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Etiqueta: corrupción

Sálvese quien pueda

Rafael A. Ugalde Q.

La llamada “clase media” y “alta”, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, no creen merecer los nervios con que viven al estar llegando a su fin un viejo orden y asomarse otro. Durante más de medio siglo las pequeñas élites regionales permitieron a estas clases aumentar su acumulación de la riqueza saqueando, despojando a los pueblos de sus derechos y traficando con toda clase de negocios, bajo la égida de un estado liberal, presentado politiqueramente, como “elefante reumático”.

En ocasiones, estas clases sociales de Latinoamérica y el Caribe, restringen la academia y censuran a sus matrices mediáticas, cuando tratan de recordar por qué inventaron el cuento del “elefante reumático” y la falacia mejor contada de “cuando llueve arriba se mojan los de abajo”. Estas burguesías regionales son las verdaderas responsables de la situación de hambre, desempleo, corrupción, tráfico de drogas, falta de vivienda, compra y venta de órganos humanos, impunidad, justicia lenta e incumplida e inseguridad ciudadana, entre otras desgracias, instauradas en el hemisferio.

Solo en Costa Rica hay más de 700 mil habitaciones con reparaciones urgentes y cuyos dueños si “meten mano” en ellas no comerán varias semanas. Si bien es cierto las autoridades económicas han hecho esfuerzos para bajar la inflación, los porcentajes de disminución de ella son a favor de la clase media y alta, pues los costos de pasaje de avión aparecen como los más baratos en agosto pasado. El país sigue esclavo de un círculo engañoso: está entre las naciones latinoamericanas con el salario mínimo más elevado, pero a la vez entre las más caras del hemisferio, según datos oficiales.

En gran medida el escamoteo de impuestos, el contrabando y la corrupción como forma de vida impuesta por estas élites, se traducen en la desgracia de más de una cuarta parte de la población del país en pobreza o en miseria extrema. “Hablar de justicia tributaria es subversivo en Costa Rica”, precisó recientemente el secretario General de la ANEP, Albino Vargas, al comentar la Primera Cumbre Ministerial para un Tributación Global, celebrada hace poco en Colombia. (Fuente: https://www.larevista.cr/albino-vargas-justicia-fiscal-tema-subversivo-en-costa-rica/).

Así, en el proceso de “eliminación” del “elefante reumático”, pocos ganaron y muchos perdieron en el hemisferio. Las agrupaciones autodenominadas “liberales”, “conservadores”, ”socialdemócratas”, “socialcristianas” “progres” o “nacionalistas” terminaron forjando auténticos “lobbyistas” para vender bancos, minas, privatizar el agua, patentes para farmacéuticas, permisos para exploraciones y explotaciones petroleras en parques nacionales, entrega de tradiciones de nuestros pueblos originarios, plantas medicinales, vender educación , salud y un largo etcétera. Se dio, parafraseando a Paulo Freire (1921-1997), el despojo de la “conciencia de clase” para millones de trabajadores condenados a seguir la línea “politiquera” de estos grupos de poder y, así alejarlos, lo máximo posible, de cualquier grado de politización. Es decir, despertar entre las mayorías el interés por el gobierno “de”, “por” y “para” el pueblo.

Al mismo tiempo que estos grupos van borrando de la praxis política el empoderamiento de estas mayorías y su participación directa en los grandes desafíos país, reducen todo a mercancía y mercado, no necesitan ya del “bien común” como aspiración de justicia y movilidad social; ahora es el “bien particular” como ejemplo de astucia, “emprendimiento” e “inteligencia”. El Estado Social de Derecho, en algún momento identificado como estado del bienestar capitalista, no es necesario; ahora el “estado democrático de derecho “funciona” a la perfección con las leyes protectoras del libre mercado y la “nueva normalidad”.

“Normalidad” acompañada de un discurso contra sus oponentes virulento, estigmatizador, autoritarista, antisocialista y con raíces profundas en el nazismo y el fascismo. Basta consultar los discursos de Bolsonaro contra los planes de Lula para garantizar salud como derecho a los brasileños, los opositores mexicanos al gobierno actual, contra la dotación de libros gratis en las escuelas que, según ellos, “inyectan el virus del comunismo” a los niños, o cuando el presidente Rodrigo Chaves, en medio de manifestaciones y reclamos de estudiantes de secundaria, comparó los fines de las organizaciones delictivas con los grupos de izquierda.

No se trata, pues, de un problema con un partido político o persona, legitimado por unas elecciones generales cada vez menos concurridas, porque entonces se sustituye electoralmente a uno o ambos cada cierto tiempo, y el problema está resuelto. Es más complicado que atribuye a una persona o agrupación electorera la responsabilidad por el caos; se trata de toda una estrategia concebida para someter a sociedades completas a dar sus recursos estratégicos, entregar mano de obra calificada barata y servir de parapeto a quien coloniza.

En gran medida, ello no hubiera sido posible, sin la “politiquería” como estrategia y práctica cotidiana – entendida como la capacidad para dar licencias, permisos, falsas promesas o regalías-, logrando su fin: mantener lejos de cualquier grado de “politización” a los movimientos sociales y populares.

Sin embargo, al estar llegando a su final la llamada “globalización” por el surgimiento de polos emergentes de desarrollo socioeconómico en Asía, África y América Latina, el llamado “thatcherismo, como política implementada a finales de la década de los 70 por la primera dama del Reino Unido, Margaret Thatcher, se ve profanado en su versión actualizada y su respuesta es entonces la radicalización y el rechazo a otros posibles competidores.

En el ajedrez actual africano, por ejemplo, los peones sacuden los arfiles y exigen a sus antiguos amos pagar a precios de mercado internacional para el oro, el petróleo, el gas o el uranio, sí quieren seguir construyendo coronas de lujo, autopistas asombrosas, automóviles voladores o centrales nucleares para envidia del mundo.

Por su parte, Nuestra América, cada vez más profundiza su desobediencia en Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, Honduras, Haití, entre otros, a tal extremo que la Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la General Laura Richardson, cayó de sorpresa en Costa Rica con un mensaje de tranquilidad para los amigos suyos en la región y renovadas promesas de no abandonarlos ante eventuales amenazas.

Durante esta visita a la casa presidencial aquí en San José, la Comandante Richardson calificó de “preocupante” la presencia de otros actores económicos en la región. La República Popular China, Irán, India y Rusia tienen grandes inversiones en el campo científico y tecnológico en Suramérica y Centroamérica, cuyo istmo es considerado por la Doctrina Monroe, como “patio trasero” del Tío Sam.

“A menudo hablo de esto, que ellos lo llaman inversión; pero yo lo llamo extracción de la República Popular China en infraestructura crítica en América Latina y el Caribe”, dijo Richardson, según reseñó el semanario Universidad.

  1. La libertaliradicalización: violencia y mercado. Esta liberaliradicalización de la presente etapa del liberalismo está marcada por su carácter irreflexivo y autoristarista a que empuja la preponderancia del mercado y los intereses multinacionales dentro de la misma democracia representativa como sistema a perfeccionar.

Los parlamentos, otrora centros sobre los cuales giraba el debate de ideas, son ahora simples “comisiones”, cuyos integrantes llegan y levantan la mano para aprobar o rechazar el proyecto que beneficia o perjudica a los grupos de poder. Eso cuando el parlamento no es disuelto o clausurado a la primera crisis creada por el gran capital.

En realidad subyace la situación que al reducirse el Estado como lo conocíamos, los congresos deben cumplir con la agenda ágil que exigen los negocios y el mercado, mientras los presidentes de las naciones tienen ahora asignadas funciones de “gerente”.

Son estas “Gerencias” las que en realidad son encargadas de llevar a buen puerto los procesos de “singapurización” o “neocolonización” dispuestos principalmente por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

Por lo tanto, las Secretarías o Ministerios de gobierno pasan a funcionar como una especie de subgerencia, dependientes directamente de la “Gerencia” como encargada de medir la “capacidad” de obediencia de sus subalternos.

VA RafaUgalde1 1 de set SOBRE EL PIE DE FOTO

General Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos: Mensaje de tranquilidad para sus amigos.

II. Cambios geopolíticos: Los toman o los dejan. Ciertamente, por eso, durante el reciente cónclave del llamado grupo de los BRICS, celebrado en Sudáfrica, salió a relucir la situación de inoperancia del Estado globalizado para miles de millones de personas, despojadas de los derechos a la educación, sanidad, salarios dignos, jornadas laborales conforme a los derechos humanos, etc.

Para los integrantes de este influyente grupo, la “globalización” deja estragos en el llamado sur-sur, que incluye a África y América Latina, donde hay, según denunciaron durante el encuentro voces a favor del multilateralismo, auténticos procesos de recolonización.

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, abogó por la creación de una moneda para los pagos entre al menos 40 países y así evitar la vulnerabilidad económica y social a que están sometidos innumerables Estados y miles de millones de personas en el mundo. Xi Jiping, líder de China Popular, fue más directo cuando llamó a los miembros del grupo y a los invitados de 67 países a no desvanecer en la búsqueda de nuevas formas de desarrollo y entendimiento. “El viejo orden está llegando a su fin”, sentenció, por su parte, el presidente de la Federación Rusa en su intervención en el encuentro mediante una video llamada.

