse, es como ir a la pulpería y gastarse cualquier presupuesto ajeno en confites y que no pase nada. No se trata de percepciones. Se trata de ausencia total de transparencia y rendición de cuentas. Eso se llama corrupción, aunque le pongan cualquier perfume. Con esas actuaciones han hecho que en su “Dinamarca”, no algo, sino todo, huela a repodrido. Es muy grave y ofensivo que esas 2 personas, y posiblemente otras, alardeen y hasta ahora gocen de impunidad. Es gravísimo, además, porque pareciera que se demuestra que ese desperdicio sólo fue posible en un contexto administrativo de controles escasos, por no decir inexistentes, gracias a lo cual se pudo violentar la decencia y el apego a las normas que deben seguirse y que nadie debe desconocer.

Por ahora, creo indispensable hacer un descargo y separarme de esos hechos, de quienes los perpetraron y de quienes sea que los hayan permitido y avalado de palabra, por inacción, por autorización de cualquier tipo, con sus firmas, o como sea. En tiempos en que el Gobierno sigue ensañado contra la educación y en particular contra la educación superior, es indispensable reafirmar todos los principios de uso decente y estricto de los recursos que la sociedad nos da. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido con la FEITEC.

Por regla las U públicas, usan eficientemente los recursos públicos y tienen sistemas de rendición de cuentas sólidos, aunque obviamente mejorables y no es la norma que haya oposición a los controles estrictos. Esos controles se aplican independientemente de la cuantía de los recursos utilizados en cualquiera de las áreas de trabajo de las universidades, como docencia, investigación y acción/extensión social. A partir de esta última área de trabajo podemos hacer una lectura de algunos gastos descomunales de la FEITEC.

Muchísimos proyectos de acción, extensión e investigación social y de otro tipo se desarrollan en condiciones económicas de miseria dadas las restricciones presupuestarias que enfrentamos. A veces los presupuestos anuales de proyectos vitales por su beneficio e impacto claro y demostrable para las más diversas comunidades, organizaciones y hasta empresas, no superan los 3 millones de colones. Muchos proyectos en los que participan especialistas de todos los campos de 2, 3, 4 y hasta las 5 U públicas, sólo pueden realizarse por el aporte parcial no remunerado de las personas que los implementan. Desde una sede universitaria en el valle central un viaje a Talamanca, Upala, o Sierpe de Osa, por ejemplo, consume más que todas las horas asignadas a las personas que trabajan con la gente de esos pueblos. A veces los viáticos no se reciben o se reciben a medias porque ocurre algún fallo, se escribió mal un único numerito, porque en muchísimos lugares donde se trabaja no existen las facturas electrónicas, ni siquiera una computadora, menos internet, etc. Si se usan transportes locales como vehículos, botes, pangas, etc., obligatoriamente se debe aportar la evidencia de pago. Además, es norma irrestricta y absoluta que cualquier pago a terceras personas, por ejemplo, por servicios de alimentación para la gente con la cual se trabaja, debe quedar debidamente comprobado. Así trabajamos y no nos oponemos a las normas y la rendición de cuentas. En el ejercicio de nuestras tareas, a nadie, en ninguna universidad, le pasa por la cabeza ir a cobrar dinero sin todos y cada uno de los requerimientos. Así lo hacen quienes trabajan en la zonas más complejas y alejadas de las sedes universitarias, como territorios indígenas u otras comunidades rurales de cualquier región del país. En el caso del TEC el monto máximo de una caja chica es de ¢250.000 y con ese monto o mucho menos, brindamos alimentos a decenas de personas que participan en intercambios, giras o procesos de aprendizaje compartido de todo tipo.

