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Etiqueta: Corte Penal Internacional

La batalla diplomática de cara a la designación del (de la ) futuro(a) Secretario(a) General de Naciones Unidas: breves apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 2 de febrero, con el apoyo de Brasil y de México, Chile ha oficializado la candidatura de su ex Presidenta, Michele Bachelet, para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas (véase comunicado oficial de Chile). Se trata de un anuncio tripartita bastante inusual, y que posiblemente, responda a los resultados de las elecciones pasadas en Chile y a la inminente llegada de nuevos dirigentes en Chile, poco afines con la ex Presidenta Michele Bachelet (y que asumirán sus funciones oficialmente a partir del 11 de marzo del 2026 en Santiago). Consultas previas al anuncio explican que Chile tomara varias semanas, tal y como se indica en esta nota de prensa de enero del 2026, antes de inscribir oficialmente a la candidata chilena.

Este anuncio conjunto fue precedido en el mes de noviembre del 2025 por el anuncio hecho por Argentina de postular a uno de sus nacionales, Rafael Grossi (véase comunicado oficial de Argentina), y, en octubre del 2025, por otro anuncio oficial, proviniente esta vez de Costa Rica, al oficializar la candidatura de una de sus nacionales, Rebecca Greenspan (véase comunicado de prensa). 

Es de notar que en agosto del 2025, en Argentina su actual candidato confirmó a medios de prensa locales su intención con respecto a su posible candidatura (véase nota de prensa).

Desde el punto de vista histórico, cabe recordar que el primer (y único hasta la fecha) Secretario General oriundo de América Latina fue peruano (el ex canciller de Perú, designado en octubre de 1981, sustituyendo a otro ex canciller – de Austria –  en el puesto, designado en octubre de 1971). 

Siempre desde la perspectiva histórica, nunca desde 1945 el cargo de Secretario General de Naciones Unidas fue ocupado por una mujer. 

Un consenso mundial ante la disonancia regional

Pareciera existir un consenso a nivel internacional para que esta vez, sea el continente latinoamericano el que proceda a postular a candidatos(as) para que sean designados(as) como futuro(a) Secterario(a) General de Naciones Unidas.

Ahora bien, el que se observe en estos últimos meses a las diplomacias de Argentina por un lado, asi como la de Costa Rica por otro, y tres Estados como Brasil, Chile y México apoyando una tercera candidatura de una nacional chilena, refleja la capacidad limitada de llegar a un consenso en la región de América Latina. 

Ni siquiera parecieran los Estados de la región estar en capacidad de ponerse de acuerdo sobre el punto de saber si la persona llamada a dirigir los destinos de la Secretaria General de Naciones Unidas debe ser un hombre, o bien una mujer.

En el marco de un foro regional como la CELAC (siglas de Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe), la desunión sobre este punto particular es palbable entre sus 33 integrantes, entre otros varios puntos de la agenda regional latinoamericana y caribeña.

No existe un formato de cumbre «CELAC / Rusia» ni «CELAC / Estados Unidos» que permita valorar si estos dos Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Rusia y Estados Unidos) han tomado nota de la voluntad del continente latinoamericano de ver a uno(a) de sus nacionales convertirse en (o la) futuro(a) Secretario(a) General de Naciones Unidas.

En cambio, durante la última cumbre China / CELAC, realizada en China en el mes de mayo del 2025 (véase texto completo colgado por la diplomacia de Colombia) el punto 13 se lee como sigue:

«13. China toma nota de la posición de los países de la parte de ALC de que ha llegado el momento para que una persona nacional de un Estado de América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas, considerando que, de los nueve Secretarios Generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, sólo uno ha sido originario de la región». 

En la parte final de esta declaración final, se indica que el punto siguiente (el punto 14) no contó con la aprobación de Costa Rica (sin que se tenga explicación oficial alguna desde entonces) y que Argentina consideró oportuno no hacerse presente en la plenaria de esta cumbre: «La República Argentina estuvo ausente del Plenario Ministerial en la Cuarta Reunión del Foro CELAC-China y no participó en la adopción de estos documentos«.

En noviembre del 2025, en otra cumbre, esta vez CELAC / UE (Unión Europea), se precisó en la declaración final adoptada (véase texto integral, y en particular el punto 21) que:

«21.The European Union takes note of the position expressed by the countries of Latin America and the Caribbean to have a national of the region serve as the next Secretary-General of the United Nations».

Nuevamente la diplomacia de Argentina consideró oportuno hacer ver de manera estridente ante los 27 Estados europeos y ante el resto del continente americano su profundo descontento con algunos puntos. La cacofonía de América Latina se dejó entrever de manera mucho más llamativa esta vez, al precisarse el final del texto de esta declaración final lo siguiente: «The Argentine Republic dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 42, 44, the reference to “gender” in paragraph 9, the reference to “Pact for the Future” from paragraph 20 and the reference to “Agenda 20230 and its 17 Sustainable Development Goals SDGs” in paragraph 22; the Republic of Costa Rica dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Ecuador dissociates from paragraphs 10, 15 and 18; the Republic of El Salvador dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Panama dissociates from paragraphs 10 and 15; the Republic of Paraguay dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 20, 22 and 44; the Republic of Trinidad and Tobago dissociates from paragraph 10 and from the reference to “We reiterate the importance of regional migration dialogue frameworks” in paragraph 47; the Bolivarian Republic of Venezuela withdraws from the declaration«. En el caso de Costa Rica, se desconoce si alguna explicación oficial fue aportada por parte de sus autoridades para explicar su objección a los puntos 10 (América Latina como Zona de Paz y apoyo a la lucha contra el narcotrafico en alta mar) y 18 (levantamiento del embargo a Cuba) de esta declaración final, puntos igualmente objetados por El Salvador. No se tiene conocimiento por parte de la diplomacia de Paraguay (objetando seis puntos), de Argentina (cinco puntos) y de Ecuador (tres puntos) de justificaciones aportadas oficialmente para explicar estas objecciones, ni tampoco de Venezuela (optando por rechazar todo el texto como tal). 

El levantamiento del embargo a Cuba: algunos apuntes

Observar a Estados del continente latinoamericano cuestionar la condena al embargo a Cuba y objetando que se exiga su levantamiento, ante al consenso existente a nivel internacional, resulta bastante llamativo. 

No está de más recordar que en el 2016, la resolución anual que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo el levantamiento del embargo a Cuba fue adoptada con 191 votos a favor y una abstención (la de Estados Unidos), tal y como lo analizamos en esta nota nuestra de octubre del 2016. 

En octubre del 2024, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). 

En cambio, en el último ejercicio de esta naturaleza (octubre del 2025), el voto registrado fue de 165 a favor, 7 en contra (entre los cuales Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones (entre las que figuran las de Costa Rica y de Ecuador). Estos números del 2025 reflejan el nivel de presiones que ejerce Estados Unidos sobre algunos Estados, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante (21 de enero del 2025).

El procedimiento previsto en breve y la experiencia previa de Costa Rica (en breve igualmente)

Más allá de las posiciones ahora encontradas sobre el embargo a Cuba, de la disonancia reinante en el continente americano y de algunas objecciones de Costa Rica no explicadas a temas que se pueden considerar medulares en declaraciones internacionales de este tipo, en la Carta de Naciones Unidas suscrita en 1945 es realmente muy poco lo que se indica sobre el procedimiento a seguir para la designación del Secretario General, al precisar solamente que:

«Artículo 97

La Secretaría se compondrá de un Secretario General y del personal que requiera la Organización. El Secretario General será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. El Secretario General sera el más alto funcionario administrativo de la Organización«.

En una carta con fecha del 25 de noviembre del 2025, la Presidenta de la Asamblea General y el Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recordaron a los Estados miembros de Naciones Unidas el procedimiento establecido para presentar postulaciones a este importante cargo dentro de Naciones Unidas, a definirse en el marco de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas (a realizarse en septiembre/octubre del 2026). Se considera que nuevas candidaturas pueden presentarse en estos primeros meses del 2026, sin que la precitada carta fije una fecha límite para ello. En esta misma misiva del 25 de noviembre, se lee que:

«Noting with regret that no woman has ever held the position of Secretary-General, and convinced of the need to guarantee equal opportunities for women and men in gaining access to senior decision-making positions, Member States are encouraged to strongly consider nominating women as candidates. We note the importance of regional diversity in the selection of SecretariesGeneral«.

Como bien se sabe, la Asamblea General vota por un candidato (o lo aclama por unanimidad) luego de haber recibido una recomendacion por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En el caso de Costa Rica, habíamos tenido la oportunidad de analizar su fracasado intento en el 2016, al designar a una nacional con un perfil bastante original con respecto a la hoja de vida que usualmente poseen las personas designadas por Estados para ser postuladas a este importante puesto dentro del organigrama de Naciones Unidas (usualmente, ex cancilleres, ex primer ministros, o ex jefes de Estado): al respecto, se puede consultar la hoja de vida de cada uno de los 13 aspirantes al cargo disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas, enlace el que se detalla la contienda del 2016 (en la que, además de una nacional de Costa Rica, participó una de Argentina, frente a 10 candidaturas provenientes de Europa y una de Nueva Zelanda). En la contienda del 2006, fueron siete candidaturas las presentadas (seis de Asia, una de Europa), de las que resultó designado el candidato de Corea del Sur (véase enlace).

Con respecto al proceso observado en el 2016, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores a esta nota nuestra publicada en el sitio jurídico especializado de DIPublico (Argentina) en septiembre del 2016, con ocasión del cuarto sondeo informal dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este cuarto sondeo informal selló definitivamente la suerte de quien finalmente sería designado en diciembre del 2016, el actual Secretario General de Naciones Unidas (ex primer ministro de Portugal), en sustitución del anterior Secretario General (ex canciller de Corea del Sur) designado en octubre del 2006, luego de terminar su mandato el Secretario General anterior (ex vice primer ministro y excanciller de Egipto), designado en diciembre de 1991. 

Tuvimos la oportunidad de analizar en una nota anterior el segundo sondeo en el seno del Consejo de Seguridad (véase nuestra nota publicada en DIPublico en agosto del 2016) que ya indicaba las posibilidades (bastante remotas) de la candidata costarricense, y de elaborar una nota anterior con ocasión del primer sondeo informal realizado por el Consejo de Seguridad, el mismo 21 de julio del 2016.

Es de recordar que fue por aclamación de la Asamblea General que fue designado el actual Secretario General de Naciones Unidas en octubre del 2016, luego de ser recomendado por el Consejo de Seguridad (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En junio del 2021, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución endosando un segundo mandato para el actual Secretario General (véase la resolución 2850 adoptada el 8 de junio del 2021).

Un detalle de forma que plantea algunas interrogantes

Por alguna razón, que sería de cierto interés conocer, en este enlace oficial de Naciones Unidas sobre el proceso iniciado en el 2025 de cara a designar a un persona con el puesto  de mayor responsabilidad dentro del organigrama de Naciones Unidas, por un mandato de cinco años y renovable, únicamente aparecen la candidata chilena y el candidato argentino, con sus respectivas hojas de vida y su visión a futuro de la organización. 

Este mismo enlace en idioma castellano mantiene las mismas dos únicas candidaturas, con acceso a su hoja de vida, su trayectoria y su visión a futuro de la organización: se trata de documentos de cierta importancia, que permiten a la comunidad internacional y en particular a los 191 Estados restantes que integran a Naciones Unidas, conocer un poco mejor a cada una de las personas postuladas y la visión que defienden sobre el futuro de la organización mundial, en particular ante los numerosos retos que debe enfrentar. 

Al parecer, un trámite que sí realizaron en meses pasados ante Naciones Unidas Chile por su parte y Argentina por otra parte, al menos a la fecha de redactar estos apuntes (23 de febrero del 2026), no se ha realizado por parte de las autoridades diplomáticas costarricenses.

Naciones Unidas: dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad haciendo de las suyas con la Carta de Naciones Unidas  y con la justicia penal internacional en tiempos recientes

Como bien es sabido la organización de Naciones Unidas enfrenta retos cada vez mayores, y ha sido objeto de fuertes cuestionamientos en los últimos tiempos.

En particular luego de la agresión militar de Rusia contra Ucrania iniciada el 24 de febrero del 2022 y luego de la respuesta militar insensata de Israel al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023, cuyas autoridades militares han reconocido recientemente el saldo de victimas mortales (véase al respecto nuestra nota titulada «Gaza / Israel: un reconocimiento por parte de militares en Israel sobre la cifra de muertes en Gaza que plantea algunas interrogantes en Costa Rica«). En ambos casos, se ha observado a dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad fomentar violaciones graves a disposiciones fundamentales de la Carta de Naciones Unidas (de manera directa en el caso de Rusia, indirecta en el caso del apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel), con ambos llegando incluso, por razones distintas, a adoptar sanciones contra jueces y contra el mismo Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. 

Ante violaciones tran graves de la normativa internacional existente, Ucrania ha acudido a la CPI y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), asi como al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de Naciones Unidas. De igual manera, Palestina ha recurrido a todos los mecanismos existentes, incluyendo a la CPI y a la CIJ, para hacer valer las normas internacionales que protegen el territorio palestino ocupado por Israel. En ambos casos, las demandas están en trámite y pendientes de resolución, en particular para Palestina, la posibilidad que la CPI juzgue a dos altos responsables de Israel, incluyendo a su actual primer ministro, objeto de una orden de captura por parte de la CPI desde noviembre del 2024.

Estados Unidos se ha mostrado incluso más «creativo» en materia de sanciones que Rusia: en el mes de julio del 2025, una reconocida ONG como Amnistía Internacional calificó de «vergonzosas» las sanciones tomadas por Estados Unidos contra, esta vez, ya no integrantes de la CPI, sino contra la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase comunicado de prensa).Tuvimos la oportunidad de analizar su tercer informe sobre Gaza del mismo mes: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«. 

Quisiéramos agradecer al equipo editorial de LaRevista.Cr por habermos concedido una extensa entrevista para conmemorar en el 2025 las 80 primaveras de las Naciones Unidas, en la que pudimos profundizar algunos aspectos relacionados a estas fuertes críticas contra la organización ante al drama indecible que se vive en Gaza (véase entrevista). Dicho sea de paso, la primavera 79 de la organización en el 2024 nos permitió en ese mismo espacio, reflexionar sobre los diversos desafíos que enfrenta Naciones Unidas, y que siempre se mantienen en este inicio del 2026 (véase entrevista).

Un 2026 que inicia con una fuerte arremetida de Estados Unidos contra la Carta de Naciones Unidas y contra el multilateralismo

 El 3 de enero del 2026, Estados Unidos volvió a violar las reglas más elementales del derecho internacional plasmadas en la Carta de Naciones Unidas, con un ataque militar contra Venezuela para capturar a su mandatario y entregarlo a la justica norteamericana.

Este ataque fue precedido de violaciones reiteradas a las reglas internacionales en materia de captura y secuestro de cargamentos de droga en altamar y de naves sospechosas, realizadas frente a las costas de Venezuela desde el mes de septiembre del 2025. Es de notar que a la fecha de redactar este texto (23 de febrero del 2026), Venezuela no ha acudido a la CIJ, ni a la CPI, ni al Consejo de Seguridad, ni a la Asamblea General, como sí lo hicieron en su momento Ucrania y Palestina. Hay que tener claro que nadie puede sustituirse a Venezuela como Estado para reclamar por algun tipo de reconocimiento de responsabilidad internacional de Estados Unidos por parte de una jurisdicción internacional en lo ocurrido el 3 de enero del 2026, con todas las consecuencias legales que ello implica. En 1986, Nicaragua obtuvo una histórica sentencia de la CIJ contra Estados Unidos, por adiestrar, financiar y asesorar a fuerzas contrainsurgentes en su contra.

El 7 de enero del 2026, Estados Unidos anunció a la comunidad internacional que se retira de una importante lista de organizaciones internacionales en muy variados temas, so pretexto que atentan contras los intereses norteamericanos (véase el texto integral de esta inusual Executive Order).

La amenaza de Estados Unidos con recurrir a la fuerza contra Irán hecha desde inicios del 2026 constituye otra muy clara violación a una disposición fundamental de la Carta de Naciones Unidas. 

No está de más precisar que muchas de las ocurrencias del actual ocupante de la Casa Blanca son declaradas totalmente ilegales por los tribunales norteamericanos, como por ejemplo la reciente sentencia de la Corte Suprema dada a conocer el pasado 20 de febrero, precisando que los aranceles unilateralmente (y arbitrariamente) fijados contra un gran número de Estados en materia comercial por parte del actual ocupante de la Casa Blanca (véase nota de la BBC).

En el caso de Groenlandia, las recientes amenazas proferidas por el ocurrente ocupante de la Casa Blanca para adquirir este territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de Dinamarca «por las buenas o por las malas» demonstró su profundo desconocimiento de su parte de las reglas internacionales en la materia vigentes desde 1945. Por cierto este 22 de febrero del 2026, Groenlandia y Dinamarca, algo desconfiadas y precavidas, rechazaron la oferta de enviar un barco hospital a Groenlandia ofrecido por Estados Unidos (véase nota de The Guardian). Tuvimos la oportunidad de indicar en un breve análisis desde la perspectiva legal sobre este repentino apetito norteamericano por adquirir Groenlandia observado en estos primeros meses del 2026 (véase nota nuestra titulada «Groenlandia y Estados Unidos: aspectos desde la perspectiva jurídica internacional muy, pero muy, basicos …» ) que:

«no hay manera de sostener en este inicio del 2026  que Groenlandia está en venta o que puede ser adquirida. Sostenerlo es hacer un ridículo internacional, raramente observado por parte de un jefe de Estado en ejercicio gozando de sus plenas facultades«.

A modo conclusivo

Más allá de la total impericia que demuestra el actual ocupante de la Casa Blanca y su equipo para resolver álgidos problemas de la agenda internacional, ignorando las reglas más elementales del ordenamiento jurídico internacional, y enviando a negociar por parte de Estados Unidos a un equipo conformado por hombres de negocios y promotores inmobiliarios y no por experimentados profesionales de la diplomacia, lo cierto es que la carrera por el puesto de Secretario General de Naciones Unidas se va perfilando en este inicio del 2026.

Resultará sin duda de cierto interés observar a las diplomacias de Argentina por un lado, asi como la de Costa Rica por otro, y la de tres Estados como Brasil, Chile y México apoyando una tercera candidatura de una nacional chilena, desplegar gestiones de muy diversa naturaleza en favor de su candidato(a) a nivel mundial: para el resto de los integrantes de la comunidad internacional que recibirán solicitudes diversas de apoyar a estas candidaturas, resulta indudable la poca cohesión y capacidad de consenso existente en América Latina. No se puede descartar del todo que nuevas candidaturas vean la luz en los meses venideros, incluso las de nacionales de un Estado latinoamericano.

Esta situación desde ya, con tres candidaturas, es bastante llamativa y vaticina una fuerte contienda diplomática en los meses venideros, con respecto en particular a los aparatos diplomáticos de los Estados que integran actualmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (15 Estados miembros), y en particular con los cinco Estados permanentes de dicho Consejo: así como en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, órgano plenario que cuenta con 193 Estados miembros. 

Independientemente de las simpatías que pueda generar Argentina por un lado, Costa Rica por otro, así como Chile segundado por Brasil y México, la verdadera llave de esta designación se encuentra en la evaluación que hará el Consejo de Seguridad de cada uno de los tres postulantes: cada candidato(a) posee indudablemente puntos a su favor (y otros … a su defavor), que serán debidamente ponderados por sus Estados miembros, en particular cinco de ellos que poseen la calidad de Estado miembro permanente. La sensibilidad de estos cinco Estados al revisar con detenimiento las manifestaciones hechas en el pasado por cada candidato(a) en su contra, sea de manera directa o velada, podría incluso tener cierto peso en la balanza, a la hora de decidirse por apoyar (o no) una de estas tres candidaturas.

En aras de convencer a los demás Estados que forman la comunidad internacional, los Estados que postulan a un(a) nacional para ocupar la silla de Secretario General deberían también mostrar cierta consistencia y cierta coherencia, y en particular su máxima autoridad. Sobre este preciso punto, cabe recordar que en su primer discurso como mandatario de Argentina en septiembre del 2024 durante la Asamblea General (véase texto), el actual Presidente de Argentina emitió duras críticas contra Naciones Unidas y contra su agenda, en particular la Agenda 2030, y contra el multilateralismo, a diferencia de su homólogo chileno, fiel defensor, desde su primer discurso en el 2022, del multilateralismo y de la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como de la justicia penal internacional (véase texto de su discurso pronunciado en septiembre del 2025).