El “liberalradicalización” sirve a la reneocolonización: Cuando el 19 de marzo de 2011 el mundo vio con asombro como Estados Unidos y Gran Bretaña destruían Libia con más de 110 mortíferos misiles Tomahawak, tiempo después que su presidente, Muamar Gadafi, planteara una moneda común para los países productores de petróleo, se comprendió entonces la magnitud de lo que con cierta inocentada definimos en el sur-sur como “neoliberalismo” o “filosofía” económica. El viejo liberalismo había dado pasos firmes en las naciones árabes para repetir ahora la misma historia de saqueos y el despojo.

Según Gadafi, la creación de una moneda árabe obligaría retornar al patrón oro anterior a 1971, cuando el dólar estadounidense fue impuesto como divisa para que las naciones árabes ya no respaldarán su economía con metales preciosos como el oro y la plata, sino fuera el “papelito verde” con el cual fijarían el precio del hidrocarburo. Desde entonces, el líder libio, no dejaba escapar foro para preguntar a los árabes por qué someterse a la dictadura de una sola moneda, sí ellos eran los dueños del petróleo.

Cuatro días antes – el 15 de marzo de 2011- el pueblo sirio es víctima de los intentos de partición de su territorio por terroristas del llamado estado islámico, controlados y financiados por Estados Unidos para controlar en su totalidad la llamada ruta del petróleo desde Irak. Con esta operación quirúrgica, el llamado Occidente colectivo, se garantizaría petróleo a precios de robo y seguiría colonizando la región, hasta nuestros días (Fuentes: https://actualidad.rt.com/economia/view/25395-Guerra-en-Libia-un-castigo-a-Gaddafi-por-renunciar-al-d%C3%B3lar; https://www.telesurtv.net/analisis/Yihadismo-e-industria-petrolera-20140624-0063.html)

En cambio, en nuestra América, estos procesos de renecolonización, no necesariamente está a cargo de los militares, sino son llevados a cabo por nuestras robustas oligarquías y burguesías “instrumentando” los poderes judiciales a favor de sus statu quo.

En 2017 el fundador de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, huye de Ecuador tras conocerse que su gestión sería judicializada. Un tribunal ecuatoriano saca de la política a quien amenazaba el monopolio de la matriz mediática en su país y condena a Correa a ocho años de prisión, en 2020.

A fin de sacar de la escena electoral a Lula Da Silva, en noviembre de 2019, un tribunal brasileño encierra al expresidente durante 583 días. Lula había sacado de la pobreza a 18 millones de personas, declaró la salud derecho fundamental y llenó al gigante suramericano de brigadas de médicos cubanos. Se opuso a que multimillonarios grupos de madereros siguieran desforestando la Amazonía.

En diciembre de 2022 la expresidenta argentina, Cristina Fernández, es sacada de cualquier aspiración política, luego de ser condenada a seis años de casa por cárcel, por el poder judicial argentino. El sindicalista Pedro Castillo, presidente de Perú, hasta el día de hoy, sigue en prisión e inhabilitado por el parlamento peruano y los altos tribunales de ese país.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, actualmente está amenazado de pasar toda su administración sujeta al poder judicial, luego que grupos oligárquicos vinculan a su hijo con supuestos actos de corrupción relacionados con la campaña electoral.

Un magistrado de la Suprema Corte de México, que responde a los intereses de la corrupta oligarquía mexicana atrincherada alrededor del socialdemócrata Partido Institucional Revolucionario (PRI) y Acción Nacional (PAN), amenazó la semana pasada con iniciar un juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de destituirlo. No están conformes con la política de acabar con amnistías tributarias y la recuperación de aeropuertos, la producción de electricidad, exploración y explotación de petróleo, etc. Por el gobernante votaron 30 millones de personas; por el juez ningún ciudadano.

El 29 de agosto de 2023 miles de hondureños se movilizaron para defender la elección de la actual presidenta Xiomara Castro y su programa social y económico, tendiente a que el pueblo sea actor directo y sin intermediarios en las grandes decisiones del gobierno.

“Denunció ante el mundo – dijo Castro en la versión recogida por el periódico Poder Popular- la conspiración que organizan las mafias y élites del crimen organizado con la estructura del narcotráfico para derrocar mi gobierno”.

¡Como que en todas partes cuecen habas!

Guatemala: la historia se abre paso

Edgar Chacón Morales.

Edgar Chacón Morales

Agosto de 2023

¿Qué está pasando?

El 25 de junio, se celebró lo que sería la primera vuelta de una contienda electoral, cuyos resultados sorprendieron a algunos y la segunda no hizo más que confirmarlos.

El Partido Semilla pasó a la segunda vuelta junto con el partido UNE. Esto es lo que no se esperaban: que el partido Semilla pasara a la segunda vuelta y el temor que empezó a cundir en algunos personajes de la política acerca de que Semilla pudiera ganarla para alcanzar la presidencia, como en efecto sucedió.

Luego de esta ronda electoral del 25 de junio, maniobras empezaron a rondar para que no se celebrara la segunda vuelta del 20 de agosto, envueltas en una especie de “mal agüero” en cuanto a que Sandra Torres de nuevo iba a perder la segunda ronda y quedarse a las puertas del solio presidencial.

Porras, Orellana, Curruchiche, Monterroso, empezaron con las sonaderas de tuzas. Antes del 20 de agosto habían hecho manifestaciones al respecto y después del 20, empezó el ruidero.

La dignidad ciudadana, la decisión de que se respeten los resultados electorales, ponerle un puntal a la democracia, vislumbrar y hacer lo consecuente para ponerle fin a tantos años de abuso, corrupción y otras lacras, también se están haciendo presentes, creciendo y ganando apoyo.

¿Quiénes son los que lo están generando?

Los cuatro mencionados arriba, son personajes cuestionados, de muy poca solvencia moral (¿cómo es que están en esos cargos; cómo es posible que se les permita hacer tanto daño a ellos y quienes están detrás de ellos; confesión de qué es esto, o muestra de qué hieles impuras que deben ser vomitadas, por los mismos caminos por los que llegaron; no debieran ir a la cárcel?).

La indignación nacional, la información nacional e internacional, la disposición y el coraje de la población valiente, así lo demuestra. Tanta gente no puede estar equivocada.

El logro inmediato por conseguir

Hay tantas injusticias y asuntos por corregir, pero creo que, en estos momentos el propósito y el principal punto en la mira es que Semilla asuma el 14 de enero.

El menú de marrullerías que sacarán los corruptos es amplio: distracciones, intentos de desviaciones del rumbo de la lucha, “cascaras de plátano”, provocadores, infiltrados, “sembradores” (personas a las que se les asigna la labor de “sembrar”, poner pruebas que luego los inculpen, en bolsos o mochilas de asistentes a manifestaciones, que llevan de manera incauta o descuidada, regularmente en la espalda).

Ojalá que no suceda, pero las acciones violentas, producto de la desesperación y la irresponsabilidad, también pueden estar a la mano.

Detener la injusticia, la corrupción, el atrevimiento, la falta de razón e inteligencia

La voz del devenir de la historia de los pueblos, la claridad que alumbra el camino, asiste las justas demandas.

Con la Constitución en la mano y en el pecho, se marca el camino.

La máxima ley está del lado de la decisión tomada para hacer respetar la voluntad expresada el 20 de agosto.

Investidos de lo que manda la Carta Magna y con esa base, la lucha seguirá su justo camino y alcanzará su cometido.

Debe hacerse sentir a estos corruptos, que ninguna persona, cargo, instancia u organismo está por encima de la Constitución. Es imperante hacer que se cumpla.

Una fuerte presión a quienes tienen esto entre sus obligaciones irrenunciables debe ejercerse de inmediato. Corte de Constitucionalidad, otros organismos de vigilancia, organismos electorales.

La demostración enérgica, firme, sin desmayo y con buena mira, en los escenarios estudiados y decididos, es otro elemento, en el plano nacional.

Aquí también es necesario hacer un estudio y balance de fuerzas y actores que las representan, con miras a una articulación de intereses, para mover las energías a favor.

Los corruptos ya están haciendo lo suyo.

En el plano internacional, también se hace imperante este ejercicio y movimiento, articulando Estados, organismos, actores privados, también con miras a una articulación de intereses.

Aquí también, los corruptos ya están haciendo lo suyo.

Es importante tener siempre presente que se negocia con base en intereses, para encontrar los intereses comunes y no con base en posiciones: las posiciones distancian, confrontan, separan. Los intereses articulan fuerzas para la consecución de lo planteado.

Información contra desinformación

Este es otro campo de lucha, en el que se dirime, se maneja y se dirige los factores: de emisores a receptores, mensajes claros y atinados, deben estar en el ir y venir.

Los corruptos siempre tratarán de causar confusión, desarticulación, división, desmovilización, desánimo entre los receptores de sus mensajes: la población en lucha. Para eso cuentan con el aparataje necesario. Mentiras y verdades a medias, es parte de su repertorio.

A la población y su organización, la asiste la convicción y la justicia de su causa; la creatividad la sabiduría ancestral, de conciencia; el ingenio. Mientras que a los corruptos los acompaña la flacidez de su falacia.