Otros gastos la FEITEC me permiten pensar en su régimen privilegiado para dilapidar dinero público. En el oficio mencionado incluyen un “Festival navideño” y “compra de cajas navideñas por la suma de ¢1,356,000.004; y la compra de canastas navideñas por ¢748,268.005; para un total de ¢2,104,268.97”. La autoridad del TEC que revisó esos gastos señaló que “Los comprobantes no detallan a quien se realizaron las entregas de las cajas navideñas, ni se vincula el gasto a objetivos propuestos en el Plan de trabajo 2020 presentado a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (VIESA).” La pregunta, de nuevo, es quiénes autorizaron ya sea el adelanto de dinero y su liquidación en esas condiciones.

En diciembre de 2020, la federación estudiantil hizo “un gasto por ¢4.356.673,00, en el mantenimiento de edificio FEITEC”. No hubo permisos ni apego a planes institucionales; ni siquiera un reporte porque -vaya abnegación laboriosa- “la institución se encontraba de vacaciones en las fechas que se hicieron las mejoras”, “justificó” Abigail Quesada. A la millonaria “mejora” se sumó la “compra de activos por un total de ¢2,022,300.01, como complemento a la remodelación realizada”. Es decir, remodelaron su “troja” como si la FEITEC fuera una “república independiente”. En el mismo oficio se indica que “La Institución ejecutó medidas rigorosas de contención del gasto, la Federación no puede omitir los esfuerzos institucionales en esta línea”, pero pareciera que esas restricciones no incluyen a la FEITEC.

Otro dato de contraste es que, en 2021, respondiendo a ataques a las U públicas desde la Asamblea legislativa, el Informe de una Comisión especial nombrada en el TEC, reseñó que “Para la atención de la crisis por el COVID-19, las universidades cedieron ¢13 000 millones del FEES” y que a ese monto se sumaron otros “¢6000 millones para fortalecer el sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos no pierdan la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Ese aporte es importante repetirlo pues contrasta del todo con lo que hizo la FEITEC. En el oficio del 10 de febrero del 2022 se constató que en la Federación se “registran compras por alimentos para ayuda COVID, que suman en total ¢1,164,545.64”. Pero “Los comprobantes no identifican el nombre a quien se dirigen las ayudas”. El descargo de Abigail Quesada es que “Con respecto a las ayudas sociales, no existe registro de los receptores ya que se respetó la confidencialidad de los mismos”.

Todas las “justificaciones” son clarísimas agresiones contra la inteligencia de quien sea. Es imperativo que las personas responsables de ese bacanal o “fiestec” de viáticos, canastas y cajas navideñas, banquetes o “cena en Chichis Sport Bar & Grill”, remodelaciones, “ayudas sociales” a personas ocultas, etc., sean procesadas de inmediato y en las instancias que corresponda dentro o fuera del TEC. La impunidad debe terminarse. De lo contrario daremos bases para que se piense que toda la gente del TEC, y de repente de todas las universidades, somos culpables.

Quienes trabajamos en administración, docencia, proyectos de todo tipo desde las U públicas, sabemos que con ese montón de millones haríamos mucho más trabajo dentro de las U y en comunidades, pero lo cierto es que contamos con cada vez menos recursos y, literalmente, no compramos ni un cuaderno sin cumplir con todos los procedimientos del caso; como debe ser.

Costa Rica manchada y en estado de emergencia no oficial

Juan Francisco Campos

En la atmósfera de este país, es natural la formación de cumulonimbus semejantes a grandes manchas oscuras, las cuales, si bien obstaculizan la imaginación hasta la celestial mansión de los bienaventurados; no sucedería igual si su cepa política, tuviera voluntad para visualizar en el horizonte los caminos de atención real y efectiva de problemas nacionales como la violencia e inseguridad. Una prioridad ante la crisis o, mejor dicho, la emergencia nacional del Estado Social de Derecho y Servicio Público en que, está postrada Costa Rica. Situación sin precedentes en los últimos 75 años, pues opera hasta un nuevo tipo de guerra civil -entre pandillas según las autoridades- que, también mantiene en constante vigilia a la mayoría de la población; víctima del flagelo. Consecuentemente, el miedo nos mantiene presos entre muros y rejas de los propios hogares y comunidades, donde hace mucho la garantía real del derecho a la seguridad pública está en abandono. Y como en Gaza, hasta en hospitales públicos irrumpen asesinos.