Es de precisar que, con respecto a Argentina y a Costa Rica,  Chile lleva muy adelantada la candidatura de su nacional: en efecto, en el mes de septiembre del 2025, el Presidente de Chile en persona fue a Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, a presentar oficialmente a la candidata chilena (véase comunicado oficial de prensa) y se mantuvo presente personalmente en las Asambleas Generales  en los años anteriores. Un dato que contrasta con el siguiente hecho, bastante inusual en Costa Rica: en los últimos cuatro años, el Presidente de Costa Rica no ha asistido a ninguna Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Gaza / Israel: un reconocimiento por parte de militares en Israel sobre la cifra de muertes en Gaza pasado … desapercibido en la prensa costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros  /  What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» 

(Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim  S/PV/9439,  at page 9)

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

Funerales de un periodista asesinado por Israel en Gaza, realizados el pasado 21 de enero del 2026. Foto extraida de articulo de prensa publicado en Israel, titulado «The legal fight to open Gaza to foreign press has failed. It’ s time to change course», Magazine +972, en su edición del 6 de febrero del 2026.

El 29 de enero del 2026, se informó desde Israel que sus altos mandos militares reconocen la cifra de unas 70.000 personas como saldo de las personas que han perdido la vida en Gaza desde el inicio de la insensata ofensiva militar de Israel, en respuesta al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023: véanse al respecto esta nota del TimesofIsrael.  Se puede de igual manera consultar, en Estados Unidos esta otra de la cadena norteamericana de noticias CNN y en Francia, esta nota de Liberation, entre muchas otras de prensa sobre este reconocimiento, al igual que este cable de la agencia de noticias Reuters, con fecha del 30 de enero.

Esta nota de la BBC mas reciente del 6 de febrero, por su lado, alerta sobre el hecho que Israel sigue asesinando a menores de edad en Gaza en la mayor impunidad desde la vigencia del cese al fuego.

Las consecuencias de este reconocimiento hecho por militares en Israel

Este reconocimiento por parte de militares en Israel tiene varias consecuencias, y en particular, viene:

–  por un lado, a desmentir toda y cada una de las innumerables aseveraciones hechas por las autoridades oficiales de Israel y por sus aliados sobre la pretendida exageración por parte de las autoridades sanitarias palestinas a la hora de registrar y de contabilizar a las personas fallecidas, y; 

– por otro lado, confirma los datos y las alertas que diversas agencias de Naciones Unidas han denunciado pocas semanas luego del 7 de octubre del 2023, con un conteo semanal de muertes y de heridos en Gaza que no ha cesado, y ello hasta la fecha. Este texto del 24 de octubre del 2023 presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas contabilizando ya 5000 muertes en Gaza al 24 de octubre, es una es de estas tempraneras alertas. 

De igual manera, estas aseveraciones hechas en el seno de las altas esferas militares en Israel, vienen a refutar una gran variedad de textos y opiniones suscritas por columnistas, editoristas y denominados «expertos internacionales» en una multitud de espacios informativos,y ello en muy diversas latitudes del mundo.

Desde la perspectiva jurídica, y en particular la del derecho internacional público, este reconocimiento tiene serias implicaciones legales para Israel, ya que tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como la Corte Penal Internacional (CPI), ambas ubicadas en La Haya, tramitan acciones legales que involucran a Israel por sus acciones militares insensatas en Gaza: 

– una demanda contra Israel (como Estado)  ante la CIJ interpuesta por Sudáfrica desde el mes de diciembre del 2023, cuyos detalles y numerosos documentos – como la solicitud  de intervención presentada por Bélgica el 23 de diciembre del 2025 – desde el punto de vista pricesal se encuentran todos disponibles en este enlace oficial de la CIJ, y;

– una demanda penal contra dos altos dirigentes de Israel (en el caso de la CPI), con una orden de captura en su contra emitida por una Sala de lo Preliminar de la CPI desde el mes de noviembre del 2024, la cual incluye al actual Primer Ministro de Israel (véanse el comunicado oficial de la CPI al respecto y la sentencia rechazando los alegatos de Israel sobre una presunta incompetencia de la CPI, adoptada el 21 de noviembre)..Las insólitas sanciones que Estados Unidos ha tomado contra jueces de la CPI a cargo de estas demandas y contra su Fiscal en aras de satisfacer los caprichos del actual Primer Ministro que gobierna los destinos de Israel, fueron objeto de un nuevo comunicado oficial de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, el pasado 26 de enero del 2026 (véase comunicado conjunto). 

Ello sin hablar, a nivel de la justicia interna esta vez, de diversas acciones legales contra individuos que, ya sea poseen una nacionalidad adicional a la israelí, ya sea al vacacionar en el exterior con un pasaporte otorgado por Israel, se percatan que la justia nacional de algunos Estados los busca para que respondan por sus crímenes de guerra cometidos en Gaza.

En el mes de julio del 2025, una reconocida ONG como Amnistía Internacional calificó de «vergonzosas» las sanciones tomadas por Estados Unidos contra esta vez la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase comunicado de prensa), cuyo tercer informe sobre Gaza del mismo mes tuvimos la oportunidad de analizar: remitimos a nuestros estimanles lectores a  nuestra nota titulada «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«.

Tanto ante la CIJ como ante la CPI, la linea de la defensa legal de Israel ha consistido en indicar a los jueces internacionales que las cifras de las autoridades sanitarias palestinas de Gaza sobre el saldo de personas fallecidas son irreales y deben considerarse como simple propaganda en contra de Israel.

Costa Rica y su entusiasmo por comerciar libremente con un Estado cuyo aparato militar reconoce la magnitud de su ofensiva militar insensata a la que se libra desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza: 70.000 muertes, es decir casi 2600 personas asesinadas  por mes.

En Costa Rica, este reconocimiento reciente por parte de mandos militares en Israel viene a poner en evidencia  la facilidad con la que, de manera muy certera y muy decidida, analistas, columnistas, editorialistas, colegas, incluso universitarios, y «expertos» rechazaron durante todo este tiempo las acusaciones contra Israel so pretexto que estas cifras no corresponden a la realidad en el terreno, al provenir de las autoridades sanitarias palestinas en Gaza. Dicho sea de paso, estos reconocidos analistas y «expertos» nunca refirieron en sus numerosos escritos al hecho que los servicios de inteligencia de Israel conocían desde mucho antes del 7 de octubre del 2023, los planes del Hamás (tal y como lo detalla este reportage  del New York Times de diciembre del 2023).

Tuvimos la oportunidad en el mismo mes de octubre del 2023 de analizar desde el portal de la Universidad de Costa Rica (UCR) los alcances y el significado del «asedio total» con el que mandos militares amenazaban en aquel momento a los habitantes de Gaza y de alertar sobre el riesgo de que ello degenere en una masacre a gran escala en Gaza (véase nuestra nota publicada en el portal de la UCR el 30 de octubre del 2023).

Con respecto al saldo de personas fallecidas en Gaza, pudimos incluso explicarle tempranamente y de viva voz al entonces Consul de Israel en Costa Rica algunas cosas que al parecer lo incomodaron sobre estos mismos saldos, refiriendo a las cifras relacionadas a la ofensiva militar de Israel en Gaza en el 2009 y en el 2014, en un programa radial en el que participó en el mes de noviembre del 2023: véase al respecto video, después de que el locutor le indicara al distinguido diplomático israelí, algo molesto, un “Amir, Amir, no me obligue a decirle mentiroso“, minuto 2:03:40 en adelante. Salvo error de nuestra parte, este programa radial pareciera ser el único en Costa Rica el que se pudo contar con la presencia de diplomáticos israelies dispuestos a debatir públicamente de la situación en Gaza.

En el último informe de Naciones Unidas (al 12 de febrero del 2026),sobre la realidad que se vive en Gaza desde el punto de vista humanitario, se detalla el nivel de violencia al que Israel sigue sometiendo a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, destruyendo lo que queda de la poca infraestructura educativa existente. Se lee en particular, entre muchos otros aspectos, que:

«Over the past two weeks, strikes were reported on both sides of the “Yellow Line,” including in densely populated areas, heightening risks to civilians. Médecins Sans Frontières (MSF) reported that its teams across Gaza treated seven patients, including two children, injured in incidents attributed to Israeli attacks between 31 January and 2 February. On 5 February, Israeli forces reportedly demolished an UNRWA school that was the last remaining structure within a compound of six schools. Highlighting the extremely precarious situation for many children in Gaza, UNICEF noted that children continue to be affected by airstrikes and the disruption of essential services, with 37 children reported killed since the beginning of the year«.

Este informe puede ser completado con el anterior informe  de Naciones Unidas (al 28 de enero del 2026), en el que se lee que: 

«The MoH reported that since the ceasefire, 492 Palestinians have been killed, 1,356 injured, and 715 bodies retrieved from under the rubble«.

Esta nota de prensa de la BBC del pasado 1ero de febrero refiere a la muerte de 32 personas en Gaza luego de un bombardeo por parte de Israel, objeto de una condena pr parte de una ONG palestina: véase al respecto este comunicado titulado «Another Bloody Day in Gaza Exposes the Sham Ceasefire and the Ongoing Systematic Bloodshed of Palestinians«. Por su parte, un colectivo de ONG en Francia exigió a sus autoridades condenar este nuevo ataque de Israel y mucho mayor respaldo a las organizaciones humanitarias en Gaza (véase comunicado conjunto). 

En Cisjordania, la violencia contra pobladores palestinos se ha incrementado, tal y como lo denuncia este comunicado oficial del 4 de febrero del 2026 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Es de indicar que desde inicios del 2026, las ocurrencias  reiteradas del actual ocupante de la Casa Blanca en temas de agenda internacional (Venezuela, Groenlandia, Iran, Cuba) han invibilizado el genocidio en curso en Gaza.

A modo conclusivo

Nos habíamos permitido hace ya varios meses (en agosto del 2025) plantear una pregunta que titulaba esta nota nuestra (del 10 de agosto del 2025) sobre Costa Rica y su entusiasmo por comerciar libremente con Israel. Al finalizar el 2025, nos permitimos reiterarla y ampliarla a otras interrogantes en esta nota nuestra (del 22 de dicembre del 2025), sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por Costa Rica con Israel el 8 de diciembre del 2025 en Tel-Aviv. Estas y muchas otras interrogantes persisten en este inicio del mes de febrero del 2026.

Debemos indicar que este reciente reconocimiento por parte de mandos militares en Israel, el cual ha sido ampliamente referenciado en la gran prensa internacional (basta de manera muy sencilla con colocar «IDF, 70.000, Gaza»  o bien  «Israel, 70.000, Gaza» en un buscador en internet para comprobarlo) no pareciera haber encontrado eco alguno en la prensa nacional costarricense: una omisión que merece una mención y/o alguna manera de explicarla, estimado / a lector/ a, …  ¿no le parece? 

De tener a lectores de otra nacionalidad que la costarricense, se les sugiere de igual manera  realizar el mismo ejercicio comparativo con los contenidos publicados en la prensa nacional de su país en esta primera semana de febrero del 2026.  Ello de manera a verificar si es solamente en Estados que se entusiasman por comerciar libremente con Israel que se omiten ciertas cosas.

El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica … días antes del día internacional de los derechos humanos

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Como bien es sabido, es cada 10 de diciembre que se celebra en todo el mundo el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

De cara a esta conmemoración, el tema posee una relevancia particular en esta recta final del 2025 en la que se puede observar, tanto en Centroamérica como en diversas otras latitudes de América Latina y del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan so pretexto que «frenan» sus pretensiones o «complican» sus proyectos políticos.

Llama poderosamente la atención que, a sectores políticos y económicos que oponían ayer la protección del ambiente al desarrollo económico, de manera errónea, se les unieron hoy a quiénes hoy oponen los derechos humanos a lo que denominan la «gobernabilidad» y la «competitividad«.

Actos formales o bien anuncios oficiales para conmemorar el día internacional de los derechos humanos se registraron en algunos aparatos diplomáticos en América Latina como (a modo de ejemplo) el de Chile (véase enlace), o el de Colombia (véase enlace), o el de Uruguay (véase enlace) o bien en asocio con la Unión Europea (UE) en el caso de México (véase enlace) o bien con ocasión de un encuentro UE-Chile (véase comunicado oficial). De igual manera se puede citar esta declaración del Consejo de la UE dada a conocer el 9 de diciembre del 2025.

En las líneas que siguen, intentaremos analizar el hecho que pocos días antes de esta otrora importante fecha para muchos en Costa Rica, las autoridades del comercio exterior de Costa Rica consideraron oportuno, el 8 de diciembre, anunciar la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con Israel. Resulta más que llamativa la fecha escogida para este anuncio, al registrar Israel desde hace más de 2 años múltiples condenas internacionales provenientes de muy diversas entidades internacionales en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Contrario a lo que se se lee en algunos círculos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel, las mismas organizaciones israelíes de derechos humanos han endosado estas condenas: véase a modo de ejemplo, los informes disponibles en el sitio de Peace Now, así como de B´tselem entre muchas otras entidades israelíes que denuncian las acciones militares insensatas de sus autoridades en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.

Resulta de igual manera sumamente notorio que un día después de esta fecha, la máxima autoridad en Costa Rica considerara aún más oportuno reunirse con su homólogo en El Salvador, el 11 de diciembre (Estado que al igual que Israel, ha provocado un repudio generalizado de muchas organizaciones de derechos humanos en los últimos años debido a su política represiva y carcelaria y a las amenazas que han recibido periodistas, activistas y líderes sociales). Se trata de dos episodios separados por una fecha emblemática a nivel internacional (la cual pasó … totalmente desapercibida en Costa Rica), y que constituyen una secuencia lógica, con en tela de fondo, el desinterés observado en Costa Rica por la agenda en derechos humanos durante los últimos años.

Una peligrosa deriva observada contra reglas básicas y contra jurisdicciones internacionales

Cabe precisar que desde el 21 de enero del 2025, los precitados sectores políticos y económicos han encontrado en la Casa Blanca a un líder político que comulga con esta lectura errónea, y que emula a otros líderes populistas en muchas otras partes del mundo, partiendo además del hecho que, según él, el cambio climático es un ardid y un engaño.

Sea en materia de reglas comerciales, sea en materia migratoria, sea en materia de derechos humanos, sea en materia de respeto al principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados o de prohibición de la amenaza del uso de la fuerza, sea más recientemente en materia de captura e incautamiento de cargamentos de droga en alta mar, el actual ocupante de la Casa Blanca se esmera en violar de manera sistemática y desvergonzada algunas reglas internacionales existentes en estas y muchas otras materias.

Hombre de espectáculo ante todo, los supuestos «acuerdos de paz» que se ufana de haber logrado, posando orgullosamente ante cámaras, son más que ilusorios: muchos de los habitantes de Gaza bien lo saben desde el 10 de octubre, fecha en la que supuestamente, entró en vigor un supuesto «Plan de Paz» que nunca lo fue, pese a una fuerte campaña de información liderada por Estados Unidos e Israel desde su anuncio (Nota 1). De igual manera, lo aprendieron los habitantes de la zona fronteriza entre Cambodia y Tailandia desde hace unas cuantas semanas y los que sufren desde años el conflicto entre Burundi y República Democrática del Congo. La Casa Blanca al parecer también «descubrió» que Israel no respeta sus compromisos, tal y como lo señala el medio Axios en este interesante artículo del 15 de diciembre, a raíz del asesinato por parte de Israel de un alto mando del ala militar del Hamás en Gaza.

Imagen extraída de artículo de prensa publicado en Israel, «Along Israel’s expanding Yellow Line, the war in Gaza never ended», 5 de diciembre del 2025, Magazine+972. Texto integral disponible en este enlace.

Más allá de las dobleces a las que el Primer Ministro israelí se ha librado desde ya hace buen tiempo, el pasado 20 de diciembre del 2025 fue publicado este estudio realizado a partir de fotos satelitales, que permite entender cómo Israel está adentrándose metódicamente en Gaza con la construcción de posiciones y fortificaciones nada provisionales para sus efectivos militares, con la idea de concentrar a la población palestina en un espacio cada vez más reducido, al señalar que:

«Since the so-called ceasefire came into effect in Gaza on October 10, Israel has been consolidating its control of over 50% of Gaza and—according to new research by Forensic Architecture—physically altering the geography of the land. Through a combination of the construction of military infrastructure alongside the destruction of existing buildings, Israel appears to be laying the groundwork to establish a permanent presence in the majority of the Gaza Strip«.

Al no haber logrado Israel obtener un acuerdo por parte de algunos Estados consultados (Egipto, Etiopía, Jordania, Libia, Sudán del Sur) para acoger a una gran cantidad de palestinos oriundos de Gaza, convertida en un campo de ruinas (véase nota de CNN de agosto del 2025), el reconocimiento formal de Somaliland como Estado independiente por parte de Israel augura una probable llegada futura de familias gazatíes a la provincia somalí de Somaliland (véase nota sobre este sorprendente reconocimiento por parte de Israel hecho público este 26 de diciembre del 2025).

Hombre de negocios también (con algunos de ellos turbios), una vieja técnica mafiosa que consiste en intimidar a jueces y a fiscales para que no hagan su trabajo pareciera tener a adeptos muy convencidos en la Casa Blanca: el pasado 18 de diciembre del 2025, Estados Unidos anunció una nueva arremetida con nuevas insólitas sanciones contra dos integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI), por tramitar casos contra Israel: véanse al respecto el comunicado oficial de Estados Unidos y la «celebración» inmediata en Israel a la que refiere esta nota del TimesofIsrael.

Estas sanciones fueron precedidas en el mes de septiembre por sanciones de Estados Unidos contra ONGs palestinas cuya única labor consiste en denunciar crímenes de guerra de Israel en Gaza y remitir información a la justicia penal de La Haya (véase anuncio oficial). Cabe recordar que a pocos días de estar oficialmente en función en la Casa Blanca, su actual e imprevisible ocupante firmó un decreto sancionando directamente al Fiscal de la CPI, el 6 de febrero del 2025 (véase texto).

Lejos de dejarse intimidar, la CPI emitió este comunicado con fecha del 18 de diciembre del 2025 rechazando estas nuevas sanciones de Estados Unidos (véase comunicado).

Se puede citar de igual manera el comunicado oficial de España así como de Francia de este 18 de diciembre y en América Latina de Colombia: será de interés observar en Europa y en América Latina, pero también en África y Asia, si otros Estados proceden de la misma manera que las diplomacias colombiana, española y gala o si … consideran que este nuevo desafío de Estados Unidos no amerita una reacción de repudio oficial a través de un comunicado oficial.

Tal y como lo externó una organización de defensa de los derechos humanos como la FIDH en el mes de septiembre del 2025 en un comunicado, estas sanciones norteamericanas traducen un intento jamás observado en el pasado contra la justicia penal internacional:

«Sancionar a la CPI marcaría un punto de inflexión peligroso en la historia de la justicia internacional, transformando un sistema diseñado para responsabilizar a los más poderosos por crímenes de atrocidad en uno que, en cambio, los protege. Implica retroceder de un arduo progreso hacia un orden basado en normas, a un mundo donde prevalece la fuerza sobre el derecho. Un sistema de justicia internacional construido durante décadas podría sufrir un daño irreparable frente a presiones externas destinadas a influir indebidamente en el curso de la justicia«

En el mes de julio del 2025, el mes en el que se celebra a la justicia penal internacional, sanciones similares contra el personal de la CPI por parte de Estados Unidos sí habían provocado un fuerte repudio por parte de la UE: véase comunicado oficial.

En materia de derechos humanos específicamente, la lectura del texto titulado «Los derechos humanos bajo ataque» del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas este 10 de diciembre (cuyo texto ha sido escasamente divulgado en grande medios de prensa, pese a estar contenido en un comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas – véase enlace), resulta muy recomendada: en particular el llamado que hace a sostener y a defender a organizaciones sociales y a pequeñas comunidades y líderes que, desde diversas latitudes, alzan la voz en defensa de los derechos humanos y del ambiente.

En un campo específico como los efectos del cambio climático y los derechos humanos, desde julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a una solicitud de Chile y de Colombia, emitió una opinión consultiva sobre cambio climático y derechos humanos, que ofrece una útil guía a los Estados en esta compleja y delicada materia (Nota 2).

El 10 de diciembre del 2024 en Costa Rica

Precisamente, el año anterior, el 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en el año 2024.

En efecto, se conmemoraron exactamente 30 años desde el asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes. Cabe precisar que en el 2024, la única entidad costarricense que sí consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos ecologistas asesinados en 1994, fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).

Este dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural«, constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes – e indignantes – del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron el fallecimiento de estas cuatro personas a finales de 1994 e inicios de 1995 en el caso de una de ellas.

Un 10 de diciembre del 2025 … inédito e insólito en Costa Rica

El 10 de diciembre del 2025 fue precedido por el anuncio desde Israel que firmó con Costa Rica un TLC, y que además, se planea abrir una oficina con estatuto diplomático en Jerusalén por parte de Costa Rica (véase nota de prensa Swiss Info del 8 de diciembre del 2025).