En esta lucha, no conviene darle paso a mentes calenturientas, o alborotadores; ni esperpentos que asusten, ni consignas fuera de lugar.

Sólo ganancia, bienestar, alegrías generales aporta al panorama, la población mayoritaria. Entusiasmo, organización, energías para el logro, son los ingredientes que mueven el camino de lo que está por conseguirse.

Ni “golpe de Estado” ni “Golpe de Estado Técnico”. Guerra política por la vía judicial. ¿En qué están incurriendo los portadores de la corrupción?

Con el ánimo de aclarar y no de caer en discusiones bizantinas, que ni siquiera llegan a ser “teóricas”, pues el momento no es para eso, el intento marrullero que se quiere concretar desde el Ministerio Público, no es un “Golpe de Estado” a lo “Clásico” se podría decir, ni un “Golpe Técnico”.

Se ha estado recurriendo a aplicar lo que con la expresión inglesa, se conoce como “Lawfare”.

El “Golpe de Estado”, es la acción por la que un grupo de personas confabula, planifica y ejecuta la toma del gobierno de un país, implica su relevo. Regularmente con violencia y generalmente, se involucra a militares del mismo gobierno. Es un acto que, ante el conocimiento público se concreta de manera rápida, con o sin resistencia y mediante el cual se releva al titular del ejecutivo y su equipo, de manera ilegal y por medios inconstitucionales.

Se puede citar el llevado a cabo contra el general Efraín Ríos Montt, por el general Humberto Mejía Víctores, su ministro de Defensa. Tanto que cuando al general Mejía le preguntaron quién iba a ser su ministro de defensa, respondió, palabras más palabras menos, que él mismo, porque esos son los que dan “Golpe de Estado”.

El “Golpe técnico”, consiste en varias acciones ordenadas y confabuladas llevadas a cabo, para cambiar piezas clave, regularmente del ejecutivo (que no son producto de procesos electorales públicos establecidos), debido a no estar de acuerdo con el rumbo o visión de éste, sobre la marcha del estado de cosas, regularmente en lo económico o en lo político, por grupos con suficiente poder en estos ámbitos, para lograrlo.

Se hace dentro de lo que permite la constitucionalidad y la legalidad, sin violencia expresa o escandalosa. Es de manera larvada y sin causar conmoción.

Politización de la justicia, del orden jurídico, judicialización de la política. El “Lawfare”, es una guerra política por la vía judicial o jurídica, con fuerte apoyo de lo mediático en búsqueda de legitimación y justificación de aquello que se va a cometer; es la judicialización de la política, movida por intereses económicos, políticos, para concretar o impedir que se concrete un proceso con respaldo popular.

Implica acusaciones y la búsqueda y localización de pruebas; o incluso la “elaboración” de éstas, para llevar a cabo procesos judiciales. Busca lograr una condena para encarcelar e inhabilitar a personajes para el ejercicio de cargos públicos.

Para considerar, en América Latina se puede traer a colación los casos de Lula da Silva y Dilma Roussef en Brasil; Rafael Correa en Ecuador; Pedro Castillo en Perú; Cristina Fernández en Argentina; Evo Morales en Bolivia.

Se confabula instancias del aparato del Estado en funciones, con intereses de sectores fuera de éste e incluso de fuera del país. El asunto es que debe ser por la vía de lo judicial establecido.

Se utiliza, precisamente para no tener que recurrir a acciones como el “Golpe de Estado”, y actuar desde lo legalmente permitido, pretendiendo no violentar el orden.

Una característica de los casos mencionados y de lo que está tratando de llevarse a cabo, es que es un proceso impulsado por sectores corruptos con sus respectivos apoyos, contra opciones con respaldo popular. Se difama, desacredita, deslegitima, se acusa, como parte de la preparación de lo que se va a consumar.

A los corruptos que están empeñados en este despropósito, debe hacérseles que vean bien claro, en lo que están incurriendo: rebeldía institucional, desobediencia institucional, desacato, insubordinación, subversión del orden constitucional, del orden público, de la paz social, traición a la patria. Se les debe hacer ver también, sus consecuencias.

¿Con qué es con lo que según ellos cuentan para cometer este adefesio, este pretendido intento de “golpe de timón” inconstitucional, y maniobras en el río revuelto del manejo retorcido de las leyes?

Confían en el engaño con el que pretenden encubrir su maniobra; en la prepotencia que da la impunidad ejercida por años. Confían   en que los pretendidos engañados, ignoran y carecen de conocimiento y manejo de las circunstancias.

Los acompaña también el egoísmo, el antipatriotismo, la mezquindad, la bajeza, ir en contra de la historia, de la soberanía (palabra que en boca de Curruchiche se oye muy mal, burda y falaz, fuera de lugar, como recurso de mañoso, como argumento retorcido, como entonación de tango en música bolero).

La lucha está planteada. Es una gesta, lo que está por suceder.

Cahuita nunca se ha doblado de rodillas

Después de un diagnóstico exhaustivo de la zonificación y reglamentos del Proyecto de Plan Regulador Costero, que la Municipalidad pretende implementar en las áreas costeras de ZMT de Cahuita, me siento obligado a levantar mi vos como Cahuiteño de Tercera Generación, para recordarles lo siguiente:

Llevamos más de un SIGLO luchando por la seguridad jurídica de nuestras tierras.

Si nuestros padres, abuelos y bisabuelos NUNCA se arrodillaron ante los grandes inversores externos, tampoco deberíamos hacerlo nosotros ahora.

Nos enseñaron a comerciar de pie con aquellos que consideraban dignos de ser sus vecinos; pero nunca forzados por funcionarios públicos que se jactan de normas legales que ellos mismos u sus superiores han promulgado.

Ahora, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Concejo Municipal de turno en una desvergonzada colusión sin precedentes, con un puñado de empresarios “quienes presumo ser honorables sin codicia u avaricia y de sobrado escrúpulos” quieren imponernos quiénes serán nuestros vecinos en el futuro, mediante una “CONCESIÓN” Municipal.

Si se permite eso, sería la RENUNCIA de uno de los valores fundamentales de nuestra cultura: la libertad de elegir a quién queremos como vecino.

Las fuerzas de la corrupción siempre han aparentado ser poderosas e invencibles, pero no permitas que sus amenazas te intimiden, siempre recuerde que:

«Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; más a ti no llegará. Seguramente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos.” (Salmo 91).

Cahuita NO se rendirá:

UNIDOS VENCEREMOS.

 

Publicado por Bernando Archer Moore en su espacio de Facebook, compartido con SURCOS por Marco Palma Leiva.

La «piedra» de Petro

Mg. José A. Amesty Rivera

Inmediatamente a la detención de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro Urrego, ante la posibilidad de haber recibido dinero de narcotraficantes para la campaña electoral del segundo, ya sabíamos que la derecha colombiana y sus medios, utilizarían esta detención para ir tras el presidente de Colombia, embarrando su incipiente primer año su gestion de gobierno, así como su imagen, y los más temido, como ocurrió, la maniobra política infame de solicitar nuevas elecciones.

Recordemos que en América Latina, es una práctica de los políticos de derecha, atacar a las figuras prominentes, cuando un familiar es caído en desgracia, por cualquier motivo.

Veamos su protagonista y los hechos

¿Quién es Nicolás Petro Burgos? Nicolás Fernando Petro Burgos, nació en Ciénaga de Oro, Departamento del Córdoba, Colombia, el 21 de junio de 1986), es político, abogado y ambientalista colombiano.

Es hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Estuvo casado con Daysuris Vásquez. Desde 2020 hasta su detención en 2023, fue diputado del departamento Atlántico, después de obtener el segundo lugar en las elecciones para el cargo de gobernador.

Ante su comparecencia en la Fiscalía de Bogotá, y después de haber obtenido libertad condicional por orden judicial, Nicolás Petro Burgos, ha presentado una renuncia formal a su posición como diputado representante del Atlántico.

Nicolás Petro Burgos se volvió una especie de escudero de su papá en el Palacio Liévano y, aunque no tenía cargo oficial, permanecía junto a él. Apasionado por las historias y proyectos de su padre.

Los hechos de esta trama, tienen muchos recovecos y simulan una mala novela trágica.

No obstante, nos limitamos a indicar que Nicolas Petro, podría convertirse en una piedra en el zapato de su padre, por sus andanzas, que en este artículo no vamos ni a desmentir ni a aprobar.

No obstante, veamos algunos elementos a favor de Nicolas Petro:

+ No participó en la campaña presidencial como tesorero, contador o gerente. Y no tuvo ningún nombramiento especial dentro de esa campaña.

+ No hay ninguna prueba o evidencia escrita o telefónicas que indique que el presidente Petro haya manifestado a su hijo, que solicitara dinero para su campaña o para él.

+ Según la compañera de vida de Nicolás (Daysuris Vásquez), él actuó solo sin ninguna orden de alguien y simplemente se dedicó a solicitar dinero por su cuenta y riesgo. Así mismo, el presidente Petro no estaba al tanto de dichas solicitudes de apoyo económico, ni antes ni durante la campaña. A su vez, Vásquez afirma tener en un CDT bancario (un certificado de depósito a término (CDT), que es un instrumento de inversión establecido mediante certificado, que permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado, generalmente 30, 60, 90, 180 o 360 días), parte de ese dinero, sin que el Presidente Petro se lo hubiera ordenado. Fue su decisión personal.