Acerca de esa situación angustiosa, sin duda convertida en un estado de terror, vale decir que, en algunos momentos, el Estado directamente lo ha utilizado contra la población que, movilizada se ha opuesto a sus políticas; por ejemplo, con el fantasma del desempleo durante la campaña del referéndum del 2007 sobre el Tratado de libre comercio con USA1; vil extorsión desde el gobierno. Pero ahora, parece que también lo utiliza, o si no fuera así, es claro que se beneficia del mismo con la resultante desmovilización y frustración de la ciudadanía; aún frente a las más detestables políticas públicas que no cesan de eliminar o degradar derechos, así como garantías sociales y ambientales. Es conocido que, la violencia representa un negocio para quienes acorde con sus intereses administran el Estado. La industria bélica es boyante a nivel mundial, armas van, vienen y se usan por doquier; son parte de la economía de mercado. ¿Qué dispone nuestra legislación?

Y en esta debacle, el espectro de la corrupción se extendió con virulencia por todos los estamentos públicos y privados, como una metástasis en la Costa Rica “democrática” donde en estos tiempos, las principales noticias son las estadísticas de homicidios en ascenso. Al respecto, los pronósticos de los expertos para el fin de año 2023 se rompieron (907 homicidios), y los repetidos encuentros de jefes de los supremos poderes del Estado para abordar la crisis a su nivel, han generado más desesperanzas que soluciones efectivas. Obsérvese que, producto de estas gestas, lo más relevante hasta ahora, es una “mesa de trabajo” y a partir de ella, un decálogo de leyes con preponderancia punitiva. Por lo tanto, si dicha mesa, muestra ausencias sensibles como por ejemplo expertos en salud pública, de su seno no puede esperarse más que paliativos a la enfermedad.

En diciembre del 2022, hubo especulaciones acerca de que, la llamada “visita sorpresa” y escolta de seguridad ofrecida al presidente salvadoreño, no fue sólo para aquello de “Jale a Soda Tapia”. Pues se trataba de un casi “milagroso” visitante quien, al asumir gobierno en un país de los más violentos del mundo, en muy corto tiempo, con su “Plan Control Territorial” y guerra contra las pandillas, ya era un abanderado mundial de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, para el improvisado gobierno costarricense, cualquier plan ensayado aún en contextos externos, tratándose de problemáticas comunes, despertaba interés y posible disposición de replicarlo2. Obviamente que, bajo tales apuros, quizás todavía faltaba y falta hoy espacio para un análisis consistente de la política desarrollada por parte del gobierno de N.A. Bukele, de la cual, el resultado que más reportan, es una significativa reducción a 2,4 hpcmh en la tasa de homicidios al cerrar el año 2023.

Pero sin bien ese dato, tiene una considerable importancia y la ciudadanía en general se lo reconoce, la situación real junto a otros indicadores, no puede ocultar por ejemplo que, la taza de privados de libertad ha crecido hasta situarse también entre las más altas del mundo. Es decir, ese plan desarrollado durante la actual administración del político-empresario Bukele, no ha solucionado el problema; sin embargo, la misma estadística ha sido su principal carta de presentación para continuar en el poder y según dicen, violentando la propia Constitución Política. La construcción de enormes cárceles como el “Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)” y lo que esto representa, nos permite inferir más. Por ejemplo y parafraseando al gran escritor Eduardo Galeano acerca de la “escuela del crimen3, ésta no sólo sigue abierta con todas sus profesoras, sino, reforzada con ese tipo de centros de reclusión. Según expertos, pasos hacia un inminente trabajo forzoso.