El último tratado de esta naturaleza suscrito en América Latina fue un TLC entre Israel y Guatemala firmado en septiembre del 2022, es decir mucho antes del 7 de octubre del 2023 (véase texto integral), sin que nada se mencione sobre una oficina en Jerusalén. A nivel subregional, en diciembre del 2007, Israel suscribió un TLC con los cuatro Estados que integran el MERCOSUR (véase texto integral). No está de más señalar que Israel y México firmaron un TLC en el mes de abril del año 2000 (véase texto integral) y que Israel y Canadá renegociaron varios capítulos de su TLC firmado muy tempranamente (en 1996) entre el 2014 y el 2018 (véase versión vigente en la actualidad). Tampoco está de más traer a la memoria que el primer tratado de libre comercio suscrito por Estados Unidos en toda su historia fue con … Israel, en abril del año de 1985 (véase texto).

Con respecto a Costa Rica, el inicio de las negociaciones con Israel de cara a un TLC datan del mes de marzo del 2023 (véase declaración oficial conjunta).

El anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel en este mes de diciembre del 2025 plantea algunas interrogantes muy válidas, al estar Costa Rica dispuesta a fomentar el intercambio comercial con un Estado:

– acusado de cometer un genocidio en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, con bombardeos aéreos indiscriminados y desproporcionados sobre Gaza que no han cesado. Se trata de un genocidio ampliamente analizado y documentado, con recomendaciones muy claras hechas desde Naciones Unidas, en particular en el informe «El genocidio en Gaza: un crimen colectivo» de octubre del 2025, disponible en este enlace y cuyas recomendaciones finales (párrafos 71-74) merecen ser leídas nuevamente por algunos jerarcas en Costa Rica, así como en un informe previo de septiembre del 2025, elaborado por una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos, con recomendaciones a los Estados terceros ubicables en los párrafos 246-250;

– cuya primera autoridad (en este caso su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la justicia penal internacional de La Haya desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra; y

– que continúa prohibiendo la entrada de alimentación, agua, medicamentos y de material médico de urgente necesidad, en cantidades suficientes para las numerosas familias palestinas en Gaza que ahora deben enfrentar la llegada de las lluvias, del frío y del viento. A ese respecto, las imágenes desgarradoras de este reportage de la televisión española y este otro reportage de la televisión belga difundidos el pasado 12 de diciembre así lo hacen ver, así como las tomas contenidas en este reportage de la cadena catarí AlJazeera difundido este 15 de diciembre y este artículo publicado unos días después en el sitio de información CommonDreams. En este reportage de AlJazeera del 20 de diciembre, se analiza el nuevo bombardeo de Israel del día anterior y el colapso en Gaza para acceder a productos de primera necesidad que sufren muchas familias. En el último informe de Naciones Unidas al 18 de diciembre (véase enlace) se lee que:

«Storm Byron, which struck Gaza on 11 December, resulted in widespread flooding, rain-related damage, and severe hardship for hundreds of thousands of displaced Palestinians across the Gaza Strip. As tents were flooded, thousands of families have lost their temporary shelters or experienced loss of clothing, bedding and other essential belongings. Palestinian Civil Defense (PCD) reported that their teams were able to evacuate some families from dilapidated buildings at risk of collapse and continued to respond to distress calls, mainly in relation to collapsed buildings, water leakages, flooded tents and the displacement of families. On 17 December, PCD highlighted that they had received over 5,000 distress calls, 17 already damaged residential buildings have collapsed, and over 90 sustained precarious damage. On the same day, The Ministry of Health (MoH) in Gaza reported that a total of 12 people died following the collapse of walls and damaged houses and one child died due to hypothermia (a two-week-old child who died on 15 December)».

¿Cómo podrá calificarse a un Estado que, a sabiendas que la lluvia y el frío se van instalando paulatinamente en Gaza, no permite la entrada masiva de la ayuda humanitaria que requieren urgentemente familias palestinas desesperadas, con numerosos niños desnutridos y descalzos, mal abrigados, algunos de ellos heridos o amputados, viviendo en carpas plásticas desde meses, sino más de dos años para algunas familias?

No está de más añadir que el pasado 21 de diciembre, se informó en Israel de un intento de instrumentalizar para fines políticos la futura comisión de investigación encargada de llevar a cabo investigaciones sobre lo ocurrido el 7 de octubre del 2023 y de sentar las responsabilidades de algunos altos jerarcas israelíes (véase nota del TimesofIsrael). Se trata de un mecanismo de investigación interno cuya creación ha logrado hábilmente posponer una y otra vez el actual primer ministro de Israel: posiblemente anticipa una investigación que ponga en evidencia su total irresponsabilidad y la de varios de sus jefes militares.

El pasado 23 de diciembre del 2025, la CIJ anunció que Bélgica se sumó a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza (véase comunicado oficial de la CIJ): el texto integral de la solicitud de intervención de Bélgica merece ser leído de manera integral, al ofrecer criterios interpretativos al juez de La Haya de gran interés para Estados que aún no han apoyado a Sudáfrica en esta contienda legal contra Israel (véase enlace a la solicitud de intervención de Bélgica). En septiembre del 2025, Brasil había realizado una gestión muy similar (véase texto de su solicitud de intervención), así como, desde del continente europeo, Irlanda, en el mes de enero del 2025 (véase texto), así como España en junio del 2024, entre varios otros Estados.

Un cerco de la justicia internacional que se va cerrando sobre Israel, pese al cerco de desinformación existente sobre el genocidio en curso en Gaza

El 15 de diciembre del 2025, la Sala de Apelación de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó un enésimo intento por parte de Israel de intentar restarle validez a las demandas que enfrenta ante la CPI por sus acciones militares insensatas en Gaza (véase texto de la decisión).

El 17 de octubre del 2025, la Sala de lo Preliminar había rechazado otro enésimo intento de Israel en aras de restarle validez jurídica a las órdenes de capturas emitidas contra dos de sus dirigentes, siendo uno de ellos su actual Primer Ministro (véase texto de su decisión).

Nuestros estimables lectores podrán revisar por sí mismos con una sencilla búsqueda en la red la casi nula difusión de ambas decisiones de la CPI en los grandes medios de prensa internacionales. ¿No interesará realmente a nadie saber que, una y otra vez, Israel fracasa en sus intentos desesperados ante la justicia penal internacional de La Haya?

De igual manera, los diversos resultados obtenidos ante las justicias nacionales por la Fundación Hind Rajab, del nombre de una niña de seis años asesinada en Gaza en enero del 2024 (véase enlace), contra criminales de guerra israelíes (que, luego de haber cometido exacciones en Gaza de todo tipo contra la población civil, vacacionan por el mundo), no registran mayores referencias en los medios de la prensa internacional, por razones que sería, de nuevo, de sumo interés conocer.

Con relación a los periodistas y comunicadores que tal vez nos lean, la cadena de mando militar israelí responsable de la muerte simultánea de cinco periodistas de la cadena catarí AlJazeera en agosto del 2025, está claramente identificada por la Fundación Hind Rajab desde varios meses (véase enlace). Siempre destinado a nuestros colegas comunicadores, en particular salvadoreños, pero posiblemente lo sufran muchos otros comunicadores así como activistas y movimientos sociales en América Latina, la tecnología de punta usada por las autoridades de El Salvador para rastrear, controlar e intimidar a muchos, tiene un origen que muy bien detalla este artículo publicado en ElFaro. Esta nota de prensa publicada en Argentina sobre la existencia de datos privados de unos 30.000 brasileños, albergados en una nube electrónica en Israel, confirma el mismo origen de este tipo de tecnología de avanzada.

Una provocación gratuita e innecesaria

Con respecto a la idea de establecer una oficina de Costa Rica en Jerusalén con estatuto diplomático, se trata de una verdadera provocación, tanto para el mundo árabe y más generalmente para el mundo musulmán, como para una gran parte de la opinión pública internacional indignada por el genocidio en curso en Gaza desde hace más de dos años.

De materializarse esta iniciativa, estaríamos observando a una irreconocible Costa Rica, actuando en abierta violación al consenso internacional existente desde los años 60 sobre el hecho que Jerusalén no puede ser considerada como la capital de Israel.

El primer precedente registrado de una oficina de asuntos económicos de un Estado de América Latina ubicada en Jerusalén data del mes de marzo del 2019: se trata de una gestión realizada por el entonces Presidente Jair Bolsonaro de Brasil (véase cable de la agencia Reuters).

¿Negocios a como dé lugar… y nada más?

Si las autoridades del comercio exterior costarricenses pretenden con esta iniciativa atraer turismo e inversiones a Costa Rica y fortalecer su imagen en el plano internacional, así como mantener y desarrollar los mercados ya existentes para los productos costarricenses de exportación, habría tal vez que remitirles discretamente:

– a los resultados de las recientes elecciones del nuevo alcalde en Nueva York y/o;

– al video del momento en el que se vacía masivamente la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas, al tomar la palabra el primer ministro israelí en septiembre pasado, con contadas excepciones (entre las cuales figuran la delegaciones oficiales de Argentina, Costa Rica Estados Unidos y Paraguay), y/o;

– a las cifras de las multitudinarias marchas de protestas en favor de Palestina en las principales capitales de Europa, así como las observadas en Australia, Canadá y Estados Unidos, y/o;

– a las abrumadoras mayorías que ha conseguido reunir de manera ininterrumpida la diplomacia palestina en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, registradas al adoptarse decenas de resoluciones desde hace más de dos años;

– a las reiteradas decisiones en contra de Israel de la justicia internacional de La Haya, dictaminando que Israel viola el derecho internacional de manera ininterrumpida en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023. Con respecto a la última opinión consultiva del juez internacional de La Haya del 22 de octubre del 2025, tuvimos la ocasión de indicar que:

«…, es la primera vez en la historia desde 1945 que la CIJ de La Haya le señala a un Estado que no puede usar el hambre como arma de guerra. Sobre el tema de la hambruna, cabe recordar este llamado hecho desde el mismo Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dado a conocer hace pocas semanas, denunciando el uso por parte de Israel de la hambruna de la niñez en Gaza como un arma de guerra (véase comunicado oficial): nuestros estimables lectores podrán comprobar la casi nula difusión de este comunicado oficial de Naciones Unidas en la prensa internacional» (Nota 3).

La consulta de estos y muchos otros materiales debería de llevar a estas entusiastas autoridades a cargo del comercio exterior costarricense… así como algunos de los círculos empresariales que gravitan a su alrededor, a ponderar su entusiasmo y evaluar las consecuencias negativas futuras para Costa Rica de un TLC con Israel.

Nótese que desde el 20 de mayo del 2025, el Reino Unido, aliado histórico de Israel después de Estados Unidos, anunció la suspensión sine die de sus negociaciones sobre un TLC con Israel (véase nota de The Guardian). Esta suspensión por parte de las autoridades británicas del comercio exterior plantea la siguiente pregunta a nuestros estimables lectores costarricenses:

«¿qué observaron y entendieron en mayo del 2025 algunos jerarcas desde Londres que algunos de sus homólogos no quieren observar o bien entender desde San José?«

De igual manera plantean esta misma interrogante, sustituyendo únicamente «Londres» por «Madrid», las diversas medidas adoptadas por España en septiembre del 2025 contra Israel (véase comunicado del Palacio de la Moncloa).

También en el mes de septiembre, fue la Comisión de la UE la que recomendó formalmente suspender en parte el acuerdo de asociación con Israel que tiene la UE vigente (véase comunicado de prensa del 16 de septiembre). Nuevamente podemos preguntarnos esta vez:

«¿qué observaron y entendieron en mayo del 2025 algunos jerarcas desde Londres y en septiembre desde Madrid y desde Bruselas, que algunos de sus homólogos no quieren observar o bien entender desde San José?«

Mucho más cerca de nosotros en el tiempo así como en el espacio, a inicios de octubre del 2025, Colombia, además de expulsar a los diplomáticos israelíes en Colombia, denunció de manera unilateral el TLC vigente que tenía con Israel, firmado en septiembre del 2013 (véase comunicado oficial).

Desde la perspectiva de los derechos humanos y de la imagen internacional que proyecta desde muchos años Costa Rica, la reacción de la Relatora Especial sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, no se hizo esperar: véase nota con su tweet, publicada en el medio digital Delfino.cr. En el mes de julio del 2025, tuvimos la ocasión de analizar las insólitas sanciones tomadas en su contra por la actual administración norteamericana, al parecer muy molesta con el contenido de su tercer informe sobre el genocidio en curso en Gaza (Nota 4). Un mes después, una decisión de varios jueces de la CPI sobre Israel originó el mismo tipo de sanciones, totalmente inéditas, en su contra por parte de la actual administración norteamericana, y que también tuvimos la ocasión de analizar (Nota 5). Como señalado anteriormente, el pasado 18 de diciembre del 2025 Estados Unidos anunció una nueva arremetida con sanciones contra dos otros integrantes de la CPI (véase comunicado oficial), las cuales fueron precedidas en septiembre por sanciones contra ONGs palestinas que tramitan casos ante la CPI (véase anuncio oficial).

En el caso de la jueza peruana que integra la CPI, esta entrevista permite conocer lo que significa para esta jurista vivir con sanciones de Estados Unidos en su contra, así como este artículo publicado en noviembre del 2025 en Le Monde (Francia) relativo a la vida del juez francés de la CPI, igualmente sancionado por la administración norteamericana.

Un TLC con Israel cuestionable, cuestionado y riesgoso

Hemos tenido la oportunidad de explicar con anterioridad la forma bastante poco transparente de negociar este TLC con Israel por parte de las autoridades costarricenses, así como evaluar el riesgo que puede significar para Costa Rica este TLC: véanse al respecto:

– el enlace a una conferencia auspiciada por la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras / ANDE en septiembre pasado, así como;

-la conferencia organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas / IIJ de la Facultad de Derecho de la UCR, así como;

– un muy completo foro específico sobre el TLC con Israel con dos estimables colegas, uno de ellos economista, auspiciado esta vez por Alianza por una Vida Digna y el medio SURCOS Digital.

Al respecto, la carta suscrita por 59 premios nacionales de cultura divulgada en agosto del 2025 (véase artículo con acceso al texto de este manifiesto colectivo) merece mención, entre muchas acciones realizadas desde diversos sectores costarricenses opuestos a un TLC con Israel.

No está de más referir a la demanda interpuesta ante la justicia internacional de La Haya por Palestina contra Estados Unidos en septiembre del 2018, aún pendiente de resolución, en razón del traslado de su embajada de Tel-Aviv a Jerusalén (véase texto de la demanda).

El apoyo inmediato recibido por parte de Estados Unidos y el cambio repentino de posición de Costa Rica en Naciones Unidas

Tratándose de Estados Unidos, la felicitación a Costa Rica fue recibida inmediatamente por parte de Estados Unidos tras el anuncio hecho en los primeros días de diciembre del 2025 al suscribir un TLC con Israel (véase mensaje posteado en redes sociales)

Más allá de los aplausos oficiales que recibe cualquier Estado por parte de la actual administración norteamericana cuando pacta con Israel algún tipo de acuerdo, remitimos a nuestros estimables lectores a esta muy completa infografía realizada desde la radio universitaria de la UCR y a una entrevista que tuvimos al respecto en el programa radial de Interferencia la semana tras anterior (audio).

Esta complacencia súbita con Israel ha tenido repercusiones casi simultáneas, al observarse al aparato diplomático de Costa Rica cambiar repentinamente su voto en resoluciones sobre Oriente Medio adoptadas en esta primera semana de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas: véase al respecto esta muy detallada nota elaborada por el medio digital Delfino.cr. Este 12 de diciembre, una resolución de la misma Asamblea General acogiendo la opinión consultiva de la justicia internacional del 2024 condenando la ocupación y la colonización israelí del territorio palestino, reunió 139 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones, que incluyen la abstención de la delegación costarricense (véase video y nota del medio Delfino.cr): además de insólita, la nota de Delfino.cr refiere a la ausencia de explicaciones dadas por parte del aparato diplomático costarricense. Este 15 de diciembre, nuevamente se observó una abstención de Costa Rica sobre la resolución anual relativa a los derechos de Palestina sobre sus recursos naturales, tal y como se puede apreciar en el tablero de votación, mientras Palestina cosechó nuevamente una abrumadora mayoría de 156 votos a favor y tan solo 8 en contra.

Mofarse del drama indecible que se vive en Gaza en conferencia de prensa

Resulta de interés, de manera a tener un panorama más completo, referir a la mofa presidencial a la que remite este artículo de julio del 2025 publicado en el Semanario Universidad y este extracto contenido en este video informativo de La República sobre el TLC recién firmado entre Costa Rica e Israel: salvo error de nuestra parte, pareciera ser el único Jefe de Estado en ejercicio relativizando a su manera, en conferencia de prensa, con una punta de humor bastante llamativa, el drama indecible que se vive en Gaza.

En el antepenúltimo informe disponible sobre la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 4 de diciembre del 2025) se leía que se ha superado la cifra de 70.000 personas fallecidas en Gaza y de casi 171.000 personas heridas, muchas de ellas graves y desprovistas de atención hospitalaria debido a la destrucción de la red de hospitales en Gaza por parte de Israel:

«According to the MoH in Gaza, between 26 November and 3 December, 11 Palestinians were killed, 16 were injured and 20 bodies were recovered from under the rubble. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by the MoH, to 70,117 fatalities and 170,999 injuries. According to the MoH, the total number includes 299 fatalities who were retroactively added between 21 and 28 November after their identification details were approved by a ministerial committee. MoH reported that since the ceasefire, 360 Palestinians were killed, 922 were injured and 617 bodies were retrieved from under the rubble«.

Se considera que con la llegada de las lluvias y la baja sustancial de las temperaturas en Gaza, muchos familias palestinas en Gaza que viven en un campo de ruinas, bajo carpas de plástico, con una alimentación deficiente desde más de dos años, verán a muchos de sus seres queridos más vulnerables fallecer en las próximas semanas debido al frío y a la humedad que azotan a Gaza. Las imágenes impactantes de este reportaje publicado por la televisión belga el 12 de diciembre así lo hace ver. El precitado informe de Naciones Unidas pues ser completado con el penúltimo informe al 11 de diciembre del 2025 (véase enlace), que detalla el nivel de violencia y las muertes ocasionadas por Israel entre un informe y otro.

El pasado 10 de diciembre, una ONG de renombre como Amnistía internacional circuló un comunicado de prensa (véase texto completo) sobre la justicia sin la cual toda iniciativa de paz en Gaza es ilusoria: una seria limitante que ya habíamos señalado al adoptarse por parte del Consejo de Seguridad, la resolución 2803, el pasado 17 de noviembre del 2025 (Nota 6).

Con relación a las ocurrentes iniciativas de Costa Rica relativas a Israel, cabe recordar que en noviembre del 2024, en plena cumbre mundial sobre ambiente realizada en Bakú (Azeirbadján), Costa Rica anunció la firma de un sorprendente Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental: véase comunicado oficial de las autoridades ambientales de Costa Rica del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel. Pocos día después, Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas: véase al respecto este artículo publicado en el semanario costarricense de Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar algún tipo de explicaciones.

¿Será que, a raíz de la firma de este TLC con Israel anunciado el pasado 8 de diciembre, Costa Rica será objeto de alguna campaña de descrédito y de boycott en su contra, así como de sus productos de exportación?

Un pequeño detalle en una votación reciente sobre prohibición de la tortura muy pocamente divulgado

La pregunta anterior cobra particular relevancia si consideramos que en materia de derecho internacional de los derechos humanos, un episodio muy poco referenciado por las grandes agencias de noticias que cubren a Naciones Unidas, tuvo lugar el pasado 20 de noviembre del 2025: en efecto, como ocurre cada tres años, se votó la resolución trienal en el seno de la IIIa Comisión de de la Asamblea General, que reafirma la prohibición de la tortura y de los malos tratos (véase texto de la resolución).

Por primera vez en los últimos decenios, se contabilizaron en este mes de noviembre del 2025 un total de 169 Estados votando a favor y … votaron en contra Argentina, Estados Unidos e Israel. De estos tres Estados, únicamente Estados Unidos procedió a explicar su voto en contra con argumentos algo risibles si no se tratara de un tema tan grave en materia de derechos humanos (véase texto). Se registraron además 4 abstenciones que deberían de interpelar a muchos: Burundi, Papua Nueva Guinea, Nicaragua y Rusia.

En el caso de Argentina, su voto en contra confirma que Argentina se ha vuelto una «ficha útil» de Israel (y de Estados Unidos) en Naciones Unidas, alineando su voto al de Estados Unidos e Israel en innumerables ocasiones. En una reunión bilateral celebrada a finales de noviembre del 2025 entre los jefes de las diplomacias de Argentina y de Israel (véase comunicado oficial), se lee que:

«El Canciller también confirmó que la próxima visita oficial del Presidente Milei a Israel se encuentra en preparación y que incluirá pasos concretos en el proceso de relocalización de la Embajada argentina en Jerusalén«.