Luego de la comparecencia de Nicolas Petro ante el juez de la Fiscalía, Nicolas fue puesto en libertad condicional, declarando que, que sí ingresó recursos, no reportados, a la campaña electoral de su papá, pero que el mandatario Gustavo Petro no tuvo conocimiento.

«Mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris (su expareja) y yo de, Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias», precisó al medio colombiano ‘Semana’ el sábado 05.08.2023.

Como indicamos, en esta trama novelesca, todavía los acontecimientos están en pleno desarrollo, pero lo que sí está claro es que:

  • Nicolás Petro podría complicar a su padre.
  • El jefe de Estado, Gustavo Petro, le dio un poder a un abogado para que lo represente. «Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda. Para tal efecto le he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente».
  • Por otro lado, el presidente de Colombia, ve en el caso una conspiración «para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia».
  • Nicolás Petro, no tenía ninguna responsabilidad administrativa en la campaña presidencial de 2022. Por esto, el comunicado de la Fiscalía en ningún punto habla en imputación de cargos de delitos de financiación ilegal de campañas, es decir, no hay elementos de prueba, por lo menos todavía, que señalen que una de esas conductas pueda haber ocurrido.
  • En el hipotético caso de que Gustavo Petro se vea salpicado, sería la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, la encargada de comenzar un proceso de destitución en su contra. El presidente de dicha Comisión, el conservador Wadith Manzur, informó este viernes que, desde marzo pasado, cuando Daysuris Vásquez hizo las primeras denuncias contra Nicolás Petro, lleva a cabo «un proceso en contra del Presidente de la República que se encuentra en etapa de investigación previa».
  • El presidente colombiano, enfatizó que, «pretenden acabar el mandato presidencial, desconociendo la voluntad popular y como resultado de intereses políticos, sería un golpe grave a la democracia, la justicia y a la estabilidad institucional, al que nos opondremos junto a la mayoría de la sociedad».
  • Así mismo, declaro Gustavo Petro, «Claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca (…) para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia».
  • Igualmente, el académico y critico colombiano Horacio Duque, afirma en su artículo «Presidente Gustavo Petro, con periodo constitucional definido: 2022-2026«, que la derecha colombiana presiona para aplicar al mandatario colombiano la lawfare, es decir, una guerra judicial. «Obviamente toda esta oscura circunstancia está siendo capitalizada por la ultraderecha uribista y el bloque oligárquico reaccionario para incrementar su ataque al presidente Petro, a su legitimidad e institucionalidad. La arremetida es brutal, pero se estrellan con la dignidad, la reciedumbre, la voluntad y la convicción política del primer mandatario de los colombianos. Quieren enlodarlo y doblegarlo en su liderazgo popular y transformador».

Concluimos recalcando que, lo que pretenden los círculos fascistas y retrógrados colombianos, es barrer y truncar la ruta de las profundas transformaciones promovidas por el presidente y el gobierno en los últimos 12 meses.

Horacio Duque afirma, «el fascismo no quiere la paz que se construye con el ELN; odia la reforma agraria democrática; detesta la reforma a la salud, para recuperar este derecho fundamental; repele la reforma educativa; degrada la implementación de los acuerdos con las FARC; añora la guerra, los falsos positivos, la masacre y el exterminio masivo de los liderazgos sociales. En fin, lo que estas mafias quieren ya, es liquidar el primer gobierno popular y democrático en la historia de esta nación. No lo soportan y viven su propia pesadilla».

Lo que se presenta en el horizonte inmediato es; hacia el 29 de octubre, día en que se realzarían las elecciones de alcaldes y gobernadores lo que viene es lucha de masas; acción política multitudinaria. En este sentido, para la izquierda y el bloque popular y democrático (Pacto Histórico, Colombia Humana, UP, Polo D, PCC, PTC, Comunes) es la oportunidad de recuperar la brillante y contundente campaña presidencial del año anterior, que quebró el poder de la ultraderecha y apalanco el acceso de Gustavo Petro a la Casa de Nariño el 7 de agosto del 2022.

Adelante Gustavo Petro, ninguna piedra obstaculizará el rumbo de una Colombia en paz, seguridad, bienestar y progreso.

No es sólo un cambio de gobierno, es el inicio de un cambio social que podría cambiar el rumbo del país

German Masís Morales

La llegada al poder del nuevo partido Progreso Social Democrático y con él un nuevo grupo político y económico, la alianza de éste con otros partidos nuevos o emergentes, el desarrollo de la Administración Chaves en un año de su gestión y los cambios institucionales impulsados, el respaldo sostenido de buena parte de la población y las posiciones y el discurso polarizante de los nuevos líderes políticos, no son elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que ha iniciado, impulsado por ciertos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos, que es necesario analizar y esclarecer en la coyuntura actual.

De acuerdo con la teoría y el desarrollo histórico del cambio social, del que se ha ocupado la Sociología, existen razones sociohistóricas objetivas, factores explicativos, características particulares y agentes de cambio que están interviniendo en el cambio social de la II década del siglo XXI en nuestro país.

Frente a la realidad actual, nos preguntamos si estamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre sus clases sociales y en particular del deterioro de los partidos políticos tradicionales y los sectores que los han apoyado.

El tipo de cambio social se origina en la pugna social entre un grupo económico y político nuevo y los grupos de la política y la economía tradicional, donde aquellos quieren imponer su visión de la sociedad mediante el impulso de cambios significativos a pesar de la oposición de otros sectores de la sociedad.

Los factores de cambio predominantes son factores político-ideológicos que responden a la aparición de nuevas corrientes de pensamiento político y económico, que se han manifestado en partidos políticos nuevos y emergentes en ascenso, que han aprovechado el vacío político dejado por los partidos tradicionales y por los gobiernos del PAC.

Se mencionan como agentes de cambio personas que han tenido la capacidad de incidir en la manera en que la sociedad costarricense está estructurada, porque poseen poder económico o han tenido capacidad de convocatoria política en las últimas elecciones nacionales, como los líderes y dirigentes surgidos en los partidos emergentes, encabezados por un político tecnócrata y antisistema y los empresarios que financiaron la campaña política de esos partidos.

De manera evidente, la ciudadanía votó por el cambio político, representado por esos partidos y esos líderes, pero ya en el poder la Administración Chaves, ha ido mostrando las propuestas del cambio, a saber:

-una lucha contra la corrupción y contra los sectores que el nuevo partido y los nuevos líderes identifican como responsables: los partidos tradicionales y el PAC

-la reducción en el costo de la vida, que según los nuevos grupos, se encuentra elevada por la acción de grupos económicos tradicionales e instituciones que se han favorecido de los altos precios de los productos.

-la reactivación de la economía, luego de la pandemia y de la crisis económica en que se encuentra el país, resultado según ellos, del mal manejo de la economía y de las instituciones por parte de los grupos tradicionales.

Pero esas fueron las razones aparentes o explícitas del cambio que se divulgaron en la larga carrera de la campaña política y que sedujeron a buena parte de los votantes a apoyar al nuevo partido y a los nuevos dirigentes.

Sin embargo, en el transcurso de la gestión de la Administración actual, han venido quedando en evidencia las verdaderas razones o las razones no explícitas del cambio propuesto, entre ellas:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBi, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros en la reinvindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso grandilocuente del Presidente y de las Autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia innecesaria pero muy efectiva en la intención de mantener su popularidad.

Si algunos ciudadanos distraídos siguen pensando que este es un gobierno más, que lo que ha ejecutado en este año de gestión, no tiene gran trascendencia, debieran comenzar a entender que la Administración Chaves tiene una orientación definida y que los elementos antes mencionados son parte de un cambio social acorde con los intereses de determinados grupos económicos y políticos, que podría consumarse plenamente en los próximos 3 años.

Es innegable que hay un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y económica del país, hacia una menos democrática, menos incluyente, menos equitativa y menos respetuosa de los derechos humanos.

Costarricenses, estamos en guerra

Dr. Álvaro Salas Chaves

Estamos en una guerra declarada contra un enemigo extraordinario: el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, un terrible monstruo de tres cabezas. Estos enormes enemigos nos están succionando la vida a cada paso. Nos están matando a nuestros hijos, a los que van o vienen del trabajo, a los que se quedaron por fuera de los programas educativos que ofrecía el país y fueron a aumentar el enorme grupo de ¨no preparados para el trabajo¨ Están matando a los cientos de costarricenses que los programas de lucha contra la pobreza, por años y años, no alcanzaron a protegerlos de los flagelos del hambre, la marginación y la miseria. Nos están matando anímica y espiritualmente, a esos cientos de costarricenses que, como resultado del desprecio de la sociedad, por generaciones, se convirtieron en crueles sicarios que asesinan a sangre fría, llenos de odio y saña.

Cada vez, las imágenes de la televisión son más explícitas. Las redes sociales muestran sin el menos empacho, los crímenes en vivo y en directo, donde los niños y jóvenes aprenden a matar con sus armas de palo y hasta cómo huir en sus destartaladas bicicletas.