Además, si a nivel regional, hasta hace poco tiempo la criminalidad causaba estragos en el llamado Triángulo Norte de Centro América, es evidente que, en nuestro país, no hubo capacidad de prevención; mientras tanto, el chovinismo de pacíficos y más felices del mundo, nos desnudó en caída libre al naufragio de donde ellos actualmente tienden a salir. También, en vísperas de entrar a la segunda mitad de la actual administración, la más cruda realidad quizás no imaginada, nos acaba de demostrar que el barco efectivamente se hundió durante un período en el cual la inseguridad no se detuvo ni milésimas. Por el contrario, el dato frío y que se divulga mundialmente4, indica que, el estado de violencia e inseguridad que está desgarrando a nuestro país, registra una tasa de 17,4 hpcmh (2023), la segunda más alta de las cinco naciones centroamericanas. El llamado Triángulo cambió, pero nos absorbió. En este orden, es innegable que salir de tan compleja situación requiere de muchos recursos, y entre ellos sensibilidad humana ante las calamidades que vive la población, así como conocimiento y sabiduría para transformar la realidad en bien la nación. De igual forma el tiempo, ya que como se observa, caer en el abismo es rápido, pero salir del mimo es incierto. Obviamente que, este gobierno carece casi de todo y el tiempo es su principal enemigo.

Así que, desamparados, con autoridades incompetentes y en medio de una guerra, qué le espera a esta Nación por parte de ellas, si está a la vista que, les preocupa más aumentar el endeudamiento impagable del Estado en beneficio de concesionarios “manchados” que, al menos dotar económicamente de lo necesario al sistema de la Seguridad Pública ante la situación por la cual atraviesa. Así mismo, si en el accionar gubernamental, se muestra prioritario defender a un funcionario ejecutivo ya manchado también, que adecentar la Junta Directiva de una institución como la CCSS; a la cual, en lugar de pagarle las deudas, de diversas formas se le saquea a fin de concretar lo que se han propuesto: quebrarla. Deberían tener presente, aunque en sujetos así es imposible, que, el dinero que unos pocos se llevan, elimina la posibilidad del desarrollo, encarece la vida y hunde en más pobreza a los pueblos.

No habrá duda de que, en lo anterior, se describen mínimos ejemplos de esa otra forma de violencia: la corrupción, tal y como se le califica a esta pandemia que, forma parte de un espectro multicolor; rara vez incorporada en las estadísticas de la violencia e inseguridad. Ese mismo espectro que conduce a la tortura y el maltrato humanos, así planteado desde el propio seno de Naciones Unidas: “La corrupción destruye la ética de las personas. Quien ha sucumbido a sus redes jamás volverá a ser alguien que se respete a sí mismo, tampoco respetará los derechos de los seres vivos, las leyes, la democracia y, en especial, de la sociedad. Los actos de corrupción empobrecen a las personas, destruyen instituciones, pudren a la clase política y generan una forma tóxica de relacionamiento entre lo público y lo privado”5.

Y como para que no faltara, con la devastación ambiental que sufre el país y cuyo principal combustible además del Xileno es la corrupción verde6, la Administración Pública desde los altos mandos, de nuevo quedó exhibida a través de los focos de contaminación del agua de abastecimiento humano con decenas de miles de personas potencialmente expuestas a sustancias peligrosas. Otra emergencia tampoco reconocida en su justa dimensión, la cual, hace años se extendió por los campos de producción a nivel nacional; y donde para muchos casos denunciados, científicamente se han identificado los contaminantes y su procedencia. Pero a pesar de las afectaciones en salud y la quebrantada economía de las comunidades rurales, a través del tiempo no sólo el abastecimiento en calidad y cantidad del agua sigue siendo crítico, sino que, tampoco se ha demandado y castigado a los culpables de nivel privado y público. Es decir, también esta corrupción de color que ha hecho y sigue haciendo estragos en la gente, está impune. Y tratándose de actividades tanto comerciales como productivas, donde la contaminación ambiental del agua se debela también a nivel citadino, vale preguntarnos e interpelar al gobierno acerca de: qué ha sucedido con el deber en la función pública sobre la prevención del impacto y consecuentes daños ambientales en evidencia.