Este detalle (véase recuadro) de la votación merecía, en nuestra modesta opinión, una mención en medios informativos: resulta llamativo que haya pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y que muchas salas de redacción omitieran toda referencia a este intento por erosionar una regla internacional fundamental en materia de protección de los derechos humanos. Realmente ¿no interesará realmente ya a nadie que hayan Estados objetando la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles o degradantes?

Usualmente, este resolución trienal de la Asamblea General de Naciones se adopta por consenso entre los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, tal y como ocurrió en ejercicios similares en el 2022 (véase texto), en el 2017 (véase texto) y en el 2014 (véase texto).

En febrero del 2025, en un informe publicado por una ONG en Israel (véase informe completo), se leía:

«By disregarding the extended evidence from human rights organizations submitted to Israel courts and authorities, and allowing abuses and torture to persist, the State creates an environment of impunity where these acts are normalized, further exacerbating human rights violations. The lack of accountability for perpretators further underscores the systemic nature of the issue, with victims facing ongoing violations and no legal recourse» (p. 20).

Resulta oportuno recordar que en el 2002, con relación a la prevención de la tortura, Estados Unidos fracasó, y lo hizo estrepitosamente, en Naciones Unidas en su intento por frenar a como diera lugar la adopción de un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de 1984 (véase nota de prensa del New York Times y texto del Protocolo): un instrumento internacional finalmente adoptado en diciembre del 2002 (véase resolución) con una abrumadora mayoría de 127 votos a favor y tan solamente 4 votos en contra: Estados Unidos, Islas Marshall, Nigeria y Palau. Sobre el detalle de las negociaciones en Naciones Unidas, lideradas exitosamente por Costa Rica desde 1991 y ello de manera ininterrumpida, remitimos a nuestros estimables lectores a esta publicación del 2004 (en particular el Capítulo II a páginas 41-73; en la página 265 se puede apreciar el cambio de posición de Israel durante la tramitación de este valioso instrumento universal entre noviembre y diciembre del 2002).

A modo de conclusión

El hecho de anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea las siguientes interrogantes en este mes de diciembre del 2025, desde la perspectiva del derecho internacional público.

En efecto, Costa Rica es Estado Parte a una gran cantidad de tratados internacionales en materia de derechos humanos que contienen la obligación de prevenir y de hacer respetar ciertas disposiciones.

El fomento del intercambio comercial con un Estado acusado de cometer un genocidio en Gaza, cuya primera autoridad (su primer ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la CPI desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra:

– ¿acaso no coloca a Costa Rica en abierta violación a la obligación jurídica internacional que tiene de prevenir el crimen de genocidio, y que deriva de la convención de 1948 sobre la prevención y sanción de genocidio a la que es Estado Parte?

-¿acaso no contraviene con otra obligación igualmente jurídica que es la de respetar pero también de «hacer respetar» el derecho internacional humanitario, derivada de los convenios de Ginebra de 1949 y del mismo Estatuto de Roma de 1998 que crea la CPI?

– si el crimen de genocidio es objeto de una convención para prevenirlo y sancionarlo desde 1948, adoptada incluso antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿acaso se puede considerar que un Estado pueda fomentar el comercio con un Estado acusado por genocidio sin que ello violente las obligaciones que derivan de esta convención, con incluso responsabilidades penales individuales de jerarcas si este crimen está debidamente tipificado en la legislación penal nacional de este Estado?

Ello sin mencionar el hecho que este TLC con Israel contraviene con la imagen tradicional que se ha tenido de un Estado que fomenta el respeto a la justicia internacional y al derecho internacional, que ha sostenido históricamente en una multitud de foros que en vez de soluciones militares, es el diálogo y la negociación los que siempre deben prevalecer, ardiente defensor de las reglas que establece el derecho internacional humanitario, y de limitar el comercio de armas.

Para la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo palestino, la decisión de Costa Rica es totalmente equivocada (véase su mensaje en redes sociales) y para muchos en Costa Rica también lo es: raramente se habrá observado a una entidad del Estado costarricense – en este caso, la cartera de comercio exterior – afectar de esta manera la imagen y la reputación internacional de Costa Rica, con previsibles consecuencias negativas para Costa Rica, incluyendo su economía.

En cuanto al aparato diplomático de Palestina, en noviembre del 2025, su embajador en La Haya, de paso en la capital de Costa Rica, expresó (véase entrevista realizada por el Semanario Universidad) que:

«Costa Rica es un país conocido por estar alineado con el derecho y la legitimidad internacional. Siempre se ha comportado como una defensora de estos principios en el escenario internacional, pues entiende que la injusticia en cualquier sitio es una amenaza a la justicia en todo lugar. Por eso es que ésta es una posición muy desafortunada que no representa los valores mencionados ni la perspectiva general de la opinión pública mundial. Firmar un tratado de libre comercio con Israel justo ahora, en un momento en que Israel comete un genocidio enviará un mensaje devastador a las víctimas en Palestina y a los pueblos que aman la paz en todo el mundo. De una manera más amplia, enviará señales de que Costa Rica está dispuesta a abandonar su compromiso con el derecho internacional y los derechos humanos en aras del oportunismo político«.

Este día internacional de los derechos humanos debió ser un día de reflexión sobre la peligrosa tendencia observada en Costa Rica en los últimos años con relación a la agenda de derechos humanos.

Tomando en consideración la pérdida de la imagen internacional sufrida por Costa Rica observada en los últimos meses, así como la crisis aguda que vive el sector turismo (el cual depende mucho de la percepción que se tenga en el exterior de Costa Rica), nos permitimos reiterar a nuestros estimables lectores una pregunta un poco más general, que titulaba este artículo nuestro publicado en ElMundo.cr en su edición del 11 de agosto del 2025:

«¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica… firmar un TLC con Israel?«

– – Notas – –

Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el denominado «Plan de Paz» de Estados Unidos e Israel a la luz del derecho internacional público, analizado desde Costa Rica «, edición del 1ero de octubre del 2025. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., «Derechos humanos y cambio climático: breves reflexiones con relación a la Opinión Consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de julio«, edición del 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.

Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, edición del 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.

Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«, 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.

Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las recientes sanciones de Estados Unidos contra la CPI, analizadas desde una Costa Rica inaudible«, 22 de agosto del 2025. Texto disponible aquí.

Nota 6: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: una insólita resolución 2803 adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, analizada desde una Costa Rica totalmente omisa», 17 de noviembre del 2025. Texto disponible aquí.

Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile: “Un país que no hace su trabajo frente a las violaciones de derechos humanos está condenado a repetirlas”

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Por Félix Madariaga Leiva
Periodista

A más de cinco años del estallido social y en un escenario global marcado por guerras, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas, la discusión sobre el rol de la justicia internacional es urgente. La Corte Penal Internacional (CPI), los cuestionamientos al sistema multilateral, la militarización de territorios y la deuda del Estado chileno con las víctimas son temas que han adquirido una relevancia crítica.

Para profundizar en ellos, conversamos con Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, abogado y reconocido especialista en derechos humanos, fue jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asesor de organismos internacionales, académico y ha liderado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos tanto en Chile como en América Latina. Su trayectoria lo posiciona como una de las voces más autorizadas para analizar la situación regional.

Desde Amnistía Internacional ¿cómo evalúan el rol de la Corte Penal Internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en distintos países, incluido Chile tras el estallido social?

RB: La CPI, que se adoptó por el Tratado de Roma de 1998, ha significado un avance importante en nuestra historia, porque concebir que hay crímenes contra la humanidad —de lesa humanidad— para los cuales existe un tribunal internacional, significa que ya no solo es importante la jurisdicción de los países, sino que también existe un tribunal internacional. En Chile costó que se aceptara el Tratado y que Chile pasara a ser parte; hubo varios cuestionamientos en su momento, pero finalmente se logró.

Esta Corte ha logrado condenas importantes en varios casos en los últimos 20 años; sin embargo, estamos en un momento difícil. Planteaste varias situaciones: lo que ocurre en Ucrania, el genocidio en Gaza, y hay otras donde probablemente hay muchas dificultades para que los tribunales internacionales hagan bien su trabajo. Estamos en un momento de mayor cuestionamiento y fragilidad al sistema internacional que se creó post Segunda Guerra Mundial. Hay falta de financiamiento de Estados Unidos, pero también múltiples cuestionamientos a la organización de Naciones Unidas por parte de muchos de los países que entregan recursos a este organismo multilateral, y ha habido muchos ataques a la Corte Internacional, especialmente por el trabajo realizado por el genocidio en Gaza.

Si bien, a nuestro juicio, debiera avanzar más rápidamente la investigación —particularmente en relación al genocidio en Gaza—, creemos que, en este contexto, lejos de debilitar a los organismos multilaterales, es valorable que la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y otros ministros de Israel, y que la Corte Internacional de Justicia también haya declarado que la ocupación que lleva hace décadas el Estado de Israel es ilegal y tiene que terminar. Los tribunales internacionales están haciendo su trabajo, no obstante, haya mucha resistencia de varios Estados y, sobre todo, de algunas potencias mundiales.

En el caso de Chile, durante el estallido social, diría que el caso no ha llegado todavía del todo a la CPI porque los tribunales chilenos se encuentran investigando más de 1.000 causas, y además, hay una causa por la responsabilidad de los altos mandos y otra por crímenes de lesa humanidad que todavía están vigentes. Los tribunales internacionales entran a juzgar subsidiariamente cuando los internos, los nacionales, no han hecho su trabajo, y en este caso todavía esas investigaciones están en curso.

Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero suele intervenir en América Latina en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esa contradicción y qué efectos tiene en la credibilidad de la justicia internacional?

RB: Estados Unidos no solo no ha suscrito el Tratado de Roma que establece la CPI; sino que también la administración Trump estableció sanciones contra funcionarios de la Corte. Estados Unidos tiene un historial donde hay muchos tratados de Naciones Unidas que no ha suscrito y de los que no es parte.

Si bien la administración Trump ha sido especialmente cuestionadora del sistema internacional, esto es parte de la trayectoria histórica de ese Estado: no ser parte de muchos tratados de derechos humanos y no comprometerse con el sistema multilateral, cuando los derechos humanos requieren compromiso de todos los países. Después, efectivamente, tiene este discurso de intervenir en otros países —a veces militarmente— para “defender” los derechos humanos. Pero sin lugar a dudas es un doble estándar enorme, porque es un Estado que, en general, no ha protegido los derechos humanos y ha sido renuente a ser parte del sistema internacional en la materia.

El Reino Unido ha retomado los ejercicios militares en las Islas Malvinas, mientras en Chile se mantiene la militarización en la Araucanía. ¿Qué lectura hace Amnistía sobre el uso del poder militar en contextos sociales o territoriales?

RB: Es muy preocupante y grave la forma en que ha avanzado la militarización en Chile y en otros países. Has hablado de estos ejercicios por parte de Inglaterra, pero más allá de eso, en México llevamos muchos años con una militarización muy importante. Acabamos de ver un operativo donde intervinieron militares en Río de Janeiro, donde murieron más de 100 personas, en un operativo – se supone – por razones de seguridad.

En ese contexto, desde Amnistía siempre hemos sido claros: la militarización no puede ser la solución para temas de seguridad. Finalmente, siempre acarrea restricciones de libertad y no se pueden abordar los problemas de seguridad de fondo, lo que muchas veces implica, además, desvirtuar las funciones de las Fuerzas Armadas, relegando a las policías a no poder cumplir su rol como corresponde en una sociedad democrática con Estado de derecho.

Es preocupante que Chile lleve tantos años con un estado de excepción que, por definición, es transitorio, es excepcional. En cambio, desde el inicio de este gobierno tenemos un estado de excepción permanente en la denominada zona macro-sur, o en las regiones donde está presente mayoritariamente el pueblo mapuche. Eso es absolutamente contrario a los estándares internacionales: los estados de excepción deben ser transitorios. Lo más preocupante es que no se visualiza un cambio en esa política a corto plazo.

EI: A más de cinco años del estallido social, muchas víctimas siguen esperando justicia. ¿Existe una impunidad estructural en Chile frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado?

RB: Después de la dictadura cívico-militar y la impunidad que vivimos durante décadas, en cuanto a las atrocidades que se cometieron por parte del régimen de Pinochet —y el rol que tuvo el Poder Judicial, en algunos casos mirando hacia el lado y en otros derechamente siendo cómplice—, lo que se esperaba para 2019 y 2020, con la crisis de derechos humanos más importante desde el retorno a la democracia, era que el Estado de Chile, la Fiscalía y los tribunales hicieran su trabajo de acuerdo con las obligaciones que tiene el Estado.

Sin embargo, las investigaciones tuvieron muchas demoras y deficiencias; los tribunales también tuvieron problemas, sobre todo al tipificar adecuadamente el delito de tortura. Ha habido una impunidad bastante generalizada, si bien hay más de 70 sentencias condenatorias. Por otra parte, no ha habido una política pública de reparación integral para las víctimas del estallido, ni garantías de no repetición, que son claves y estructurales. Por ejemplo, la reforma a Carabineros, planteada por Amnistía Internacional y otros organismos internacionales —y que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric— no se ha concretado.

Por lo tanto, cuando revisamos nuestra historia, todas las deudas que quedan desde la dictadura, y todas las deudas pendientes respecto del estallido social, es complejo mirar al futuro y pensar que no vamos a tener de nuevo una crisis de derechos humanos. Un país que no hace la pega cuando se violan los derechos humanos es un país mucho más propenso a repetir el mismo patrón de acciones y violaciones.

Casos como el de Julia Chuñil reflejan la falta de reparación integral. ¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para garantizar verdad, justicia y reparación efectiva a las víctimas?

RB: Insisto, el Estado ha logrado varios avances en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, pero sigue teniendo deudas cuando se trata de agentes del Estado. Por otra parte, si bien este gobierno dio un paso importante al firmar, aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú —que implica protección para defensores y defensoras de derechos humanos—, falta trabajo por hacer, porque no se ha aprobado la ley que se discute en el Congreso para la protección de estas personas.

Somos el continente donde más peligros enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en países como Colombia, México y Brasil. En ese contexto, lo que sucede con Julia Chuñil —que lleva más de un año desaparecida, con una investigación de Fiscalía que ha tenido dificultades y no ha logrado esclarecer su paradero ni las circunstancias de su desaparición— es sin lugar a dudas preocupante.

Aunque no estamos en la misma situación que otros países en cuanto al nivel de ataques y muertes, sí ha habido amenazas y agresiones. Por eso, es importante que el Estado adopte medidas legislativas y judiciales para resguardar a las personas defensoras de derechos humanos.

Estamos en periodo de las elecciones presidenciales. Un candidato afirmó que indultaría a criminales de lesa humanidad y a carabineros condenados por violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la postura de Amnistía frente a estas declaraciones?

RB: Nuestra posición es que es inaceptable que Johannes Kaiser haya señalado que liberaría a criminales de lesa humanidad como Krasnoff Marchenko y otros, que cometieron las peores atrocidades en la historia de Chile. Con ese tipo de afirmaciones se genera revictimización de las víctimas y sus familiares. Está absolutamente alejado del marco de derechos humanos del cual Chile es parte y, además, parece un retroceso a tiempos oscuros, cuando se hablaba de supuestos detenidos desaparecidos y se justificaban las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura.

Johannes Kaiser no solo ha planteado la liberación de quienes cometieron estas atrocidades, sino que también ha mentido derechamente sobre los supuestos restos que estarían en el Servicio Médico Legal, tal como decía Manuel Contreras, director de la DINA, uno de los militares más sanguinarios de América Latina. Kaiser está tomando la posta para mantener esa mentira, esa fake news sobre dónde estarían los restos de las personas detenidas desaparecidas.

Son afirmaciones graves e inaceptables. Desde Amnistía Internacional haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún gobierno avance en medidas de este tipo.

Respecto del estallido social, también es inaceptable que Kaiser se haya subido al escenario junto a quien está imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, y diga que los va a liberar a todos. Yo le pregunto a Kaiser si también liberaría, por ejemplo, a los carabineros condenados por violencia sexual. Hay al menos cuatro sentencias por violencia sexual durante el estallido social, casos investigados por Fiscalía y resueltos por tribunales chilenos. Personas en comisarías, sin resguardo alguno, fueron víctimas de desnudamiento y violencia sexual.

¿Eso también es parte de lo que quiere Johannes Kaiser? ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos construir, donde sea posible cualquier tipo de vejación y que esas vejaciones queden en la impunidad? Desde Amnistía Internacional decimos que no, y que nos vamos a oponer ahora y siempre a cualquier tipo de medida de ese tipo.

La conversación con Rodrigo Bustos deja en evidencia que Chile y la región atraviesan un momento crítico: crisis de legitimidad internacional, militarización creciente, impunidad persistente y discursos que buscan reinstalar viejos negacionismos. Frente a ello, Amnistía Internacional sostiene una posición clara: sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la democracia se debilita y deja espacio para que esas violaciones se puedan repetir.

La defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una tarea urgente en un país que aún no sana sus heridas.

Gaza / Israel: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminará su opinión consultiva el próximo 22 de octubre

Escrito en . Publicado en Análisis.

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros  /  What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» 

(Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim  S/PV/9439,  at page 9)

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR): contacto : nboeglin(a)gmail.com  

Introducción

El 22 de octubre del 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminará su opinión consultiva relacionada a las obligaciones de Israel como Estado Miembro de Naciones Unidas, de cara a sus acciones militares insensatas en Gaza (véase comunicado oficial de prensa de la CIJ en francés y en inglés).

Un Estado Miembro de Naciones Unidas que desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 ¿bombardea deliberadamente instalaciones y funcionarios de Naciones Unidas y destruye intencionalmente infraestructura hospitalaria, educativa y energética cuya construcción se logró gracias a la laboriosa coordinación de varias agencias de Naciones Unidas? Y que además, ¿dificulta significativamente la llegada de víveres urgentes gestionada por parte de Naciones Unidas para asistir a una población civil asediada día y noche desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 y desprovista de agua y alimentos para subsistir y de medicamentos?  Y que, ¿asesina deliberadamente a periodistas, corresponsales, equipos de camarógrafos, para que el mundo no tenga mayor información sobre el alcance de la destrucción a la que se presta su ejército en Gaza? Y que ¿adopta una legislación para declarar ilegales todas las operaciones de la agencia de Naciones Unidas especializada en la atención a los refugiados palestinos (UNRWA) desde 1947, con base en acusaciones sin mayor respaldo probatorio?

Solicitar a la misma justicia internacional de La Haya dar su parecer al respecto es el objetivo de esta solicitud de opinión consultiva, tramitada mediante el voto de una resolución adoptada el 19 de diciembre del 2024 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas: ello a partir de un planteamiento pocamente analizado, salvo un artículo digital encontrado en la red (Nota 1), y dada la total incapacidad del Consejo de Seguridad para ordenar las sanciones correspondientes en contra de Israel (ello en razón del veto automático del – o de la – representante de Estados Unidos en Nueva York). 

Cabe indicar que el proyecto de resolución A/79/L.28/Rev.1 contó en América Latina con el co-auspicio de Bolivia, Brasil Chile y Colombia (así como de Belice en el hemisferio), al tiempo que los únicos integrantes de la Unión Europea (UE) en co-auspiciar este proyecto de resolución fueron Eslovenia y España.

Breve puesta en contexto procesal

Habíamos tenido la oportunidad de analizar el contenido de las audiencias públicas realizadas a finales de abril del 2025 e inicios del mayo en La Haya en el marco de este procedimiento consultivo iniciado en octubre del 2024 por Noruega y que contó rapidamente con un significativo grupo de Estados favorables en el seno de Naciones Unidas para adoptar, con una abrumadora mayoría, una resolución desde la Asamblea General: véase nuestra nota titulada «Gaza / Israel: primeros días de las audiencias públicas ante la CIJ sobre obligaciones de Israel en Gaza«, editada el 28 de abril del 2025. 

En el tablero de votación registrado el 19 de diciembre del 2024, se puede apreciar el apoyo masivo a esta iniciativa que recogió 137 votos a favor y 12 en contra (entre los que figura Argentina y Paraguay) al tiempo que 22 Estados optaron por la abstención (en América Latina fue el caso de Panamá y de Uruguay).

Es de resaltar que durante estas audiencias celebradas en el majestuoso Peace Palace de La Haya a final de abril del 2025 e inicios de mayo, procedieron a presentarse a la barra de La Haya 41 Estados y tres organizaciones internacionales. Por parte de América Latina, participaron por orden de aparición ante los jueces de la CIJ  (véase programa de estas audiencias) los siguientes Estados: Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá. 