Estamos en guerra y tenemos que actuar ya. No podemos esperar un milagro, ni los recursos tecnológicos y financieros infinitos que se necesitarían, para al menos, intentar controlar la situación actual.

Comencemos por el Gobierno de la República. Señor presidente, ya pare esta campaña de odio y división de la familia costarricense. Llevamos catorce meses de contemplar impávidos como en cada conferencia de prensa, usted crea claramente un enfrentamiento entre funcionarios, ministros, diputados, jueces, periodistas y empresarios. Si no se había dado cuenta, se lo informo, el resultado es el “miedo”. Todos tienen miedo. Por favor, el gobierno debe llamar a la concordia, a la unidad nacional de todos los sectores, a unirse como un solo puño contra el enemigo que nos destruye. Estos no son tiempos para destruir, suficiente con lo que está pasando con la violencia extrema en la sociedad. Estos son tiempos para unir, para tirar puentes, no para dinamitarlos.

El gobierno tiene todos los hilos del poder en la mano. Úsenlos para sumar fuerzas, para crear un contingente de hombres y mujeres capacitados y formados en cada uno de las especialidades de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.

Primero, ya hay que capacitar y formar a nuestros policías profesionalmente en las universidades del país, en todo el territorio nacional. Ya tenemos que contar con cursos de formación profesional de los mandos superiores de las fuerzas del orden. Evitemos el desgaste de las discusiones entre los rectores y los ministros de hacienda y educación. Siéntense todos y armen ya los cursos de formación superior de las policías con el apoyo internacional de Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, Francia y Alemania. Ellos están sufriendo los mismos tres flagelos que nosotros tenemos y han aprendido mucho de lo que hay que hacer.

Segundo, dediquemos todos las energías del gobierno, la empresa privada, las cooperativas y organizaciones de la sociedad civil a crear empleos. Urgen cientos de miles de empleos, desde los más humildes hasta los más complejos. Necesitamos arrebatarle al enemigo de tres cabezas, lo único y mejor de este país, los jóvenes y las jóvenes, especialmente. El gobierno ya debe crear un sistema de incentivos a todos los sectores productivos, dando beneficios y prerrogativas que los estimule a ampliar su actividad económica y a crear nuevos empleos. Cada vez que se abra una actividad económica nueva, debe formar parte del cuerpo legal y gerencial, los planes para incluir a muchos costarricenses que están urgidos por años, de un empleo. Por ejemplo, tres grandes empresas tienen ya la autorización para iniciar proyectos de exportación del cáñamo y la mariguana de uso industrial y medicinal. Con el mismo impulso que se inició, la empresa y el Instituto Nacional de Aprendizaje deben de iniciar juntos, la capacitación de los trabajadores y técnicos en ese campo.

Tercero, la banca debe formar parte integrante fundamental de todo este esfuerzo nacional. Los tres, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, necesitan utilizar los productos bancarios que se ofrecen para el manejo del dinero en toda la gama de actividades posibles. Hay que continuar, como muy bien lo hicieron los señores diputados, los magistrados, la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial, con la reforma y creación de las leyes que garanticen la trazabilidad del dinero corrupto y podrido que circula por las cuentas de los cientos de ¨impensables beneficiarios ocultos¨ de esta actividad asesina.

Cuarto, la formación y capacitación de los maestros y profesores de las escuelas, colegios y universidades. Se trata de asumir la enorme responsabilidad que todos tenemos con los niños y adolescentes que, en número de cientos de miles, deben de mantenerse en los programas educativos, contra viento y marea. No podemos permitir seguir perdiendo estudiantes para irse a la actividad ilícita, por fantástica que se la hagan ver. La única forma que existe es motivando a sus maestros y profesores. Comprometerlos con sus estudiantes y familias, todos juntos si podremos lograrlo. Aquí de nuevo, las universidades nacionales, todas, deben de abrir sus aulas, en acuerdo con el Ministerio de Educación, para la incorporación de nuevas estrategias educativas, nuevos conocimientos y saberes que otros países han experimentado con éxito: Finlandia y Portugal son buenos ejemplos.

Quinto, la Familia, mucho de lo que nos está pasando es por haber abandonado a la familia a su suerte. Creímos que lo único y más importante era el trabajo, los buenos salarios y la buena vida y se nos olvidó que la familia era el núcleo fundamental sobre el cual se asentaba toda sociedad. Había que dedicarle el tiempo necesario para que creciera y floreciera y por supuesto para que diera sus frutos. Los resultados son desastrosos. Se ha roto la familia, volver a pegarla nos va a costar mucho esfuerzo.

Sexto, protejamos a la Caja Costarricense de Seguro Social. señor presidente, por favor, con todo el respecto, no siga atacando a la institución que vela por la salud y las pensiones de millones de costarricenses. El muro de contención que evita que esta guerra declarada sea peor de lo es, se llama Caja Costarricense de Seguro Social. Hace apenas catorce meses, los médicos y las enfermeras, los microbiólogos y los psicólogos con los farmacéuticos y todo el resto de los técnicos y profesionales de la salud de esta extraordinaria institución eran héroes. Hoy, hemos olvidado que tuvimos una pandemia y pareciera que ahora los villanos fueron los que nos protegieron. Pare ya señor presidente, no continúe vilipendiando a lo mejor que tiene este país.

Documento compartido con SURCOS por Óscar Aguilar Bulgarelli.

Organizaciones internacionales de derechos humanos demandan respeto al proceso electoral y la voluntad popular en Guatemala

Pronunciamiento de organizaciones internacionales de derechos humanos. Demandamos respeto al proceso electoral y la voluntad popular en Guatemala

Las Américas, 13 de julio de 2023- Este 12 de julio el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), con apego al orden constitucional, oficializó los resultados de las votaciones celebradas el 25 de junio, confirmado que los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Semilla disputarán la segunda ronda electoral, programada para el 20 de agosto. Este anuncio se produjo 17 días después de las elecciones, dado que el TSE tuvo que realizar un recuento de los escrutinios solicitado mediante un amparo por un grupo de partidos políticos que alegaron supuestas anomalías, que finalmente fueron descartadas.

A pesar de la autoridad del TSE y de los mandatos constitucionales que lo respaldan, minutos antes de oficializar los resultados, el Juez Séptimo de Instancia Penal Freddy Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, en un acto abiertamente ilegal, con el objetivo de judicializar el proceso electoral en beneficio de intereses espurios. El partido Movimiento Semilla planteó un amparo para detener esta resolución ilegal que deberá ser otorgado por la Corte de Constitucionalidad para evitar el rompimiento constitucional.

Este intento de impedir la participación electoral del partido ha sido promovido por el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras y ejecutado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) liderada por el fiscal Rafael Curruchiche, quienes dirigieron un allanamiento ilegal en la sede del TSE, con personas armadas y el rostro cubierto para causar temor y obtener documentación del partido Movimiento Semilla. Los funcionarios Porras y Curruchiche están sancionados por los Estados Unidos por corrupción. El Juez Orellana ha sido cuestionado por conducir casos de criminalización contra fiscales exiliados y el periodista encarcelado José Rubén Zamora.

Las organizaciones internacionales firmantes hacemos un llamado a todas las autoridades guatemaltecas a que respeten la independencia del Tribunal Supremo Electoral y el orden jurídico constitucional. La institucionalidad guatemalteca debe garantizar respeto a su mandato constitucional y no permitir que otros órganos interfieran arbitrariamente en el proceso electoral.

Se debe investigar a los funcionarios que buscan manipular el proceso electoral en clara violación a la Constitución y a la voluntad popular reflejada en los votos. Exigimos se detengan de forma inmediata las amenazas de criminalización contra integrantes de partidos políticos convocados a elecciones y sus representantes legales.

Exhortamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta y pronunciarse sobre lo que acontece en Guatemala y a sumar sus esfuerzos diplomáticos para evitar que se produzca este atropello a la democracia.

Finalmente, expresamos nuestra confianza en que las acciones indebidas no prosperarán y el proceso electoral podrá continuar con su curso, garantizando la libre expresión de la voluntad del pueblo guatemalteco.

Organizaciones firmantes:
American Jewish World Service (AJWS)
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Impunity Watch
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Latin America Working Group (LAWG)
Plataforma Internacional contra la Impunidad

25 verdades sobre la muerte del joven Nahel en Francia

Salim Lamrani

Universidad de La Reunión

Un adolescente de 17 años ha muerto a manos de un agente policía durante un control de carretera, desatando una ola de emoción en la sociedad francesa.