Los habitantes, deben tener presente que, los agroquímicos y derivados de petróleo como los combustibles, son sustancias muy peligrosas en cualquier lugar del mundo, y ninguna actividad, espacio o centro donde se almacenen o utilicen, puede estar exenta de estrictas regulaciones ambientales a través de la Evaluación de sus potenciales impactos, a fin de prevenir y mitigar sus efectos. Materia que, en este país hasta hace meses y por motivos diferentes, se cumplía muy débilmente (por ej.: en el uso de agroquímicos). Sin embargo, hoy día por medio de las más recientes reformas legales, derogación del Reglamento existente y promulgación de uno nuevo (D.E. No. 43898-2023-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), el asunto es más delicado, pues se eliminaron regulaciones de diversas obras y actividades, y las que quedaron fueron desmejoradas. Así se procedió bajo el criterio de altos mandos políticos y empresariales de que, había exceso de “cuellos de botella”. El titular del MEIC, de nula experticia en asuntos ecológicos o ambientales, irrumpió como el principal verdugo de las regulaciones existentes así calificándolas, secundado por el homólogo del MINAE, jerarcas de la SETENA y CEFIA.

Por lo tanto, ante la emergencia en curso debido a la contaminación ambiental del agua en diferentes comunidades del país, y que el trabajo de la ciencia abrió espacio para también investigar sobre actores responsables; respecto al petróleo y el trasiego de combustibles por vías terrestres, debemos señalar que esta actividad no recibe ningún tipo de Evaluación Ambiental por parte de la SETENA. Igual sucede con los centros o actividades de mantenimiento automotriz que se han instalado por todos lados (Ej.: lubricentros y lavanderías de carros); los cuales, entre otros impactos, vierten altos volúmenes de aguas residuales cargadas de aceites y desengrasantes. A éstos, durante varios años, dicha institución paulatinamente los fue relegando de los procesos de la Evaluación Ambiental que a ella corresponde. En el mismo estado se encuentran: la remodelación y cambio de tanques de combustibles, instalaciones y tanques de autoabastecimiento de combustibles, bodegas de almacenamiento y expendio de diferentes sustancias incluyendo el Xileno, escombreras, cierre técnico de vertederos, etc.

En conclusión y no obstante el rechazo oficial y empresarial a nuestro Acuerdo de Escazú, motivados por el derecho superior a la denuncia ambiental, públicamente así planteamos: ante la Comisión Legislativa de Ambiente y ante la Fiscalía Ambiental. Que todos los mandos de la SETENA incluyendo la comisión plenaria y exjerarcas, así como los ministros de Ambiente y Energía y el MEIC, sean llamados a comparecer, por su presunta corresponsabilidad en la contaminación ambiental del agua de consumo humano con hidrocarburos y agroquímicos a nivel nacional; pues es parte de la emergencia que vivimos. Sin embargo, hasta hoy, la diligente destitución ejecutada contra un efímero jerarca aparentemente corresponsable, es la única acción de gobierno conocida contra la Administración deficiente; pero hay más y con antecedentes peores. Así mismo, tenemos presente que, la impunidad nutre la violencia e inseguridad ciudadana y, acciones emprendidas por entidades como la Defensoría de los Habitantes son absolutamente acertadas.

Referencias

1. https://revistas.ucr.ac.cr: HC Vargas: Los cuatro vértices del terror…

2. https://www.france24.com/es/video/20240123-costa-rica-presidente-busca-hacer-frente-a-la-violencia-con-políticas-similares-a-las-de-bukele

3. https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r16967.pdf

4. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_tasa_de_homicidio_intencional

5. https://dialogodiverso.org/2020/05/24/corrupcion-una-forma-de-violencia/

6.https://www.prevenciondelavado.com/portal/nota_gratuita.aspx?codigo=132710&cd_producto=LYNTO&nm_origen=Home