En el mes de septiembre del 2025, la Secretaría General de Naciones Unidas envió a los jueces una respuesta adicional a una solicitud (véase documento), al tiempo que Israel remitió como respuesta una lacónica página y media (véase documento) que contrasta con el documento de 60 páginas remitido de igual manera por Palestina durante ese mismo mes (véase documento).

Al haber sido Noruega el Estado que inició las primeras gestiones en octubre del 2024, resulta de interés conocer la posición jurídica que dio a conocer a los jueces de la CIJ en el mes de febrero del 2025: véase documento en francés y en inglés cuya lectura integral es recomendada. De igual modo, se sugiere la lectura del extenso escrito enviado por el Secretario General de Naciones Unidas (véase documento en francés y en inglés) en el mismo mes de febrero.

Un tercer procedimiento consultivo en trámite sobre lo que ocurre en el territorio palestino

Se trata del tercer procedimiento consultivo que se lleva a cabo ante la CIJ sobre las acciones ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado, luego de:

a)  la opinión consultiva solicitada en diciembre del 2003 y emitida en el mes de julio del 2004 sobre la construcción de un muro por parte de Israel  en territorio palestino ocupado (véase texto) y;  

b) la opinión consultiva solicitada en diciembre del 2024 a la CIJ y dada a conocer en julio del 2024 sobre el carácter ilegal de la colonización y de la ocupación israelíes (véase texto en francés y en inglés). 

En ambos casos, estas solicitudes al juez internacional responden a la incapacidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tanto en el 2003 como en el 2023, de obligar a Israel a respetar el ordenamiento jurídico internacional.

En el caso de la opinión consultiva del 2024, nuestros estimables lectores costarricenses se acordarán que Costa Rica votó en contra de esta solicitud en diciembre del 2022 cuando se adoptó en el seno de Naciones Unidas, siendo el único en América Latina con Guatemala (Nota 2), tal y como se puede observar en el registro de voto.

Teniendo la oportunidad de hacerlo antes las demás delegaciones en Nueva York, la delegación de Costa Rica no consideró oportuno explicar su voto, ni en diciembre del 2022, como tampoco, más recientemente, en septiembre del 2024 al votarse una resolución saludando el alcance de la opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio del 2024 (Nota 3). Para un Estado que se ha preciado históricamente ante la comunidad internacional de ser un ferviente defensor de la justicia internacional y del derecho internacional, estas posiciones inexplicadas observadas en el 2022 y en el 2024 vienen a poner en tela de duda el compromiso real de Costa Rica, afectando la imagen internacional proyectada desde varias décadas por la diplomacia costarricense. 

El procedimiento consultivo: una ocasión aprovechada po unos, desaprovechada por otros

Es de precisar que, en el marco de este tercer procedimiento consultivo iniciado en diciembre del 2024, la primera opinión remitida por un Estado al juez internacional de La Haya fue la de Chile (véase texto en francés y en inglés): se recomienda su lectura integral. En particular para quienes nos lean desde otras latitudes en América Latina desde las que no se remitió ninguna opinión jurídica a la CIJ, planteándose una pregunta muy válida: ¿por qué sus autoridades diplomáticas desaprovecharon la ocasión para reiterar la importancia de respetar la Carta de Naciones Unidas y las reglas internacionales auspiciadas desde 1945 por Naciones Unidas como tal en materia de asistencia humanitaria? Fue acaso para… ¿no molestar al representante de Israel acreditado en su capital y a los círculos de influencia que gravitan alrededor de su embajada?¿Alguna otra razón?

En el caso del Consejo de Seguridad, de sus cinco miembros permanentes,  el Reino Unido fue el único en no remitir ninguna opinión jurídica al juez de La Haya, por razones que sería de sumo interés conocer: en particular dado que en las dos ocasiones anteriores, sí había externado su criterio legal a la CIJ. 

Es de señalar que en esta ocasión, Israel solamente pudo contar con escritos de Estados Unidos y de Hungría, y que ni Alemania, ni Australia, ni Austria, ni Canadá, como tampoco Camerún, Fiji, Guatemala, Islas Marshall, Nauru, Palau, o República Checa, consideraron esta vez oportuno venir a apoyar las tesis de Israel. En el caso de los Estados que integran a la Unión Europea (UE), además de Francia remitieron opiniones Bélgica, Eslovenia, España, Irlanda, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos y Polonia. 

Posibles perspectivas de esta opinión consultiva

Dada la postura israelí de desafiar abiertamente las reglas internacionales más elementales del derecho internacional público desde que inicio su insensata operación militar en Gaza en la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, restándole todo valor a las ordenanzas que la misma CIJ le dictaminó en cuatro ocasiones en el transcurso del año 2024, es de esperar un texto particularmente duro para Israel. 

En la medida en que el juez internacional observa, como el resto de la comunidad internacional, el irrespeto total de Israel a la justicia internacional y al ordenamiento jurídico internacional, es incluso muy probable que el texto dictaminado sea ejemplarizante y sugiera acciones futuras a los Estados miembros de Naciones Unidas. No está de más pensar que la CIJ ordenará a  Israel reparar e indemnizar por todos los daños causados a Naciones Unidas en Gaza. En febrero del 2025, un informe del Banco Mundial y de la UE – véase informe –  estimó que los daños y pérdidas causados en Gaza ascienden a 49.000 millones de U$ (véase tabla y explicaciones en las páginas 3-4). Se lee (página 25) que :

“The assessment estimates around US$19.1 billion of economic and social losses incurred due to the conflict (see Figure 3). The sectors with the highest estimated losses are health with US$6.3 billion, education with US$3.2 billion, commerce and industry with US$2.2 billion, social protection at around US$1.4 billion, and agriculture at US$1.3 billion. The impacts, damages, and losses are thus greatest in housing with US$16.3 billion, commerce and industry with US$8.1 billion, health with US$7.6 billion, education with US$4.1 billion, and transport with US$2.9 billion“.

Esta próxima decisión de la CIJ debería también iniciar un largo recorrido dentro y fuera de Naciones Unidas para excluir progresivamente a Israel de diversas entidades adscritas a Naciones Unidas en las que un Estado Miembro de Naciones Unidas que se comporta de la manera como se comporta Israel… ya no tiene su lugar. Se trata de una exclusión y de una presión diplomática que se aplicó desde Naciones Unidas a Sudáfrica hasta tanto no derogara al régimen de apartheid vigente, que finalmente se abrogó en los años 90. Ya son varias las federaciones internacionales deportivas y culturales las que, en el 2024 y en lo que va del año 2025, han conocido de solicitudes de exclusión de una participación de Israel: con esta decisión de la CIJ a leerse el próximo 22 de octubre, los argumentos en favor de un mayor aislamiento deberían verse confortados, al provenir de la máxima instancia jurisdiccional dentro de Naciones Unidas.

La opinión consultiva de la CIJ: hacia un nuevo fracaso para Israel precedido de otro un poco más reciente (y muy pocamente difundido)

Cabe indicar que esta decisión de la CIJ es precedida por una enésima decisión de los jueces de otra jurisdicción también situada en La Haya: la Corte Penal Internacional (CPI): se trata de un rechazo a un enésimo intento de Israel de apelar la decisión que mantiene vigente las órdenes de arresto contra dos de sus dirigentes, emitidas desde el mes de noviembre del 2024, y que tuvimos la ocasión de analizar en su momento (Nota 4). 

Los especialistas y los expertos legales podrán comprobar la gran creatividad y persistencia de los asesores legales de Israel, cuyos argumentos fueron rechazados este 17 de octubre del 2025 por tres jueces de la Sala de lo Preliminar de la CPI de manera unánime y sin contemplación alguna (véase decisión). 

También merece mención el supuesto «Plan de Paz» anunciado oficialmente el 29 de septiembre por parte de Estados Unidos y de Israel. Este denominado «Plan de Paz» ha dado lugar a severas críticas por parte de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas: véanse su comunicado oficial del 15 de octubre y otro comunicado del 3 de octubre. En ambos comunicados se hace ver que sin justicia para las víctimas palestinas, sin rendición de cuenta, y sin respeto al derecho a la libre determinación del pueblo palestino, toda «paz» es más que ilusoria en Palestina. Como ya viene siendo costumbre, ambos comunicados de prensa oficiales de Naciones Unidas pasaron totalmente desapercibidos en la prensa internacional, dada la notoria complacencia de varias agencias de noticias y salas de redacción con el cerco informativo que Israel y Estados Unidos buscan mantener cuando de informar al mundo sobre Gaza se trata.

Resulta de interés observar que para «la» foto en Sharm-El-Sheikh en Egipto de la conferencia titulada «Paz en Gaza«, el Presidente de Estados Unidos pudo posar en su centro, contando con la presencia de varios jefes de Estado (o jefes de Gobierno): por parte de América Latina participó unicamente el Presidente de Paraguay (véase nota de prensa). Cabe añadir, como parte del espectáculo ofrecido en Sharm-El-Sheikh, que la máxima autoridad de Egipto sugirió otorgar al Presidente de Estados Unidos el premio Nobel de la Paz (véase nota de prensa): no es la primera vez que Egipto muestra cuán fácil es convencer a sus máximas autoridades de hacer lo que Estados Unidos sugiere cuando de Palestina se trata (Nota 5). Más precavidos, y posiblemente conscientes de los espectáculos que el «one-man-show» que ocupa la Casa Blanca desde el 21 de enero del 2025 ofrece desde su llegada, al show mediático optaron por no participar con su jefe de Estado (o jefe de Gobierno) los siguientes Estados: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, India, Japón, y Omán. En unas reflexiones publicadas en francés sobre este «Plan de Paz«, nos permitimos escribir el pasado 13 de octubre que:

«Il n’est pas inutile de rappeler la grande couverture médiatique dont a fait l’objet le sommet qui s’est tenu le 15 août dernier en Alaska entre les présidents américain et russe pour parvenir à la paix en Ukraine, et qui s’est soldé par un… fiasco total. Homme de spectacle et de télévision avant tout, le président des Etats-Unis semble enclin a continuer de l’être quelque soit le dossier international à traiter, afin d’ajouter, dans ce cas Gaza,  a la liste de conflits internationaux qu’il a prétendument “résolus“. Qu’importe la forme, l´essentiel pour lui, c’est d’être au centre du spectacle médiatique» (Note 6).

En el último informe sobre la situación en Gaza al 16 de octubre (véase enlace) elaborado por Naciones Unidas, se lee que este Plan de Paz no ha frenado el carácter insensato de las acciones militares israelíes en Gaza ni los efectos de la hambruna creciente, con nuevas víctimas mortales y personas heridas reportadas en Gaza:

«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between 8 and 15 October, 68 Palestinians were killed, and 328 were injured, and 347 bodies were recovered. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by MoH, to 67,938 fatalities and 170,169 injuries. According to MoH, the total number includes 320 fatalities who were retroactively added on 11 October 2025 after their identification details were approved by a ministerial committee. MoH further noted that, as of 10 October, the number of casualties among people who were trying to access aid supplies reached 2,615 fatalities and more than 19,182 injuries. According to MoH in Gaza, as of 11 October, 463 malnutrition-related deaths, including 157 children, were documented since October 2023″.

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «Gaza must decide its own political future – before the world does for us», 16 de octubre del 2025, Magazine +972. Texto integral disponible aquí.

A modo de conclusión

Como lo indicamos en un texto anterior, este denominado «Plan de Paz» respondió a una simple operación de comunicación de gran envergadura, promovida por el actual ocupante de la Casa Blanca y un muy urgido Primer Ministro israelí (de cara a las conmemoraciones en Israel previstas para el 7 de octubre):

«Más allá de las ocurrencias reiteradas del actual ocupante de la Casa Blanca desde su entrada en funciones el 20 de enero del 2025, no sería la primera vez que Estados Unidos e Israel emplean sus respectivos y muy eficientes aparatos de comunicación para una operación mediática de cierta envergadura a escala planetaria» (Nota 7).

Los bombardeos de Israel en Gaza pocos días después del show mediático en Sharm-El-Sheikh en Egipto (en particular los observados el  domingo 19 de octubre, con un saldo de 44 personas fallecidas en Gaza según esta nota de prensa), confirman esta lectura: de paso, ponen en entredicho lo sostenido por algunos entusiastas analistas y «expertos» celebrando en prensa escrita, radio y televisión en diversas latitudes, la obtención de la paz en Gaza por parte del Presidente de Estados Unidos.

Precisamente, este 20 de octubre, en el auditorio Alberto Brenes Córdoba de la Facultad de Derecho de la UCR, a partir de las 17:00 horas (si las lluvias torrenciales que azotan  a la Facultad de Derecho lo permiten), tendremos la oportunidad de analizar estos y muchos otros aspectos de este cerco informativo que no impide en lo más mínimo que se vaya cerrando sobre Israel otro: el cerco de la justicia internacional. Nuestra conferencia, si es que la clemencia del clima lo permite, se titula precisamente:

«Gaza /Israel: del cerco informativo al cerco de la justicia internacional que se va cerrando paulatinamente sobre Israel» (véase anuncio). 

Nuestros estimables lectores, nuestros distinguidos/as colegas y detractores/as, así como nuestros estudiantes y público en general, están desde ya muy cordialmente invitados/as. De ser postergada la actividad en razón de los repetitivos estragos que causan las aguas al edificio de la Facultad de Derecho en este mes de octubre del 2025, se avisará de una nueva fecha.

–  – Notas  –  –

Nota 1: Véase BJORGE E., «The General Assembly Must Protect UNRWA by Requesting a Binding Advisory Opinion«, EJIL-Talk, edición del 29 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «América Latina ante la solicitud de opinión consultiva a la justicia internacional sobre la situación en Palestina«, Portal de la UCR, edición del 13 de febrero del 2023, y en particular el acápite «El voto de los Estados de América Latina en este 2022: Guatemala y Costa Rica únicos en votar en contra«. Texto disponible aquí. 

Nota 3: Para nuestros estimables lectores en Costa Rica, resulta oportuno traer a la memoria que cuando la Asamblea General de Naciones Unidas acogió la opinión consultiva dada a conocer el 19 de julio del 2024  en la votación de una resolución (véase texto) realizada el 18 de septiembre del 2024 y declaró ilegal dicha colonización (véase comunicado oficial de Naciones Unidas), Costa Rica optó por abstenerse sin dar explicaciones de su voto a las demás delegaciones presentes en Nueva York: ninguna explicación dada, como sí la brindó por ejemplo Guatemala en Centroamérica, o bien Canadá. O bien en Europa, la delegación de Alemania así como la del Reino Unido y de Países Bajos. Dicho en otras palabras «¿Usted se abstiene? Explíquese» es lo que se espera de un delegado en Naciones Unidas: en efecto, como bien es sabido, todo representante de un Estado a la hora de votar a favor de un texto, o bien en contra (o bien abstenerse), tiene la posibilidad de explicar a las demás delegaciones lo que motivó la posición de su Estado (lo que se denomina en la jerga diplomática «explicación de voto«). El voto en contra explicado por el delegado de República Checa evidencia cómo un Estado plantea como suyos argumentos que en realidad reaparecen en las explicaciones de voto de otros Estados, siendo Estados Unidos uno en haberlos usado. 

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza /Israel: Corte Penal Internacional (CPI) emite órdenes de arresto contra Primer Ministro y (ex) Ministro de Defensa de Israel«, La Revistacr, edición del 23 de noviembre del 2024. Texto integral disponible aquí. 

Nota 5: En diciembre del 2016, la resolución 2334 adoptada por el Consejo de Seguridad, con 14 votos y una abstención (Estados Unidos), corresponde a un proyecto de resolución inicialmente presentado  por Egipto: presionada Egipto por el aún presidente designado norteamericano Donald Trump, Egipto finalmente sucumbió a las presiones y retiró su proyecto de resolución. Fue sin contar con la acción decisiva de Malasia, Nueva Zelanda, Senegal, y Venezuela que endosaron inmediatamente el texto de Egipto y lo presentaron para que fuera aprobado sin mayor dilación. La Presidencia del Consejo de Seguridad (España) en aquel momento aceptó sin titubear un solo instante que el mismo texto fuera sometido al voto luego de retirar Egipto su proyecto de resolución. Sobre este y otros detalles pasados por alto en la prensa internacional, véase BOEGLIN N., «La resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condena colonización israelí: breve puesta en contexto«, DIPúblico (Argentina), edición del 10 de enero del 2017. Texto integral disponible aquí.

Nota 6:  Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israël : le prétendu « Plan de Paix » présenté par les États-Unis et Israël à la lumière du droit international public«, ElMundo.cr, edición del 13 de octubre del 2025. texto integral disponible aquí.

Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el denominado ‘Plan de Paz?’ de Estados Unidos e Israel a la luz del derecho internacional público«, La Revistacr, edición del 10 de octubre del 2025. Texto integral disponible aquí. 

Personal académico de Psicología de la UNA pide a Colegio pronunciarse contra genocidio en Gaza

Escrito en . Publicado en Derechos.

El 29 de agosto, un grupo de docentes de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional (UNA) dirigió una carta a la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, solicitando que se emita un comunicado urgente denunciando el genocidio que se desarrolla en Gaza por parte del Estado de Israel.

En la misiva, recuerdan que la negativa de la Junta a pronunciarse sobre este tema provocó recientemente la renuncia de la Comisión Ad-Hoc para el abordaje de la Violencia Social y de la Comisión de Investigación del Colegio. Señalan que, como profesionales y formadores, resulta éticamente inaceptable guardar silencio ante crímenes de lesa humanidad.

El documento cita como antecedentes las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 por la Corte Penal Internacional contra altos funcionarios israelíes, incluidos crímenes documentados por Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese. Asimismo, se mencionan pronunciamientos similares de organizaciones de psicología en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Las personas firmantes recalcan que callar equivale a validar la violencia, y que la psicología, como ciencia y profesión, no puede permanecer neutral ante violaciones de derechos humanos de esta magnitud. Además, convocan a que universidades y colegios profesionales en Costa Rica se unan en la denuncia y asuman la responsabilidad ética y social de acompañar a las poblaciones víctimas.

El documento original, con la lista completa de personas firmantes y las referencias, puede descargarse en este enlace: Carta de solicitud de pronunciamiento

Imagen con fines ilustrativos: UNESCO.

Gaza / Israel: las recientes sanciones por parte de Estados Unidos contra jueces y personal de la CPI, analizadas desde una Costa Rica omisa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel por un medio digital israelí y titulado «IDF Database suggests at least 83% of Gaza dead were civilians» (Magazine+972, edición del 21 de agosto del 2025, de lectura recomendada).

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros  /  What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» (Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim  S/PV/9439,  at page 9). 

«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne.

Dans cette fresque noire, les cris des enfants, les gémissements des malades, les soupirs des mères devant des pains jamais cuits et des corps jamais enterrés, forment la dernière langue encore parlée. Il n’y a plus de rêves à Gaza, ni de projets, tout est désormais mesuré en morts, en repas de survie, en murmures d’espoir qui s’évanouissent. C’est une catastrophe qui ne nécessite plus de nouveaux qualificatifs, mais une action urgente pour stopper cet effondrement total». 

Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponible aquí. 

El pasado 20 de agosto, Estados Unidos extendió sus sanciones a dos jueces y a dos altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI): véase al respecto el anuncio oficial hecho desde el Departamento de Estado, así como la nota del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y este documento emitido el mismo 20 de agosto. 

Como bien es sabido, la Sala de lo Preliminar de la CPI confirmó en noviembre del 2024 las órdenes de arresto solicitadas en mayo del 2024 por el Fiscal de la CPI contra dos altos funcionarios israelíes por crímenes de guerra cometidos en Gaza: su actual Primer Ministro y su ex Ministro de Defensa. En abril del 2025, luego de examinar los supuestos «argumentos» presentados por Israel sobre su presunta falta de competencia, la Sala de Apelaciones de la CPI confirmó ambas órdenes de arresto por unanimidad (véase decisión del 24 de abril del 2025). 

Cabe recordar que cuando en febrero del 2021, la CPI se declaró perfectamente competente para examinar lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, sin excepción de ningún tipo, Estados Unidos consideró oportuno oponerse frontalmente a esta decisión de la CPI (véase texto de la Embajada de Estados Unidos en Israel de marzo del 2021).

En este mes de agosto del 2025, el único Estado en el mundo en saludar estas sanciones norteamericanas contra la CPI fue Israel a través de declaraciones públicas dadas a conocer por su Primer Ministro (véase nota de prensa del TimesofIsrael). 

No está de más recordar que para el actual Primer Ministro de Israel y sus ministros, la CPI es «antisemita«, como varios otros órganos de Naciones Unidas (Nota 1).