  1. El 27 de junio de 2023, en Nanterre, cerca de París, a los 8 de la mañana, dos agentes de policía dieron el alto a un coche ocupado por tres personas, todas menores, tras una negativa a cumplir la orden de detenerse. El conductor era un adolescente de 17 años llamado Nahel. Cuando el coche arrancó de nuevo, uno de los policías disparó a quemarropa y mató al joven, hijo único de una familia monoparental. El video disponible en las redes sociales muestra claramente que el coche no suponía ningún peligro para los dos policías.
  2. Desconociendo la existencia del video, los dos policías declararon que el coche cargó contra ellos y que se habían visto obligados a usar sus armas de fuego para proteger sus vidas. Esto era claramente mentira. Alain Bauer, profesor de criminología en el Conservatoire des Arts et Métiers y reputado especialista en formación de policías y a gendarmes, insistió en el punto: “La versión falsa, totalmente desmentida por las imágenes, arruina todo el edificio. Es mentira. El coche no los atropelló. El coche no se les vino encima”. También denunció a “los pocos policías podridos, corruptos y ovejas negras de la profesión […] que ponen en entredicho a todos los que respetan la ley, el orden y que son defensores de las libertades”. Sin el video, la falsa versión de los policías habría prevalecido y el responsable de la muerte del adolescente nunca habría comparecido ante la justicia.
  3. Retransmitiendo la falsa versión policial, los medios de comunicación se apresuraron en presentar al adolescente como un peligroso delincuente multirreincidente. En realidad, el joven Nahel no tenía antecedentes penales. La fiscalía de Nanterre incluso abrió una investigación por “resistencia a la autoridad e intento de homicidio de un funcionario público” contra el conductor. Esta decisión fue recibida con una incomprensión generalizada ya que las imágenes desmienten formalmente la versión policial. Además, la muerte del conductor pone fin automáticamente a cualquier procedimiento judicial. La fiscalía también abrió una investigación contra el policía por “homicidio voluntario cometido por una persona en el ejercicio de sus funciones oficiales”. Compareció ante un juez y permaneció en prisión preventiva en la Cárcel de la Santé.
  4. El abogado del agente, Laurent-Franck Liénard, subrayó el carácter excepcional de la detención: “En mis 31 años de carrera defendiendo casos relacionados con el uso de armas, nunca he tenido a un cliente que haya sido puesto bajo custodia después de haber comparecido ante un juez”. Esta declaración ilustra la realidad de la impunidad policial y refuerza el sentimiento generalizado en la sociedad francesa según el cual la justicia protege a los policías que cometen crímenes. Jean-Pierre Mignard, abogado de víctimas de la violencia policial, es categórico al respecto: “Todas las profesiones tienen un código genético: el de la policía es la impunidad”.
  5. Camille Chaize, portavoz del Ministerio de Interior, rechazó las polémicas en torno a los supuestos antecedentes penales de la víctima, esgrimidos por la policía y los medios de comunicación para justificar la actuación del agente. Preguntada al respecto, respondió: “No es el sentido del debate, no tiene sentido pensar así, poco importa si era conocido o no de los servicios de policía. […] Pero es cierto que algunas fuentes policiales […] señalan antecedentes penales, o incluso anotaciones en la barandilla, que es infrajudicial, no antecedentes penales, pero todo eso no tiene sentido, no importa”.
  6. El abogado de la familia de la victima, Yassine Bouzrou, anunció que había presentado una denuncia contra los dos policías, una por homicidio culposo y otra por complicidad de homicidio culposo. Explicó lo siguiente: “No hay ninguna duda sobre su intención de matar ya que la banda sonora del video lo muestra anunciando antes disparar: ‘Voy a meterte una bala en la cabeza’. La denuncia también se presentará contra su colega por complicidad de homicidio voluntario ya que parece ordenar a su colega que dispare diciendo ‘dispárale’ justo antes de que se produzca el disparo”.
  7. El testimonio del pasajero que estaba sentado al lado de Nahel es condenatorio. Relató en detalle lo sucedido: “El primer policía le pidió a Nahel que bajara la ventanilla, cosa que Nahel hizo. Le dijo: ‘Apaga el motor o te disparo’. Le dio un primer golpe con la culata de la pistola. Luego llegó el segundo policía y también le golpeó con la culata de la pistola y se colocó en el parabrisas frente a Nahel. Desde ahí, el primer policía, que estaba a la altura de la ventanilla, lo apuntó con su arma y le dijo: ‘No te muevas o te pego un tiro en la cabeza’. El segundo policía le dijo: ‘Dispárale’. El primer policía lo golpeó de nuevo con la culata de la pistola. El coche tenía caja de cambios automática. El coche no estaba en ‘park’. Cuando recibió el tercer culatazo, su pie abandonó el pedal del freno y el coche avanzó. Y el segundo policía que estaba en el parabrisas disparó. Como resultado, su pie pisó el acelerador. Lo vi agonizando, temblaba. Chocamos contra una barrera. Me asusté y salí del coche. Salí corriendo. Pensé que me podían disparar también. Así que corrí.
  8. El pasajero trasero, de 14 años, también brindó su testimonio. Iba al colegio para pasar el examen del diploma de colegio y se encontró con Nahel, que se ofreció a llevarlo. “Los policías apuntaron con sus armas a Nahel”, que recibió “unos tres golpes” e intentó “protegerse la cabeza”. Un policía afirmó “que iba a meterle un disparo en la cabeza”. Nahel luego “soltó el freno probablemente por pánico, intentando protegerse. El coche arrancó solo. Era automático. Y el policía le dijo a su colega que disparara. Y el arma se disparó”.
  9. El Presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la acción del policía en una declaración pública: “Quiero expresar la emoción de toda la nación y decirle a su familia todo el afecto de la nación […]. Tenemos un adolescente que ha sido asesinado, es explicable, inexcusable”. Por su parte, Gérald Darmanin, Ministro de Interior, apuntócon el dedo “imágenes extremadamente chocantes”.
  10. En febrero de 2017, el gobierno socialista de François Hollande impulsó la Ley de Seguridad Ciudadana que autoriza a la policía a utilizar sus armas de fuego en caso de negativa a cumplir la orden. El apartado 4 establece que los agentes podrán utilizar sus armas “cuando no puedan inmovilizar, salvo mediante el uso de armas, vehículos, embarcaciones u otros medios de transporte cuyos conductores no acaten la orden de detenerse y cuyos ocupantes puedan, en su huida, causar lesiones a sí mismos o a terceros”. La Liga de Derechos Humanos y numerosos diputados denunciaron la ley como una “licencia para matar”, pidiendo su derogación. El propio abogado Liénard se opuso públicamente a la ley: “Si empezamos a decir a los policías que pueden disparar a un coche que huye, tendremos más tiroteos, más heridos y más condenas a policías”.
  11. Desde 2017, el numero de personas que han perdido la vida tras una negativa a cumplir la orden ha aumentado de modo considerable. De 17 personas entre 2002 y 2017, una media de 0,88 por año, se ha pasado a 13 personas para el año 2022, algunas de las cuales eran simples pasajeros. Las víctimas presentan dos características: son en su mayoría jóvenes, o incluso muy jóvenes, y estaban racializadas. A modo de comparación, en Alemania, sólo se ha producido una muerte tras una negativa a cumplir la orden en diez años.
  12. El 30 de junio de 2023, la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el racismo estructural presente en el seno de la policía y la gendarmería en Francia. Su portavoz Ravina Shamdasani hizo un llamamiento a las autoridades: “Ha llegado el momento de que el país aborde seriamente de los arraigados problemas de racismo y de discriminación racial entre las fuerzas del orden”. Pocos días después, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial denunció “el asesinato de Nahel M., de 17 años, de origen magrebí, a manos de un agente de policía en Francia” y se declaró “profundamente preocupado por la práctica persistente de la elaboración de perfiles raciales, combinada con el uso excesivo de la fuerza en el cumplimiento de la ley, en particular por parte de la policía, contra miembros de grupos minoritarios, en particular de origen africano y árabe, que con frecuencia se traduce en homicidios recurrentes, de manera desproporcionada y prácticamente impune”.
  13. Interrogado al respecto, Laurent Nuñez, Prefecto de la Policía de Paris, nególa realidad de la situación: “No hay racismo en la policía”. No obstante, incluso el Presidente de la Republica Francesa ha reconocido la existencia de practicas discriminatorias persistentes: “Hoy en día, las personas de piel no blanca son objeto de mucho más escrutinio. Se las identifica como un factor problemático y eso es insostenible”.
  14. Según diversos estudios, la mayoría de los agentes del orden votan a la extrema derecha. Así, según el Centro de Investigaciones Políticas de Sciences-Po (Cevipof), el instituto de sondeos Ipsos y la Fundación Jean Jaurès, el 60% de los policías y miembros de las fuerzas armadas votaron a Marine Le Pen en 2022. En 2017, el 67% de los policías activos votaron a la candidata de extrema derecha.