Sancionar a una jurisdicción internacional: un hecho insólito

Se trata de una acción bastante insólita al no haberse nunca en el pasado, salvo error nuestro, observado a un Estado tomar sanciones contra el personal de una jurisdicción internacional y sus magistrados. Los únicos precedentes registrados son 

– a) las sanciones tomadas por Rusia contra el Fiscal y tres jueces de la CPI en mayo del 2023, luego de que la CPI ordenara la captura de su Presidente y de una alta funcionaria rusa por crímenes de guerra cometidos en Ucrania, en marzo del 2023 (véase comunicado de la CPI); y 

– b) las sanciones de Estados Unidos en el 2020, también contra el personal de la CPI y también en aras de proteger a Israel, aunque no fuera explícito como lo veremos en las líneas siguientes relativas a lo que podemos denominar el «argumento afgano«: la administración norteamericana siguiente (2021-2024) suspendió estas sanciones de Estados Unidos contra la CPI del 2020, mediante el Executive Order 14022 del 1ero de abril del 2021 (véase texto) en el que se lee que:

«the threat and imposition of financial sanctions against the Court, its personnel, and those who assist it are not an effective or appropriate strategy for addressing the United States’ concerns with the ICC».

Si bien asistimos desde el 21 de enero del 2025 a una llamativa coincidencia de criterios entre Rusia y el actual ocupante de la Casa Blanca en muchos ámbitos, hay que tener claro lo siguiente: desde 1945, ante crímenes de guerra, genocidios y  atrocidades de todo tipo, la comunidad internacional ha ido paulatinamente elaborando en el marco de Naciones Unidas una variedad de normas y de mecanismos de rendición de cuentas e investigación, siendo la adopción del Estatuto de Roma en 1998 el instrumento que crea la primera jurisdicción penal internacional a vocación universal, la CPI. Se trata de la única jurisdicción internacional a cargo de investigar estas exacciones y de sancionar a sus responsables directos o indirectos desde el punto de vista penal. 

Como todo tratado internacional, el Estatuto de Roma está sujeto a su firma y posterior ratificación por parte de cada uno de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas: se contabilizan un total de 125 Estados Partes al Estatuto de Roma (véase estado oficial de firmas y ratificaciones, siendo Ucrania el último Estado en haber procedido a su ratificación en octubre del 2024). En América Latina, los únicos Estados que se resisten a aprobar el Estatuto de Roma son Cuba, Haití y Nicaragua (Haití sí lo ha firmado, a diferencia de Cuba y Nicaragua),  habiendo sido el primer Estado en ratificarlo en la región Venezuela (junio del 2000) y el último El Salvador (mayo del 2016).

La respuesta de la CPI a estas nuevas sanciones de Estados Unidos no se hizo esperar, repudiando formalmente estas sanciones contra sus jueces y contra su personal: véase al respecto el comunicado oficial en francés y en inglés con fecha del mismo 20 de agosto. Este 21 de agosto, fue la Presidencia de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma (en representación de 125 Estados) la que repudió estas sanciones: véanse el texto del comunicado oficial en francés y en inglés, en el que se puede leer que:

«Nous appelons tous les États Parties et les parties prenantes du système du Statut de Rome à rester fermes dans leur engagement à défendre les principes de la justice internationale et à se tenir unis pour protéger la Cour, ses responsables élus, son personnel et ceux qui coopèrent avec elle. ../..We urge all States Parties and stakeholders in the Rome Statute system to remain steadfast in their commitment to uphold the principles of international justice and to stand united in defending the Court, its elected officials, its personnel and those cooperating with it«.

De igual manera se puede citar, a título individual, la reacción de condena a estas sanciones por parte de Bélgica (véase texto circulado en redes sociales por el jefe de su diplomacia), de España (véase comunicado del 21 de agosto) o bien de Francia (véase comunicado del 20 de agosto) así como de Eslovenia (véase comunicado) o de Senegal (véase comunicado): en el caso francés (así como de Senegal), los funcionarios de su nacionalidad, integrante de la misma CPI en el caso de Francia, son dos de las cuatro personas concerñidas por estas nuevas sanciones norteamericanas.

También resulta oportuno mencionar la reacción del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en persona (véase comunicado de prensa así como nota oficial de prensa de Naciones Unidas) y una declaración conjunta suscrita por una decena de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase comunicado del 22 de agosto).

Estas nuevas sanciones de Estados Unidos del 20 de agosto del 2025 vienen a añadirse a:

– las tomadas contra cuatro jueces de la CPI el 5 de junio del 2025 (véase anuncio del Departamento de Estado)  (Nota 2) y; 

– las adoptadas contra el Fiscal de la CPI en febrero del 2025 (véase anuncio de la Casa Blanca, con fecha del 6 de febrero del 2025).

Alguna gradualidad parece desprenderse, desde las sanciones adoptadas únicamente contra el Fiscal de la CPI de febrero del 2025, hasta las anunciadas este 20 de agosto, sin que se logre muy bien detectar la lógica del cronograma seguido por Estados Unidos en su intento de intimidar al personal de la CPI. Especialistas en álgidos temas procesales de la CPI y plazos para decisiones, deberían poder guiarnos para poner en evidencia si estas sanciones:

– a) corresponden de una u otra manera al cronograma procesal en curso contra los dos dirigentes israelíes antes mencionados, o; 

– b) corresponden a una estrategia de los asesores de la Casa Blanca solicitados por Israel, en función de la agenda personal de su Primer Ministro en Israel, o bien;

-c) corresponden al humor del ocurrente ocupante de la Casa Blanca desde que inició sus funciones el 21 de enero del 2025.

Al mantenerse la duda, dejamos a ilustres especialistas en álgidos aspectos procesales de la CPI aclarar el punto.

De algunos silencios y omisiones y tiempos de reacción observados en Europa

Es de señalar que, como Estado que acoge la sede de la CPI, se hubiese esperado algún tipo de manifestación oficial por parte de los Países Bajos en contra de estas sanciones norteamericanas y en defensa de la CPI: lo único resaltado por la prensa en estos días, es la renuncia de su ministro de relaciones exteriores (véase nota de The Guardian del 23 de agosto del 2025). 

En cuanto a Italia, cuya capital fue sede de las negociaciones que culminaron con la adopción del denominado «Estatuto de Roma» el 17 de julio de 1998, el mutismo de su diplomacia ha sido total desde varios meses. 

En lo que respecta a Alemania, segundo mayor contribuidor al presupuesto de la CPI después de Japón, el mutismo de su diplomacia es de igual manera bastante notorio. En este artículo muy completo sobre la CPI publicado en Alemania (Nota 3) de julio del 2025, se pudo leer que:

«Germany’s reputation as a reliable supporter of the ICC – as illustrated by its substantial financial contributions – is jeopardised by Merz’s announcement to defy the Netanyahu arrest warrant. The damage caused by the German government’s support of the Netanyahu government is already apparent«.

Por parte de la UE, desde el 20 de agosto del 2025 se esperaba que difundiera un comunicado similar al difundido en junio del 2020 (véase texto) o, al menos, que la Presidenta de la Comisión Europea circule en redes sociales un texto similar al difundido en junio del 2025 (véase enlace): al momento de redactar los primeros esbozos de estas líneas (23 de agosto), no se había registrado ningún  comunicado oficial de la UE como tal. Cabe recordar que en mayo del 2023, el repudio de la UE a las sanciones tomadas por Rusia contra la CPI se materializó en un comunicado vehemente en defensa de la justicia penal internacional (véase texto). 

Fue finalmente el domingo 24 de agosto en horas de la tarde/noche que el servicio de prensa de la UE difundió un comunicado de la Alta Representante para la Política Exterior de la UE (véase comunicado): el tiempo de reacción deja suponer que dentro de la UE, se titubeó unos días antes de externar oficialmente un apoyo a la CPI, que se lee ser «firme» en el texto de este comunicado.

Las reacciones a las sanciones de Estados Unidos contra la CPI de junio del 2025

Cabe recordar que en el mes de junio del 2025, Estados Unidos adoptó sanciones contra cuatro integrantes de la CPI (véase comunicado oficial del Departamento de Estado). 

Esta decisión causó el repudio generalizado de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma: véanse al respecto el comunicado del Presidente de la Asamblea de Estados Partes del 6 de junio y el  comunicado oficial de la CPI como tal del 5 de junio. 

Como muchos otros, en el mes de junio del 2025, Francia exigió a Estados Unidos retirar inmediatamente estas insólitas sanciones (véase comunicado del 6 de junio). De igual manera se pronunció la UE (véase nota del TimesofIsrael). 

En el caso de Perú, del cual es oriunda una de las juezas objeto de las sanciones de junio del 2025, se pudo leer este comunicado de prensa. 

Este comunicado oficial emitido por Chile en defensa de la justicia penal internacional de La Haya (véase texto) merece de igual manera mención. No se registró comunicado oficial de Costa Rica en la primera semana de junio del 2025 sobre las sanciones de Estados Unidos a la CPI ni tampoco con relación a las sanciones de Estados Unidos del 20 de agosto contra la CPI.

El significado de estas sanciones norteamericanas

Se debe precisar que sanciones de esta naturaleza no cuentan con precedente alguno en los anales del derecho internacional público, al tomarlas Estados Unidos en defensa de los intereses de las autoridades pertenecientes a otro Estado: vienen a ilustrar de manera bastante elocuente lo que es capaz de hacer la actual administración de Estados Unidos, en aras de intentar proteger a las actuales autoridades de Israel.  

Se puede considerar desde ya que el intento resultará vano: de alguna manera, la batería de sanciones de todo tipo que Estados Unidos está procediendo a ordenar contra los órganos de Naciones Unidas que investigan las exacciones de Israel en Gaza pone aún más en evidencia la extrema gravedad de estas exacciones por parte de Israel y puede considerarse como una desesperada opción, ante la magnitud de las mismas, que día tras día, se documentan y se hacen públicas por parte de los expertos e investigadores de Naciones Unidas.

Un buen indicador sobre el nivel de exacciones cometidas en Gaza son los múltiples traumas con los que muchos jóvenes israelíes han regresado a sus familias, debido al tipo de instrucciones que han tenido que obedecer en Gaza como soldados en contra de una población civil totalmente indefensa. Estos traumas son severos y persistentes: disparar contra niños, mujeres, ancianos, largar explosivos sobre campamentos de refugiados, destruir salas de hospitales y muchas otras exacciones observadas en Gaza dejan una profunda huella en la mente de algunos de sus autores. La tasa de suicidios dentro de las filas del ejército israelí empieza (por fín…) a interesar a la prensa israelí: véase este artículo del TimesofIsrael de agosto del 2025 sobre tasa de suicidios y este artículo de mayo del 2025 sobre reservistas sufriendo serios traumas llamados a … volver a ponerse el informe y enviados a Gaza. Este artículo en el Jerusalem Post del 23 de agosto da cuenta del deterioro generalizado de la salud mental de muchos de los soldados israelíes que han regresado de Gaza (véase enlace). No está de más añadir que Israel envía a Gaza personas extremadamente jóvenes, sin mayor experiencia militar, muchas de las cuales han fallecido al ser un blanco muy fácil (Nota 4). 

Tuvimos hace poco la ocasión de analizar sanciones muy similares tomadas, por primera vez en la historia de Naciones Unidas, contra una Relatora Especial en materia de Derechos Humanos: se trata de las recientes sanciones tomadas (también por Estados Unidos…) contra la jurista italiana Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino (véase al respecto nuestra nota titulada » Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza» editada el 3 de julio del 2025, disponible aquí).

La reciente entrevista a Francesca Albanese (véase enlace de emisión radial del 25 de agosto del 2025) evidencia que estas sanciones norteamericanas en nada han alterado su acción como Relatora de Naciones Unidas y su denuncia sobre el genocidio en curso que se observa en Gaza por parte de Israel.

Sancionar a jueces internacionales ante el drama indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023

Lejos de proteger a Israel, y de intimidar a la CPI, es muy probable que este tipo de sanciones refuerce la labor de los jueces y del Fiscal de la CPI (así como la de esta valiente jurista italiana), y conforte ante los ojos de la opinión pública la total insensatez de las acciones militares de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023. 

La cita de la intervención del delegado de Palestina ante el Consejo de Seguridad colocada antes de iniciar estas reflexiones y su fecha (16 de octubre del 2023) evidencian que muchos observadores, tanto en Palestina como fuera de ella, advirtieron tempranamente de la total insensatez de la reacción israelí al resto de la comunidad internacional (Nota 5). 

El 22 de agosto del 2025, varias agencias de Naciones Unidas alertaron sobre la situación de hambruna que amenaza ahora a toda la población en Gaza: se trata de una situación de hambruna generalizada deliberadamente causada por las máximas autoridades de Israel. En su comunicado (véase texto) se lee, con relación a menores de edad, que para estas cuatro agencias de Naciones Unidas:

«La malnutrition infantile à Gaza s’aggrave à un rythme catastrophique. En juillet seulement, plus de 12 000 enfants ont été identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë, ce qui constitue le chiffre mensuel le plus élevé jamais enregistré, et représente une multiplication par six depuis le début de l’année. Près d’un quart de ces enfants souffraient de malnutrition aiguë sévère (MAS), la forme la plus mortelle, qui a des conséquences à court et à long terme«.

En el último informe de Naciones Unidas sobe la situación en Gaza (al 21 de agosto), se lee (véase informe) que se superó la cifra de 62.100 víctimas mortales, al tiempo que la cantidad de personas heridas supera las 156.700:

«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between 13 and 20 August, 400 Palestinians were killed, and 2,683 were injured. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by MoH, to 62,122 fatalities and 156,758 injuries. MoH further noted that the number of casualties among people trying to access food supplies has increased to 2,018 fatalities and more than 14,947 injuries since 27 May 2025«.

Estas sanciones norteamericanas confirman además, ante todos los demás integrantes de la comunidad internacional, la total pérdida de toda credibilidad de Estados Unidos en materia de justicia penal internacional y de lucha contra la impunidad. 

Informar al mundo sobre lo que ocurre en Gaza: el cerco persistente que Israel intenta mantener

El asesinato deliberado por parte de Israel de 6 periodistas en Gaza el pasado 10 de agosto, provocó reacciones de repudio en todo el mundo por parte de diversos Estados y organizaciones internacionales: el mutismo total por parte de Costa Rica puede ser comparado al comunicado oficial de Chile condenando a Israel por asesinar en Gaza a seis profesionales de la comunicación (véase texto), o bien al comunicado de España (véase texto), o bien al de Noruega (véase texto).

Con relación a nuestros estimables lectores costarricenses, en particular los profesionales de la comunicación, los invitamos a comparar, a modo de ejemplo, el contenido del texto de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú  / ANP  (véase comunicado) con el comunicado del Colegio de Periodistas de Costa Rica /COLPER (véase texto): en este último, no aparece en ninguna parte el verbo «condenar» o el verbo «repudiar» sino únicamente «hacer un llamado«: cabe precisar para quienes nos leen desde otra latitudes, que desde el 7 de octubre del 2023 (con más de 240 periodistas palestinos asesinados en Gaza por el ejército de Israel), es el primer comunicado del COLPER sobre Gaza.

Es de notar que este 21 de agosto, una coalición de Estados condenó el asesinato deliberado de periodistas en Gaza por parte de Israel y exigió que la prensa internacional pueda ingresar a Gaza para documentar e informar al mundo de lo que ahí ocurre: entre los 29 suscriptores de la declaración denominada «Media Freedom Coalition Statement on Foreign Media Access to Gaza«, entre los que figuran Canadá y Costa Rica (véase enlace), se lee que:

«We call on the Israeli authorities and all other parties to make every effort to ensure that media workers in Gaza, Israel, the West Bank and East Jerusalem – local and foreign alike – can conduct their work freely and safely. Deliberate targeting of journalists is unacceptable. International humanitarian law offers protection to civilian journalists during armed conflict«.

Por alguna razón, esta declaración conjunta colgada en los aparatos diplomáticos de Australia (véase enlace) o Italia (véase enlace) no lo ha sido en el de Costa Rica.

El pasado 14 de agosto, un medio israelí bastante bien informado, reveló la existencia de una unidad dentro del ejército israelí para confeccionar conversaciones telefónicas de celulares que «sirvan» la narrativa oficial de Israel y hagan pasar a periodistas palestinos por integrantes del Hamás: véase al respecto artículo publicado por Magazine+972 titulado » ‘Legitimisation cell’: Israelí unit tasked with linking Gaza journalists to Hamas«. Este mismo medio israelí, que al parecer tiene acceso a documentos confidenciales en Israel, había dado a conocer al mundo, en abril del 2024, la existencia del programa informático «Lavender«: véase su artículo titulado » ´Lavender´: The AI machine directing Israel´s bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024). 

Con relación a la justicia penal internacional de La Haya, fue este mismo medio de prensa israelí el que, en mayo del 2024, dio a conocer la existencia de un programa de monitoreo de Israel permanente y ello desde varios años, sobre el personal y las computadoras de la CPI: véase al respecto artículo. editado el 28 de mayo del 2024, titulado «Surveillance and interference: Israel´s covert war on the ICC exposed «, cuya lectura (y relectura) completa se recomienda. En efecto, al leerlo, vienen a la memoria un sinfín de omisiones, contradicciones y titubeos desde el punto de vista procesal observados, en particular por parte del primer Fiscal de la CPI, cuando fue solicitado por Palestina en el 2009 (luego de que Palestina reconociera la jurisdicción de la CPI: véase documento del 21 de enero del 2009).

Esperamos que el esfuerzo valiente de estos periodistas de investigación israelíes por informar al mundo sobre lo que ha hecho y sigue haciendo Israel en Gaza, así como la labor periodística que realizan comunicadores desde la misma Gaza en condiciones muy peligrosas para sus vidas, sean ampliamente difundidos y conocidos por la opinión pública internacional.

Justicia penal internacional e incumplimiento de obligaciones: el reciente caso de Hungría

Es de notar que un Estado miembro de la Unión Europea (UE), Hungría, notificó desde el 2 de junio del 2025 su denuncia del Estatuto de Roma, la cual será efectiva 12 meses después, es decir el 2 de junio del 2026 (véase notificación). 

Se trata del primer Estado miembro de la UE en  optar por denunciar el Estatuto de Roma, lo cual contraviene con el apoyo incondicional que desde su creación ha recibido la CPI por parte de la UE. 

Al no haber procedido a capturar al Primer Ministro de Israel, invitado por el Presidente de Hungría, Hungría fue objeto de una decisión de la CPI declarando, el pasado 24 de julio del 2025, que incumplió con sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma: véase al respecto nuestra breve nota sobre esta decisión (muy pocamente difundida) de los jueces de la CPI y titulada «Gaza / Israel: Corte Penal Internacional declara que Hungría ha violado sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma«, editada el mismo 24 de julio del 2025 y disponible aquí.

No está de más señalar la gran cercanía existente entre el actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos y las actuales autoridades húngaras.

Es de notar que en este mismo mes de julio del 2025, durante una reunión de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma, México presentó una declaración suscrita por 48 Estados en defensa de la CPI y de la justicia penal internacional y repudiando las sanciones norteamericanas adoptadas el mes anterior: se trata de una lista en la que no figura Costa Rica (véase texto difundido en twitter por México con lista de las banderas de los Estados firmantes de  dicha declaración por orden alfabético donde después del escudo de Colombia se registra el de Croacia).

Así como Hungría se presenta como un «socio» seguro en Europa del actual Primer Ministro de Israel, es muy posible que Argentina lo invite también en visita oficial, desafiando, al igual que Hungría, la autoridad de la CPI (véase nota de prensa de Perfil del 30 de julio del 2025): con un detalle «técnico» de interés para los pilotos israelíes y es que la aeronave transportando al Primer Ministro israelí entre Tel Aviv y Buenos Aires deberá obtener primero la autorización de sobrevuelo de Estados Partes al Estatuto de Roma cuyas máximas autoridades no comparten en lo más mínimo la maniobra desafiante emprendida por las actuales autoridades de Argentina. En el 2017, por otras razones, el viaje oficial  a Australia se complicó para el Primer Ministro israelí, con la decisión de Indonesia de prohibir el ingreso en su extenso espacio aéreo a su aeronave (véase nota de The Guardian).

El «argumento afgano» para maquillar la verdadera motivación de estas sanciones

Si bien en estas sanciones contra la CPI de este 20 de agosto, Estados Unidos refiere también, y en primer lugar, a investigaciones en su contra por exacciones cometidas por su personal militar en Afganistán, en realidad el objetivo prioritario de estas sanciones es proteger a Israel e intentar intimidar a la CPI.

Se trata de una maniobra que ya habíamos tenido la oportunidad de observar en el 2020 cuando Estados Unidos también amenazó a la CPI de sanciones en su contra bajo lo que podríamos denominar «el argumento afgano«: véase al respecto nuestra nota publicada en el portal de la UCR y titulada «Sanciones de EE. UU. contra la Corte Penal Internacional (CPI). Algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, 20 de setiembre del 2020, disponible aquí. 