  15. Un estudio realizado en 2017 por Jacques Toubon, Defensor de los Derechos y ex Ministro de Justicia con Jacques Chirac, ilustra los prejuicios racistas presentes en el seno de las fuerzas del orden y el maltrato policial a los jóvenes de los barrios populares. Así, los individuos percibidos como negros o árabes tienen “20 veces más probabilidades que los demás de ser parados” por la policía. El Defensor de los Derechos señala que el 40% de esas personas afirman haber sido tuteadas, el 21% insultadas y el 20% maltratadas durante su última parada. Otro estudio del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) subraya que “el comportamiento de la policía francesa […] puede asimilarse a la elaboración de perfiles raciales”. Christian Vigouroux, deontólogo del Ministerio del Interior, llegó a presentar en 2021 un informe de 160 páginas sobre “la lucha contra la discriminación en el seno de las fuerzas de seguridad”, en el que formulaba 54 propuestas que han quedado desatendidas por las autoridades.
  16. Según el Derecho Internacional, “la discriminación racial es una forma particularmente odiosa de discriminación y, en vista de sus consecuencias peligrosas, exige una vigilancia especial y una respuesta enérgica por parte de las autoridades”. El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
  17. Según Amnistía Internacional, “en Francia, la práctica de los controles de identidad está extendida y profundamente arraigada en la actuación policial, hasta el punto que fomenta una discriminación sistémica”. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la discriminación sistémica “puede entenderse como un conjunto de normas jurídicas, políticas, prácticas o actitudes culturales imperantes en el sector público o privado que crean desventajas relativas para algunos grupos y privilegios para otros”. AI agrega que “la práctica de controles de identidad discriminatorios es conocida y está ampliamente documentada”, denuncia su “magnitud” y subraya “sus efectos devastadores sobre las víctimas, incluidos niños que a veces tienen sólo 12 años”.
  18. La Corte Suprema, el más alto tribunal del ordenamiento jurídico francés, reconoció la existencia de esta práctica en una sentencia de 2016 y subrayó que tales controles constituían una falta grave de la que es responsable del Estado.
  19. Jean Hossam Botros Messiha, militante de extrema derecha, nacido en Egipto y nacionalizado francés a los 20 años, que sigue siendo considerado inmigrante por el Instituto Nacional de la Estadística y de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, portavoz de Eric Zemmour durante la campaña presidencial de 2022 y partidario de la teoría racista del “gran reemplazo”, que declara que la inmigración – de la cual se benefició a los 8 años – constituye ahora “una amenaza existencial histórica para Francia”, abrió un fondo en línea a favor del policía investigado por homicidio culposo. En pocos días, el “fondo de la vergüenza”, como la han calificado numerosos observadores, recaudó 1,6 millones de euros con más de 76.000 donantes, haciendo millonario a un hombre responsable de la muerte de un adolescente, suscitando la ira legítima de la familia y la indignación de la opinión pública.
  20. La muerte de Nahel desencadenó una explosión de cólera en toda Francia, cuya dimensión política fue minimizada por las autoridades, que prefirieron ver en estas revueltas urbanas sólo un impulso destructivo. Los sublevados tienen la sensación de que la única manera de hacer oír su voz es la violencia. Numerosos comercios y edificios públicos, principalmente en los barrios populares, fueron saqueados por jóvenes, algunos de tan sólo doce años. Se quemaron cerca de 12.000 coches y se dañaron 2.500 edificios públicos, entre ellos más de 250 comisarías de policía y más de 150 escuelas. La casa personal del alcalde de La Häy-les-Roses fue incluso atacada con un coche ariete mientras su familia estaba dentro.
  21. La respuesta del gobierno a la agitación social ha sido puramente autoritaria y represiva movilizando a 45.000 agentes del orden, incluidas unidades de elite como el GIGN, el RAID y la BRI. En Marsella, un padre 27 años perdió la vida tras recibir “probablemente” un disparo de flash-ball, según la fiscalía. En Meurthe-et-Moselle, un joven veinteañero se encuentra en coma tras recibir un disparo en la cabeza por parte de la policía. Según las autoridades judiciales, no hay indicios de que estas dos personas estuvieran implicadas en los disturbios. Ambas eran de origen magrebí. Además, cerca de 3.500 personas fueron detenidas, y casi el 60% de ellas no tenían antecedentes penales, según Gérard Darmanin. Según el Ministro de Interior, el 90% de los detenidos son franceses. En su comparecencia ante el Senado, descartó la explicación relacionada con la identidad: “Eché un vistazo en las comisarias. Sí, hay gente que aparentemente podría ser de origen inmigrante. Pero había muchos Kevin y Matteo”.
  22. Los tribunales, por su parte, fueron expeditivos y despiadados. A guisa de ejemplo, un hombre de 28 años fue condenado a 10 meses de prisión con orden de ingreso a una cárcel por robar una lata de Red Bull valorada en 1,15 euros. Su abogada Camille Bal declaró: “Los principales autores de la violencia son los que estuvieron ausentes en gran medida de las vistas de ayer. Los que fueron detenidos por la policía eran los que aparecieron después del delito, después de que la tienda hubiera sido blanco de los matones. Mi cliente entró en el Monoprix a oscuras, cogió una lata de Red Bull, salió y lo desplumaron como una rosa”. Para la abogada Camille Vannier, que participó en la defensa colectiva, “la justicia está completamente manipulada” por el poder político. Subraya que los jueces siguen ciegamente los requisitorios: “Es muy preocupante desde el punto de vista de la independencia del poder judicial. Órdenes de ingreso en prisión, órdenes de ingreso en prisión, órdenes de ingreso en prisión por delitos menores”. La abogada Elsa Marcel también expresó su asombro: “Las sentencias son extremadamente duras, los procedimientos son chapuceros, hay muchos escenarios en los que no se no reconocen a las personas, los informes de detención son sumamente vagos, es una justicia política”.
  23. El 30 de junio de 2023, los dos principales sindicatos policiales Alliance Police y UNSA Police publicaron un comunicado de prensa extremadamente violento, confirmando todas las acusaciones de racismo lanzadas contra las fuerzas del orden. Los manifestantes de los barrios populares son animalizados y descritos de “hordas salvajes” y de “pestes” a las que hay que combatir, pidiendo que se utilicen “todos los medios” para ello. El comunicado amenaza también directamente al gobierno con sedición en términos apenas velados, lo que no tiene precedentes para una policía republicana cuya misión es obedecer al ejecutivo y hacer respetar la ley: “Por estas razones, Alliance Police Nationale y UNSA Police asumirán sus responsabilidades y advierten desde ahora al Gobierno que al final, estaremos en la acción y sin medidas concretas de protección jurídica de los Policías, una respuesta penal adecuada, y la puesta a disposición de medios importantes, los Policías juzgaran del nivel de consideración mostrado. Hoy, los Policías están en combate porque estamos en guerra. Mañana, estaremos en resistencia y el Gobierno tendrá que darse cuenta de ello”. En otro movimiento sin precedentes, la UNSA Education condenó públicamente el comunicado, denunciando palabras “preocupantes e insoportables”. En cuanto al gobierno, no ha tomado ninguna medida contra los autores de la declaración.
  24. La muerte de la joven Nahel fue la chispa que encendió un polvorín social en los barrios abandonados por la República. Además del racismo sistémico, que afecta sobre todo a las personas de origen inmigrante (el 47% de los subsaharianos y el 30% de los magrebíes son víctimas), las poblaciones desfavorecidas están siendo desatendidas por los poderes públicos. Las cifras hablan por sí solas: el 7.5% de la población francesa (5,5 millones de habitantes) vive en los suburbios. El desempleo en estas zonas duplica la media nacional. La mitad de los jóvenes están en paro. Cerca del 40% de los habitantes no tienen ningún diploma, frente a una media nacional del 20%. En los barrios obreros hay casi la mitad de bibliotecas y tres veces menos instalaciones deportivas que en el resto del país. La tasa de pobreza es tres veces superior a la del resto del país (42% frente a 14,9%). Como recordatorio, hay 9 millones de pobres en Francia, de los cuales 3 millones son niños. Mientras que la media nacional es de 400 médicos por 100.000 habitantes, sólo hay 250 en los barrios populares. El 40% de los barrios obreros carece de guarderías, mientras que el número de familias monoparentales es el doble que en el resto del país (20%). En contra de la creencia popular, las transferencias sociales son menores en estas zonas: 6.100 euros por año y por habitante frente a los 6.800 euros para la media nacional. Además, estos barrios, lejos de encontrarse con respiración asistida, contribuyen más al esfuerzo nacional que el resto del país. Por ejemplo, Seine-Saint-Denis es el tercer departamento más pobre de Francia (el primero de Francia continental) de un total de 101,  y el que recibe menos protección social per cápita, pese a ser el octavo contribuidor social a las finanzas públicas del país. En Seine-Saint-Denis, por ejemplo, hay 1.100 funcionarios de hospital por cada 100.000 habitantes, frente a una media de 1.800 en el resto de Francia. Los gobiernos prestan poca atención a la difícil situación de estas poblaciones empobrecidas porque tienen muy poco poder político o electoral.De hecho, el 48% de los habitantes de barrios populares no votaron o se abstuvieron en las últimas elecciones presidenciales.
  25. Es necesario que los políticos en general y el Gobierno en particular tomen medidas urgentes:

-La Ley sobre la Seguridad Ciudadana de 2017 debe suspenderse a la espera de su abrogación. Esto protegerá tanto a los ciudadanos como a los agentes de policías al volver al statu quo ante que establece un marco estricto para el uso de armas de fuego.

-Resulta imperativo que cese la negación dentro de las fuerzas del orden, las autoridades gubernamentales y los responsables políticos sobre el racismo estructural presente en el cuerpo policial.

-Hay que poner fin a la impunidad para los policías culpables de crímenes y que sean sancionados de modo ejemplar, a la altura del delito cometido. Los policías racistas, y más generalmente los que no respetan la deontología y el Código de Conducta de la profesión, deben ser excluidos del cuerpo de las fuerzas del orden.

-Los casos de violencia policial deben ser sistemáticamente retirados de las salas de audiencia locales para garantizar la serenidad de los debates – reivindicación del Sindicado de Magistratura – habida cuenta de los estrechos vínculos existentes entre la fiscalía y las fuerzas del orden.

-Una comisión “Verdad y Justicia”, compuesta por miembros independientes, debe crearse para analizar todos los casos de violencia policial y dar una respuesta a las víctimas y sus familias.

-Se debe reformar la Inspección General de la Policía Nacional, que ha perdido toda credibilidad debido a la debilidad de las raras sanciones pronunciadas contra agentes responsables de delitos y crímenes, y componerse de personas independientes, no vinculadas a las fuerzas del orden.

-Los policías y gendarmes deben estar equipados con cámaras peatonales, lo que ofrecerá garantías tanto a los agentes como al público y permitirán mejorar la calidad de los controles.

-Los policías deben emitir un recibo por cada control para reducir la discriminación.

-El Estado debe revisar su doctrina de mantenimiento del orden y sus prácticas y métodos, con un regreso a una política basada en la prevención y no la represión. Por ejemplo, la policía de proximidad, alabada por todos los agentes sociales por su eficacia y su capacidad a establecer vínculos con los jóvenes, debe restablecerse, particularmente en los barrios populares.

-Es indispensable mejorar el salario de los policías y ofrecerles mejores condiciones de trabajo para facilitar su tarea y hacer que la profesión resulte más atractiva.

-Los aspirantes a las oposiciones para convertirse en policías deben pasar por un proceso de selección más riguroso, para descartar a los que no estén hechos para el trabajo. Del mismo modo, la policía debe asegurarse de integrar en sus rangos a personas de orígenes diversos, ofreciéndoles condiciones de trabajo dignas, libres de cualquier forma de discriminación.

-El proceso de formación también debe revisarse de arriba abajo, mejorarse y prolongarse durante mucho más tiempo, tal y como reclama la profesión desde hace tiempo (pruebas psicológicas, prueba de tolerancia al estrés, respeto de los valores de la república, etc.).

-El gobierno debe dar una respuesta política, económica y social a la cuestión de la pobreza, de la exclusión social y de la discriminación, poniendo en marcha acciones positivas ambiciosas para ayudar a las persones de los barrios populares que llevan demasiado tiempo viendo cómo los poderes públicos ignoran su sufrimiento.

 

Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de Sorbonne Université y profesor titular de la Universidad de La Reunión, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Imagen: https://www.elmundo.es

Sanear la CCSS, no quebrarla

José Luis Pacheco Murillo

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha sido por muchos años un botín del que se han querido apropiar muchos. Esa apropiación no ha consistido en una acción encaminada a mejorarla sino, al contrario, a tratar de desmantelarla y ojalá desaparecerla para así, con total tranquilidad la medicina privada imponga sus reglas y se acabe la seguridad social pública en el país.

La semana pasada nos dieron a conocer detalles de cómo se han venido saqueando los recursos de la CCSS. La institución insignia de la seguridad social del país es tan robusta que a pesar de todos los embates de que ha sido objeto para destruirla sigue en pie y sigue brindando un servicio, que, aunque deficiente, mejorable.

El “plan escudo” fue un golpe bajo y casi que mortal para la CCSS. Crear de golpe 10 mil plazas para funcionarios administrativos, fue debilitar las finanzas de la institución y aumentar la burocracia.

El sistema de compras ha sido una oportunidad de corrupción y saqueo desmedido.

Los enemigos de la CCSS están dentro y fuera de la institución y hay que acabar con ellos, pero se debe tener mucho cuidado con las formas porque está muy bien que se ataque la corrupción y se despidan funcionarios corruptos, pero no deben paralizarse las obras urgentes y necesarias para mejorar las posibilidades de una mejor atención para los asegurados.

Está muy bien que se limpien y transparenten las finanzas de la CCSS, pero no está bien que se dejen de construir las obras que se requieren con urgencia en diversos hospitales del país, por ejemplo, el más nacional de todos por el área de atracción que tiene, me refiero al hospital San Rafael de Alajuela, con una área de atención de más de 750 mil personas, dos autopistas, un aeropuerto internacional, un complejo penitenciario, la zona franca más grande del país. Dejar de hacer lo que se requiere en este hospital es condenar a la población a tener pequeños servicios de salud aumentando filas y requiriendo de equipo vital.

Está muy bien que se hagan los esfuerzos por limpiar la corrupción que existe en y por medio de la CCSS y que se envíen al Ministerio Público todas las denuncias del caso, pero debe mantenerse el equilibrio demostrando que el deseo es fortalecer la institución y no quebrarla, y por ello, la necesidad de que se construyan las obras urgentes que se requieren.

Dios quiera que podamos tener un CCSS fuerte, sana, limpia de corruptos y de corrupción, fortalecida con los aportes que deben darse incluyendo los del Estado y que pueda servir a los ciudadanos por muchos años más.

Un gobierno sombrío

Oscar Madrigal

No sé a ustedes, pero a mí todo este Gobierno me parece oscuro, opaco, poco trasparente, raro. Será por lo mentiroso que es.

Empezó con un presidente cuestionado y sancionado por acoso sexual en el Banco Mundial, que Chaves siempre negó, pero cuyas sanciones ahí estaban como un hecho real, grande y concreto.

Para no retroceder mucho en el tiempo, hace unos días el Presidente Chaves detuvo la construcción del Hospital de Cartago blandiendo documentos falsos de un terreno distinto al adjudicado para la construcción del hospital. Luego que agarraron al Presidente en la mentira ni se sonrojó y mucho menos se disculpó.

El ministro Nogui sustenta acusaciones de evasión en documentos que no existen, aunque afirme bajo juramento de la existencia. Miente, pero se justifica en su ignorancia.

Chaves propone un aumento considerable en la carga de impuestos incurriendo en una flagrante contradicción con lo ofrecido en campaña, pero lo excusan en que no se trata de nuevos impuestos, sino simplemente de aumentarlos. Toman del pelo a los costarricenses creyéndolos estúpidos.

Las famosas Rutas, del arroz, de la educación y otras, solo han servido para devolver favores financieros a sus amigotes o para destrozar la ya decaída educación nacional.

Alquilan y compran partidos políticos para participar en las próximas elecciones municipales. Como falló el partido creado por una asesora presidencial con una trayectoria más que dudosa en México, ahora compraron el partido que propuso a Greivin Moya. Detrás de todo esto hay financistas de oscura trayectoria: unos señores chinos, investigados por lavado de dinero, que primero compraron más de ¢150 millones al partido de Chaves y luego aparecen ligados también al partido de Greivin comprado por un Federico, amigo y asesor de Rodrigo Chaves. Todo muy raro, muy opaco, poco trasparente.

Comprometieron su palabra a los Rectores de las universidades públicas para el año entrante aumentar el presupuesto en un 1%, ello para contrarrestar la inflación. Nogui dice que no les pagarán y les echa la culpa a los diputados porque redujeron el presupuesto del pago de intereses de la deuda pública. Es decir, primero pagar los intereses antes que educación, antes seguridad que educación, parece ser su consigna, lo cual no es más que reproducir el círculo de la pobreza. Renegaron de su palabra, incumplieron un acuerdo solemne, pero eso, ¡qué importa!

Desde el inicio el Presidente sostuvo que la CCSS estaba quebrada y luego destituyó al presidente ejecutivo, a la junta directiva, a los más altos cargos y a todo aquel que opinara o demostrara lo contrario.

Su objetivo es procurar la privatización de importantes servicios, eliminar la universalización de la seguridad social por costosa y no pagar la deuda del Estado a la Caja. No estamos exagerando es lo que indicó ayer la señora Esquivel, presidenta de la Caja. Sino ¿qué sentido tiene decir que la universalización de los seguros sociales es insostenible? En el fondo es dejar un seguro social solo para los asalariados y el resto de la población, dos terceras partes, sin seguro y dejados al cuidado de las antiguas Unidades Sanitarias.

Ayer la señora Esquivel hizo un montón de afirmaciones que deberá sustentar y que parece que su único motivo es justificar el NO pago del Estado a la Caja. Este parece ser el motivo de fondo de este Gobierno, NO pagar lo que le debe a la CCSS. Eso es lo que está en el fondo del show montado por el Gobierno de Chaves ayer, porque de cosas positivas, de propuestas, de fórmulas para fortalecer la Caja, ninguna.

¡Qué enorme diferencia demuestra el Gobierno en cuanto a pagar los intereses de la deuda pública y pagarle a la Caja lo que el Estado le debe!

Mientras la presidenta ejecutiva Esquivel se muestra supuestamente implacable contra la corrupción, quita una plaza de médico al Hospital de Puntarenas para nombrar a la ex de Salud, Jocelyn Chacón, en un puesto burocrático en San José. Esto no tiene otro nombre más que CORRUPCIÓN y resta toda credibilidad a los aspavientos de la señora Esquivel. Para los amigotes cuchara grande, para los pobres caridad.

Este Gobierno es tan opaco como el Presidente.