En una entrega para un sitio jurídico especializado en Francia, nos habíamos permitido titular una de las subpartes del texto de la siguiente manera: «Israël: le filigrane qui tente de se cacher derrière cette annonce» (Note 6).

A modo de conclusión

Al haberse para muchos Estados clarificado el tipo de aranceles que Estados Unidos les aplicará de manera individual o bien de manera colectiva (caso de la UE), será de interés observar si los demás  integrantes de la comunidad internacional alzarán esta vez la voz en defensa de la CPI y de su personal. 

Al respecto, resulta de interés indicar que en febrero del 2025, ante las primeras sanciones de Estados Unidos contra la CPI desde la llegada a la Casa Blanca de su ocurrente ocupante, fue desde el portal de Países Bajos que se pudo leer una declaración en defensa de la CPI suscrita por 79 Estados (véase texto), entre los cuales, por parte de América Latina, se registraron las firmas de: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se notará la ausencia en esta declaración conjunta de los siguientes Estados Partes al Estatuto de Roma pertenecientes a América Latina: Argentina, Ecuador, El Salvador y Paraguay. 

En los casos de Argentina y de Paraguay, hay que tener claro que desde ya un buen tiempo para acá, ambos se han convertido en lo que podríamos denominar las dos “fichas útiles” de Israel en América Latina: así lo evidencian sus votos, alineados con los de Israel y los de Estados Unidos en Naciones Unidas, cuando se examinan resoluciones relacionadas a Israel y al drama indecible que se vive en Gaza.

Como extrañeza de la que hay que tomar nota, esta declaración conjunta de febrero del 2025 de apoyo a la CPI no fue divulgada desde el portal diplomático de muchos de sus suscriptores (como si de pronto, su difusión no resultara del todo oportuna y mucho menos conveniente para algunos de ellos). 

Hace poco, tuvimos la oportunidad de analizar los silencios y omisiones de muchos Estados, el pasado 17 de julio, día internacional de la justicia penal internacional. Se trata de una fecha que pasó prácticamente desapercibida en este 2025: véase al respecto nuestra nota titulada «17 de julio: una fecha en la que usualmente se reafirma el compromiso con la justicia penal internacional … pasada desapercibida o casi«, editada el mismo 17 de julio del 2025, disponible aquí.

De manera que nuestros estimables lectores se hagan una idea del pesado silencio instalado en algunas capitales, en particular europeas, en este 2025 para conmemorar el día internacional de la justicia penal internacional, resulta de interés notar, a modo de muchos ejemplos, el mutismo absoluto de Alemania en julio del 2025 y compararlo con el comunicado oficial difundido el 16 de julio del 2023 por la misma diplomacia alemana (véase texto). De cara a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas a iniciar en setiembre del 2025, será de interés observar si, por ejemplo, la Misión de Italia ante las Naciones Unidas suscribirá y difundirá un texto similar al que difundió en el 2020 (véase enlace), suscrito por 71 Estados en defensa de la CPI y condenando las sanciones en su contra de Estados Unidos… o no.

Más allá de las presiones diplomáticas que se van a ejercer sobre diversos Estados para no condenar estas serie de sanciones norteamericanas contra la CPI observadas en este 2025 (Febrero /Junio /Agosto), resulta evidente que al adoptarlas, el actual ocupante de la Casa Blanca confirma ante el resto de la comunidad internacional, su total pérdida de credibilidad, y de paso, el carácter incondicional e inquebrantable del apoyo de Estados Unidos a Israel. 

– Notas –

Nota 1: Cuando, en una decisión histórica del 5 de febrero del 2021, la CPI se declaró perfectamente habilitada para examinar todo lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, sin excepción de ningún tipo, celebrada como tal por Human Rights Watch (véase comunicado) entre muchos más, en Israel, su máxima autoridad no encontró nada mejor que calificarla de «puro antisemistismo» (véase nota del Timesof Israel del 6 de febrero del 2021). De igual manera, las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa) de France24. En el mes de enero del 2024, estas mismas altas autoridades israelíes consideraron oportuno calificar la primera ordenanza dictaminada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como sesgada en razón, según ellas, del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian). En este 2025, fue el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el que fue acusado de “propagar antisemitismo”, (véase nota del TimesofIsrael del 5 de febrero del 2025), al anunciar Israel que no colaboraría más con este órgano de Naciones Unidas, imitando a Estados Unidos, que lo anunció unas semanas antes. El tildar de “antisemitismo” a un órgano de Naciones Unidas corresponde en realidad al abanico de gesticulaciones y de vociferaciones de las máximas autoridades de Israel cada vez que su diplomacia fracasa de manera estrepitosa, y que ya no impresionan mayormente, salvo en el seno de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros círculos activos en algunas capitales.

Nota 2: Sobre las sanciones dictaminadas en el mes de junio del 2025 por la actual administración norteamericana, muy pocamente comentadas en la doctrina jurídica especializada, véase GALBRAITH J.,  «US sanctions on the International Criminal Court: the details and the pattern«, Verfassungsblog, 7 de junio del 2025. Texto integral disponible aquí.  

Nota 3: Véase RUBIN M., «The International Criminal Court, Netanyahu, and Berlin’s Dilemma«, GIGA Focus Global (Hamburgo), edición de julio del 2025. Texto integral disponible aquí.

Nota 4: El 25 de junio del 2025, Israel anunció la muerte de siete jóvenes soldados en Gaza, con edades oscilando entre 19 y 21 años (véase nota del Timesof Israel): un aspecto que debiera preocupar a muchos en Israel, al evidenciarse, como en ocasiones anteriores, la muy poca experiencia y preparación de los soldados que envía a combatir en Gaza. A mediados de junio, fueron ocho las bajas de muy jóvenes israelíes en un solo día (véase nota del TimesofIsrael del 15 de junio). Al iniciar junio, esta nota del TimesofIsrael también refirió a tres soldados muy jóvenes que perdieron la vida en Gaza.  El 8 de julio del 2025, fueron esta vez cinco jóvenes soldados de los cuales cuatro son menores de 21 años los que fallecieron en Gaza (véase nota del TimesofISrael). El pasado 14 de julio otro tres jóvenes soldados israelíes murieron en Gaza (ver nota del TimesofIsrael): a una ofensiva militar sin sentido en Gaza desde hace más de 22 meses, ahora la sociedad israelí debe observar cómo jóvenes sin mayor preparación militar al combate caen en Gaza por falta de experiencia.

Nota 5: Véase al respecto nuestra nota publicada a finales del mes de octubre del 2023: BOEGLIN N., “Ataque de Hamás desde Gaza y el «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí. Algunos apuntes desde la perspectiva del derecho internacional público”, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad para Costa Rica (UCR), editada el 30 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Les sanctions annoncées par les États-Unis contre le personnel de la Cour Pénale internationale (CPI): brève mise en perspective«, Le Monde du Droit, Section Décryptages, édition du 14 juillet 2020. Texto integral disponible aquí.

¡Basta ya!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Tathiana Flores Acuña, PhD
Derecho internacional humanitario

Hambre como arma de guerra, hambre como instrumento para lograr el genocidio del pueblo gazatí, con la intención demostrada a través del bloqueo de ayuda humanitaria y de bienes esenciales, de destruirlo total o parcialmente.1 Así, con la mención explícita de la intención de destrucción total o parcial de un pueblo, es definido el genocidio por la Convención de 1948, que nació luego de las atrocidades de la II Guerra Mundial.2

Esta es la cruda realidad de Gaza en estos momentos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó este miércoles sobre una situación de «hambruna masiva» en Gaza, donde las muertes por desnutrición, incluidas las de niños y niñas, van en aumento en forma alarmante. Por su parte, más de 100 organizaciones humanitarias, entre ellas Save the Children, Oxfam y Médicos Sin Fronteras, han publicado un comunicado conjunto en el que denuncian lo que califican de «hambruna masiva» inminente en Gaza. Ya desde mayo, las Naciones Unidas informaron que, según la información de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), más de 470.000 personas en Gaza se enfrentan al hambre catastrófica (CIF Fase 5), y que toda su población sufre inseguridad alimentaria aguda. En días recientes, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha registrado 101 muertes de palestinos por desnutrición, 15 de ellas en un periodo de 24 horas, de los cuales al menos 80 de los 101 son infantes.

Ante esta realidad aplastante y cruel quisiera traer a colación varios principios fundamentales del Derecho internacional. El primero de ellos es el principio de la «Responsabilidad de Proteger» (R2P) surgió como respuesta a los fracasos de la comunidad internacional para prevenir atrocidades masivas, como los genocidios de Ruanda y la ex Yugoslavia en la década de 1990. Se basa en la idea de que los Estados tienen la responsabilidad primordial de proteger a sus poblaciones de crímenes atroces, y que la comunidad internacional debe ayudar a los Estados a cumplir con esta obligación y, si es necesario, intervenir cuando un Estado falla en proteger a su población.

En esta Cumbre Mundial que tuvo lugar en 2005, todos los jefes de Estado y de Gobierno afirmaron la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. El principio R2P se basa en tres pilares igual de importantes: la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones; la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones; y la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo.

En el párrafo 139, el documento final de la Cumbre establece que «la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.

Dentro de estos medios pacíficos, quisiera mencionar tres que considero instrumentales con el fin de parar el genocidio, de forzar el restablecimiento de la ayuda humanitaria y de crear las condiciones, a través de la presión internacional, para un diálogo fructífero que a la postre lleve a la paz y al respeto de la determinación de los pueblos.

El primero es el recurso a los cascos azules de las Naciones Unidas, que trabajan para proteger a la población civil de la violencia, el abuso y la explotación, especialmente en zonas de conflicto. Las patrullas de personal militar de la ONU pueden desempeñar un papel crucial en situaciones de hambruna, principalmente protegiendo a la población civil y facilitando la entrega de ayuda humanitaria. Su presencia puede asegurar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan y ayudar a crear un entorno seguro para las operaciones de socorro. La operación se establecería con el consentimiento de todas las partes involucradas en el conflicto, aunque se puede prever la autorización por el Consejo de Seguridad incluso sin ese consentimiento, si se considera una amenaza para la paz. El derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, previsiblemente de Estados Unidos, es el gran obstáculo para recurrir a esta posibilidad de ayuda al pueblo gazatí.

El segundo es el recurso a las sanciones internacionales.3 En el derecho internacional, las sanciones son concebidas como medidas coercitivas que se aplican contra Estados, entidades o individuos que amenazan la paz y la seguridad internacionales, o que incumplen obligaciones internacionales. Las sanciones pueden ser utilizadas para disuadir o castigar acciones agresivas, o para proteger los derechos humanos y hacer respetar el derecho internacional humanitario.

El sistema de sanciones internacional no debe menospreciarse. Fueron las sanciones, junto con la lucha interna de los movimientos anti-apartheid, la presión diplomática y las reformas internas, factores clave que llevaron al desmantelamiento del apartheid en Sudáfrica a principios de la década de 1990. El 17 de junio de 1991, el Parlamento sudafricano derogó las leyes que sustentaban el apartheid y en 1994 se celebraron las primeras elecciones multirraciales en Sudáfrica, marcando el fin oficial del apartheid y el comienzo de una nueva era para el país.

El embargo de armas sería, en mi opinión, la sanción primordial a ejercer en el caso de Israel.

Pero esta medida parece improbable, en gran medida porque Alemania y Estados Unidos son los principales proveedores de armas de Israel — el 69% de las importaciones armamentistas israelíes provienen del país norteamericano— y en este momento se considera muy alejada la posibilidad de que ambos países reconsideren sus políticas.

Las sanciones comerciales son medidas importantes a considerar. Continuando con el ejemplo del régimen de apartheid en Sudáfrica, la comunidad internacional adoptó sanciones económicas como forma de condena y presión. Jamaica lideró el movimiento al ser el primer país en prohibir las mercancías procedentes de la Sudáfrica del apartheid en 1959.

Estas sanciones ejercieron una importante presión sobre el gobierno que contribuyó a poner fin al apartheid. En 1990, el presidente Frederik de Klerk reconoció la insostenibilidad económica de la carga de las sanciones internacionales, liberó al líder nacionalista africano Nelson Mandela y habilitó al Congreso Nacional Africano (ANC), previamente proscrito.

En el caso en estudio, dados los fuertes vínculos económicos entre la Unión Europea (UE) e Israel, la adopción de sanciones comerciales por este bloque regional constituiría una medida con gran impacto. En el 2024, la UE fue el principal socio comercial de Israel: el 32 % de las exportaciones israelíes se dirigieron a esta zona. Sin embargo, presiones políticas internas han hecho que la UE no haya tomado aún ninguna decisión al respecto.

De forma unilateral, Irlanda sí parece estar más cerca de aprobar un proyecto de ley que prohibirá el comercio con los asentamientos israelíes ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania. El primer ministro irlandés ha dicho que la promulgación del proyecto de ley sería en gran medida simbólica, ya que tiene como objetivo ejercer presión sobre Israel para que ponga fin a la guerra en Gaza. Si la legislación –Proyecto de ley de 2025 sobre asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado (prohibición de importación de bienes)– se aprueba en el Parlamento de Irlanda, será la primera vez que un estado miembro de la Unión Europea promulgue una ley de este tipo. La adopción de sanciones comerciales por otros países del mundo contribuiría enormemente a crear una presión internacional importante.4

Con respecto a las sanciones individuales vale la pena recordar que la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En el caso de la UE, estas órdenes brindan motivos sólidos para sancionar a altos cargos del gobierno israelí responsables del genocidio en curso en Gaza, así como a personas y entidades que promueven la violencia de los colonos en los Territorios Palestinos Ocupados. En 2024, la UE sancionó a cinco colonos israelíes y tres entidades en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Más recientemente, el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega impusieron sanciones específicas contra grupos e individuos israelíes acusados de violencia contra los palestinos en Cisjordania.

El boicot y la desinversión son otros medios de presión. Las medidas de boicot serian acciones de rechazo voluntario y no violento hacia productos, empresas e instituciones, generalmente motivadas por razones morales, sociales, políticas o ambientales. Los boicots se facilitan instando al público a evitar la compra de bienes fabricados por empresas israelíes y la desinversión instando a los bancos, fondos de pensiones y empresas internacionales a dejar de hacer negocios en Israel. El boicot y la desinversión en tanto que medidas individuales, pueden ser vistos como una acciones pequeñas, pero tienen el potencial de impactar significativamente, al reflejar valores personales y fomentar la responsabilidad civil. Al negarse a consumir o utilizar productos o servicios de una empresa o entidad de origen específico, se envía un mensaje claro sobre las acciones o prácticas inaceptables. Esta acción, puede generar un efecto dominó al influir en otros y, en última instancia, llevar a cambios que se reflejen a nivel macro.

Para concluir es imperativo hacer mención del último informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio” y presentado en junio 2025 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En su informe, Francesca Albanese advirtió a las compañías que se arriesgan a ser cómplices de crímenes de guerra en Gaza y la Cisjordania ocupada al participar en lo que describió como «una economía del genocidio», instando a decenas de empresas multinacionales a dejar de hacer negocios con Israel. El informe contiene una lista que incluye, entre otros, al fabricante armamentístico Lockheed Martin por vender armas y a las empresas tecnológicas Alphabet, IBM, Microsoft y Amazon por proporcionar tecnología que permite a Israel rastrear y atacar a palestinos.

Existen medidas para presionar a un Estado hacia el cumplimento del Derecho Internacional y el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que este genocidio ¡termine ya! Es urgente, ¡imperativo!

1 El artículo II de la Convención, establece “ se entiende por genocidio cualquiera de los actos siguientes, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: matar a miembros del grupo; causar daño físico o mental grave a miembros del grupo; someter deliberadamente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo; trasladar forzosamente a niños de un grupo a otro grupo (el subrayado es nuestro y aplica en todo este artículo).

2 Primero que todo vale la pena subrayar que la Convención se titula “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, por lo que no es necesario que se lleve a cabo el genocidio para calificarlo como tal, sino que existe el deber de actuar ya en fases iniciales para, efectivamente, ¡lograr su prevención! El segundo elemento a destacar es que el artículo III de la Convención prevé sancionar, no solo el genocidio en sí, sino también la tentativa de genocidio y la complicidad en el genocidio. Importante es entonces destacar las sanciones previstas para estos dos actos, que podría y debería implicar sanciones y responsabilidad para los países que están apoyando con armas, entre otros, a Israel a cometer este genocidio. Finalmente, el articulo V prevé que las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo III.

3 Este tema podría muy bien ser objeto de un artículo completo por la amplitud de sanciones existentes así como de países e individuos sancionados con características específicas y contextos determinados.

4 No quisiera referirme aquí al desacertados esfuerzos y anuncios del Gobierno de Costa Rica en sentido completamente opuesto, de firmar un Tratado de Libre Comercio con Israel.

¡Hay que detener el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino! – SERPAJ

Escrito en . Publicado en Derechos.

A pesar de las protestas globales y los llamados a cesar la masacre contra el pueblo palestino, Israel continúa sus ataques con total impunidad, respaldado por la complicidad de Estados Unidos.

El silencio cómplice de la ONU y el Parlamento Europeo es alarmante. La violencia escaló hasta niveles catastróficos, arrastrando al mundo hacia lo que el Papa Francisco advirtió: «Una Tercera Guerra Mundial a cuentagotas». Millones de refugiados sufren los embates de la guerra, el hambre y la desesperación, mientras la comunidad internacional mira impasible. El hambre es otra forma de guerra: silenciosa, pero igualmente letal.

Incluso dentro de Israel, sectores del pueblo judío alzan su voz contra la barbarie, gritando: «¡NO EN NUESTRO NOMBRE!». Exigiendo que se ponga fin al genocidio.

La Corte Penal Internacional ya acusó al primer ministro Benjamín Netanyahu de crímenes de guerra y genocidio. Sin embargo, él sigue bombardeando Gaza, intentando exterminar y desplazar al pueblo palestino para apoderarse de su tierra.

La comunidad internacional debe actuar ya:

1.- Exigir el cese inmediato de la guerra.

2.- Promover el diálogo como único camino hacia una paz justa.

3.- Reconstruir Gaza y garantizar dos Estados libres y soberanos.

El genocida Netanyahu debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Sus crímenes no pueden quedar sin castigo.

La ONU no puede seguir paralizada por el veto de EE.UU. Es urgente convocar a la Asamblea General para frenar la escalada bélica global y poner fin a la guerra. Su responsabilidad es buscar los caminos de la Paz y el derecho de los pueblos a su autodeterminación y soberanía.

Adolfo Pérez Esquivel
Buenos Aires

Costa Rica: comerciar libremente con Israel … como si  ¿nada pasara?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros  /  What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» .  Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9)  /  Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim  S/PV/9439,  at page 9) 

El pasado 7 de febrero, la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó de manera contundente las sanciones en su contra adoptadas por Estados Unidos en la misma fecha por investigar a altas autoridades de Israel y sus acciones militares en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre (véase comunicado oficial). Se trata de una medida en contra del personal de la CPI que exhibe la total pérdida de credibilidad de Estados Unidos en materia de justicia penal internacional, tal y como lo denunció Amnistia Internacional en su comunicado, al igual que Human Rights Watch (HRW) en otro comunicado. 

En efecto, desde 1945, se ha buscado siempre establecer en el seno de la comunidad internacional mecanismos que permitan que responsables de exacciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario respondan por sus actos desde el punto de vista penal individual: el Estatuto de Roma que crea la CPI fue adoptado en julio de 1998, luego de experiencias previas de los tribunales de Nuremberg y de Tokio en los 40/50, y de  los tribunales establecidos para juzgar a jefes militares de la Ex Yugoslavia y de Ruanda a mediados de los 90. En este mes de febrero del 2025, Estados Unidos considera que, en el caso de Israel, este postulado fundacional de Naciones Unidas y del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, debe dejar de aplicarse.

Un numeroso grupo de Estados (en total 79) que incluye a Costa Rica, rechazó estas sanciones contra la CPI en un comunicado que se puede leer en este enlace oficial de la diplomacia de España. Es de recordar que actualmente el Estatuto de Roma ha sido ratificado por 125 Estados (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), siendo el último en haberlo hecho Ucrania (octubre del 2024): un Estado que no aparece entre los firmantes de este texto conjunto. En este grupo de firmantes tampoco aparecen Hungría, Italia, República Checa: siendo el instrumento internacional que estableció la CPI un texto denominado «Estatuto de Roma«, podemos indicar que la actual Italia resulta a todas luces pocamente solidaria con la defensa de la justicia penal internacional.  Por parte de América Latina no figuran en este grupo Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay ni Venezuela y explicaremos en las líneas que siguen las razones por las cuales Argentina y Paraguay se muestran omisos y distantes de otros Estados cuando de Israel se trata, no sin dejar entrever desde ya que las relaciones entre Israel y el Salvador  y entre Israel y Ecuador ameritan ambas una detallada investigación. En el caso preciso de El Salvador, este estudio explora algunas pistas sobre lo que puede explicar la postura de su actual mandatario, confirmado por varios hechos detectados con alguna anterioridad y que podemos denominar como parte  del «efecto Pegasus» (Nota 1).

El listado de los 79 Estados en este mes de febrero del 2025 puede ser comparado a los 67 que firmaron un texto muy similar en el mes de julio del 2020, propuesto en aquel entonces a iniciativa de Costa Rica y de Suiza (Nota 2).

En esta primera semana de febrero del 2025 también se observó a la actual administración tomando decisiones igualmente insólitas como, por ejemplo, el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación Internacional (mejor conocida por sus siglas USAID) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), dos pilares insustituibles de la política exterior de Estados Unidos: los actores de la entonces muy convulsionada Centroamérica de los 70/80 bien conocen y recuerdan a ambas siglas (USAID y CIA) y las acciones llevadas en su nombre en el istmo centroamericano para favorecer los intereses norteamericanos y los de sus socios.

Haciendo a un lado lo que parecieran ser verdaderas ocurrencias del actual equipo gubernamental norteamericano, nos abocaremos a la forma en la que el mundo ha reaccionado ante el insensato actuar de Israel en Gaza y contrastarla con la postura actual de Costa Rica de seguir negociando un tratado de libre comercio con Israel, tal y como anunciado en octubre del 2024 por sus autoridades ministeriales a cargo del comercio exterior. 

El hecho que un aliado incondicional e indefectible como lo ha sido históricamente Guatemala para Israel suscribiera un tratado de libre comercio tan solo en setiembre del 2022 y que solamente haya entrado en vigor en marzo del 2024 constituyen datos que debieran despertar mayor interés en Costa Rica (véase anuncio oficial en Israel sobre su entrada en vigor). El hecho que otro aliado, durante el largo plazo (2014-2022) en que fuera presidido por Juan Orlando Hernandez (Honduras), iniciara conversaciones en septiembre del 2019 sin que ello se haya plasmado en un acuerdo de libre comercio desde entonces de igual manera debiera despertar un interés adicional en Costa Rica (véase nota de SwissInfo del 2019).

Los dos nuevos aliados indefectibles de Israel en América Latina

Argentina así como Paraguay están, en los últimos tiempos, sustituyendo en Naciones Unidas a las pequeñas islas del Pacífico tradicionalmente muy atentas a las solicitudes de Israel (Islas Fidji, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea y Tonga), conformando desde varios años en Naciones Unidas la única «coalición» para acompañar a Israel y a Estados Unidos en votaciones dentro de Naciones Unidas.

Con respecto a Argentina, no está de más recordar un hecho bastante inusual observado en Naciones Unidas, cuando las actuales autoridades argentinas optaron el pasado 30 de octubre  por destituir a su máxima autoridad diplomática, luego de que ésta instruyera a su delegación en Naciones Unidas a votar en favor de un proyecto de resolución (véase texto) solicitando levantar el embargo contra Cuba (véase nota de ElPais/España): en esta ocasión, únicamente Estados Unidos e Israel votaron en contra, al tiempo que 182 votaron a favor (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). Esta misma soledad extrema de Estados Unidos e Israel se observó en noviembre del 2023, con en aquella oportunidad 187 votos a favor (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).

Nótese que el 12 de diciembre del 2024, Paraguay trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, en abierta violación al consenso existente dentro de la comunidad internacional desde los años 60: véase nota de La Nación (Argentina). En septiembre del 2018, tuvimos la oportunidad de analizar los pocos meses en los que la embajada guaraní se mantuvo en Jerusalén: tres meses en total para ser exactos (Nota 3). Cabe precisar que la apertura de la embajada de Paraguay en Jerusalén se registró el 21 de mayo del 2018, siendo inaugurada la de Estados Unidos una semana antes, el 14 de mayo del 2018.

Cese al fuego y justicia internacional

Para nuestros estimables lectores que siguen la evolución de la situación en Gaza a la luz de las distintas reglas que imperan en derecho internacional público, resulta oportuno señalar algunas cosas con respecto al cese al fuego anunciado el pasado 15 de enero entre Israel y el Hamás.

Debe advertirse desde ya que este cese al fuego provisional, en nada afecta las acciones judiciales presentadas contra Israel ante diversas instancias judiciales.

Este acuerdo negociado entre Israel y el Hamás fue puesto a ejecución con el primer intercambio de tres rehenes israelíes y de 90 prisioneros palestinos, con presencia de personeros y de vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y constituye una importante tregua alcanzada por Israel y el Hamás, gracias a la mediación de Catar, Egipto y de Estados Unidos: tanto para las familias palestinas en Gaza bombardeadas de manera incesante desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, como para la sociedad israelí, que puede reunir por fin en su seno a familias con sus seres queridos después de una agotadora espera. Un segundo intercambio de este tipo tuvo lugar el fin de semana del 25/26 de enero, un tercero el fin de semana del 1/2 de febrero del 2025, un cuarto el del 8/9 de febrero, y seguirán otros más si no se rompe esta tregua. De paso, esta tregua momentánea debería llevar también a reflexionar, como sociedad israelí, a la forma tan peculiar de sus máximas autoridades de responder al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023. El informe al 28 de enero del 2025 sobre Gaza elaborado por Naciones Unidas da cuenta y detalla lo que ha permitido el cese al fuego con respecto a estos intercambios entre rehenes israelíes  y prisioneros palestinos.

Las imágenes de este reportaje publicado el pasado 23 de enero en Israel por Magazine+972 (cuya lectura completa se recomienda), dan cuenta de la desolación de muchas familias palestinas desplazadas dentro de Gaza al volver a lo que eran sus barrios, totalmente destruídos o desfigurados, aprovechando la tregua de los bombardeos israelíes, efectiva desde el 19 de enero del 2025 a las 11:15. 

A la entrada masiva de ayuda humanitaria y al alivio temporal que ésta significa para 2,3 millones de personas privadas de todo lo básico desde largos meses en Gaza (agua, alimentación, medicamentos, vestimenta y tiendas para resguardarse del frío en el caso de desplazados), se espera también que las organizaciones de derechos humanos y que equipos de investigadores internacionales puedan aprovechar de esta cesación de hostilidades que debería de extenderse por 42 días (correspondientes a la fase I del acuerdo entre Israel y el Hamás) para documentar hechos y recuperar testimonios del genocidio que se vive en Gaza, objeto de la demanda de Sudáfrica contra Israel. Es precisamente lo que se puede leer en este comunicado conjunto de expertos de derechos humanos en materia de tortura, del 20 de enero del 2025, muy pocamente referenciado en los grandes medios de prensa internacionales. En su comunicado de prensa saludando el cese al fuego del 15 de enero del 2025, Amnistía Internacional no dudó en indicar que:

«The international community which has thus far shamefully failed to persuade Israel to comply with its legal obligations must ensure Israel immediately allows lifesaving supplies to urgently reach all parts of the occupied Gaza Strip to ensure the survival of the Palestinian population. This includes guaranteeing the entry of vital medical supplies to treat the wounded and sick and facilitating urgent repairs to medical facilities and other vital infrastructure. Unless Israel’s illegal blockade of Gaza is promptly lifted, this suffering will only continue. They must also urgently grant access to independent human rights monitors into Gaza to uncover evidence and reveal the extent of violations«.

El subregistro sobre víctimas mortales en Gaza

Vale la pena mencionar que pese a cifras sobre víctimas mortales en Gaza aportadas por las autoridades sanitarias de Gaza y por Naciones Unidas desde 15 meses, es muy probable que el saldo corresponda a un subregistro: para un connotado autor galo, ex militar muy solicitado en Francia en los medios de prensa, al haber sido cuando era militar encargado de la realización de bombardeos y de evaluar su impacto, se lee en su última nota de su sitio «Ne pas Subir» que la cifra de muertos en Gaza en realidad, supera las 100.000 víctimas;

«Un cessez-le-feu après plus de 100,000 bombardements contre Gaza

Cet accord constitue en premier lieu un immense soulagement après 15 mois de guerre déclenchée par l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël (1,400 morts et disparus). Un immense soulagement après plus de 100,000 bombardements décidés par Benyamin Netanyahou contre la bande de Gaza et qui ont fait un nombre au moins équivalent de morts et 3,5 fois plus de blessés, soit de l’ordre de 500,000 victimes, blessés et décédés parmi les Palestiniens».

En esta entrevista a RFI de mayo del 2024, y en otra a FranceInfo de octubre, este experto francés ya explicaba de manera bastante detallada las limitaciones de todo tipo del registro de muertes realizado por las autoridades sanitarias de Gaza, las cuales registran únicamente los cuerpos encontrados claramente identificados, dejando por fuera cuerpos no identificados o bien cuerpos que yacen bajo los escombros sin que ningun equipo de rescate pueda acceder a ellos. 

En una segunda entrega titulada «Gaza, ce bilan qui donne le vertige !» el autor explicita la metodología usada a partir de su experiencia como militar,  y reitera las limitaciones del conteo hecho por las autoridades sanitarias de Gaza. 

Precisamente en este testimonio enviado por un periodista desde Gaza, publicado el 22 de enero en OrientXXI, (cuya lectura completa se recomienda), se lee que cuerpos han aparecido sin vida por las calles de Gaza desde que inició la tregua:

«On a retrouvé des corps dans les rues, abandonnés depuis des mois. Mais qu’en est-il de ceux toujours sous les décombres ? Comment revivre dans ces lieux en sachant que les corps des vôtres sont là, sous vos pieds ? Jusque-là, à Rafah, on a déterré près de 200 dépouilles à l’état de squelettes. Et ce n’est qu’un début. Les recherches sont difficiles, elles doivent être menées avec délicatesse. Il faut des opérateurs de bulldozers capables de chercher les corps sans les écraser. Ces squelettes éparpillés dans les rues ou enfermés dans les ruines, c’est pour les Gazaouis un choc encore plus grand que la guerre. Nous vivions dans une tornade, un mixeur qui tourne et qui tourne. Le mixeur s’est arrêté. Et il nous laisse coupés en morceaux. Il n’y a plus de vie. Des gens essaient de se motiver pour nettoyer un peu. Le gouvernement du Hamas a commencé à dégager les routes, à pomper de l’eau, sa police s’est déployée dans les marchés, s’occupe de la circulation. Mais ce n’est pas du tout suffisant«.

En el informe de Naciones Unidas sobre Gaza al 28 de enero del 2025 se puede leer que:

«Between the afternoons of 22 January and 28 January, the Ministry of Health (MoH) in Gaza reported that 193 Palestinians were killed and 397 were injured. This includes 171 bodies retrieved across the Gaza Strip. Since the ceasefire came into effect on 19 January, and as of 28 January, a total of 354 bodies were retrieved from areas that were previously inaccessible, MoH reported«

Resulta de interés también señalar este reportaje de la cadena AlJazeera  del 24 de enero sobre iniciativas educativas diversas que aprovechan de la ausencia de bombardeos en Gaza para regresar los niños a las aulas: reconstruir la mente traumatizada de jóvenes por 15 meses de bombardeos incesantes constituye todo un desafío, que docentes palestinos y voluntarios internacionales estan dispuestos a enfrentar. 

Una iniciativa reciente pocamente divulgada: el Grupo de La Haya

Resulta oportuno indicar que el pasado 31 de enero del 2025  se estableció el Grupo de La Haya compuesto por nueve Estados  (de los cuales cinco son del continente americano) decididos a hacer valer las decisiones contra Israel dictaminadas por instancias jurisdiccionales, dada la incapacidad de unos y la indignante apatia de muchos otros para hacerlas respetar. Se puede consultar al respecto el comunicado oficial de Bolivia. En el primer comunicado de este grupo (en el que no se registra Estado europeo alguno por el momento), se lee que las delegaciones de estos nueve Estados:

Declare our intention to:

1. Uphold the UN Resolution A/RES/Es-10/24 and, in the case of States Parties, support the requests of the International Criminal Court comply with our obligations under the Rome Statute, with regards to the warrants issued on 21 November 2024; and implement the provisional measures of the International Court of Justice, issued on 26 January, 28 March, and 24 May 2024.

2. Prevent provision or transfer of arms, munitions and related equipment to Israel, in all cases where there is a clear risk that such arms and related items might be used to commit or facilitate violations of humanitarian law, international human rights law, or the prohibition on genocide, in compliance with our international obligations and consistent with the International Court of Justice Advisory Opinion of 19 July 2024 and the UN General Assembly Resolution A/RES/Es-10/24.

3. Prevent the docking of vessels at any port, if applicable, within our territorial jurisdiction, in all cases where there is a clear risk of the vessel being used to carry military fuel and weaponry to Israel, which might be used to commit or facilitate violations of humanitarian law, of international human rights law, and of the prohibition on genocide in Palestine, in keeping with states’ peremptory legal obligation to cooperate towards preventing genocide and other violations of peremptory norms by all legal measures at their disposal».

Se trata de una iniciativa muy reciente, abierta a otros Estados y que probablemente vaya integrando a nuevos miembros en aras de hacer valer las reglas del ordenamiento juridico internacional ante la actitud desafiante de Israel y la de su incondicional aliado norteamerciano. Es probable que el establecimiento de este grupo responda a la postura muy a favor de Israel asumida por el nuevo mandatario norteamericano desde su entrada oficial en funciones a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.

La insensatez de Israel documentada y denunciada por la comunidad internacional

En este reportaje publicado en Israel el pasado 6 de febrero del 2025, cuya lectura completa se recomienda, se detalla, a partir de un trabajo de investigación de periodistas israelíes, el nivel de insensatez al que se ha llegado dentro del aparato militar de Israel. La AURDIP en Francia tuvo la gentileza de traducirlo al francés (véase enlace). Se trata de una deriva del aparato militar de Israel que tempranamente denunciaron en el plano internacional Estados como Sudáfrica, y en América Latina, Estados como Bolivia, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, o bien México.

Estos Estados han puesto de relieve el carácter desproporcional e indiscriminado de los bombardeos aéreos de Israel en Gaza desde la tarde / noche del 7 de octubre del 2023, que viene ahora  a confirmar y documentar de manera bastante completa este reportaje. Resulta oportuno recordar que este mismo medio de prensa israelí había dado a conocer al mundo, en el mes de abril del 2024, el uso de un programa informático denominado «Lavender» por parte del aparato militar israelí, en un reportaje cuya lectura de igual forma se recomienda.

No esta de más indicar la narrativa oficial de Israel (reproducida en una multitud de espacios gracias a su red de embajadas, de relevos diversos, analistas o integrantes de algunas influyentes salas de redacción y columnistas de algunos medios de prensa internacionales) tendiente a hacer creer que detrás de cada uno de sus bombardeos sobre Gaza, había un objetivo militar preciso y claramente identificado de previo: el precitado reportaje del pasado 6 de febrero indica todo lo contrario, y ello a partir de fuentes provenientes … del mismo aparato militar israelí.

Precisamente, el pasado 30 de enero, Belice solicitó formalmente ante la justicia internacional intervenir en apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel planteada el 30 de diciembre del 2023 por genocidio en Gaza (véase texto de la solicitud de intervención). 

Cabe recordar que Belice optó por romper todo tipo de relaciones oficiales con Israel en noviembre del 2023, antecedida por Bolivia (octubre del 2023), y seguida por Colombia (mayo del 2024):  tres decisiones tomadas en repudio a las acciones militares desproporcionales e indiscriminadas de Israel en Gaza contra civíles palestinos iniciadas desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023. 

Anteriormente, ante la CIJ, Cuba realizó una solicitud similar (10 de enero), al igual que Irlanda (6 de enero), con los cual son tres Estados en el único mes de enero del 2025 los que han presentado solicitudes de intervención a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en apoyo a la demanda sudafricana contra Israel: un hecho nunca observado con anterioridad por parte de Estados terceros a una controversia en la historia de la justicia internacional.

A modo conclusivo

Es muy posible que estas tres solicitudes de intervención ante la CIJ de La Haya guarden relación con la deriva discursiva del nuevo ocupante de la Casa Blanca en su defensa acérrima de Israel durante la contienda electoral norteamericana, y que pareciera querer materializar desde su entrada oficial en funciones el pasado 20 de enero, acompañando esta deriva de declaraciones insensatas y sumamente peligrosas, como las escuchadas durante esta primera semana del mes de febrero. Desde la misma Israel se dio a conocer el origen exacto de tan peculiar propuesta para Gaza del actual mandatario norteamericano (véase nota del Timesof Israel) que ha provocado un repudio generalizado en el mundo entero.

La decisión de sancionar al personal de la CPI por investigar y buscar enjuiciar a dos altas autoridades de Israel responde a esta misma lógica, y no debe de sorprender que Estados Unidos busque a partir del 20 de enero del 2025 por todos los medios aislar a Sudáfrica y sancionarla con una sola finalidad: el retiro de la demanda planteada ante la CIJ contra Israel en diciembre del 2023.

El pasado 4 de febrero, en el marco de un procedimiento consultivo esta vez, iniciado en octubre del 2024 por Noruega y adoptado en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2024, la CIJ autorizó a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) a participar en este procedimiento consultivo. Es de recordar que este procedimiento versa sobre las obligaciones que Israel tiene como Estado Miembro de Naciones Unidas con respecto a las agencias humanitarias de Naciones Unidas que trabajan en el territorio palestino ocupado y con los refugiados palestinos desde 1947 (véanse los comunicados de prensa de la CIJ en francés y en inglés que contienen las dos preguntas formuladas al juez de La Haya por la Asamblea General). El pasado 7 de febrero, la Liga de Estados Arabes de igual forma fue autorizada por parte de la CIJ para participar en este procedimiento (véase comunicado oficial de la CIJ en francés y en inglés ).

Con respecto al comercio con Israel, esta misiva colectiva del 4 de febrero destinada a las autoridades europeas hace ver lo insostenible que resulta mantener cualquier tipo de comercio que se origine en los asentamientos ilegales en Cisjordania y en Jerusalén Oriental y la urgente necesidad de no fomentar y de no facilitar con productos europeos exportados hacia Israel la colonización ilegal del territorio palestino.

Volviendo al título de esta nota, y a la posición oficial de Costa Rica según la cual lo que ocurre en Gaza en nada altera ni modifica mayormente las negociaciones en curso de un tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel, no hace falta valoración alguna adicional de nuestra parte a nuestros estimables lectores… ¿o sí? 

Con respecto al entusiasmo de algunos en Costa Rica en comerciar libremente e innovar con Israel, resulta oportuno recordar que el pasado 3 de enero del 2025, fue desde Uruguay que un colectivo de organizaciones sociales (véase texto) condenó fuertemente el anuncio oficial hecho por sus autoridades salientes, y dado a conocer en una fecha escogida de manera bastante llamativa (un 23 de diciembre…), sobre la apertura de una «oficina de innovación y emprendimiento» en la ciudad de Jerusalén (véase comunicado oficial). Se augura que las nuevas autoridades uruguayas electas pondrán prontamente fin a esta iniciativa de Israel.

Notas

Nota 1: Desde la misma Israel se denunció en El Salvador el uso del programa espía israelí Pegasus en el 2022 contra líderes sociales y activistas salvadoreños (véase nota del Timesof Israel precedida de este informe de Amnistía Internacional): este largo reportaje publicado por El Faro en El Salvador en el 2023 detalla el peso que actualmente poseen las empresas israelíes en materia de seguridad en El Salvador (las cuales no pudieron impedir el hackeo de los datos biométricos de más de 5 millones de salvadoreños en mayo del 2024 – véase nota de Resecurity).

Nota 2: El texto y los firmantes reunidos en julio del 2020 pueden ser consultados al final de nuestra nota publicada en el portal de la UCR en julio del 2020: BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU a la Corte Penal Internacional (CPI): a propósito de la reciente respuesta colectiva de 67 Estados«, Sección Voz Experta, Portal de la UCR, 9 de julio del 2020. Texto disponible aquí. 

Nota 3: Sobre la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén por parte del entonces Presidente Cartes en Paraguay en el mes de mayo del 2018 (bajo fuerte presión de Estados Unidos para que Paraguay acompañara a Estados Unidos con embajadas en Jerusalén) y luego la decisión del nuevo Presidente paraguayo Mario Abdo Benitez de regresarla sin más preludios a Tel Aviv unos meses después, véase BOEGLIN N., » La valiente decisión de Paraguay de restablecer su Embajada en Tel Aviv: una breve puesta en perspectiva«, editada el 11 de septiembre del 2018. Texto disponible aquí. 

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